Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 585/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 52/2018 de 20 de Junio de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Apel·lació núm. 52/2018

Procedència: Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona

Procediment Ordinario núm. 83/2016

Apel·lant: TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L

Apel·lat: L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PALTJA D'ARO

S E N T È N C I A núm. 585/2019

Magistrats/ades:

IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL·LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL·LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 20 de Juny de 2019

LA SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU (SECCIÓ 3ª) DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat aquesta SENTÈNCIA, a les actuacions del recurs d'apel·lació núm. 52/2018, interposat, com a apel·lant, per qui segueix: TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L, actuant sota la representaciódel ProcuradorSR. IVO RANERA CAHIS i amb l'assistènciadel LletratSR. JOAQUIM LLORENS CLOS.

Ha comparegut com a apel·lat: L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PALTJA D'ARO, amb representació conferida ala ProcuradoraSRA. ELISABETH HERNANDEZ VILAGRASA i amb l'assistènciadel LletratSR. LLUÍS JUNCÀ I ENCESA.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il·lm. Sr. Héctor García Morago, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:A les actuacions del procediment ordinari núm. 83/2016, promogut per TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L contra L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PALTJA D'ARO, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona dictà la Sentència núm. 188, de 2 de novembre de 2017, amb el veredicte que segueix: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado, D. Joan Llorens Clos, en nombre y representación de TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., contra el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 18 de enero de 2016, y el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 22 de junio de 2016, que se confirman por ser ajustados a derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA.

SEGON:Disconforme amb la decisió que acabem d'esmentar,lapart demandant ha deduït apel·lació en temps i forma, amb l'oposició de la part demandada .

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel·lació i designar Magistrat ponent. I un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 19 de juny de 2019 per tal de votar i decidir, la qual cosa es produí en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel·lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:A les actuacions del procediment ordinari núm. 83/2016, promogut per TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L contra L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PALTJA D'ARO, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona dictà la Sentència núm. 188, de 2 de novembre de 2017, amb el veredicte que segueix: Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado, D. Joan Llorens Clos, en nombre y representación de TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L., contra el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 18 de enero de 2016, y el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 22 de junio de 2016, que se confirman por ser ajustados a derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA .

L'anterior veredicte va venir precedit dels fonament jurídics que passem a transcriure (les negretes seran nostres):

PRIMERO.-Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 18 de enero de 2016, que desestima las alegaciones presentadas y ordena la medida de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado consistente en la reagrupación de parcelas segregadas, así como el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 22 de junio de 2016, que inicia la ejecución forzosa de la medida cautelar de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado.

La parte recurrente alega que la licencia de parcelación otorgada es un acto válido y eficaz, favorable a los intereses, que no ha sido objeto de revisión ni de declaración de caducidad. Vulneración de los actos propios por parte del Ayuntamiento. La aprobación del POUM en ningún caso ha dejado sin efectos la parcelación aprobada en fecha 21 de octubre de 1993 en relación con las fincas incluidas en el ámbito del Polígono de actuación PA-4 'Cim dŽAro'. El mismo Ayuntamiento de Castella Platja dŽAro, en contradicción con lo ahora sostenido y vulnerando la doctrina de los actos propios, ha afirmado que la parcelación aprobada mantiene su vigencia y efectividad. En cuanto al acto de ejecución forzosa, sostiene que es contradictorio al otorgar un término adicional para ejecutar el acto y, entonces, imponer una multa coercitiva.

La Administración se opone al esgrimir que la licencia de parcelación de 21 de octubre de 1993 no es título válido para la segregación realizada en la escritura pública de 27 de julio de 2015. La parcelación de la finca se habría realizado sin disponer de licencia de parcelación o declaración de innecesariedad de licencia adecuada al POUM. Subsidiariamente, abuso de derecho de la sociedad recurrente y necesidad de adoptar medidas administrativas y judiciales que impidan su persistencia. Finalmente, aduce que el decreto de 22 de junio de 2016 se limita a ejecutar el anterior de 18 de enero.

SEGUNDO.- El artículo 192 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo, establece:

'1. Toda parcelación urbanística debe ser objeto de licencia, excepto la contenida en el proyecto de reparcelación y de otras excepciones reguladas por reglamento.

2. Para hacer efectivo lo que establece el apartado 1, debe someterse a la fiscalización previa municipal toda división o segregación sucesiva de terrenos. Si la operación prevista es una parcelación urbanística, se debe autorizar o denegar en función del cumplimiento o no de la normativa urbanística. En caso contrario, el ayuntamiento declara innecesaria la licencia de parcelación, sin perjuicio que la división o la segregación de terrenos se tenga que ajustar a las condiciones específicas de la legislación sectorial'.

Por su parte, el artículo 193 del mismo texto legal dispone: 'El otorgamiento de escrituras y de otros documentos públicos con relación a las operaciones que son objeto de los artículos 191 y 192 y la inscripción de dichos documentos en el Registro de la Propiedad se tienen que ajustar a lo que establecen la legislación aplicable en materia de suelo y la legislación hipotecaria, y debe acreditarse que se dispone de la licencia de parcelación o bien de la declaración que ésta no es necesaria'.

Si bien la licencia de parcelación fue otorgada en fecha 21 de octubre de 1993 por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, obvia la parte recurrente que, de conformidad con la normativa urbanística, la escritura pública tiene que ajustarse a la normativa imperante, para que se fiscalice la adecuación de las segregaciones y divisiones propuestas a las determinaciones del nuevo planeamiento general.

Resulta incontrovertido que la licencia de parcelación, en el momento de su otorgamiento, se ajustaba al PGOU de Castell-Platja dŽAro, aprobado definitivamente por la Comisión de Urbanismo de Girona en sesión de 31 de noviembre de 1990. Sin embargo, no sucede lo mismo con el actual POUM.

Los actos de división y segregación de fincas que constituyen una parcelación urbanística han de ser efectuados con el planeamiento vigente en el momento en que se ejecuten, es decir, en el momento en el que se otorga la correspondiente escritura pública, y requieren, como ya se ha establecido, una licencia urbanística que permita fiscalizar su conformidad con el planeamiento vigente.

En el supuesto de autos la licencia de parcelación fue concedida el 21 de octubre de 1993, aunque se ignora porque no fue hasta el 27 de julio de 2015 cuando se otorgó escritura de segregación.

Ante ese contexto, el procedimiento de protección de la legalidad urbanística se incoó porque se estaban realizando actuaciones sin disponer de título administrativo que habilitara para llevarlas a cabo. No puede sorprenderse la recurrente por la actuación del Ayuntamiento, sin que quepa apreciar contradicción alguna en el proceder de la administración local. La concesión de la licencia en el año 1993 no habilitaba para la parcelación porque no es conforme con el actual POUM. Pero es que, además, las segregaciones efectuadas vulneran la normativa urbanística y el POUM. En sustento de lo anterior encontramos dos informes jurídicos de fecha 30 de julio de 2015 y de 18 de enero de 2016 -folios 3 a 9 y 46 a 43 del expediente administrativo-.

Constatada la infracción urbanística, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, procedió a la incoación de procedimiento de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado. En consecuencia, no procedía revisión alguna ex artículo 102 de la Ley 30/92 , como invoca la parte recurrente. Lo correcto, ante una vulneración de la normativa urbanística y su pertinente acreditación, es iniciar el oportuno procedimiento administrativo.

Igualmente, resultan irrelevantes las afirmaciones efectuadas en la contestación a la demanda formulada en el RO número 172/2012, que tramita la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, ya que no suponen vinculación alguna para el proceder de la administración local.

TERCERO.-En cuanto a la vulneración de doctrina de los actos propios, la STS de 5 de marzo de 2010 (RC 335/2008) señala: ' Considera la recurrente que la actuación de la Administración supone una infracción del precedente administrativo y del principio de confianza legítima por cuanto en el primer expediente en el que se concedieron los incentivos regionales para la realización de la primera fase del proyecto de mejora y optimización de su actividad industrial la Administración no exigió la presentación de las licencias municipales de obra, de actividad ni de ningún otro tipo, y tal forma de actuar generó la creencia de la no necesidad de ostentar licencia municipal alguna para obtener y disfrutar los incentivos que ahora se examinan, correspondientes a la segunda fase del mismo proyecto. La Administración en este segundo expediente exige condiciones que en el correspondiente a la primera fase no solicitó, como las licencias municipales de obra actividad y autorización ambiental integrada; con esta nueva actuación administrativa cambia su criterio precedente y vulnera la confianza legítima.

La Jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha indicado (Sentencias de 1 de febrero de 1999 , 26 de febrero de 2001 , y 24 de noviembre de 2004 ), que el principio de buena fe protege la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que el principio implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos, constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes ' venire contra factum popium '. Ahora bien, este principio no puede invocarse para crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando del acto precedente resulta una contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar una conducta discrecional por la Administración que suponga el reconocimiento de unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos propios de la misma. O, dicho en otros términos, la doctrina invocada de los 'actos propios' sin la limitación que acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como método ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que prevalece el interés público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al ordenamiento jurídico por el sólo hecho de que así se ha decidido por la Administración o porque responde a un precedente de ésta.

Sobre la base de la doctrina expuesta no puede acogerse el argumento por un doble motivo. En primer lugar, porque, no cabe invocar los mencionados principios a supuestos, como el contemplado, en el que la empresa subvencionada actúa al margen de la legalidad sin observar las normas básicas exigibles; en segundo lugar porque no es cierto que haya existido un sorpresivo cambio de criterio de la Administración en la exigencia de los requisitos para disfrutar de los incentivos regionales, en el sentido pretendido en la demanda. El planteamiento del que parte la actora es erróneo, pues no cabe considerar que la Administración haya aceptado una situación de ilegalidad por el mero hecho de que en la anterior concesión no constatara la efectiva tenencia de los permisos necesarios.

Como no puede ser de otra manera, la concesión de los incentivos se encuentra siempre supeditada al cumplimiento por la beneficiaria de la normativa vigente, sin que quepan excepciones. Precisamente en el Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que concedió los incentivos al primer proyecto figuraba que el beneficiario debía disponer de los permisos y autorizaciones exigibles con arreglo a la normativa vigente. El mero dato de que la Administración no comprobara ciertas carencias en el anterior expediente no significa una tolerancia o aceptación de dicha situación de ilegalidad, sino tan solo el desconocimiento o ignorancia de tal extremo, pues no consta ningún dato objetivo que permita deducir que la Administración concedente tolerara conscientemente la irregular situación de la empresa subvencionada, la cual, no sólo aceptó expresamente las condiciones impuestas que le obligaban a cumplir las normas, sino que además ocultó el incumplimiento de los imprescindibles permisos administrativos. Y de tal desconocimiento no cabe extraer la consecuencia de que la Administración se encuentre vinculada en lo sucesivo a tolerar o admitir situaciones que se desarrollan al margen de la legalidad, pues se trata de una interpretación que conduce a consecuencias inaceptables e irrazonables en cuanto implica que la Administración podría otorgar subvencionar actividades que se desarrollan con clara infracción de la ley, con renuncia a los principios elementales que presiden su actuación'.

Al proyectar estas consideraciones sobre el supuesto enjuiciado, debe significarse que el ejercicio por la Administración de la facultad sancionadora no supone violación del principio de confianza legítima, porque cualquier actuación urbanística está sujeta al otorgamiento de la pertinente licencia. Y ésta, a la sazón, debe someterse a la normativa imperante en materia urbanística.

El principio de confianza legítima, que rige las relaciones entre los ciudadanos y la Administración en un Estado social y democrático de Derecho, que proporciona el marco de actuación de los particulares en sus relaciones con los poderes públicos administrativos, caracterizado por las notas de previsibilidad y seguridad jurídica, y cuya normatividad en nuestro ordenamiento jurídico público subyace en las cláusulas del artículo 103 de la Constitución, no ha sido objeto de lesión en este proceso.

CUARTO.-Finalmente, también debe confirmarse el decreto dictado por el Ayuntamiento de Castell-Platja dŽAro, de fecha 22 de junio de 2016, que inicia la ejecución forzosa de la medida cautelar de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, ya que el mismo no es sino una ejecución del anteriormente confirmado, en virtud de los artículos 206 y 225 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo.

En otro orden, ninguna incongruencia se aprecia en el meritado acto administrativo. Así, concedido un plazo voluntario de dos meses a la actora para que procediera a la restauración de la realidad física alterada y no efectuándolo ya se le advirtió que, transcurrido el término de ejecución voluntaria, se ordenaría la ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria o mediante la imposición de multas coercitivas por una cuantía de 300 a 3.000 euros. Advertencia que se ha materializado en el decreto de 22 de junio de 2016, por lo que resulta plenamente ajustada a derecho.

QUINTO.-Se imponen las costas a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA.

SEGON:L'actora i ara apel·lant ha sol·licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència d'instància i, alhora, l'anul·lació dels actes administratius impugnats; no sense afegir una petició adreçada a la invalidació de les conseqüències registrals de l'actuació municipal i una petició de rescabalament de danys i perjudicis, a quantificar en execució de Sentència.

Totes aquestes pretensions han estat fonamentades per la recurrent amb un argumentari en bona part tributari del de la demanda, amb especial invocació dels al·legats que segueixen:

-Motivació aparenti valoració arbitrària de les proves per part de la Sentència apel·lada.

-Incongruència per omissió, també imputable a la Sentència d'instància, atès que hauria bandejat els arguments de la demanda fonamentats en la nul·litat del POUM de 2012 i, en el seu defecte, en l'aplicació al cas de les previsions d'aquest Pla que podien emparar la parcel·lació controvertida (art. 353 y Disposició addicional 5ª); no debades -s'afegeix- el POUM vigent en el moment dels fets no s'hauria vist invalidat fins al dictat de la nostra Sentència núm. 600, de 20 de juliol de 2016 (recurs ordinari núm. 150/2012) i el nou POUM no hauria estat aprovat fins l'any 2017.

TERCER:L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO s'ha oposat a l'apel·lació amb uns arguments que podríem resumir així:

-Els documents 4, 5 i 6 de l'escrit de contestació a la demanda demostren que els àmbits territorials afectats o concernits per la llicència de parcel·lació de 1993 i per l'escriptura de segregació de 2015 no són coincidents. De les 55 finques segregades a través de l'escriptura, només 43 es trobaven compreses en la llicència de parcel·lació de 1993.

De fet, la llicència de parcel·lació abastava tota la urbanització de Cim d'Aro i en canvi, el sòl segregat l'any 2015 forma un àmbit mancat d'execució i de continuïtat.

-L'actuació de l'apel·lant ha estat presidida per la mala fe.

-Per aplicació analògica de l'art. 105 TRLU, la llicència de parcel·lació s'havia de considerar caducada al cap de sis mesos de la seva expedició.

-L'Ajuntament en cap cas ha incorregut en responsabilitat patrimonial.

QUART:Vagi per endavant que no podrem apreciar la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament en mancar la deguda justificació dels elements essencials d'aquest institut jurídic.

I pel que fa a l'apel·lació en el seu conjunt, l'haurem de desestimar pels motius que segueixen:

1: No hem pogut constatar, en la valoració de les proves feta pel Jutjat d'instància cap signe objectiu d'error evident, d'arbitrarietat o d'haver-se vist bandejades les regles de la sana crítica i de la lògica i l'experiència. I encara menys de 'motivació aparent'.

2: En la millor de les hipòtesis, la llicència de parcel·lació de 1993 en cap cas podia atorgar cobertura a l'operació de segregació duta a terme en unitat d'acte l'any 2015 sense prèvia llicència municipal. La manca de coincidència -malgrat ser parcial- entre els dos títols jurídics, havia de privar de validesa l'ulterior en el temps, en la seva integritat.

3: No és cert que el Jutjat fes omissió dels arguments de la demanda fonamentats en la nul·litat del POUM o, en el seu defecte, en l'aplicació al cas de l'art. 353 i de la Disposició addicional 5ª de les seves normes urbanístiques. Al fonament jurídic segon, la Sentència apel·lada expressà la incompatibilitat de la segregació de 2015 amb el POUM, i també amb la normativa urbanística, i ho va fer per remissió a sengles informes municipals que no es van veure enervats per cap altra prova.

En qualsevol cas, el retret d'incongruència invocat davant d'aquest Tribunal, hauria d'haver estat precedit per una petició de compleció de la Sentència, formulada a l'empara de l' art. 267.5 LOPJ (Si se tratase de sentencias o autos que hubieren omitido manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y sustanciadas en el proceso, el tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución, previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla), tal com ve exigint el Tribunal Suprem en seu de recurs de cassació (per exemple, Provisió TS, Sala 3ª, Secció 1ª, de 14.03.2019, recurs de cassació 266/19). No debades, amb aquesta previsió legal l'ordenament jurídic ha pretès que abans d'emprar-se la via de recurs amb tot el que això suposa, l'òrgan jurisdiccionala quopugui gaudir de l'oportunitat d'esmenar les seves decisions; de ser el cas, naturalment.

CINQUÈ:Atès allò que disposen els punts 2 i 4 de l'art. 139 LJCA, la desestimació de l'apel·lació haurà de venir acompanyada de la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part apel·lant; per bé que limitades a un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes, IVA inclòs.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel·lació núm. 52/2018, promogut per TORO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L amb l'oposició de L'IL·LM. AJUNTAMENT DE CASTELL-PALTJA D'ARO i, conseqüentment, CONFIRMAR en tots els seus extrems la Sentència núm. 188, de 2 de novembre de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona en el sí del procediment ordinari núm. 83/2016.

Amb la imposició de les costes d'aquesta alçada a la part apel·lant en els termes del fonament jurídic cinquè.

Notifiqui's a les parts la present Sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot deduir, si s'escau, recurs de cassació a través d'aquesta Sala, de conformitat amb allò que disposa la Secció 3ª, Capítol III, Títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El recurs haurà de preparar-se en el termini que preveu l' art. 89.1 LJCA.

Alhora, s'adverteix que al BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016, apareix publicat l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al recurs de cassació .

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel·lació i, als efectes pertinents, lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes en el seu dia.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.