Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 607/2018, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 241/2016 de 28 de Septiembre de 2018

Encabezamiento

Ordinario 241/16
SENTENCIA N.º 607
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Ilm:
D. Carlos Altarriba Cano
Dª Desamparados Iruela Jiménez
Dª Estrella Blanes Rodríguez
Dª Lucia Déborah Padilla Ramos
En Valencia, a 28 de septiembre del año 2018.
VISTO por el Tribunal el Recurso Contencioso-Administrativo nº 241/16 promovido por el Procuradora
D Alicia Ramírez Gómez, en nombre y representación de la entidad 'Red Eléctrica Española SAU' y asistido
por el letrado D. José Luis Zamarro Parra, contra una Resolución de Jurado Provincial de Expropiación.
Ha intervenido el Ministerio Fiscal en defensa de los derechos de los posibles derechos sobre las fincas
expropiadas, cuya titularidad se desconoce,
Ha comparecido en estos autos la administración demandada asistida y representada por letrado del
servicio jurídico del estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto los recursos y seguidos los tramites prevenidos por la Ley, se emplazó a los demandantes para que formalizaran las demandas, lo que verificaron mediante escritos en los que se suplicaba se dictara sentencia anulando la resolución recurrida.



SEGUNDO.- La representación de la parte demandada, contestó la demanda mediante escrito, en el que se suplicaba se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida, por ser conforme a derecho.

El Ministerio Fiscal ha defendido el acto, en base a la presunción de acierto de los acuerdos del jurado.



TERCERO.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo 78 de la ley de esta jurisdicción y verificado, quedaron los Autos pendientes para votación y fallo.



CUARTO.- Se señaló votación y fallo para la audiencia del día de 22 del pasado mes, teniendo así lugar.



QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades legales relativas al procedimiento.

Ha sido ponente de estos Autos el Ilmo. Magistrado D. Carlos Altarriba Cano.

Fundamentos

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo contra un acuerdo de justiprecio adoptado por el Jurado Provincial de Expropiación, de 26 de enero de 2016, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto en el contra el acuerdo de 26 de septiembre 2015 recaído en el expediente número. 253/2015.

Proyecto de expropiación: LEA 400 KV, doble circuito Entrada/Salida en la subestación de Godelleta de las líneas Catadau- Requena y Eliana-Cofrentes, en la provincia de Valencia.

Administración expropiante: Administración Central del estado; Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana; área de industria y energía; en base a un acuerdo del consejo de ministros adoptado en su sesión de 25 de julio 2014, publicado por orden de quince de septiembre siguiente y en el que se declaró también, la utilidad pública del proyecto, conforme a los artículos 53 de la ley 54/1997, del sector eléctrico y 148 de su Reglamento aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1º de diciembre.

Beneficiaria de la expropiación: Red Eléctrica de España, S.A.U Finca afectada: Finca nº NUM000 en el Proyecto de expropiación.

Datos catastrales: Polígono 8, Parcela 127, término municipal de Turis, clasificada como suelo no urbanizable; de regadío sin cultivo; con una superficie total de 3,563,,00 m²; y una superficie afectada por servidumbre de acceso de 37 m2; y una superficie de ocupación temporal de 37 m2.

El cálculo de la indemnización según el jurado se hace del siguiente modo: servidumbre de acceso (37 m² x precio unitario de 14'48) = 535'46 euros; valor de la ocupación temporal 37 m2 x precio unitario 5'79 €/ m2 = 214'23. El premio de afección es de 26'79. El total es 776'78 € SEGUNO.- La beneficiaria de la expropiación plantea diversos temas referidos a las siguientes cuestiones: 1º.- Normas aplicables. En este sentido se afirma que los acuerdos de jurado son inválidos por aplicar reglas de valoración derogadas y no vigentes en el momento de la determinación de justiprecio y por tanto, el acuerdo lesiona el interés General, al resultar expropiaciones de imposible de compensación de acuerdo con la retribución percibida por la eléctrica.

Afirma en este sentido que: los valores son ' tan desproporcionadamente elevados que se han fijado para esta línea de alta tensión, la hacen económicamente inviable y además ponen en peligro el desarrollo, en el futuro, de las instalaciones de transporte eléctrico, por resultan contrarios a los estándares retributivos fijados normativamente para la correspondiente planificación financiera de las líneas de transporte eléctrico' 2º.- Los acuerdos del jurado recurridos son inválidos por adolecer de una manifiesta falta de motivación e incorrectos, por exceso en la fijación del Valor del suelo por los siguientes motivos: a).- Se han empleado magnitudes no homogéneas para el cálculo de las rentas agrarias, lo que imposibilita la obtención de un Valor Objetivo correcto.

Así las cosas, nos dice, que si bien los datos que ha utilizado el jurado proceden de los estudios y publicaciones editadas por las administraciones competentes; ello no obstante y sin justificar, se han tomado, como media de rendimientos, los más altos de las series anuales y como medida de los costes, los valores medios de las series anuales, sin que se haya justificado esa distinción en el propio expediente; de manera que, según afirma, no se ha explicado por qué en un caso, (ingresos), se han tomado los valores más altos y en otro (costes de explotación), se han tomado los valores intermedios.

b).- No se ha justificado determinados factores que componen el precio final como es el cálculo del factor de localización.

3º.- Los acuerdos del jurado son inválidos por adolecer de una manifiesta falta de motivación a incorrectos por exceso, en la fijación del Valor de la servidumbre de acceso, pues entiende que, la valoración de esta, no puede ser la correspondiente al 50 % del valor del suelo.

4º.- Los acuerdos del jurado son inválidos por adolecer de una manifiesta falta de motivación a incorrectos, por valorar dos veces la servidumbre de vuelo.

5º.- Es improcedente aplicar el premio de afección.



TERCERO.- La primera cuestión que plantea el recurrente consiste en afirmar, que la norma que debía aplicarse a efectos de valoraciones, es la que integra la ley 37/2015, 29 de septiembre, de carreteras, por cuanto, si bien no había entrado en vigor en el momento de la iniciación del expediente de justiprecio, si lo había hecho, el momento en el que el jurado se reunió para fijar el justiprecio sobre el que se discrepa.

Ello implicaría, según pone de manifiesto la actora, un error en la reglas de valoración consideradas por el jurado provincial de expropiación forzosa.

La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en su Disposición Final Tercera, modifica el texto refundido de la ley del suelo, aprobado por real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio en virtud del cual: 'Se modifica el apartado primero de la disposición adicional séptima del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio , por el que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo que queda redactado de la siguiente forma: Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a la que se refiere el artículo 23, se utilizará como tipo de capitalización el Valor promedio de los datos actuales publicados por el banco de España de la rentabilidad de las obligaciones del estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha la que deba entenderse referida la valoración' El legislador, mediante dicha redacción, cambió el tipo de capitalización de rentas aplicables a la valoración del suelo rural, de modo tal que redujo el Valor de la capitalización, seguramente a tenor de que los precios resultantes del anterior sistema parecían demasiado elevados en relación con el Valor real del suelo, ya que en vez de utilizar como tipo de capitalización la última referencia publicado por el banco de España del rendimiento de la deuda pública del estado en los mercados secundarios a tres años , ( DA 7ª del RDL 2/2008; TR de la Ley del Suelo); utiliza la rentabilidad en los últimos tres años las obligaciones del estado a 30 años Pero ello no obstante, procede desestimar la pretensión del actor, en función de lo que establece el art.

21 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, en el que, (de la interrelación las letras 1. B y 2.B), las valoraciones en la expropiación forzosa se entenderán referidas: 'Al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de expropiación del procedimiento de tasación conjunta'.

El expediente de justiprecio comenzó en un momento cronológicamente anterior a la modificación operada por la ley 37/2015 de carreteras, por lo que esta norma no resulta de aplicación.

Las sentencias del tribunal supremo, que en este sentido alega el recurrente, no son en modo alguno de aplicación al supuesto de autos, ya que en nuestro caso, no tenemos que utilizar criterios interpretativos, ni dar cobertura a eventuales lagunas legales, sino que la norma que integra el artículo 21 del Real Decreto Legislativo citado, es clara y terminante, y no deja ninguna duda interpretativa en orden al momento que debe tomarse en cuenta para la fijación del Valor, que en este caso es el día 5 de mayo del 2015 y por tanto, en un momento cronológicamente anterior a la entrada en vigor de la Disposición Final Tercera de la ley 37/2015, que no puede aplicarse retroactívamente.



CUARTO.- El segundo tema que plantea el recurrente se refiere a que la desproporción del valor del suelo, que se ha fijado para esta línea de alta tensión, que hace económicamente inviable su ejecución.

En lo que se refiere al informe pericial presentado por la red eléctrica y titulado ' Análisis sobre la recuperabilidad de los capitales invertidos en las líneas del proyecto de interconexión a la subestación de Godelleta', de fecha 30 de septiembre 2016, es preciso hacer constar que él mismo no aporta ningún dato esencial que pueda afectar al presente procedimiento, relativo a la valoración de los terrenos necesarios para la ejecución de un proyecto de tendido eléctrico, puesto que no es un dictamen del que puede deducirse un error del jurado, en lo que se refiere a los cálculos efectuados o al procedimiento seguido para determinar el valor.

Aunque podría ser cierto, que examinado el Valor Actual Neto (VAN), de la versión inicial, teniendo en cuenta la estimación de gastos realizados, y el VAN final, una vez contabilizados los gastos, entre los que está el justiprecio determinado por el jurado, acaso exista una diferencia importante, que parece, solo parece, determinar un VAN negativo; esta circunstancia, no es imputable al jurado sino que debe atribuirse a una errónea previsión de costes realizados por la parte actora.

Desde luego, no es motivo que pueda servir para reclamar una reducción del justiprecio. Ni mucho menos demuestra, que los acuerdos del jurado que se cuestionan, hayan incurrido en error en el procedimiento de fijación del valor del suelo.



QUINTO.- En orden a los diversos temas que plantea la actora en relación con la valoración del suelo tenemos hacer las siguientes observaciones: I.- En lo que se refiere al Valor del suelo el precepto aplicable es el artículo 23 del real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio que establece que los terrenos rurales se tasarán ' mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración' Por su parte el artículo nueve del real decreto 1.492/2011, pone de manifiesto que ' la renta anual, real o potencial, de la explotación, que podrá estar referida al año natural o al año agrícola o de campaña, se determinará a partir de la información técnica, económica y contable de la explotación actual o potencial del suelo rural. A tal efecto, se considerará la información que sobre la renta de la explotación puede haber sido acreditada por el propietario o el titular de la misma y, en su defecto, se considera preferente la información procedente de estudios y publicaciones realizadas por las administraciones públicas competentes en la materia sobre rendimientos, precios y costes, así como las demás variables técnica o económicas de la zona' En concreto el jurado provincial de expropiación para la determinación de los costes y rendimientos de los suelos que se contemplan, a efectos de capitalizar la renta, ha tomado en consideración los elementos siguientes: 1- Resultados técnico/económicos de explotaciones hortofrutícolas de la Comunidad Valenciana, publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2.- Boletines de información agraria y página semanales de la CAPA, que se editan trimestralmente que configuran en la página WEB de la Consellería de Agricultura; 3.- Anuario de estadísticas agrarias, (Magrama), corregidas con los datos obtenidos con encuestas de campo.

En base estos datos, el jurado provincial de expropiación determina los ingresos anuales de explotación a razón de 0'19 €/kg, y los gastos de explotación, en un 55% de los ingresos. Datos estos que determinan, en cada caso, la renta susceptible de capitalización, que se obtiene, restando de los ingresos los costes de producción.

Frente al Jurado la actora articula una serie de argumentos que seguidamente valoramos: a).- Frente a estas precisiones del acto recurrido, se hacen una serie de manifestaciones más o menos coherentes, que colisionan con el principio de presunción de acierto de las resoluciones el jurado, de manera que, la única posibilidad de la parte para impugnar con consistencia el importe de la renta anual, con arreglo a lo cual se procederá a la capitalización posterior; no es otra que, la de articular la pertinente prueba pericial, tendente fundamentalmente a acreditar que, los costes de producción, no son los que señala el Jurado, que es, precisamente, el punto de la valoración del Jurado que combate en su demanda b).- Se ha traído estos autos un informe pericial emitido en el procedimiento ordinario 35/2006 que se sigue ante esta misma sala, por D. David y que versa sobre la expropiación de las fincas objeto los expedientes 258 a 262 del 2015, tramitados como consecuencia del mismo proyecto de línea de alta tensión que es objeto de estos autos.

Pero estos informes no desvirtúan la presunción de acierto del jurado, por las siguientes razones: 1).- Algunas conclusiones de los Estudios que se traen a colación, no están correctamente interpretadas en dicho informe como es el caso de los estudios sobre Costes y rentas de Explotaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2).- En otros casos, como es el caso de la valoración económica de los sistemas de cítricos de la FAO, aunque existe discrepancia, ello no obstante, en ciertos casos el valor del Jurado se encuentra próximo al que se avalúa en dicho informe.

3).- Según los demás estudios, que se recogen y se mencionan en este informe, no sería posible ninguna capitalización, pues las explotaciones agrarias dedicadas al naranjo proporcionarían notables pérdidas, pues se situarían , (en dicho informe), los costes de explotación en el 0'198, el 0'20 o incluso, en el 0,26 euros/ kilogramo de naranja, de manera que si no se modifica el precio de venta fijado por el jurado, en euros por kilogramo, (hay que observar que el precio de venta es el más alto de las series anuales), la renta de la explotación, con arreglo a dicho informe, seria negativa, e imposible, la fijación del valor de acuerdo con lo que establece el Artº 23 del RDL 2/2008.

4).- En resumen, frente a la decisión del jurado sobre costes, no se explica, ni se explicita como el coste de producción, en estos casos, según ese informe que ahora analizamos, alcanza, en el mejor de los supuestos, casi el 90 % del precio de venta (89,4736 %).

5º.- Pero sobre todo, este informe emitido para un cultivo de naranjos de regadío no puede extenderse al supuesto de autos que se trata de un suelo de regadío sin ningún tipo de cultivo, que el jurado valora a 14'98 €/m.

c).- En cuento al informe emitido por Valtecsa, procede hacer las siguientes precisiones: 1º.- En relación con lo que este informe denomina enfoque de comparación, hay que hacer constar que nuevo texto refundido de la ley del suelo aprobado mediante real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, aplicable al supuesto de hecho que se considera, ha sustituido el viejo método de valoración consistente en la actividad comparativa de los precios de venta de terrenos agrícolas, que la normativa derogada establecía como sistema preferente de valoración, por un sistema de capitalización; que ya hemos puesto de manifiesto en esta misma sentencia.

En consecuencia, todos los criterios de este informe referidos a la determinación del precio del suelo en base al sistema de comparación, no son estrictamente criterios legales y en consecuencia, las conclusiones que en este sentido establece dicho informe no son consistentes.

2º.- En cuanto al llamado enfoque de renta, el propio informe pone de manifiesto que: ' para la zona y los cultivos que nos ocupan, el mercado demanda tasas de capitalización entre 2 y el 3%. Por ello, al tratarse de la tierra, bien de inversión de escaso riesgo y a largo plazo, y de cara dotar a la tasa del mercado de cierta analogía con las cifras publicadas con organismos oficiales, adoptaremos el equivalente a la rentabilidad de las obligaciones del estado a quince años, que, para la media de 2014 fue del 2,15%, según costa publicado el correspondiente boletín del banco de España '.

Ese tipo de capitalización no es el que señala en definitiva la norma jurídica que debemos aplicar, que como hemos puesto arriba de manifiesto según la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto Legislativo 2/2008, debe que de junio, estará integrada por ' la última referencia publicada por el banco de España del rendimiento de la deuda pública del estado en mercados secundarios a tres años '.

Así las cosas y en la medida en que los criterios de capitalización no son los previstos en la norma, textual y directamente imperativa, tampoco procede acoger el criterio de cuantificación de renta que se establece y determina en el informe a que hemos hecho referencia.

3º.- Finalmente, aunque en este informe se toma como precio de venta para el cálculo de la renta, el importe, (en el supuesto de naranjos de regadío), el de 0'19 €/kg, (el mismo que el jurado); ello no obstante, sin ningún tipo de justificación, se aumenta el importe de los gastos, no explicitándose porque se incrementan los costes de producción fijados por el jurado provincial de expropiación y se sitúan en valores próximos al 90 % y se sitúan en valores próximos al 90 % del precio de venta del producto agrario, en este caso naranjas de regadío.

d).- En fin no puede decirse que la ' Unio de LLauradores y Ramaders', tenga o haya tenido opiniones distintas, porque es precisamente un ingeniero técnico agrícola al servicio de dicha unión y que actúa bajo su cobertura, quien hace la hoja de aprecio de la propiedad y determina el importe de coste de explotación, cuya cuantificación será acogida por el jurado.

En resumen, entendemos que no ha resultado acreditada una violación de lo que dispone el Artº 9.3 del Reglamento de valoraciones.

II.- Dice la actora que es incorrecto el coeficiente de localización considerado por el jurado, poniendo de manifiesto que no está justificado en el expediente.

En este sentido, en el acuerdo del jurado se pone de manifiesto que: ' el factor de localización sostiene del producto de los tres elementos siguientes: a.) Por accesibilidad a los núcleos de población; b) por accesibilidad centros de actividad económica; y c). Por ubicación en entornos de singular Valor ambiental o paisajístico. respecto del municipio donde está situado la parcela objeto de valoración, la ponderación de cada uno de los factores indicados, a los que el método establecido por el reglamento asignan los valores en función del número de habitantes de los núcleos de población situados a menos de cuatro kilómetros y los situados en un radio entre 4:40 kilómetros hasta los situados a 60 kilómetros de los centros de comunicaciones y transporte; y del régimen generalizado del municipio así como de los usos y actividades distintos de los abre por cual ellos determinan un factor global de corrección del dos .

Consta en el expediente informe no desvirtuado por la actora en el que, para determinar el coeficiente citado, se emplean los siguientes parámetros: El coeficiente de localización, se obtiene del producto de los tres factores de corrección que se describen a continuación: accesibilidad núcleos de población, (U1); accesibilidad centros actividad económica, (U2); ubicación en entornos de singular Valor ambiental, (U3).

I.- Para el cálculo de factor de corrección U1 (accesibilidad a núcleos de población se toma en consideración: P1).- el número de habitantes situados a menos de cuatro kilómetros de distancia a vuelo de pájaro y P2) el número de habitantes a núcleos de población situados entre más de cuatro kilómetros pero menos de 40.

Según los anexos, los valores de P1 y P2, para los diversos municipios afectados por son siguientes: Godelleta: P1= 2.4954; P2= 1.969'844.

Turis: P1= 9.882; P2= 2.016'648.

Chiva: P1= 23.504; P2= 1.880'141 Aplicando las correspondientes fórmulas para la determinación del factor de corrección U1 nos da los siguientes valores: Godelleta = 1'6816.

Turis = 1'68 21.

Chiva = 1'65 02.

II.- El factor de accesibilidad centros de actividad económica, (U2), se mide en función de la distancia y dá los siguientes resultados: Godelleta = 1'5070.

Turis = 1'4750.

Chiva =1'5640.

III.- Factor por la existencia de entornos de singular Valor ambiental o paisajístico, (U3), que en este caso no existe, por lo que en el producto final el Valor de este factor será 1.

El coeficientes de localización, se obtiene mediante el producto de los tres factores anteriormente indicados y el resultado General es el siguiente: Factor de localización para Godelleta: 2'5341.

Factor de localización para Turis: 2'4811.

Factor de localización para Turis: 2'4811 €.

En base a lo anterior, se obtiene el valor global del factor de localización por el producto de los tres coeficientes anteriores, de manera que, de acuerdo con los mismos, dicho factor debía ser del 2,4811, superior al que fija el jurado; por ello, también en este sentido, debemos desestimar la pretensión de la actora, porque además, este factor de localización, (x 2), es el que se recoge en el informe emitido por D. David , que la actora ha incorporado a estos autos.



SEXTO.-En orden al tema de la valoración de la servidumbre de acceso, el jurado considera que la servidumbre mencionada es un derecho limitativo del dominio, debiendo ser indemnizado el predio afectado por su imposición.

Sin embargo, dicha indemnización no puede ser equivalente al Valor del suelo, puesto que como limitación del dominio, no supone una total privación del mismo. Por ello su Valor será proporcional imitación que ocasiona al derecho real de propiedad. En este sentido el propio acuerdo del jurado fija el precio de dicha servidumbre en el 50% el Valor del suelo, por lo que los parámetros que utiliza el jurado son los siguientes: 50 % del Valor del suelo (50% de 86'88), 43'44; por la superficie ocupada de 13 m2 hace un total de 564'72.

La ponderación cuantitativa que hace el jurado no ha sido desvirtuada por la actora. Dicha servidumbre la confunde la actora con la servidumbre aérea de línea eléctrica, pero en realidad constituye una servidumbre distinta. Como consta en el expediente, la servidumbre permanente de acceso es una servidumbre de paso, que tiene por objeto atender al establecimiento, vigilancia, conservación y reparación de los apoyos físicos situados en el suelo para mantener el tendido de la Red.

En este caso como hemos visto, el Jurado fija el importe de esta indemnización en el 50 % del valor del suelo. La parte actora, no aporta prueba alguna de que dicho el porcentaje, determinante de la valoración sea incorrecto.

El propio informe , que extemporáneamente se pretende adicionar a estos autos, emitido en el recurso 35/16, y cuyos argumentos hace suyos la eléctrica, se refiere a ' la servidumbre de paso aérea' cuyos criterios indemnizatorios, pese a la similitud del porcentaje, son distintos a los aplicables a la servidumbre de paso que ahora consideramos, de forma que ese informe no aporta soluciones nuevas a los temas planteados.

SÉPTIMO.- Dice la actora que existe una duplicidad de conceptos en lo que se refiere a la ocupación temporal y al vuelo por ocupación temporal.

La primera, la ocupación temporal, viene referida a los conceptos que integran el artículo 102 de la ley de expropiación forzosa y se refiere a la ocupación de los terrenos de los particulares con objeto de establecer estaciones o caminos provisionales, talleres, almacenes y cualesquiera otros elementos que requiera la ejecución de las obras previamente declaradas de utilidad pública.

En este caso, la indemnización por ocupación temporal vendrá referida a la apreciación de los rendimientos que el propietario hubiera dejado de percibir. Esta indemnización, nunca podrá alcanzar el Valor de la finca. En este sentido el jurado provincial de expropiación determina la indemnización por ocupación temporal en el 18% del Valor del suelo y en concreto en la la suma de 15,64 euros por metro cuadrado.

El vuelo por ocupación temporal se refiere a la indemnización de las plantaciones y sembrados preexistentes que, a resultas de la ocupación y para la ejecución de la obra, han de desaparecer, que el jurado fija en la suma de 1,40 €/m2; por lo que los 13 m² ocupados; proporcionan un precio del vuelo, en el sentido indicado, de 18,20 euros.

Entre ambas cantidades no existe ningún tipo de duplicidad y ambas son perfectamente exigibles.

Además la segunda, por lo dicho, no se puede confundir con la servidumbre aérea de tendido eléctrico. Por otra parte, la actora, en este sentido, no articulado prueba alguna tendente a desvirtuar los precios unitarios que determinan jurado provincial de expropiación en la resolución que se recurre.

OCTAVO.- Finalmente, entiende la actora que no procede abono del 5 % del premio de afección, porque en ningún caso habido una salida o pérdida en el patrimonio del expropiado, Recordemos que reiterada Jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 18 de julio de 2012 -recurso 4286/2009 - y 8 de octubre de 2012 -recurso 5160/2009 -) sostiene que el premio de afección del artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa tie ne por objeto específico compensar el valor afectivo que, al margen del puramente objetivo, tiene para los propietarios el bien expropiado, o dicho de otra forma, lo concede la ley por la privación de los bienes que estando en poder de los expropiados dejan de pertenecer a su patrimonio y posesión, en contra de su voluntad, pero no a las demás indemnizaciones que no llevan consigo privación de bienes concretos y determinados, de manera que el premio de afección solo se debe abonar al expropiado sobre el valor o justiprecio de los bienes o derecho de cuya propiedad o posesión resulta privado efectivamente, pero no sobre las demás indemnizaciones a que tenga derecho como consecuencia de los daños y perjuicios causados a los bienes o derechos que continúan en su patrimonio.

En aplicación de la indicada doctrina jurisprudencial el motivo debe, como ya anunciamos, desestimarse, en cuanto que la constitución de la servidumbre aérea en el caso de litis no consta que suponga para el propietario del predio sirviente una privación de su propiedad o de su uso y disfrute y sí una leve incidencia en su derecho posesorio, tal como se sostiene en la sentencia en el fundamento de derecho séptimo.

En este caso la sala entiende, aplicando la doctrina anterior, que procede el premio afección en relación con la indemnización que se concede por la servidumbre de paso de acceso y aquella otra que se paga por la desaparición de las plantaciones a resultas del establecimiento de la ocupación provisional, que en estos casos son mucho más consistentes que la servidumbre aérea de tendido de linea eléctrica, pues de una parte la desaparición de las plantaciones es una perdida definitiva y el establecimiento de la servidumbre de paso permanente, tiene notable consistencia pues, ese paso, implica la imposibilidad de cultivo.

Toda la suma del premio de afección en este, caso integra la cantidad de 29,15 euros, entendiendo la Sala que es correcta la decisión del jurado.

NOVENO.- Todo lo anterior determina la DESESTIMACIÓN DEL RECURSO planteado; con expresa imposición de las costas causadas a la actora, dado el criterio del vencimiento, que se fijan en la suma de 900 €.

Fallo

Que DESESTIMAMOS el recurso Contencioso-Administrativo nº 241/16 promovido por el Procuradora D Alicia Ramírez Gómez, en nombre y representación de la entidad 'Red Eléctrica Española SAU' y asistido por el letrado D. José Luis Zamarro Parra, CONTRA un acuerdo de justiprecio adoptado por el Jurado Provincial de Expropiación, de 26 de enero de 2016, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto en el contra el acuerdo de 26 de octubre 2015 recaído en el expediente núm. 253/2015 que CONFIRMAMOS POR SER CONFORME A DERECHO.

Todo ello con imposición de las costas causadas a la actora en los términos expuestos.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo a su centro de referencia.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa , recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Ilmas Dª Desamparados Iruela Jiménez, Estrella Blanes Rodríguez. Lucia Déborah Padilla Ramos.

Publicación: leída y publicada ha sido la anterior sentencia por Ilmo D Carlos Altarriba Cano, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como letrada de la administración de justicia, certifico.