Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 870/2020, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 1030/2018 de 27 de Octubre de 2020

Encabezamiento

T.S.J.C.V.
Sala Contencioso Administrativo
Sección Quinta
Asunto nº 'AP-1030/2018'
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
En la Ciudad de Valencia, veintisiete de octubre de dos mil diecinueve.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana EN GRADO DE APELACION compuesta por:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Fernando Nieto Martín.
Magistrados Ilmos. Srs:
Dña. Rosario Vidal Mas.
D. Edilberto Narbón Laínez.
D. Miguel Ángel Narváez Bermejo.
Dña. Mercedes Galotto López.
SENTENCIA NUM: 870/2020
En el recurso de apelación núm. AP- 1030/2018, interpuesto como parte apelante por D. Abel , representada
por el Procurador D. RAFAEL VICENTE FERRER MIGUEL y dirigida el Letrado Dña. ANA ROSA VÁZQUEZ
CAMUS contra ' Sentencia nº 173/2018 de 28 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 6 de Valencia, desestimando recurso contra resolución -exp. NUM000 - de la Subdelegación
del Gobierno de Valencia de 7 de agosto de 2017 que desestima recurso frente a resolución que acuerda la
expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por cinco años'.
Habiendo sido parte en autos como parte apelada SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE VALENCIA
representado y dirigido por la ABOGACÍA DEL ESTADO y Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. EDILBERTO NARBÓN
LAÍNEZ.

Antecedentes

PRIMERO. - Dictada resolución que se ha reseñado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la parte que se consideró perjudicó perjudicada por la resolución interpuso el correspondiente recurso de apelación Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.



SEGUNDO. - La representación de la parte apelada contestó el recurso, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida.



TERCERO. - No Habiéndose recibido el recurso a prueba, quedó el rollo de apelación pendiente para votación y fallo.



CUARTO. - Se señaló la votación para el día veintisiete de octubre de dos mil veinte.



QUINTO. - En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. - En el presente proceso la parte apelante D. Abel interpone recurso contra ' Sentencia nº 173/2018 de 28 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia, desestimando recurso contra resolución -exp. NUM000 - de la Subdelegación del Gobierno de Valencia de 7 de agosto de 2017 que desestima recurso frente a resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por cinco años'.



SEGUNDO. - Para la resolución del caso examinado debemos partir de los siguientes puntos de hecho: 1. Con fecha 18 de mayo de 2017, el Comisario Jefe de Extranjería dictó acuerdo de iniciación de expediente de expulsión de ciudadano de Colombia con base en el art. 57.2 y 58 de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley Extranjería).

2. Notificada la resolución, con fecha 2o de junio de 2017, se hicieron alegaciones por la legal representación del apelante -que presentó ante la Administración.

3. Con fecha 7 de agosto de 2017, la Subdelegación del Gobierno de Alicante dicta resolución acordando la expulsión.

4. No conforme, formuló recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Valencia, siendo turnado al Juzgado nº 6 (PA 390/2017). Seguido por sus trámites, con fecha 28 de junio de 2018, se dictó sentencia nº 173/2018 desestimando el recurso. Frente a esta decisión se interpone recurso de apelación origen de la presente resolución.



TERCERO. -Las circunstancias personales a tomar en consideración serían las siguientes: 1. El apelante es nacido - NUM001 .1962- en Colombia y ostenta la nacionalidad colombiana.

2. No consta que haya obtenido con anterioridad a la apertura del expediente administrativo permiso de residencia o trabajo a pesar de afirmar que lleva residiendo en España más de 15 años, tampoco consta que haya realizado actividad laboral.

3. Con independencia de los antecedentes policiales. Sus antecedentes penales son 12 años de prisión por un delito contra la salud pública.



CUARTO. -La causa de expulsión del apelante es el art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el precepto establece: (...) Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. (...).

El precepto exige dos condiciones para poder acordar la expulsión por esta vía: 1. Conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.

2. Que los antecedentes penales no hayan sido cancelados.

La sentencia basó la desestimación del recurso en los siguientes puntos: 1. Toma como punto de partida el tenor literal del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, se cumplen sobradamente las dos condiciones para acordar la expulsión.

2. Analiza la posible excepción del art. 57.5.b): (...) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado. (...).



QUINTO. -Los motivos del recurso de apelación son los siguientes: - Vulneración del art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000.

-La sentencia es contraria a la jurisprudencia que cita en su recurso.

El art. 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000 se basa: a) En las facultades que tienen los Estados miembros de la Unión Europea para limitar la libertad de circulación y proceder a la expulsión por motivos de 'orden público' grave (STJCE 10 de julio de 2008) y se basan exclusivamente en la conducta del apelante ( STJCE 222 de mayo de 2012-rec. C-348/2009).

b) El Juzgado valora las circunstancias personales del apelante y concluye que su conducta supone un peligro para el orden público y la convivencia en la sociedad española.



SEXTO. - Respecto al concepto de orden público, no pretende la presente resolución establecer ese concepto, nos sirve como base el informe de la Administración que en ocasiones acompaña el expediente administrativo.

El orden público hace referencia a la 'paz y tranquilidad pública' y el respecto a uno valores nucleares o esenciales sin los cuales no puede sobrevivir. Coincidimos con la sentencia apelada que el delito cometido en España es muy grave y de los que causan alarma social, procede confirmar la sentencia en este aspecto. En cuanto a la vulneración de la jurisprudencia, según la sentencia de la Sala Tercera Sección Quinta del Tribunal Supremo nº 191/2019 de 19 de febrero de 2019-rec. 5607/2017; nº 257/2019 de 27 de febrero de 2019-rec.

5809/2017, han establecido como doctrina reiterada: (...) Planteada la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es determinar si, en aplicación del art. 57.2 de la LOEX, procede la expulsión automática de extranjeros -residentes de larga duración- condenados por delitos dolosos sancionados con penas superiores a un año (salvo que los antecedentes estén cancelados), o, por el contrario, les es de aplicación lo dispuesto en su apartado 5 y 12 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, el TS declara de manera concluyente que sí procede la expulsión 'automática' de extranjeros residentes de larga duración condenados por delitos dolosos con penas superiores a un año, prevista en el artículo 57.2 LOEx, sin que sea de aplicación lo dispuesto en el artículo 57.5 de la misma ni en el artículo 12 de la Directiva 2003/109/CE , pues tal previsión responde a una clara afección grave para el orden público y la paz social derivada de la conducta delictiva del extranjero expulsado, (...).

Somos conscientes que esta doctrina viene matizada en diferentes sentencias por la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo, sirva de ejemplo la sentencia núm. 1305/2019 de 3 de octubre de 2019-rec. 7163/2018 que, tomando como parámetro la sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de la Unión Europea (T.J.U.E), de 13 de septiembre de 2016, asunto c-165/14 que decide una cuestión prejudicial planteada por esta Sala del Tribunal Supremo, que falla, señalando que el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no cabe el automatismo sino que se debe valorar la conducta del sometido a expediente de expulsión.

En nuestro caso, el Juzgado, valorando las circunstancias del apelante, no encuentra motivos para anular la expulsión impuesta por la Subdelegación del Gobierno. Desestimamos el recurso de apelación.

SÉPTIMO. -De conformidad con el art. 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede hacer imposición de costas en la presente apelación al haber sido desestimado el recurso, se limitan a 875 € por todos los conceptos.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso planteado por D. Abel contra ' Sentencia nº 173/2018 de 28 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Valencia, desestimando recurso contra resolución - exp. NUM000 - de la Subdelegación del Gobierno de Valencia de 7 de agosto de 2017 que desestima recurso frente a resolución que acuerda la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por cinco años'.

Todo ello con expresa codena en costas a la parte apelante, se limitan a 875 € por todos los conceptos.

Firme que sea la presente resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Alicante, para el cumplimiento y ejecución de la presente sentencia.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe, conforme a lo establecido en los artículos 86 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho recurso deberá prepararse ante esta Sección en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo tenerse en cuenta respecto del escrito de preparación de los que se planteen ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo los criterios orientadores previstos en el Apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE número 162 de 6 de julio de 2016).

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION. - Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico,