Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 935/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 296/2018 de 02 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Sala Contenciosa Administrativa

Secció Segona

Recurs d'apel·lació contra sentències núm. 296/2018

Parts: Jaime

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA

SENTÈNCIA Núm. 935

Magistrats/ades:

Il·lm. Sr. Jordi Palomer Bou

Il·lm. Sra. Virginia de Francisco Ramos

Il·lma. Sra. Rocio Colorado Soriano

Barcelona, dos de desembre de dos mil dinou

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ SEGONA), constituïda per a la resolució d'aquest recurs, ha dictat la següent sentència en el rotlle d'apel·lació núm. 296/2018, interposat per Jaime, representat pel procurador RAFAEL ROS FERNANDEZ i assistit de lletrat, contra la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA, representada i defensada per l'ADVOCAT DE L'ESTAT.

N'ha estat ponent l'il·lm. magistrat Sr. Jordi Palomer Bou, qui expressa l'opinió de la Sala.

Antecedentes

Primer.-El Jutjat Contenciós Administratiu 6 Barcelona va dictar, en el Procediment abreujat núm. 3/2017, la Sentència núm. 52/2018, de data 5 de març de 2018, la decisió literal de la qual és la següent: 'Que debo ESTIMARy estimo parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal en autos de Jaime frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, referenciada en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, SIN expresa condena en costas a ninguna de las partes procedimentales, de tal manera, que declaro válida y eficaz, y por ende vigente, la resolución de la demandada de 11-10-16 en todos sus aspectos, salvo el de prohibición de entrada en territorio español y/o territorio Schengen, que lo rebajo y concreto por esta mi Sentencia en un período de prohibición de 2 años y seis meses.'.

Segon.-Contra la resolució esmentada es va interposar recurs d'apel·lació, el qual fou admès pel Jutjat d'Instància, qui va remetre les actuacions a aquest tribunal. Les parts foren citades. L'apel·lant és Jaime i l'apel· lada és la SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A BARCELONA.

Tercer.-Desenvolupada l'apel·lació, s'assenyalà dia i hora per a la votació i la decisió: 6-11-2019.

Quart.-En la substanciació d'aquest procediment s'han observat i acomplert les prescripcions legals.

Fundamentos

Primer.-En data 5 de març de 2018 es va dictar sentencia pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona, la qual va estimar en part el recurs interposat per Jaime contra la resolució de 11 dŽoctubre de 2016 dictada per la Subdelegació del Govern a Barcelona, i establint el període de prohibició dŽentrada en dos anys i sis mesos, sense imposar les costes del procediment.

L'acte impugnat en aquell procediment era la resolució de 11 dŽoctubre de 2016 dictada per la Subdelegació del Govern a Barcelona que va imposar al recurrent la sanció d'expulsió del territori nacional amb una prohibició d'entrada de deu anys per la comissió d'una infracció greu de l' article 53.a) de la Llei Orgànica 4/2000 de 11 de gener modificada per la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre, per trobar-se irregularment en territori espanyol.

Segon.-Disconforme amb aquella sentència es va interposar recurs d'apel·lació per la defensa de Jaime en el qual s'al·legava la desproporció de la sanció imposada, atès lŽarrelament del recurrent i que li seria dŽaplicació no la Llei 4/2000 si no el RD 240/2007.

Tercer.-En relació a lŽaplicació al recurrent dŽallò establert al RD 240/2007 i no a la Llei 4/2000, la sente`ncia del tribunal Suprem de data 11 de febrer de 2019 senyala:

En respuesta al planteamiento que de la cuestión con interés casacional se realiza en el auto de admisión del recurso, procede indicar como punto de partida que la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a normas y procedimientos comunes en los estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, prevé en su artículo 2, apartado 3 , que "La presente directiva no se aplicará a los beneficiarios del derecho comunitario a la libre circulación, con arreglo a la definición del artículo 2, apartado 5, del Código de fronteras Schengen", esto es, con arreglo al artículo 2, apartado 5 del Reglamento (UE) 2016/394 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece como beneficiarios del derecho a la libre circulación con arreglo al derecho de la Unión Europea, en el subapartado a), único de interés para esta litis, a "[...] los ciudadanos de la Unión según lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, del TFUE , así como a los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que ejerzan su derecho a circular libremente y a los que se aplique la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo".

Para los nacionales de terceros países miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que ejerzan su derecho a circular libremente, rige la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros, cuyo artículo 5, bajo el título "Garantías del procedimiento", prevé en su apartado 1 que "Los procedimientos previstos en los artículos 30 y 31 se aplicarán, por analogía, a toda decisión que restrinja la libertad de circulación de ciudadanos de la Unión o los miembros de su familia por motivos que no sean de orden público, seguridad pública o salud pública", y en cuyo artículo 28, bajo el título "Protección contra la expulsión", prevé en su apartado 1 que "Antes de tomar la decisión de expulsión del territorio por razones de orden público o seguridad pública, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, su estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en el Estado miembro de acogida y la importancia de sus vínculos con su país de origen".

Por su parte el artículo 27 de la indicada Directiva 2004/38/CE , integrador, junto con los artículos 28 a 33, de su capítulo VI, titulado "Limitaciones de derecho de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública", bajo el epígrafe "Principios generales" previene en su apartado 1 que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Capítulo, los Estados miembros podrán limitar la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia, independientemente de su nacionalidad, por razones de orden público, seguridad pública o salud pública", con la advertencia al final del texto de que "Estas razones no podrán alegarse con fines económicos" y en su apartado 2, que "Las medidas adoptadas por razones de orden público o seguridad pública deberán ajustarse al principio de proporcionalidad y basarse exclusivamente en la conducta personal del interesado", con también dos advertencias finales, una, relativa a que "La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por si sola una razón para adoptar dichas medidas", otra, a que "La conducta personal del interesado deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad", añadiendo que "No podrán argumentarse justificaciones que no tengan relación directa con el caso concreto o que se refieran a razones de prevención general".

Por su parte el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE , supedita el reconocimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro a la obtención del documento denominado "Tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión".

Es el indicado documento que debió ser solicitado por el recurrente ( artículo 9 de la Directiva 2004/38/CE ), el que, según consta en la sentencia de primera instancia, fue denegado dos veces por su conducta y lo que lleva al juzgador a cuestionar la consideración de aquel como familiar de ciudadano comunitario. Sin embargo, no es la expuesta la razón por la que el juzgador concluye que la expulsión acordada en la resolución administrativa impugnada es conforme a derecho.

Sentando como punto de partida la posibilidad de que el recurrente aún está litigando por la obtención de la tarjeta de familiar comunitario, la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, considera conforme a derecho la decisión de expulsión del recurrente, incluso aceptando su condición de familiar de un ciudadano de la Unión, en atención a razones de orden público, seguridad jurídica o salud pública previstas como habilitantes de la expulsión en la Directiva 2004/38/ CE y en el Real Decreto 240/2007 , de 6 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo, concretamente en su artículo 15.1 y 5 , al que expresamente se refiere, conforme ya vimos, la indicada sentencia en su fundamento de derecho primero, trascribiéndolo parcialmente.

Conforme con lo hasta aquí expuesto, la contestación a la cuestión planteada en el auto de admisión es que no cabe la expulsión en aplicación de la Ley Orgánica 4/2000 de un extranjero casado con una ciudadana española, del que no consta haya realizado ninguna actividad laboral, sin residencia estable y detenido por diversos delitos, en cuanto le es de aplicación lo dispuesto en los artículos 15.1 y 28.1 de la directiva 2004/38/CE , traspuesta a nuestro ordenamiento pro el Real Decreto 240/2007 .

Pero es de advertir que tal contestación no conduce a la estimación del recurso, en cuanto la condena que del recurrente consta por falsificación de documentos , así como las múltiples detenciones de que ha sido objeto, junto a la ausencia de actividad laboral, y la más que dudosa convivencia familiar, revelan no solo que la conducta personal del recurrente constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecta a un interés fundamental de la sociedad, tal como exige el artículo 27.2, párrafo segundo, de la Directiva 2004/38/CE , sino también la no concurrencia en él de alguna de las circunstancias que deben tenerse en cuenta, a tenor del artículo 28.1 de la citada Directiva, como trámite previo a la decisión de expulsión por razones de orden público o seguridad ciudadana, y es que salvo la acreditación de haber nacido en Nigeria el NUM000 de 1968 y de su matrimonio con doña Estela , nada consta de interés en las actuaciones.

DŽaquesta manera, tot i que li resultés dŽaplicació a la recurrent allò establert en el RD 240/2007, donada la seva convivència amb un ciutadà espanyol i lŽexistència de dos fills també de nacionalitat espanyola, el cert és que li consta una condemna de sis anys i un dia de presó per un delicte contra la salut pública i una condemna per un delicte de receptació, així com cinc detencions més, junt amb la manca dŽarrelament laboral i el fet que tot i tenir fills i parella la seva convivència es dubtosa donada la seva estada a la presó i que no consta que ells fills estiguin a càrrec seu és clar que es donarien els motius de ordre públic o seguretat pública que permeten acordar la seva expulsió, motius pels quals el recurs ha de ser desestimat.

Quart.-D'acord amb el que disposa l' article 139.2 LJCA, és procedent imposar a l'apel·lant les costes d'aquest recurs d'apel·lació fins al límit de 300 euros.

Vistos els preceptes legals esmentats i d'altres de general i pertinent aplicació,

Fallo

1r.- Desestimaraquest recurs d'apel·lació.

2n.- Imposara l'apel·lant les costes d'aquest recurs d'apel·lació fins al límit de 300 euros.

Notifiqui's a les parts la present Sentència, que no és ferma. Contra la mateixa es pot deduir, si s'escau, recurs de cassació a través d'aquesta Sala, de conformitat amb allò que disposa la Secció 3ª, Capítol III, Títol IV de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA). El recurs haurà de preparar-se en el termini que preveu l' art. 89.1 LJCA.

Alhora, s'adverteix que al BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016, apareix publicat l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al recurs de cassació.

D'acord amb el que disposa el Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a la qual remet l' art. 236 bis de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial, i en el reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, faig saber a les parts que les seves dades personals han estat incorporades al fitxer d'assumptes d'aquesta Oficina judicial, on es conservaran amb caràcter confidencial i únicament per al compliment de la tasca que té encomanada i sota la salvaguarda i la responsabilitat de la mateixa i on seran tractades amb la màxima diligència.

D'aquesta sentència, uniu-ne una certificació al procediment. Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.La Sentència anterior ha estat llegida en Sala i en audiència pública pel ponent l'il·lm. magistrat Sr. Jordi Palomer Bou. Com Advocada de l'Administració de Justícia ho certifico.