Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 952/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 123/2017 de 08 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 123/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 331/2015

Apel lant: SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB)

Representant de l'apel lant: SR. FRANCISCO JOSÉ ABAJO ABRIL, Procurador

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA

Representant de l'apel lat: SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO, Procuradora

S E N T È N C I A núm. 952/18

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 8 de novembre de 2018

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 123/2017, promogut per la SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB) -representada pel Procurador SR. FRANCISCO JOSÉ ABAJO ABRIL i assistida per la Lletrada SRA. ROSA VIDAL MONFERRER-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA -representat per la Procuradora SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO i assistit pel Lletrat consistorial SR. EMILI PANZUELA MONTERO-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 331/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Sentència núm. 23, de 14 de febrer de 2017, amb el veredicte que segueix:

'DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador FRANCISCO JOSÉ ABAJO ABRIL, en nombre y representación de SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB), contra la Resolución de 14 de octubre de 2014 que desestima las alegaciones presentadas en fecha 1 de septiembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratifica la resolución núm. 6711 de fecha 10 de julio de 2014 dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA recaída en el expediente HADI 20/2013 relativa a la vivienda de su propiedad situada en la calle DEL PERIODISTA GRANE, 180, 4-B de esta ciudad, y la Resolución de 22 de enero de 2015, de la Teniente de Alcalde de Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 10 de diciembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratificar la resolución núm. 8746 de 14 de octubre dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa recaída en el expediente HADI 20/2013 relativo a la vivienda indicada anteriormente, actos que declaro ajustados a Derecho. En cuanto a las costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'actora deduí apel lació en temps i forma, a la qual s'hi oposà l'Ajuntament demandat.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 31 d'octubre de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 331/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Sentència núm. 23, de 14 de febrer de 2017, amb el veredicte que segueix:

'DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador FRANCISCO JOSÉ ABAJO ABRIL, en nombre y representación de SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB), contra la Resolución de 14 de octubre de 2014 que desestima las alegaciones presentadas en fecha 1 de septiembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratifica la resolución núm. 6711 de fecha 10 de julio de 2014 dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA recaída en el expediente HADI 20/2013 relativa a la vivienda de su propiedad situada en la calle DEL PERIODISTA GRANE, 180, 4-B de esta ciudad, y la Resolución de 22 de enero de 2015, de la Teniente de Alcalde de Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 10 de diciembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratificar la resolución núm. 8746 de 14 de octubre dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa recaída en el expediente HADI 20/2013 relativo a la vivienda indicada anteriormente, actos que declaro ajustados a Derecho. En cuanto a las costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.'

Aquest veredicte va venir precedit dels fonaments jurídics que passarem a transcriure:

'PRIMERO.- El presente recurso tiene como objeto impugnar la Resolución de 14 de octubre de 2014 que desestima las alegaciones presentadas en fecha 1 de septiembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratifica la resolución núm. 6711 de fecha 10 de julio de 2014 dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA recaída en el expediente HADI 20/2013 relativa a la vivienda de su propiedad situada en la calle DEL PERIODISTA GRANE, 180, 4-B de esta ciudad, y la Resolución de 22 de enero de 2015, de la Teniente de Alcalde de Área de Planificación Urbanística y Territorio del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA, por la que se acuerda desestimar el recurso de reposición interpuesto en fecha 10 de diciembre de 2014 por la entidad SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) y, en consecuencia, ratificar la resolución núm. 8746 de 14 de octubre dictada por la Teniente de Alcalde del Área de Planificación Urbanística y Territorio del Ayuntamiento de Terrassa recaída en el expediente HADI 20/2013 relativo a la vivienda indicada anteriormente. La representación procesal de la recurrente SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB) fundamenta su demanda en haberse vulnerado la obligación de resolver en plazo el procedimiento administrativo, habiéndose producido la caducidad del mismo; adolecer la Resolución de 22 de enero de 2015 de vicios que invalidan toda su tramitación al haberse vulnerado lo dispuesto en el artículo 9.3 de la inicial Constitución Española y la LRJPAC; la invalidez por no haber tenido en consideración la singularidad del traspaso ni el objeto social de SAREB; con la misma consecuencia ya que su cumplimiento supondría la imposición de una serie de condiciones imposibles a la recurrente; la inexistencia en situación legal de desocupación de las viviendas de titularidad de SAREB y, finalmente, que el inmueble objeto del presente recurso se hallaba desocupado permanentemente y de forma injustificada y, por tanto, se parte de una premisa errónea, pues no se cumple la situación de hecho tipificada, debido a que el inmueble no puede considerarse en situación anómala de desocupación permanente por lo que interesa, con la estimación del presente recurso contencioso-administrativo, se declare la nulidad y declaración de no conformidad a Derecho del procedimiento administrativo y las Resoluciones dictadas. La representación procesal del AYUNTAMIENTO DE TERRASSA se opuso la pretensión defendiendo, en síntesis, la legalidad de los actos administrativos impugnados en cuanto a la petición de invalidez del procedimiento por adolecer de vicios que invalidan su tramitación, la invalidez de la resolución recurrida por no haber tenido en consideración ni el traspaso ni el objeto social de Sareb, la invalidez de la resolución recurrida por considerar que impone condiciones de imposible cumplimiento y, finalmente, articulando alegaciones en cuanto a la existencia de situación legal de desocupación, por lo que se ha de considerar la finca en situación anómala de desocupación permanente.

SEGUNDO.- La controversia tiene carácter jurídico y ha sido abordada por los Juzgados de Barcelona, así como por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Catalunya, si bien hasta el momento por lo que se refiere a la suspensión de la ejecutividad o no de los actos administrativos. En aquellos órganos judiciales de forma diversa y, así, han sido estimatorias la sentencia de 9 de diciembre de 2016 del Juzgado 15, estimatorias las de 13 y 20 de enero de 2017 dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Barcelona, pero con argumentos diferentes a la anterior, y desestimatoria las dictadas por el Juzgado 8 de Barcelona de 26 de enero de 2017. En esta situación, aunque debería buscarse la necesaria efectividad de los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, que en caso contrario quedan aquí comprometidos y para cuya mayor efectividad debe siempre velar el órgano judicial que, entre otros extremos, demandan siempre de los órganos judiciales, con carácter general, una igual solución jurisdiccional para casos procesalmente idénticos en lo más esencial, en aras asimismo a la necesaria efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (entre muchas otras, STC 2/2007, de 15 de enero, STC 147/2007, de 18 de junio, STC 31/2008, de 25 de febrero, y STC 13/2011, de 28 de febrero), consideramos que la actuación municipal está ajustada a Derecho y entra dentro de la órbita de sus competencias, por lo que asumimos los razonamientos de las dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Barcelona en los términos que diremos.

TERCERO.- Por ello, para no incidir en reiteraciones innecesarias existiendo identidad de hechos y jurídica en las argumentaciones de las partes, reproducimos los argumentos contenidos en la sentencia número 11/2017 de 26 de enero de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Barcelona, con cita de otras sentencias dictadas, en estos términos:

'No es la primera vez que este Juzgado y otros de este mismo orden y capital han debido pronunciarse sobre la legalidad, tanto de las resoluciones de incoación formal de expediente por utilización anómala de vivienda y de requerimiento para la ocupación de la vivienda mediante el régimen de uso que se considere adecuado, por un lado, como de las resoluciones de imposición de (sucesivas) multas coercitivas por incumplimiento de los plazos otorgados en los requerimientos para la ocupación de la vivienda mediante el régimen de uso que se considere adecuado, por otro lado, dictadas todas ellas por el Ayuntamiento de Terrassa siguiendo en lo esencial un procedimiento igual al de autos, si bien aquí lo jurisdiccionalmente impugnado es una actuación previa a la incoación formal del expediente consistente en actos preliminares de instrucción relacionados con la detección de la utilización y la situación anómala de vivienda.

Por citar algunas sentencias, por ejemplo, en relación a la legalidad de las resoluciones de iniciación de procedimiento por utilización anómala de vivienda y de requerimiento para la ocupación mediante el régimen de uso que considere adecuado dictadas por el Ayuntamiento de Terrassa, las sentencias de este Juzgado números 372/2015, de 17 de diciembre (procedimiento ordinario número 469/20154-A), 151/2016, de 1 de junio (procedimiento ordinario número 566/2014-C), 317/2016, de 22 de diciembre (procedimiento ordinario número 137/2015-E), y la sentencia número 179/2015, de 31 de julio (procedimiento ordinario número 475/2014-2A) del Juzgado número 12, todas confirmatorias de la legalidad de la actuación administrativa. Se expresa en el Fundamentos de Derecho Segundo (se reproduce en parte) de esta última sentencia:

SEGUNDO. La Ley 18/2007 de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, tiene por objeto regular al derecho a una vivienda digna y adecuada establecido en la Constitución (art. 1 de la Ley). Para ello, entre otras medidas, declara que la desocupación permanente de una vivienda constituye una 'situación anómala' (art. 41) que habilita a las Administraciones competentes en la materia para instruir un expediente y conocer los hechos por los que se produce esa falta de ocupación y, si se confirman, adoptar medidas de distinto calado con el objetivo de incentivar su ocupación y penalizar su desocupación injustificada, entre las cuales se prevén medidas de fomento (subvenciones) y medidas fiscales (arts. 41 y 42). E incluso, si llega el caso de incumplimiento de la función social de la propiedad, estas medidas pueden desembocar en el alquiler forzoso de la vivienda o en la expropiación del usufructo (arts. 5 y 42.6). La competencia para impulsar y coordinar esta clase de políticas se atribuye a la Comunidad Autónoma ( arts. 7 y 42.1), sin perjuicio de la autonomía de los entes locales para el ejercicio de sus competencias en materia de 'protección y gestión de viviendas ' que les reconoce la legislación de régimen local [ arts. 8 LDV y 25.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local ].

La resolución que se impugna confirma la incoación del expediente contra la recurrente por la utilización anómala de la vivienda sita en *** de Terrassa, de conformidad con el art. 41.3 de la Ley 18/2007. Si bien con posterioridad a dicha resolución y por incumplimiento de lo confirmado en ella, se ha impuesto a la recurrente la multa coercitiva de 5.000 euros, no es esta última resolución, de 18 de septiembre de 2014, la que es objeto de recurso.

El artículo 41 de citada Ley se remite al artículo 3d para definir qué debe entenderse por desocupación permanente de una vivienda. Según este último artículo, es aquella situación en la que la vivienda queda desocupada permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años, considerando causas justificadas el traslado por razones laborales, el cambio de domicilio por una situación de dependencia, el abandono de la vivienda en una zona rural en proceso de pérdida de población y el hecho de que la propiedad de la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución.

La actora alega que cuando se iniciaron las actuación inspectoras todavía no habían transcurrido dos años desde que adquirió el pleno dominio de la finca mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad de su título de adquisición. Sin embargo, según nota simple registral, el decreto de adjudicación fue dictado el 11 de abril de 2011, por lo que desde este día pudo presuntamente la actora tomar ya posesión de la finca, al no constar acreditado documentalmente que solicitara auxilio judicial para el lanzamiento, no siendo la inscripción registral necesaria para adquirir la propiedad, por lo que a fecha 3 de mayo de 2013 ya habrían transcurrido dos años desde la adquisición del inmueble, que se consuma, no con la inscripción en el Registro, sino con la denominada 'traditio'. En cualquier caso, la resolución que es objeto de recurso no es la resolución de 3 de mayo de 2013, que no se recurrió en su momento.

Según consta en el expediente, en el seno de las actuaciones instructoras se realizó una visita a la vivienda por parte de los Servicios Técnicos de Inspección de Urbanismo en fecha 17 de octubre de 2013 (transcurridos ya más de dos años desde la inscripción registral), y se comprobó que la vivienda continuaba deshabitada. Además, según informe de Aigües de Terrassa, la vivienda no tenía dado de alta el servicio de suministro de agua a fecha 21 de febrero de 2014, habiendo sido dado de baja en diciembre de 2009. Por tanto, en la fecha en la que se dictó la resolución que se recurre, que acuerda la incoación de expediente por utilización anómala de la vivienda (4 de marzo de 2014), se había constatado por el Ayuntamiento que la vivienda había estado desocupada más de dos años desde que la actora adquirió su propiedad, sin que conste que la actora, con anterioridad a la incoación del expediente, realizara actuación alguna tendente a lograr la ocupación de la vivienda. La actora afirma que el día 21 de febrero de 2014 firmó un convenio de Colaboración con la Agencia de la Vivienda de Cataluña para promover la ocupación de viviendas. En este convenio se prevén una serie de actuaciones que debe llevar a cabo ***, sin que conste que las haya cumplido en relación a la vivienda a la que se refiere este procedimiento. En cualquier caso, no es desde el convenio sino desde la entrada en vigor de la ley 18/2007 que la actora resultaba obligada a realizar actuaciones tendentes a lograr la ocupación sus viviendas deshabitadas, sin que la firma de un convenio suponga la realización de ningún tipo de actuación tendente a lograr tal ocupación. Alega la demandante que la vivienda se encontraba anunciada en la web de *** para su venta. En prueba de esta alegación aporta como documento nº 2 la impresión de un anuncio en una página web, que no prueba que en la fecha en la que se incoó este expediente, dicho anuncio estuviera colocado, pues la fecha que figura en el documento es de 2 de marzo de 2015. En cualquier caso, este anuncio de venta, al poder presumirse que la actora conoce la mala situación del mercado inmobiliario, tampoco tendría la consideración de actuación bastante para promover la ocupación de la vivienda.

En definitiva, se considera que la incoación del expediente por utilización anómala de la vivienda es conforme a Derecho, al haberse comprobado por la Administración que la vivienda se encontraba en situación anómala, por haber estado desocupada más de dos años, estando en posesión de la actora, y constando que ésta había desatendido los requerimientos anteriormente realizados para la ocupación de la vivienda y los ofrecimientos realizados por la Administración de ceder la vivienda a su favor para gestionarla en régimen de alquiler'.

Y por ejemplo en lo concerniente a las resoluciones de imposición de sucesivas multas coercitivas por incumplimiento de los plazos otorgados en los requerimientos para la ocupación de la vivienda mediante el régimen de uso que se considere adecuado dictadas por el Ayuntamiento de Terrassa, por ejemplo, la sentencia de este Juzgado número 317/2016, de 22 de diciembre (procedimiento ordinario número 137/2015-E) y la sentencia de 20 de octubre de 2015 (procedimiento abreviado número 147/2015-B) del Juzgado de lo Contencioso Administración número 13 de Barcelona, confirmatoria de la legalidad de la actuación administrativa. Se reproduce seguidamente su Fundamento de Derecho Tercero:

'TERCERO. El examen de la cuestión de fondo de la presente controversia nos exige el previo análisis de la normativa de aplicación. En este caso nos referimos a la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda de Cataluña 2007 (LDV), y en el concreto caso que nos ocupa el art. 113 que regula: Multas coercitivas no sancionadoras

'1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una acción u omisión previamente requerida.

2. Las multas relacionadas con el incumplimiento en la ejecución de unas obras pueden imponerse con una periodicidad mínima de un mes y el importe máximo debe ser del 30% del coste estimado de las obras para cada una de ellas. En otros supuestos, la cuantía de cada una de las multas no debe superar el 20% de la multa sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida.

3. El importe de las multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de los gastos que genere la posible ejecución subsidiaria de la orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de las obras a quien lo incumpla'.

Tras la normativa expuesta y como acertadamente expone la administración demandada la parte actora funda su demanda a la resolución municipal de 26 de enero de 2015, por la que se impone una multa coercitiva por incumplimiento de una resolución de fecha 8 de septiembre de 2014, resolución que junto a la que dio origen a la misma, de fecha 3 de junio de 2013, no fueron impugnadas por recurridas, por lo devinieron actor firmes y consentidos.

Y precisamente, en dichos actos, contienen un requerimiento de ocupación que, al haber sido incumplido, da lugar a una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 99.1 LRJPAC y 113.1 y 113.2 de la LDV, sin que la imposición de dichas multas implique- contrariamente a lo manifestado por la actora- vulneración de reserva legal alguna, ya que en ninguno de los preceptos legales citados, se establece como presupuesto para la imposición de multas coercitivas la previa imposición de una sanción.

Sobre este particular valga decir que la parte actora no ha dado cumplimiento al requerimiento de ocupación, que se efectuó por primera vez en resolución de 3 de junio de 2013.

Insistimos, pues, en la no vulneración del principio de reserva legal pues en aplicación del citado que el art, 113.1 de la LDV, establece específicamente que las multas coercitivas, podrán imponerse: 'cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una acción u omisión previamente requerida'.

Y en concordancia el art. 5 de la LDV, establece expresamente que la desocupación permanente de una vivienda, supone el incumplimiento de su función social.

Tras lo expuesto debemos recordar que en fechas 3 de junio de 2013 y 8 de septiembre de 2014, se requirió a la actora, para que procediera a su ocupación, en cumplimiento de dicha función social, cosa que no hizo. Por ello, entra en juego el art. 123.(h) de la LDV, en concordancia con lo dispuesto en el citado 113,1, resultando de todo ello, la imposición de la multa coercitiva ahora impugnada.

Llegados a este punto no puede tomarse en consideración la tesis actora que sostiene que las multas coercitivas tienen cabida en el marco de un expediente sancionador. Dicha interpretación debe ser rechazada pues no se deriva ni de la regulación citada en la LDV, ni con la naturaleza no sancionadora de las multas coercitivas.

A ello debemos añadir que de igual modo tampoco la ley exige llevar a cabo todas las medidas de fomento del art. 42, previa la imposición de la multa coercitiva impuesta, puesto que tales medidas no son precisas ni para hacer cumplir la función social de la propiedad establecida en el art. 5 (que es imperativa para el propietario), ni para constatar formalmente que la vivienda vacía está siendo objeto de una utilización anómala, al estar desocupada.

Este requisito es necesario sólo para la apreciación de una infracción muy grave en materia de calidad del parque inmobiliario conforme al art. 123 (h) de la ley ('mantener la desocupación de una vivienda, después de que la Administración haya adoptado las medidas establecidas en los apartados 1 a 5 del artículo 42').

Recordemos una vez más que el objeto del presente recurso no se dirime en ningún momento la imposición de ninguna sanción como consecuencia de la tramitación de ningún procedimiento sancionador. Nos encontramos ante un procedimiento no sancionador que ordena la ocupación y declara la utilización anómala de la vivienda.

En este orden de ideas, lo cierto es que todas y cada una de las medidas de fomento previstas en el art. 42, apartados 2, 3 y 4 (dado que el apartado 5 es meramente optativo), fueron ya desplegadas antes de iniciar actuaciones contra la desocupación por más de dos años de la vivienda controvertida, desocupación, por cierto, nunca negada por la parte actora. Debe destacarse que, efectivamente, estas medidas de fomento mencionadas en la ley ya habían sido desarrolladas tanto a nivel estatal (ley 4/2013 de 4 de junio de medidas de flexibilización y fomento del mercado de viviendas); como a nivel autonómico (plan de vivienda catalán aprobado por Decreto 13/2010 de 2 de febrero cuya vigencia fue prolongada por el Decreto 171/2012 de 27 de diciembre y finalmente sustituido por el vigente Decreto 75/2014 de 27 de mayo); y también a nivel del Ayuntamiento de Terrassa, en coordinación con el nivel autonómico, ya que se han firmado, desde mediados de la década pasada, diversos acuerdos y convenios con la Agencia catalana de la vivienda, y se han desarrollado diversas actividades de fomento mediante la sociedad municipal de Terrassa. -expuesto por la administración demandada-.

Debemos concluir este apartado destacando que la actora no ha probado, ni en vía administrativa ni en vía jurisdiccional, que tuviera la más mínima intención de colaborar con la Administración y/o de poner a su disposición la vivienda afectada, pese a las múltiples ofertas y alternativas posibles.

En lo referente a la alegada falta de proporcionalidad de la multa coercitiva, debe tenerse en cuenta lo que establece el art. 113 de la LDV, en el que se establece que la cuantía de la multa, no puede superar el 20% de la multa sancionadora impuesta por la infracción cometida

En el presente caso, el incumplimiento del deber de ocupación, se tipifica como una infracción muy grave (art. 123.1-h-,LDV), que se sanciona con multas de hasta 900.000-€. Es obvio que la multa coercitiva impuesta, resulta a todas luces proporcional-.

En consecuencia, la multa coercitiva impuesta es perfectamente ajustada y proporcional a la falta de cumplimiento de la obligación impuesta, y a la capacidad económica de la mercantil actora.

Por último, en relación con la tasa que se ha devengado en aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza debe recordarse que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 30 de la misma, la tasa se devenga, en el momento de iniciarse la actividad municipal o la prestación del servicio.

Los requerimientos impuestos y la multa coercitiva exigida, son producto de unas diligencias preliminares (previas a la apertura del expediente administrativo HADI 507/2013), que constan detalladas en los antecedentes de la primera de las diferentes resoluciones que han sido notificadas (folio 2 del expediente administrativo).

Por todo lo expuesto debemos concluir que la tasa se ajusta perfectamente a derecho, y que tiene encaje legal en el art. 20 de la Ley 2/2004.por lo que resulta claro que la tasas es adecuada a derecho, atendido el hecho que ha sido la omisión actora del requerimiento lo que ha ocasionado la actuación municipal.

Por lo que rechazados en su totalidad los motivos impugnatorios procede la desestimación del presente recurso'.

CUARTO.- En el expediente seguido número HADI 20/2013 el 1 de abril de 2013 se emitió informe por parte de los Servicios de Inspección Urbanística del Ayuntamiento en el sentido de que la vivienda sita en la calle DEL PERIODISTA GRANE, 180, 4-B de la ciudad, propiedad de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. (actualmente Bankia) se encontraba deshabitada; el 20 de noviembre de 2013 se emitió nuevo informe ratificando el estado de desocupación, por lo que se solicitó informe de la empresa suministradora de agua potable en el municipio que comunicó el 21 de febrero de 2014 la baja desde el 22 de febrero de 2012. Se dictó resolución para que la entidad incorporara de forma inmediata al mercado la vivienda deshabitada detectada mediante el régimen de uso que considere adecuado, al tiempo que se ofrecía la posibilidad de su cesión a la Administración para la gestión de la misma en régimen de alquiler otorgándole un plazo de un mes para comunicar si acepta dicha alternativa ofrecida, por la que se le advierte que transcurridos los plazos otorgados (inmediata ocupación mediante el régimen de uso que considere adecuado o un mes para ponerla a disposición de la Administración para que la gestione en régimen de alquiler), se podría incoar el correspondiente expediente para la declaración del incumplimiento de la función social de la propiedad a los efectos legalmente previstos, previa tramitación de un expediente contradictorio, conforme a lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo, de acuerdo con la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, otorgándoselo en trámite de alegaciones 10 días del que hizo uso la recurrente.

De nuevo son claramente aplicable los fundamentos contenidos en la sentencia 11/2017 de 26 de enero de 2017 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 8 de Barcelona, que argumenta la desestimación en estos términos:

'Pues bien, las actuaciones preliminares de instrucción contenidas resolución 6809 de 15 de julio de 2014, confirmadas por las posteriores resoluciones 8907 de 14 de octubre de 2014 y 802 de 22 de enero de 2015, en cualquier caso previas a la incoación formal de expediente por utilización anómala de la vivienda ex artículo 41.3 de la Ley 18/2007 (se desconoce por el Juzgado si se ha producido dicha incoación formal o posteriores actuaciones n el marco de dicho expediente HADI 41/2013, en cualquier caso aquí no jurisdiccionalmente recurridas y por tanto ajenas al objeto de este recurso) son respetuosas en lo procedimental y en lo material con la regulación contenida en la Llei 18/2007 y en la Ley 30/1992, a la sazón vigente. En lo procedimental, ha de significarse que se tratan las impugnadas de actuaciones de instrucción para la determinación, conocimiento y comprobación de datos concernientes a la detección de la utilización y la situación anómala de la vivienda, con audiencia de la interesada nueva propietaria tras el cambio de titularidad del expediente, y no hay razón jurídica suficiente para concluir la alegada del procedimiento en esa fase preliminar ni la concurrencia de vicio procedimental alguno causante de indefensión determinante de nulidad o anulabilidad. En cuanto al fondo, los alegatos de la actora concernientes a que la resolución de 22 de enero de 2015 es inválida 'por no haber tenido en consideración la singularidad del traspaso a Sareb', 'al no haberse tenido en cuenta el objeto social de Sareb', 'ya que su cumplimiento supondría la imposición a Sareb, de una serie de condiciones imposibles', 'debido a la inexistencia de situación legal de desocupación de las viviendas de titularidad de Sareb', 'ya que, en ningún caso el inmueble objeto del presente recurso se hallaba desocupado permanentemente y de forma injustificada y, por tanto, parte de una premisa errónea, pues no se cumple la situación de hecho tipificada, debido a que el inmueble no puede considerarse en situación anómala de desocupación permanente' vienen contestadas en lo esencial y con acierto en las resoluciones impugnadas, al respecto la fundamentación más arriba reproducida contenida en la resolución 8907 de 14 de octubre de 2014, debiéndose significar: 1. En cuanto a la novación subjetiva del expediente: la situación de desocupación definida en la Llei 18/2007 viene referida a las condiciones objetivas de la vivienda (inexistencia de ocupación por más de dos años) sin exigir la condición de que durante dicho período el inmueble se encuentre en manos del mismo titular, sin pasar por alto que el cambio de titularidad no es causa justificativa de la desocupación ni interrumpe aquel plazo de dos años ex artículo 3.d). No ha de pasarse por alto que el expediente de intervención administrativa al amparo de la Llei 18/2007 tiene como epicentro los bienes en sí mismos. 2. En lo concerniente la singularidad del traspaso a SAREB y el objeto social y la vigencia limitada de ésta en el tiempo: las actuaciones preliminares impugnadas dictadas en aplicación de la Llei 18/2007 no son incompatibles con la Ley 9/2012 y el Decreto 1559/2012. Y en general, aquella ley catalana, una vez se detecta y se acredita que la vivienda se encuentra deshabitada más de dos años de forma injustificada, obliga a su ocupación, lo que no imposibilita su comercialización por medio de la gestión directa por la propiedad (alquiler, por ejemplo), la venta a un nuevo adquirente o incluso la cesión temporal a favor de la Administración en régimen de alquiler, medidas éstas de actuación posibles tratándose de una vivienda deshabitada de forma injustificada no contrarias al objeto social de la SAREB de conformidad con la normativa legal y reglamentaria que la disciplina. 3. En relación a la situación de desocupación permanente de la vivienda, el ayuntamiento detecta que al menos desde 11 de febrero de 2009 la vivienda se encuentra vacía de forma permanente e injustificada y efectúa las oportunas advertencias contenidas en la Llei 18/2007, previas a la incoación formal del expediente por utilización anómala, siendo que SAREB propietaria de la vivienda desde el 21 de diciembre de 2012 no rebate aquella desocupación de la vivienda de autos detectada a través de aquellas actuaciones preliminares objeto de impugnación.

Así las cosas y por las razones expuestas procede rechazar que las actuaciones municipales impugnadas integrantes del expediente administrativo HADI 41/2013, sean contrarias a Derecho, y con ello procede la desestimación del recurso ex artículo 68.2 y 70.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción'.

Asumiendo sus argumentos el presente recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado en los términos señalados.

QUINTO.- El artículo 139 de la LJCA, en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011, de medidas de agilización procesal, establece que: '1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad'. En el presente caso aparecen aspectos sobre los que existe controversia jurídica razonable y de entidad que solo han sido determinados tras la celebración del juicio, por lo que no han de imponerse las costas a la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, SA (SAREB), también en la consideración de existir sentencias de primera instancia de diverso signo, y cada parte ha de abonar sus costas y las comunes, de existir, por mitad.'

SEGON:La part actora i ara apel lant ha sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentènciaa quoi, alhora, l'estimació del recurs deduït en primera instància en considerar que el Jutjat no hauria donat resposta -o no hauria donat una resposta ajustada a dret- a propòsit d'alguns dels retrets especificats a la demanda (entre els quals es trobaria el de la caducitat de l'expedient).

Per la seva banda, la defensa lletrada de l'Ajuntament apel lat ha sol licitat la desestimació de l'apel lació amb arguments essencialment coincidents amb els de la Sentència d'instància.

TERCER:En tractar-se d'un vici d'ordre públic, ens haurem de referir d'entrada a la controvertida caducitat de l'expedient.

Es tracta d'una qüestió d'ordre públic que haurem d'abordar de forma preferent. En aquest sentit, no estarà de més que fem una descripció diacrònica dels esdeveniments:

-1/4/2013: Informe municipal a través del qual la inspecció assenyala que l'immoble és propietat d'una determinada entitat financera.

-3/5/2013: Resolució municipal adreçada a l'entitat amb el contingut que segueix:

Requerimen d'immediata ocupació de l'immoble

Oferiment de la possibilitat de cedir a l'Ajuntament la gestió de l'immoble, al qual l'entitat haurà de respondre en un mes

Advertència sobre la possibilitat que l'Ajuntament decideixi incoar un expedient per tal de declarar l'incompliment de la funció social de la propietat

Advertència sobre la possibilitat que s'imposin sancions i multes coercitives

-27/05/2013: L'entitat (què hauria estat absorbida per BANKIA) rebé la notificació de la Resolució precedent. Notificació, aquesta, que, essent benevolents, haurem de qualificar de 'sui gèneris', perquè a través de la mateixa s'adverteix que si en 10 dies no han estat formulades al legacions, la Resolució esdevindrà definitiva de forma automàtica, i a partir d'aquell moment serà susceptible dels recursos de rigor.

-30/11/2013: Nova inspecció municipal, què corrobora que l'habitatge roman desocupat.

-21/02/2014: Informe del servei d'aigües sobre els consums de l'immoble.

-27/02/2014: Resolució municipal amb el contingut que segueix:

Incoació d'expedient d'utilització anòmala d'habitatge

Requeriment d'ocupació efectiva de l'habitatge en deu dies

Advertiment que l'incompliment del requeriment podrà portar aparellades multes coercitives, mesures sancionadores, així com la incoació d'un expedient per declarar l'incompliment de la funció social de la propietat

Liquidació d'una taxa

Atoregament d'un termini de deu dies per tal de formular al legacions

-27/03/2014: L'entitat rebé la notificació de la Resolució precedent. Notificació, aquesta, que, també haurem de qualificar de 'sui gèneris', perquè a través de la mateixa s'adverteix novament que si en 10 dies no han estat formulades al legacions, la Resolució esdevindrà definitiva de forma automàtica, i a partir d'aquell moment serà susceptible dels recursos de rigor.

-30/04/2014: Nou informe municipal que acredita que l'immoble manté la seva condició de no habitat

-08-14/05/2014: BANKIA manifesta que SAREB és la propietària de l'immoble

-10/07/2014: Resolució municipal amb el contingut que segueix:

'Aprovació' (sic) del canvi de titularitat

Comunicar a SAREB els actes d'instrucció

Atorgament d'un termini de deu dies per tal de donar ocupació efectiva a l'immoble, per tal de justificar la manca d'ocupació, o per tal d'oferir la gestió de l'habitatge a l'Ajuntament

Advertiment que en cas contrari s'incoarà expedient d'utilització anòmala, d'incompliment de la funció social de la propietat, i sancionador, sens perjudici d'aplicar-se multes coercitives

-13/08/2014: SAREB rep la notificació corresponent, amb l'advertiment que disposa de deu dies per tal de formular al legacions

-01/09/2014: Al legacions de SAREB

-14/10/2014: Resolució municipal, amb ratificació de la Resolució de 10/07/2014

-10/11/2014: SAREB rep la notificació, amb indicació que es tracta d'un acte definitiu, amb assenyalament de recursos

-10/12/2014: SAREB dedueix recurs de reposició.

-22/01/2015: Resolució desestimatòria de la reposició

-10/02/2015: SAREB rep la notificació corresponent

(Hem escrit en cursiva les Resolucions municipals objecte d'impugnació en seu jurisdiccional)

QUART:A la vista del recorregut temporal de les actuacions en seu administrativa, haurem de concloure que ens trobem al davant de d'un expedient derivat de l'exercici de potestats d'intervenció, susceptible -com és obvi- de produir efectes desfavorables o de gravamen pel que fa a SAREB. D'un expedient -això sí- caducat; la qual cosa haurà de portar aparellada l'estimació de l'apel lació.

Podríem situar la incoació de l'expedient, en paral lel al fet jurídic produït el día 27 de febrer de 2014; i eldies ad quemdel còmput de la caducitat coincidint amb la notificació rebuda per SAREB el 10 de novembre de 2014 [art. 42.3.a) i 44, primer paràgraf, de la Llei bàsica 30/1992, de 26 de novembre -LPA-, vigent en el moment dels fets].

Com és de veure, la tramitació de l'expedient hauria consumit més de vuit mesos, ultrapassant-se, doncs, el termini màxim de tres mesos, previst per l' art. 42.3 LPAC pels supòsits (com el nostre) en els quals no hauria estat fixat normativament un termini superior per a la tramitació, resolució i notificació d'un procediment d'intervenció que no era pròpiament sancionador.

I la conclusió hauria estat la mateixa d'haver pres, com adies a quo, essent generosos, el de la Resolució de 10 de juliol de 2014.

Es tracta d'una caducitat que haurà de portar aparellada la invalidació de l'expedient en el seu conjunt i, com és lògic, la de les Resolucions administratives impugnades, atès allò que disposava l'art. 44.2 LPA.

CINQUÈ:L'expedient que hem analitzat no era una mera peça preparatòria d'altres expedients.

Es tractà d'un expedient (amb la mateixa referència numèrica en tot el seu recorregut) que incorporà (de forma sui generis, com analitzarem després) els estadis més característics del procediment administratiu i que desembocà en la imposició d'una obligació de fer a SAREB a través d'un acte final i definitiu; amb una admonició, en paral lel, sobre les conseqüències que podien derivar-se de l'incompliment de la susdita obligació.

Certament, l' art. 41.3 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge estableix que 'L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.'

Tanmateix, aquest precepte no està dissenyant un expedient de mera investigació. De resultar pertinent a resultes de la instrucció, la norma ens diu que l'Administració competent 'ha de dictar la resolució' (literal). Quina resolució?: la de caràcter definitiu que s'escaigui.

Quant a la possibilitat d'incoar un expedient específic per tal de declarar l'incompliment de la funció social de la propietat, veuren després que les previsions legals que ho preveien, van ser derogades amb efectes de 31 de desembre de 2011 en endavant.

SISÈ:Una altra característica que crida l'atenció en les actuacions municipals que hem examinat, és el constum de concentrar -en unitat d'acte- tràmits de naturalesa i abast diferent (veure, per exemple, l'abast de les Resolucions de 27 de febrer i 10 de juliol de 2014). Tràmits de naturalesa i abast diferent (una mena de totum revolutum), amb la previsió afegida d'una mutació automàtica de l'acte en definitiu. Això últim: de no formular-se al legacions contra l'acte 'provisional' dins d'un termini determinat.

És, aquesta, una operativa que, si més no en seu d'actes administratius amb destinatari específic, podríem qualificar de poc ortodoxa, atès que pot entrar en contradicció amb l'esperit garantista del tràmit d'al legacions envers aquells que ja ostenten la condició d'interessats. Tràmit sobre el qual no manquen Sentències de les quals es podria inferir que, en bona tècnica, el tràmit com a tal hauria de romandre obert fins que no hauria estat declarada formalment la seva preclusió, per aplicació (sota la vigència de la LPA) de l'art. 76.3 LPA. En aquest sentit, podríem portar a col lació la STS 3ª3ª, núm. 2003, de 18 de desembre de 2017, cassació 1081/2015, així com la Sentència d'11 d'octubre de 2017, dictada per la Secció 4ª de la Sala del Contenciós Administratiu de l'Audiència Nacional en el sí del recurs núm. 429/2015.

Recordem que l'art. 76 LPA establia que:

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

2. Cuando en cualquier momento se considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, la Administración lo pondrá en conocimiento de su autor, concediéndole un plazo de diez días para cumplimentarlo.

3. A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente; sin embargo, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Es tractava de previsions (a hores d'ara reproduïdes per l'art. 73 de la Llei bàsica 39/2015, d'1 d'octubre), que semblarien incompatibles amb la tècnica consistent en considerar automàticament elevats a definitius els actes 'provisionals' que no haurien estat objecte d'al legacions dins d'un termini prèviament acotat. Perquè aquest automatisme (que a hores d'ara les lleis només preveuen per a l'aprovació definitiva de determinades ordenances, un cop conclosa la informació pública) és susceptible de fer inviable d'arrel la 'possibilitat última' que preveia el punt 3 de l'art. 76 LPAC i que actualment contempla l'art. 73 de la Llei bàsica 39/2015.

Podríem afegir fins i tot que la manca de la notificación d'un acte declarant la preclusió del tràmit, impediria que l'acte 'provisional' deixés de ser-ho en tot allò que la 'provisionalitat' pogués beneficiar l'interessat.

SETÈ:Sens perjudici que el nostre veredicte es pugui fonamentar en les consideracions jurídiques precedents, no estarà de més -ni que sigui a títol informatiu- recordar a les parts quina ha estat la doctrina fixada per aquest Tribunal a propòsit de l'aplicació, en seu municipal, de les mesures coercitives que pretenen trobar cobertura en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Sobre aquest particular, i amb una exegesi que després hem mantingut inalterada, la nostra Sentència núm. 788, de 21 de novembre de 2017 (apel lació núm. 132/2016), s'expressà en els termes que segueixen:

'(...) CUARTO: Para resolver adecuadamente la controversia habrá que analizar detenidamente la norma que constituye el fundamento básico de las actuaciones municipales; a saber: la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (LDH). Veremos que esta última no habilita a los Ayuntamientos para tomar decisiones del calibre de las invalidadas por el Juzgado de instancia. Cuando menos, no los habilita para su adopción en los términos en que lo habría hecho el ILMO. AYUNTAMIENTO DE TERRASSA en el supuesto que ahora nos ocupa.

Como es lógico, vamos a ceñir nuestro análisis a los preceptos de la LDH que mayor relación pueden tener con las actuaciones municipales controvertidas, sin perjuicio de extendernos a otros susceptibles de arrojar más luz, si cabe.

Empezaremos por el art. 5.3 LDH, que establece lo siguiente (...):

'5.3. Per a garantir el compliment de la funció social de la propietat d'un habitatge o un edifici d'habitatges, les administracions competents en matèria d'habitatge han d'arbitrar les vies positives de foment i concertació a què fa referència el títol III, i poden establir també altres mesures, incloses les de caràcter fiscal, que propiciïn el compliment de la dita funció social i en penalitzin l'incompliment.'

Como es de ver, se trata de un precepto que se refiere exclusivamente a acciones de fomento, concertación e incentivación. Y en la misma línea se sitúan los apartados 1 (éste no dice nada concreto) y 2 del art. 8:

'8.1. Els ens locals, sota el principi d'autonomia per a la gestió de llurs interessos, exerceixen les competències d'habitatge d'acord amb el que estableixen la legislació de règim local, la legislació urbanística i aquesta llei, sens perjudici de la capacitat de subscriure convenis i concertar actuacions amb altres administracions i agents d'iniciativa social i privada que actuen sobre el mercat d'habitatge protegit i lliure.

8.2. A més de les competències de promoció i gestió que els reconeix la legislació de règim local, els ens locals poden concertar polítiques pròpies d'habitatge amb l'Administració de la Generalitat, en el marc dels instruments locals i supralocals de planificació que estableixen aquesta llei i la legislació urbanística, i poden demanar la creació de consorcis o oficines locals d'habitatge per a la gestió conjunta de funcions i serveis vinculats a l'habitatge.'

Mayor relevancia parece presentar, en principio, el art. 40 de la Ley. Veamos qué establecen sus diferentes apartados:

'40.1. Un cop exhaurides les vies de foment i coercitives que estableix aquest títol, en els àmbits qualificats pel Pla territorial sectorial d'habitatge com d'una forta i acreditada demanda residencial, l'administració competent pot acordar l'expropiació forçosa de la propietat per incompliment del deure de conservació i rehabilitació si aquest incompliment comporta un risc per a la seguretat de les persones, sempre que s'hagin garantit, als propietaris que en demostrin la necessitat, els ajuts públics suficients per a fer front al cost del deure de rehabilitació de llur habitatge.'

Se trata, como es de ver, de un apartado que hace referencia expresa a vías 'coercitivas'. Ocurre, sin embargo, que esas vías -como comprobaremos más adelante- fueron derogadas por el art. 161 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.

Por su parte, el art. 41.3 LDH señala que:

'41.3. L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució.'

Se trata de un enunciado que, ni nos dice cuál será la Administración competente, ni qué tipo de resolución deberá o podrá ser la que se acabe dictando. Dicho, esto, no sin reiterar que las medidas coercitivas que ahora nos interesan -y que podrían haber dotado de pleno contenido al art. 42.1 LHL-, fueron derogadas en diciembre de 2011.

En cuanto al art. 42 LDH, su apartado 1 establece que:

'42.1. La Generalitat, en coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Amb aquesta finalitat, ha de vetllar per a evitar situacions de desocupació permanent d'habitatges i ha d'aprovar els programes d'inspecció corresponents.'

Se trata de un enunciado dotado de mayor claridad; pero que en cualquier caso atribuye a la Generalitat de Catalunya la función o el cometido de enfrentarse al problema de las viviendas desocupadas. Llama a la Generalitat, eso sí, a coordinarse con las entidades locales; pero a éstas no las hace copartícipes de la misma potestad. Dicho de otra manera: no diseña una atribución compartida o indistinta de la misión pública que el mismo precepto pretende configurar.

Analizaremos, a renglón seguido, los apartados 2 a 7 del mismo precepto legal (art. 42 LDH); a sabiendas de que los apartados 6 y 7 (....) fueron derogados -como ya habíamos advertido- por el art. 161 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat económica:

'42.2. S'han de donar garanties als propietaris dels habitatges buits o permanentment desocupats sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes.

42.3. S'han d'impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions directes als propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les obres i suport públic a contractes de masoveria urbana.

42.4. Els habitatges buits o permanentment desocupats es poden cedir a l'Administració pública perquè els gestioni en règim de lloguer. En contrapartida, s'ha de fer un pacte relatiu al cobrament i a les altres condicions de la cessió, dins de programes específicament destinats a aquesta finalitat en els plans d'habitatge.

42.5. L'Administració pot adoptar mesures altres que les que estableixen els apartats de l'1 al 4, entre les quals les de caràcter fiscal, amb els mateixos objectius d'incentivar l'ocupació dels habitatges i penalitzar-ne la desocupació injustificada.

42.6. Un cop posades a disposició dels propietaris totes les mesures de foment que estableixen els apartats anteriors, en els àmbits declarats com a àmbits de demanda residencial forta i acreditada, l'administració pot declarar l'incompliment de la funció social de la propietat i acordar el lloguer forçós de l'habitatge. La declaració de l'incompliment s'ha de fer per mitjà d'un expedient contradictori, d'acord amb el que estableix la normativa de procediment administratiu, en el qual cal detallar les vies de foment específiques que s'hagin posat a disposició de la propietat per a facilitar-li el lloguer de l'habitatge. En l'acord de declaració també s'ha d'advertir que, un cop transcorreguts dos anys des de la notificació de la declaració, si no s'ha corregit la situació de desocupació, per causa imputable a la propietat, l'administració pot expropiar temporalment l'usdefruit de l'habitatge, per un període no superior a cinc anys, per llogar-lo a tercers.

42.7. El procediment d'expropiació temporal de l'usdefruit a què fa referència l'apartat 6 s'ha d'ajustar al que estableixen la legislació urbanística i la legislació d'expropiació forçosa. En la determinació del preu just de l'expropiació s'han de deduir les despeses assumides per l'administració en la gestió i en les eventuals obres de millora executades en l'habitatge. La resolució que posi fi al procediment ha de determinar la manera en què els propietaris poden recuperar l'ús de l'habitatge un cop transcorregut el termini de l'expropiació temporal.

Repárese en que el primer apartado derogado (el 6), nada más empezar ya dejaba muy claro que las medidas de los apartados precedentes del mismo artículo debían ser concebidas como medidas de 'fomento'; y que sólo tras fracasar éstas resultaría posible elevar un grado la intervención administrativa para imponer obligaciones o cargas propiamente dichas. Así las cosas, la derogación del apartado 6 del art. 42 LDH, no hizo sino evidenciar la voluntad legislativa de eliminar unas medidas de tipo coercitivo en du día diseñadas para modificar o para quebrar la renuencia de los propietarios de pisos desocupados; con la virtualidad añadida de ver reflejados sus efectos (los de la citada derogación) en el conjunto de la LDH.

Mas, no acabará aquí nuestro análisis, toda vez que otros preceptos de la LDH contribuirán, de consuno, a justificar con mayor claridad la conclusión alcanzada por este Tribunal.

En el anterior sentido, podremos ver que el art. 113 LDH, en sus apartados 1 y 2 reza así:

'113.1. L'Administració competent, amb independència de l'acció sancionadora, pot imposar de forma reiterada i consecutiva multes coercitives, fins a un màxim de tres, quan transcorrin els terminis assenyalats per a dur a terme una acció o omissió prèviament requerida.

113.2. Les multes relacionades amb l'incompliment en l'execució d'unes obres es poden imposar amb una periodicitat mínima d'un mes i l'import màxim ha d'ésser del 30% del cost estimat de les obres per a cadascuna d'elles. En altres supòsits, la quantia de cadascuna de les multes no ha de superar el 20% de la multa sancionadora establerta per al tipus d'infracció comesa.'

El apartado 1 se refiere a la 'Administración competente' y ya hemos podido comprobar que, a los efectos del art. 42.1 de la Ley, esa Administración es la de la Generalitat.

Ocurre, además, que conforme al redactado del apartado 2, la multa coercitiva solo se justificará ante una conducta que a su vez pueda ser calificada de infracción administrativa - 'infracció comesa', dice la Ley-. Luego, si la conducta no encaja en ningún tipo infractor (con independencia de que recaiga o no sanción) tampoco cabrá multa coercitiva. Y en nuestro caso, podremos ver que supuestos como el que es objeto del presente recurso, no constituyen infracción administrativa.

En la dirección que acabamos de apuntar, será indispensable que traigamos a colación el art. 123.1 LDH:

'123.1. Són infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari:

h) Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'art. 42.'

Como es de ver, para que la infracción se consume, será preciso que previamente la Administración actuante haya establecido medidas de incentivación o de fomento (de incentivación o de fomento de la voluntaria puesta a disposición de terceros de viviendas desocupadas) y que tales medidas hayan fracasado, o hayan sido rechazadas por la propiedad, si se prefiere. Secuencia de hechos que en el supuesto de autos no consta que se haya verificado o producido, razón por la cual no tendremos más remedio que corroborar que no nos hallamos ante un hecho (la persistente desocupación de la vivienda concernida) susceptible de ser calificado como 'infracción administrativa'. Y si las cosas son así, menester será descartar la existencia de un escenario propicio para el dictado de órdenes de obligado cumplimiento bajo amenaza de multa coercitiva.

QUINTO: No se nos escapa el noble propósito que habría animado la actuación del ILMO. AYUNTAMIENTO DE TERRASSA; pero no resulta posible aceptar que sobre los particulares (hoy sobre un Banco; pero mañana sobre cualquiera) puedan imponerse obligaciones o cargas de cierta relevancia en méritos de clausulas ambiguas o difusas, sin una autorización legal precisa e indubitada. Con mayor razón si, tratándose de Entidades locales, caemos en la cuenta de que la atmósfera de la que se nutre la autonomía local, ha sufrido una mutación importante a raíz de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; hasta el punto de pasarse de una concepción abierta de la noción de 'servicio público local' (son servicios públicos locales cuantos tienden a la consecución de los 'fines' señalados como de la competencia de las entidades locales, según la antigua versión del art. 85.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local -LBRL-), a una concepción limitada, menos generosa y estrictamente apegada a las competencias asignadas legalmente y con la debida precisión; sin demasiadas posibilidades, pues, de apelar directamente a 'fines' para basar en éstos un elenco competencial carente de límites asequibles (véase, a modo de ejemplo, el redactado vigente de los art. 25.1, 85.3 y 85.5 LBRL).

Razones, las anteriores, que harán que cobre mayor importancia la previsión contenida, tanto en el art. 99 de la ya derogada Ley básica 30/1992, de 26 de noviembre, como en el art. 103 de la vigente Ley básica 39/2015, de 1 de octubre. Previsión conforme a la cual las multas coercitivas solo podrán ser impuestas'cuando así lo autoricen las leyes'.

Por todo ello, la presente apelación no podrá prosperar, al hallarse huérfanas del sustento legal primordial las actuaciones administrativas impugnadas; incluidas las de orden fiscal, no en vano subordinadas a unas facultades administrativas ejercitadas sin amparo legal adecuado.'

Es tractà de consideracions a les quals s'hi podria afegir una altra dada o indici rellevant; a saber: l'atribució legal a l'Agència Catalana de l'Habitatge -i no pas als ajuntaments- de la competència per tal de gestionar el registre d'habitatges buits o permanentment desocupats (disposició addicional 24ade la LDH).

VUITÈ:Atès allò que disposa l' art. 139.2 LJCA, no s'imposaran costes. Tampoc s'imposaran les de la primera instància, atesa la complexitat jurídica de la controvèrsia en el moment de dictar-se la Sentènciaa quo.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

ESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 123/2017, promogut per SOCIEDAD DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA (SAREB), amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA i, conseqüentment, REVOCAR i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 23, de 14 de febrer de 2017, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 331/2015. I en substitució de la dita Sentència ESTIMAR el susdit recurs contenciós administratiu i, per tant, anul lar els actes administratius impugnats, amb totes les conseqüències de rigor.

Sense costes; ni en primera ni en segona instància.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2) LJCA i només podrà fonamentar-se en la vulneració del dret estatal o europeu. En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

No hi cabrà, en canvi, recurs de cassació davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fonamentat en l'eventual vulneració del dret autonòmic, en equiparar-se, en aquest cas, les Sentències dictades per la Sala del Tribunal Superior, a les dictades per la Sala 3ª del Tribunal Suprem en el seu propi àmbit ( Resolucions interlocutòries de 10 de maig de 2017, entre d'altres, dictades per la Secció de Cassació de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els recursos de cassació autonòmica núm. 3/2017 i 8/2017).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.