Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 992/2018, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 133/2017 de 20 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

SECCIÓ 3ª

Recurs d'apel lació núm. 133/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona

Procediment ordinari núm. 106/2015

Apel lants: SR. Celso i SRA. Gregoria

Representant dels apel lants: SRA. JOSEFA MANZANARES COROMINAS, Procuradora

Apel lat: IL LM. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Representant de l'apel lat: SR. IVO RANERA CAHÍS, Procurador

S E N T È N C I A núm. 992

Magistrats/ades:

IL LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, veinte de novembre de 2018

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3ª), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l' art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel lació núm. 133/2017, promogut pel SR. Celso i per la SRA. Gregoria -representats per la Procuradora SRA. JOSEFA MANZANARES COROMINAS i assistits pel Lletrat SR. MAXIMIANO CORDERO FERRERO-, essent l'apel lat L'IL LM. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ -representat pel Procurador SR. IVO RANERA CAHÍS i assistit pel Lletrat SR. MIQUEL ÀNGEL PIGEM I DE LAS HERAS-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il lm. Sr. HÉCTOR GARCÍA MORAGO, el qual expressa el parer de la Sala.

Antecedentes

PRIMER:En el sí del procediment ordinari núm. 106/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Sentència núm. 311, de 29 de novembre de 2016, amb el veredicte que segueix:

'DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador JOSEFA MANZANARES COROMINAS, en nombre y representación de Celso E Gregoria , contra la Resolución de 21 de enero de 2015 que desestima recurso de reposición contra el Decreto de 5 de noviembre de 2014 del AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, que ratificaba el Decreto de restitución de 18 de junio de 2012 y se requería nuevamente al recurrente Celso, en calidad de propietario y promotor, para que en un plazo máximo de un mes procedieran a la ejecución de las medidas de restauración de la realidad física o jurídica alterada, y contra el Decreto de 2 de marzo de 2015 por la que se impone una multa coercitiva a Celso por importe de 2500 euros, actos que declaro ajustados a Derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 400 euros.'

SEGON:Disconforme amb la decisió que hem transcrit, els actors van deduir apel lació en temps i forma, a la qual s'hi va oposar l'Ajuntament demandat.

TERCER:Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 7 de novembre de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART:En la tramitació d'aquest recurs d'apel lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

Fundamentos

PRIMER:Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 106/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona dictà la Sentència núm. 311, de 29 de novembre de 2016, amb el veredicte que segueix:

'DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador JOSEFA MANZANARES COROMINAS, en nombre y representación de Celso E Gregoria , contra la Resolución de 21 de enero de 2015 que desestima recurso de reposición contra el Decreto de 5 de noviembre de 2014 del AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, que ratificaba el Decreto de restitución de 18 de junio de 2012 y se requería nuevamente al recurrente Celso, en calidad de propietario y promotor, para que en un plazo máximo de un mes procedieran a la ejecución de las medidas de restauración de la realidad física o jurídica alterada, y contra el Decreto de 2 de marzo de 2015 por la que se impone una multa coercitiva a Celso por importe de 2500 euros, actos que declaro ajustados a Derecho. Se imponen las costas a la parte recurrente con un límite de 400 euros.'

Aquest veredicte va venir precedit dels fonaments jurídics següents:

'PRIMERO.- El presente recurso tiene como objeto impugnar la Resolución de 21 de enero de 2015 que desestima recurso de reposición contra el Decreto de 5 de noviembre de 2014 del AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU, que ratificaba el Decreto de restitución de 18 de junio de 2012 y se requería nuevamente al recurrente Celso, en calidad de propietario y promotor, para que en un plazo máximo de un mes procedieran a la ejecución de las medidas de restauración de la realidad física o jurídica alterada, consistente en el derribo de las obras de construcción de una ampliación de una planta NUM000 destinada a vivienda de unos 70 m² en el polígono NUM001- NUM002, Can Xicarró de la localidad ( CALLE000), y contra el Decreto de 2 de marzo de 2015 por la que se impone una multa coercitiva a Celso por importe de 2500 euros, continuando vigente la obligación de ejecutar las anteriores actuaciones, con advertencia de imposición de nuevas multas coercitivas. Por la representación procesal de los recurrentes Celso E Gregoria se alegan en el escrito de demanda como motivos del recurso la nulidad del expediente de restauración y sancionador por ser competencia del Pleno; causar indefensión al copropietario al deber de dirigirse también contra Gregoria, pues ambos son los propietarios de la vivienda, no habiendo sido oída durante la tramitación; en tercer lugar, la caducidad del expediente; en cuarto lugar se trata de obras legalizables al tratarse en suelo no protegido, tratarse de usos permitidos, considerarse la infracción como leve al tratarse de una mera construcción auxiliar y, finalmente, la existencia de prescripción por lo que interesa, con la estimación del presente recurso contencioso-administrativo, se declare la existencia de causa de nulidad y subsidiaria de caducidad, y de forma igualmente subsidiaria la inexistencia de infracción urbanística muy grave dejando sin efecto la orden de restauración de la planta primera de la vivienda, las sanciones y multas coercitivas impuestas con imposición de costas a la Administración. La representación procesal del AYUNTAMIENTO DE VILANOVA I LA GELTRU se ha opuesto a la demanda.

SEGUNDO.- Las pretensiones en síntesis son, por un lado, la orden de derribo de una construcción de unos 70 m² elevada anexa y, por otro, la imposición de una primera multa coercitiva ante el incumplimiento de aquella. En marzo del año 2012 los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento constataron la nueva edificación de una completa planta de 70 m² sobre una edificación que ya existía propiedad de los recurrentes en la CALLE000 de la localidad. De forma inequívoca está acreditado que se encuentra ubicada en suelo no urbanizable (clave 16.b, suelo no urbanizable incompatible para su transformación), considerando el Ayuntamiento que no son legalizables. Y, efectivamente, tanto del expediente administrativo como de los documentos aportados con el escrito de contestación a la demanda, se constata que la finca está situada en suelo clasificado con instalaciones y construcciones ilegales que no puede adquirir la condición de suelo urbano (como tampoco las parcelas existentes), aunque tuviera la posibilidad de dotarse de servicios e infraestructura mínimas, en su caso, por medio de Planes Especiales y Proyectos de Urbanización conforme al PGOU (artículo 221 de las Normas, con las limitaciones previstas en el 227), lo que no ha sucedido hasta el momento, manteniéndose la condición de suelo no urbanizable de especial protección. En conclusión, la obra de ampliación en altura es claramente no legalizable y fue advertida con motivo de la inspección de los técnicos municipales en marzo de 2012, lo que motivó la apertura del expediente de disciplina urbanística. Las obras inequívocamente consisten en la ampliación de una edificación construyendo una completa planta primera, sin que ninguna prueba exista de su preexistencia, y menos que se trate de una reparación del tejado, siendo totalmente rechazable la alegación de la parte demandante en el sentido de 'está más cerca del suelo urbano'.

TERCERO.- Las obras, que no son negadas por los recurrentes, fueron paralizadas por Decreto de la Alcaldesa el 23 de abril de 2012 y se incoó expediente de protección de la legalidad urbanística. Comparecido por medio de representante el 18 de junio de 2012 se dictó Decreto requiriendo para que procediera a la ejecución de las medidas de restauración de la realidad física con imposición de multas coercitivas, a lo que se alegó que ya construcción era antigua y únicamente habían colocado un techo de tejas. Ello dio lugar a que se impusiera una primera multa coercitiva de 300 euros y otra de 1001 euros, que no pudieron ser notificadas en el domicilio. Comparecida la copropietaria Gregoria se efectuaron alegaciones con solicitud de suspensión del plazo para ejecutar el derribo durante tres meses, lo que así fue acordado por el Ayuntamiento y, finalmente, al no realizarse se requirió nuevamente la restitución de la realidad física y jurídica ante lo que el copropietario Celso presentó alegaciones que fueron tramitadas como recurso de reposición, cuya resolución constituye el acto administrativo impugnado en primer lugar. Ante ello, pese a que no ha sido alegado por la representación procesal de la Corporación local demandada, se ha de tener en cuenta que fue el Decreto de 18 de junio de 2012 el que ya ordenó la restauración de la legalidad urbanística alterada por medio de la construcción de la nueva planta en la vivienda de los recurrentes, imponiendo la obligación de derribo y la advertencia de imposición de multas coercitivas, de manera que los actos administrativos posteriores, entre los que se encuentran los impugnados, han seguido línea de continuidad de la ejecución de aquel Decreto, que es un acto firme y consentido por los recurrentes que abocaría a una la sentencia de inadmisión, salvo por lo que se refiere a la imposición de la multa coercitiva también impugnada si hubiera existido alegación por parte de la representación procesal del Ayuntamiento. No obstante, ya adelantamos que examinados los motivos de fondo del recurso la sentencia ha de ser igualmente desestimatoria.

CUARTO.-

I

Comenzando por la alegada indefensión respecto de la demandante Gregoria, hemos de tener en cuenta que las actuaciones se han dirigido también a la recurrente Gregoria en su condición de copropietaria por ser la destinataria de los actos administrativos impugnados, por más que en el Decreto que resuelve recurso de reposición se refiera a su esposo copropietario. Pero hemos de observar que ella presentó alegaciones el 20 de septiembre de 2013 a nombre de su esposo, sin que pueda afirmarse a la vista de su contenido que no conociera el alcance del expediente, y el 27 de ese mismo mes solicitó un aplazamiento de tres meses para proceder al derribo, lo que motivó el Decreto de 16 de octubre de 2013 en el sentido de requerir para que presentara el correspondiente proyecto técnico. El eventual defecto de forma no ha causado indefensión ya que efectuó dos solicitudes al Ayuntamiento en las que acredita un conocimiento incluso detallado de los actos administrativos impugnados como de su motivación, pudiendo haber comparecido en cualquier momento, así como haber sido destinataria de las resoluciones correspondientes, incluso en las que omitía referirse la representación tácita del demandante Celso, quien hace uso de lo establecido en el artículo 265 del Reglamento de la Ley de Urbanismo precisamente con motivo de la presentación del escrito de 5 de noviembre de 2014, momento en el que en las resoluciones se incluyen a los dos copropietarios. El motivo ha de ser rechazado.

II

Por lo que se refiere a los motivos consignados en la demanda de nulidad por dictarse por órgano manifiestamente incompetente, así como la caducidad del expediente, hemos de señalar que la nulidad a que se refiere el artículo 62.1.b) de la Ley 30/92, ahora derogada pero aplicable por razones temporales y en igual sentido en la nueva LPACAP en vigor desde el 2 de octubre pasado, en la falta de competencia del órgano que dicta el acto administrativo ha de manifestarse de forma evidente por colusión con alguna norma del ordenamiento jurídico. En materia de urbanismo el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, no atribuye expresamente competencia para dictar órdenes de derribo y la imposición de multas coercitivas, por lo que ha de estarse al régimen general previsto en el artículo 21.1.j) y s) del TRBRL. La representación procesal de los recurrentes invoca el artículo 222 que establece: 'ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES. 1. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística sea ejercida por la administración municipal, los órganos competentes para resolver en los procedimientos sancionadores son los siguientes: a) El alcalde o alcaldesa, en el caso de infracciones leves y graves. b) El pleno del ayuntamiento, en el caso de infracciones muy graves'. Pero ha de tenerse en cuenta que el Ayuntamiento no ha incoado conjuntamente un procedimiento sancionador, por las razones que fuera, de manera que ha de aplicarse el apartado 3 que dispone: '... Si las medidas de restauración se adoptan en procedimientos distintos de los procedimientos sancionadores, los órganos competentes para ordenarlas son el alcalde o alcaldesa, si la administración municipal ejerce la potestad de protección de la legalidad urbanística,...'. El motivo ha de desestimarse.

III

Por lo que se refiere a la caducidad del expediente, el mismo no ha caducado al no haber transcurrido el plazo máximo de seis meses para dictar resolución conforme al artículo 202 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, en relación con los artículos 44.2 y 49 de la Ley 30/1992. La incoación del expediente urbanístico se produjo con la notificación a los propietarios el 26 de junio de 2012 y el 18 de junio de 2012 ya se requirió la restauración de la legalidad urbanística. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente respecto de que se sucedieron actos administrativos que reiteran este último Decreto, no ha transcurrido el plazo de seis meses, a lo que se ha de sumar que hubo una solicitud de la demandante, como ya hemos indicado, de suspensión para proceder en tres meses al derribo, lo que no fue ejecutado ni tampoco la presentación de un proyecto técnico para realizar el mismo. Utilizando la gráfica expresión del TS, cuando se ha producido la interrupción de la prescripción el 'contador se pone a cero', comenzando de nuevo a computarse el plazo, en lugar de sumarse los periodos anteriores, salvo que la interrupción no sea por causas imputables al interesado, que no es el caso. De manera que notificado el 13 de diciembre de 2014 el Decreto de 5 de noviembre de 2014, tampoco se ha producido cuando el recurso interpuesto por Celso se realiza el 9 de enero de 2015. El motivo ha de ser desestimado.

IV

Por lo que se refiere a la prescripción y a la petición subsidiaria de los recurrentes contenida en el suplico de la demanda referida a que la infracción no podría calificarse como muy grave, hemos de tener en cuenta que se trata de un expediente de protección de la legalidad urbanística, que no ha finalizado con imposición de sanción, y por ello determinó la imposición de una multa coercitiva para compeler la ejecución de lo acordado, esto es, el derribo, que no se ha efectuado pese a los requerimientos del Ayuntamiento, incluso, como hemos dicho, previa una petición de prórroga que efectuó la recurrente Gregoria. No nos extenderemos sobre la naturaleza jurídica de las multas coercitivas por conocida. El Ayuntamiento no ha incoado expediente sancionador, sino de restauración de la legalidad urbanística física y jurídica por la obra realizada de ampliación de una vivienda en una planta superior, lógicamente, por la comisión de una infracción urbanística que indudablemente tiene la naturaleza de muy grave conforme al Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, al tiempo que hemos de recordar que se trata de una infracción incluida en un sector de espacios públicos libres o sistema viario, clasificado como suelo no urbanizable, y no prescriben las eventuales sanciones que pudieran corresponder por lo que no, apreciándose estos motivos, ha de desestimarse el presente recurso contencioso-administrativo.

QUINTO.- El artículo 139 de la LJCA, en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011, de medidas de agilización procesal, establece que: '1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad'. En el presente caso han de imponerse las costas, si bien consideramos adecuado reducirlas a Celso E Gregoria a un límite máximo de 400 euros, atendida la naturaleza y cuantía de este recurso contencioso-administrativo, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3 del precepto citado ('la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra màxima.'

SEGON:Els apel lants han insistit amb el seu argumentari d'instància i han sol licitat d'aquest Tribunal la revocació de la Sentència dictada pel Jutjata quoi , alhora, l'estimació de la demanda. Per contra, la defensa lletrada de l'Ajuntament ha sol licitat la desestimació de l'apel lació.

I aquest Tribunal, després de contratar els al legats de les parts, ha decidit confirmar la Sentència d'instància pels seus propis (i atinats) fonaments, sens perjudici d'afegir les consideracions que segueixen:

1: Les regles i les categories pròpies i privatives del dret urbanístic 'sancionador' resulten inaplicables al present supòsit; perquè els actes administratius controvertits no són actes 'sancionadors', sinó decisions adoptades amb la finalitat estricta d'assolir i de forçar en darrer terme el restabliment material de la realitat física alterada de forma il lícita pels apel lants.

2: Els actes administratius impugnats constitueixen peces d'execució d'un acte -el Decret municipal de 18 de juny de 2012/ordre de demolició o restitució-, que ja havia esdevingut 'ferm i consentit'. Caràcter, aquest (el de 'ferm i consentit') que el Jutjata quopodia apreciar en haver estat portat a col lació per les parts, des d'òptiques diverses, el susdit Decret. Dit, això, sens perjudici que el caràcter inatacable de l'ordre de demolició es pogués desprendre, per afegitó, de les al legacions fetes per la defensa lletrada de l'Ajuntament a les pàgines 11 i 12 de l'escrit de contestació a la demanda, en assenyalar que els dos únics actes a fiscalitzar en el plet eren els Decrets de 21 de gener i 2 de març de 2015. El primer, confirmatori en reposició del Decret de 5 de novembre de 2014 (el qual, al seu torn, havia reiterat l'ordre de demolició del Decret de 18 de juny de 2012). I el segon, d'imposició d'una multa coercitiva.

3: La 'competència de l'òrgan'; però també la 'prescripció' de l'acció administrativa de restabliment i la 'caducitat' dels expedients de 'gravamen' incoats d'ofici constitueixen al legats de fons o, si es prefereix, de caràcter substantiu i en cap cas poden ser invocats per tal d'intentar invalidar actes que prèviament han estat consentits en no haver estat impugnats en temps i forma.

Particularment la 'caducitat' i la 'prescripció', no són vicis la invocació dels quals permeti prescindir o fer abstracció de les vies de reclamació adequades o del caràcter eventualment 'extemporani' de les accions que pretenen fonamentar-se en aquestes patologies (veure la STS 3ª4ª, d'1 de desembre de 2005, cassació 82/2004, així com la STS 3ª2ª, de 25 de setembre de 2001, cassació 6789/2000).

El fet que l'ordre de demolició decretada el 18 de juny de 2012 s'hagués vist reiterada pel Decret de 5 de novembre de 2014, en cap cas podia fer renéixer les accions que els apel lants no havien exercitat temporàniament contra la susdita ordre de juny de 2012; no debades, l' art. 28 LJCA és clar en determinar que 'No es admisible el recurso contencioso- administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma'.

4: A partir de la fermesa i inatacabilitat del Decret de 18 de juny de 2012, només resultava possible invocar la 'prescripció' de l'acció 'executiva'. La de 'l'acció executiva' (no pas la de l'acció prèvia de restabliment) pel transcurs del termini de sis anys previst per l'art. 207.2 del text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU).

Sis anys comptadors des del termini atorgat 'en voluntària' per l'ordre de demolició ja ferma. Dit, tot això, sens perjudici d'assenyalar el caràcter imprescriptible, tant de l'acció de restabliment, com de l'acció executiva, quan les obres il legalitzables han estat executades, com sembla ser el cas (veure el fonament jurídic quart in finede la Sentència apel lada) en sòl afecte a espais públics lliures i a sistema viari (art. 207.3 TRLU). La qual cosa fa que en aquest supòsit resulti indiferent o irrellevant el tipus de sòl no urbanitzable concernit per aquestalitis.

Tanmateix, no estarà de més afegir que, com és obvi, tampoc el termini de sis anys de 'l'acció executiva' s'hauria vist ultrapassat en el supòsit que ara ens ocupa.

TERCER:Atès allò que disposen els punts 2 i 4 de l'art. 139.2 LJCA, la íntegra desestimació de l'apel lació haurà de venir acompanyada de la imposició d'un màxim de 1.000 euros de costes als apel lants. D'un màxim de 1.000 euros per tots els conceptes, sens perjudici de l'IVA que sigui procedent afegir-hi.

Fallo

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya HA DECIDIT:

DESESTIMARel present recurs d'apel lació núm. 133/2017, promogut pel SR. Celso i per la SRA. Gregoria amb l'oposició de L'IL LM. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ i, conseqüentment, CONFIRMAR en tots els seus extrems la Sentència núm. 311, de 29 de novembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona en el sí del procediment ordinari núm. 106/2015.

Amb la imposició de les costes d'aquesta alçada als apel lants, en els termes del fonament jurídic tercer, el qual es dóna per reproduït.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa només podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, el qual haurà de fonamentar-se el el dret estal o l'europeu.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l' art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2). En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.-El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.