Sentencia Contencioso-Administrativo 68/2026 Tribunal de Instancia. Sección de lo Contencioso-Administrativo plaza nº 5 de Zaragoza, Rec. 304/2025 de 04 de mayo del 2026

PRIMERO.-Son objeto de recurso las resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores nº NUM000; NUM001 y NUM002.

El recurrente ha sido sancionado por comisión de la infracción tipificada por el artículo 13.2 C) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en base a los siguientes hechos:

"Omitir la inscripción del animal en el registro. El denunciado posee un ejemplar de pitón de un metro y medio aproximadamente careciendo de la inscripción en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, siendo denunciado el hecho por la patrulla Pacprona de la Guardia Civil en acera Z-30 (junto a la Facultad de Veterinaria) el día 06/09/2023 a las 20.05 horas

Ha sido sancionado por la comisión de la infracción tipificada por el artículo 13.2 E) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en base a los siguientes hechos:

"Transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley. El denunciado iba paseando con un ejemplar de pitón de un 1'5 m. aproximadamente alrededor del cuello, siendo denunciado el hecho por la patrulla Pacprona de la Guardia Civil en acera Z-30 (junto a la Facultad de Veterinaria) el día 06/09/2023 a las 20:05 horas.

También ha sido sancionado por la comisión de la infracción tipificada por el artículo 13.1 B) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en base a los siguientes hechos:

"El denunciado iba paseando con un ejemplar de pitón de un metro y medio aproximadamente alrededor del cuello, careciendo de la licencia necesaria para la tenencia de este tipo de animales, siendo denunciado el hecho por la patrulla Pacprona de la Guardia Civil en acera Z-30 junto a la Facultad de Veterinaria) el día 06/09/2023 a las 20:05 horas.

SEGUNDO.-En la Exposición de Motivos de la ley aplicada, que no es otra que la ley 50/1999 se indica: la presente Ley aborda la tenencia de animales potencialmente peligrosos, materia objeto de normas municipales fundamentalmente, cuya regulación a nivel estatal se considera conveniente debido a que la proliferación de la posesión de animales salvajes en cautividad, en domicilios o recintos privados, constituye un potencial peligro para la seguridad de personas, bienes y otros animales.

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Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de animales potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de personas y bienes y de otros animales.

2. La presente Ley no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, Policía Local y empresas de seguridad con autorización oficial.

3. La presente Ley se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de especies protegidas.

Artículo 2. Definición.

1. Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

Las alegaciones relativas a la no aplicación de la ley referida o a la falta de competencia del Ayuntamiento para aplicar la misma, decaen, sin necesidad de mayor argumentación, ya que la ley 5/99 estaba vigente a la fecha de los hechos, no siendo además estos objeto de discusión.

Ni siquiera explica la parte en qué basa la falta de competencia.

La no consideración de una pitón como animal potencialmente peligroso tampoco puede ser acogida; de hecho la parte lo único que acredita es que la Resolución de Secretaría de Estado de Derechos Sociales de fecha 15 de enero de 2025 que la pitón bola de menos de 2 kg, no sería considerado peligroso según el punto 2 de la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2023, de 28 de marzo.

Pero en este caso, desconocemos el peso del ejemplar de pitón con el que paseaba el recurrente rodeando su cuello, extremo este en cuanto al peso que podía haber acreditado el mismo; de manera que contando con el dato únicamente de tratarse de un ejemplar de pitón de un 1'5 m aproximadamente, el mismo encaja en el supuesto de animal perteneciente a la fauna salvaje, que siendo utilizado como animal doméstico, o de compañía, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.

Así, la norma fija una caracterización general, para luego remitirse a la concreción reglamentaria y fijando los criterios para la consideración de especies caninas que, por su tipología, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales o daños a las cosas; de manera que encontrándonos en el ámbito del apartado 1 de la ley 50/99, no es necesaria la previa declaración de especie potencialmente peligrosa de la pitón para considerarla incluida en el apartado 1 del art 2. No se aplica en ningún momento la ley 7/2023, de 28 de marzo.

Lo expuesto determina la desestimación del recurso; no se discuten los hechos denunciados y cada uno de ellos encaja en los preceptos aplicados.

La motivación existe desde el momento en que las resoluciones indican los hechos denunciados y el precepto de aplicación; tampoco se observan defectos procedimentales que den lugar a indefensión, desde el momento en que no se indica ni siquiera qué trámite se ha obviado y habiendo presentado el recurrente alegaciones en el curso de los expedientes. Tampoco acredita el recurrente que a la fecha de incoación de los expedientes concurriera la prescripción, teniendo en cuenta además que nos encontramos ante infracciones muy graves.

TERCERO.-No procede imponer las costas ( art 139 LJCA)

Fallo