Sentencia Contencioso-Administrativo 3198/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 569/2022 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO. Objeto del presente recurso

El objeto de este recurso es la resolución de 14 de junio de 2022, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo órgano de 25 de abril de 2022 que desestima la solicitud de modificación de la Resolución de concesión de Subvenciones Públicas. Ampliado a la resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se resuelve exigir el reintegro de la subvención concedida.

De la resolución de 14 de junio de 2022podemos destacar los siguientes hechos y fundamentos:

-Se trata de una subvención de la Orden de 13 de diciembre de 2019, convocada mediante Resolución de 9 de septiembre de 2020, Orden que aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo.

-Se presentó la solicitud por la entidad recurrente para un programa formativo denominado "Actividades de gestión administrativa", con un anexo 1 bis donde constaba el compromiso de contratación a cumplir por la entidad beneficiaria siendo de: 4 personas a contratar por la empresa ASESORÍA DOMINGUEZ HOZ; 2 personas a contratar por la empresa Q-FENIX; 2 personas a contratar por la propia beneficiaria HIPERACTIVITY.

-Publicada la resolución de concesión de 29 de diciembre de 2020, el compromiso de contratación asumido por HIPERACTIVITY es del 53,33% y el 30 de diciembre acepta la subvención.

-Tras diversos cambios realizados, con fecha 10 de marzo de 2022 se dicta resolución por la que se modifica la resolución de concesión en el sentido de añadirse las empresas CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA, RAMÍREZ LEIRA y COSSIT PROYECTOS S.L., se modifica de 2 a 1 persona las que serán contratadas por Q-FENIX para asumir el compromiso de contratación, manteniéndose el resto de la resolución de concesión.

-En fecha 25 de abril de 2022 se dicta resolución en la que se desestima la inclusión de la empresa DIRECCION000 (en sustitución de CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA) como empresa que asume el compromiso de contratación porque no se hallan circunstancias que justifiquen una nueva modificación de la resolución de concesión y se recuerda que el compromiso de contratación asumido por la entidad beneficiaria es del 53,33% del alumnado finalizado APTO.

-Presentado recurso de reposición, se dicta la presente resolución en la que, de la comprobación de la información aportada, no existen circunstancias para cambiar el sentido de la misma, pues según constaba en el antecedente noveno de la resolución recurrida, con fecha 21 de marzo se remite requerimiento de documentación de la empresa DIRECCION000 ya que la empresa se encuentra ubicada en Granada mientras que la entidad beneficiaria es la de Torremolinos (se recuerda que según las bases reguladoras modificadas por DL 13/2020, de 18 de mayo, en su DF8ª establece que, el centro de trabajo en el que se de cumplimiento al compromiso de contratación debe estar situado en la misma provincia donde se haya impartido la formación, o en su caso, en provincias limítrofes a esta, siempre que el centro de trabajo esté a una distancia máxima de 60 km del lugar de impartición de la misma. Como consecuencia de los efectos de la pandemia, en la convocatoria 2020/2021 la distancia máxima entre provincias limítrofes queda fijada en 100 km. Excepcionalmente, si estuviera a una distancia superior pero ubicados en el territorio de la CCAA, se tendrá por válido el compromiso atendiendo a las circunstancias que la empresa o entidad solicitante acrediten debidamente ante el órgano gestor. La información relativa a los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente apartado, será recogida en una declaración responsable de la representación legal de la empresa o entidad de formación, que se aportará junto con la solicitud de subvención, sin perjuicio de que pueda requerirse la oportuna acreditación documental durante el transcurso del procedimiento).

-En la resolución de 25 de abril de 2022, a estos efectos, se hace constar que, la nueva empresa aportada se encuentra ubicada a más de 100 km del centro de formación donde se ha impartido el programa formativo, incumpliéndose así el apartado 4a) 2ºpunto4 del Cuadro resumen de las bases reguladoras tras la modificación por DL 13/2020, de 18 de mayo, en su DF8ª. Las circunstancias esgrimidas por la entidad no acreditan debidamente el cambio solicitado, no hallando circunstancias que justifiquen una nueva modificación de la resolución de concesión.

En cuanto a la resolución de 4 de noviembre de 2022que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se resuelve exigir el reintegro de la subvención concedida, de la misma se extrae lo siguiente:

-sobre que el compromiso de contratación realmente adquirido por la entidad Hiperactivity era del 40% y no del 53,33%, se cita la resolución de concesión de 29 de diciembre de 2020 donde se determina ese porcentaje del 53,33% del alumnado finalizado APTO; lo manifestado por la recurrente está fuera de contexto ya que se recogía lo indicado por la entidad en sus alegaciones, siendo que se recoge con claridad el Resuelve Único de la citada Resolución de Modificación de 10 de marzo que "se añaden 3 empresas" y que el resto de la Resolución de concesión se mantiene en sus propios términos, es decir, el 53,33%.

-sobre que los participantes que han resultado APTOS son 11 y no 12 como se indica en la resolución recurrida, por lo que el compromiso de contratación final sería de 4 alumnos sobre 11 APTOS (40%). Se contesta de que efectivamente se ha comprobado el número de aptos totales fueron 11 personas, así el compromiso de contratación final en vez de 6,4 como se recogía en el fundamento de derecho octavo sería de 5,86% (6) personas a contratar, por lo que estima esa alegación.

-la resolución de 25 de abril de 2022 por la que se desestima la solicitud de la inclusión de la empresa DIRECCION000 como entidad contratante ha sido recurrida en vía judicial, a lo que se dice que, conforme a la DF8ª, se trataba de una situación excepcional que requería autorización de parte del órgano gestor, autorización que no fue concedida, por lo que la alegación debe ser desestimada.

-Por último, se indica que, teniendo la entidad beneficiaria concedida la obligación de cumplir un compromiso de contratación de 53,33% y existiendo 11 alumnos aptos al finalizar el programa formativo, la entidad beneficiaria debió haber contratado a 5,8 (6) personas. A mayor abundamiento, aunque el contrato con la empresa DIRECCION000 fuera dado por bueno, la entidad beneficiaria seguiría teniendo un incumplimiento respecto al compromiso de contratación, ya que serían tres los contratos válidos, estando el porcentaje de cumplimiento por debajo del 75%. Conforme al apartado 27 b) 2 del cuadro resumen de las bases reguladoras un incumplimiento del compromiso de contratación inferior al 75% supone un reintegro total de la subvención concedida.

SEGUNDO. Alegaciones de la parte demandante.

Expone la parte recurrente que, en relación con la resolución de 14 de junio de 2022, los motivos de impugnación son el error en el compromiso de contratación asumido por la entidad Hiperactivity que es del 40% no del 53,33%, y la indebida exclusión de la empresa DIRECCION000 como entidad contratante. Y respecto de la resolución de 4 de noviembre de 2022, el motivo es que no procede el reintegro de la subvención al haberse cumplido con el 75% del compromiso de contratación asumido.

Sobre el compromiso de contratación, refiere la parte actora que, pese a ser cierto que en el formulario de solicitud de subvención se indica un compromiso de contratación del 53,33% (8 alumnos de un total de 15 participantes), ello se trata de un error material puesto que de la documentación aportada se desprende que el compromiso de contratación es del 40% ya que siempre ofreció la contratación de 6 alumnos sobre el total de 15 participantes. Señala que, en fecha 25 de enero de 2022, presentó una solicitud de modificación de la resolución de concesión, alegando la existencia de causas sobrevenidas que imposibilitan el cumplimiento del compromiso por parte de la empresa ASESORIA DOMINGUEZ HOZ, S.L. y solicitando la sustitución por otra empresa, presentando el acuerdo de colaboración con CONSULTORÍA TECNOLÓGICA APLICADA, S.L. que asumiría el compromiso de contratación de una persona, junto con RAMIREZ LERIA, S.L., con el compromiso de contratación de una persona, COSITT PROJECTS S.L. con el compromiso de contratación de una persona y modificación del el compromiso de contratación de dos personas a una persona por parte de Q-FENIX 25, S.L., lo que fue aceptado por la Administración mediante resolución de fecha 10 de marzo de 2022 de donde se desprende que el compromiso de contratación es del 40%, lo que también resulta de la resolución de 25 de abril de 2022 que así consta en su antecedente de hecho tercero.

En cuanto a la indebida exclusión de la empresa DIRECCION000 como entidad contratante, señala que, en fecha 15 de marzo de 2022 se comunica la renuncia de la alumna Begoña al contrato ofrecido por CONSULTORA TECONOLÓGICA S.L. por lo que se solicitó autorización para sustituir a dicha mercantil por el empresario Ruperto como entidad contratante, siendo que en fecha 21 de marzo de 2022 la Administración emitió un requerimiento para subsanar la solicitud de sustitución, lo que fue contestado en fecha 30 de marzo de 2022 y mediante resolución de fecha 25 de abril de 2022 se acuerda desestimar la solicitud de modificación respecto de lo que cabe señalar que la empresa sustituida también tiene el domicilio en la provincia de Granada y que ambas se encuentran situadas a mas de 100 km del centro de formación, sin que a esta empresa se le requiriera de documentación ni acreditación de circunstancias especiales en relación a la distancia del centro de trabajo, ni a la empresa ahora excluida se le ha requerido la aportación de documentación ni que se formulasen aclaraciones en relación a la distancia del centro de trabajo. Presentado recurso de reposición, se aportó contrato de trabajo de Rogelio en el que tanto el empresario contratante como el trabajador contratado tienen su domicilio en la localidad de Granada circunstancia relevante a la hora de justificar que se acepte el compromiso de contratación asumido por el empresario.

En relación al requerimiento de devolución de la subvención, se indica que no procede el reintegro al haberse cumplido con el 75% del compromiso de contratación asumido, ello por las razones dadas en las alegaciones anteriores, relativas a que el compromiso asumido era del 40%, que han resultado aptos un total de 11 participantes y que el compromiso de contratación final sería de 4 alumnos (4,4). Que además de los dos contratos de trabajo ya considerados válidos, también debe aprobarse la sustitución del empresario Ruperto, habiendo contratado a Rogelio desde el 31 de marzo de 2022 al 28 de enero de 2023, por lo que en virtud del principio de buena fé, confianza legítima, el artículo 68 de la Ley 39/2015, los actos propios y el principio de igualdad debe declararse que las resoluciones impugnadas no son conformes a derecho.

En conclusiones, la actora se reafirma en que el compromiso de contratación asumido por la entidad Hiperactivity era del 40% no del 53,33%, puesto que, a pesar que del anexo II del formulario de solicitud de subvención se desprende que eran 8 trabajadores, se han aportado también los convenios de colaboración con tres empresas de los que se preveía la contratación en total de 6 trabajadores, y siendo requerida en fecha 9 de octubre de 2020 la subsanación de la solicitud, se aportan estos convenios y es en esas condiciones, sobre las que se concede la subvención, de tal forma que sobre un total de 15 alumnos resulta un 40%. De igual forma, el 25 de enero de 2022 Hiperactivity SL solicitó la modificación de la subvención, para sustituir a la empresa ASESORÍA DOMINGUEZ HOZ por la entidad CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA y tras requerimiento de subsanación de 15 de febrero de 2022, se expone que el curso ha finalizado con 12 alumnos aptos y que el compromiso se cumplirá con las empresas Q-FENIX 25 S.L., CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA, RAMÍREZ LEIRA S.L. y COSSIT PROYECTOS S.L., asumiendo cada una la contratación de 1 trabajador, con lo que se previa la contratación de 4 trabajadores, sobre un total de 12 alumnos que en ese momento quedaban en el curso, lo que representa un compromiso de contratación del 40%, siendo que en fecha 10 de marzo de 2022 se dictó resolución de modificación del expediente que refleja que el compromiso de contratación asumido fue del 40%, de lo que se desprende que ese fue el compromiso, siendo el 53,33% un mero error en el formulario de solicitud, sin que se trate de una modificación a posteriori sino solo de rectificar el error respecto de dicho compromiso como se desprende de la documentación obrante.

Sobre la exclusión del contratista Ruperto, el mismo tiene su domicilio en la ciudad de Granada y la empresa sustituida CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA tiene su domicilio en la provincia de Granada. Además, tras el requerimiento de subsanación efectuado, no se solicitó nada en cuanto al domicilio, por lo que en ambas concurre la circunstancias de estar a mas de 100 km del centro de trabajo, siendo relevante que el contratista Ruperto contrató al trabajador Rogelio que también tiene su domicilio en la localidad de Granada, por tanto, se vulneran los principios de buena fe, confianza legítima y buena administración. Por último, se afirma el cumplimiento de al menos el 75% del compromiso de contratación, puesto que se ha acreditado que el compromiso de contratación asumido por la entidad Hiperactivity era del 40%, que finalmente han terminado el curso 11 participantes aptos, por lo que se cumple el compromiso con la contratación de 4 trabajadores, pues es evidente que no se puede contratar a 4,4. La Administración ha considerado válidos los dos contratos de trabajo justificados de Q-FENIX 25 S.L y COSSIT PROYECTOS S.L., y debió admitir al empresario Ruperto quien formalizó contrato de trabajo con Rogelio, siendo que dos de los alumnos de CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA rechazaron los contratos de trabajo y otro alumno rechazó el de RAMÍREZ LEIRA S.L., por lo que consta acreditada la contratación efectiva de al menos tres trabajadores, por lo que debe practicarse una nueva liquidación del expediente, considerando un compromiso de contratación del 40% y dando por válidamente formalizados tres contratos de trabajo

TERCERO. Contestación de la parte demandada.

En síntesis, la parte demandada se opone a la demanda dando por reproducidos los argumentos contenidos en las resoluciones recurridas, a lo que añade que deben tenerse en cuenta la Orden de 5 de octubre de 2015, la Orden de 13 de diciembre de 2019 y la Resolución de 9 de septiembre de 2020 de convocatoria, siendo elemento esencial que nos hallamos ante un procedimiento de concurrencia competitiva y el compromiso de contratación de desempleados. Señala que, el 40% no es el compromiso que se asume en todos los casos, sino que es el mínimo establecido por la normativa para poder tener la condición de subvencionable, siendo el porcentaje que se establece en el proyecto el que se compromete a alcanzar el solicitante de la subvención cuando se le concede. Así, en el anexo II firmado por la recurrente figura que el compromiso de contratación era de 8 personas (lo que se explica en las resoluciones de reintegro y desestimatoria de la reposición) que suponían un porcentaje del 53,33% del total de alumnos previstos. La Administración no puede modificar a posteriori ese porcentaje atendido el tipo de procedimiento seguido y así lo recoge la Orden de 5 de octubre de 2015, lo que también consta en el resuelve 19 de la convocatoria donde en definitiva se puede modificar el centro de trabajo pero no el porcentaje del compromiso de contratación. Así se indica en la resolución desestimatoria del recurso de reposición, siendo 11 el número de alumnos aptos, el 53,33% es 5,87, por tanto, 6 el número de alumnos a contratar, ello a diferencia de lo que señala el recurrente que entiende que son 3 alumnos, lo que denota que no se ha cumplido el requisito de haber contratado al menos el 75% para poder considerar cumplido el objetivo de la subvención y poder aplicar el principio de proporcionalidad que es de 4, con lo que procede el reintegro íntegro de la subvención abonada.

En cuanto a la posibilidad de aceptar como contratista a Ruperto, en la propia solicitud de subvención de la recurrente, en el anexo y sus declaraciones declara que, la distancia máxima entre el centro de trabajo y el lugar en que se haya impartido la formación será de 100 km, y habiendo reconocido que el del contratista está a mas distancia, la alegación debe ser desestimada.

CUARTO. Resolución de la controversia.

Como señala la parte recurrente, las cuestiones que son objeto de litigio en el presente recurso son: de un lado, en relación con la resolución de 14 de junio de 2022, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo órgano de 25 de abril de 2022 que desestima la solicitud de modificación de la Resolución de concesión de Subvenciones Públicas, lo referente a la existencia o no de un error material en el compromiso de contratación asumido por la entidad Hiperactivity, siendo el porcentaje del 40% el que señala la parte actora o el porcentaje del 53,33% que indica la Administración demandada, así como sobre la indebida exclusión o no de la empresa DIRECCION000 como entidad contratante. De otro lado, en cuanto a la resolución de 4 de noviembre de 2022 que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 9 de septiembre de 2022 por la que se resuelve exigir el reintegro de la subvención concedida, sobre la procedencia o no del reintegro de la subvención al haberse cumplido con el 75% del compromiso de contratación asumido.

Con carácter previo, nos vamos a referir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la naturaleza de las subvenciones. A esta jurisprudencia se refiere, entre otras, la STS de 14 de abril de 2021, recurso 28/2020, donde se viene a constatar lo siguiente: (...) la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2014 (RC 5841/2011 ),en relación con el concepto de subvención pública, se exponen las siguientes consideraciones jurídicas, que reiteramos en las ulteriores sentencias de 18 de enero de 2018: (RCA 53/2017 )y de 13 de octubre de 2020 (RC 226/2019 :"[...] En este sentido, resulta pertinente recordar, que la subvención se configura tradicionalmente en nuestro Derecho público como una medida de fomento que utilizan las Administraciones Públicas para promover la actividad de los particulares o de otras Administraciones Públicas hacia fines de interés general que representa o gestiona la Administración concedente, que integra como elementos definidores el carácter patrimonial, en cuanto que constituye una atribución patrimonial, los elementos personales, en referencia a la personalidad jurídica del otorgante de la subvención y del beneficiario de la subvención, y el elemento finalista, de afectación de la subvención al fin para el que se otorga. Según resulta de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, expresada entre otras en las sentencias de 7 de abril de 2003 ( RC 11328/1998), de 4 de mayo de 2004 ( RC 3481/2000 ) y de 17 de octubre de 2005 ( RC 158/2000 ),la naturaleza de dicha medida de fomento administrativo puede caracterizarse por las notas que a continuación se reseñan: "En primer lugar, el establecimiento de la subvención puede inscribirse en el ámbito de las potestades discrecionales de las Administraciones públicas, pero una vez que la subvención ha sido regulada normativamente termina la discrecionalidad y comienza la previsión reglada cuya aplicación escapa al puro voluntarismo de aquéllas.

En segundo término, el otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica.

Por último, la subvención no responde a una "causa donandi", sino a la finalidad de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de un "modus", libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se aprecia, pues, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los términos en que procede su concesión (Cfr SSTS 20 de junio , 12 de julio y 10 de octubre de 1997 , 12 de enero y 5 de octubre de 1998 , 15 de abril de 2002 "ad exemplum").

Nuestra jurisprudencia, según se refiere en la sentencia de 20 de mayo de 2003 (RC 5546/1998 ),ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se prefiere, su naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedencia de la devolución de lo percibido sin que ello comporte, en puridad de principios, la revisión de un acto administrativo declarativo de derechos que haya de seguir el procedimiento establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes de la LRJ y PAC. Y es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de adecuar su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de fomento y que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos condicionamientos o de un modus, libremente aceptado por el beneficiario en la actuación de éste.".

Por otra parte, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 8 bajo el epígrafe "Principios generales", en su apartado 3, establece los principios que rigen el otorgamiento de subvenciones públicas afirmando: "3. La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes principios: a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante. c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.".Y en su artículo 22 de dicha norma regula los procedimientos de concesión de las subvenciones, disponiendo que el procedimiento ordinario será el de concurrencia competitiva mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer la elección de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras, otorgando la subvención a aquellas propuestas que hayan obtenido un mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

De lo expuesto, podemos desprender, por un lado, que resulta determinante para la concesión de subvenciones lo constatado en la solicitud de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, pues con arreglo a ello se hará la valoración de las diversas solicitudes presentadas, otorgando la subvención a aquellas propuestas que hayan obtenido una mayor valoración en aplicación de los criterios fijados en las bases reguladoras, por tanto, no puede calificarse de mero error material la consignación de datos en la solicitud del beneficiario que van a determinar el orden de prelación y la adjudicación por una mayor valoración conforme a los criterios fijados en las bases de la convocatoria. Por otra parte, en el otorgamiento de subvenciones resulta necesario que el beneficiario de la subvención cumpla expresamente con las condiciones exigidas por las bases reguladoras, pues lo contrario iría contra el principio de seguridad jurídica.

Pues bien, si aplicamos estas premisas para resolver el presente recurso, el mismo ha de ser desestimado.

Sobre si el compromiso de contratación era de un porcentaje del 40% o de un 53,33%, la propia parte recurrente reconoce que, en el formulario de solicitud de la subvención se hacía constar ese porcentaje del 53,33% con el compromiso de contratación de 8 trabajadores con un total de 15 alumnos y esos son los números y porcentajes que tiene en cuenta la resolución de concesión de la subvención de fecha 29 de diciembre de 2020, que resulta expresamente aceptada por la parte recurrente en todos sus términos en fecha 30 de diciembre de 2020.

No obstante lo indicado, del expediente administrativo resulta que, con la solicitud de la entidad recurrente para el programa formativo denominado "Actividades de gestión administrativa", se presentó un anexo 1 bis donde constaba el compromiso de contratación a cumplir por la entidad beneficiaria siendo de: 2 personas a contratar por la empresa ASESORÍA DOMINGUEZ HOZ; 2 personas a contratar por la empresa Q-FENIX; 2 personas a contratar por la propia beneficiaria HIPERACTIVITY. Pero esto no puede obviar, los propios datos consignados por la recurrente en su solicitud con los efectos que ya hemos determinado con anterioridad, donde precisamente se le otorga una puntuación total en la resolución de concesión de 31,6667.

Por otra parte, en la Resolución de 10 de marzo de 2022 donde se resuelve modificar la resolución de concesión de 29 de diciembre de 2020, en el sentido de añadirse las empresas CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA, RAMÍREZ LEIRA y COSSIT PROYECTOS S.L., además de modificar de 2 a 1 persona las que serán contratadas por Q-FENIX para asumir el compromiso de contratación, manteniéndose el resto de la resolución de concesión, de la misma se constata que, en ella se reducen de 6 a 4 alumnos los que las citadas empresas adquieren el compromiso de contratación. En esta resolución, en su antecedente tercero figura lo siguiente: "TERCERO.- En la mencionada solicitud, HIPERACTIVITY SL, establecía que asumiría el compromiso de contratación del 40% del alumnado finalizado apto, mediante convenio de colaboración con la empresa Asesoría Domínguez Hoz SL .., lo que parece que tiene relación con la respuesta dada por la entidad beneficiaria en fecha 15 de enero de 2022 al requerimiento de documentación interesado, en donde hace constar ese compromiso de contratación del 40%, de lo que desprende la recurrente que, desde ese momento el compromiso de contratación quedó fijado en el porcentaje del 40%, figurando además en la resolución que resuelve denegar la modificación de subvención de fecha 25 de abril de 2022, la cual recoge en el antecedente tercero el mismo contenido ya transcrito anteriormente de este porcentaje, si bien en su fundamentación jurídica, en concreto, el fundamento sexto, recoge expresamente que el compromiso de contratación adquirido era de 53,33%.

Del igual modo, cabe destacar que, conforme al artículo 1 del Cuadro Resumen de las bases reguladoras "el compromiso de contratación se establecerá sobre un porcentaje del total de personas trabajadoras desempleadas formadas que no podrá ser inferior al 40% de las mismas", esto es, era el mínimo sobre el que se podía asentar el compromiso de contratación. Pese a que la parte recurrente pretende hacer valer, en las circunstancias antes constatadas referidas a las resoluciones que lo indican, el porcentaje del 40% con base en el principio de buena fe y confianza legítima, y aun cuando, de modo teórico, pudiéramos aceptar estas conclusiones, lo cierto es que, si analizamos la cuestión referida a la exclusión de la empresa DIRECCION000 como entidad contratante, hemos de afirmar el sentido desestimatorio del presente recurso antes avanzado.

Como se ha advertido con anterioridad, el objeto de este recurso es la resolución de 14 de junio de 2022, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del mismo órgano de 25 de abril de 2022 que desestima la solicitud de modificación de la Resolución de concesión de Subvenciones Públicas. En esta última resolución, que se reproduce en reposición, se hace constar que, la nueva empresa aportada se encuentra ubicada a más de 100 km del centro de formación donde se ha impartido el programa formativo, incumpliéndose así el apartado 4a) 2ºpunto4 del Cuadro resumen de las bases reguladoras tras la modificación por DL 13/2020, de 18 de mayo, en su DF8ª. Las circunstancias esgrimidas por la entidad no acreditan debidamente el cambio solicitado, no hallando circunstancias que justifiquen una nueva modificación de la resolución de concesión.

Las circunstancias que dan lugar a dicha resolución tienen que ver con el hecho de que, en fecha 15 de marzo de 2022 la recurrente comunica a la Administración la renuncia de la alumna Begoña al contrato ofrecido por CONSULTORA TECONOLÓGICA S.L. por lo que se solicitó autorización para sustituir a dicha mercantil por el empresario Ruperto, teniendo en cuenta que el proyecto finalizaba el 5 de abril de 2022, lo que fue contestado por la Administración en fecha 21 de marzo de 2022 emitiendo un requerimiento para subsanar la solicitud de sustitución, que se había presentado sin documentación anexa, requerimiento en el que expresamente se hace constar que "según las bases reguladoras, modificada en parte por el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus COVID-19, en su disposición final octava establece que: «4. El centro de trabajo en el que se dé cumplimiento al compromiso de contratación debe estar situado en la misma provincia donde se haya impartido la formación o, en su caso, en provincias limítrofes a esta, siempre que el centro de trabajo esté a una distancia máxima de 60 km del lugar de impartición de la misma. Como consecuencia de los efectos derivados de la pandemia provocada por el COVID-19, en la convocatoria 2020/2021, la distancia máxima a que se refiere el apartado anterior, en caso de provincias limítrofes, queda fijada en 100 km. Excepcionalmente, si el compromiso de contratación se cumpliera en centros de trabajo situados a una distancia superior, pero ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma, se tendrá por válido el compromiso atendiendo a las circunstancias que la empresa o entidad solicitante acrediten debidamente ante el órgano gestor. La información relativa a los puntos 1, 2, 3 y 4 del presente apartado, será recogida en una declaración responsable de la representación legal de la empresa o entidad de formación, que se aportará junto con la solicitud de subvención, sin perjuicio de que pueda requerirse la oportuna acreditación documental durante el transcurso del procedimiento.»En dicho requerimiento, con la solicitud de otra documentación, se pide también que "será necesario que se aporte la renuncia por escrito de la alumna que ha rechazado el contrato ofrecido por CONSULTORA TECNOLÓGICA APLICADA SL., junto con una copia del contrato ofrecido donde consten todos los detalles del contrato rechazado".

El anterior requerimiento fue contestado en fecha 30 de marzo de 2022 donde, entre otras cosas, reseña que no ha podido aportar la renuncia solicitada, e incorpora el acuerdo de colaboración suscrito con el empresario Ruperto, en cuyo apartado 1,1 se señala que "Por el presente contrato EL CONTRATANTE se compromete a contratar n° 1 persona, entre el alumnado que finalice apto el programa formativo subvencionado a HIPERACTIVITY S.L.U., cod. ADGD0308 "Actividades de gestión administrativa". Hiperactivity S.L.U. acepta el compromiso contenido y detallado en el presente contrato".Asimismo, el apartado 1,4 refleja "El centro de trabajo donde se dará cumplimiento al compromiso de contratación será en Granada, calle Navas Nº 30, 1ª planta. El CONTRATANTE expresa de mantener el alumnado contratado en las condiciones establecidas en el programa formativo con compromiso de contratación subvencionado",y mediante resolución de fecha 25 de abril de 2022 se acuerda desestimar la solicitud de modificación.

La parte recurrente frente a la resolución anterior argumenta que, se ha infringido el artículo 68 de la Ley 39/2015 por cuanto la Administración no ha hecho ningún requerimiento para justificar las circunstancias especiales que permitan la incorporación de esta empresa, manifestación que no puede ser acogida, por cuanto que ya hemos referido lo significado en el requerimiento de fecha 21 de marzo de 2022 donde expresamente se le indica la necesidad de cumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras, bases que la propia recurrente conoce y que está obligada a cumplir según lo ya señalado, correspondiendo a dicha parte recurrente la manifestación de las circunstancias que debían de tenerse en cuenta excepcionalmente para cumplir el compromiso de contratación en centros de trabajo situados a una distancia superior a la ya ampliada distancia por las condiciones existentes, lo que no tuvo lugar, por lo que resultan conformes con la normativa aplicable lo acordado en las resoluciones impugnadas. No es impedimento para la anterior conclusión, la alegada infracción del principio de igualdad y doctrina de actos propios esgrimida que, básicamente se refiere al hecho de que la empresa a la que sustituye CONSULTORA TECONOLÓGICA APLICADA, S.L., también tenía su domicilio en la provincia de Granada y no se le efectuó ningún requerimiento ni se justificaron las circunstancias excepcionales que concurrían en la misma, sin que puedan considerarse equiparables las circunstancias de ambas entidades, por cuanto la distancia del centro formativo respecto del centro de trabajo, aun teniendo por válidas las distancias indicadas por la recurrente, varían en mas de 40 kms, esto es, 105 Km de la entidad CONSULTORA TECONOLÓGICA APLICADA, S.L. respecto de 149 km de la empresa DIRECCION000. Como vemos, existe una desviación mínima de la empresa inicial contratada que la Administración aplica en términos de proporcionalidad, que no es equiparable a la distancia existente con la empresa sustituta que supone un incumplimiento palmario de la regla establecida en las bases de la convocatoria, máxime cuando no se han alegado esas circunstancias especiales que justifiquen y acrediten la conveniencia de su ampliación. Tampoco produce la consecuencia contraria la manifestación efectuada por la recurrente de que el contrato de trabajo se suscribió con el trabajador Rogelio que también tiene su domicilio en Granada, porque, en todo caso, de considerarse circunstancia excepcional para justificar la ampliación del centro de trabajo, se debería haber manifestado en la contestación al requerimiento efectuado previo a la resolución recurrida, no resultando adecuado la alegación efectuada en vía judicial.

Todo lo anterior, determina que, resulten conformes a derecho, tanto las resoluciones que desestiman la solicitud de modificación de la Resolución de concesión de Subvenciones Públicas, como las que resuelven exigir el reintegro de la subvención concedida, ello conforme al apartado 27 b) 2 del cuadro resumen de las bases reguladoras, por cuanto un incumplimiento del compromiso de contratación inferior al 75% supone un reintegro total de la subvención concedida. Así, en principio, la entidad beneficiaria tenía la obligación de cumplir un compromiso de contratación de 53,33% y existiendo 11 alumnos aptos al finalizar el programa formativo, la entidad beneficiaria debió haber contratado a 5,8 (6) personas. En el caso de considerar un compromiso de contratación de 40 % y existiendo 11 alumnos aptos al finalizar el programa formativo, la entidad beneficiaria debió haber contratado a 4,4 (4) personas. Conforme a lo manifestado, se pueden considerar válidos dos contratos, con lo que no se ha alcanzado el 75% lo que supone el reintegro total de la subvención concedida, debiendo así desestimarse el recurso planteado.

QUINTO. -De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, en el que se establece que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho",no procede hacer imposición de las costas causadas a la parte demandante en cuanto que el caso presentaba serias dudas de hecho, teniendo en cuenta el resultado de la documentación adjuntada al expediente administrativo y de las resoluciones administrativas dictadas en el presente recurso.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo