Sentencia Contencioso-Administrativo 1260/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 101/2025 de 18 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Resolución recurrida y antecedentes.

1.- Se recurre la Sentencia nº 178/2024, de 23 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de León en el procedimiento abreviado nº 213/2023 que desestima el recurso interpuesto por la representación procesal de D. Donato contra los siguientes actos:

a. Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado de Régimen -Interior, Recursos Humanos. Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León el 11 de agosto de 2023 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior Decreto de fecha 23 de mayo de 2023 que aprobó la lista de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la provisión, mediante concurso ordinario de méritos, del puesto de trabajo de "Jefe/a de Sección de Gestión Energética", y declaró la exclusión de D. Donato.

b. Decreto dictado por el Sr. Concejal Delegado de Régimen -Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León el 13 de octubre de 2023 que ha resuelto el procedimiento de provisión del puesto de trabajo mencionado:

i.- De forma expresa, al resolver definitivamente el concurso ordinario de méritos para la provisión del puesto de trabajo de "Jefe/a Sección de Gestión Energética", Escala Administración Especial, Subescala Técnica, correspondiente al Grupo A, Subgrupo A1/A2, con un nivel de complemento de destino 24 y complemento específico 78, asignando definitivamente el puesto de trabajo a Don Joaquín.

ii.- De forma implícita declara las exclusiones con carácter definitivo de los aspirantes que no reúnen los requisitos y condiciones generales de participación, confirmando al previamente mencionado.

2.- Mediante Decreto del Concejal de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio de fecha 21 de abril de 2022 fueron aprobadas la convocatoria y las bases reguladoras del procedimiento para la provisión, mediante concurso ordinario de méritos, del puesto de trabajo de Jefe/a de Sección de Gestión Energética, perteneciente al Grupo A , Subgrupo A2 , del Ayuntamiento de León.

D. Donato, funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, participó en dicho proceso y fue excluido por Decreto de 23 de mayo de 2023, en aplicación de la Base segunda 2.3, al no llevar dos años en el último destino definitivo obtenido en dicha Administración.

Frente a la exclusión, D. Donato interpuso recurso de reposición que fue desestimado por Decreto de 11 de agosto de 2023.

Finalmente, tras la terminación del proceso selectivo, por Decreto de 13 de octubre de 2023 se adjudicó el puesto a Don Joaquín.

3.- La sentencia recurrida estima el recurso en los términos que hemos transcrito y que se recogen en su parte dispositiva.

Para ello, tras la transcripción de las Bases del concurso y de las Bases Generales dice: "Teniendo en cuenta lo anterior, la única interpretación plausible, a juicio de este juzgador, es la efectuada por el Letrado del Ayuntamiento de León, por extensión compartida por el Letrado de la parte codemandada, en el sentido de que aplicando las Bases de la convocatoria es como se respetan los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos en el CE, art. 23, y en el TREBEP , art. 55, para acceder a un puesto de empleado público, por lo que, en aplicación del principio de igualdad, lo lógico y necesario es que el criterio de permanencia en el destino definitivo durante dos años se aplique por igual a todos los aspirantes, provengan del Ayuntamiento de León, o de otra administración, como es el caso del recurrente que proviene de la Junta de Castilla y León, y en este caso no se cumple el plazo de los dos años en el destino definitivo por parte del recurrente, que ocupa en destino definitivo el puesto NUM000 Técnico facultativo desde el 22-01-2022, con lo que al tiempo de la convocatoria no habían transcurrido los mencionados dos años. No es justo, como indican los demandados, que a unos se aplique un criterio y a otros un criterio distinto".

Y continua con la cita y transcripción del artículo 78 del del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, del artículo 39 del del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y particularmente del artículo 41 de esta misma norma.

Y concluye: "Teniendo en cuenta lo indicado, es un criterio objetivo, que se indica en las propias bases y acorde con la normativa estatal y autonómica aplicable, a la cual me remito, el que cualquier concursante voluntario, sea de la misma Administración o de otra, ha de cumplir con el requisito de los dos años mínimo en destino definitivo, es la única interpretación plausible para el respeto al principio de igualdad entre los aspirantes al concurso, y se recoge con carácter general en las bases para todos los concursantes voluntarios, con lo que no era necesario acudir a la vía de la revisión de oficio como indica el Letrado de la parte demandante.

En definitiva, el cumplimiento del plazo mínimo de dos años es un requisito de participación ineludible, esto es, de obligatorio cumplimiento, derivándose de la normativa estatal indicada, concordante con la autonómica, y de las propias bases del concurso (base 2.1 párrafo segundo de las bases específicas del concurso en cuestión."

SEGUNDO.- Posición de las partes.

A.- Posición de la parte apelante.

La representación de D. Donato pretende en este recurso la revocación de la sentencia y, como consecuencia de ello, la estimación de su demanda en la que interesaba esencialmente la anulación de los actos recurridos y la retroacción del procedimiento selectivo para que se le admitiese y se valorasen los méritos alegados.

En apoyo de tal pretensión, alega los siguientes motivos.

En primer lugar, considera que la sentencia infringe las bases de la convocatoria, que son la ley del concurso y están sujetas a los principios de interpretación jurídica de las normas.

La infracción se habría producido, a juicio del apelante, porque la sentencia aplica la Base segunda, apartado 2.1, párrafo 2º de la convocatoria al actor y apelante con la consecuencia de exigirle la permanencia de dos años en el destino definitivo para poder participar en el concurso, lo que no se prevé en el apartado 2.2 de esa Base segunda, que se refiere a los funcionarios procedentes de otras Administraciones, que es el caso del actor.

Añade que no resulta de aplicación las Bases Generales, aprobadas por el Ayuntamiento de León por Acuerdo de 30 de junio de 2017, que solo se refiere a los funcionarios del Ayuntamiento de León (Base general 3.1) o a los funcionarios de otras administraciones pero que prestan servicios en ese Ayuntamiento, sin estar en sus cuerpos o escalas (Base general 3.2).

Concluye que aplicando los criterios de interpretación que regulan de los artículos 1281 a 1285 CC resulta que el requisito de la permanencia se aplica a los funcionarios del Ayuntamiento de León (movilidad intraadministrativa), pero no a los que vienen de otras administraciones (movilidad interadministrativa); y tampoco para los que están en servicio activo en otras administraciones y quieren reingresar a dicho Ayuntamiento, a los que se les exige el transcurso de 2 años desde la efectividad de esa declaración. (Base segunda apartado 2.3).

En segundo lugar, considera que la sentencia hace una aplicación indebida del principio de igualdad referido a situaciones contempladas en las bases de la convocatoria e infracción de la virtualidad que tendría el mismo como un principio para la revisión de la validez de las bases y no como un principio transversal para su interpretación.

A juicio del apelante, no se produce una infracción del principio de igualdad por no exigir al actor la permanencia de dos años en el destino definitivo, que sí se exige a otros participantes ( artículo 23.2 CE y 78.1 TREBEP) y, en todo caso, la infracción de dicho principio llevaría a la anulación de las bases, pero no a la interpretación que ha hecho la sentencia. Considera que no es igual la situación de los funcionarios que pueden participar en el concurso y que la interpretación de la base cuestionada no ofrece duda desde una perspectiva literal, gramatical y sistemática.

A este respecto, destaca cuál es el fundamento de la exigencia del transcurso de un tiempo de permanencia en el puesto o desde la declaración de servicio en otras administraciones, así como que ese fundamento no se da respecto de una Administración distinta de la convocante.

La parte apelante hace el mismo planteamiento para sostener que la sentencia infringe los requerimientos de los artículos 20.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública y 41.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado.

Razona que la interpretación de la sentencia, que extiende la exigencia de los dos años, no resulta de tales preceptos, pero que de no ser así, el problema sería de legalidad de las bases, y no es un criterio que sirva para su interpretación.

En este mismo apartado del recurso de apelación, llama la atención sobre el documento aportado con la demanda, en el que la Administración de origen, no pone ningún reparo a que D. Donato participe en el concurso convocado por el Ayuntamiento de León.

Por otro lado, cita el artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y, de conformidad con la interpretación que propone, considera que la exigencia allí contenida de una permanencia de dos años sería aplicable a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de las leyes de desarrollo, a las que se remite dicho precepto, y a los procedimientos de provisión de cada Administración de conformidad con tales leyes, destacando que el fundamento es evitar una movilidad excesiva y que es de aplicación a la movilidad interadministrativa.

Añade que mantienen su vigencia las normas sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos hasta en tanto en cuanto se desarrolle el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por aplicación de la Disposición final cuarta, apartado 2 y que la supletoriedad que resulta del artículo 1.5 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública remite al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, concluyendo que el articulo 41 no resulta de aplicación a los funcionarios que participen en los concursos convocados por otra Administración.

A la misma conclusión llega a partir de la legislación de régimen local y de la autonómica que cita.

Finalmente y de manera subsidiaria, impugna la condena en costas hecha en la instancia al entender que en el caso existían dudas de derecho que justificaría la no imposición ( artículo 139.1 LJCA) .

B.- Posición de las partes apeladas.

1.- Posición de la representación procesal de D. Joaquín.

La representación procesal de D. Joaquín interesa la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.

En apoyo de tal pretensión recuerda, en primer lugar, el marco normativo que hay que tener en cuenta según resulta de la Base primera de la convocatoria y de las Bases Generales de los concursos y, además, invoca la Base tercera, apartado 3.4.1, que se exige que los participantes en el concurso acrediten la fecha de la toma de posesión del destino desde el que participan.

Ese marco normativo que resulta de aplicación está constituido por el artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo 41.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y por el artículo 50.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de castilla y León.

Todo ello le sirve para concluir que la exigencia de una permanencia de dos años resulta de aplicación al actor y apelante, invocando la Sentencia de esta Sala de 21 de febrero de 2017, dictada en el recurso 561/2016.

En segundo lugar, defiende la procedencia de la imposición de costas.

2.- Posición de la Administración demandada.

La representación procesal del Excmo. Ayuntamiento de León interesa igualmente la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia.

A tal efecto, considera que el principio de igualdad, junto con los demás principios y normas legales deben ser tenidos en cuenta para la aplicación de las bases de un concurso, que constituyen la ley del mismo.

Por otro lado, se remite a la normativa que exige este requisito de permanencia y concluye que el principio de igualdad solo se respeta con la interpretación que de las bases ha hecho el Juzgador de instancia.

TERCERO.- Delimitación de la cuestión controvertida.

1.- La cuestión que debe resolverse es si la exigencia de las bases de que para poder participar en el concurso convocado por el Ayuntamiento de León, consistente en el transcurso de dos años desde el destino definitivo, es aplicable a D. Donato.

2.- A tales efectos, resulta de interés tener presente el Acuerdo de 21 de abril de 2022, del Concejal de Régimen Interior, Movilidad, Deportes y Comercio del Ayuntamiento de León, por el que se aprueban las bases y la convocatoria del procedimiento para la provisión, mediante el sistema de concurso ordinario de méritos, del puesto de trabajo de Jefe/a de Sección de Gestión Energética.

La Base segunda se refiere a los requisitos de participación y tiene el siguiente contenido:

"2.1 Concursantes voluntarios. Podrán participar en el presente concurso para la provisión del puesto de trabajo cuyas características se relacionan en el Anexo I, los funcionarios de carrera de la Administración del Ayuntamiento de León pertenecientes a la Escala Administración Especial, correspondiente al Grupo A, Subgrupo A1/A2, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, siempre que reúnan las condiciones generales y los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Los concursantes que participen con carácter voluntario sólo podrán hacerlo si ha transcurrido un mínimo de dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido por cualquier forma de provisión legalmente establecida, salvo en los supuestos de remoción del puesto de trabajo, supresión del mismo o cese en un puesto obtenido por el sistema de libre designación. A estos efectos, a los funcionarios que hayan accedido por promoción interna o por integración a las Escalas a los que está adscrito el puesto convocado y permanezcan en el mismo puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo, se les computará también el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo/Escala de procedencia.

2.2 Funcionarios procedentes de otras Administraciones.

Los funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas, bien con carácter definitivo, bien en adscripción provisional por haber sido cesados en un puesto obtenido definitivamente por los procedimientos de libre designación o de concurso, que deberán estar asimilados a las Escalas a que se refiere el párrafo primero de la base 2.1.

2.3. Funcionarios en situación de servicio en otras Administraciones. Los funcionarios de esta Administración en situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas sólo podrán tomar parte en el concurso si han transcurrido dos años desde la efectividad de la declaración de dicha situación.

2.4 Funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género. Los funcionarios que se encuentren en la situación de excedencia por cuidado de familiares o de excedencia por razón de violencia de género y no tengan reservado puesto de trabajo, podrán participar en el concurso para la obtención de puesto de trabajo cuya reserva se efectuará en los términos legalmente establecidos, sin que ello implique necesariamente su reingreso al servicio activo, debiendo manifestar, en su caso, en el plazo posesorio la opción de permanecer en la situación de excedencia mencionada.

2.5. Funcionarios en situación de servicios especiales. Los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales solo podrán participar si en la fecha de terminación del plazo de presentación de instancias han transcurrido dos años desde la toma de posesión del último destino definitivo obtenido.

2.6. Funcionarios en situación de excedencia voluntaria. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar sólo podrán participar si llevan un mínimo de dos años en dicha situación.

2.7. Concursantes forzosos. Deberán participar en el concurso, solicitando suficiente número de puestos para los que reúnan los requisitos, los funcionarios que presten sus servicios en esta Administración, excepto los destinados en comisión de servicios procedentes de otras Administraciones Públicas, y se encuentren en alguna de las situaciones que a continuación se señalan:

a) Los reingresados al servicio activo en adscripción provisional.

b) Los que estando en servicio activo en esta Administración, tengan adscripción provisional en puestos de trabajo de las Escalas objeto del concurso, sin tener cualquier otro puesto de trabajo asignado con carácter definitivo que figure en la vigente relación de puestos de trabajo, salvo en los supuestos de cese de puesto de trabajo obtenido por libre designación o concurso y supresión de puesto de trabajo.

c) Los que se encuentren en expectativa de destino, en los términos establecidos en la legislación aplicable.

d) Los excedentes forzosos, en los términos establecidos en la legislación aplicable".

CUARTO.- Sobre la interpretación de las bases de la convocatoria.

1.- Nos parece innecesario insistir en la muy conocida jurisprudencia que dice que las bases son la ley del concurso y, por lo tanto, hay que estar a su contenido.

Pero, dados los términos del recurso de apelación, consideramos oportuno recordar que también hay que tener en cuenta las Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos de personal funcionario de carrera que convoque el Ayuntamiento de León, aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León en sesión ordinaria celebrada el día 30 de junio de 2017 y publicado en el BOP de 18 de julio de 2017.

Decimos que hay que tener en cuenta estas Bases Generales en el concurso especifico que nos ocupa porque así resulta de su Base primera, que dice: "1.1. Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el ayuntamiento de León para la selección de personal funcionario de carrera, dentro del marco general de ejecución de las ofertas de Empleo Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ".

Y, en consecuencia, hay que estar a la propia normativa que especifica la Base segunda, entre la que destacamos, la siguiente: Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la función pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León.

2.- Por otro lado, también a la vista del recurso de apelación, nos parece conveniente indicar que cuando se está ante una controversia, como la que nos ocupa, de aplicación de las bases, es necesario interpretar las mismas y para ello debe tenerse en cuenta las bases que rigen el concurso y también las Bases Generales a las que nos acabamos de referirnos, así como las normas que rigen los procesos selectivos, entre las que ocupan un lugar preeminente las que se refieren al principio de igualdad ( artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) que tiene rango constitucional ( artículo 23.2 CE) .

Por lo tanto, el principio de igualdad debe respetarse no solo cuando se enjuicia la legalidad de las bases, sino también cuando deben interpretarse para su aplicación.

3.- Así resulta de la propia convocatoria que se remite de manera expresa, entre otras normas, a la normativa estatal y dice en su apartado I: "los procedimientos de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones locales se regirán por la legislación básica contenida en el TREBEP y -a falta de desarrollo autonómico- por las normas de desarrollo dictadas en el la Administración del Estado, específicamente las contenidas en los artículos 39 y siguientes del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio , por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local".

Y el apartado II añade: ". Que, tal y como se deriva del Art. 77 y 78 TREBEP el procedimiento de provisión de puestos se regirá de conformidad a los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo el concurso el sistema ordinario de provisión de puestos, en el que se valorará los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por un órganos colegiados de carácter técnico".

4.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta -porque así lo dice la convocatoria- las "Bases Generales para la provisión por concurso de méritos de los puestos de trabajo reservados al personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de León" aprobadas mediante acuerdo adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 30 de junio de 2017 (B.O.P. n.º 135 de 18 de julio de 2018) en cuanto a su contenido, procedimiento, puntaciones y criterios de desempate, correspondiendo su valoración a una Comisión de Valoración colegiada y de carácter técnico, que deberá ajustarse a las reglas de imparcialidad y objetividad."

Hay que precisar que la fecha que se recoge de la publicación oficial es errónea, ya que es el 18 de julio de 2017.

5.- Consecuentemente, este es el marco normativo con arreglo al cual deben interpretarse las bases del proceso selectivo que nos ocupa y en particular la Base segunda, apartado 2.2.

6.- Por lo tanto, a partir del marco normativo al que se remiten las propias bases nos parece que toda la extensa argumentación del recurso de apelación que pivota sobre la idea de que la exigencia de los dos años de permanencia rige en los procesos de movilidad intraadministrativa y no interadministrativa desconoce que ha sido el propio Ayuntamiento el que ha decidido que las normas estatales y autonómicas referidas se apliquen al concurso interadministrativo (por utilizar la terminología del apelante) convocado.

QUINTO.- Sobre la exigencia de los dos años en el destino definitivo. Base segunda, apartado 2.1 y apartado 2.2.

1.- Como hemos indicado, la tesis de la parte apelante es en esencia que el requisito de la Base segunda, apartado 2.1 no resulta de aplicación a los funcionarios que proceden de otras Administraciones, ya que el apartado 2.2 de esa misma base no contempla esta exigencia y, con distintos argumentos, entiende que no resultan de aplicación las previsiones normativas a las que se refiere la sentencia por ser de aplicación a lo que denomina movilidad intraadministrativa y no interadministrativa.

2.- El análisis de esta cuestión exige partir del artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre que dice: "2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo."

Por lo tanto, si bien esta normativa básica remite a lo que establezcan las normas de desarrollo, lo que sí prevé para todos los concursos -y no solo para la movilidad intraadministrativa- es la previsión de un periodo mínimo de ocupación.

Por su parte y referido al ámbito local, el articulo 101 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local dice: "Los puestos de trabajo vacantes que deban ser cubiertos por los funcionarios a que se refiere el artículo anterior se proveerán en convocatoria pública por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación, de acuerdo con las normas que regulen estos procedimientos en todas las Administraciones públicas.

En dichas convocatorias de provisión de puestos de trabajo, además de la participación de los funcionarios propios de la entidad convocante, podrán participar los funcionarios que pertenezcan a cualquiera de las Administraciones públicas, quedando en este caso supeditada la participación a lo que al respecto establezcan las relaciones de puestos de trabajo."

Los funcionarios a los que se refiere el artículo anterior (artículo 100) son los de la Administración Local, (excepción de los de habilitación nacional).

Es importante destacar que este artículo se refiere a todos los procedimientos de concurso e incluye aquellos abiertos a los funcionarios de otras Administraciones y, además, llama a las normas que regulen los procedimientos, por lo que hay que estar al Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, que por otro lado, tiene carácter supletorio para todos los funcionarios de las restantes Administraciones públicas (artículo 1.3).

El artículo 41.2 de este Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo dice: "Los funcionarios deberán permanecer en cada puesto de trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los concursos de provisión",salvo determinadas excepciones que ahora no interesan.

3.- Nos parece fuera de toda duda que la exigencia de este articulo 41.1 resulta de aplicación no solo por lo que dispone el artículo 101 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sino porque, además, las propias Bases Generales así lo indican, como ya hemos expuesto.

Siendo esto así hay que concluir que aunque la Base Segunda, apartado 2.2 no contenga esta exigencia de manera expresa, es lo cierto que la misma resulta de la normativa de aplicación, a la que hemos hecho referencia, y, por lo tanto, podemos afirmar que no es necesario que la convocatoria recuerde lo que la norma establece, precisamente porque, como hemos razonado, las bases de una convocatoria deben interpretarse de una manera sistemática con relación al ordenamiento jurídico.

4.- En coherencia con lo que acabamos de razonar la Base tercera, en el punto 3.4.1 se refiere a la documentación general que debe aportarse y en su apartado b) dice: "Los funcionarios de otras Administraciones Públicas, en su caso, así como los contemplados en la base 12.5, deberán aportar el certificado de requisitos según el modelo incorporado como Anexo III a que se refiere el apartado primero de dicha base, junto con su solicitud de participación, o en su defecto acompañarán fotocopia de la petición de su expedición presentada dentro del plazo establecido en base 3.2, en la que deberá figurar legible el sello del correspondiente registro de entrada".

Este Anexo contiene un apartado (el 6) que se refiere al puesto desde el que se concursa, donde debe especificarse, entre otras cosas, la fecha de la toma de posesión, lo cual refuerza el argumento de que la exigencia de un tiempo de permanencia es aplicable también a los supuestos de movilidad interadministrativa.

5.- La parte apelante insiste en que el fundamento de la exigencia que se cuestiona radica en el interés de la propia Administración convocante en que los funcionarios que prestan servicios en ella se mantengan durante un determinado periodo de tiempo en los puestos a los que han accedido.

Ese interés de identificaría con la necesidad de propiciar una cierta estabilidad, lo que no sucedería cuando se trata de funcionarios que proceden de otras Administraciones.

Este planteamiento es, a nuestro juicio, incorrecto.

6.- El apelante es funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma, como hemos expuesto, por lo que le resulta de aplicación el articulo artículo 50.4 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, que dice: "Para poder participar en los concursos, los funcionarios de carrera deberán acreditar una permanencia de dos años en el puesto de trabajo obtenido con carácter definitivo. Este requisito no será exigible a los funcionarios que carezcan de titularidad de un puesto de trabajo".

La estabilidad, que se esgrime como fundamento, es un objetivo de las normas que rigen los concursos, de aplicación a todas las Administraciones, resultando un contrasentido que el funcionario no pudiera participar en el concurso convocado por la propia Administración en la que presta servicios (es decir, el convocado por la Administración autonómica) y, sin embargo, pudiera hacerlo en otra Administración (la Local).

Decimos que es un contrasentido porque esa estabilidad se resentiría igualmente o, incluso más, al salir el funcionario de la Administración en la que ocupaba un puesto para integrarse en otra distinta.

7.- A ello no cabe oponer el documento aportado con la demanda, que es la respuesta que da la Jefa del Servicio de Registro General de Personal y Gestión del Personal Funcionario de la Junta de Castilla y León a la consulta efectuada por el Sr. Donato.

Según se recoge en ese documento, lo que se manifestó por el interesado fue que "tiene previsto tomar posesión de un puesto obtenido por concurso en el Ayuntamiento de León, y solicita que se le informe sobre si existe algún impedimento normativo a la toma de posesión señalada".

La respuesta que se le da se refiere a los trámites administrativos que debe seguir, pero, como se ve, la consulta parte de que va a tomar posesión de un puesto en otra Administración, cuando no es así, y no se pregunta sobre si le resulta de aplicación la exigencia cuestionada.

8.- En definitiva, es la propia normativa a la que se remiten las bases la que permite afirmar que la exigencia de dos años en el destino definitivo es aplicable también a los funcionarios que participen en el concurso y procedan de otras Administraciones.

SEXTO.- Sobre las costas impuestas en la instancia.

1.- La parte apelante, de manera subsidiaria, considera que no debieron imponerse las costas en la instancia, al poder apreciarse dudas, dada la redacción de la base, por lo que se ha infringido el artículo 139 LJCA.

2.- A nuestro juicio, no pueden apreciarse dudas de derecho que justifiquen la revocación de la sentencia de instancia en este punto, toda vez que la normativa de aplicación y las Bases generales y las específicas de este concurso, a la que se refiere la sentencia, son claras y son el marco normativo con arreglo al cual debe interpretarse la Base segunda, apartado 2.2

SÉPTIMO- Sobre las costas del recurso de apelación y destino del depósito.

1.- De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción, al desestimarse el recurso de apelación, procede imponer las costas a la parte apelante.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto, a la labor efectivamente realizada en el procedimiento y a la pluralidad de partes, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1000 euros, por mitad en favor de cada una de las partes apeladas.

2.- De conformidad con la Disposición adicional 15.9 LOPJ procede declarar la pérdida del depósito constituido.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,