Sentencia Contencioso-Administrativo 83/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 1158/2024 de 23 de enero del 2025

PRIMERO.-El auto apelado estima la autorización de entrada y argumenta "Examinada la presente petición, a la luz del criterio expuesto, se aprecia que la Administración solicitante ha tramitado regularmente la vía de ejecución forzosa y, asimismo, que la entrada es la medida adecuada y proporcionada para lograr la plena efectividad del acto administrativo toda vez que, por una parte, se pone de manifiesto por la Administración solicitante que la situación concurrente es el único medio posible para la ejecución del acto administrativo a los efectos de proceder a la reposición de la legalidad urbanística alterada."En la parte dispositiva se dice "Se autoriza al Ayuntamiento de Órgiva la entrada en la parcela catastral catastral NUM000 EL de Órgiva ( Granada), titularidad al 100% de D. Felicisimo , con el objeto de poder hacer la comprabación urbanística, por los servicios técnicos de urbanismo de dicho Ayuntamiento, a las edificaciones existentes en dicha parcela a tenor del artículo 346 del Real Decreto 550/2022, de 29 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía".

SEGUNDO.-En el recurso de apelación se pone de manifiesto, sucintamente expuesto, lo que sigue:

En el presente caso no se discute que la Administación Pública haya llevado a cabo el procedimiento administrativo y judicial pertinente para solicitar la autorización de entrada, lo que alega es que el procedimiento debe contener una mínima motivación sobre el fondo del asunto que constituye, precisamente, la razón por la cual se autoriza, puesto que este procedimiento habilita para la intromisión en el derecho de la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. La Juzgadora ha llevado a cabo el primer examen (la corrección del procedimiento administrativo seguido), pero ha obviado el segundo paso: razonar y establecer el por qué, puesto que se vulnera el derecho fundamental del art. 18 CE que debe ser limitado, invadido, y suspendido. En el presente caso, no se razonan sobre los motivos en que se basa la autorización de la entrada en el domicilio porque el expediente administrativo aportado es una mera generalidad, infracción urbanística sin especificar cuál. Si la "infracción urbanística" es haber pintado una habitación sin haber solicitado la correspondiente licencia parece claro que no procede autorizar una entrada y registro en una vivienda; sin embargo, si la "infracción urbanística" consiste en haber construido tres niveles más sobre los autorizados por el PGOU o principios generales básicos del Derecho Administrativo se están vulnerando o se vulnerarían en caso de entrada en el domicilio, puesto que no se está informando sobre qué supuestas actividades irregulares se están cometiendo en el domicilio del recurrente ni está actuado de manera objetiva la Administración Pública, puesto que no ha realizado las mínimas averiguaciones correspondientes, generando esta actuación desconfianza en la ciudadanía, derivado del principio de seguridad jurídica, por el que se protege las expectativas fundadas en el comportamiento previo de la Administración. Que no se sabe que es lo que debe averiguar la autoridad administrativa cuando entre en el domicilio, queda patente en el propio limite que establece el Juzgador, que se limita a remitirse a la Ley ritual penal. Pues, como se desconoce cuál es la infracción urbanística no puede limitar el alcance de la entrada al domicilio, salvo indicar generalidades que son obvias en cualquier registro domiciliario.

TERCERO.- El Letrado del Ayuntamiento se opone al recurso de apelación alegando, en síntesis:

Que nos encontramos en el ámbito urbanístico, y antes de analizar las competencias y potestades que en este ámbito otorga la Ley a la Administración en este caso Local y a su personal funcionario, señala que la Administración lo que ha solicitado, es la entrada a una parcela privada para la comprobación de las edificaciones existentes en la misma, y así lo refleja expresamente el auto recurrido, por lo que invocar el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, resulta una aseveración demasiado arriesgada, cuando la actuación solicitada no está requiriendo ni autorización de entrada a domicilio ni registro de ningún tipo como se pretende hacer de contrario. Si bien no es controvertido, el procedimiento llevado a cabo por la administración para proceder a la entrada en la parcela de referencia, con objeto de llevar a cabo una inspección urbanística, es significativo poner de manifiesto que a este respecto la administración ha actuado de forma escrupulosa desde un primer momento, haciendo hasta dos requerimientos previos, y por escrito al Sr. Felicisimo, para concertar cita y poder acceder a la parcela a realizar la inspección, uno de ellos incluso publicado en el BOE, tras no atender al primer requerimiento notificado, a pesar de que la normativa urbanística Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, establece que en el ejercicio de sus funciones el personal inspector gozará de plena autonomía y tendrá a todos los efectos, la condición de agente de la autoridad, estando facultado para, acceder libremente al lugar o finca en el que se desarrolle la actuación objeto de la inspección sin previo aviso. A pesar de ello, la administración y aún siendo solo requerida la entrada a la parcela que no a los inmuebles que pudiera haber dentro de ella, solicita al juzgado autorización, sin que en ningún momento, la actuación inspectora se plantee la entrada a los inmuebles que pudiera haber, ni mucho menos el registro de los mismos que en nada tienen que ver con una inspección urbanística. Se alega de contrario que no se motiva la autorización de entrada a domicilio, y que el expediente administrativo aportado es una mera generalidad en la que no se especifica la infracción urbanística, es precisamente para lo que se requiere esa autorización, para que por los servicios técnicos municipales se pueda determinar, cual es la infracción urbanística, si la hay, y a partir de ese momento incoar el o los expedientes urbanísticos que correspondan, otorgando las garantías que al administrado correspondan. Alegar que existen otros mecanismos para averiguar la existencia de infracciones urbanísticas sin hacer una inspección sobre el terreno, resulta una alegación vaga sin sustento jurídico alguno, máxime cuando ni siquiera se pone de manifiesto cuales son esos medios alternativos, La solicitud de autorización de entrada a la parcela está suficientemente motivada, en el momento que hay una denuncia, que pone de manifiesto posibles infracciones urbanísticas, así lo establece la normativa, prevista en el art. 125 de la Constitución y en el art. 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, viene recogida expresamente en el campo del urbanismo en la legislación estatal dentro del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, tanto en su art. 5, apartados c), d) y f), como en su art. 62. La administración, está obligada a actuar ante la existencia de una denuncia por posibles infracciones urbanísticas, y lo hace con sus medios, legalmente establecidos en derecho, el Sr. Felicisimo pone en duda la competencia municipal, la competencia de los técnicos de la administración, así como la objetividad de la misma, todos ellos extremos que no forman parte de este procedimiento, ya que no se ha podido acceder a la parcela para comprobar la situación urbanística. Es manifiesto que existe un motivo que justifica la autorización de entrada a la parcela y que existe proporcionalidad e idoneidad de la medida solicitada, es que no se puede llegar, ni se puede avanzar, ante una denuncia de un particular, sino existe una actuación inspectora, donde pueda verificarse la legalidad o ilegalidad de lo existente en la parcela de referencia, no existen otras formas ni medios de comprobación, esta debe llevarse a cabo por la autoridad competente, siendo necesaria una actuación inspectora in situ, del personal de la administración competente, para poder determinar si existe o infracción en materia urbanística, susceptible de incoación de los preceptivos expedientes de infracción y en su caso restablecimiento. Se da fiel cumplimiento a la doctrina invocada del Tribunal Constitucional, ya que el procedimiento seguido ha sido el correcto, hecho indubitado por la parte, existe proporcionalidad e idoneidad con la medida adoptada ya que la entrada a los inspectores no solo es necesaria para determinar la existencia o no de infracción urbanística sino que es imprescindible para revestir de legalidad a posibles actuaciones e incoación de expediente posteriores. En cuanto a la limitación y exigencias para que la entrada se lleve a cabo con objeto que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra el art. 18.2 de la CE, se contiene en el propio auto que establece "las condiciones a observar por la administración en el acto de entrada, es menester tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el título VIII del Libro II, en aquellos aspectos que, por referirse al respeto a los derechos fundamentales de la persona, son de aplicación tanto en una investigación criminal como en una ejecución forzosa administrativa." El auto de la juzgadora establece las limitaciones a las que se sujeta la autorización de entrada.

CUARTO.-El marco normativo

1.- El artículo 18 de la Constitución dispone:

"1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos."

2.- El artículo 91.2 de la LOPJ señala: "Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia".

3.- El artículo 8.6 LJCA, dispone: "6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.

Además, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de las autorizaciones para la entrada e inspección de domicilios, locales, terrenos y medios de transporte que haya sido acordada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia , cuando, requiriendo dicho acceso e inspección el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán también de las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos aún con carácter previo a su inicio formal cuando, requiriendo dicho acceso el consentimiento de su titular, este se oponga a ello o exista riesgo de tal oposición.".

QUINTO.-Posición de la Sala.

Como ha señalado la jurisprudencia -- Sentencias de 13 de noviembre de 2013 recaída en el recurso de apelación n° 1443/2013 y en la de fecha 12 de febrero de 2014 dictada en resolución del recurso de apelación n° 268/2014 --:

"... La preceptiva autorización judicial para la entrada en domicilio y demás lugares que requieran el consentimiento previo del titular, como limitación al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección del derecho a la intimidad proclamado en el art. 18.1 CE ., quedando circunscrita la actuación judicial a examinar la regularidad formal del procedimiento del que dimana la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización - sin valoración alguna de fondo - y la competencia del órgano que la dicta. Cumplidos tales requisitos por la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta la autorización de entrada, procede su otorgamiento....No procede en este momento y a los solos efectos de conceder o denegar la autorización solicitada, controlar la conformidad o disconformidad del acto que se trata de ejecutar, que en su caso ha de efectuarse a través del recurso correspondiente, sino simplemente examinar si se han observado en la vía administrativa los requisitos formales que, como garantía de los administrados, exige la LRJAP y normas complementarias y en todo caso, si la entrada en el domicilio solicitado es una medida adecuada y proporcionada para la efectividad de la actuación administrativa... La puesta en práctica de este medio de ejecución forzosa, exige examinar el agotamiento de todos los demás medios para la ejecución forzosa que no exijan invadir el espacio privado, es decir, asegurarse de que la ejecución de ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio o lugares asimilados a él, así como que la irrupción en el mismo es necesaria. Tales valoraciones (de proporcionalidad del medio de ejecución y de necesidad de la misma ejecución ante la falta de cumplimiento voluntario del acto administrativo), se han llevado a cabo en la sentencia impugnada, como se desprende del Fundamento Jurídico citado, sin que la parte apelante las haya desvirtuado en esta instancia...".

La jurisprudencia del TC al respecto, confirma tales consideraciones, siendo su exponente la STC 188/2013, de 4 de noviembre , en la que puede leerse lo siguiente:

"...En relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004, de 13 de septiembre , FJ2: "Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse. Conviene advertir que esta doctrina, aunque se ha establecido en relación con el Juez de Instrucción, que era quien antes de la reforma efectuada por la Ley 29/1998, de 13 de julio ), reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LJCA) , otorgaba este tipo de autorizaciones, resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA ) -actual 8.6 LICA- pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio , FJ 8 ; 136/2000, de 29 de mayo , FJ 3), en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible. Como decimos, el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo. Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999 , como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental."

En el caso enjuiciado resulta de la documentación aportada que el día 24 de abril de 2023 se interpone denuncia por la existencia de edificaciones en las parcelas catastrales que se identifican solicitándose a la Administración que verifique la legalidad de dichas construcciones y en su caso se tomen las medidas oportunas según la legalidad. Los servicios técnicos del Ayuntamiento ponen de manifiesto la dificultad para contactar con el propietario de la parcela, objeto de este procedimiento, poniéndose de manifiesto que no había nadie en el lugar de la visita ni se ha podido contactar telefónicamente con el propietario de la parcela a los efectos de que contacte con el servicio técnico de urbanismo y acordar un día para acceder a la parcela. Con el motivo anteriormente indicado, se efectúa un requerimiento al propietario, el cual es notificado el día diez de julio de dos mil veintitrés, en el que se le pone de manifiesto que para la solicitud de verificación de la legalidad de las construcciones existentes en la referencia catastral y continuar con la tramitación del expediente deberá de contactar con el servicio de urbanismo del Ayuntamiento a fin de acordar un día para poder acceder a la propiedad por el motivo que en el mismo se indica. Al no hacer atendido el requerimiento se acuerda por el Ayuntamiento efectuar un segundo requerimiento con las advertencias de los artículos 346 del Decreto 550/2022 y se le comunica que en su caso se va a proceder a la petición judicial de entrada en domicilio en precaución de que dichas construcciones tuvieran dicha condición, dando trasladado a la fiscalía de la situación de obstaculización producida. Este requerimiento, tras dos intentos de notificación en el domicilio del interesado, es notificado por medio de edictos y en el BOE de 9 de febrero de 2024.

De conformidad con la jurisprudencia anteriormente expuesta, resulta que la autorización de entrada no es un incidente de un procedimiento principal que atiende a cuestiones sustantivas, sino que nos encontramos frente a un procedimiento con unos límites revisorios bien delimitados y que atiende a cuestiones formales y no de fondo. La función del órgano jurisdiccional se extiende no solo a la competencia del órgano administrativo que dictó la resolución y a la ausencia de indefensión por parte de los interesados, sino que muy especialmente se ha de realizar un juicio de proporcionalidad, que valore los intereses en conflicto, de una parte la ejecución de un acto emanado de una autoridad pública, que evidentemente, ha de ser producido de forma regular, en el ejercicio de sus competencias o potestades y de otra parte el derecho fundamental, sin poder entrar en otras cuestiones, que deberán ser planteadas y resueltas en su propio ámbito procedimental.

Como dispone la sentencia de esta Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, sección 1º, de 26 de Julio de 2017, en el recurso 1038/16 "Asimismo, debemos recordar que, como señalamos en la STSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Contencioso-Administrativo de 21 diciembre 2007 , « para resolver la cuestión planteada ha de tenerse en cuenta -como reiteradamente ha declarado este Tribunal, en sentencias como TSJ Andalucía (Gra) Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 2ª, S 16-9-2002, núm. 1178/2002, rec. 182/200 - "que la Administración, al amparo de la llamada autotutela administrativa, puede ejecutar directamente sus propios actos, pero en la medida en que ello constituye un presupuesto inherente a las facultades exorbitantes de la Administración, ésta puede ser excepcionada por una Ley imponiendo la intervención de los Tribunales a la hora de ejecutar los actos administrativos en determinados supuestos. Por tal razón el artículo 95 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre , tras disponer que "las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos", establece como excepciones al principio general "los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de los Tribunales"; y, por su parte, la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en cumplimiento de tal previsión, ha atribuido (artículo 8.5 ) a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la competencia para "autorizar la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública", sin duda con el propósito de conciliar, a través de este medio procesal, el respeto al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución , con el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos".

La cuestión litigiosa ha de reconducirse al estricto ámbito de conocimiento del Juzgador, que según la Jurisprudencia constitucional, punto básico de referencia habida cuenta de la falta de regulación más detallada a nivel legislativo, jurisprudencia que limita ( auto del Tribunal Constitucional de 16-12-1991, núm. 371/1991 , Fecha BOE 03-03-98) la intervención del Juzgado llamado a garantizar la inviolabilidad del domicilio, en su caso, a autorizar a la Administración a que entre en él, entrada que debe estar justificada por una previa decisión administrativa, cuya ejecución haga necesaria dicha inmisión ( STC 22/1984 , f. j. 5º, y 160/1991 , f. j. 8º ), y que reúna los requisitos propios de un título ejecutivo ( STC 137/1985 , f. j. 5º ). Al ejercer esta atribución, otorgando o denegando la autorización de entrada, el Juzgado no asume el control de la legalidad de la actuación administrativa; su función de garantía se agota al asegurar que la entrada domiciliaria es, efectivamente, necesaria para ejecutar un acto que, "prima facie", aparece fundado materialmente en un acto administrativo válido, y dictado por autoridad competente en ejercicio de facultades propias ( STC 144/1987 , f. j. 2º) »."

Así en el caso enjuiciado los motivos de impugnación del auto han de ser desestimados, toda vez que no corresponde al organo jurisdiccional un examen de la cuestión de fondo, sino de las cuestiones formales, las cuales no han sido debatidas, pero que en todo caso han sido debidamente cumplimentadas. La Administración en el uso de las facultades que tiene atribuidas, conforme al artículo 346 del Decreto 550/2022, puede acceder libremente al lugar o finca en el que se desarrolle la actuación objeto de inspección sin previo aviso, y permanecer en ellos para realizar la actuación inspectora. Así mismo el precepto añade que cuando el objeto de inspección tenga la condición legal de domicilio, el personal inspector habrá de recabar el consentimiento de su titular o resolución judicial que autorice la entrada en el mismo. En el caso enjuiciado, la Administración recibe una denuncia sobre unas construcciones existentes en la finca registral cuya solicitud de entrada es objeto de este procedimiento, esto es, lo que se solicita y se autoriza es la entrada en la finca para comprobar las construcciones existentes en ella, conforme a la competencia que tiene atribuida en matería urbanística, a los efectos de verificar la legalidad de las construcciones. La Administración acuerda requerir al interesado para que otorgue el consentimiento a los efectos de entrar en la finca, sin que el mismo haya sido otorgado, por lo que el único medio para poder llevar a cabo la actuación de inspección, es la entrada en la parcela sin consentimiento del propietario, por lo que la medida es proporcional y adecuada para el fin pretendido. Desde el momento en que el titular de la finca deniega la entrada en ella no puede sostenerse, que exista otra alternativa menos gravosa, pues los fines de la ejecución administrativa no pueden alcanzarse sin entrar en el ella, con lo que se cumplen los parámetros de proporcionalidad e idoneidad exigidos constitucionalmente. Y es que la función de inspección y control urbanístico no puede realizarse por ningún otro medio que no sea el acceso a la finca donde se puede estar cometiendo la infracción de la legalidad urbanística.

En relación a la falta de análisis sobre el fondo del asunto, invocada en el recurso de apelación, como ya se ha expuesto, las cuestiones de fondo no son objeto de enjuiciamiento en los procesos de resolución sobre autorización de entrada, sino los aspectos formales, los cuales se han respetado por la Administración.

No existe una falta de motivación, el recurrente tiene pleno conocimiento de las razones que justifican la actuación de la Administración, que no es sino, verificar la legalidad de las construcciones existetes en la parcela. La concreción de los hechos denunciados y que han dado inicio al procedimiento es suficiente a esos meros efectos, sin que sea precisa una individualización mayor, que no es posible, porque precisamente el procedimiento tiene por objeto dilucidar lo denunciado. Como argumenta la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, de 23 de diciembre de 2022 ( Recurso: 661/2022): "La posibilidad de conceder una autorización de entrada cuando, como aquí acontece, de lo que se trata es de hacer efectivas potestades de inspección en materia de protección de la legalidad urbanística es cuestión que ya ha sido examinada por esta misma Sala y Sección en Sentencia de 9 de octubre de 2019 (apelación 840/2018 ), en la que, con referencia a supuesto en el que, acordada por el Ayuntamiento la realización de una inspección urbanística, no se permitió el acceso al inmueble, se expone lo que sigue: " Conviene traer a colación lo ya indicado y resuelto por esta Sección en sentencia de 16 de noviembre de 2016 dictada en el recurso de apelación nº 424/2016 , en la que entre otras cuestiones, se abordaron las siguientes con transcendencia en este caso:

"Como se indica en la sentencia apelada este artículo es suficientemente expresivo para considerar que los requerimientos realizados a la actora son conformes a la normativa, y deben ser atendidos. La resolución se dicta en el ejercicio, por parte de la Inspección Urbanística, de su potestad legal de investigación atribuida en la Ley 9/2001, de Suelo y Urbanismo, a los efectos de verificar las obras realizadas (en el mismo sentido sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sección 2ª, de 4 de mayo de 2011 ). Lo que no puede pretender la actora es que toda inspección esté condicionada a la existencia de una prueba contundente de la comisión de la infracción, por cuanto, precisamente en ese caso, la inspección no sería necesaria. El indicado precepto de la Ley Territorial de Madrid 9/2001 de 17 julio 2001 del suelo de Madrid, no vincula la actividad de inspectora a la existencia de elementos aun indiciarios de la existencia de la infracción urbanística puesto que entre sus funciones se encuentran las de vigilancia, investigación y control de la actuación de todos los implicados en la actividad de ejecución regulada en la presente Ley, tanto en la realización material de obras, como en el desarrollo de actividades o usos. Tal norma da cobertura incluso a una actuación preventiva del cumplimiento de las normas y los planes, incluso sin la existencia de sospechas de la comisión de la infracción urbanística (...)".

(...) "El ejercicio de la acción pública no solo faculta a inspección urbanística del Ayuntamiento de Madrid a realizar las actuaciones de comprobación sino que obliga a realizar la inspección siendo preciso la entrada en el lugar donde se dicen realizadas las obras. No existe pues infracción alguna del principio de presunción de inocencia, que por otra parte sólo rige en el procedimiento sancionador y no en el de restauración de la legalidad urbanística puesto que este procedimiento no tiene carácter sancionador sino de naturaleza reparadora (...)"."

Argumentos igualmente aplicables, al caso enjuiciado, si bien en el marco de la normativa urbanística anteriormente expuesta, el Decreto 550/2022.

Así mismo, en relación a la no existencia de acto administrativo, como afirma la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 4 de diciembre de 2019 (apelación 170/2019) para un supuesto de solicitud por el Ayuntamiento de una autorización de entrada al objeto de comprobar el desarrollo de una actividad de alojamiento turístico sin autorización administrativa, aunque no exista en estos casos un acto administrativo expreso, propiamente dicho, a ejecutar, lo que sí existe es, en todo caso, una decisión administrativa en orden a investigar los hechos de que se trata, que no parece puedan acreditarse fehacientemente de forma diferente de ser negada la entrada.

Por lo expuesto el presente recurso de apelación va a ser desestimado.

SEXTO. -De conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, se impone a la apelante el abono de las costas procesales causadas en esta alzada, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.4 de la Ley Jurisdiccional, limita su importe, atendidas las circunstancias del caso, a la cantidad máxima de 300 euros, por todos los conceptos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución española, la Sala dicta el siguiente