Sentencia Contencioso-Administrativo 375/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 601/2024 de 25 de marzo del 2025

PRIMERO.- Resolución recurrida y antecedentes.

1.- Se recurre en apelación el Auto n.º 99/2024 de fecha 28 de junio de 2024 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Salamanca en el procedimiento de autorización de entrada en el domicilio nº 118/2024.

2.- A los efectos de resolver el presente recurso, debemos destacar los siguientes antecedentes

En fecha 20 de diciembre de 1994 se otorgó contrato de compraventa de la vivienda situada en el DIRECCION000 de Villarino de los Aires (Salamanca), figurando como partes contratantes, Dª Amalia, por un lado, y la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.

En fecha 10 de diciembre de 2018, la Administración de la Comunidad Autónoma solicitó al Excmo. Ayuntamiento de Villarino de los Aires los datos del empadronamiento en esa vivienda. El citado Ayuntamiento certificó en fecha 18 de diciembre de 2018 que Dª Amalia causó baja en el domicilio por cambio de residencia a otro municipio el 17 de septiembre de 2015.

En fecha 12 de marzo de 2019 se requirió a Dª Amalia para que en el plazo de 15 días abonase los importes vencidos y exigibles, lo que fue notificado el día 19 de marzo.

Con fecha 3 de julio de 2019 la Subdelegación del Gobierno en Salamanca remite informe a la Administración de la Comunidad Autónoma haciendo constar que Dª Amalia no vive en el domicilio sito DIRECCION000 de Villarino de los Aires.

Con fecha 16 de septiembre de 2019 y registro de salida del siguiente día 17 se requiere a Dª Amalia por no ocupación de la vivienda y por falta de pago de las cantidades pactadas, dando un plazo de 15 días para el abono de las mismas con apercibimiento de proceder al desahucio en otro caso.

En fecha 10 de diciembre de 2019 se dictó resolución de desahucio administrativo que fue notificada el 27 de diciembre de 2019 por no ocupación de la vivienda y por impago de las cantidades pactadas, concediendo nuevo plazo de 10 días para el pago de las cantidades adeudadas y con apercibimiento de que, en otro caso, debía proceder a la entrega de las llaves y de no hacerlo se procedería al lanzamiento.

En fecha 20 de enero de 2020, Dª Amalia interpuso recurso de alzada contra la anterior Resolución de 10 de diciembre que fue desestimado por Resolución de 8 de marzo de 2023.

Con fecha 11 de agosto se remitió a Dª Amalia información sobre la desestimación del recurso de alzada y se le dio nuevo plazo para regularizar su situación y para abonar las cantidades adeudadas, con apercibimiento de entregar las llaves, en otro caso.

A la vista de que pese al tiempo transcurrido, Dª Amalia ni había regularizado su situación, ni había abonado las cantidades adeudadas, la Administración solicitó autorización de entrada en el domicilio para proceder al lanzamiento, autorización concedida por el auto que ahora se recurre en apelación.

3.- La resolución judicial recurrida autoriza la entrada en el domicilio para la ejecución de la resolución de desahucio de 10 de diciembre de 2019 teniendo en cuenta que Dª Amalia causó baja en el padrón municipal de Villarino en fecha 17 de septiembre de 2015 y que se le ha requerido en varias ocasiones al objeto de regularizar su situación abonando las rentas adeudadas, sin que lo haya hecho, siendo la autorización interesada una medida proporcional e indispensable para la ejecución del acto administrativo.

Por otro lado, señala que el hecho de que afirme la interesada en su escrito de alegaciones en este procedimiento que sí es su domicilio en nada desvirtúa las anteriores consideraciones, pues tal manifestación no solo no se acredita, sino que es contraria a la prueba documental aportada por la Administración al expediente administrativo.

Finalmente, continua diciendo, la solicitud que ha formulado la interesada al término del expediente administrativo, de fecha de 18 de julio de 2023, es irrelevante a los fines de conceder la autorización solicitada por la administración para proceder a la entrada en la vivienda a los efectos de ejecutar un acto administrativo que ha devenido firme, siendo así que, además, siguen concurriendo las causas que motivaron la resolución de desahucio.

SEGUNDO.- Posición de las partes.

A.- Posición de la parte apelante.

La representación procesal de Dª Amalia pretende en este recurso la revocación del auto y, como consecuencia de ello, que se deje sin efecto la autorización concedida para la entrada en el domicilio.

En apoyo de tal pretensión alega los siguientes motivos.

En primer lugar, alega la inviolabilidad del domicilio que garantiza el artículo 18.2 CE, afirmando que en contra de lo que sostiene el auto recurrido sí reside en el domicilio y que actualmente un familiar, menor de edad, reside con ella. Alega también que es una persona vulnerable por la situación de discapacidad, por ser viuda y por los ingresos que percibe, sin que la Administración haya informado nada al respecto.

En segundo lugar, hace referencia al escrito de 18 de julio de 2023 que presentó ante la Junta de Castilla y León para poder seguir en la vivienda, sin que se haya hecho nada al respecto.

En tercer lugar, se remite a las distintas quejas presentadas sobre el mal estado de la vivienda, que no han sido atendidas por la Junta de Castilla y León.

B.- Posición de la parte apelada.

La representación procesal de la Administración demandada se ha opuesto al recurso de apelación, interesando su desestimación, alegando que la resolución que acuerda el desahucio es firme, que siguen existiendo los motivos que dieron lugar al mismo y que la entrada en el domicilio es una medida proporcional e indispensable para la ejecución del acto administrativo.

Por otro lado, considera que el informe de 18 de julio de 2023 es irrelevante.

TERCERO.- Consideraciones previas

Con carácter previo al examen del recurso de apelación y a fin y efecto de centrar el objeto y límites de nuestro enjuiciamiento nos parece oportuno reproducir la normativa y jurisprudencia de aplicación que ya hemos recogido en anteriores sentencias, como por ejemplo en la de fecha 6 de junio de 2024 (recurso de apelación nº 167/2024), que se remite a la anterior de 10 de febrero de 2020 (recurso de apelación 580/2019)

En la sentencia primeramente citada dijimos:

< la sala en la sentencia n.º 164/20, de 10 de febrero, dictada en el rollo n.º 580/19 , es preciso que recordemos lo que es y puede ser ámbito de enjuiciamiento de la pretensión formulada en aplicación del art. 8.6.1 de la LRJCA , de conformidad con la Jurisprudencia y doctrina constitucional establecida al respecto. Así las cosas, es preciso recordar que en el art. 8.6.1 de la LRJCA se atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la competencia para conocer de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública. Y añade el art. 80.1.d) de la misma Ley Jurisdiccional que son apelables en un solo efecto los autos recaídos sobre las autorizaciones previstas en el art. 8.6.

Por lo que respecta al alcance del control judicial y su motivación en este ámbito del art. 8.6 de la LRJCA , parece claro que el alcance de este control "en negativo" no se extiende a la revisión de la legalidad del acto administrativo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada, ya que éste corresponde al juzgado o tribunal competente para conocer de la legalidad o ejecutividad del acto administrativo. Y tampoco puede consistir en un mero formalismo que conceda la autorización de forma automatizada. Como ha señalado la STC 139/2004, de 13 septiembre "al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse". El Tribunal advierte que esta doctrina, establecida en anteriores sentencias cuando la autorización judicial estaba encomendada al juez de instrucción, "resulta igualmente aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5 LJCA ), pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de los derechos e intereses en conflicto".

Al tiempo de determinar "en positivo" el alcance del control judicial que ha de ejercer el juez unipersonal de lo contencioso-administrativo, el Tribunal Constitucional lo considera como el garante de los derechos fundamentales, de forma que revisa la constitucionalidad y legalidad de la entrada y no la del procedimiento y del acto que la soporta "es el Juez de la legalidad de la entrada en domicilio"(SSTC 189/2004, de 2 noviembre; 76/1992, de 14 mayo y 199/1998, de 13 octubre). De la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia parece evidente que este control ha de comprender, al menos, los siguientes aspectos: 1º).- Ha de asegurarse de que no existen infracciones evidentes, esto es, "graves y manifiestas". Se trata de que se cerciore de que el interesado es el titular del domicilio en el que se autoriza la entrada y de que no existe una vía de hecho -básicamente comprobando que el acto se ha dictado previa la tramitación de un procedimiento administrativo con apariencia de legalidad-y finalmente que el acto ha sido dictado por la autoridad competente en el ejercicio de sus facultades.

2º).- Control de proporcionalidad e idoneidad. La medida debe ser proporcionalmente ajustada al fin que se persigue sin que exista otra alternativa menos gravosa, pues cuando los fines de la ejecución administrativa pueden igualmente alcanzarse sin entrar en el domicilio, la entrada no debe autorizarse por no existir "necesidad justificada de penetrar" en aquél ( STC 22/1984 , FJ 3.º). También se requiere que la entrada solicitada ha de ser efectivamente necesaria por la actividad de ejecución, esto es, ha de ser apta o idónea para el fin pretendido.

3º).- También es necesario que la autorización judicial se conceda con las limitaciones y exigencias necesarias para que la entrada se lleve a cabo de tal modo que no se produzcan más limitaciones al derecho que consagra el art. 18,2 CE que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto, adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible. ( SSTC 76/1992, de 14 mayo, FJ 3 ; 50/1995, de 23 febrero, FJ 5 ; 171/1997, de 14 octubre, FJ 3 ; 69/1999, de 26 abril ; 136/2000, de 29 mayo , FFJJ 3 y 4).

En este aspecto, la autorización judicial deberá precisar el domicilio en concreto y la debida individualización del sujeto que ha de soportar la ejecución forzosa del acto administrativo ( SSTC 137/1985 y 160/1991 ); los aspectos temporales de la entrada, pues no puede quedar a la discrecionalidad unilateral de la Administración el tiempo de su duración ( STC 50/1995, de 23 febrero , FJ 7). Según la jurisprudencia del TEDH ( SSTEDH de 30 marzo 1989 y 16 diciembre 1992 ) han de limitarse, entre otros extremos, el periodo de duración y el tiempo de la entrada, así como el número de personas que puedan acceder al domicilio, aun cuando no se identifiquen individualmente con carácter previo. Debe ejercerse, también, un control a posteriori en el que se comunique al Juez el resultado de la entrada y reconocimiento en el domicilio, dación de cuenta imprescindible para que aquél pueda cumplir con plenitud su función de garantía y corregir, en su caso, los excesos ( STC 50/1995 ). La ausencia de estos límites o controles determina la nulidad de la autorización judicial, sin que el Tribunal Constitucional haya conferido virtualidad sanatoria al hecho de que la posterior utilización por la Administración de esa autorización fuese correcta, ni tampoco admite la convalidación por el simple aquietamiento del interesado, al no formular protesta alguna (vid. STC 50/1995 ).

4º). - Por último, al tiempo de ejercer este control, el órgano judicial debe cerciorarse de que el acto administrativo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada no está siendo o ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo, pues en tal caso no podría inmiscuirse en su ejecución sin lesionar la tutela judicial efectiva que corresponde ejercer al órgano judicial que conoce o ha conocido del asunto, tal y como se ha tenido ocasión de razonar anteriormente.

El ejercicio efectivo de este control tiene que exteriorizarse mediante una motivación expresa que huya de estereotipos y formulaciones genéricas susceptibles de ser aplicados a diferentes supuestos. El Tribunal Constitucional en este punto se ha mostrado muy exigente, considerando que solo mediante la adecuada motivación es posible comprobar, por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y, por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Por último, debe tenerse muy presente que la intensidad del control judicial a efectuar es menor cuando se trata de autorizar la entrada en el local de una persona jurídica que cuando se trata de preservar el domicilio de una persona física, pues también es menor la protección constitucional dispensada ( STC 171/1997 , 69/1999 ).

Otro de los aspectos que merece ser abordado consiste en determinar si el juez unipersonal de lo contencioso, antes de autorizar la entrada, ha de tener constancia de la negativa del titular a facilitar la entrada de forma voluntaria. Ni la Constitución, ni el art. 8,6 LRJCA , disponen nada al respecto. La autorización judicial de entrada en un domicilio no necesariamente tiene que venir precedida del requerimiento y consiguiente negativa de su titular, aunque, sin duda, suele ser la situación habitual y la negativa previa de su titular puede y debe ser ponderada para apreciar la necesidad de entrada. Así lo ha afirmado el Tribunal Constitucional en varias resoluciones. En los AATC 129/1990 , 85/1992 y STC 174/1993 afirmó "a propósito de la audiencia del interesado en este tipo de actuaciones judiciales, hemos declarado que el ejercicio de esta función de control, preventivo y "prima facie", no requiere que necesariamente y en todo caso el órgano judicial se pronuncie después de conocer los motivos de oposición del interesado, como si se tratase de un proceso, cuando lo cierto es que de lo único que se trata es de apoderar a la Administración para realizar una determinada actuación" y en el ATC 129/1990, de 26 marzo se afirma "Sostener, como hace el demandante de amparo, que el requerimiento y la negativa del interesado son condición necesaria de la eficacia habilitante de la resolución judicial y de su mismo pronunciamiento sería tanto como mantener que el auto de entrada y registro sólo surte tales efectos, y únicamente puede ser dictado contra el consentimiento del interesado, pero no en defecto del mismo".>>.

CUARTO.- Delimitación de la controversia.

Desde la perspectiva que nos dan estas consideraciones previas queda claro que lo que debemos resolver es únicamente si la autorización de entrada en el domicilio para la ejecución de un acto administrativo firme, como es el desahucio, es procedente, siendo de destacar que la parte apelante no alega en su recurso que el auto haya incumplido alguna de las exigencias que resultan de la jurisprudencia constitucional que hemos transcrito.

QUINTO.- Examen de los distintos motivos del recurso de apelación.

1.- Teniendo en cuenta la delimitación de la controversia y dando respuesta a las distintas cuestiones que plantea el apelante, hay que decir que el derecho a la inviolabilidad del domicilio no es un derecho absoluto y de ahí precisamente que quepa la autorización judicial para la ejecución de actos que exijan la entrada en un domicilio, como es el caso ( artículo 18.2 CE) .

2.- La parte apelante invoca este derecho para afirmar que el domicilio sito DIRECCION000, de Villarino de los Aires sigue siendo su domicilio y con ello quiere poner de manifiesto el error en el que incurre el Juzgador de instancia.

El auto que se recurre claramente explica por qué no se considera que Dª Amalia reside en el domicilio cuya autorización de entrada se solicita y así lo hemos recogido en los antecedentes. Realmente no es hasta una fecha posterior a dicho auto cuando el Juzgador de instancia tiene conocimiento de un cambio de circunstancias y dicta otro auto de fecha 22 de julio de 2024 en el que dice "Ahora bien, obra en autos informe/oficio de 15/07/24 remitido por Guardia Civil -de manera urgente y por correo electrónico- en el que se señala que la solicitante sí reside en la vivienda objeto del procedimiento junto a su hijo y que, comprobado el padrón, se encuentra empadronada en la misma".A reglón seguido recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 32/2019, de 28 de febrero y acuerda aplazar el lanzamiento e indicar a la Administración que conforme a dicha sentencia y a las disposiciones aplicables y medios disponibles debe atender a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular cuando afectaren a personas especialmente vulnerables.

Por lo tanto, el auto recurrido es coherente con las circunstancias fácticas que constaban en las actuaciones al tiempo en el que se dicta (28 de junio de 2024) y si bien posteriormente cambian en el sentido que indica la Guardia Civil (informe de 15 de julio de 2024) ello no nos permite revocar el auto dictado ya que la autorización sigue siendo pertinente por los propios razonamientos que se contienen en dicha resolución, esto es, es necesaria para la ejecución de un acto firme (el desahucio) y resulta una medida adecuada y proporcionada, no existiendo ninguna otra alternativa menos gravosa.

Así pues, admitiendo que la vivienda constituye el domicilio de Dª Amalia, la autorización sigue siendo procedente y con ello se da cumplimiento a las exigencias que resultan del artículo 18.2 CE, no pudiendo por ello considerarse vulnerando.

3.- Todas las circunstancias que se invocan en el recurso de apelación que se refieren a la situación de vulnerabilidad han sido tenidas en cuenta igualmente por el Juzgador de instancia en el Auto de 22 de julio de 2024 al que ya nos hemos referido y, entre ellas, y de modo muy particular debe destacarse la presencia de un menor (al parecer sobrino de Dª Amalia) en el domicilio sin que conste que tenga la tutela, potestad de guarda u otro título que justifique que dicho menor viva en ese domicilio.

4.- Conforme a las consideraciones previas que hemos hecho nuestro enjuiciamiento se ha limitado a la procedencia de la autorización de entrada, sin que podamos ahora analizar si la vivienda está en mal estado de habitabilidad.

Procede, pues, la integra desestimación del recurso y la confirmación del auto recurrido junto con las precisiones añadidas en el posterior Auto de 22 de julio de 2024.

SEXTO.- Costas.

De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción y al desestimarse el recurso de apelación procede la imposición de costas a la parte apelante.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y a la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 300 euros.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,