Sentencia Contencioso-Administrativo 173/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 2412/2021 de 30 de enero del 2025

PRIMERO.- De la sentencia apelada.

La sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la hoy apelante frente a la desestimación presunta de su solicitud de 21 de enero de 2020 presentada en el Ayuntamiento de Nevada, poniendo de manifiesto y denunciando, según se señala en el escrito de demanda, una serie de irregularidades observadas en torno al proceso de adjudicación y Pliego de Condiciones para el Arrendamiento del inmueble ubicado en DIRECCION000, para destinarlo al uso exclusivo de Taller Artesanal de Agroindustria Alimentaria, concretamente en el inmueble donde se ubica la recepción del camping municipal de Laroles, para instalar en él una fábrica de cerveza "CERVEZAS NAZARÍ, S.L.", produciéndose el arrendamiento irregular de dicho inmueble para la instalación de dicha industria, así como las ayudas y subvenciones obtenidas irregularmente por los gerentes de dicha empresa para su instalación, y el forzamiento, por parte de la concesionaria del Camping, de la puerta de la cabaña de la recurrente, instalada en el recinto del camping, en diciembre de 2015, para instalar en ella la recepción del mismo; siendo numerosos los escritos presentados por la recurrente, ante el Ayuntamiento de Nevada y ante la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, denunciando las referidas cuestiones, así como cuantas vicisitudes han acompañado a todos los trámites llevados a cabo, según resume la demanda, en la que se termina suplicando que se "tenga por interpuesto Recurso Contencioso Administrativo contra al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NEVADA, en impugnación de la desestimación por silencio, ex. art. 13.3 RD 429/1993 , de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración solicitada a instancias de mi mandante frente a dicha Administración con fecha 21/1/2020, todo ello ex. Art. 25 y 45 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ,(...)".

Fundamentando el Juzgador de instancia su fallo desestimatorio significando que, respecto al requisito de la imputabilidad, "no se justifica en qué medida el suceso dañoso acontece en el marco del funcionamiento de un servicio público en los términos previstos en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , o en el resto de normativa sectorial de general aplicación. En ese sentido, la eventual responsabilidad sobre el devenir de la vivienda no sería del Ayuntamiento sino del concesionario del camping, que no ha sido demandado en este procedimiento."

Por tanto, y considerando que el proceso se reduce a dos pretensiones relativas a "que se reponga la realidad jurídica ilícitamente alterada, restableciéndose el orden urbanístico perturbado, de manera que la recepción del camping deje de estar en el chamizo que han situado en la salida de incendios del camping, y vuelva a su edificación original, por una parte, y a que se anule el procedimiento de arrendamiento, por otra, procedemos al análisis de ello",dice que sobre ambas cuestiones "no hay una mínima argumentación mínimamente convincente en la demanda sobre la eventual conculcación de la normativa en que el Ayuntamiento de Nevada haya podido incurrir".

A lo que añade que:

"En definitiva, el relato de los hechos es inconexo, mezcla cuestiones personales que nada tienen que ver con la actividad municipal, carece de lógica jurídica y de un mínimo rigor expositivo. Pero, en todo caso, no se acredita de manera clara vulneración del ordenamiento jurídico por parte del Ayuntamiento con independencia de las muchas denuncias que la actora dice haber formulado, moviéndose su alegato en el terreno de las divagaciones, de las opiniones personales y de las conjeturas, sin que este juzgador pueda entrar a valorar una pretensión que no ha sido concretada en sus justos términos, teniendo en cuenta el principios "ne procedat iudex ex officio" que rigen el proceso contencioso-administrativo por no tener este juzgador facultades sobre el petitum ni poder modificar de oficio el objeto delimitado por las partes. En efecto, este juzgador debe de pronunciarse de acuerdo con el principio de aportación de parte, resolviendo sobre el fondo de la cuestión en base a los elementos probatorios aportados por las partes ("iudex secundum allegata et probata partium decidere debet"), según el aforismo "da mihhi factum, dabo tibi ius". Y, en ese sentido, nada ha acreditado la actora sobre la eventual infracción del ordenamiento jurídico por parte del Ayuntamiento.

En virtud de lo anterior, procede la desestimación del recurso interpuesto en lo que se refiere a que se reponga la realidad jurídica ilícitamente alterada, restableciéndose el orden urbanístico perturbado, de manera que la recepción del camping deje de estar en el chamizo que han situado en la salida de incendios del camping, y vuelva a su edificación original, y en lo que se refiere a que se anule el procedimiento de arrendamiento, inadmitiéndolo en todo lo demás conforme a lo señalado en el fundamento jurídico segundo."

SEGUNDO.- Motivos de impugnación y alegaciones de las partes.

a) De la parte apelante:

ÚNICO.- Error en la valoración de la prueba, al no ser valorada ni tenida en cuenta la prolífica prueba documental apartada en el recurso contencioso-administrativo.

El recurso de apelación se fundamenta en un único motivo en el que la apelante critica la fundamentación de la sentencia, lo que hace, en necesaria síntesis, en base a las siguientes alegaciones:

1.- En el expediente consta un informe desfavorable de "Medio Ambiente" de fecha 10 de julio de 2018 respecto a la fábrica de cerveza, que indica que la misma no puede estar en ese emplazamiento, por lo que la sentencia debe ordenar de inmediato que se quite de ahí., quedando claro que el arrendamiento de un inmueble para poner allí la fábrica es inviable.

2.- La sentencia se refiere a la defectuosa técnica procesal empleada por la parte actora, significando que existen hasta tres demandas en el procedimiento, lo que no es cierto puesto que la única demanda se admitió en fecha 14 de junio de 2021.

3.- Consecuentemente, no existe falta de justificación de la reiteración de las demandas y de modificación de pretensiones, pues la demanda es siempre la misma; no se modifican las pretensiones, sino que se añaden más, todas ellas relacionadas con las anteriores.

4.- Respecto del FD SEGUNDO, donde la sentencia dice que se comparte con el Letrado de la Diputación que lo que haya podido ocurrir con la vivienda ilegalmente instalada en el camping no es responsabilidad del Ayuntamiento sino del concesionario, no es cierto que la vivienda estuviese ilegalmente instalada en el camping, lo que se ha acreditado en el procedimiento ordinario 426/2020, seguido en el mismo Juzgado; y no fue el concesionario del camping municipal el que demandó o tomó acciones contra la recurrente, alegando ilegalidad, sino que fue el propio Ayuntamiento el que comenzó a multarla alegando que había situado la cabaña en el camping sin permiso. El nuevo concesionario forzó y ocupó la propiedad de la recurrente situando en ella la recepción de camping, toda vez que el Ayuntamiento le había arrendado el edificio de la recepción a un Concejal, Teniente de Alcalde, y además para poner allí una fábrica de cerveza ilegal, y cobrando una subvención pública por ponerla y sin contar con permiso de "Medio Ambiente", amén de dejar el camping sin recepción. La cuestión de cómo se puso la recepción en la cabaña de la recurrente no es objeto del presente procedimiento sino del ya referido 426/2020.

A lo anterior añade, respondiendo a que dice la sentencia sobre que la actora no procedió a la retirada de la vivienda hasta el 25 de octubre de 2017, indica que es otra afirmación errónea y que no viene al objeto de este procedimiento ya que se explica este asunto profundamente en el 426/2020.

5.- Refiere la sentencia que hay desviación procesal, pero no se da tal cosa toda vez que en la reclamación previa, de 21 de enero de 2020, existe un único objeto que la existencia de un arrendamiento municipal ilegal, lo que la actora ha denunciado tanto como infracción urbanística, ya que esa industria va contra la normativa urbanística aplicable además de contra la normativa de turismo, medio ambiente y administrativa, solicitando que se quite la industria del citado inmueble "ya que ahí, no puede estar".No existe desviación procesal sino acumulación de acciones y, por tanto, de pretensiones.

6.- Respecto de la afirmación de la sentencia de que no se justifica que el suceso dañoso aconteciera en el marco del funcionamiento de un servicio público, señala que tanto el hoy ex Alcalde como el hoy ex Concejal, cuando ocurrieron los sucesos dañosos, eran cargos públicos. La mercantil del entonces Concejal es la única que opta al concurso y el Alcalde le arrienda el inmueble municipal para que la mercantil creada por el ex Concejal ponga en él una fábrica sin los permisos reglamentarios, pero sí puede hacerse efectiva la subvención porque para cumplir con los requisitos de la misma necesita el local, todo ello con incumplimiento de la normativa de turismo y de "Medio Ambiente".

7.- En relación con el FD CUARTO de la sentencia, donde se califica la demanda como un galimatías, da la impresión de que la misma no ha sido leída pues lo que recoge la demanda es una exposición de los hechos que la demandante ha tenido que sufrir desde 2014 en relación con este asunto, ya que tenía una cabaña en el camping desde 2011, pues en 2014 ponen una fábrica en la recepción de camping, dejándole sin recepción, teniendo que acceder los clientes hasta la zona de acampada pasando la fábrica, al encontrarse ésta a la entrada del camping, para registrarse, lo cual también prohíbe la norma, ya que la recepción de un camping debe estar en un lugar donde no se molesta a la zona de acampada, generando molestias a todos los campistas.

8.- La sentencia no aclara si el Concejal puede "coger" una subvención pública para poner una fábrica, y aquí es donde debería entrar y no lo hace, como tampoco entra a aclarar si el mismo concejal puede arrendar un inmueble público para poner en él una fábrica de su propiedad, y lo arrienda supuestamente con el dinero de la subvención.

Finalmente insiste en el incumplimiento de la normativa de turismo y medioambiental, contando la fábrica con informe desfavorable de "Medio Ambiente" del año 2018, de manera que, con ese informe, la fábrica de cerveza no puede instalarse en esa ubicación. La recepción de un camping, según la "norma", no puede hallarse en las inmediaciones de la salida de incendios, sino que debe encontrarse en la entrada del establecimiento. Siendo por tanto el fallo de la sentencia claramente injusto y sitúa al camping y a sus usuarios en una posición incluso de riesgo al no quitar una fábrica del mismo y tampoco una recepción en la salida de incendios.

b) De la parte apelada.

1.- Incorrecta formulación del recurso de apelación. Reiteración casi mimética de los argumentos utilizados en el escrito de demanda, los cuales ya fueron cumplida y certeramente respondidos por la sentencia apelada, por lo que debería inadmitirse el recurso; subsidiariamente, para el caso en que la Sala considere que debe continuarse la tramitación del recurso, deberá dictarse una sentencia en la que se declare la inadmisibilidad por las siguientes razones.

2.- Correcta valoración de la prueba realizada por el Juzgador de instancia.

3.- Vulneración de la buena fe procesal. Recurso interpuesto con defectuosa

técnica procesal.

4.- Improcedencia de la práctica de prueba y conclusiones.

TERCERO.- Sobre la pretensión de inadmisibilidad del recurso de apelación: falta de crítica de la sentencia de instancia.

Como señala la STS de 26 de octubre de 1.998 el recurso de apelación tiene por objeto la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia de tal modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia impugnada que es la que debe servir de base para la pretensión sustitutoria de pronunciamiento recaído en primera instancia. La jurisprudencia - sentencias de 24 de noviembre de 1987, 5 de diciembre de 1988, 20 de diciembre de 1989, 5 de julio de 1991, 14 de abril de 1993, etc.- ha venido reiterando que en el recurso de apelación se transmite al Tribunal ad quemla plena competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, por lo que no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada, al margen de los motivos esgrimidos por el apelante como fundamento de su pretensión, que requiere la individualización de los motivos opuestos a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que esta venga ejercitada, sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, puesto que en el recurso de apelación lo que ha de ponerse de manifiesto es la improcedencia de que se dictara la sentencia en el sentido en que se produjo. Así pues, los recursos de apelación deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. En este sentido las SSTS de 19 de abril y 14 de junio de 1991, indican que el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quemdel necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso".Sin embargo, el incumplimiento de dichos requisitos no constituye causa de inadmisión del recurso de apelación sino de desestimación.

Al hilo de lo anterior debemos dejar constancia de la existencia de dicha crítica en el recurso de apelación no pudiéndose confundir la reiteración con la argumentación dado que la invocación de la infracción determina el juicio de crítica suficiente a los efectos de la pretensión deducida.

Más concretamente, y si bien es cierto que en el recurso de apelación se reproduce en parte el escrito de demanda, no lo es menos que el apelante refiere con detalle los aspectos de la sentencia que considera no ser conformes a Derecho y los critica reproduciendo para ello la misma fundamentación jurídica que ya expuso en la primera instancia y que no fueron acogidos por el Juzgador a quo.

CUARTO.- Sobre las cuestiones de fondo planteadas en el recurso de apelación.

Rechazada, por los motivos expuestos, la inadmisibilidad del recurso, la Sala considera acertada la estructura de la sentencia apelada, donde primero se examina la desviación procesal de la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración para después centrarse en el análisis de lo que considera son las dos pretensiones del recurso: que se reponga la realidad jurídica ilícitamente alterada, restableciéndose el orden urbanístico perturbado, de manera que la recepción del camping deje de estar en el chamizo que han situado en la salida de incendios y vuelva a su situación original, y que se anule el procedimiento de arrendamiento; pues ninguna repercusión para la resolución de este recurso tienen las críticas que la apelante hace a la sentencia en el sentido de la defectuosa técnica procesal que el Juzgador de instancia achaca a la demanda señalando, en síntesis, a la falta de rigor en la exposición de los hechos y fundamentos de Derecho.

Siendo, por tanto, dichas cuestiones las nucleares que han de constituir el objeto de nuestro análisis, pasaremos a continuación a examinarlas.

1.- Sobre la existencia de desviación procesal.

Como hemos visto en el fundamento anterior, la parte apelante discrepa del argumento de la sentencia apelada al considerar que en el presente caso no existe desviación procesal sino una acumulación de acciones y, por tanto, de pretensiones, ya señaladas en el escrito de reclamación previa y que se desarrollan en la demanda; y señala que en la reclamación previa ya se recoge lo que se va a solicitar y se suscitan las cuestiones que se desarrollarán en la demanda, y las acciones acumuladas se deducen en relación al mismo acto, el arrendamiento ilegal, y existe entre ellas conexión directa.

Antes de entrar a analizar el contenido de dicha alegación, hemos de precisar que lo que la apelante denomina "reclamación previa" no puede considerarse técnicamente como tal, y ello por cuanto las mismas se suprimieron con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo que se justifica en su Exposición de Motivos diciendo que "De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral, debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas.";en consecuencia, lo que en la demanda se denomina como "reclamación previa" no es sino una solicitud en la que la interesada interesaba que "de inmediato, se quite la industria agroalimentaria citada del citado inmueble ya que ahí, y ustedes lo saben perfectamente, no puede estar, porque lo prohíben las normativas, restableciéndose, para empezar, la legalidad urbanística; de momento, que se clausure y, acto seguido, se quite de ahí; creo que es así el protocolo de actuación en estos casos; ustedes lo deben saber mejor que yo, que soy lega".

Aclarada en esos términos dicha cuestión, y sin que el error en la calificación de la solicitud de la interesada afecte a su derecho a obtener una resolución administrativa en los términos que dicha Ley establece, y entrando ya en el fondo de la cuestión, no podemos sino confirmar el criterio del Juzgador de instancia pues en dicho escrito en ningún momento se hace referencia a la reclamación patrimonial de la Administración que pudiera fundamentar una pretensión en tal sentido. La sentencia apelada es clara cuando dice que la alegación de desviación procesal esgrimida por la Administración demandada en su escrito de contestación debe prosperar y, si bien entra a continuación a desestimarla dado que "no se justifica en qué medida el suceso dañoso acontece en el marco del funcionamiento de un servicio público en los términos previstos en el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local , o en el resto de normativa sectorial de general aplicación, En ese sentido, la eventual responsabilidad sobre el devenir de la vivienda no sería del Ayuntamiento sino del concesionario del camping, que no ha sido demandado en esta procedimiento";razonamientos que la sentencia ofrece por añadidura pero que serían innecesarios desde el momento en que, si se aprecia la desviación procesal, como en este caso se hace, resulta innecesario efectuar un pronunciamiento de fondo sobre dicha cuestión.

En ese mismo sentido se pronunció la sentencia de esta Sala (Sección Primera) de 19 de noviembre de 2022, dictada en el rollo de apelación 998/2022, que, en relación con la sentencia dictada por el mismo Juzgado en el procedimiento ordinario 426/2022, de continua referencia en este recurso de apelación a versar sobre cuestiones directamente relacionadas con las aquí examinadas, dice que "Se trata de la reclamación previa formulada ante el Ayuntamiento demandado, conforme señala expresamente la parte actora en su escrito de fecha 2 de julio de 2021. Su lectura revela, coincidiendo plenamente con lo razonado por el juzgador, que no existe ningún tipo de reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial, ya sea directa o indirectamente. Únicamente obra una solicitud de explicaciones al Ente local acerca de lo que considera la interesada como actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, que en absoluto pueden reconducirse, sin alterar el contenido de la reclamación, como un escrito iniciador del expediente de responsabilidad patrimonial."

En definitiva, y como dice la sentencia apelada, nos encontramos ante un supuesto de desviación procesal entre lo solicitado en vía administrativa y en la contencioso-administrativa, por lo que el motivo de impugnación no puede encontrar favorable acogida.

2.- Sobre la pretensión de reposición de la realidad jurídica ilícitamente alterada, restableciéndose el orden urbanístico perturbado.

Rechazada la posibilidad de efectuar pronunciamiento de fondo acerca de la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, por desviación procesal, hemos de analizar ahora si de los hechos que se relatan en la demanda y que, al criticar la sentencia, se reproducen en el recurso de apelación, merecen ser acogidos.

Recordemos que la apelante fundamenta su recurso en la existencia de un informe desfavorable de "Medio Ambiente" de fecha 10 de julio de 2018 del que se infiere que la fábrica artesanal de cerveza no puede estar en ese emplazamiento, es decir, donde originalmente se encontraba la recepción del camping.

Se refiere la apelante al informe obrante en las páginas 55 y 56 del expediente, emitido por la Delegada Territorial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde se señala que según la normativa urbanística de aplicación, NN. SS. con aprobación definitiva en fecha 30 de abril de 1999 y PEPMF de la provincia de Granada, la parcela objeto de actuación se ubica en suelo clasificado como No Urbanizable de especial protección, Alta Alpujarra Protección Cautelar, siendo de aplicación la norma 41 del PEPMF referente a Paisajes Agrarios Singulares (AG), y que, aunque en las NNSS se especifica (art. 88) que podrán autorizarse edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social, como en su día se autorizó el campamento turístico, hay que tener en cuenta que el uso asignado a este suelo es el de Campamento Turístico Municipal, siendo esta actuación otro uso, el industrial agroalimentario, y que las edificaciones deben ser de usos compatibles con el original, no siendo un Taller Artesanal de Industria Agroalimentaria, para la elaboración, envasado y comercialización de productos naturales, concretamente la fabricación artesanal de cerveza un uso integrante de un campamento o Camping municipal, que fue el uso (Campamento Turístico de Nevada-Laroles) establecido en el P.A. 143-1993, "Por tanto, se informa desfavorablemente"el cambio de uso solicitado por el Ayuntamiento de Nevada.

Es cierto, como se alega por la parte apelante, que la sentencia apelada omite cualquier referencia a dicho informe, y señala que "la actora no concreta qué normativa se conculca por parte del Ayuntamiento más allá de vaguedades y de opiniones personales que no se apoyan en prueba pericial alguna",pasando por alto con ello las referencias de la parte actora a que la instalación de una fábrica artesanal de cerveza en el recinto del camping va contra la normativa urbanística aplicable además de contra la normativa de turismo, medio ambiente y administrativa, y a su solicitud de que se quite la industria del citado inmueble "ya que ahí, no puede estar",alegaciones que la parte actora fundamenta básicamente en el aludido informe y que la sentencia de instancia no analiza por considerar que no se concreta la normativa vulnerada y que son opiniones personales que no se apoyan en prueba pericial alguna. Ahora bien, si tenemos en cuenta no sólo las alegaciones en que se fundamenta el recurso de apelación, es decir, la existencia del aludido informe desfavorable, sino también las restantes actuaciones que resultan del examen del expediente administrativo ( NUM000), y concretamente la ulterior tramitación y aprobación de otro Proyecto de Actuación, que la parte apelante ni siquiera menciona, la conclusión a la que llegaríamos sería la misma que fundamentó la desestimación del recurso contencioso-administrativo, es decir, la falta de prueba de la vulneración del ordenamiento jurídico-urbanístico que en que se basa tanto la demanda como el recurso de apelación, dado que el nuevo informe emitido por la Delegación Territorial, referido ya al nuevo Proyecto de Actuación, no alude ya a incumplimiento alguno a efectos territoriales y urbanísticos.

Efectivamente, tras tener conocimiento el Ayuntamiento de Nevada del aludido informe desfavorable del Proyecto de Actuación originariamente tramitado, consta en el expediente oficio del Ayuntamiento de Nevada, dirigido al Área de Asistencia a Municipios, de fecha 19 de octubre de 2018 (folio 57 del expediente) en el que, en relación al dicho informe jurídico, se solicita la realización del Proyecto de Actuación que legalice el cambio de uso turístico de la edificación al uso destinado de "Fábrica artesanal de cerveza", así como el Proyecto de Actuación promovido por dicho Ayuntamiento y redactado por el Arquitecto D. Luis Carlos "PARA LA IMPLANTACIÓN DEL USO COMPLEMENTARIO DE "MUSEO DE LA CERVEZA" SOBRE UNA EDIFICACIÓN EXISTENTE DENTRO DE LA PARCELA DEL CAMPING ACTUAL",en DIRECCION000, parcela nº NUM001, polígono nº NUM002; Proyecto que fue aprobado por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Nevada en sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2019, previo informe favorable del Delegado Territorial de la mencionada Consejería de fecha 16 de octubre de 2019, en el que se indica que "Según se desprende del Proyecto de actuación se quieren ir dando usos complementarios de índole turístico a ciertas instalaciones en desuso dentro del complejo turístico existente. Uno de los principales es el que le quiere dar a este edificio como museo de la cerveza, un uso de atracción turística y complementario e integrado en el complejo actual (Camping), según la propuesta del propio proyecto de actuación.".Siendo de señalar que, según el Proyecto (apartado A2 "JUSTIFICACIÓN LEGAL Y TRAMITACIÓN",se pretende la implantación en suelo no urbanizable del uso complementario de "museo de la cerveza" sobre una edificación existente dentro de la parcela del camping actual, indicando que "Mediante este uso complementario al camping de "museo de la cerveza" se pretende dar al visitante la oportunidad de conocer el mundo de la cerveza mediante este museo, además de ofrecerle, mediante talleres, poder hacer o elaborar su propia cerveza",encontrándose en el apartado C2 del Proyecto, que lleva por título "VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA ACTIVIDAD",página 103, hace expresa alusión a la producción de cerveza.

Ninguna alusión se hace, sin embargo, por la apelante a dicho Proyecto de Actuación, que fue el que obtuvo la aprobación definitiva del Ayuntamiento y en cuyo seno consta informe del Delegado Territorial de la mencionada Consejería de fecha 16 de octubre de 2019, esta vez favorable, en el que se indica que "Según se desprende del Proyecto de actuación se quieren ir dando usos complementarios de índole turístico a ciertas instalaciones en desuso dentro del complejo turístico existente. Uno de los principales es el que le quiere dar a este edificio como museo de la cerveza, un uso de atracción turística y complementario e integrado en el complejo actual (Camping), según la propuesta del propio proyecto de actuación.";Proyecto que vendría a legitimar el ejercicio de la actividad complementaria de referencia y al que ninguna alusión se hace por la parte apelante, y sin que, por tanto, se haya alegado ni acreditado, tras la emisión del nuevo informe urbanístico, en qué medida la ubicación en el camping municipal de la fábrica artesanal de cerveza pueda contravenir la normativa urbanística de aplicación y el propio Proyecto de Actuación finalmente aprobado, y sin que tampoco se hayan señalado los posibles incumplimientos de la normativa sectorial sobre turismo y medioambiente que la apelante también refiere, genéricamente, en su recurso.

De todo lo anteriormente expuesto se colige que el inicial Proyecto de Actuación, en el que se preveía la instalación de la aludida fábrica artesanal de cerveza en el recinto del camping municipal, no llegó a obtener su aprobación a la vista del informe desfavorable de la Delegada Territorial en Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y que posteriormente se tramitó otro Proyecto de Actuación, constando esta vez con el informe favorable de dicha Delegación, circunstancia que, ante la falta de prueba que desvirtúe sus consideraciones, nos lleva derechamente a la desestimación del recurso de apelación, donde no se alega -tampoco se hacía en la primera instancia- si la fábrica artesanal de cerveza cuenta con licencia de obras y de apertura y si, en su caso, la instalación se ajusta a las mismas. En ese sentido, en el expediente existe constancia de la concesión de una licencia de obras de adaptación de un local para fábrica artesanal de cerveza en una estructura preexistente en la parcela en cuestión mediante resolución de la Alcaldía de 20 de mayo de 2014, y en la documental aportada junto a la demanda de la tramitación, aunque no conste su otorgamiento, de la tramitación de la licencia de actividad.

3.- Sobre las alegaciones relativas a la nueva ubicación de la recepción del camping junto a la salida de incendios.

En estrecha relación con la cuestión a que acabamos de referirnos en el punto anterior está la alegación en la que la apelante pone de manifiesto que la recepción no puede estar junto a la salida de incendios.

Ha de tenerse en cuenta, como venimos diciendo, que la parte apelante ignora, tanto en su demanda como en su recurso de apelación, que con posterioridad a la tramitación del primer Proyecto de Actuación la Administración municipal tramitó otro, referido a la implantación del uso complementario de "MUSEO DE LA CERVEZA", entre cuyas previsiones se contempla, como ya hemos indicado, la producción de cerveza, cuya materialización desplazó la recepción del camping a otra parcela, según el plano obrante en la página 75 del expediente, que localiza la caseta de recepción en el punto 7 del mencionado plano.

Sentado lo anterior, el escrito de apelación, lo mismo que la demanda, más allá de generalidades, no contiene referencia expresa no ya a los incumplimientos que se achacan a esa nueva ubicación de la recepción sino que tampoco lo hace a la posible discordancia entre las previsiones del Proyecto aprobado y su ubicación real en el recinto del camping, razón por la que la alegación que ahora examinamos no puede encontrar tampoco favorable acogida por la Sala.

QUINTO.-Procede, en consecuencia, desestimar el recurso de apelación. En cuanto a las costas de esta instancia, en aplicación del art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procedería su imposición a la parte apelante; no obstante, y a la vista de las circunstancias que han quedado expuestas, entendemos que no ha lugar a su imposición.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación