Sentencia Contencioso-Administrativo 3068/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 661/2025 de 04 de julio del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación.

Es objeto del presente recurso de apelación el auto número 268/2024, de fecha 27 de septiembre de 2024, que dimana del procedimiento de autorización de entrada en domicilio número 512/2024, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Granada

SEGUNDO.- Posición de la parte apelante.

La representación legal de la entidad mercantil Vivafibra Comunicaciones, S.L., solicita la anulación del auto impugnado y expone, en síntesis, los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

La resolución judicial impugnada adolece de falta de motivación. La entrada y registro solicitada contiene datos erróneos. La resolución no llega a analizar el acuerdo de la Inspección que le sirve de base y que, como se podrá comprobar, no reúne los requisitos necesarios para que se acuerde la entrada y registro.

La denuncia no es un acto de inicio del procedimiento de inspección, pues se exige una actuación previa al inicio del procedimiento como es la comprobación de los hechos denunciados, que aquí, a su juicio, no ha tenido lugar. Además, la denuncia contiene un cúmulo de imprecisiones y vaguedades, que tendrían que haber obligado a que la Administración realizara un juicio de ponderación reforzado. Habría sido más sencillo requerir a la empresa para que aportase documentación y, además, procedido a una mínima comprobación de los datos que contenía la denuncia que, insiste, se apoya en datos falsos.

La actuación inspectora se basa en una posible vinculación fraudulenta entre dos sociedades. Lo habitual en el sector de las telecomunicaciones es que exista una distribución de empresas, entre las que se delimita el operador de infraestructura, operador de telecomunicaciones y la empresa de planta externa. La facturación entre ambas empresas se lleva a cabo para abonar los trabajos de cada una.

Resalta que no es cierto que exista una incoherencia entre las entradas de fondos en las cuentas bancarias del titular de la entidad mercantil y su esposa, y las cantidades declaradas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El matrimonio recibe, además de sus salarios, unos honorarios que se declaran en el citado impuesto, que ascienden a 120.000 euros anuales. Añade que se ha producido una manipulación errónea de los datos que arrojan las cuentas bancarias.

El auto apelado infringe los requisitos establecidos en la jurisprudencia para la adopción de una medida tan restrictiva de derechos como la entrada y registro en un domicilio. No existe un título ejecutivo, eficazmente documentado, y una correcta individualización del objeto ha de soportar la ejecución forzosa del acto. Asimismo, no concurre apariencia de legalidad de la actuación administrativa y censura de la juzgadora el hecho de que no haya verificado esa apariencia de legalidad de la resolución.

Tampoco se han agotado todos los demás medios para la ejecución forzosa, que no exijan invadir el espacio privado. Además, dentro de la necesaria ponderación de intereses en conflicto, argumenta que la actuación fue desproporcionada. No ha quedado debidamente garantizada, en fin, que se hayan producido más limitaciones de los derechos fundamentales que aquellas que sean estrictamente necesarias.

Continúa el recurso de apelación alegando el incumplimiento de los requisitos de fondo y de forma para la obtención de la autorización de entrada y registro. Cita la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2020. La medida inaudita parte tiene carácter excepcional y ha de ser especialmente rigurosa, objeto de máxima fundamentación y de estudio de las actuaciones administrativas.

Finaliza indicando que es preciso que se les entregue copia completa del expediente administrativo que dio origen al auto impugnado, con inclusión de la denuncia y sus documentos, y con su resultado se le vuelva a conferir traslado al objeto de complementar o apuntalar su recurso.

TERCERO.- Posición de la parte apelada.

La Administración General del Estado, a través de su representación jurídica, interesa la desestimación del recurso de apelación y en apoyo de su posición procesal esgrime los siguientes argumentos, que pasamos a exponer de forma sucinta:

No es cierto que la resolución impugnada se limite a autorizar «sin más» la entrada. Reproduce parcialmente la fundamentación jurídica del acto y concluye que se realiza una motivación por remisión o in alliunde.

Asimismo, la resolución contiene el necesario juicio de proporcionalidad que requiere la doctrina del Tribunal Constitucional. La documentación de la apelante podría haber sido fácilmente destruida u ocultada si se hubiera concedido audiencia previa o se hubiera personado previamente la Inspección en sus instalaciones.

No es cierto que se haya producido una infracción del artículo 18.2 de la Constitución Española. El auto impone a la Administración el deber de observar las garantías contempladas en los artículos 545 a 572 de la LECrim y se añaden determinadas prevenciones vinculadas con el precitado artículo 18 de nuestra Carta Magna.

CUARTO.- Decisión de la Sala.

A) Breve referencia a la normativa y jurisprudencia aplicable.

Mediante escrito de fecha 16 de septiembre de 2024, la representación legal de la Administración General del Estado solicitó autorización inaudita parte para la entrada y reconocimiento de las instalaciones y negocios de la entidad mercantil apelante, todo ello en el plazo de un mes y en horario de jornada laboral de la oficina o actividad, entre otras limitaciones contenidas en el propio documento. Su objeto es recabar, examinar y obtener copias en cualquier soporte de los documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, entre otros, como consecuencia de los indicios de fraude fiscal y los sofisticados sistemas de defraudación que cabe suponer que son utilizados, especialmente a través de programas informáticos de contabilidad opaca o registros contables físicos ocultos.

El artículo 113 de la LGT tiene el siguiente tenor literal:

«Cuando en las actuaciones y en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración Tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.

La solicitud de autorización judicial para la ejecución del acuerdo de entrada en el mencionado domicilio deberá estar debidamente justificada y motivar la finalidad, necesidad y proporcionalidad de dicha entrada.

Tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del correspondiente procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y períodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial.»

Dicho precepto se remite el artículo 142.2 párrafo segundo de la LGT, siempre que sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario.

Respecto del domicilio de las personas jurídicas y su protección constitucional, la STS 25-06-2009 (rec. 3783/2006), aborda con detalle esta cuestión y concluye:

«Por tanto, cabe entender que el núcleo esencial del domicilio constitucionalmente protegido es el domicilio en cuanto morada de las personas físicas y reducto último de su intimidad personal y familiar. Si bien existen otros ámbitos que gozan de una intensidad menor de protección, como ocurre en el caso de las personas jurídicas, precisamente por faltar esa estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario; esto es, el referido a la vida personal y familiar, sólo predicable de las personas físicas. De suerte que, en atención a la naturaleza y la especificidad de los fines de los entes aquí considerados, ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.»

En cuanto a los requisitos exigibles, debe resaltarse la STS de 01-10-2020 (rec. 2966/2019), que fija la siguiente doctrina:

«Del conjunto de afirmaciones que hemos efectuado en relación con las cuestiones que, de forma sistemática, nos pide el auto de admisión, procede establecer la doctrina que, en buena parte, deriva de la ya contenida en la sentencia dictada el 10 de octubre de 2019 en el recurso de casación nº 2818/2017 , sistematizando cuanto hemos razonado hasta ahora:

1) La autorización de entrada debe estar conectada con la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y cuyo inicio se haya notificado al inspeccionado, con indicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas, por derivar tal exigencia de los artículos 113 y 142 de la LGT . Sin la existencia de ese acto previo, que deberá acompañarse a la solicitud, el juez no podrá adoptar medida alguna en relación con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido a efectos de práctica de pesquisas tributarias, por falta de competencia ( art. 8.6 LJCA y 91.2 LOPJ ).

2) La posibilidad de adopción de la autorización de entrada inaudita parte, no guarda relación con la exigencia del anterior punto, sino que se refiere a la eventualidad de no anunciar la diligencia de entrada con carácter previo a su práctica. Tal situación, de rigurosa excepcionalidad, ha de ser objeto de expresa fundamentación sobre su necesidad en el caso concreto, tanto en la solicitud de la Administración y, con mayor obligación, en el auto judicial, sin que quepa presumir en la mera comprobación un derecho incondicionado o natural a entrar en el domicilio, como aquí ha sucedido.

3) No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, como aquí sucede, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado.

4) Es preciso que el auto judicial motive y justifique -esto es, formal y materialmente- la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada, sometiendo a contraste la información facilitada por la Administración, que debe ser puesta en tela de juicio, en su apariencia y credibilidad, sin que quepan aceptaciones automáticas, infundadas o acríticas de los datos ofrecidos. Sólo es admisible una autorización por auto tras el análisis comparativo de tales requisitos, uno a uno.

5) No pueden servir de base, para autorizar la entrada, los datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos o, en general, de la comparación de la situación supuesta del titular del domicilio con la de otros indeterminados contribuyentes o grupos de estos, o con la media de sectores de actividad en todo el territorio nacional, sin especificación o segmentación detallada alguna que avale la seriedad de tales fuentes.

Tal análisis, de hacerse excepcionalmente, debe atender a todas las circunstancias concurrentes y, muy en particular, a que de tales indicios, vestigios o datos generales y relativos -verificado su origen, seriedad y la situación concreta del interesado respecto a ellos- sea rigurosamente necesaria la entrada, lo que exige valorar la existencia de otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración.»

B) Falta de motivación del auto.

El recurso de apelación censura, en primer lugar, el déficit de motivación del auto. A su juicio, no analiza el acuerdo de la Inspección que le sirve de base, pues carece de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la autorización de entrada. De forma más precisa, indica que la denuncia no es un acto iniciador del procedimiento de inspección y que es exigible una actuación previa que, según su criterio, en este caso no ha tenido lugar.

Anteriormente hemos visto que el primer requisito exigido por la jurisprudencia es la existencia de un procedimiento inspector ya abierto y que, además, se haya notificado al inspeccionado con expresa indicación de los impuestos y periodos a que afectan las pesquisas. Este requisito, de entrada, no se habría respetado, pues aunque se adjuntó a la solicitud como documento número 1 la orden de carga en plan de inspección no consta su notificación al interesado.

Hemos de precisar, sin embargo, que el precitado artículo 113 de la LGT fue modificado por la Ley 11/2021, de 9 de julio, en cuyo artículo decimotercero apartado diez añade los dos últimos párrafos que anteriormente hemos transcrito. En su virtud, tanto la solicitud como la concesión de la autorización judicial podrán practicarse, aun con carácter previo al inicio formal del corresponde procedimiento, siempre que el acuerdo de entrada contenga la identificación del obligado tributario, los conceptos y periodos que van a ser objeto de comprobación y se aporten al órgano judicial.En otras palabras, por imperativo legal este primer requisito en la actualidad ha quedado vacío de contenido, más allá de los presupuestos formales que deberá reunir el acuerdo de entrada y que en este caso han sido debidamente cumplimentados.

En efecto, el acuerdo de entrada exterioriza con claridad la identidad del obligado tributario, los distintos conceptos tributarios (impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el valor añadido y retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, referidos a los periodos 2021 a 2022, y primer trimestre de 2021 a primer trimestre de 2024, respectivamente) y estos datos se incorporaron al escrito formulado por la abogada del Estado.

El núcleo de la discrepancia del recurso de apelación, en realidad, versa sobre las supuestas imprecisiones o falsedades que contendría la denuncia anónima que ha servido de base a la Inspección, y que la Administración Tributaria habría aceptado de forma acrítica.

Es cierto, y así consta con claridad en el acuerdo de entrada, que existió una denuncia que alertaba de diversas irregularidades tributarias por parte de la sociedad ahora apelante. La Agencia Tributaria, lejos de aceptar sin mayor indagación dicha denuncia, contrastó la información contenida en el escrito de denuncia y confirmó su veracidad: la denuncia incorporaba diversas capturas de pantalla del programa de gestión de la entidad mercantil, y se pudo constatar, con carácter indiciario, la posibilidad de que la entidad estuviera percibiendo una cantidad superior a 225.000 euros anuales en efectivo que no eran declarados; e gualmente se denunció que con el efectivo no declarado se había adquirido infraestructura a diversas empresas a través de sociedades vinculadas, tal y como se reflejó detalladamente en el acuerdo de entrada.

Con ocasión de la denuncia, en fin, se comprobó la existencia de facturación cruzada entre sociedades instrumentales controladas por la misma persona que, precisamente, podrían utilizarse para facilitar el fraude fiscal y la sucesión de trabajadores y sociedades, y con ello, la eventual existencia de facturas falsas o falseadas para disminuir los rendimientos originados por la entidad mercantil.

Estas circunstancias son analizadas, si bien de forma escueta pero suficiente, en el auto impugnado. En particular, en el fundamento de derecho segundo se explican las incoherencias comprobadas por la Agencia Tributaria en relación con las entradas de fondos en la cuenta bancarias del administrador de la sociedad y su esposa y las cantidades declaradas en el IRPF. Añade que el incremento de la facturación en cuatro puntos no se ha traducido en un aumento del beneficio, por lo que concluye que ello puede ser indicativo de un incremento artificioso de los gastos.

En el recurso de apelación se afirma que en materia de telecomunicaciones existen tres tipos de empresas y que ha podido ser el desconocimiento del funcionario inspector acerca de esta forma de operar en el mercado el que ha motivado unas sospechas infundadas.

Sin embargo, ello no explica que haya existido un incremento de la facturación del 60 por ciento desde 2019 hasta 2023 y que los ingresos no hayan experimentado subida alguna; circunstancia que, como acertadamente indica el acuerdo de entrada, puede ser indicativa de la existencia de un incremento artificial de gastos o bien de ingresos no declarados asociados a dicho incremento. Y, sin duda, ha podido coadyuvar en este eventual aumento artificial de los gastos el hecho de que las tres sociedades estén controladas por el mismo administrador.

En cualquier caso, el recurrente alude a que se procedió a la venta de la sociedad Vivafibra Telecomunicaciones, S.L., y que como consecuencia de dicha operación el matrimonio recibe 120.000 euros anuales desde el año 2020.

Lo que razona la Agencia Tributaria es que no existe coherencia entre los saldos disponibles y los rendimientos declarados en el IRPF. Así, respecto de las cuentas bancarias del administrador de la sociedad, en el año 2023 tenía un saldo positivo de 314.694,28 euros, y su esposa de 670.982,80 euros, que no se corresponden con las declaraciones de los correspondientes ejercicios. A título de mero ejemplo, en las cuentas bancarias de la Dña. Eugenia existió un incremento patrimonial desde el año 2021 a 2022 superior a los 240.000 euros, que no guarda correspondencia con sus declaraciones de tales ejercicios; y lo mismo cabe decir del incremento experimentado desde el año 2022 a 2023, cercano a 200.000 euros. De hecho, la suma del saldo de las cuentas bancarias del matrimonio en el año 2019 era de 84.917,89 y en el año 2023 de 985.677,08 euros, lo que supone un incremento superior a 900.000 euros en 4 años, que en ningún caso estaría justificados por la venta de la empresa y la percepción anual de 120.000 euros por cada cónyuge, pues únicamente podría justificar una cantidad cercana a la mitad del citado incremento.

Asimismo, se atribuye a la Administración una «evidente manipulación de las tablas de las cuentas bancarias que se presentan», hasta el extremo de que afirma el apelante que ha falseado los datos de las cuentas del administrador de la sociedad. Para ello, señala que las tablas 1 y 3 hacen referencia a las mismas cuentas y, sin embargo, contienen datos distintos.

Baste la lectura de los distintos conceptos que contemplan tales tablas -la primera se refiere a las cuentas bancarias de D. Heraclio y la segunda a su mujer Dña. Eugenia- para comprobar que al referirse a titulares distintos, como es lógico, no es de extrañar que las cantidades no sean coincidentes.Es cierto que se alude a un número de cuenta corriente de una determinada entidad bancaria, pero con la única finalidad de matizar que esa concreta cuenta presenta titularidad conjunta del matrimonio, no así el resto de cuentas bancarias comprobadas. Es decir, las tablas reflejan la suma de los saldos de las diversas cuentas bancarias de las que serían titulares ambos cónyuges, ya sea de forma separada o conjunta.

Por lo expuesto, en atención a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, no se observan imprecisiones, datos falsos o errores que permitan afirmar que el acuerdo de entrada carece de fundamento, sino todo lo contrario. La juzgadora refleja suficientemente estos indicios en el auto impugnado, en correspondencia con los expresados por la Administración Tributaria.

El motivo será rechazado.

C) Requisitos para la adopción de la medida de entrada.

A continuación, alega la parte recurrente el incumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia para la adopción de la medida impugnada. No obstante, en el recurso de apelación se relacionan diversos requisitos que el Tribunal Constitucional ha establecido con carácter general para la ejecución forzosa de actos administrativos que, como se ha expuesto, no coinciden con los expuestos por la jurisprudencia para la adopción de esta concreta medida, entre otras, en su STS de 01-10-2020 (rec. 2966/2019).

- Centrándonos en el estudio de esta última sentencia, y una vez excluido el primer requisito por lo motivos expuestos con anterioridad, el carácter excepcional de la medida acordada «inaudita parte» resulta debidamente explicada en el auto.

En particular, en el fundamento jurídico cuarto, folio 6 de la resolución judicial, se indica que atendiendo a los volúmenes de fraude fiscal presuntamente cometidos, así como a los sistemas sofisticados de defraudación que se utilizan, es altamente previsible la oposición del obligado tributario a permitir voluntariamente la actuación de los funcionarios de la Inspección. Asimismo, considera muy probable que la información que se desea obtener se encuentre almacenada en soportes informáticos que, lógicamente, se pueden modificar con facilidad por el propietario que pretende dificultar, interferir o impedir el acceso a terceros a tales datos, dado que en pocos minutos sería posible materializar su alteración.

Y esta justificación, asimismo, figura en el acuerdo de entrada con el siguiente tenor literal: «No se ha solicitado el consentimiento del interesado para el acceso al local, dado que por las circunstancias del caso se ha estimado que existe un riesgo evidente de oposición a la entrada, y que, una vez sobre aviso el obligado tributario del interés de la Inspección en acceder al domicilio, se vería totalmente frustrada la eficacia de una posible entrada posterior con autorización judicial, puesto que el interesado dispondría de tiempo suficiente para hacer desaparecer, ocultar, destruir o alterar los elementos de prueba que se pretende obtener con esa entrada y registro.»

- Respecto del tercer requisito, no cabe duda de que la finalidad de la entrada no es la obtención de datos de carácter indefinido, y tampoco persigue un objeto que pudiera definirse como prospectivo o estadístico. La actuación se encuentra suficientemente delimitada respecto de los conceptos tributarios objeto de la medida, con referencia a los tributos que se investigan, los periodos impositivos, las cantidades supuestamente defraudadas y los métodos ilícitos que, indiciariamente, se podrían haber utilizado para efectivizar la defraudación.

- En lo que hace al cuarto requisito, el auto justifica la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida de entrada. Baste la lectura del fundamento jurídico cuarto para apreciar la suficiencia de la motivación exteriorizada por la juzgadora a este respecto. Expresado de forma muy sucinta, estima necesaria la medida para el examen de documentos contables y fiscales que ostentan trascendencia tributaria. Asimismo es adecuada, pues resulta imprescindible para el buen fin de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, más aún atendiendo a los notables indicios de fraude a la Hacienda Pública. Y, en fin, merece calificarse como una medida proporcionada pues, como indica el auto: «no existen otros medios menos lesivos que pudiera asegurar el fin perseguido, puesto que de personarse la Inspección en el domicilio fiscal, bastaría la negativa de la mercantil de ambas entidades para que hubiera de recabarse esta autorización y entretanto podría destruirse o modificarse los documentos que pretenden analizarse.»

- Para finalizar, no cabe duda de que la base de la autorización de entrada no son informaciones generales o indefinidas procedentes de estadísticas. Ya hemos expresado que parte de una denuncia que, una vez investigada y contrastada, arroja datos concretos e individualizados acerca de un posible fraude fiscal por parte de la sociedad ahora apelante.

Corolario de lo anterior, el auto reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la adopción de la medida.

D) Incumplimiento de los requisitos de fondo y de forma.

Bajo este epígrafe, el recurso de apelación alega que no existe ningún procedimiento abierto con carácter previo a la adopción de la medida. Esta cuestión ha sido analizada con anterioridad, por lo que nos remitimos a las consideraciones vertidas con ocasión de la modificación operada en el artículo 113 de la LGT.

Asimismo, critica de la resolución judicial que la medida se haya adoptado inaudita parte. Al igual que sucede con el motivo anterior, se trata de una cuestión analizada y resuelta en el epígrafe C) de esta resolución, por lo que nos remitimos a nuestros anteriores razonamientos.

E) Acceso al expediente administrativo completo.

Para finalizar, la parte apelante solicita el acceso al expediente administrativo completo, y ello, paradójicamente, con la finalidad de formular el presente recurso de apelación. Suponiendo que dicha petición fuera atendible, cuestión que abordaremos a continuación, la lógica procesal habría exigido su solicitud con carácter previo a la presentación del recurso de apelación, pues precisamente se solicita como presupuesto para su elaboración.

Entendemos que el verdadero fundamento de este motivo se encuentra en la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 23-09-2021 (rec. 2672/2020). En particular, dicha resolución judicial aborda dos cuestiones que presentan interés casacional y la segunda tiene el siguiente tenor literal:

«Segundo: precisar si en el recurso de apelación interpuesto contra un auto de autorización de entrada en el domicilio, dictado por el juzgado de lo contencioso-administrativo inaudita parte, resulta exigible que se entregue copia del expediente judicial al recurrente dentro del plazo previsto para formular dicho recurso.»

La respuesta del Alto Tribunal es la siguiente:

«2) En lo relativo a la segunda pregunta, en fase de apelación, con ocasión de la formalización del recurso ( art. 85.1 LJCA ), el recurrente debe tener en su poder toda la documentación posible, que haya conocido y evaluado el juez competente para la autorización, a fin de poder formular alegaciones y proponer en su caso las pruebas que considere y, en suma, para ejercitar su derecho a la tutela judicial efectiva, a valerse de los medios de prueba y a no padecer indefensión ( art. 24.CE ).

Por tal ha de entenderse la idea de expediente judicial, sin que la alusión que la ley jurisdiccional contiene, en todas las apelaciones, en el artículo 85.5 LJCA , que dispone que "...transcurridos los plazos a que se refieren los apartados 2 y 4 anteriores, el Juzgado elevará los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, ordenándose el emplazamiento de las partes para su comparecencia en el plazo de treinta días ante la Sala de lo Contencioso- administrativo competente, que resolverá, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisión del recurso o sobre el recibimiento a prueba ", contradiga tal exigencia de pleno y tempestivo conocimiento del expediente judicial.»

Así sucede en el supuesto objeto de estudio. El recurrente ha tenido acceso al expediente judicial, es decir, a la totalidad de los documentos puestos a disposición de la juzgadora con carácter previo al dictado del auto,y que conforman la solicitud formulada por la Abogacía del Estado. Buena prueba de ello es el análisis pormenorizado que el recurso de apelación realiza de estos diversos documentos que integran el citado expediente judicial.

Por cuanto antecede, el recurso de apelación será íntegramente desestimado.

QUINTO.- Costas.

De conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, se impone a la parte apelante el abono de las costas procesales causadas en esta alzada, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que le otorga el art. 139.4 de la Ley Jurisdiccional, limita su importe, atendidas las circunstancias del caso, a la cantidad de 1.000 euros, únicamente en relación con los honorarios del letrado, por todos los conceptos.