Sentencia Contencioso-Administrativo 3057/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 874/2024 de 05 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación la sentencia n.º 157/2024, de 28 de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de Málaga, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sra. Adela, ahora apelante, frente a -seguimos el fundamento de derecho primero de la sentencia- «la desestimación del recurso de reposición intentado contra el acuerdo del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga, de fecha 9 de junio de 2021, relativo a "procedimiento de concesión de Subvenciones a la Rehabilitación de Edificios Propuesta de resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones. Anualidad 2019", que desestima las alegaciones formuladas en su día (en la Convocatoria de Subvenciones a la rehabilitación de edificios 2019; Expediente NUM001)».

Tras aquilatar las posiciones de las partes, exponer los hechos que quedaron acreditados merced al examen de la prueba practicada e invocar los arts. 5 y 7 de la ordenanza municipal reguladora de la ayuda objeto de litis,la juzgadora desestima el recurso porque considera que la Sra. Adela, que se había personado en el expediente en lugar de su tía fallecida, doña Tomasa, solo era propietaria del 50 % del edificio para el que se había solicitado la subvención. Vamos a reproducir la parte final del fundamento segundo en el que se contiene la ratio decidendide la sentencia:

«Luego, con independencia de la extemporaneidad o no de estas últimas alegaciones, tampoco aquí se venía a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la referida Ordenanza municipal, en cuanto a los requisitos para ostentar la condición de beneficiarios, pues se postulaba como nueva solicitante de la subvención quien tan sólo ostentaba un 50% del inmueble por aceptación de herencia. Nótese que, por no constar inscrita dicha adjudicación de herencia en el Registro de la Propiedad, se desconocía, además, si se había hecho frente a las obligaciones tributarias propias, siendo uno de los requisitos para obtener la condición de beneficiario el hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social (art. 7 e). En cualquier caso, y al margen de lo anterior, nada se decía en las alegaciones acerca de quién o quiénes eran los posibles herederos o, al menos, apoderado de aquéllos, en relación con el otro 50% del inmueble a rehabilitar, no resultando exigible en modo alguno -pese a lo que alega la recurrente- que tuviera que ser la Corporación Local la que realizara nuevo requerimiento al efecto, y más teniendo en cuenta la cronología descrita, en que se llegó a presentar escrito a nombre de quien primero fue la solicitante ( Tomasa), y ello pese a la circunstancia de que aquélla ya se encontraba fallecida».

SEGUNDO.-La parte apelante, Sra. Adela, impugna la sentencia sobre la base de los siguientes motivos. Aduce, en síntesis, que la sentencia no se pronuncia acerca de los extremos expuestos en la demanda atinentes a la falta de motivación del acto administrativo impugnado en la instancia, toda vez que se desconoce qué requisito de los establecidos en la ordenanza no se habían cumplido, y la indefensión sufrida en las distintas fases del procedimiento al no haber sido requerida para subsanar o aclarar. Critica también que la sentencia establece un requisito nuevo para la obtención de la ayuda consistente en la solicitud se realice por el 100 % del pleno dominio del inmueble. Arguye que el propio Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) hizo constar en el expediente que toda la documentación que había requerido fue presentada en tiempo y forma, pero entiende que no se cumplen los requisitos para poder ser beneficiario porque no consta en el expediente ninguna otra petición «por lo que jurídicamente resulten como nuevos titulares del inmueble».

Sostiene que su patrocinada es propietaria de la mitad indivisa del inmueble por herencia de su tía doña Macarena, fallecida en el año 2004, y también es heredera de la otra mitad indivisa, siendo este caso la causante doña Tomasa. Manifiesta que, en cualquier caso, su principal en cuanto heredera puede actuar en defensa y beneficio de la herencia yacente dejada por su tía doña Tomasa.

Añade, de otro lado, que las alegaciones las presentó en plazo en el expediente, y que no fue hasta que se resolvió el recurso de reposición que se puso en su conocimiento que el motivo de la denegación de la ayuda era que no había «quedado fehaciente y debidamente acreditado en el expediente la titularidad del inmueble», sin posibilidad ya de aportar, aclarar o subsanar cualquier extremo.

Por todo lo anterior, solicita de la Sala que estime el recurso de apelación y con revocación de la sentencia de instancia, «(...), estime íntegramente la demanda presentada en su día y declare no ser conforme a derecho el acto contra el cual se dirige este recurso contencioso administrativo, dejándolo sin efecto, así como todos aquellos pronunciamientos que a favor de mi mandante resulten de esta declaración y dictamine la condición de beneficiara de mi mandante y la procedencia de la concesión de la subvención solicitada, o indemnice a mi mandante en cuantía equivalente, con los efectos inherentes a tal declaración, ordenando cuantas medidas sean necesarias para la efectividad de la misma, debiendo el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga estar y pasar por este pronunciamiento. Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada».

TERCERO.-La defensa letrada de la entidad municipal apelada, el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, en su escrito de oposición al recurso de apelación formulado de adverso, interesa la confirmación de la sentencia recurrida por sus propios y acertados fundamentos.

Afirma, en esencia, que la parte apelante se limita a reiterar los mismos argumentos de la instancia, sin llevar a cabo una crítica razonada de la sentencia impugnada, que, en todo caso, la sentencia lleva a cabo un análisis exhaustivo del expediente administrativo y la prueba documental presentada de contrario, que no es cierto que la sentencia establezca ningún requisito nuevo para la obtención de la ayuda sino que aplica los contenidos en los arts. 5 y 7 de la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para el Fomento de la Rehabilitación, Adecuación y Reparación de Edificios de Málaga, así como que la parte recurrente pretende sustituir la libre valoración de la juzgadora de instancia por su propio criterio.

Termina diciendo que la propia recurrente reconoce que la herencia de la Sra. Tomasa «se encuentra actualmente pendiente de resolución judicial al haberse interpuesto procedimiento judicial de nulidad de testamento ante los Juzgados de Valencia», por lo que la solicitud presentada en su día a nombre de esta última no cumple los requisitos contemplados en el art. 5 (respecto a los beneficiarios) y 7 (respecto a los requisitos para obtener la condición de beneficiarios) de la referida ordenanza municipal.

CUARTO.-Expuestas las posturas de las partes litigantes, el recurso de apelación prospera.

Examinado por la Sala el recurso de apelación formulado por la Sra. Adela, hemos de dar la razón a Administración apelada cuando aduce en su escrito de oposición que la recurrente se limita en él, en buena parte, a reproducir y llevar a esta alzada los mismos argumentos que ya hizo valer en la primera instancia, sin efectuar una crítica individualizada de la sentencia apelada.

Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha manifestado que son inadmisibles aquellos recursos de apelación que se limitan a reproducir de forma literal o casi literal los argumentos del escrito de demanda, sin contener una crítica individualizada de los argumentos jurídicos de la sentencia recurrida. El fundamento de la inadmisión viene integrado por la desnaturalización que ello implicaría del recurso de apelación, pues su objeto y finalidad es, ante todo, una crítica de la sentencia de instancia y una depuración de su resultado. De esta manera, no es posible plantear el debate en idénticos términos a los suscitados en primera instancia, como si esta no hubiera existido. Con esta doctrina jurisprudencial se pretende evitar un eterno retorno sobre los planteamientos dialécticos resueltos por el juzgador a quo,cuando por el apelante no se ha pretendido en la alzada un juicio analítico razonado de la motivación jurídica que integra la sentencia combatida.

Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por el Tribunal Supremo que, entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 11 de marzo de 1999, recordando lo dicho en la de 4 de mayo de 1998, que: "Las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior art. 100 LJCA , son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción de los argumentos vertidos en el escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal de primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero , 25 de abril [, 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero y 20 de febrero y 17 de abril de 1998 )".Mantienen tal doctrina igualmente las sentencias de tal Alto Tribunal de fecha 22 y 29 de junio y 7 de julio de 1999.

Descendiendo al caso de autos, el recurso de apelación se compone de seis alegaciones tituladas «fundamento de la Sentencia hoy recurrida» (primera), «objeto de debate» (segunda), «titularidad de Doña Adela» (tercera), «alegaciones en plazo» (cuarta), «falta de motivación. Indefensión» (quinta) y «cronología de los anteriores hechos» (sexta). En todas ellas se vienen a reiterar alegaciones que ya se expusieron en la instancia y a las que la sentencia dio respuesta, y solo logramos atisbar una crítica fundada de la sentencia en tres extremos.

En primer lugar, cuando se achaca a la sentencia no haberse pronunciado acerca de la falta de motivación del acto administrativo y de haber sufrido la recurrente indefensión durante la tramitación del expediente, lo que hemos de conectar, aunque no lo diga expresamente la apelante, con una supuesta incongruencia omisiva de la sentencia de instancia. En segundo lugar, cuando se imputa a esta haber exigido para la obtención de la ayuda un requisito no previsto en la ordenanza municipal consistente en que se solicite por el 100 % del pleno dominio del inmueble. Y en tercer lugar cuando se defiende la titularidad dominical del edificio por parte de la Sra. Adela, y su legitimación para actuar en beneficio de la herencia yacente, con lo que se viene a imputar a la sentencia, aunque tampoco se diga, un error en la valoración de la prueba practicada.

Pues bien, el primer motivo que hemos enunciado no tiene la acogida de la Sala. La sentencia valora y destaca en su fundamento segundo el motivo dado por la Administración para no conceder la ayuda, esto es "no haber quedado fehaciente y debidamente acreditado en el expediente la titularidad del inmueble", y asimismo los requerimientos dirigidos por la Administración a la interesada para presentar la documentación de la que adolecía la solicitud y las alegaciones presentadas por la recurrente, con lo viene a descartar que la Sra. Adela sufriera indefensión. Compartimos estos razonamientos pues basta examinar el expediente para comprobar que fueron dos los requerimientos de subsanación que efectuó el Instituto Municipal de la Vivienda antes de denegar la ayuda, así como que se motivó de forma suficiente por el INM tanto la denegación de la subvención como la desestimacion del recurso de reposición (fols. 214 a 223 y 297 a 303 del expediente administrativo).

Tampoco prospera el segundo motivo que hemos destacado líneas arriba. El Ayuntamiento de Málaga en Pleno de fecha 18 de diciembre de 2008 aprobó la Ordenanza para el fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de edificios, que concede la Oficina de Rehabilitación del Instituto Municipal de la Vivienda, la cual fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga n.º 21 de 2 de febrero de 2009. Como dice la sentencia, el art. 5 de esta ordenanza municipal regula quienes pueden tener la condición de beneficiarios de la ayuda, y el art. 7 los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Dispone el art. 5 de esta norma que constituye las bases reguladoras de la ayuda que nos ocupa que «tendrá la consideración de beneficiario, la persona que haya de realizar la actividad objeto de fomento a la rehabilitación, adecuación y reparación de las edificaciones ubicadas en el Municipio de Málaga: propietarios de inmuebles, arrendatarios y usufructuarios debidamente autorizados por la propiedad.

(...)

Podrán acceder a la consideración de beneficiarios las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo la actividad que motiva la concesión de la subvención».

Por tanto, el que la apelante tuviera que acreditar para obtener la condición de beneficiaria de la ayuda que era propietaria del edificio para el que se había solicitado la subvención, situado en la DIRECCION000, de Málaga, como así considera la juzgadora de instancia en la sentencia, tiene sustento en el art. 5 de la ordenanza municipal. No se trata pues, como dice la apelante, de ningún requisito nuevo, siendo precisamente esa falta de acreditación fehaciente de la propiedad del edificio por parte de la Sra. Adela el motivo por el que la Administración le denegó la ayuda, precisándose en la resolución que desestimó el recurso de reposición, como se había reconocido por aquella, que «la herencia de la Sra. Tomasa, "se encuentra actualmente pendiente de resolución judicial al haberse interpuesto procedimiento judicial de nulidad de testamento ante los juzgados de Valencia"», por lo que no se cumplían los requisitos para poder ser beneficiario de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el art. 5 de la ordenanza municipal. Distinto es ciertamente que la ordenanza no exija que quien solicite la ayuda sea titular del 100 % del inmueble.

Conectado con esto último, pasamos a examinar el motivo relativo a error en la valoración de la prueba practicada, resultando oportuno que recordemos que el Juez a quoha de valorar los medios de prueba, salvo las excepciones legalmente previstas ( artículo 319 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil), "según las reglas de la sana crítica" - artículos 316.2, 326, último párrafo, 334, 348 y 376 LEC-, lo que implica que, en principio, ha de respetarse la valoración efectuada por el Juez de instancia, máxime dada la inmediación en la práctica de la prueba, siempre que no sea manifiestamente ilógica, irracional, arbitraria o absurda, o cuando conculque principios generales del Derecho ( sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 1999, 22 de enero de 2000, 5 de febrero de 2000, entre otras), sin que esté permitido sustituir la lógica o la sana crítica del Juzgador por la de la parte. Por eso, aun cuando la apelación transmite al Tribunal ad quemla plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas a través del recurso, cuando lo cuestionado es la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso, se viene manteniendo que, en la valoración de la prueba practicada en el curso del proceso, debe primar el criterio objetivo e imparcial del Juzgador de instancia sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial de la parte apelante, de modo que es preciso acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del órgano jurisdiccional para acoger este motivo de apelación.

Descendiendo nuevamente al caso de autos, después de haber revisado el material probatorio practicado en la instancia, la Sala no respalda la valoración efectuada por la magistrada a quo.

Así, la sentencia valora con acierto la escritura pública de aceptación de la herencia de doña Macarena de fecha 29 de diciembre de 2004 (fallecida aquella el 5 de julio de 2004), por la que la recurrente adquirió el porcentaje que su tía ostentaba en la titularidad del inmueble, es decir, el 50 % indiviso.

Sin embargo no atina la juzgadora al concluir como incierta la propiedad del otro 50 % indiviso del inmueble, pues si bien en la nota simple que se acompañó como doc. 1 de la demanda la propiedad del edificio continúa inscrita a nombre de doña Macarena y su hermana doña Tomasa, ambas Tomasa Macarena, al 50 % en favor de cada una con carácter privativo, junto con la demanda se aportó también como doc. 8 la sentencia núm. 201/2020, de 17 de diciembre, dictada por el Juzgado mixto n.º 5 de Lliria, en el procedimiento ordinario 692/2020, que en virtud del allanamiento de los codemandados estimó íntegramente la demanda interpuesta por la actora de dicho procedimiento -doña Carina, una de las sobrinas de doña Tomasa- y declaró en su fallo la nulidad del testamento otorgado en fecha 15 de septiembre de 2008 por la causante, doña Tomasa, y que el último testamento válido había sido el otorgado el 7 de mayo de 2003. Como doc. 9 de la demanda se aporta este último testamento en el que doña Tomasa legó la nuda propiedad de sus bienes inmuebles -entre los que se encuentra, como hemos visto, el 50 % del edificio al que se refería la solicitud de la ayuda-, por partes iguales, en favor de sus dieciséis sobrinos, siendo uno de ellos la apelante, doña Adela. Al no constar la aceptación de la herencia por estos nos encontramos con una herencia, la de doña Tomasa, en estado de yacencia.

Por tanto, el óbice o reparo que puso la Administración para denegar la subvención y desestimar el recurso de reposición, esto es la falta de acreditación fehaciente de la propiedad del edificio a rehabilitar, ha sido despejado por la recurrente con la documental que acompañó junto con su demanda, y que ya obraba también en el expediente (fols. 247 a 253), habiendo admitido incluso la Administración en la resolución denegatoria la posibilidad de que pudiera reputarse como beneficiario de la ayuda a la herencia yacente (fol. 221 del expediente), que es justamente lo que aquí acontece en cuanto que doña Adela, propietaria del 50 % indiviso del inmueble, actúa respecto del otro 50 % en defensa de la herencia yacente de su tía doña Tomasa que falleció el 21 de marzo de 2020, es decir, con posterioridad a la solicitud de la ayuda presentada el día 13 del mismo mes y año, debiendo destacarse a tal efecto (i) que, como expresa la sentencia de instancia, la recurrente comunicó en el expediente el fallecimiento de su tía y peticionó que se le tuviera en su lugar como solicitante de la subvención, que el art. 5 de la ordenanza municipal, en concordancia con el art. 11.3 de la Ley General de Subvenciones, permite expresamente que puedan ser beneficiarios los patrimonios separados que aun careciendo de personalidad jurídica -como es el caso de la herencia yacente- puedan llevar a cabo la actividad que motiva la concesión de la subvención, (ii) que el art. 911 del Código Civil prevé que corresponde a los herederos, en defecto de albacea, la ejecución de la voluntad del testador, (iii) y que es jurisprudencia reiterada la que reconoce la legitimación activa de cualquiera de los herederos para poder actuar en beneficio de la herencia yacente, como aquí sucede con la solicitud de subvención para rehabilitar el edificio cuya mitad indivisa forma parte del caudal relicto de doña Tomasa (vide STS de la Sala 1.ª de 11 de abril de 2000, rec. 2.009/1995).

QUINTO.-Razones, todas las cuales, culminan en la estimación del recurso de apelación y correlativa revocación de la sentencia impugnada al no ajustarse a derecho, y con estimación del recurso contencioso-administrativo procede anular la resolución municipal impugnada en la instancia, y puesto que el único reparo por el que el ente municipal denegó la ayuda ha sido solventado, procede declarar asimismo como situación jurídica individualizada la condición de beneficiaria de la Sra. Adela, en nombre propio y en defensa y beneficio de la herencia yacente de su tía doña Tomasa, y la procedencia de la concesión de la subvención solicitada.

Al prosperar el recurso de apelación y la demanda de recurso contencioso-administrativo, no procede expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta segunda instancia, mientras que las de la primera sí deben recaer sobre la entidad municipal demandada, si bien se limitan a la cantidad máxima de 1.500 euros, por todos los conceptos, más IVA si se devengara ( artículo 139.1, 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción).

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,