Sentencia Contencioso-Administrativo 250/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León . Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rec. 331/2025 de 05 de marzo del 2026

1.Objeto del recurso de apelación. El auto apelado.

Es objeto del recurso de apelación el auto nº 22/2025, de 7 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León (ahora Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de León, Plaza nº 2), dictada en la EJD nº 1/2025 dimanante del procedimiento abreviado nº 199/2021.

El auto apelado declara no haber lugar a lo solicitado por don Segundo mediante escrito de 21 de diciembre de 2024 y declara finalizada la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento PA 199/2021, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 21 de abril de 2023, rectificada por auto de fecha 21 de noviembre de 2023 (recurso de apelación 593/2022), con archivo de las actuaciones.

En el escrito de 21 de diciembre de 2024 don Segundo solicitaba la ejecución forzosa de la sentencia y que se procediese a la anulación del nombramiento de D. Dimas para la plaza de Intendente-Jefe de la Policía Local de León

El tenor literal del fallo de la sentencia objeto de ejecución es el siguiente:

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de apelación nº 593/2022 interpuesto por la representación procesal de D. Segundo contra la Sentencia nº 136/2022 de 11 de julio, dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 2 de León, en el procedimiento abreviado nº 199/21, que se revoca.

SEGUNDO: Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desesti marse los recursos interpuestos contra los mismos por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia.

TERCERO: No procede imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes".

Y el auto rectificando la sentencia, acuerda:

PRIMERO.- Completar la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2023 en el presente recurso de apelación que debe decir:

"SEGUNDO: "Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desestimarse los recursos interpuestos contra los mismos y los actos posteriores y en particular, el acto de terminación con el nombramiento del aspirante que había sido seleccionado por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia, al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia."

SEGUNDO.- Añadir un apartado CUARTO en el que se diga que habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación procede la devolución del depósito constituido para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 LOPJ".

2. Posición de las partes.

2.1. La representación procesal de don Segundo solicita que se declare la nulidad de actuaciones, que se declare que no se ha dado exacto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia nº 481/2023, de 21 de abril de la Sala y se determine que un nuevo Tribunal calificador puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos tanto de don Dimas como de don Segundo.

Alega resumidamente que (i) la denegación de la incoación del incidente de ejecución forzosa solicitada vulnera el art. 109 de la LJCA porque le causa indefensión desde el momento que no es lo mismo que se le dé traslado por cinco días del escrito del Ayuntamiento de León argumentando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia frente a los 20 días de traslado a todas las partes del proceso previsto en dicho precepto; (ii) que no se ha puntuado y valorado motivadamente por el nuevo Tribunal calificador el ejercicio práctico de D. Dimas, tal y como exige la lógica y el contenido mismo de la sentencia a ejecutar, por lo que es preciso que se ordene el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes; (iii) que el nuevo Tribunal calificador no ha utilizado el criterio de la capacidad de expresión oral (10%) sustrayendo la lectura de los ejercicios escritos; (iv) que no se conocen los criterios cualitativos de valoración que han sido aplicados por el Tribunal Calificador (y aprobados por éste como órgano colegiado) en relación con la puntuación del Ejercicio 3.1 de la Fase Oposición, pues no puede aceptarse que "los elementos fundamentales" del temario suponga definición alguna de los criterios cualitativos de valoración; y (v) que no se ha dado cumplimiento al segundo de los pronunciamientos de la sentencia en el que se anula "el acto de terminación con el nombramiento del aspirante", de forma que por D. Dimas ha sido mantenido en sus funciones por parte del Ayuntamiento en todo momento, incumpliendo, también aquí, el dictado de la sentencia.

2.2. El Letrado del Ayuntamiento de León, en la representación que ostenta, se opone y solicita la desestimación del recurso aduciendo que (i) obvia la parte recurrente que con anterioridad a su petición de ejecución de sentencia de fecha 21/12/2024, se presentó por parte del Ayuntamiento en el procedimiento principal y en fecha 19/12/2024 la documentación acreditativa del cumplimiento de la misma; (ii) que no se ha procedido a la valoración del ejercicio práctico del Sr. Segundo, porque el fallo de la sentencia es claro en el sentido de que respecto a D. Dimas se ordena que se valoren los ejercicios teórico (1.3.1) y práctico (1.3.2), y en el caso de D. Segundo solo el ejercicio teórico (1.3.1); (iii) que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4) y en estos casos la expresión oral se concreta en cómo se han redactado las respuestas; esto es, si existe una correcta exposición de las ideas y la redacción llevada a cabo y, por ello, que su lectura se lleve a cabo por un miembro del Tribunal no supone que se esté obviando este criterio de valoración, además esta decisión se tomó a fin de garantizar el anonimato a fin de garantizar la imparcialidad de los miembros del Tribunal;(iv) que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de cada uno de los miembros del Tribunal respecto del opositor anonimizado, se realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido y lo que pretende el apelante es sustituir las valoraciones realizadas por las suyas propias, discuti endo ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso.

2.3. La representación procesal de don Dimas solicita la desestimación del recurso de apelación alegando (i) la sentencia alcanzó firmeza en fecha 29/10/2024, sin embargo, el ejecutante formuló su demanda ejecutiva cinco días antes de finalizar el plazo que tenía el Ayuntamiento para cumplir voluntariamente la sentencia y aun así el Juzgado registró procedimiento de ejecución (EDJ 1/2025), dando traslado al ejecutante por DIOR 07/01/2025 de la documentación presentada por el Ayuntamiento en fecha 19/12/2024; el Ayuntamiento de León aportó a los autos del Procedimiento Abreviado nº 199/2021, documentación acreditativa, a su juicio, del cumplimiento de la sentencia, habiendo actuado el órgano judicial con total adecuación a la legalidad, dando traslado a las partes a fin de que aleguen lo que consideren en defensa de sus respectivos derechos, siendo decidido, a la vista de la prueba documen tal obrante en esta ejecución, que la sentencia ejecutable ha sido correcta y totalmente ejecutada por la administración obligada, no procediendo, en rigor jurídico, promover incidente de ejecución alguno, al ser requisito de procedibilidad de dicho incidente, conforme establece el artículo 109 de la LRJCA que "no conste en autos la total ejecución de la sentencia"; (ii) a la vista del tenor literal del fallo a ejecutar el Tribunal calificador lo ha ejecutado escrupulosamente y si el ejecutante no estaba conforme con la resolución judicial a ejecutar, tenía a su disposición los recursos ordinarios y extraordinarios e incluso la utilización de la aclaración, rectificación o complemento de sentencia; (iii) la realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo ,incluso aunque el ejecutante hubiera sido favorecido con el 10% de la nota en la lectura, y el otro candidato con un 0% (algo poco probable), no habría variado el resultado de una superior nota en el candidato no ejecutante; (iv)no es cierto que no se conozcan los criterios de valoración cualitativos pues en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria; (v) en cuanto al cese del aspirante seleccionado traería consigo, en unidad de acto, su nuevo nombramiento como Intendente Jefe al haber sido el candidato que ha superado al otro opositor en las calificaciones de las pruebas valoradas por el nuevo Tribunal Calificador nombrado en ejecución de sentencia, valorándose en conjunto no sólo tales calificaciones sino también aquellas que no tuvieron que ser nuevamente valoradas Por ello, y en atención a la literalidad del artículo 51 de la Ley 39/2015, la conservación de actos administrativos efectuada por el Ayuntamiento en la presente ejecución se ajusta de forma rigurosa a la legalidad.

3.Estimación parcial del recurso de apelación.

3.1. Sobre la nulidad de actuaciones por no haberse incoado incidente de ejecución forzosa de conformidad con el art. 109 de la LJCA.

Dispone el art. 109 de la LJCA que:

"1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia,podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:..."

En el Auto recurrido se hace constar que

"Con fecha 19 de diciembre de 2024, se remite desde el Área de Organización y Recursos, Subárea Recursos Humanos, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León, las actuaciones realizadas en el ámbito del expediente número NUM001, del Proceso selectivo para la provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de Intendente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo de clasificación A, Subgrupo A1, relativo a la ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nº 481/23, de 21 de abril de 2023 (recurso de apelación 0000593 /2022 ) y del auto de rectificación de sentencia de 21 de noviembre de 2023, procedente procedimiento abreviado 199/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León, identificador registro presentación NUM002. - A la vista de las actuaciones practicadas por el Tribunal de Selección designado mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, y del resultado de las mismas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado es D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción".

El apelante presentó solicitud de ejecución forzosa el día 21 de diciembre de 2024.

La sentencia fue declarada firme, una vez devueltas las actuaciones tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra ella, el 24 de octubre de 2024 .

El art. 104 de la LJCA dispone:

1. Luego que sea firme una sentencia,el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento,a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentenciao el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

De acuerdo con lo dispuesto en este precepto, el ejecutante instó la ejecución forzosa de la sentencia antes de que hubiera transcurrido el plazo de dos meses desde que se comunicara al órgano encargado de la ejecución la firmeza de la sentencia.

E 19 de diciembre de 2024 -antes de que transcurriera el plazo legal de dos meses para el cumplimiento voluntario de la sentencia- el Ayuntamiento apelado comunicó al Juzgado las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la sentencia entendiendo que con ellas se había dado cumplimiento a las declaraciones contenidas en el fallo.

Por diligencia de 21 de febrero de 2025, se dio traslado al ejecutante y al codemandado D. Dimas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, habiendo presentando escrito el ejecutante en el que manifestaba su disconformidad con ellas, considerando que no se había debido cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.

Mediante el auto aquí impugnado la Juzgadora a quo, tras analizar las cuestiones en que la parte ejecutante mostraba su disconformidad con lo llevada a cabo por el Ayuntamiento en ejecución voluntaria de la sentencia, concluye que se ha dado cumplimiento íntegro de la sentencia y que, en consecuencia, no procede abrir incidente de ejecución forzosa.

A la vista de lo expuesto, se rechaza el primer motivo de impugnación invocado por el apelante porque la obligatoriedad de iniciar un incidente de ejecución forzosa surge cuando no se ha ejecutado voluntariamente la sentencia en el plazo legal establecido.

En este caso, el Ayuntamiento, antes de que transcurriera ese plazo, comunicó al Juzgado que había realizado las actuaciones que, a su entender, daban cumplimiento a lo ordenado por la sentencia y se dio traslado de ellas al ejecutante, quien pudo hacer las alegaciones que estimó pertinentes sobre aquellos extremos en los que discrepaba.

Como es obvio, carece de objeto abrir un incidente de ejecución forzosa cuando, como sucede en este caso, la Juzgadora a quo llega a la conclusión de que efectivamente se ha cumplido voluntariamente con lo dispuesto en la sentencia. Cuestión distinta es que esa conclusión sea o no correcta, lo que es objeto de examen en este recurso.

Por ello, ninguna indefensión se le ha ocasionado a la parte ejecutante porque no se haya abierto un incidente de ejecución forzosa, cuya apertura, como se dice señala en el art. 109 LJCA, exige que no conste en autos la total ejecución de la sentencia. Que sea así es lo que a continuación se examina.

3.2. Sobre la falta de puntuación y valoración motivada por el nuevo Tribunal Calificador del ejercicio práctico de don Segundo.

En el auto recurrido se describen las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de León en los siguientes términos:

- En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, celebrada el día 25 de octubre de 2024, se adopta, entre otros, el acuerdo relativo a que se lleve a su puro y debido efecto el fallo de la Sentencia número 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el día 21 de abril de 2023 y su Auto de rectificación de fecha 21 de noviembre de 2023 para sucumplimiento.

Con fecha 30 de octubre de 2024 se recibe Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de León en virtud de la cual se comunica que se ha acusado recibo de los autos para el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con declaración de firmeza, para que en el plazo de dos meses previsto en el artículo 104.2 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , se lleve a puro y debido efecto la resolución y se practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

- En ejecución de la referenciada sentencia, mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, se resolvió, entre otros:

"Con efecto de llevar a cabo la Sentencia nº 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León , designar como nuevos miembros del Tribunal de Selección en el Proceso selectivo para la provisión, mediante turno libre, por el sistema de concurso-oposición de una plaza de Intendente Jefe/a de la Policía Local del Ayuntamiento de León, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, clasificadas dentro del Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1, del Ayuntamiento de León, a las siguientes personas (...)

- El citado Tribunal de Selección, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a la ejecución del fallo, en los siguientes términos: (...) En consecuencia con lo expuesto, el tribunal constituido en el presente acto, procederá en ejecución de sentencia a realizar las siguientes actuaciones:

- Puntuar y valorar motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2) realizados por el aspirante D. Dimas. - Puntuar y valorar motivadamente el ejercicio teórico (1.3.1) realizado por el aspirante Segundo. Una vez efectuadas las puntuaciones de los ejercicios en los términos citados, las mismas serán remitidas a la Subárea de Recursos Humanos del Ayuntamiento de León, para si procede, sean remitidas al órgano judicial competente para determinar el correcto cumplimiento de la ejecución de sentencia.

Por otra parte el Tribunal en el ejercicio de sus funciones y a efectos de motivar adecuadamente las puntuaciones otorgadas en cada ejercicio, de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas, cumplirá con las siguientes exigencias en la motivación del contenido de sus actos calificatorios:

- Expresará, respecto de cada tema, el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

-Consignará los criterios de valoración cualitativa que se seguirán para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio. Se adopta por unanimidad acuerdo en el sentido expresado. -

A la vista de dichas actuaciones y del resultado de las mismas practicadas por el Tribunal de Selección, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado fue D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

La discrepancia entre las partes surge porque el Ayuntamiento y el Sr. Dimas sostienen que se ha ejecutado correctamente la sentencia con arreglo al tenor literal del fallo de la misma mientras que el apelante sostiene que la lógica y el contenido de la sentencia obliga a interpretar que lo ordenado en ella es que el nuevo Tribunal calificador puntúe y valore los ejercicios teóricos y prácticos de ambos.

Hemos de decir que ambas partes tienen razón en el sentido de que el fallo de la sentencia conduce a sostener la conclusión del Ayuntamiento al indicarse entre paréntesis (1.3.1) otra vez junto al nombre de don Segundo cuando antes, refiriéndose a los dos, se dice que se puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2). Se estima que ese paréntesis (1.3.1) después del nombre de D. Segundo es un error tipográfico y sobra; lo que se quería venir a decir, a la vista de lo razonado en el Fundamento de derecho decimotercero, es que el nuevo Tribunal calificador puntuase y valorase los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes.

Procede, por tanto, estimar este motivo de impugnación.

No está de más, poner de relieve que ninguna de las partes solicitó aclaración o rectificación de error material del fallo, pese a que sí se solicitó de otros extremos.

3.3. Sobre la exclusión de la valoración de la capacidad de expresión oral.

Se dice en el auto impugnado:

"Alega también el ejecutante D. Segundo que el tribunal de selección ha alterado los criterios de valoración excluyendo de la valoración la capacidad de expresión oral, que representa el 10% de la valoración del ejercicio, lo que ha alterado la calificación final. Pues bien, las bases de la convocatoria establecen que los criterios de valoración del ejercicio teórico (1.3.1) son: - Volumen y compresión de conocimientos el 70%. -La claridad de ideas el 20%. -La capacidad de expresión oral el 10%. Y en el acta de la sesión de 20 de noviembre de 2024 se acordó la "remisión de los criterios de valoración adoptados por el anterior Tribunal, y que habiendo sido conocidos pro los opositores con anterioridad a la realización de la prueba teórica, vinculan la actuación del nuevo Tribunal". Y es cierto que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4). Y, además, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta para la valoración de la expresión oral, en la referida acta, en el punto 2 "Establecimiento de los criterios específicos de valoración cualitativa que se seguirán por el Tribunal para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio y su forma de cuantificarlos", en el segundo acuerdo, se dice que son "adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario", para lo que es indiferente que la lectura se haga por el aspirante o por un miembro del tribunal. Por otra parte, mediante la lectura pública por parte de los aspirantes no puede garantizarse el anonimato, y, así, en el acta de la sesión en la que se procedió a la lectura de los ejercicios, acta nº4 de 3 de diciembre de 2024, en el punto 3 "Lectura por el Tribunal de los ejercicios de los aspirantes", se dice que "La realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo".

Para desestimar este motivo de impugnación, aparte de dar por reproducido lo dicho por la Juzgadora a quo, basta poner de relieve que (i) el propio recurrente en su demanda solicita:

"Subsidiariamente al anterior, la declaración de nulidad o subsidiaria anulación del procedimiento a los efectos de su retroacción al trámite que proceda en cada uno de los supuestos de nulidad:

? La de la determinación de la lectura pública del tercer ejercicio como modalidad de su defensa con la retroacción al momento inmediatamente anterior a la corrección del tercer ejercicio con la finalidad de que, con el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador y preservando las condiciones de anonimato en la autoría de cada ejercicio, se proceda por tal órgano de selección a la corrección y puntuación de los ejercicios ejecutados sin la lectura pública de estos por los aspirantes que los ejecutaron".

Y (ii) en las bases, en el punto 1.3.1 que regula la prueba teórica, no se establece que la lectura de los ejercicios teóricos de los aspirantes se realice en público, como ahora pretende el apelante.

Por tanto, se ha hecho lo que solicitaba.

3.4. Sobre los criterios cualitativos de valoración del nuevo Tribunal calificador.

Sobre este extremo se dice en el auto recurrido:

En el acta de 20 de noviembre de 2024 se recoge el acuerdo del Tribunal de que los criterios de valoración serán los contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas.En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1 se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. En el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temaselaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta(acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. Y en el Anexo III del acta nº4 del nuevo proceso se recoge la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal da a cada uno de los temas desarrollado por cada uno de los opositores, explicando las razones de dicha valoración".

El apelante cuestiona que la mención de "los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas" reúna los requisitos para ser considerado como un criterio de valoración cualitativa hábil y suficiente y considera que la falta de fijación previa de los criterios de calificación cualitativa es determinante de la ausencia de motivación, porque las calificaciones del ejercicio teórico se emitieron sin explicar todo lo siguiente: (I) los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto de los ejercicios de los aspirantes y, muy especialmente, las exigencias inexcusables para obtener la puntuación mínima necesaria para el aprobado, tanto en lo relativo a cuestiones y datos del expediente sobre el que versaba el ejercicio teórico que deberían ser objeto de obligada mención por el aspirante en su escrito, como en la clase de respuestas que se considerarían aceptables sobre todas esas cuestiones o datos; (II) la manera de cuantificar los niveles de acierto o desacierto; y (III) por qué los ejercicios de cada uno de los aspirantes merecía el concreto nivel que exteriorizó la concreta puntuación aplicada. Sostiene que el tribunal no identifica su criterio de valoración, otorgando de forma opaca y parcial las calificaciones parciales al mismo sin ofrecer un criterio objetivo y esta falta de definición de los criterios de valoración ha permitido al nuevo Tribunal Calificador valorar favorablemente el ejercicio práctico realizado por D. Dimas, en el que aborda el ejercicio en sus aspectos generales sin realizar ninguna mención al puesto al que se opta, ni cita las actividades, ni las funciones, ni los servicios propios que le atribuye la legislación vigente, que se le permita hasta 66 incorrecciones ortográfica (q. por el pronombre que), u obviar que el ejercicio de D. Dimas adolece en todas sus respuestas una falta de definición y concreción en quienes han de intervenir y las funciones concretas de colaboración de todos los mandos intervinientes.

El apelado, por el contrario, sostiene que en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1, se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. El nuevo Tribunal Calificador, cumplió las bases de la convocatoria en lo relativo a la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal ofreció a los ejercicios efectuados por cada opositor.

El Ayuntamiento apelado alega que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de los miembros del Tribunal. Cada uno de los miembros del mismo, respecto del opositor anonimizado, realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral". Y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido. Esta alegación traída por la parte recurrente supone discutir ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso, las cuales son el fundamento del concurso y tienen la consideración de norma reguladora del mismo.

Este motivo de impugnación también se rechaza por los razonamientos expuestos en el auto impugnado que no han sido desvirtuados por el apelante.

La jurisprudencia sobre esta materia, sirva de ejemplo, la sentencia 1724/2023, de 18 de diciembre (recurso de casación 8217/2021) fija esta doctrina:

«OCTAVO. - La respuesta a la cuestión de interés casacional.

En razón de lo argumentado es que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario conservar los documentos que reflejan esa puntuación individual, o, al menos, es necesario incorporar esa información al acta final del proceso selectivo».

Finalmente, también indicaremos que en la citada sentencia 1696/2023 (recurso de casación 8060/2021 ), hemos dicho: "no es posible admitir que la decisión por unanimidad llene las exigencias de motivación ya que, como hemos dicho al inicio de este fundamento de Derecho, la adecuada plasmación en las actas y resoluciones constituye, para el participante, la garantía de que su ejercicio o prueba ha sido valorada conforme a las exigencias de la convocatoria, dentro de los parámetros establecidos en la misma, y que ello se ha producido en régimen de igualdad, proporcionándole con tales datos la oportunidad de cuestionar de manera fundada la decisión del órgano de valoración, si estima que ello ha perjudicado su derecho".

En este caso los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto son los que se establecen en las bases (el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral) en relación con los elementos fundamentales que integran el contenido del temario de la oposición, lo que es lógico en cuanto que lo que deben acreditar los aspirantes es el conocimiento del mismo en sus aspectos esenciales y que lo expresen con claridad y adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario. Por otra parte se ha dado cumplimiento a lo exigido en la base en cuanto el ejercicio ha sido puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas han sido objeto de desarrollo, se han sumado las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se ha dividido entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados y se ha procedido conforme se establece en ellas, en cuanto para aprobar ese ejercicio es preciso alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio viene determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo y se ha motivado, entrando dentro del núcleo material de la decisión la valoración realizada por los miembros del Tribunal, esto es, dentro de la discrecionalidad técnica, que no puede ser objeto de fiscalización ni sustitución por el Tribunal.

3.5. Sobre el cese del aspirante seleccionado solicitado por don Segundo.

Sobre este extremo se ha de poner de relieve que lo que se examina en este recurso es si se ha ejecutado o no por completo la sentencia de 21 de abril de 2023 y su auto que la complementa.

La ejecución de la sentencia comporta que se termine el proceso selectivo en la forma legalmente establecida conforme a lo señalado en la sentencia y auto que la complementa.

En los términos en que ha quedado reducido el debate la plaza de Intendente Jefe de la policía local habrá de ser ocupada por el apelante o el apelado. El apelado ha continuado prestando servicios en esa plaza durante la tramitación de los recursos al amparo de una resolución por la que había sido nombrado y cuya ejecutividad no estaba suspendida hasta la firmeza de la sentencia, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2024, comunicada al Ayuntamiento el 30 de octubre. Desde esa fecha hasta que en menos de dos meses se procede a dar cumplimiento a la sentencia por el Ayuntamiento, en la forma que antes hemos señalado, resulta de nuevo nombrado el Sr. Dimas, quien ahora en virtud de otra resolución administrativa resulta amparado en su nombramiento.

Que durante ese periodo de menos de dos meses haya continuado el Sr. Dimas en el ejercicio de las funciones de Intendente Jefe no puede considerarse que con ello se persiga no dar cumplimiento a la sentencia, teniendo en cuenta que habría de ocuparlo él o el Sr. Segundo y parece razonable que continuase quien, en principio, había obtenido la plaza, pues ello no redunda en perjuicio del aquí apelante toda vez que en caso de ser él el que ahora resulte nombrado los efectos administrativos y económicos se retrotraen a la fecha en que debió finalizar el proceso selectivo y si el nombrado es el Sr. Dimas la plaza ha sido ocupada, con los mismos efectos, por quien ha resultado finalmente adjudicatario.

Por todo lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de apelación y se revoca parcialmente el auto recurrido en el extremo referido en el fundamento de derecho 3, apartado 2, de esta sentencia de forma que el mismo Tribunal calificador que ha sido nombrado en ejecución de sentencia proceda a puntuar y valorar motivadamente el ejercicio práctico de don Segundo. No se ordena que la efectúa un nuevo Tribunal calificador porque no se ha apreciado que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento tuviera por finalidad eludir el cumplimiento del fallo, ya que lamentablemente su tenor literal generaba confusión, como antes se ha explicado, y ninguna de las partes solicitó aclaración sobre ese punto, debiendo continuar el proceso selectivo hasta su finalización lo que deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses.

4.Costas.

Al estimarse parcialmente el recurso de apelación y revocarse parcialmente el auto recurrido no se hace especial imposición de las costas en ninguna de las dos instancias ( art. 139 LJCA) .

5. Al estimarse parcialmente el recurso, procede la devolución del depósito para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la LOPJ.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

1.Objeto del recurso de apelación. El auto apelado.

Es objeto del recurso de apelación el auto nº 22/2025, de 7 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León (ahora Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de León, Plaza nº 2), dictada en la EJD nº 1/2025 dimanante del procedimiento abreviado nº 199/2021.

El auto apelado declara no haber lugar a lo solicitado por don Segundo mediante escrito de 21 de diciembre de 2024 y declara finalizada la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento PA 199/2021, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 21 de abril de 2023, rectificada por auto de fecha 21 de noviembre de 2023 (recurso de apelación 593/2022), con archivo de las actuaciones.

En el escrito de 21 de diciembre de 2024 don Segundo solicitaba la ejecución forzosa de la sentencia y que se procediese a la anulación del nombramiento de D. Dimas para la plaza de Intendente-Jefe de la Policía Local de León

El tenor literal del fallo de la sentencia objeto de ejecución es el siguiente:

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de apelación nº 593/2022 interpuesto por la representación procesal de D. Segundo contra la Sentencia nº 136/2022 de 11 de julio, dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 2 de León, en el procedimiento abreviado nº 199/21, que se revoca.

SEGUNDO: Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desesti marse los recursos interpuestos contra los mismos por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia.

TERCERO: No procede imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes".

Y el auto rectificando la sentencia, acuerda:

PRIMERO.- Completar la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2023 en el presente recurso de apelación que debe decir:

"SEGUNDO: "Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desestimarse los recursos interpuestos contra los mismos y los actos posteriores y en particular, el acto de terminación con el nombramiento del aspirante que había sido seleccionado por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia, al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia."

SEGUNDO.- Añadir un apartado CUARTO en el que se diga que habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación procede la devolución del depósito constituido para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 LOPJ".

2. Posición de las partes.

2.1. La representación procesal de don Segundo solicita que se declare la nulidad de actuaciones, que se declare que no se ha dado exacto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia nº 481/2023, de 21 de abril de la Sala y se determine que un nuevo Tribunal calificador puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos tanto de don Dimas como de don Segundo.

Alega resumidamente que (i) la denegación de la incoación del incidente de ejecución forzosa solicitada vulnera el art. 109 de la LJCA porque le causa indefensión desde el momento que no es lo mismo que se le dé traslado por cinco días del escrito del Ayuntamiento de León argumentando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia frente a los 20 días de traslado a todas las partes del proceso previsto en dicho precepto; (ii) que no se ha puntuado y valorado motivadamente por el nuevo Tribunal calificador el ejercicio práctico de D. Dimas, tal y como exige la lógica y el contenido mismo de la sentencia a ejecutar, por lo que es preciso que se ordene el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes; (iii) que el nuevo Tribunal calificador no ha utilizado el criterio de la capacidad de expresión oral (10%) sustrayendo la lectura de los ejercicios escritos; (iv) que no se conocen los criterios cualitativos de valoración que han sido aplicados por el Tribunal Calificador (y aprobados por éste como órgano colegiado) en relación con la puntuación del Ejercicio 3.1 de la Fase Oposición, pues no puede aceptarse que "los elementos fundamentales" del temario suponga definición alguna de los criterios cualitativos de valoración; y (v) que no se ha dado cumplimiento al segundo de los pronunciamientos de la sentencia en el que se anula "el acto de terminación con el nombramiento del aspirante", de forma que por D. Dimas ha sido mantenido en sus funciones por parte del Ayuntamiento en todo momento, incumpliendo, también aquí, el dictado de la sentencia.

2.2. El Letrado del Ayuntamiento de León, en la representación que ostenta, se opone y solicita la desestimación del recurso aduciendo que (i) obvia la parte recurrente que con anterioridad a su petición de ejecución de sentencia de fecha 21/12/2024, se presentó por parte del Ayuntamiento en el procedimiento principal y en fecha 19/12/2024 la documentación acreditativa del cumplimiento de la misma; (ii) que no se ha procedido a la valoración del ejercicio práctico del Sr. Segundo, porque el fallo de la sentencia es claro en el sentido de que respecto a D. Dimas se ordena que se valoren los ejercicios teórico (1.3.1) y práctico (1.3.2), y en el caso de D. Segundo solo el ejercicio teórico (1.3.1); (iii) que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4) y en estos casos la expresión oral se concreta en cómo se han redactado las respuestas; esto es, si existe una correcta exposición de las ideas y la redacción llevada a cabo y, por ello, que su lectura se lleve a cabo por un miembro del Tribunal no supone que se esté obviando este criterio de valoración, además esta decisión se tomó a fin de garantizar el anonimato a fin de garantizar la imparcialidad de los miembros del Tribunal;(iv) que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de cada uno de los miembros del Tribunal respecto del opositor anonimizado, se realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido y lo que pretende el apelante es sustituir las valoraciones realizadas por las suyas propias, discuti endo ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso.

2.3. La representación procesal de don Dimas solicita la desestimación del recurso de apelación alegando (i) la sentencia alcanzó firmeza en fecha 29/10/2024, sin embargo, el ejecutante formuló su demanda ejecutiva cinco días antes de finalizar el plazo que tenía el Ayuntamiento para cumplir voluntariamente la sentencia y aun así el Juzgado registró procedimiento de ejecución (EDJ 1/2025), dando traslado al ejecutante por DIOR 07/01/2025 de la documentación presentada por el Ayuntamiento en fecha 19/12/2024; el Ayuntamiento de León aportó a los autos del Procedimiento Abreviado nº 199/2021, documentación acreditativa, a su juicio, del cumplimiento de la sentencia, habiendo actuado el órgano judicial con total adecuación a la legalidad, dando traslado a las partes a fin de que aleguen lo que consideren en defensa de sus respectivos derechos, siendo decidido, a la vista de la prueba documen tal obrante en esta ejecución, que la sentencia ejecutable ha sido correcta y totalmente ejecutada por la administración obligada, no procediendo, en rigor jurídico, promover incidente de ejecución alguno, al ser requisito de procedibilidad de dicho incidente, conforme establece el artículo 109 de la LRJCA que "no conste en autos la total ejecución de la sentencia"; (ii) a la vista del tenor literal del fallo a ejecutar el Tribunal calificador lo ha ejecutado escrupulosamente y si el ejecutante no estaba conforme con la resolución judicial a ejecutar, tenía a su disposición los recursos ordinarios y extraordinarios e incluso la utilización de la aclaración, rectificación o complemento de sentencia; (iii) la realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo ,incluso aunque el ejecutante hubiera sido favorecido con el 10% de la nota en la lectura, y el otro candidato con un 0% (algo poco probable), no habría variado el resultado de una superior nota en el candidato no ejecutante; (iv)no es cierto que no se conozcan los criterios de valoración cualitativos pues en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria; (v) en cuanto al cese del aspirante seleccionado traería consigo, en unidad de acto, su nuevo nombramiento como Intendente Jefe al haber sido el candidato que ha superado al otro opositor en las calificaciones de las pruebas valoradas por el nuevo Tribunal Calificador nombrado en ejecución de sentencia, valorándose en conjunto no sólo tales calificaciones sino también aquellas que no tuvieron que ser nuevamente valoradas Por ello, y en atención a la literalidad del artículo 51 de la Ley 39/2015, la conservación de actos administrativos efectuada por el Ayuntamiento en la presente ejecución se ajusta de forma rigurosa a la legalidad.

3.Estimación parcial del recurso de apelación.

3.1. Sobre la nulidad de actuaciones por no haberse incoado incidente de ejecución forzosa de conformidad con el art. 109 de la LJCA.

Dispone el art. 109 de la LJCA que:

"1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia,podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:..."

En el Auto recurrido se hace constar que

"Con fecha 19 de diciembre de 2024, se remite desde el Área de Organización y Recursos, Subárea Recursos Humanos, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León, las actuaciones realizadas en el ámbito del expediente número NUM001, del Proceso selectivo para la provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de Intendente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo de clasificación A, Subgrupo A1, relativo a la ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nº 481/23, de 21 de abril de 2023 (recurso de apelación 0000593 /2022 ) y del auto de rectificación de sentencia de 21 de noviembre de 2023, procedente procedimiento abreviado 199/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León, identificador registro presentación NUM002. - A la vista de las actuaciones practicadas por el Tribunal de Selección designado mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, y del resultado de las mismas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado es D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción".

El apelante presentó solicitud de ejecución forzosa el día 21 de diciembre de 2024.

La sentencia fue declarada firme, una vez devueltas las actuaciones tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra ella, el 24 de octubre de 2024 .

El art. 104 de la LJCA dispone:

1. Luego que sea firme una sentencia,el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento,a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentenciao el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

De acuerdo con lo dispuesto en este precepto, el ejecutante instó la ejecución forzosa de la sentencia antes de que hubiera transcurrido el plazo de dos meses desde que se comunicara al órgano encargado de la ejecución la firmeza de la sentencia.

E 19 de diciembre de 2024 -antes de que transcurriera el plazo legal de dos meses para el cumplimiento voluntario de la sentencia- el Ayuntamiento apelado comunicó al Juzgado las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la sentencia entendiendo que con ellas se había dado cumplimiento a las declaraciones contenidas en el fallo.

Por diligencia de 21 de febrero de 2025, se dio traslado al ejecutante y al codemandado D. Dimas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, habiendo presentando escrito el ejecutante en el que manifestaba su disconformidad con ellas, considerando que no se había debido cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.

Mediante el auto aquí impugnado la Juzgadora a quo, tras analizar las cuestiones en que la parte ejecutante mostraba su disconformidad con lo llevada a cabo por el Ayuntamiento en ejecución voluntaria de la sentencia, concluye que se ha dado cumplimiento íntegro de la sentencia y que, en consecuencia, no procede abrir incidente de ejecución forzosa.

A la vista de lo expuesto, se rechaza el primer motivo de impugnación invocado por el apelante porque la obligatoriedad de iniciar un incidente de ejecución forzosa surge cuando no se ha ejecutado voluntariamente la sentencia en el plazo legal establecido.

En este caso, el Ayuntamiento, antes de que transcurriera ese plazo, comunicó al Juzgado que había realizado las actuaciones que, a su entender, daban cumplimiento a lo ordenado por la sentencia y se dio traslado de ellas al ejecutante, quien pudo hacer las alegaciones que estimó pertinentes sobre aquellos extremos en los que discrepaba.

Como es obvio, carece de objeto abrir un incidente de ejecución forzosa cuando, como sucede en este caso, la Juzgadora a quo llega a la conclusión de que efectivamente se ha cumplido voluntariamente con lo dispuesto en la sentencia. Cuestión distinta es que esa conclusión sea o no correcta, lo que es objeto de examen en este recurso.

Por ello, ninguna indefensión se le ha ocasionado a la parte ejecutante porque no se haya abierto un incidente de ejecución forzosa, cuya apertura, como se dice señala en el art. 109 LJCA, exige que no conste en autos la total ejecución de la sentencia. Que sea así es lo que a continuación se examina.

3.2. Sobre la falta de puntuación y valoración motivada por el nuevo Tribunal Calificador del ejercicio práctico de don Segundo.

En el auto recurrido se describen las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de León en los siguientes términos:

- En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, celebrada el día 25 de octubre de 2024, se adopta, entre otros, el acuerdo relativo a que se lleve a su puro y debido efecto el fallo de la Sentencia número 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el día 21 de abril de 2023 y su Auto de rectificación de fecha 21 de noviembre de 2023 para sucumplimiento.

Con fecha 30 de octubre de 2024 se recibe Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de León en virtud de la cual se comunica que se ha acusado recibo de los autos para el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con declaración de firmeza, para que en el plazo de dos meses previsto en el artículo 104.2 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , se lleve a puro y debido efecto la resolución y se practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

- En ejecución de la referenciada sentencia, mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, se resolvió, entre otros:

"Con efecto de llevar a cabo la Sentencia nº 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León , designar como nuevos miembros del Tribunal de Selección en el Proceso selectivo para la provisión, mediante turno libre, por el sistema de concurso-oposición de una plaza de Intendente Jefe/a de la Policía Local del Ayuntamiento de León, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, clasificadas dentro del Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1, del Ayuntamiento de León, a las siguientes personas (...)

- El citado Tribunal de Selección, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a la ejecución del fallo, en los siguientes términos: (...) En consecuencia con lo expuesto, el tribunal constituido en el presente acto, procederá en ejecución de sentencia a realizar las siguientes actuaciones:

- Puntuar y valorar motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2) realizados por el aspirante D. Dimas. - Puntuar y valorar motivadamente el ejercicio teórico (1.3.1) realizado por el aspirante Segundo. Una vez efectuadas las puntuaciones de los ejercicios en los términos citados, las mismas serán remitidas a la Subárea de Recursos Humanos del Ayuntamiento de León, para si procede, sean remitidas al órgano judicial competente para determinar el correcto cumplimiento de la ejecución de sentencia.

Por otra parte el Tribunal en el ejercicio de sus funciones y a efectos de motivar adecuadamente las puntuaciones otorgadas en cada ejercicio, de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas, cumplirá con las siguientes exigencias en la motivación del contenido de sus actos calificatorios:

- Expresará, respecto de cada tema, el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

-Consignará los criterios de valoración cualitativa que se seguirán para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio. Se adopta por unanimidad acuerdo en el sentido expresado. -

A la vista de dichas actuaciones y del resultado de las mismas practicadas por el Tribunal de Selección, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado fue D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

La discrepancia entre las partes surge porque el Ayuntamiento y el Sr. Dimas sostienen que se ha ejecutado correctamente la sentencia con arreglo al tenor literal del fallo de la misma mientras que el apelante sostiene que la lógica y el contenido de la sentencia obliga a interpretar que lo ordenado en ella es que el nuevo Tribunal calificador puntúe y valore los ejercicios teóricos y prácticos de ambos.

Hemos de decir que ambas partes tienen razón en el sentido de que el fallo de la sentencia conduce a sostener la conclusión del Ayuntamiento al indicarse entre paréntesis (1.3.1) otra vez junto al nombre de don Segundo cuando antes, refiriéndose a los dos, se dice que se puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2). Se estima que ese paréntesis (1.3.1) después del nombre de D. Segundo es un error tipográfico y sobra; lo que se quería venir a decir, a la vista de lo razonado en el Fundamento de derecho decimotercero, es que el nuevo Tribunal calificador puntuase y valorase los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes.

Procede, por tanto, estimar este motivo de impugnación.

No está de más, poner de relieve que ninguna de las partes solicitó aclaración o rectificación de error material del fallo, pese a que sí se solicitó de otros extremos.

3.3. Sobre la exclusión de la valoración de la capacidad de expresión oral.

Se dice en el auto impugnado:

"Alega también el ejecutante D. Segundo que el tribunal de selección ha alterado los criterios de valoración excluyendo de la valoración la capacidad de expresión oral, que representa el 10% de la valoración del ejercicio, lo que ha alterado la calificación final. Pues bien, las bases de la convocatoria establecen que los criterios de valoración del ejercicio teórico (1.3.1) son: - Volumen y compresión de conocimientos el 70%. -La claridad de ideas el 20%. -La capacidad de expresión oral el 10%. Y en el acta de la sesión de 20 de noviembre de 2024 se acordó la "remisión de los criterios de valoración adoptados por el anterior Tribunal, y que habiendo sido conocidos pro los opositores con anterioridad a la realización de la prueba teórica, vinculan la actuación del nuevo Tribunal". Y es cierto que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4). Y, además, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta para la valoración de la expresión oral, en la referida acta, en el punto 2 "Establecimiento de los criterios específicos de valoración cualitativa que se seguirán por el Tribunal para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio y su forma de cuantificarlos", en el segundo acuerdo, se dice que son "adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario", para lo que es indiferente que la lectura se haga por el aspirante o por un miembro del tribunal. Por otra parte, mediante la lectura pública por parte de los aspirantes no puede garantizarse el anonimato, y, así, en el acta de la sesión en la que se procedió a la lectura de los ejercicios, acta nº4 de 3 de diciembre de 2024, en el punto 3 "Lectura por el Tribunal de los ejercicios de los aspirantes", se dice que "La realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo".

Para desestimar este motivo de impugnación, aparte de dar por reproducido lo dicho por la Juzgadora a quo, basta poner de relieve que (i) el propio recurrente en su demanda solicita:

"Subsidiariamente al anterior, la declaración de nulidad o subsidiaria anulación del procedimiento a los efectos de su retroacción al trámite que proceda en cada uno de los supuestos de nulidad:

? La de la determinación de la lectura pública del tercer ejercicio como modalidad de su defensa con la retroacción al momento inmediatamente anterior a la corrección del tercer ejercicio con la finalidad de que, con el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador y preservando las condiciones de anonimato en la autoría de cada ejercicio, se proceda por tal órgano de selección a la corrección y puntuación de los ejercicios ejecutados sin la lectura pública de estos por los aspirantes que los ejecutaron".

Y (ii) en las bases, en el punto 1.3.1 que regula la prueba teórica, no se establece que la lectura de los ejercicios teóricos de los aspirantes se realice en público, como ahora pretende el apelante.

Por tanto, se ha hecho lo que solicitaba.

3.4. Sobre los criterios cualitativos de valoración del nuevo Tribunal calificador.

Sobre este extremo se dice en el auto recurrido:

En el acta de 20 de noviembre de 2024 se recoge el acuerdo del Tribunal de que los criterios de valoración serán los contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas.En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1 se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. En el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temaselaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta(acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. Y en el Anexo III del acta nº4 del nuevo proceso se recoge la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal da a cada uno de los temas desarrollado por cada uno de los opositores, explicando las razones de dicha valoración".

El apelante cuestiona que la mención de "los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas" reúna los requisitos para ser considerado como un criterio de valoración cualitativa hábil y suficiente y considera que la falta de fijación previa de los criterios de calificación cualitativa es determinante de la ausencia de motivación, porque las calificaciones del ejercicio teórico se emitieron sin explicar todo lo siguiente: (I) los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto de los ejercicios de los aspirantes y, muy especialmente, las exigencias inexcusables para obtener la puntuación mínima necesaria para el aprobado, tanto en lo relativo a cuestiones y datos del expediente sobre el que versaba el ejercicio teórico que deberían ser objeto de obligada mención por el aspirante en su escrito, como en la clase de respuestas que se considerarían aceptables sobre todas esas cuestiones o datos; (II) la manera de cuantificar los niveles de acierto o desacierto; y (III) por qué los ejercicios de cada uno de los aspirantes merecía el concreto nivel que exteriorizó la concreta puntuación aplicada. Sostiene que el tribunal no identifica su criterio de valoración, otorgando de forma opaca y parcial las calificaciones parciales al mismo sin ofrecer un criterio objetivo y esta falta de definición de los criterios de valoración ha permitido al nuevo Tribunal Calificador valorar favorablemente el ejercicio práctico realizado por D. Dimas, en el que aborda el ejercicio en sus aspectos generales sin realizar ninguna mención al puesto al que se opta, ni cita las actividades, ni las funciones, ni los servicios propios que le atribuye la legislación vigente, que se le permita hasta 66 incorrecciones ortográfica (q. por el pronombre que), u obviar que el ejercicio de D. Dimas adolece en todas sus respuestas una falta de definición y concreción en quienes han de intervenir y las funciones concretas de colaboración de todos los mandos intervinientes.

El apelado, por el contrario, sostiene que en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1, se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. El nuevo Tribunal Calificador, cumplió las bases de la convocatoria en lo relativo a la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal ofreció a los ejercicios efectuados por cada opositor.

El Ayuntamiento apelado alega que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de los miembros del Tribunal. Cada uno de los miembros del mismo, respecto del opositor anonimizado, realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral". Y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido. Esta alegación traída por la parte recurrente supone discutir ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso, las cuales son el fundamento del concurso y tienen la consideración de norma reguladora del mismo.

Este motivo de impugnación también se rechaza por los razonamientos expuestos en el auto impugnado que no han sido desvirtuados por el apelante.

La jurisprudencia sobre esta materia, sirva de ejemplo, la sentencia 1724/2023, de 18 de diciembre (recurso de casación 8217/2021) fija esta doctrina:

«OCTAVO. - La respuesta a la cuestión de interés casacional.

En razón de lo argumentado es que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario conservar los documentos que reflejan esa puntuación individual, o, al menos, es necesario incorporar esa información al acta final del proceso selectivo».

Finalmente, también indicaremos que en la citada sentencia 1696/2023 (recurso de casación 8060/2021 ), hemos dicho: "no es posible admitir que la decisión por unanimidad llene las exigencias de motivación ya que, como hemos dicho al inicio de este fundamento de Derecho, la adecuada plasmación en las actas y resoluciones constituye, para el participante, la garantía de que su ejercicio o prueba ha sido valorada conforme a las exigencias de la convocatoria, dentro de los parámetros establecidos en la misma, y que ello se ha producido en régimen de igualdad, proporcionándole con tales datos la oportunidad de cuestionar de manera fundada la decisión del órgano de valoración, si estima que ello ha perjudicado su derecho".

En este caso los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto son los que se establecen en las bases (el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral) en relación con los elementos fundamentales que integran el contenido del temario de la oposición, lo que es lógico en cuanto que lo que deben acreditar los aspirantes es el conocimiento del mismo en sus aspectos esenciales y que lo expresen con claridad y adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario. Por otra parte se ha dado cumplimiento a lo exigido en la base en cuanto el ejercicio ha sido puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas han sido objeto de desarrollo, se han sumado las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se ha dividido entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados y se ha procedido conforme se establece en ellas, en cuanto para aprobar ese ejercicio es preciso alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio viene determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo y se ha motivado, entrando dentro del núcleo material de la decisión la valoración realizada por los miembros del Tribunal, esto es, dentro de la discrecionalidad técnica, que no puede ser objeto de fiscalización ni sustitución por el Tribunal.

3.5. Sobre el cese del aspirante seleccionado solicitado por don Segundo.

Sobre este extremo se ha de poner de relieve que lo que se examina en este recurso es si se ha ejecutado o no por completo la sentencia de 21 de abril de 2023 y su auto que la complementa.

La ejecución de la sentencia comporta que se termine el proceso selectivo en la forma legalmente establecida conforme a lo señalado en la sentencia y auto que la complementa.

En los términos en que ha quedado reducido el debate la plaza de Intendente Jefe de la policía local habrá de ser ocupada por el apelante o el apelado. El apelado ha continuado prestando servicios en esa plaza durante la tramitación de los recursos al amparo de una resolución por la que había sido nombrado y cuya ejecutividad no estaba suspendida hasta la firmeza de la sentencia, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2024, comunicada al Ayuntamiento el 30 de octubre. Desde esa fecha hasta que en menos de dos meses se procede a dar cumplimiento a la sentencia por el Ayuntamiento, en la forma que antes hemos señalado, resulta de nuevo nombrado el Sr. Dimas, quien ahora en virtud de otra resolución administrativa resulta amparado en su nombramiento.

Que durante ese periodo de menos de dos meses haya continuado el Sr. Dimas en el ejercicio de las funciones de Intendente Jefe no puede considerarse que con ello se persiga no dar cumplimiento a la sentencia, teniendo en cuenta que habría de ocuparlo él o el Sr. Segundo y parece razonable que continuase quien, en principio, había obtenido la plaza, pues ello no redunda en perjuicio del aquí apelante toda vez que en caso de ser él el que ahora resulte nombrado los efectos administrativos y económicos se retrotraen a la fecha en que debió finalizar el proceso selectivo y si el nombrado es el Sr. Dimas la plaza ha sido ocupada, con los mismos efectos, por quien ha resultado finalmente adjudicatario.

Por todo lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de apelación y se revoca parcialmente el auto recurrido en el extremo referido en el fundamento de derecho 3, apartado 2, de esta sentencia de forma que el mismo Tribunal calificador que ha sido nombrado en ejecución de sentencia proceda a puntuar y valorar motivadamente el ejercicio práctico de don Segundo. No se ordena que la efectúa un nuevo Tribunal calificador porque no se ha apreciado que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento tuviera por finalidad eludir el cumplimiento del fallo, ya que lamentablemente su tenor literal generaba confusión, como antes se ha explicado, y ninguna de las partes solicitó aclaración sobre ese punto, debiendo continuar el proceso selectivo hasta su finalización lo que deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses.

4.Costas.

Al estimarse parcialmente el recurso de apelación y revocarse parcialmente el auto recurrido no se hace especial imposición de las costas en ninguna de las dos instancias ( art. 139 LJCA) .

5. Al estimarse parcialmente el recurso, procede la devolución del depósito para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la LOPJ.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

1.Objeto del recurso de apelación. El auto apelado.

Es objeto del recurso de apelación el auto nº 22/2025, de 7 de marzo, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León (ahora Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de León, Plaza nº 2), dictada en la EJD nº 1/2025 dimanante del procedimiento abreviado nº 199/2021.

El auto apelado declara no haber lugar a lo solicitado por don Segundo mediante escrito de 21 de diciembre de 2024 y declara finalizada la ejecución de la sentencia dictada en el procedimiento PA 199/2021, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 21 de abril de 2023, rectificada por auto de fecha 21 de noviembre de 2023 (recurso de apelación 593/2022), con archivo de las actuaciones.

En el escrito de 21 de diciembre de 2024 don Segundo solicitaba la ejecución forzosa de la sentencia y que se procediese a la anulación del nombramiento de D. Dimas para la plaza de Intendente-Jefe de la Policía Local de León

El tenor literal del fallo de la sentencia objeto de ejecución es el siguiente:

PRIMERO: Estimar parcialmente el recurso de apelación nº 593/2022 interpuesto por la representación procesal de D. Segundo contra la Sentencia nº 136/2022 de 11 de julio, dictada por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 2 de León, en el procedimiento abreviado nº 199/21, que se revoca.

SEGUNDO: Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desesti marse los recursos interpuestos contra los mismos por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia.

TERCERO: No procede imponer las costas de este recurso a ninguna de las partes".

Y el auto rectificando la sentencia, acuerda:

PRIMERO.- Completar la parte dispositiva de la Sentencia dictada en fecha 21 de abril de 2023 en el presente recurso de apelación que debe decir:

"SEGUNDO: "Como consecuencia de ello, anulamos por su disconformidad a derecho los acuerdos del Tribunal Calificador del proceso selectivo de 19 de febrero de 2021 y de 22 de abril de 2021, así como los actos que los confirman al desestimarse los recursos interpuestos contra los mismos y los actos posteriores y en particular, el acto de terminación con el nombramiento del aspirante que había sido seleccionado por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia, al objeto de que se proceda al nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2), realizados por D. Dimas y por D. Segundo (1.3.1) con las consecuencias que de ello resulte en los términos expuestos en el Fundamento de Derecho Decimocuarto de esta sentencia."

SEGUNDO.- Añadir un apartado CUARTO en el que se diga que habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación procede la devolución del depósito constituido para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 LOPJ".

2. Posición de las partes.

2.1. La representación procesal de don Segundo solicita que se declare la nulidad de actuaciones, que se declare que no se ha dado exacto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia nº 481/2023, de 21 de abril de la Sala y se determine que un nuevo Tribunal calificador puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos tanto de don Dimas como de don Segundo.

Alega resumidamente que (i) la denegación de la incoación del incidente de ejecución forzosa solicitada vulnera el art. 109 de la LJCA porque le causa indefensión desde el momento que no es lo mismo que se le dé traslado por cinco días del escrito del Ayuntamiento de León argumentando que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia frente a los 20 días de traslado a todas las partes del proceso previsto en dicho precepto; (ii) que no se ha puntuado y valorado motivadamente por el nuevo Tribunal calificador el ejercicio práctico de D. Dimas, tal y como exige la lógica y el contenido mismo de la sentencia a ejecutar, por lo que es preciso que se ordene el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador para que puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes; (iii) que el nuevo Tribunal calificador no ha utilizado el criterio de la capacidad de expresión oral (10%) sustrayendo la lectura de los ejercicios escritos; (iv) que no se conocen los criterios cualitativos de valoración que han sido aplicados por el Tribunal Calificador (y aprobados por éste como órgano colegiado) en relación con la puntuación del Ejercicio 3.1 de la Fase Oposición, pues no puede aceptarse que "los elementos fundamentales" del temario suponga definición alguna de los criterios cualitativos de valoración; y (v) que no se ha dado cumplimiento al segundo de los pronunciamientos de la sentencia en el que se anula "el acto de terminación con el nombramiento del aspirante", de forma que por D. Dimas ha sido mantenido en sus funciones por parte del Ayuntamiento en todo momento, incumpliendo, también aquí, el dictado de la sentencia.

2.2. El Letrado del Ayuntamiento de León, en la representación que ostenta, se opone y solicita la desestimación del recurso aduciendo que (i) obvia la parte recurrente que con anterioridad a su petición de ejecución de sentencia de fecha 21/12/2024, se presentó por parte del Ayuntamiento en el procedimiento principal y en fecha 19/12/2024 la documentación acreditativa del cumplimiento de la misma; (ii) que no se ha procedido a la valoración del ejercicio práctico del Sr. Segundo, porque el fallo de la sentencia es claro en el sentido de que respecto a D. Dimas se ordena que se valoren los ejercicios teórico (1.3.1) y práctico (1.3.2), y en el caso de D. Segundo solo el ejercicio teórico (1.3.1); (iii) que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4) y en estos casos la expresión oral se concreta en cómo se han redactado las respuestas; esto es, si existe una correcta exposición de las ideas y la redacción llevada a cabo y, por ello, que su lectura se lleve a cabo por un miembro del Tribunal no supone que se esté obviando este criterio de valoración, además esta decisión se tomó a fin de garantizar el anonimato a fin de garantizar la imparcialidad de los miembros del Tribunal;(iv) que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de cada uno de los miembros del Tribunal respecto del opositor anonimizado, se realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido y lo que pretende el apelante es sustituir las valoraciones realizadas por las suyas propias, discuti endo ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso.

2.3. La representación procesal de don Dimas solicita la desestimación del recurso de apelación alegando (i) la sentencia alcanzó firmeza en fecha 29/10/2024, sin embargo, el ejecutante formuló su demanda ejecutiva cinco días antes de finalizar el plazo que tenía el Ayuntamiento para cumplir voluntariamente la sentencia y aun así el Juzgado registró procedimiento de ejecución (EDJ 1/2025), dando traslado al ejecutante por DIOR 07/01/2025 de la documentación presentada por el Ayuntamiento en fecha 19/12/2024; el Ayuntamiento de León aportó a los autos del Procedimiento Abreviado nº 199/2021, documentación acreditativa, a su juicio, del cumplimiento de la sentencia, habiendo actuado el órgano judicial con total adecuación a la legalidad, dando traslado a las partes a fin de que aleguen lo que consideren en defensa de sus respectivos derechos, siendo decidido, a la vista de la prueba documen tal obrante en esta ejecución, que la sentencia ejecutable ha sido correcta y totalmente ejecutada por la administración obligada, no procediendo, en rigor jurídico, promover incidente de ejecución alguno, al ser requisito de procedibilidad de dicho incidente, conforme establece el artículo 109 de la LRJCA que "no conste en autos la total ejecución de la sentencia"; (ii) a la vista del tenor literal del fallo a ejecutar el Tribunal calificador lo ha ejecutado escrupulosamente y si el ejecutante no estaba conforme con la resolución judicial a ejecutar, tenía a su disposición los recursos ordinarios y extraordinarios e incluso la utilización de la aclaración, rectificación o complemento de sentencia; (iii) la realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo ,incluso aunque el ejecutante hubiera sido favorecido con el 10% de la nota en la lectura, y el otro candidato con un 0% (algo poco probable), no habría variado el resultado de una superior nota en el candidato no ejecutante; (iv)no es cierto que no se conozcan los criterios de valoración cualitativos pues en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria; (v) en cuanto al cese del aspirante seleccionado traería consigo, en unidad de acto, su nuevo nombramiento como Intendente Jefe al haber sido el candidato que ha superado al otro opositor en las calificaciones de las pruebas valoradas por el nuevo Tribunal Calificador nombrado en ejecución de sentencia, valorándose en conjunto no sólo tales calificaciones sino también aquellas que no tuvieron que ser nuevamente valoradas Por ello, y en atención a la literalidad del artículo 51 de la Ley 39/2015, la conservación de actos administrativos efectuada por el Ayuntamiento en la presente ejecución se ajusta de forma rigurosa a la legalidad.

3.Estimación parcial del recurso de apelación.

3.1. Sobre la nulidad de actuaciones por no haberse incoado incidente de ejecución forzosa de conformidad con el art. 109 de la LJCA.

Dispone el art. 109 de la LJCA que:

"1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia,podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:..."

En el Auto recurrido se hace constar que

"Con fecha 19 de diciembre de 2024, se remite desde el Área de Organización y Recursos, Subárea Recursos Humanos, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León, las actuaciones realizadas en el ámbito del expediente número NUM001, del Proceso selectivo para la provisión, mediante concurso oposición, de una plaza de Intendente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Grupo de clasificación A, Subgrupo A1, relativo a la ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León nº 481/23, de 21 de abril de 2023 (recurso de apelación 0000593 /2022 ) y del auto de rectificación de sentencia de 21 de noviembre de 2023, procedente procedimiento abreviado 199/2021 del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de León, identificador registro presentación NUM002. - A la vista de las actuaciones practicadas por el Tribunal de Selección designado mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, y del resultado de las mismas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado es D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción".

El apelante presentó solicitud de ejecución forzosa el día 21 de diciembre de 2024.

La sentencia fue declarada firme, una vez devueltas las actuaciones tras la inadmisión del recurso de casación interpuesto contra ella, el 24 de octubre de 2024 .

El art. 104 de la LJCA dispone:

1. Luego que sea firme una sentencia,el letrado o letrada de la Administración de Justicia lo comunicará en el plazo de diez días al órgano previamente identificado como responsable de su cumplimiento,a fin de que, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentenciao el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.

De acuerdo con lo dispuesto en este precepto, el ejecutante instó la ejecución forzosa de la sentencia antes de que hubiera transcurrido el plazo de dos meses desde que se comunicara al órgano encargado de la ejecución la firmeza de la sentencia.

E 19 de diciembre de 2024 -antes de que transcurriera el plazo legal de dos meses para el cumplimiento voluntario de la sentencia- el Ayuntamiento apelado comunicó al Juzgado las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la sentencia entendiendo que con ellas se había dado cumplimiento a las declaraciones contenidas en el fallo.

Por diligencia de 21 de febrero de 2025, se dio traslado al ejecutante y al codemandado D. Dimas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento, habiendo presentando escrito el ejecutante en el que manifestaba su disconformidad con ellas, considerando que no se había debido cumplimiento a lo ordenado en la sentencia.

Mediante el auto aquí impugnado la Juzgadora a quo, tras analizar las cuestiones en que la parte ejecutante mostraba su disconformidad con lo llevada a cabo por el Ayuntamiento en ejecución voluntaria de la sentencia, concluye que se ha dado cumplimiento íntegro de la sentencia y que, en consecuencia, no procede abrir incidente de ejecución forzosa.

A la vista de lo expuesto, se rechaza el primer motivo de impugnación invocado por el apelante porque la obligatoriedad de iniciar un incidente de ejecución forzosa surge cuando no se ha ejecutado voluntariamente la sentencia en el plazo legal establecido.

En este caso, el Ayuntamiento, antes de que transcurriera ese plazo, comunicó al Juzgado que había realizado las actuaciones que, a su entender, daban cumplimiento a lo ordenado por la sentencia y se dio traslado de ellas al ejecutante, quien pudo hacer las alegaciones que estimó pertinentes sobre aquellos extremos en los que discrepaba.

Como es obvio, carece de objeto abrir un incidente de ejecución forzosa cuando, como sucede en este caso, la Juzgadora a quo llega a la conclusión de que efectivamente se ha cumplido voluntariamente con lo dispuesto en la sentencia. Cuestión distinta es que esa conclusión sea o no correcta, lo que es objeto de examen en este recurso.

Por ello, ninguna indefensión se le ha ocasionado a la parte ejecutante porque no se haya abierto un incidente de ejecución forzosa, cuya apertura, como se dice señala en el art. 109 LJCA, exige que no conste en autos la total ejecución de la sentencia. Que sea así es lo que a continuación se examina.

3.2. Sobre la falta de puntuación y valoración motivada por el nuevo Tribunal Calificador del ejercicio práctico de don Segundo.

En el auto recurrido se describen las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de León en los siguientes términos:

- En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León, celebrada el día 25 de octubre de 2024, se adopta, entre otros, el acuerdo relativo a que se lleve a su puro y debido efecto el fallo de la Sentencia número 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el día 21 de abril de 2023 y su Auto de rectificación de fecha 21 de noviembre de 2023 para sucumplimiento.

Con fecha 30 de octubre de 2024 se recibe Diligencia de Ordenación del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de León en virtud de la cual se comunica que se ha acusado recibo de los autos para el cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con declaración de firmeza, para que en el plazo de dos meses previsto en el artículo 104.2 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , se lleve a puro y debido efecto la resolución y se practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

- En ejecución de la referenciada sentencia, mediante Decreto del Sr. Concejal Delegado de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes, de fecha 11 de noviembre de 2024, se resolvió, entre otros:

"Con efecto de llevar a cabo la Sentencia nº 481/2023 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León , designar como nuevos miembros del Tribunal de Selección en el Proceso selectivo para la provisión, mediante turno libre, por el sistema de concurso-oposición de una plaza de Intendente Jefe/a de la Policía Local del Ayuntamiento de León, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, clasificadas dentro del Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1, del Ayuntamiento de León, a las siguientes personas (...)

- El citado Tribunal de Selección, en sesión celebrada el día 20 de noviembre de 2024, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo relativo a la ejecución del fallo, en los siguientes términos: (...) En consecuencia con lo expuesto, el tribunal constituido en el presente acto, procederá en ejecución de sentencia a realizar las siguientes actuaciones:

- Puntuar y valorar motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2) realizados por el aspirante D. Dimas. - Puntuar y valorar motivadamente el ejercicio teórico (1.3.1) realizado por el aspirante Segundo. Una vez efectuadas las puntuaciones de los ejercicios en los términos citados, las mismas serán remitidas a la Subárea de Recursos Humanos del Ayuntamiento de León, para si procede, sean remitidas al órgano judicial competente para determinar el correcto cumplimiento de la ejecución de sentencia.

Por otra parte el Tribunal en el ejercicio de sus funciones y a efectos de motivar adecuadamente las puntuaciones otorgadas en cada ejercicio, de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas, cumplirá con las siguientes exigencias en la motivación del contenido de sus actos calificatorios:

- Expresará, respecto de cada tema, el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio técnico.

-Consignará los criterios de valoración cualitativa que se seguirán para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio. Se adopta por unanimidad acuerdo en el sentido expresado. -

A la vista de dichas actuaciones y del resultado de las mismas practicadas por el Tribunal de Selección, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , aludido en el cuerpo de la sentencia de referencia, el aspirante seleccionado fue D. Dimas, manteniéndose la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

La discrepancia entre las partes surge porque el Ayuntamiento y el Sr. Dimas sostienen que se ha ejecutado correctamente la sentencia con arreglo al tenor literal del fallo de la misma mientras que el apelante sostiene que la lógica y el contenido de la sentencia obliga a interpretar que lo ordenado en ella es que el nuevo Tribunal calificador puntúe y valore los ejercicios teóricos y prácticos de ambos.

Hemos de decir que ambas partes tienen razón en el sentido de que el fallo de la sentencia conduce a sostener la conclusión del Ayuntamiento al indicarse entre paréntesis (1.3.1) otra vez junto al nombre de don Segundo cuando antes, refiriéndose a los dos, se dice que se puntúe y valore motivadamente los ejercicios teóricos (1.3.1) y prácticos (1.3.2). Se estima que ese paréntesis (1.3.1) después del nombre de D. Segundo es un error tipográfico y sobra; lo que se quería venir a decir, a la vista de lo razonado en el Fundamento de derecho decimotercero, es que el nuevo Tribunal calificador puntuase y valorase los ejercicios teóricos y prácticos de los dos aspirantes.

Procede, por tanto, estimar este motivo de impugnación.

No está de más, poner de relieve que ninguna de las partes solicitó aclaración o rectificación de error material del fallo, pese a que sí se solicitó de otros extremos.

3.3. Sobre la exclusión de la valoración de la capacidad de expresión oral.

Se dice en el auto impugnado:

"Alega también el ejecutante D. Segundo que el tribunal de selección ha alterado los criterios de valoración excluyendo de la valoración la capacidad de expresión oral, que representa el 10% de la valoración del ejercicio, lo que ha alterado la calificación final. Pues bien, las bases de la convocatoria establecen que los criterios de valoración del ejercicio teórico (1.3.1) son: - Volumen y compresión de conocimientos el 70%. -La claridad de ideas el 20%. -La capacidad de expresión oral el 10%. Y en el acta de la sesión de 20 de noviembre de 2024 se acordó la "remisión de los criterios de valoración adoptados por el anterior Tribunal, y que habiendo sido conocidos pro los opositores con anterioridad a la realización de la prueba teórica, vinculan la actuación del nuevo Tribunal". Y es cierto que el nuevo Tribunal no acordó la lectura pública del ejercicio escrito, sino por un miembro del Tribunal, pero el recurrente lo aceptó, pues no formuló reclamación alguna frente al acuerdo del Tribunal, aunque la lectura se pospuso para la siguiente sesión (acta nº3, de la sesión de 29 de noviembre de 2024, acuerdos 3 y 4). Y, además, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta para la valoración de la expresión oral, en la referida acta, en el punto 2 "Establecimiento de los criterios específicos de valoración cualitativa que se seguirán por el Tribunal para valorar el acierto o desacierto de cada ejercicio y su forma de cuantificarlos", en el segundo acuerdo, se dice que son "adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario", para lo que es indiferente que la lectura se haga por el aspirante o por un miembro del tribunal. Por otra parte, mediante la lectura pública por parte de los aspirantes no puede garantizarse el anonimato, y, así, en el acta de la sesión en la que se procedió a la lectura de los ejercicios, acta nº4 de 3 de diciembre de 2024, en el punto 3 "Lectura por el Tribunal de los ejercicios de los aspirantes", se dice que "La realización de la lectura de los temas por un miembro del Tribunal de selección tiene por objeto preservar el anonimato de los opositores, garantizando así la objetividad de la corrección de los temas, circunstancia que no podría producirse de efectuarse la lectura de los ejercicios presencialmente por los opositores afectados por el fallo".

Para desestimar este motivo de impugnación, aparte de dar por reproducido lo dicho por la Juzgadora a quo, basta poner de relieve que (i) el propio recurrente en su demanda solicita:

"Subsidiariamente al anterior, la declaración de nulidad o subsidiaria anulación del procedimiento a los efectos de su retroacción al trámite que proceda en cada uno de los supuestos de nulidad:

? La de la determinación de la lectura pública del tercer ejercicio como modalidad de su defensa con la retroacción al momento inmediatamente anterior a la corrección del tercer ejercicio con la finalidad de que, con el nombramiento de un nuevo Tribunal Calificador y preservando las condiciones de anonimato en la autoría de cada ejercicio, se proceda por tal órgano de selección a la corrección y puntuación de los ejercicios ejecutados sin la lectura pública de estos por los aspirantes que los ejecutaron".

Y (ii) en las bases, en el punto 1.3.1 que regula la prueba teórica, no se establece que la lectura de los ejercicios teóricos de los aspirantes se realice en público, como ahora pretende el apelante.

Por tanto, se ha hecho lo que solicitaba.

3.4. Sobre los criterios cualitativos de valoración del nuevo Tribunal calificador.

Sobre este extremo se dice en el auto recurrido:

En el acta de 20 de noviembre de 2024 se recoge el acuerdo del Tribunal de que los criterios de valoración serán los contenidos en las bases de la convocatoria, y, en su caso, adoptados por el anterior Tribunal y conocidos por los opositores con anterioridad a la realización de las pruebas.En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1 se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. En el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temaselaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta(acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. Y en el Anexo III del acta nº4 del nuevo proceso se recoge la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal da a cada uno de los temas desarrollado por cada uno de los opositores, explicando las razones de dicha valoración".

El apelante cuestiona que la mención de "los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas" reúna los requisitos para ser considerado como un criterio de valoración cualitativa hábil y suficiente y considera que la falta de fijación previa de los criterios de calificación cualitativa es determinante de la ausencia de motivación, porque las calificaciones del ejercicio teórico se emitieron sin explicar todo lo siguiente: (I) los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto de los ejercicios de los aspirantes y, muy especialmente, las exigencias inexcusables para obtener la puntuación mínima necesaria para el aprobado, tanto en lo relativo a cuestiones y datos del expediente sobre el que versaba el ejercicio teórico que deberían ser objeto de obligada mención por el aspirante en su escrito, como en la clase de respuestas que se considerarían aceptables sobre todas esas cuestiones o datos; (II) la manera de cuantificar los niveles de acierto o desacierto; y (III) por qué los ejercicios de cada uno de los aspirantes merecía el concreto nivel que exteriorizó la concreta puntuación aplicada. Sostiene que el tribunal no identifica su criterio de valoración, otorgando de forma opaca y parcial las calificaciones parciales al mismo sin ofrecer un criterio objetivo y esta falta de definición de los criterios de valoración ha permitido al nuevo Tribunal Calificador valorar favorablemente el ejercicio práctico realizado por D. Dimas, en el que aborda el ejercicio en sus aspectos generales sin realizar ninguna mención al puesto al que se opta, ni cita las actividades, ni las funciones, ni los servicios propios que le atribuye la legislación vigente, que se le permita hasta 66 incorrecciones ortográfica (q. por el pronombre que), u obviar que el ejercicio de D. Dimas adolece en todas sus respuestas una falta de definición y concreción en quienes han de intervenir y las funciones concretas de colaboración de todos los mandos intervinientes.

El apelado, por el contrario, sostiene que en el acta de 29 de noviembre de 2024 (acta 3) se establece que los criterios cualitativos de valoración vendrán determinados por los elementos fundamentales que integran el contenido de los temas elaborados por los miembros del Tribunal de Selección de acuerdo con el reparto que obra en el punto segundo, Dispositivo cuarto del acta del Tribunal de Selección de fecha 27 de noviembre de 2024. Y, en esta acta (acta 2) se recogen los criterios establecidos en las bases de la convocatoria. En las bases de la convocatoria, punto 1.3.1, se establece que el ejercicio será puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas hayan sido objeto de desarrollo. Posteriormente, la suma de las calificaciones parciales de cada uno de los temas se dividirá entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados. Será preciso, para aprobar este ejercicio, alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo. El nuevo Tribunal Calificador, cumplió las bases de la convocatoria en lo relativo a la valoración y puntuación que cada miembro del Tribunal ofreció a los ejercicios efectuados por cada opositor.

El Ayuntamiento apelado alega que en el Acta nº NUM000 de fecha 3 de diciembre se transcribe a la misma la puntuación y valoración motivada de los miembros del Tribunal. Cada uno de los miembros del mismo, respecto del opositor anonimizado, realiza la valoración de cada tema en relación con "volumen y comprensión de los conocimientos", "claridad de ideas y de exposición" y "capacidad de expresión oral". Y a ello se añade la "motivación", en donde se hace referencia de forma global a su contenido. Esta alegación traída por la parte recurrente supone discutir ahora la discrecionalidad técnica del Tribunal respecto de la aplicación de las bases del proceso, las cuales son el fundamento del concurso y tienen la consideración de norma reguladora del mismo.

Este motivo de impugnación también se rechaza por los razonamientos expuestos en el auto impugnado que no han sido desvirtuados por el apelante.

La jurisprudencia sobre esta materia, sirva de ejemplo, la sentencia 1724/2023, de 18 de diciembre (recurso de casación 8217/2021) fija esta doctrina:

«OCTAVO. - La respuesta a la cuestión de interés casacional.

En razón de lo argumentado es que, a los efectos del contenido de la motivación para el control de la discrecionalidad técnica en los procesos selectivos, cuando en las bases se contemple que en la calificación de un ejercicio se desglose la puntuación de cada miembro del tribunal de selección, es necesario conservar los documentos que reflejan esa puntuación individual, o, al menos, es necesario incorporar esa información al acta final del proceso selectivo».

Finalmente, también indicaremos que en la citada sentencia 1696/2023 (recurso de casación 8060/2021 ), hemos dicho: "no es posible admitir que la decisión por unanimidad llene las exigencias de motivación ya que, como hemos dicho al inicio de este fundamento de Derecho, la adecuada plasmación en las actas y resoluciones constituye, para el participante, la garantía de que su ejercicio o prueba ha sido valorada conforme a las exigencias de la convocatoria, dentro de los parámetros establecidos en la misma, y que ello se ha producido en régimen de igualdad, proporcionándole con tales datos la oportunidad de cuestionar de manera fundada la decisión del órgano de valoración, si estima que ello ha perjudicado su derecho".

En este caso los criterios cualitativos que fueron establecidos o seguidos para valorar el acierto o desacierto son los que se establecen en las bases (el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral) en relación con los elementos fundamentales que integran el contenido del temario de la oposición, lo que es lógico en cuanto que lo que deben acreditar los aspirantes es el conocimiento del mismo en sus aspectos esenciales y que lo expresen con claridad y adecuada expresión lingüística y no redundancia de vocabulario. Por otra parte se ha dado cumplimiento a lo exigido en la base en cuanto el ejercicio ha sido puntuado por cada miembro del Tribunal con tantas notas como temas han sido objeto de desarrollo, se han sumado las calificaciones parciales de cada uno de los temas, se ha dividido entre el número de asistentes del Tribunal, obteniéndose tantas calificaciones, entre cero y diez puntos, como temas desarrollados y se ha procedido conforme se establece en ellas, en cuanto para aprobar ese ejercicio es preciso alcanzar un mínimo de cinco puntos en cada una de estas calificaciones parciales. La calificación final del ejercicio viene determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales entre el número de temas objeto de desarrollo y se ha motivado, entrando dentro del núcleo material de la decisión la valoración realizada por los miembros del Tribunal, esto es, dentro de la discrecionalidad técnica, que no puede ser objeto de fiscalización ni sustitución por el Tribunal.

3.5. Sobre el cese del aspirante seleccionado solicitado por don Segundo.

Sobre este extremo se ha de poner de relieve que lo que se examina en este recurso es si se ha ejecutado o no por completo la sentencia de 21 de abril de 2023 y su auto que la complementa.

La ejecución de la sentencia comporta que se termine el proceso selectivo en la forma legalmente establecida conforme a lo señalado en la sentencia y auto que la complementa.

En los términos en que ha quedado reducido el debate la plaza de Intendente Jefe de la policía local habrá de ser ocupada por el apelante o el apelado. El apelado ha continuado prestando servicios en esa plaza durante la tramitación de los recursos al amparo de una resolución por la que había sido nombrado y cuya ejecutividad no estaba suspendida hasta la firmeza de la sentencia, que tuvo lugar el 24 de octubre de 2024, comunicada al Ayuntamiento el 30 de octubre. Desde esa fecha hasta que en menos de dos meses se procede a dar cumplimiento a la sentencia por el Ayuntamiento, en la forma que antes hemos señalado, resulta de nuevo nombrado el Sr. Dimas, quien ahora en virtud de otra resolución administrativa resulta amparado en su nombramiento.

Que durante ese periodo de menos de dos meses haya continuado el Sr. Dimas en el ejercicio de las funciones de Intendente Jefe no puede considerarse que con ello se persiga no dar cumplimiento a la sentencia, teniendo en cuenta que habría de ocuparlo él o el Sr. Segundo y parece razonable que continuase quien, en principio, había obtenido la plaza, pues ello no redunda en perjuicio del aquí apelante toda vez que en caso de ser él el que ahora resulte nombrado los efectos administrativos y económicos se retrotraen a la fecha en que debió finalizar el proceso selectivo y si el nombrado es el Sr. Dimas la plaza ha sido ocupada, con los mismos efectos, por quien ha resultado finalmente adjudicatario.

Por todo lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de apelación y se revoca parcialmente el auto recurrido en el extremo referido en el fundamento de derecho 3, apartado 2, de esta sentencia de forma que el mismo Tribunal calificador que ha sido nombrado en ejecución de sentencia proceda a puntuar y valorar motivadamente el ejercicio práctico de don Segundo. No se ordena que la efectúa un nuevo Tribunal calificador porque no se ha apreciado que la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento tuviera por finalidad eludir el cumplimiento del fallo, ya que lamentablemente su tenor literal generaba confusión, como antes se ha explicado, y ninguna de las partes solicitó aclaración sobre ese punto, debiendo continuar el proceso selectivo hasta su finalización lo que deberá efectuarse en el plazo máximo de dos meses.

4.Costas.

Al estimarse parcialmente el recurso de apelación y revocarse parcialmente el auto recurrido no se hace especial imposición de las costas en ninguna de las dos instancias ( art. 139 LJCA) .

5. Al estimarse parcialmente el recurso, procede la devolución del depósito para recurrir en aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la LOPJ.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación