Sentencia Contencioso-Administrativo 550/2025 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 216/2025 de 01 de octubre del 2025

PRIMERO: Objeto de apelación.

Dª Elvira interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia de 6 de agosto de 2024 (notificada el día 11 de septiembre de 2024), por la que se desestima la reclamación administrativa en materia de reconocimiento de derecho y cantidad formulada el 17 de junio de 2024.

Se solicitaba en el suplico de la demanda que se dicte "sentencia estimatoria del presente recurso, que declare la resolución recurrida nula o la anule por ser contraria a derecho y en consecuencia:

1. Reconozca la situación de fraude de ley y abuso padecido por la demandante en su relación de servicio temporal.

2. Reconozca el tiempo de servicios prestados por la actora en virtud de nombramiento como funcionaria interina por programa del Cuerpo de Gestión de la Administración General (2051), entre el día 7-10-2020 y el 20-05-2024, como prestados a todos los efectos (económicos, administrativos y profesionales) en el Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos, especialidad de Trabajo Social (208E).

3. Condene a la administración demandada a abonar las diferencias retributivas, generadas entre el día 07-10-2020 y el 20-05-2024, entre las retribuciones correspondientes al desempeño de funciones de la Escala Técnica de Facultativos, especialidad de Trabajo Social, en la Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo, (teniendo tales puestos -según la RPT de este año- un complemento de destino de nivel 20 y un complemento específico de 10.193,82 €/año - según la RPT de 2024) y las efectivamente percibidas por la recurrente como funcionaria interina del Cuerpo de Gestión de Administración General (A2, Cuerpo: 2051), en un Puesto Base Subgrupo A2, con un complemento de destino de nivel 16 y un complemento específico de 7.338,24 €/año; y ello junto con los correspondientes intereses por demora".

La sentencia apelada, sentencia 95/25, de 31 de marzo de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vigo, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Elvira, anulando la resolución recurrida y acordando :

"A) Condenar a la Administración demandada a reconocer a la recurrente el tiempo de servicios prestados por la actora en virtud de nombramiento como funcionaria interina por programa del Cuerpo de Gestión de la Administración General (2051), entre el día 7-10-2020 y el 20-05-2024, como prestados a todos los efectos (económicos, administrativos y profesionales) en el Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos, especialidad de Trabajo Social (208E).

B) Condenar a la administración demandada a abonar a la recurrente las diferencias retributivas, generadas entre el día 07-10-2020 y el 20-05-2024, entre las retribuciones correspondientes al desempeño de funciones de la Escala Técnica de Facultativos, especialidad de Trabajo Social, en la Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo, (teniendo tales puestos -según la RPT de este año-un complemento de destino de nivel 20 y un complemento específico de 10.193,82 €/año -según la RPT de 2024) y las efectivamente percibidas por la recurrente como funcionaria interina del Cuerpo de Gestión de Administración General (A2, Cuerpo: 2051), en un puesto Puesto Base Subgrupo A2, con un complemento de destino de nivel 16 y un complemento específico de 7.338,24 €/año; junto con los correspondientes intereses por demora.

2º.- Condenar al Consellería de Política Social e Igualdade a abonarle a la actora las costas del proceso, con el límite máximo por honorarios de letrado señalado en el último fundamento".

Se razona en la sentencia para llegar a la solución estimatoria que :

"En el presente caso no existe duda alguna de que las funciones desempeñadas por la actora coinciden con las enumeradas, de acuerdo con lo dispuesto en el certificado de funciones acompañado con la demanda, en el que figuran las siguientes: -"Lectura e clasificación de solicitudes /expedientes de valoración. -Entrevistas de valoración de discapacidade. -Atención de usuarios/as de todas as idades e familiares. -Estudio da documentación aportada. -Coordinación con outros organismos e profesionais do ámbito social. -Emisión de informes sociais, valoración e asignación de grao. - Resolución de reclamacións e xustificación/ documentación ante procedementos legais." Asimismo, resulta de la documentación aportada por la recurrente, consistente en la captura de pantalla de la web del equipo de los integrantes del programa de refuerzo "Evo" en el que se produjo la contratación de la demandante, categorizándolos como trabajadores sociales. La consecuencia de lo expuesto será, pues, la íntegra estimación del recurso".

SEGUNDO: Alegaciones de la parte apelante.

La Letrada de la Xunta de Galicia recurre en apelación la sentencia citada, interesando la revocación de la misma .

Se alega para ello que en el nombramiento figura expresamente que la interesada fue nombrada como interina del cuerpo de gestión de la administración de la Xunta de Galicia ( subgrupo A2). Asimismo en la toma de posesión consta expresamente el nombramiento como funcionaria interina en un puesto base subgrupo A2, nivel 16.

En consecuencia, la trabajadora percibió las retribuciones correspondientes al grupo de adscripción para el que fue nombrada y en el que tomó posesión, según consta en la diligencia emitida al efecto.

Se considera que fue consentido plenamente por la trabajadora, realizando las funciones de acuerdo con lo acordado entre empleador y empleado.

Se indica que tampoco quedó probado que realizase todas y cada una de las funciones para ser acreedora de las diferencias salariales. No se practicó prueba testifical, y la actora se limitó a referir en la demanda funciones de cada una de las categorías.

Se considera por ello que la cuestión principal no fue probada, siendo indispensable para el reconocimiento.

Por último, y en lo que se refiere al reconocimiento como servicios prestados en el cuerpo facultativo de grado medio, escala de técnicos facultativos, especialidad de trabajo social ( 208E ), no es competencia de la Consellería de Política Social e Igualdad.

TERCERO: Alegaciones de la parte apelada.

Por la representación de Dª Elvira se formula oposición al recurso de apelación.

Se alega para ello que la Administración apelante basa su escueto recurso en la literalidad del nombramiento y de la toma de posesión de la demandante, donde consta formalmente su adscripción al Cuerpo de Gestión (A2, Nivel 16), pero se considera que este argumento, meramente formalista, ignora deliberadamente la cuestión central del litigio y el fundamento principal de la Sentencia recurrida: la realidad material de las funciones efectivamente ejercidas, que son las propias de cualquier trabajadora social de los EVO de Discapacidad y que, además de haber sido expresadas en fase administrativa y judicial, sin que se negase en momento alguno dicha realidad por parte de la administración, fueron plenamente probadas mediante el certificado emitido al efecto por el jefe de servicio de la actora.

Se indica que las funciones y cometidos desempeñados han sido un hecho no controvertido , y en cualquier caso ha sido plenamente probado. La Administración apelante, ni en la instancia ni ahora en apelación, ha negado que las funciones desempeñadas por la Sra. Elvira fueran las propias de una trabajadora social en el Equipo de Valoración y Orientación (EVO) de Discapacidades de Vigo; y ahora se limita a decir que no hubo prueba al respecto, lo cual tampoco es cierto. Se insiste en que la prueba practicada, y en particular la documental aportada, es contundente e incontrovertida respecto a las funciones desempeñadas.

Se alega que en el Certificado de Funciones, emitido el 14 de noviembre de 2023 por el propio Jefe del Servicio de Dependencia e Autonomía Persoal de Vigo, se certifica expresamente que la Sra. Elvira desempeñaba las funciones propias de técnico trabajador/a social en el Servicio del EVO de Vigo, detallando las tareas realizadas, que coinciden plenamente con las descritas para el personal técnico de valoración con perfil social en la Orden de 25 de noviembre de 2015, tal y como recoge la Sentencia. Este certificado oficial no fue impugnado de contrario en la instancia, ni en cuanto a su autenticidad ni en cuanto a su contenido veraz, deviniendo en prueba plena de las funciones efectivamente realizadas.

Asimismo, se señala que las Memorias Justificativas del Programa "Plan de Reforzo dos EVOS" implican distintos documentos relativos a la creación y prórrogas del programa temporal en el que se enmarcó el nombramiento de la actora, que evidencian que la necesidad a cubrir era la de personal técnico especializado para la valoración de la discapacidad. Dichas memorias refieren de forma constante la necesidad de contratar profesionales con perfiles específicos: médicos, psicólogos y trabajadores sociales, en cumplimiento de la normativa que configura los EVOs como equipos multidisciplinares técnicos.

Se indica que la realidad de las funciones desempeñadas por la demandante ha sido plenamente acreditada, y la diferencia de trato retributivo ante una identidad sustancial defunciones vulnera frontalmente el artículo 14 de la Constitución Española. Se añade que la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se dirige a reconocer los salarios y derechos funcionariales correspondientes al puesto efectivamente desempeñado, de acuerdo con las funciones efectivamente realizadas. Se citan sentencias en la materia, y en concreto se manifiesta que Resulta especialmente significativo que este mismo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, se ha pronunciado recientemente sobre casos similares relativos a personal interino del mismo programa "Reforzo EVOS", avalando la aplicación del principio de igualdad retributiva.

Frente a lo alegado por la apelante de que la demandante habría consentido su nombramiento y las funciones realizadas, se opone que el hecho de aceptar un nombramiento y tomar posesión no implica un consentimiento válido a la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad retributiva o a la realización de funciones superiores sin la correspondiente contraprestación. Se insiste en que a la actora no se le informó de que su nombramiento no sería como trabajadora social, categoría para la cual fue llamada inicialmente a través de las listas correspondientes (Grupo II, categoría 17, Asistente Social). Y sin que la Administración pueda ampararse en un posible vicio inicial en el nombramiento, imputable a ella misma, para eludir sus obligaciones retributivas y de reconocimiento de servicios conforme a la realidad funcional.

CUARTO: Datos de interés.

La demandante, Dña. Elvira, fue nombrada el 7 de octubre de 2020, funcionaria interina del Cuerpo de Gestión de Administración General de la Xunta de Galicia (A2, Cuerpo: 2051) en el marco del programa temporal "Plan de Reforzo dos EVOS" para los equipos de valoración y orientación de discapacidad, tomando posesión del cargo el 7 de octubre de 2020.

Según la Diligencia de toma de posesión la aquí recurrente quedó adscrita al puesto sin código " NUM000".

Dicho nombramiento se produjo a través de las listas de contratación temporal del personal laboral de la Xunta de Galicia, correspondientes al Grupo II, categoría 17, Asistente Social, contando la demandante con la titulación de trabajadora social y estando debidamente colegiada en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia.

Desde su toma de posesión y hasta su cese (el 20-05-2024, al renunciar a este vínculo temporal para pasar a prestar servicios como Trabajadora Social en otra administración), la actora ha venido desempeñando funciones propias de la Escala Técnica de Facultativos, especialidad de Trabajo Social (cuerpo escala 208E) en la Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo, como acredita el certificado de funciones emitido el 14-11-2023 por el Jefe del Servicio de Dependencia e Autonomía Personal de Vigo, el cual señala que las funciones desempeñadas incluyen: Lectura y clasificación de solicitudes/expedientes de valoración. Entrevistas de valoración de discapacidad. Atención a usuarios/as de todas las edades y familiares. Estudio de la documentación aportada. Coordinación con otros organismos y profesionales del ámbito social. Emisión de informes sociales, valoración y asignación de grado. Resolución de reclamaciones y justificación/documentación ante procedimientos legales.

Los puestos de la Escala Técnica de Facultativos, especialidad de Trabajo Social, de la Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo, tienen asignado un complemento de destino de nivel 20 y un complemento específico de 10.193,82€/año (según la RPT de la Consellería de Política Social de 2024).

La recurrente ha venido percibiendo las retribuciones de un Puesto Base Subgrupo A2 con un complemento de destino de nivel 16 y un complemento específico de 7.338,24 €/año (según RPT de 2024).

El 17 de junio de 2024, la actora presentó reclamación administrativa solicitando: El reconocimiento del fraude de ley y abuso en su contratación temporal y de su derecho a la permanencia como funcionaria interina en plaza vacante de la categoría de facultativo degrado medio, escala de técnicos facultativos, especialidad de Trabajo social, hasta su cobertura reglamentaria o amortización y a la compensación prevista en la DA 17ª del EBEP en el momento del cese. El reconocimiento de los servicios prestados al amparo de su nombramiento como funcionaria interina por programa del Cuerpo de Gestión de la Administración General(2051), como prestados a todos los efectos en el Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escalade Técnicos Facultativos, especialidad de Trabajo Social (208E). El abono de las diferencias retributivas no percibidas y los correspondientes intereses de demora desde que el día 07-10-2020, se incorporó como como funcionaria interina del Cuerpo de Gestión de Administración General (A2, Cuerpo: 2051), en un puesto Puesto Base Subgrupo A2 con un complemento de destino de nivel 16 y un complemento específico de 7.338,24 €/año; desempeñando sin embargo a partir de entonces funciones de la Escala Técnica de Facultativos, especialidad de Trabajo Social, en la Sección de Cualificación e Valoración de Discapacidades de Vigo, teniendo tales puestos -según la RPT de este año- un complemento de destino de nivel 20 y un complemento específico de10.193,82 €/año.

Mediante Resolución de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta de Galicia de 6 de agosto de 2024, notificada el11 de septiembre de 2024, se desestimó la reclamación.

QUINTO: Derecho a percibir las retribuciones correspondientes a las funciones desarrolladas.

En la sentencia del Tribunal Supremo nº 1364/2020, de 21 de octubre de 2020, rec. 7114/2018, citando otras anteriores se indica "Nadie ha discutido en todo el litigio que, efectivamente, existe una jurisprudencia consolidada según la cual el funcionario que acredita la realización de las funciones de un puesto de trabajo distinto del suyo y con retribuciones complementarias superiores se le deben satisfacer los complementos de destino y específico del que efectivamente ha desempeñado. Esa jurisprudencia no ha considerado que el significado del nombramiento en el que se detiene el escrito de oposición impidiera dar igual trato retributivo a quien realice iguales cometidos. El mismo hecho de que se haya formado y mantenido pone de manifiesto una realidad de la Administración Pública: la existencia de supuestos en que funcionarios realizan cometidos de puestos que no son los suyos o que puestos de trabajo con el mismo contenido funcional tienen asignados complementos diferentes. Se trata, desde luego, cuando menos de una disfunción, pero es un fenómeno que se ha dado en la medida suficiente para que el Tribunal Supremo haya llegado a establecer esa doctrina.

Asimismo, debe destacarse que es una práctica imputable a la propia Administración, que es la que debe asegurar la correcta provisión de los puestos de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus funciones y crear las condiciones en las que no exista la posibilidad o la necesidad de que funcionarios destinados en un determinado puesto realicen las tareas de otro.

No es irrelevante a los efectos del debate planteado la circunstancia de que el artículo 24 del Estatuto Básico del Empleado Público (EDL 2015/187164) no constituya un obstáculo (...). Sucede (...) que este precepto no establece un número tasado de supuestos en los que cabe retribuir complementariamente más allá de lo que corresponde a su puesto de trabajo a un funcionario. Al contrario, utiliza una cláusula abierta. (....)

Es significativo que diga "entre otros, a los siguientes factores" cuando el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (EDL 1984/9077), de medidas para la reforma de la función pública, no lo hacía y que bajo sus prescripciones se desarrollase la jurisprudencia que se ha seguido manteniendo y que, para la Sala de Madrid, ya no permitirían los preceptos de las leyes presupuestarias. Así, pues, el verdadero obstáculo lo ofrecerían únicamente estos últimos que repiten año tras año en el periodo relevante que las tareas concretas que realicen los funcionarios no pueden amparar su retribución diferente a la que corresponde al puesto para el que se les haya nombrado.

Contrastada esa prescripción con el principio de igualdad, concretado ahora en la afirmación de que a igual trabajo debe corresponder igual retribución, no parece representar el impedimento advertido por la Sala de Madrid. La realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no es el presupuesto a partir del que se ha formado la jurisprudencia de la que se viene hablando. El dato que ha considerado es, en realidad, el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos --es la identidad sustancial la relevante-- pero a eso no se refiere la norma presupuestaria porque tal desempeño es algo diferente a llevar a cabo tareas concretas. Así, pues, mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata. Mientras que el primero no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración".

Por esa razón, en la sentencia n.º 605/2019 , hemos dicho que "ha de interpretarse el artículo 26. Uno D), párrafo segundo, de la Ley 17/2012 --y los artículos de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado posteriores que lo han reproducido y relaciona el auto de admisión-- en el sentido de que no impide que los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo".

Así, pues, por exigencia de los principios de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica, debemos resolver ahora del mismo modo y estar a la interpretación de los preceptos alegados de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (....)

También conviene añadir que, en el fundamento QUINTO de la antes citada STS de 7 de mayo 2019, recurso 1780/2018 (EDJ 2019/574918), se dijo respecto de las previsiones del art. 26. Uno D ), segundo párrafo de la Ley 17/2012 y de los que han reiterado su contenido en las Leyes de presupuesto: "Ambas previsiones parten del principio de que los funcionarios desarrollan las tareas correspondientes a su puesto de trabajo. Ahora bien, la jurisprudencia ha constatado que hay supuestos en que la Administración consiente situaciones en que los funcionarios tienen que realizar todas o la parte esencial de las tareas de un puesto distinto, reservado a funcionarios de grupos de titulación superior y de superior nivel de complemento de destino. Este último es un supuesto que no contempla la Ley, pues ésta se refiere solamente al desempeño de tareas concretas de otro puesto de trabajo, no de todas o de las esenciales del mismo.

Por tanto, al margen de cuál fuera la intención del legislador, frente al sentido que propugna el Abogado del Estado para las palabras de la Ley, la Sala mantiene que el entendimiento del párrafo señalado del artículo 26. Uno D) de la Ley 17/2012 y de los de igual contenido de las Leyes posteriores, que ha establecido en la sentencia n.º 52/2018 , es más conforme al principio de igualdad y que no debe ser rectificado."

SEXTO: Resolución del recurso.

Así las cosas, en el caso presente, lo que se interesaba por Dª Elvira en su recurso contencioso-administrativo era que se reconociese una situación de fraude de ley en su relación de servicio temporal, por habérsele reconocido derechos correspondientes a Cuerpo de Gestión de Administración General (A2, Cuerpo: 2051), en un Puesto Base Subgrupo A2, con un complemento de destino de nivel 16, cuando sin embargo vino realizando funciones del Cuerpo Facultativo de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos, especialidad de Trabajo Social (208E), y solicitando el reconocimiento de derechos económicos, administrativos y de toda clase coherentes.

Como se ha adelantado, en la sentencia apelada se estima el recurso de la demandante, pues se considera acreditado que las funciones desempeñadas por la actora coinciden con las correspondientes al cuerpo de trabajadores sociales en materia de discapacidad, según la Orden de 25 de noviembre de 2015, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y la organización funcionamiento de los órganos técnicos competentes .

El motivo del recurso de apelación se ciñe a indicar que lo que literalmente figura en el nombramiento como interina de la demandante era en el cuerpo de gestión de la Administración de la Xunta de Galicia, Subgrupo A2, nivel 16, al igual que figura así en la toma de posesión. Y sobre la base de esa literalidad señala que para el éxito de la pretensión de la demandante habrían de ser acreditadas las funciones de la categoría cuya retribución solicita, sin que ello conste.

Pues bien, como se contesta por la apelada, no puede obviarse que fue aportada prueba documental en relación a las funciones que vino ejecutando la demandante en el período de referencia, y que, frente a ello, pese a tener la facilidad probatoria, nada indicó ni probó en contra la Administración, no siendo de recibo que ahora en apelación niegue la realización por la demandante de las funciones que alega, o se limite a decir que no consta probado que las haya realizado.

Así, en concreto, consta aportado certificado de funciones , emitido por el Xefe do Servizo de Dependencia e Autonomía Persoal de la Jefatura Territorial en Vigo de la Consellería de Política Social e Xuventude, en el que se hace constar que :

"Dona Elvira presta na actualidade servizos no Equipo de Valoración de discapacidade da Xunta de Vigo, como persoal interino -Corpo de Xestión da Admón Xeral de Comunidade Autónoma de Galicia. Tal e como figura no certificado de servizos prestados ao non existir a escala de especialidade de traballo social no momento do chamamento, fíxose o seu chamamento polas listas de persoal laboral, grupo II, categoría 17, asistente social, desempeñando na actualidade entre outras as funcións propias de técnico traballador social no Servizo do EVO de Vigo: -Lectura e clasificación de solicitudes /expedientes de valoración. -Entrevistas de valoración de discapacidade . Atención de usuarios/as de todas as idades e familiares.-Estudio da documentación aportada. -Coordinación con outros organismos e profesionais do ámbito social. -Emisión de informes sociais, valoración e asignación de grao. -Resolución de reclamacións e xustificación/ documentación ante procedementos legais".

Sobre la base de la prueba practicada se consideró acreditada la realización de funciones que se alega, y que sirve de fundamento a la pretensión ejercida por la demandante, sin que pueda ser estimado el recurso de apelación, pues, como se infiere de la jurisprudencia antes citada, aunque se parte del principio de que los funcionarios desarrollan las tareas correspondientes a su puesto de trabajo, hay supuestos en que la Administración consiente situaciones en que los funcionarios tienen que realizar todas o la parte esencial de las tareas de un puesto distinto, debiendo ser retribuidos según corresponda a las funciones realmente realizadas.

Así pues, ha de ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la Letrada de la Xunta de Galicia contra la sentencia 95/25, de 31 de marzo de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vigo , que ha de ser confirmada.

SÉPTIMO: Costas procesales.-

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, "En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".En este caso, las costas de esta alzada han de ser impuestas a la parte apelante, sin que su cuantía exceda de 1000 euros, por todos los conceptos.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,