Sentencia Contencioso-Administrativo 300/2025 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4100/2025 de 01 de julio del 2025

PRIMERO.-Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en todo aquello en lo que no discrepen de los de la presente.

SEGUNDO.- Fundamentación jurídica del recurso de apelación.

Comienza haciendo un resumen de los antecedentes de hecho: el 3 de agosto de 2010 se procedió por parte de D. Sabino a la presentación de denuncia urbanística por la ejecución de "actividades constructivas"en una propiedad sita en el DIRECCION001 a la altura de la DIRECCION002.

El 25 de enero de 2011 el Concello de Oia acordó la incoación de expediente de protección de la legalidad urbanística y traslado del mismo a la APLU de conformidad con el acuerdo de adhesión suscrito el 30 de enero de 2009.

Por parte de la APLU se acordó el 14 de abril de 2011 la incoación de expediente informativo NUM003, en que se indica que las obras están totalmente rematadas, carecen de licencia y que el instrumento de ordenación aplicable son las Normas Subsidiarias de Planeamento do Concello de Oia, aprobadas definitivamente con fecha de 14/03/1996 en las que el suelo está clasificado como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural, siendo de aplicación la Ordenanza 7.

Por parte de la APLU se procedió a la incoación de expediente de restitución de la legalidad urbanística (expte. NUM004) en fecha de 5 de octubre de 2011. El 28 de marzo de 2012 se emite por la Inspectora Urbanística informe. El 18 de septiembre de 2012, sin que conste en el expediente administrativo que se haya dado traslado de la propuesta de resolución emitida por el Servicio de Inspección Urbanística a la apelante, por el Subdirector de la APLU (por delegación de la Directora de la APLU), se dicta resolución del expediente de restitución de la legalidad acordando la demolición de las obras y reposición de los terrenos afectados a su estado anterior al inicio de las obras a costa de los interesados. Se remite a las conclusiones del informe de los folios 210 y siguientes del expediente, en que se indica que:

Teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores tras la inspección ocular, levantamiento topográfico, estudio de la documentación consultada, tanto gráfica como escrita, relacionada con las parcelas implicadas, se desprende:

- Que las construcciones de planta baja existentes en la actualidad en la parcela " DIRECCION003" se hallan ubicadas sobre las construcciones primitivas existentes en la parcela desde hace más de 20 años, estando actualmente mejoradas, utilizando materiales tradicionales como revestimiento en ecopiedra y carpintería de madera color natural.

- Que a fecha de este informe las obras de mejora realizadas sobre las edificaciones no se hallan rematadas en su totalidad, puesto que falta por ejecutar los elementos de cubierta de las mismas. Cubierta inclinada rematada con teja tipo árabe.

- Que la parcela a informar se encuentra delimitada por camino y propiedades particulares, tal y como queda expresado en el apartado de linderos en la escritura de compraventa. Que en el caso de su viento Este estas propiedades están dedicadas a monte arbolado, encontrándose según las 1\TNSS de Planeamiento del municipio de Oia dentro de la banda que delimita la misma calificación urbanística que la finca " DIRECCION003", Suelo No Urbanizable de Núcleos Rurales, Ordenanza 7, así como de su área de tolerancia. Así mismo en la cartografía catastral de bienes e inmuebles de naturaleza rústica del municipio de Oía, figuran como linderos por el viento Este de la parcela a informar, parte de la DIRECCION004 del citado polígono, lo que nos ratifica la pe1tenencia de estas parcelas a propietarios particulares y no una única masa forestal calificada como zona de monte comunal. (Planos 3 y 4 anexos).

Transcurrido el plazo concedido para nuestra representada para proceder a la demolición das obras sin llevar ésta a cabo, la Dirección da APLU acordó imponerle una primera multa coercitiva por un importe de 1.000 euros, mediante resolución do 08/04/2014, una segunda multa coercitiva por un importe de 2.000 euros (07/10/2014), una tercera multa coercitiva por un importe de 4.000 euros (23/04/2015), una cuarta multa coercitiva por un importe de 8.000 (06/09/2016), una quinta multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (27/06/2017), una sexta multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (10/12/2018) y una séptima multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (04/09/2019), reiterando nuevamente que caso incumplirse la orden de demolición de obras se procedería a su ejecución forzosa mediante la imposición de nuevas multas coercitivas o, si fuera el caso, mediante su ejecución subsidiaria.

El 28 de marzo de 2022, se acordó por la APLU el reconocimiento inicial de las obras llevadas a cabo por nuestra representada, previa a la ejecución subsidiaria de la orden de demolición acordada.

El 23 de junio de 2022 se dicta por el Jefe de Servicio de Inspección Urbanística II de la APLU propuesta de acuerdo de ejecución subsidiaria de orden de demolición. En esa misma fecha, y sin dar traslado previo de la propuesta de acuerdo de ejecución subsidiaria de la orden de demolición, se dicta por el Director de la APLU resolución de ejecución subsidiaria de orden de demolición en el que se indica:

Por todo o anterior, RESOLVO:

1° Dispoñer a execución forzosa, mediante a execución subsidiaria a custa de PROMOSÁN, S.L. da resolución do 18/11/2012, do subdirector da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en adiante, APLU), que declarou ilegalizábeis as obras de construción de dúas edificacións de planta baixa con fachada de pedra, cuberta plana de formigón e carpintaría exterior de madeira, cada unha delas con varios apartamentos, promovidas pola entidade PROMOSÁN, S.L., na parcela con referencia catastral NUM000, dividida hoxe en dúas (a NUM001 e a DIRECCION000) no DIRECCION001, no termo municipal de Oia, provincia de Pontevedra, por resultaren incompatíbeis ca ordenamento urbanístico vixente e ordenou a súa demolición e a reposición dos terreas afectados ao estado anterior ao inicio das obras por canta da interesada, prohibindo definitivamente os usos aos que desen lugar, para o que fixou un prazo de tres meses.

2º Notificar aos interesados esta resolución, indicándolle que pon fin á vía administrativa e contra ela poden interpoñer recurso de reposición ante o director da APLU, no prazo dun mes contado dende o día seguinte a esta notificación, significándolle que o recurso unicamente será admisible por motivos de infracción do ordenamento inherentes ao acordo de execución subsidiaria, senda motivo de inadmisión a reiteración das mesmas razóns que se esgrimiron ou puideron esgrimirse fronte á resolución da que o presente acordo é un mero acto de execución.

Se non exercita o seu dereito a presentar recurso potestativo de reposición, pode interpoñer directamente recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses dende o día seguinte desta notificación ante o Xulgado do contencioso administrativo en cuxa circunscrición radique o inmoble afectado, conforme ao disposto no artigo 14.1, regra terceira da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso administrativa".

Jurídicamente, como motivos del recurso de apelación sostiene no estar de acuerdo con la imposibilidad de analizar en el mismo la validez de la orden de demolición y posibilidad de la apreciación de oficio de las causas de nulidad de pleno derecho. Y ello porque entiende que la resolución que de 10 de octubre de 2013, que confirma la de 18 de septiembre de 2012 que acordó la demolición de las obras llevadas a cabo por la apelante, era nula de pleno derecho, de donde deduce la nulidad de las actuaciones posteriores, incluída la resolución de ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas, y la orden de ejecución subsidiaria objeto de este recurso, atendido que la resolución que acuerda la demolición, fue dictada por el Director de la APLU, y que el recurso de reposición fue resuelto por el Concello de Oia, vulnerando con ello las determinaciones del por entonces vigente artículo 116 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992), que establece que el recurso de reposición se interpondrá ante el órgano que dicta la resolución recurrida, y que será este órgano el que lo tenga que resolver; y ello determina la nulidad de dicha resolución ex artículo 47.1.b de la Ley 39/2015 y por ende de todas las resoluciones posteriores ex artículo 52 de la meritada Ley. Con cita de STS de 1949.

Además muestra su disconformidad con la innecesariedad de conceder trámite de audiencia a la interesada previamente a la decisión de ejecución subsidiaria, con vulneración de la Jurisprudencia, vulneración de las determinaciones del artículo 82 de la Ley 39/2015. Cita la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de junio de 2013 que estableció que la falta de notificación de la audiencia en la ejecución sustitutoria supone un incumplimiento de las determinaciones del artículo 59 de la Ley 30/92.

Y sobre la existencia de prescripción de la orden de demolición, carácter no sancionador de las multas coercitivas e imposibilidad de interrumpir la prescripción.

El artículo 30.2 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, establece el régimen de interrupción de la prescripción indicando lo siguiente:

"Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable".

Por lo que procede revocar la resolución recurrida, declarando la prescripción de la acción de restitución de la legalidad urbanística y, por lo tanto, declarar la nulidad de la resolución recurrida.

TERCERO.- Sobre la oposición a la apelación.

El recurrente reproduce en su recurso el debate planteado en instancia. Los argumentos del recurso encuentran cumplida respuesta en la sentencia apelada, que se encuentra ampliamente motivada y cuyas acertadas conclusiones compartimos remitiéndonos íntegramente a las mismas, sin perjuicio de las alegaciones que a continuación exponemos.

No pueden invocarse vicios de la resolución principal y, sin embargo, parte de la fundamentación de la demanda y el actual recurso de apelación se centra en cuestionar la resolución principal, pues los vicios que se invocan, como la competencia o la innecesaridad de cumplir con los retranqueos, son cuestiones que afectan a la decisión principal. La ejecución forzosa es un procedimiento diferenciado del de la resolución de que trae su causa. Si no se introduce novedad alguna, sólo podrán alegarse:

- cuestiones de índole formal o procedimental que lo vicien de nulidad (que sólo determinarán la nulidad si materialmente determinan indefensión);

-o bien la falta de presupuesto fáctico habilitante del mismo por haberse procedido al cumplimiento voluntario del acto que contiene el mandato de cuya ejecución se trata.

También cabría la posibilidad de alegar otras cuestiones, como la falta de ejecutividad del mandato que se pretende ejecutar, o la circunstancia de no ser el destinatario del acto el obligado al cumplimiento; o la prescripción de la acción ejecutiva, y cualesquiera otras cuestiones siempre que conciernan directamente a la validez de dicho acto ejecutivo, no al acto anterior firme que le sirve de presupuesto.

La sentencia centra adecuadamente el debate admisible, en atención a la actuación impugnada, y precisamente por ello es respetuosa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y del proceso debido.

Impugnar la resolución por la que se acuerda la ejecución subsidiaria e invocar vicios o defectos de la resolución principal constituye una desviación procesal.

La resolución por la que se acuerda la ejecución subsidiaria no incurre en causa de nulidad porque no se haya concedido trámite de audiencia, no nos hallamos ante la impugnación que pone fin a un procedimiento, en cuya tramitación se prevé legalmente el trámite de audiencia a los interesados -que son los preceptos que el recurrente cita en demanda en fundamento de su pretensión impugnatoria-, sino en fase de ejecución, sin que en esta fase, una vez que existe acto firme y ejecutivo, exista obligación legal de dar audiencia o de notificar la propuesta de resolución, por cuanto el interesado ya conoce la existencia de un acto firme que le obliga y ha sido apercibido previamente de proceder a su cumplimiento, pese a lo cual, y la sucesiva imposición de multas, continúa sin cumplir; y no se ha causado indefensión.

No ha prescrito la orden de demolición. Las multas coercitivas interrumpen el plazo de prescripción, siendo de aplicación el plazo de cinco años, y produciéndose la interrupción de la prescripción con la imposición de cada multa coercitiva, por lo que se reinicia el cómputo, y en este caso, desde que se adoptó el acuerdo de ejecución subsidiaria la Administración ha venido desarrollando distintos actos materiales para llevar a efecto la ejecución de la resolución.

En concreto, el plan de inspección urbanística de la APLU establece en su art. 8.3: "Finalizado el plazo para ejecutar la orden de demolición en período voluntario, se acordará la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas que serán reiteradas periódicamente cada tres meses hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado. Transcurrido un año desde la fecha en la que la resolución que ordena la demolición adquiera firmeza en vía administrativa, o, si es el caso, en vía contencioso-administrativa, la Agencia acordará la ejecución subsidiaria por la Agencia con cargo al sujeto obligado..."Y dicho criterio se establecía igualmente en los planes correspondientes a anualidades anteriores.

Y es que la ejecución subsidiaria no es el único medio que interrumpe la prescripción ni tampoco el único de que dispone la Administración para llevar a efecto el acto administrativo, siendo las multas coercitivas un medio alternativo de ejecución forzosa, que de conformidad con el Plan de Inspección de la APLU, deben utilizarse previamente a la ejecución subsidiaria, dado que son medios menos gravosos para el interesado.

CUARTO.- Conformidad a Derecho de la ejecución subsidiaria.

Constituye el objeto de recurso sobre que recae la sentencia apelada, la resolución de 14 de diciembre de 2022 del Director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta de Galicia (APLU), desestimatoria del recurso de reposición formulado por la entidad mercantil Promosán SL frente a la resolución de 23 de junio de 2022 de ejecución subsidiaria de la resolución de 18 de noviembre de 2012 que ordenó la demolición de dos edificaciones de planta baja, cada una con varios apartamentos, erigidas en parcela con referencia catastral NUM000, (actualmente fincas NUM001 y DIRECCION000) en el DIRECCION001, término municipal de Oia (expte. NUM002).

En dicha resolución se motiva: <<(...) Transcorrido o prazo concedido para que a interesada procedera á demolición das obras sen levar esta a cabo, a dirección da APLU acordou impoñerlle unha primeira multa coercitiva polo importe de 1.00 euros, mediante resolución do 08/04/2014, unha segunda multa coercitiva por importe de 2.000 euros (07/10/2014), unha terceira multa coercitiva polo importe de 4.000 euros (23/04/2015), unha cuarta multa coercitiva polo importe de 8.000 euros (06/09/2016), unha quinta multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (27/06/2017), unha sexta multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (10/12/2018) e unha sétima multa coercitiva por un importe de 10.000 euros (04/09/2019), reiterando novamente que caso incumprise a orde de demolición de obras procederíase á súa execución forzosa mediante a imposición de novas multas coercitivas ou, si fose o caso, mediante a súa execución subsidiaria>>.

Por consecuencia, así queda delimitado el objeto del recurso, lo que conviene recordar a la vista de las alegaciones de la parte apelante, quedando así delimitado por las resoluciones de la APLU dictadas en ejecución forzosa de una previa orden de demolición, de forma que no constituye su objeto la orden de demolición, y contra dicha resolución, en su día, debieron hacerse valer tales argumentos, quedando así circunscrito el recurso a la resolución que acuerda la ejecución subsidiaria, como consecuencia del incumplimiento de la resolución inicial que acuerda la demolición, que es firme. Es por ello que ha de compartirse el criterio de la sentencia apelada cuando motiva sobre la improcedencia de analizar la cuestión referente a la competencia de la APLU para dictar aquella resolución (sin perjuicio de la referencia que se contiene en las actuaciones al Convenio entre esta última Administración y el Concello de Oia). En el mismo sentido ha de considerarse con relación a los retranqueos o sobre la fecha de ejecución de las edificaciones. A ello ha de añadirse la circunstancia de que la parte apelante no funda su recurso en la consideración de que los actos de ejecución objeto de recurso, se aparten del contenido de la resolución principal. Tampoco se aducen argumentos que específicamente se refieran a las resoluciones objeto de recurso contencioso-administrativo aquí apeladas, ni de índole formal o procedimental, ni sobre la ausencia del presupuesto para su dictado (ya se ha evidenciado que sí que existió y que se trata de un acto firme), ni que se haya procedido al cumplimiento, lo cual dejaría vacío de contenido a la propia ejecución subsidiaria. La consecuencia es que no se puede considerar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, una vez concretado el verdadero objeto de recurso, sobre que se ha pronunciado la sentencia apelada. Por consecuencia, y una vez que se ha puesto de manifiesto la ineficacia de las multas coercitivas, y previo apercibimiento del obligado a cumplimiento, procede compartir la argumentación de la sentencia apelada.

Ha de añadirse que no concurre causa de nulidad por que no se diera trámite de audiencia, por aplicación de lo dispuesto en los artículos 99 y 102 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC) y artículo 152.6 Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia (LSG), conforme a los cuales no es preceptivo conceder un trámite de audiencia a la interesada con carácter previo a la adopción de la decisión de ejecución subsidiaria, atendida la fase en que nos encontramos, cuando pudo hacer las alegaciones que estimó oportunas en la tramitación del procedimiento en que se dicta la resolución administrativa de cuya ejecución se trata; y que, en todo caso, existió un previo apercibimiento a través de las resoluciones que se fueron dictando en el procedimiento de ejecución. Por consecuencia, no concurre vicio de nulidad.

Finalmente y con relación a la no concurrencia de prescripción, ha de recordarse que con cada una de las resoluciones que se dictaron en la tramitación del procedimiento administrativo, debidamente notificadas, incluídas las multas coercitivas, atendido que, siendo de aplicación el plazo de cinco años, incluído el plazo de suspensión como consecuencia de la aplicación del RD 463/2020, no había transcurrido el mismo entre una y otra notificación, al reiniciarse el cómputo con cada acto de interrupción.

Por consecuencia de lo expuesto, el recurso de apelación ha de ser desestimado.

QUINTO.- Costas procesales.

Procede hacer imposición de las costas del recurso de apelación a quien lo interpuso al ser desestimado ( artículo 139 de la LJCA) , por el importe total de 1.000 euros por todos los conceptos.