Sentencia Contencioso-Administrativo 854/2024 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 337/2024 de 11 de diciembre del 2024

PRIMERO:Objeto de impugnación y pretensiones articuladas.-

Don Patricio impugna la resolución de 30 de octubre de 2023 del Director Xeral de Función Pública de la Xunta de Galicia, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la de 20 de julio de 2023 del tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, subgrupo C2, en las especialidades de emisorista/vigilante fijo, bombero forestal-conductor de motobomba y bombero forestal, del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración Xeral de la Comunidad Autónoma de Galicia, convocado por la Orden de 28 de febrero de 2019 (DOG nº44, de 4 de marzo), por la que se hace pública la baremación definitiva de la fase de concurso (DOG nº149, d 7 de agosto).

Las pretensiones articuladas se contienen en el suplico de la demanda, en el que se solicita, además de la nulidad de la resolución administrativa impugnada, que se incremente la puntuación del demandante, en la fase de concurso, en 1,5 puntos, tras la baremación de méritos del curso señalado, y condene a la Administración a reconocer una puntación total de 10,52 puntos al demandante y a realizar todas las actuaciones que fueran oportunas para dar efectividad al pronunciamiento anterior, y las modificaciones oportunas en el proceso selectivo, permitiéndole acceder a la plaza a que diera lugar esta valoración, y abonando, en su caso, indemnización equivalente a los salarios dejados de percibir desde el momento de toma de posesión de los aspirantes del procedimiento.

SEGUNDO:Antecedentes de interés para la decisión de esta impugnación.-

El demandante alega que es personal laboral indefinido discontinuo de la Xunta de Galicia, con una antigüedad del 1 de julio de 2008, según tiene declarado la sentencia de este Tribunal Superior de Justicia de 13 de mayo de 2016, y viene prestando sus servicios, por cuenta y orden de la Consellería de Medio Rural, para el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPDCIF), ostentando la categoría de bombero forestal-conductor de motobomba (Grupo IV-Categoría 033).

Por resolución de 28 de febrero de 2019 se convocó el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, subgrupo C2, en las especialidades de emisorista/vigilante fijo, bombero forestal-conductor de motobomba y bombero forestal, del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración Xeral de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El actor superó la fase de oposición de aquel proceso selectivo, por lo que la controversia en este litigio se centra exclusivamente en la fase de concurso.

En la base II.3.1.2. se recogen los méritos de la fase de concurso en el turno de acceso libre, interesando ahora transcribir el apartado b), referido a formación, cuyo tenor literal es el siguiente:

"b) Formación, se valorará la asistencia a cursos organizados e impartidos directamente por la Escuela Gallega de Administración Pública, Escuela Gallega de Administración Sanitaria, Academia Gallega de Seguridad Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, escuelas oficiales de formación de las restantes comunidades autónomas, universidades, Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección General de Orientación y Promoción Laboral de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, así como los cursos impartidos en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas (Afedap).

Para cada curso de duración igual o superior a 12 horas lectivas se valorarán con 0,01 puntos cada hora de formación, hasta un máximo de 1,5 puntos por curso.

No se valorará:

La asistencia a congresos, jornadas, seminarios, simposios y similares.

- Las materias (créditos) que formen parte de una titulación académica.

- Los cursos de doctorado.

- Los módulos o partes integrante de un curso.

- Los cursos que formen parte de los procesos de selección de personal funcionario.

A los efectos de puntuación de este apartado se estimarán como valorables las pruebas de evaluación de carácter libre organizadas por la Egap al considerarlas equivalentes a un aprovechamiento por las horas previstas de los correspondientes cursos organizados e impartidos directamente por la Egap.

La puntuación máxima de este epígrafe es de 5 puntos".

Seguidamente figuran otras bases que pueden resultar relevantes, cuales son:

"II.2.2. Los méritos enumerados en la base II.2.1 deberán referirse a la fecha de publicación de la presente convocatoria, y deberán acreditarse de conformidad con el procedimiento que establezca la Dirección General de la Función Pública y que será publicado en el Diario Oficial de Galicia.

No se tendrán en cuenta los méritos que no se presenten conforme a lo establecido en dicho procedimiento.

II.2.3. Finalizada la fase de oposición, desde la publicación por el tribunal de las notas del último ejercicio, las personas aspirantes deberán proceder de conformidad con lo señalado en el procedimiento al que se refiere el punto anterior para presentar la documentación relativa a la fase de concurso, que irá dirigida a la Dirección General de la Función Pública de la Consellería de Hacienda (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela).

II.2.4. El tribunal procederá a baremar la fase de concurso, con la colaboración técnica que necesite del personal de la Dirección General de la Función Pública, y la publicará en el DOG, con indicación de la puntuación obtenida por cada aspirante. Contra el baremo, las personas aspirantes que lo consideren oportuno podrán presentar reclamación ante el propio tribunal en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el DOG de dicho baremo.

A la vista de las reclamaciones presentadas y realizadas, en su caso, las oportunas correcciones al baremo inicialmente asignado a cada aspirante, el tribunal procederá a la publicación en el DOG del baremo definitivo de la fase de concurso.

II.3. El orden de prelación de las personas aspirantes vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso. No podrá superar el proceso selectivo un número superior al de plazas convocadas".

Para integrar la base II.2.2. se publicó en el Diario Oficial de Galicia de 8 de abril de 2022 la resolución de 5 de abril de 2022 de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hace público el procedimiento para la acreditación de los méritos correspondientes a la fase de concurso del proceso selectivo de que ahora se trata. En concreto, el contenido de sus apartados segundo, tercero y cuarto es el siguiente:

"Segundo. En el plazo de los 10 días hábiles siguientes al de la publicación de la presente resolución en el DOG, las personas aspirantes actuarán de la siguiente manera:...

Una vez accedan a la aplicación informática, podrán generar el impreso de conformidad o el impreso de subsanación, a partir de los datos que constan en su expediente personal.

Comprobados los datos que figuran en su expediente electrónico, la persona interesada podrá validarlos o tramitar su disconformidad.

a) En el supuesto de estar conforme con los datos consultados, los validará sin hacer ningún cambio, cerrará el impreso y realizará la presentación electrónica...

b) En el supuesto de mostrar su disconformidad por no estar de acuerdo con alguno o algunos de los datos, por no constar, ser erróneos o incompletos, la persona interesada deberá completar o corregir la información inscrita y generar un impreso de subsanación....

Tercero. Los datos reflejados en el impreso de conformidad o en el impreso de subsanación serán los que tenga en cuenta el tribunal en la baremación de la fase de concurso y siempre referidos a la fecha que se establece en el punto primero de esta resolución.

Cualquier impreso de conformidad o de subsanación y la documentación justificativa de los méritos que no reúna los requisitos o que fuera registrado fuera del plazo establecido en el apartado segundo de esta resolución se tendrá por no presentado.

En el caso de no presentar impreso de subsanación o conformidad, los datos reflejados en el expediente administrativo de las personas interesadas y que ya consten validados con anterioridad serán los que tenga en cuenta el tribunal en la baremación de la fase de concurso, siempre que estén referidos a la fecha que se establece en el punto primero de esta resolución.

Por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva no se admitirá, una vez finalizado el plazo de presentación de instancias y a los efectos de su valoración en este proceso, ninguna documentación acreditativa de nuevos méritos aunque consten registrados en el expediente electrónico, excepto aquella documentación que, justificando documentalmente fue solicitada por la persona interesada al organismo o entidad competente en el plazo de presentación de solicitudes o en un momento anterior, no haya sido recibida por la persona interesada en el indicado plazo, supuesto en que se admitirá su presentación hasta el momento de la finalización del plazo para la presentación de reclamación a la baremación provisional.

Fuera de este supuesto y plazo no se admitirá la presentación de ninguna documentación acreditativa de nuevos méritos.

Las personas interesadas que, con anterioridad a la fecha de publicación de esta resolución en el DOG hubieran registrado en el sistema informático la validación de algún mérito en el expediente electrónico que se encuentre pendiente de validar, deberán presentar, en su caso, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la documentación complementaria para acreditar debidamente los méritos alegados.

Cuarto. Remisión de la documentación acreditativa de los méritos alegados

Toda la documentación válida para justificar los méritos añadidos o modificados por la persona interesada en su expediente administrativo deberá ser remitida a la Consellería de Hacienda y Administración Pública, Dirección General de la Función Pública, Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela, teniendo en cuenta lo siguiente:

Los certificados firmados electrónicamente y los documentos electrónicos podrán remitirse a través del registro electrónico. La persona solicitante, para la remisión electrónica, empleará el modelo con el código PR004A...

Si la documentación que se presente es un documento original en papel o carece de firma electrónica y/o validación electrónica, deberá presentarse en las oficinas de Registro de la Xunta de Galicia y en los demás lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas , para que el personal funcionario del registro acredite que es copia electrónica auténtica del documento.

Las personas interesadas que lo deseen pueden hacer uso del modelo incluido en esta resolución como anexo III".

El señor Patricio fue admitido por el turno de acceso libre, en virtud de resolución de 29 de enero de 2021.

Por resolución de 13 de marzo de 2023 del tribunal calificador se hizo pública la baremación provisional de la fase de concurso, en la que el actor figura con una puntuación total de 9,02 puntos, de los que 7 puntos corresponden a experiencia y 2,02 a cursos.

Tras la reclamación oportuna, por resolución de 20 de julio de 2023 del tribunal calificador se hizo pública la baremación definitiva de la fase de concurso, en la que el recurrente figura con la misma puntuación que en la baremación provisional.

Frente a la anterior resolución presentó recurso de alzada el actor, en el que se refería tanto al aspecto de la antigüedad como al de la formación, siendo desestimado en la resolución de 30 de octubre de 2023 del Director Xeral de Función Pública de la Xunta de Galicia. De aquellas dos facetas el recurrente solamente insiste en esta vía jurisdiccional en la relativa a la formación, por lo que solamente a ella hay que referirse ahora. En concreto, reclama el señor Patricio que se le valore con 1,5 puntos el curso de "Mecánico de vehículos ligeros", realizado entre el 26 de febrero y el 12 de noviembre de 2004, impartido por el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Lugo, de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales, y certificado por un total de 859 horas lectivas por la Dirección Xeral de Formación y Colocación, que consta registrado con el asiento 223342 en el Libro 99 página 90 en fecha 20 de diciembre de 2004.

Para desestimar la valoración de ese curso en la resolución desestimatoria del recurso de alzada se argumentó que el Centro de Formación Ocupacional de Lugo es un organismo no válido según la Orden de convocatoria, y se añade que junto con la reclamación se aportó de nuevo la certificación del curso acreditado por el Centro de Formación Ocupacional de Lugo y una copia simple del diploma acreditativo de formación suscrito por la Dirección Xeral de Formación y Colocación, y ante la imposibilidad de verificación de la autenticidad de la documentación no se pudo validar ni baremar el curso.

TERCERO:Examen de los motivos de impugnación.-

En la demanda alega el demandante que corresponde la valoración del curso de "Mecánico de vehículos ligeros", porque entiende que tiene perfecto encaje en las bases de la convocatoria. En ese sentido argumenta que a la Dirección Xeral de Formación e Colocación le corresponde el desarrollo de las funciones atribuidas a la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales, en materia de formación ocupacional, y entiende que la Dirección Xeral de Orientación y Promoción Laboral, que es mencionada en la base II.3.1.2.b., resulta ser el organismo competente equivalente. Añade que la convocatoria acoge los cursos impartidos en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas (Afedap), pues realizó el curso a través del Servicio Público de Empleo Estatal. Afirma asimismo que se valoraron otros cursos impartidos por el mismo organismo y todos los organizados por la Consellería de Medio Rural, que no aparece relacionada en la base.

Continúa su argumentación el actor alegando que la copia del diploma fue introducido en el expediente después de comprobar que no estaba validado el certificado auténtico que ya constaba incorporado en el momento inicial.

También aduce el demandante que hay que considerar el derecho de subsanación, al amparo del artículo 68 de la Ley 39/2015 que acoge tanto la posibilidad de aportación documental antes de que se dictara la resolución definitiva como la innecesariedad de aportar la documentación que ya obra en poder de la Administración o a la que esta puede acceder.

Las dos últimas alegaciones que se esgrimen en el escrito de demanda se fundan en la invocación de la doctrina de los propios actos, en base a que certificados idénticos fueron valorados anterior y coetáneamente por la misma Administración, y en que se estima vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución española por el exceso de rigor aplicado.

2. Hay que empezar destacando que las bases de la convocatoria constituyen la ley del proceso selectivo, por lo que a ellas ha de atenerse tanto la Administración como los aspirantes, como así lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que cabe destacar, entre sus más recientes pronunciamientos, la sentencia de su Sala Tercera de 25 de octubre de 2016 (recurso de casación número 4034/2014), 15 de noviembre de 2019 (RC número 2810/2017) y de 8 de julio de 2020 (recurso 135/2019), que en su fundamento de derecho quinto, ha declarado:

"Ese carácter vinculante es una reiterada afirmación de la jurisprudencia de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, que la viene subrayando especialmente cuando califica a las convocatorias de verdadera ley del concurso, por ser obligatoria tanto para la Administración convocante como para cuantas personas participan en ellas. Lo cual ha sido justificado mediante la invocación de la necesidad de dar observancia a los principios de confianza legítima y de igualdad; pues, de no ser respetada esa ley del concurso en la decisión final de la convocatoria, uno y otro principio resultarían vulnerados para todos aquellos que no participaron en la convocatoria desde la legítima y razonable creencia de que carecían de toda expectativa de acceder a las plazas convocadas si éstas resultaban adjudicadas según una recta aplicación de las reglas o bases establecidas en dicha convocatoria. Se ha reiterado también que esa vinculación impide la posterior impugnación de las reglas o bases de la convocatoria por parte de quienes, habiéndolas consentido, hayan participado en el correspondiente proceso selectivo; con la excepción de que esas reglas o bases constituyan causa de nulidad de pleno derecho o vulneración de un derecho fundamental. Y debe ser completado lo anterior con esta otra precisión: que la individualización que la Administración efectúe en esas reglas o bases de la convocatoria, de los requisitos genéricamente establecidos para el acceso en el ordenamiento jurídico, merecerán ser respetados cuando no incurran en la constitucional interdicción de la arbitrariedad".

En este sentido, establece el artículo 58.4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia que "Las convocatorias y sus bases se publicarán en el diario oficial correspondiente y vinculan a la Administración pública convocante, a los órganos de selección y a las personas que participan en el proceso selectivo".

Varios son los motivos por los que es conforme a Derecho la decisión de no computar el curso reclamado por el actor.

En primer lugar, la Dirección Xeral de Formación y Colocación, de la que depende el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Lugo, no es uno de los organismos a que se refiere la base II.3.1.2.b. de la convocatoria (Escuela Gallega de Administración Pública, Escuela Gallega de Administración Sanitaria, Academia Gallega de Seguridad Pública, Instituto Nacional de Administración Pública, escuelas oficiales de formación de las restantes comunidades autónomas, universidades, Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección General de Orientación y Promoción Laboral de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, así como los cursos impartidos en el marco del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas, Afedap). Ni siquiera se ha demostrado que la Dirección Xeral de Formación y Ocupación de 2004, dependiente de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales, sea el equivalente de la Dirección Xeral de Orientación y Promoción Laboral de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de 2019, ni que el curso realizado se pueda incardinar en los cursos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas a que se refiere aquella base.

En ese sentido, no se ha logrado demostrar que en 2004 (año en que el recurrente realizó el curso invocado) a la Dirección Xeral de Formación e Colocación, de la que dependía el Centro de Formación Ocupacional de Lugo, le correspondía la realización de dichos cursos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas, pues no es eso lo que se desprende del Decreto 212/2003, de 3 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Laborales, ya que en el apartado 1 de su artículo 8, relativo precisamente a la regulación de aquella Dirección Xeral, dispone:

"Uno.-Corresponderá a esta dirección general el desarrollo de las funciones atribuidas a la consellería en materia de formación ocupacional y la intermediación en el mercado de trabajo, colocación y orientación laboral, así como la estadística, el análisis y la prospectiva del mercado de trabajo, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Gallego de Estadística. Asimismo, ejercerá las funciones de ejecución relativas al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores y, en su caso, la potestad sancionadora en las materias relativas al empleo y desempleo.

Desarrollará también las competencias que le correspondan a esta consellería en materia de expedición de certificados de profesionalidad o la acreditación parcial acumulable correspondiente. Asimismo, desarrollará y aplicará las competencias de la consellería para la ejecución del procedimiento establecido para la evaluación y acreditación de las competencias de la población activa de Galicia.

Le corresponde la elaboración del estudio del anteproyecto del presupuesto correspondiente a su centro directivo, así como su gestión, seguimiento y evaluación".

Hay que tener en cuenta que la formación ocupacional es la formación orientativa que reciben los trabajadores en activo, así como desempleados, con el fin de insertarse laboralmente u obtener una mejora de empleo, pero no necesariamente implican la realización de cursos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas, por lo que no puede afirmarse que el curso desarrollado por el demandante estuviera destinado al empleo en la Administración Pública, por lo que es lógico que no sea computable en el proceso selectivo de que se trata, que es precisamente para el ingreso en el empleo público.

En segundo lugar, no se ha cumplido la exigencia de la resolución de 5 de abril de 2022, pues, ante la aportación de la certificación del curso y de la copia simple del diploma acreditativo de dicho curso, no ha sido posible validar ni baremar dicho curso. En definitiva, el documento aportado ni es copia electrónica auténtica ni tiene firma electrónica y/o validación electrónica.

Por último, tampoco puede prosperar la alegación del derecho de subsanación que se alega con fundamento en el artículo 68 de la Ley 39/2015.

Ante todo conviene aclarar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo sólo permite la subsanación de lo defectuosamente presentado, no si concurre la falta de presentación de la documentación que se pretende aportar (sentencias de 25 de abril, 16 de mayo, 19 y 26 de diciembre de 2012, 8 de mayo de 2013 y de 1 de octubre de 2014).

Desde el momento en que el organismo que ha emitido el documento que se aporta no se corresponde con uno de los recogidos en la base II.3.1.2.b., ni puede ser homologado a estos, y que el curso realizado no se puede incardinar en los cursos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas a que se refiere aquella base, no cabe la subsanación. Ello es así porque con la documentación que se aporta no se justifica el mérito cuya valoración se pretende, por lo que no hay nada que se pueda subsanar, lo cual sólo sería posible si sólo concurriera el defecto relativo a la validación electrónica.

En este mismo apartado el actor alega que el documento aportado procede de la propia Administración convocante, por lo que no se puede exigir aquella forma concreta de aportación debido a que la Administración puede acceder a ella.

Es cierto que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 establece que los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, pero hemos de tener en cuenta que en este caso estamos ante un proceso selectivo regulado por normativa específica, cual es la resolución de 5 de abril de 2023, a la que remite la base II.2.2. de la convocatoria, en la que se exige la aportación de la documentación válida para justificar los méritos, por lo que no cabe excusar a un aspirante de dicha aportación, lo cual significaría otorgarle, frente a los demás concurrentes, un privilegio injustificado vulnerador del artículo 14 de la Constitución española.

En consecuencia, tampoco puede reputarse conculcado el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, recogido en el artículo 23.2 de la Constitución española, tal como ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Así, las sentencias del Tribunal Constitucional 50/1986, de 23 de abril y 67/1989, de 18 de abril, han declarado que la exigencia derivada del artículo 23.2 es la de que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicas, y entre tales reglas, las convocatorias de concursos y oposiciones, se establezcan en términos generales y abstractos, y no mediante referencias individualizadas y concretas, como ya se dijo en la sentencia 42/1981, de 22 de diciembre, pues tales referencias son incompatibles con la igualdad, siendo así que ese derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas es una especificación del principio de igualdad ante la ley formulado por el artículo 14, en necesaria conexión con los principios de mérito y capacidad del artículo 103.3 de la misma norma suprema, de modo que lo que resultará contrario al derecho reconocido en el artículo 23.2 es cualquier reserva explícita o encubierta de funciones públicas "ad personam"o la adscripción a "personas individualmente seleccionadas", pero no la identificación de medio abstracto y en virtud de un hecho objetivo. En la sentencia TC de 3 de octubre de 1994 claramente se declara que en la regulación de las pruebas de selección de funcionarios el legislador dispone de un amplio margen para la determinación de los méritos y capacidades que se tomarán en consideración, pero existe un límite positivo cual es la obligación del legislador de implantar requisitos de acceso a funciones públicas que, establecidos en términos de igualdad, respondan única y exclusivamente a los principios de mérito y capacidad ( sentencias TC 293/1993, 353/1993, 363/1993 y 185/1994), y otro negativo consistente en que se proscribe que dicha regulación de las condiciones de acceso a funciones públicas se haga en términos concretos e individualizados, que equivalgan a una verdadera y propia acepción de personas, concluyendo que los que opten a las plazas reservadas no pueden ser eximidos de acreditar su aptitud, superando las pruebas. En definitiva, se trata de un derecho de carácter reaccional o impugnatorio para preservar el principio de igualdad ( sentencias 24/1990 y 200/1991, de 28 de octubre).

Por otra parte, la alegación por el actor de la doctrina de los actos propios parte de un hecho no acreditado, cual es que certificados idénticos fueron valorados anterior y coetáneamente por la misma Administración.

Por todo cuanto queda argumentado procede la desestimación de las pretensiones del recurso contencioso-administrativo.

CUARTO:Costas procesales.-

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de imponerse las costas al recurrente, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en el caso serias dudas de hecho o de derecho; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.4 LJ, se fija en 1.500 euros la cantidad máxima, en concepto de defensa y representación de la Administración demandada, en función del trabajo y esfuerzo desplegado para dar respuesta a los motivos de impugnación esgrimidos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación

Fallo