Sentencia Contencioso-Administrativo 22/2026 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 416/2025 de 21 de enero del 2026

PRIMERO: Objeto de apelación.

Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra, dictada en el PA 266/24, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Landelino contra la desestimación presunta del recurso de reposición presentado frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

En la demanda del recurso contencioso-administrativo se interesaba se dictase sentencia por la que "se decrete la obligación del Ayuntamiento de Poio de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía de dicho Ayuntamiento y se condene al Ayuntamiento de Poio a estar y a pasar por dicha obligación y se le condene a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia y fije la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización, todo ello con expresa imposición de costas al Ayuntamiento de Poio".

La sentencia ahora apelada desestimó el recurso . Se basa para ello la sentencia en que " las dudas que hasta el momento se planteaban sobre el sistema de cómputo del referido plazo de caducidad en estos procesos selectivos, acaba de ser despejada por el Tribunal Supremo (Sª 3ª) en su sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025 (...) De esta reciente jurisprudencia se deriva la necesaria desestimación del recurso. El plazo de caducidad de los tres años ha de computarse, con carácter general, entre la fecha de la publicación de la OEP y la de conclusión del procedimiento selectivo. En este caso en concreto, entre la publicación de la OEP de 2017 y la resolución de 2023 de aprobación de la lista definitiva de candidatos admitidos habían transcurrido ya mucho más de tres años. El procedimiento se hallaba caducado. No tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los subsiguientes actos que se dictasen . Lo que tendría que haber hecho el Concello de Poio es declarar expresamente dicha caducidad mediante la correspondiente resolución definitiva".

SEGUNDO: Recurso de apelación.

La representación de D. Landelino interpone recurso de apelación contra la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra.

Se alega para ello que la desestimación del recurso contencioso interpuesto se basa fundamentalmente en la consideración de que dicho proceso selectivo se encontraba caducado, de modo que no tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los siguientes actos que se dictasen.

Sin embargo, se considera que en este caso concurren determinadas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de resolver el recurso contencioso-administrativo, y que no han sido valoradas de manera objetiva por parte del Juzgador de Instancia.

Así, se indica que la sentencia del Tribunal Supremo a la que se hace referencia en la sentencia apelada, a la hora de interpretar el plazo de ejecución de las ofertas públicas de empleo, admite de manera clara la posibilidad de que se produzca un retraso en el proceso selectivo derivado de dicha oferta pública de empleo, cuando se lleva a cabo de manera justificada dicho retraso, por lo que el plazo de tres años no resulta en modo alguno taxativo e imposible de ampliación. La sentencia referida toma como base lo dispuesto en el artículo 108.2 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y dicho precepto es claro respecto de la posibilidad de que se lleve a cabo una flexibilización del plazo de ejecución de la oferta pública de empleo, cuando concurra una causa justificada. Es más, según dicho precepto, se permite la aprobación y publicación de convocatorias en fechas límite al vencimiento del plazo de tres años, de modo que resulta imposible que puedan ejecutarse dentro de dicho plazo.

En este sentido, se considera que en este supuesto ha de valorarse la concurrencia temporal de un procedimiento penal que justifica de manera clara y evidente la interrupción o paralización del proceso selectivo de referencia. Dicho procedimiento penal se concretaba en una denuncia formalizada contra el nombramiento accidental del demandante como inspector jefe de la policía local de Poio, por lo que guarda una íntima conexión con el proceso selectivo cuya caducidad se alega por el Ayuntamiento de Poio. Además, se añade que una vez que el procedimiento penal concluyó con una resolución judicial en la que se hacía constar que el nombramiento del demandante como inspector accidental del Ayuntamiento de Poio era ajustado a Derecho, el mismo instó la continuación del procedimiento selectivo en diversas ocasiones, desde el mes de octubre de 2024, existiendo por lo tanto una causa justificativa de la paralización del proceso selectivo que afecta de manera directa al cómputo del plazo para el desarrollo de la oferta de empleo público.

Así, se manifiesta que el Ayuntamiento de Poio no podía impulsar el procedimiento selectivo hasta que se dictase una resolución judicial favorable a la legalidad del nombramiento anteriormente reseñado, por lo que el plazo taxativo de los tres años que se alega por parte del citado Ayuntamiento y que se contiene en el fallo de la sentencia, no puede resultar de aplicación al caso que nos ocupa. Al respecto, consta el informe de la secretaria accidental del citado Ayuntamiento en el que se dispone que por seguridad jurídica resulta aconsejable paralizar el proceso selectivo de referencia.

Se alega que también ha de tenerse en cuenta a la hora de computar el plazo de ejecución de la oferta de empleo público la situación concurrente del Covid, que paralizó la actividad administrativa y judicial , lo que justifica de manera objetiva y excepcional la suspensión del plazo para continuar con la ejecución del proceso selectivo y con ello la imposible aplicación del plazo de tres años que de manera taxativa se dispone en la sentencia apelada.

Se invoca por el recurrente la doctrina de los propios actos, que se considera vulnerada por parte del Ayuntamiento de Poio, pues desde un primer momento, su voluntad ha sido la de continuar con el proceso selectivo de referencia y, de repente, sin que exista causa alguna que lo justifique, paralizó el desarrollo del citado proceso selectivo, contradiciendo la petición realizada ante la Academia Galega de Seguridade para que el demandante realizase y, así realizó, el curso preceptivo para poder ser nombrado como inspector de policía, o incluso la aprobación de la lista definitiva de admitidos en dicho proceso; el propio Ayuntamiento impulsó la realización del curso reseñado por parte de mi representado, siendo digno de destacar que dicho curso se suele llevar a cabo una vez se determine la adjudicación de la plaza en cuestión. Esta contradicción muestra una clara mala fe por parte de dicha administración, que ha actuado con una clara intención de impedir el desarrollo del proceso selectivo de referencia, constando en el expediente judicial el informe de 29 de junio de 2022, emitido por la técnica de personal del citado ayuntamiento en el que se afirma que dicho proceso se ejecutará cuando se vayan ejecutando los demás procesos selectivos que también fueron convocados en la misma oferta pública de empleo que el proceso selectivo del demandante.

Por lo demás, se señala que no se puede omitir la obligación de cualquier Ayuntamiento que cuente con más de 15.000 habitantes de disponer de un puesto de inspector de policía, cuestión que también resulta de especial interés a la hora de poder confirmar la actuación maliciosa del Ayuntamiento de Poio , cuestión que también fue reprochada por el Juzgador de Instancia en el acto de juicio. Y dicha mala fe se plasma de manera clara en la voluntad del citado Ayuntamiento a la hora de oponerse a la continuación del proceso selectivo sin ni tan siquiera declarar la caducidad del procedimiento selectivo de referencia, hecho éste que ha sido reprochado de manera expresa en la sentencia. Además, resulta significativa la voluntad pasiva de la administración local para con dicho procedimiento selectivo, al constar en autos el informe de la técnica de personal del Ayuntamiento de Poio en el que "justifica" la paralización del proceso selectivo de referencia al dar prioridad al resto de procesos selectivos de la oferta pública de empleo de referencia, prioridad que, como se ha acreditado, tampoco ha servido para poder desarrollar esos procesos dentro del plazo de tres años ya reseñado. Se indica que la actuación del Ayuntamiento de Poio supone una paralización injustificada del citado proceso al considerar que éste estaba caducado, pues, si éste es el criterio del Ayuntamiento de Poio, resulta esencial tener en cuenta que todos los procesos selectivos que se fueron desarrollando con base en la misma oferta pública de empleo se han ejecutado superando con creces el plazo de tres años, habiéndose dictado resoluciones que son nulas de pleno derecho, pues fueron dictadas estando caducados dichos procesos selectivos, con la responsabilidad que ello conlleva; y, en cualquier caso, si el criterio del Ayuntamiento de Poio es la existencia de caducidad en el proceso selectivo de la plaza de mi representado, dicho criterio ha de ser el mismo para el resto de procesos.

Por todo lo anterior, se insiste por la apelante en que la sentencia que se recurre no ha valorado de manera objetiva las circunstancias concurrentes en el presente asunto, y con ello, ha declarado de manera taxativa la caducidad del proceso selectivo, sin tener en cuenta la actuación pasiva de la administración local y las paralizaciones justificadas como consecuencia del proceso penal y el COVID 19.

Por otra parte, se alega que existen otras sentencias que deben imperar sobre la recurrida, que también han sido dictadas por el Tribunal Supremo. En primer lugar, se reseña la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2025 que determina como un derecho de los que figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos "a participar efectivamente en el proceso selectivo". O la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2019, en la que se hace especial hincapié en admitir que, si un proceso selectivo se realizó fuera del plazo de tres años, ello constituye un vicio de anulabilidad que no afecta a los actos del proceso selectivo que se hubieran mantenido iguales de no cometerse la infracción de los 3 años. Y así, en este caso se considera que, de mantenerse el criterio de la existencia de caducidad del proceso selectivo, se podrían mantener los actos del mismo si a pesar de la caducidad de la oferta el resultado va a ser el mismo, lo que conlleva necesariamente la continuación del proceso selectivo, a pesar de la pasividad intencionada de la administración para su continuación.

Se manifiesta que la pasividad del Concello demandado determina un claro perjuicio al recurrente, a quien se le ha paralizado su carrera profesional, así como la pérdida de oportunidades de poder concursar a otras plazas en otros Ayuntamientos.

Por último, se hace hincapié en la vulneración clara del derecho a la igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución Española, al haberse continuado otros procesos selectivos que igualmente excedían el plazo de tres años para la ejecución de la OPE, y no haber hecho lo mismo con el del demandante.

TERCERO: Oposición al recurso de apelación.

Por la representación del Concello de Poio se formula oposición al recurso de apelación, interesando que se confirme la sentencia de primera instancia.

Se alega para ello que desde el momento que no se discute que ha transcurrido con creces el plazo de tres años para la ejecución de la convocatoria, la misma ha caducado, y por tanto cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes.

Se señala que no se puede obviar que , al momento de producirse la caducidad de la convocatoria, el estado de tramitación era inicial sin llegarse a publicar en el BOP la lista de admitidos, y sin que después de esta publicación se hubiera pasado a las fases posteriores , siendo la petición del recurrente posterior al transcurso del plazo.

Además, se indica que no concurren circunstancias de urgencia, al tener la plaza cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente.

Por ello se considera que no solo se trata de una decisión discrecional, sino que sería temerario que el Concello hubiera optado por ignorar la caducidad para favorecer al participante.

Se añade que redunda en la caducidad el hecho de que la convocatoria de la plaza concreta de inspector jefe no se publicó en el BOE, conforme exige el articulo 6.2 del Decreto 896/91, hasta el 11 de diciembre de 2020, cuando la Oferta de empleo público data del año 2017 ( publicada el11 de septiembre de 2017). Por lo que , incluso con la suspensión de plazos administrativos debido a la pandemia del COVID, la propia convocatoria ya habría caducado antes de ser publicada.

CUARTO: Datos de interés.

La Oferta de Empleo Público del Concello de Poio del año 2017, publicada en el BOP de Pontevedra núm. 174, de 11 de septiembre de 2017, incluyó una plaza vacante de Inspector de Policía (A2).

En fecha 11 de mayo de 2020 se publicó en el BOP la convocatoria y bases del procedimiento selectivo para la cobertura de dicha plaza, por el sistema de concurso-oposición.

El anuncio de 13 de mayo de 2020 de convocatoria de plazas de la oferta de empleo de los años 2017, 2018 y 2019 se publicó en el DOG de 27 de mayo de 2020.

Finalmente se publicó en el BOE de 11 de diciembre de 2020 el anuncio de la convocatoria con la apertura del plazo de presentación de candidaturas.

El 6 de mayo de 2021 se publicó en el BOP la lista provisional de admitidos y excluidos, siendo el único admitido el ahora demandante.

Mediante Resolución de 2 de septiembre de 2021 se convoca un curso selectivo de acceso a la escala ejecutiva, categoría de inspector de los cuerpos de la Policía Local, y , teniendo en cuenta el desarrollo del proceso selectivo para la cobertura de una plaza en la categoría de Inspector del Concello de Poio, se realiza con fecha 15 de septiembre (Minuta-2021-S-RC-2202) la siguiente consulta a la Academia Galega de Seguridade Pública:

"(...) No Diario Oficial de Galicia do 2 de setembro de 2021 número 169 publicouse a Resolución do 26 de agosto de 2021 pola que se convoca un curso selectivo de acceso á escala executiva, categoría de inspector dos corpos da Policia local. En virtude do disposto nas mesma o Concello de Poio solicita á Academia Galega de Seguridade Pública, a participación no curso do empregado público Landelino por ser o único aspirante presentado e admitido no proceso selectivo para a provisión de unha praza vacante de inspector de Policía correspondente á oferta de emprego do 2018, pola quenda de promoción interna. Todo isto, sen prexuízo de que o Concello deberá acreditar ante a Academia Galega de Seguridade Pública que o aspirantes superou o proceso selectivo para a expedición da correspondente acreditación".

La participación fue autorizada por la AGASP.

Se presentó denuncia, tramitada en la jurisdicción penal contra el nombramiento temporal del actor, que concluyó con sobreseimiento y archivo, ratificado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en resolución de 15 de marzo de 2023.

Con fecha de 16 de diciembre de 2022, el secretario accidental del Ayuntamiento de Poio emitió un informe sobre la paralización del proceso selectivo de la plaza de inspector por las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.

Se retomó el proceso selectivo, publicándose en el BOP de 30 de mayo de 2023 la lista definitiva de admitidos y excluidos (con un solo candidato admitido, el actor). A partir de ahí se paralizó definitivamente el procedimiento.

En fechas 19/10/2023, 24/01/2024 y 08/03/2024 el demandante presentó reiterados escritos interesando el impulso del proceso selectivo, sin obtener respuesta.

El 18/06/2024 impugnó en reposición la desestimación presunta de dichas solicitudes.

El secretario municipal emitió un informe en fecha 16 de mayo de 2024 en el que se concluye la caducidad de la OEP.

En la sentencia ahora apelada, sentencia nº 187/25 de 29 de julio de 2025, se desestima el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO: Resolución del recurso.

Tal y como se exponía en la sentencia apelada, constituye el objeto de este litigio la desestimación presunta del recurso de reposición presentado por D. Landelino frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

El demandante considera que el citado proceso ha de ser tramitado hasta su finalización, indicando que aunque hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la OPE, ello no es obstáculo a que se haya de concluir tal proceso, tal y como por lo demás se hizo con otros procesos selectivos por el propio Concello, lo que le lleva a invocar el principio de igualdad, y sin que pueda considerarse que se incurra en nulidad de actuaciones por ello, pues , entre otras cuestiones, es el demandante el único aspirante que consta admitido en el proceso, por lo que ninguna indefensión se causaría por esa continuación aunque se admitiera la existencia de caducidad de la OPE .

El Concello de Poio argumenta que habiendo caducado la oferta de empleo público, no era posible culminar el procedimiento selectivo, y que, en cualquier caso, cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes; señalando además que no se perjudica al servicio público desde el momento en que la plaza está debidamente cubierta por el propio demandante, nombrado en interinidad.

Al respecto, ha de partirse de una evidente pasividad e inacción del Concello de Poio de todo punto reprochable, pues, con independencia de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, resulta innegable que su actitud es contraria a derecho, y ello se refleja, por un lado, en la falta de respuesta a los requerimientos del demandante y a su recurso de reposición contra el silencio; y, por otro lado, en la defensa que se efectúa de la improcedencia de continuar con el proceso selectivo por caducidad de la OEP, pero sin adoptar, en coherencia con ello, resolución alguna en que así se indique y, en su caso, efectuar nueva oferta para cubrir con carácter definitivo, y no en interinidad, el puesto de inspector de policía.

Dicho lo anterior, en cuanto a la cuestión controvertida, ha de partirse de que, en efecto, el artículo 70 del EBEP dispone "1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

En relación a ese plazo de tres años para desarrollar la OEP, el Tribunal Supremo en la sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025, rec. 5278/2023), citada en la sentencia apelada, expone :

"La cuestión de interés casacional se ciñe a determinar si ese plazo de tres años del inciso final del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) debe entenderse cumplido cuando dentro de los tres años desde la aprobación de la OEP se desarrolle íntegramente todo el proceso selectivo que comporta la OEP o, por el contrario, tal obligación se cumple con la publicación de la convocatoria del proceso selectivo. No se plantea la cuestión en relación al cómputo del plazo de tres años como tampoco sobre su carácter esencial, cuestión zanjada en nuestra sentencia 1718/2019 a efectos del artículo 48 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690 ).

4. Respecto de qué se entiende por "ejecución" de la OEP y, derivado de ello, qué se entiende porque esa ejecución deba "desarrollarse dentro" de los tres años desde la aprobación de la OEP, caben tres opciones:

1º O que para ejecutar la OEP baste con hacer la convocatoria del proceso selectivo derivado de la OEP y que la convocatoria se acuerde y publique dentro de los tres años siguientes contados desde la aprobación de la OEP.

2º O que la ejecución de la OEP consista en hacer la convocatoria dentro de los tres años siguientes desde la aprobación de la OEP y que, además, el proceso selectivo derivado de la OEP se desarrolle íntegramente en los tres años siguientes desde la convocatoria.

3º O, en fin, que por ejecución de la OEP se entienda que, dentro de los tres años desde su aprobación, no sólo se haga la convocatoria sino que se desarrolle íntegramente, luego que en ese plazo finalice el proceso selectivo.

(...)

en nuestras sentencias 1747/2018 y 1718/2019 se declaró el carácter esencial del plazo del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164); que en sentencia 1332/2023 , y como obiter dicta, tomamos partido por entender que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) exige el completo desarrollo del proceso selectivo dentro de los tres años que prevé, lo que parece que habría adelantado -también como obiter dicta- la sentencia 465/2016 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ; y, en fin, en la sentencia 1544/2024 hemos declarado que es conforme al artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) que una Administración prevea el completo desarrollo del proceso selectivo derivado de una OEP en dos años pues siempre sería dentro del plazo de tres años del citado precepto.

10. Así las cosas conviene detenerse ahora en las previsiones legales apuntadas por las partes, esto es, el artículo 10.4 del EBEP , las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado invocadas por el Ayuntamiento recurrido, más las leyes autonómicas invocadas por el recurrente. Comenzando por el artículo 10.4 en relación con el artículo 70.1 del EBEP , tenemos esto:

1º Que tras la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (EDL 2021/46380) -y antes, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio ( EDL 2021/23928)-, se parte de que el nombramiento de un interino será por tres años, que a su término cesará y que "excepcionalmente" podrá permanecer en la plaza siempre que se publique una convocatoria para proveerla entre funcionarios de carrera «dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP (EDL 2015/187164) . En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria...».

2º De este precepto cabe deducir que, dentro de los tres años siguientes al nombramiento del interino, la plaza que ocupa debe convocarse y dentro de ese plazo, debe resolverse el proceso selectivo: hasta ahí nada añade. Pero la referencia a que el proceso selectivo se resuelva en los plazos del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) nos reenvía a la lógica de la ejecución de una OEP: que la ejecución de la OEP y el desarrollo del proceso selectivo debe hacerse en el plazo que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) fija para ejecutar la OEP.

11. En cuanto a las leyes de PGE, lleva razón el Ayuntamiento recurrido cuando afirma que entre la ley de PGE para 2017, hasta la ley de PGE para 2022 -ambas ya citadas-, lo que se deduce es que las convocatorias se realicen en el plazo de tres años contados desde la aprobación de la OEP. Es la ley de PGE para 2023 [artículo 20.Tres.3.b )] la que condiciona la validez de la tasa de reposición a que conforme al artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) concurran tres requisitos acumulativos: que las vacantes se incluyan en la OEP, que la convocatoria se publique en los diarios oficiales y, además, que se haga «...debiendo asegurar su ejecución en el plazo máximo de tres años desde que se publique la convocatoria».

12. El precepto de la ley PGE para 2023 no es del todo concluyente, pero que se inserte en la lógica del artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) no hace extravagante entender que esa lógica exija que todo el desarrollo de la OEP se haga en tres años, luego que "ejecución" de la OEP implica realizar actos de desarrollo y tal desarrollo con el que se ejecuta la OEP supone que se de efectividad a lo planificado en la OEP, luego, en fin, que en el plazo de tres años desde la aprobación de la OEP se lleve a su debida y ejecución.

.13 Y, en fin, otro tanto cabe deducir del artículo 108.2 párrafo segundo del Real Decreto-ley 6/2023 , cuya regulación no tiene carácter básico (cfr. disposición final séptima.2) pero es ilustrativo y que dice esto: «Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las citadas plazas. Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada», lo que nos reenvía a lo resuelto en nuestra sentencia 1544/2024 .

14. En cuanto a la normativa autonómica (...)

15. De todo lo expuesto y para resolver la cuestión de interés casacional, cabe deducir lo que sigue:

1º Que la OEP se configura como un instrumento de planificación del empleo público de forma que los conceptos de "desarrollo" y "ejecución" comprenden, desde luego, la convocatoria de procesos selectivos de las plazas previstas en la OEP, una convocatoria que se inserta así en la lógica de la ejecución y desarrollo de una OEP.

2º Si el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), inciso final, ordena que la ejecución de la OEP deba desarrollarse en el plazo de tres años, hay que deducir que tal plazo comprende no sólo la convocatoria sino, además, el completo desarrollo del proceso selectivo. Se trata de un plazo, en sí, razonable, y traslada a las Administraciones un mandato de celeridad y eficacia: no es razonable tener procesos selectivos abiertos durante más de tres años.

3º La idea anterior se confirma si se ciñese la idea de ejecución de una OEP sólo al acto de convocatoria y hecha esta convocatoria, el proceso selectivo se desarrollase sin previsión de un plazo para concluirlo o, por fijar un plazo, que se desarrollase en los tres años: esto implicaría o procesos selectivos de duración indeterminada o permitir -de agotarse todos plazos- a que la ejecución de una OEP culminase al cabo de seis años.

4º La idea de celeridad entendida como eficacia en la satisfacción de necesidades de contar con medios humanos, se deduce de la exposición de motivos de la Ley 20/2021 (EDL 2021/46380) ya citada. Ciertamente su objeto es la reducción de la temporalidad, pero prevé que «[p] ara evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024».

5º Esta idea de celeridad viene justificada tras los años de "reposición cero" por razón de la crisis económica, a la que se añadió la paralización de los procesos selectivos a raíz de la pandemia, más la urgencia para ejecutar los mandatos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para atajar la temporalidad en el empleo público.

6º Ahora ya no es tanto cuestión de celeridad como de eficacia aplicada a los sistemas de provisión de puestos en las Administraciones, eficacia que es principio constitucionalizado para regular la actuación de las Administraciones ( artículo 103.1 de la Constitución (EDL 1978/3879)) y que tiene su cabal concreción en los principios que relaciona el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público (EDL 2015/167833) [cfr. apartados a), d), e) y h)].

16. Pues bien, los obiter dicta de las sentencias antes expuestas más la evolución de la normativa también expuesta, permiten avanzar en la interpretación del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) y, dentro del recto entendiendo del instituto de la OEP como instrumento para la dotación de medios humanos a las Administraciones públicas, concluir que el desarrollo de la ejecución de un OEP implica, primero, que partiendo de la declaración de puestos vacantes preexistentes o de nueva creación, se programe su provisión; seguidamente, que esa provisión se haga efectiva mediante convocatorias públicas, de ahí que para su efectiva provisión el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) prevea un plazo razonable, lo que no quita para que, justificada y excepcionalmente, sea admisible un retraso en ese proceso.

17. En consecuencia y, a efectos del artículo 93.1 de la LJCA (EDL 1998/44323), declaramos -como regla general- que el plazo de tres años del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), se cumple cuando el proceso selectivo convocado para ejecutar la OEP se desarrolle íntegramente dentro de ese plazo".

De este modo , conforme a la disposición legal citada y lo interpretado en la sentencia transcrita por el Tribunal Supremo, en el caso presente , en el que la OEP fue publicada el 11 de septiembre de 2017 y el último acto del proceso selectivo tuvo lugar el 30 de mayo de 2023, resulta claro que se había excedido con creces el plazo de tres años. Incluso la propia convocatoria , si se tiene en cuenta la publicación en el BOE en fecha 11 de diciembre de 2020 estaría ya fuera del plazo de los tres años desde la publicación de la OEP.

Ahora bien, lo anterior no implica necesariamente que no pueda seguir desarrollándose el proceso aún tras ese plazo de tres años, o que, como se indica en la sentencia apelada - y que le lleva a desestimar la demanda- , lo que pueda hacerse a partir de ese plazo de caducidad haya de ser necesariamente nulo, pues , como se alega por la parte recurrente, la propia sentencia del Tribunal Supremo antes citada da pie a la posibilidad de exceder el plazo de forma justificada y excepcional, y debiendo considerarse, además, que el incumplimiento del citado plazo legal no conlleva una nulidad radical sino una anulabilidad conforme al artículo 48 de la LPA, esto es, condicionada tal nulidad de actos a que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

En esta línea, ha de recordase que en sentencia del Tribunal Supremo nº 1718/ 2019, de 12 de diciembre , recurso 3554/2017, se planteaba como interés casacional determinar "Si el plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable".Y se razonó por el tribunal que "En relación con la caracterización del plazo, como esencial o no, respecto de la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 citado, en nuestra Sentencia de 21 de mayo de 2019 , citando a su vez la precedente Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (recurso de casación nº 129/2016 ), declaramos su carácter esencial, al señalar que < artículo 70.1 "in fine" del TRLEBEP ). De manera que se trata de la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido por la ley para su desarrollo, cuando la naturaleza del plazo lo impone, lo que determina la anulabilidad del acto administrativo impugnado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015 .

Este vicio de invalidez del acto administrativo permite, no obstante, la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción que hemos apreciado, según faculta el artículo 51 de la Ley 39/2015 . Y lo cierto es que el procedimiento selectivo se desarrolló sin que se atribuya vicio o tacha alguna, en su ejecución, determinante de su invalidez....",y concluyendo la sentencia con la conservación de los actos realizados en el proceso selectivo tras el transcurso del plazo legal analizado, sin perjuicio de indemnizar a la perjudicada por razón del incumplimiento o infracción legal constatada.

Pues bien, en el caso presente, como consta en lo expuesto en fundamento anterior, en el proceso selectivo para la plaza de inspector de la policía, tanto en la lista provisional de admitidos y excluidos, como en la definitiva- que fue el último acto realizado en el proceso, publicado en fecha 30 de mayo de 2023- , el único aspirante que aparece es el demandante, y sin que conste que haya habido protestas o recursos a los referidos actos, por lo que no cabe considerar que hubiera terceros afectados intervinientes en el proceso a los que pudiera afectar la decisión de continuar el mismo, y, por el contrario, constando que el único aspirante, que es además el que ocupa la plaza en interinidad, interesa su continuación.

Lo anterior apoyaría la falta de fundamento de la nulidad de los actos que pudieran realizarse transcurrido el plazo legal de tres años para el desarrollo de la OEP.

Además, y como se argumenta por el recurrente, junto al proceso selectivo en el que se ofertaba la plaza de inspector de policía local , que es el ahora analizado, se convocaron otros procesos selectivos para otras plazas de funcionarios municipales, los cuales siguieron desarrollándose una vez transcurridos los tres años desde la OEP. Por el Concello de Poio ninguna explicación se da a esta diferencia de trato, y sin que la cita de la potestad de autoorganización sin más pueda servir para justificar la distinción, pues a falta de motivación de por qué no se siguió también el proceso en el que intervenía el demandante , o por qué se siguieron unos y no otros, la discrecionalidad que se invoca se convierte en arbitrariedad , lo cual implica viciar de nulidad a la inactividad municipal recurrida.

Por otro lado, ha de considerarse que, además de la incidencia que la pandemia por COVID pudo tener en el desarrollo de un procedimiento que se convocó en el BOE el 11 de diciembre de 2020, consta en las actuaciones que también se vio afectado el proceso por la judicialización de la asignación provisional de la plaza al ahora demandante, pues tras denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento del Inspector jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Poio, se siguieron diligencias penales que terminaron con auto de archivo del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pontevedra de 16 de noviembre de 2022, confirmado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en auto de 15 de marzo de 2023 ; en escrito de la Secretaria accidental, de fecha, se exponía que precisamente no se había impulsado el procedimiento selectivo, por seguridad jurídica, a la espera de lo que pudiera resultar del proceso judicial. Por tanto, se considera que esa falta de impulso o paralización motivada por la judicialización del nombramiento en interinidad, ha de ser también tenida en cuenta a la hora de considerar la demora en la ejecución de la oferta de empleo pública en lo que se refiere a la plaza en cuestión.

Por último, la manifestación efectuada por el Concello de Poio de que no concurren circunstancias de urgencia para continuar el procedimiento y proveer a la cobertura definitiva de la plaza , por cuanto la misma está cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente, ha de rechazarse totalmente, pues va en contra de los principios de estabilidad en el empleo, y particularmente en el empleo público, y en la necesidad de reducir las altas tasas de temporalidad en cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Europea tras la apertura a España de procedimiento de infracción por incumplimientos de la Directiva 1999/70 CE del Consejo. De hecho, no puede obviarse que también se produciría un incumplimiento legal, por el abuso de la temporalidad del funcionario interino, desde el momento en el que este personal es mantenido en la misma plaza, una vez superado el plazo de la oferta pública de empleo en el que se incluyó la vacante la cual, si se sigue la posición defendida por la Administración Local aquí demandada de poner por delante la caducidad de la OEP como obstáculo insalvable a continuar el procedimiento, habría dejado de existir desde el momento en que la Oferta de empleo público ha caducado.

Por tanto, no puede ser excusa para no continuar el procedimiento, - o, en su caso, no iniciar un nuevo proceso de oferta y convocatoria de proceso selectivo, lo cual tampoco se ha hecho por la demandada- , el hecho de que haya una persona ocupando el puesto en interinidad. Y, en este sentido, no puede más que reafirmarse lo inicialmente indicado sobre la dejadez o pasividad contraria a derecho del Concello de Poio en este caso

Todo lo anteriormente expuesto implica la procedencia de estimar la pretensión de la parte apelante, y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto, sin perjuicio de que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 70 del EBEP para la ejecución de la OEP, no cabe estimar la nulidad de los actos que se ejecuten en desarrollo de un proceso ya iniciado en el que es el único aspirante el aquí demandante, y sin que las circunstancias que concurren puedan amparar la situación propiciada por el Concello de Poio, debiendo , como se interesa, declarar la obligación del mismo de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía , condenándole a estar y a pasar por dicha obligación y a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia , fijando la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización.

SEXTO: Costas procesales.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, "En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".En este caso, al haberse estimado el recurso de apelación no procede condena en costas.

En cuanto a las costas de la primera instancia, de acuerdo con el artículo 139,1º LJCA, no se considera procedente la imposición de costas ante las dudas suscitadas, como se refleja en la existencia de sentencias de distinto sentido en una y otra instancia.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

PRIMERO: Objeto de apelación.

Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra, dictada en el PA 266/24, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Landelino contra la desestimación presunta del recurso de reposición presentado frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

En la demanda del recurso contencioso-administrativo se interesaba se dictase sentencia por la que "se decrete la obligación del Ayuntamiento de Poio de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía de dicho Ayuntamiento y se condene al Ayuntamiento de Poio a estar y a pasar por dicha obligación y se le condene a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia y fije la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización, todo ello con expresa imposición de costas al Ayuntamiento de Poio".

La sentencia ahora apelada desestimó el recurso . Se basa para ello la sentencia en que " las dudas que hasta el momento se planteaban sobre el sistema de cómputo del referido plazo de caducidad en estos procesos selectivos, acaba de ser despejada por el Tribunal Supremo (Sª 3ª) en su sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025 (...) De esta reciente jurisprudencia se deriva la necesaria desestimación del recurso. El plazo de caducidad de los tres años ha de computarse, con carácter general, entre la fecha de la publicación de la OEP y la de conclusión del procedimiento selectivo. En este caso en concreto, entre la publicación de la OEP de 2017 y la resolución de 2023 de aprobación de la lista definitiva de candidatos admitidos habían transcurrido ya mucho más de tres años. El procedimiento se hallaba caducado. No tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los subsiguientes actos que se dictasen . Lo que tendría que haber hecho el Concello de Poio es declarar expresamente dicha caducidad mediante la correspondiente resolución definitiva".

SEGUNDO: Recurso de apelación.

La representación de D. Landelino interpone recurso de apelación contra la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra.

Se alega para ello que la desestimación del recurso contencioso interpuesto se basa fundamentalmente en la consideración de que dicho proceso selectivo se encontraba caducado, de modo que no tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los siguientes actos que se dictasen.

Sin embargo, se considera que en este caso concurren determinadas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de resolver el recurso contencioso-administrativo, y que no han sido valoradas de manera objetiva por parte del Juzgador de Instancia.

Así, se indica que la sentencia del Tribunal Supremo a la que se hace referencia en la sentencia apelada, a la hora de interpretar el plazo de ejecución de las ofertas públicas de empleo, admite de manera clara la posibilidad de que se produzca un retraso en el proceso selectivo derivado de dicha oferta pública de empleo, cuando se lleva a cabo de manera justificada dicho retraso, por lo que el plazo de tres años no resulta en modo alguno taxativo e imposible de ampliación. La sentencia referida toma como base lo dispuesto en el artículo 108.2 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y dicho precepto es claro respecto de la posibilidad de que se lleve a cabo una flexibilización del plazo de ejecución de la oferta pública de empleo, cuando concurra una causa justificada. Es más, según dicho precepto, se permite la aprobación y publicación de convocatorias en fechas límite al vencimiento del plazo de tres años, de modo que resulta imposible que puedan ejecutarse dentro de dicho plazo.

En este sentido, se considera que en este supuesto ha de valorarse la concurrencia temporal de un procedimiento penal que justifica de manera clara y evidente la interrupción o paralización del proceso selectivo de referencia. Dicho procedimiento penal se concretaba en una denuncia formalizada contra el nombramiento accidental del demandante como inspector jefe de la policía local de Poio, por lo que guarda una íntima conexión con el proceso selectivo cuya caducidad se alega por el Ayuntamiento de Poio. Además, se añade que una vez que el procedimiento penal concluyó con una resolución judicial en la que se hacía constar que el nombramiento del demandante como inspector accidental del Ayuntamiento de Poio era ajustado a Derecho, el mismo instó la continuación del procedimiento selectivo en diversas ocasiones, desde el mes de octubre de 2024, existiendo por lo tanto una causa justificativa de la paralización del proceso selectivo que afecta de manera directa al cómputo del plazo para el desarrollo de la oferta de empleo público.

Así, se manifiesta que el Ayuntamiento de Poio no podía impulsar el procedimiento selectivo hasta que se dictase una resolución judicial favorable a la legalidad del nombramiento anteriormente reseñado, por lo que el plazo taxativo de los tres años que se alega por parte del citado Ayuntamiento y que se contiene en el fallo de la sentencia, no puede resultar de aplicación al caso que nos ocupa. Al respecto, consta el informe de la secretaria accidental del citado Ayuntamiento en el que se dispone que por seguridad jurídica resulta aconsejable paralizar el proceso selectivo de referencia.

Se alega que también ha de tenerse en cuenta a la hora de computar el plazo de ejecución de la oferta de empleo público la situación concurrente del Covid, que paralizó la actividad administrativa y judicial , lo que justifica de manera objetiva y excepcional la suspensión del plazo para continuar con la ejecución del proceso selectivo y con ello la imposible aplicación del plazo de tres años que de manera taxativa se dispone en la sentencia apelada.

Se invoca por el recurrente la doctrina de los propios actos, que se considera vulnerada por parte del Ayuntamiento de Poio, pues desde un primer momento, su voluntad ha sido la de continuar con el proceso selectivo de referencia y, de repente, sin que exista causa alguna que lo justifique, paralizó el desarrollo del citado proceso selectivo, contradiciendo la petición realizada ante la Academia Galega de Seguridade para que el demandante realizase y, así realizó, el curso preceptivo para poder ser nombrado como inspector de policía, o incluso la aprobación de la lista definitiva de admitidos en dicho proceso; el propio Ayuntamiento impulsó la realización del curso reseñado por parte de mi representado, siendo digno de destacar que dicho curso se suele llevar a cabo una vez se determine la adjudicación de la plaza en cuestión. Esta contradicción muestra una clara mala fe por parte de dicha administración, que ha actuado con una clara intención de impedir el desarrollo del proceso selectivo de referencia, constando en el expediente judicial el informe de 29 de junio de 2022, emitido por la técnica de personal del citado ayuntamiento en el que se afirma que dicho proceso se ejecutará cuando se vayan ejecutando los demás procesos selectivos que también fueron convocados en la misma oferta pública de empleo que el proceso selectivo del demandante.

Por lo demás, se señala que no se puede omitir la obligación de cualquier Ayuntamiento que cuente con más de 15.000 habitantes de disponer de un puesto de inspector de policía, cuestión que también resulta de especial interés a la hora de poder confirmar la actuación maliciosa del Ayuntamiento de Poio , cuestión que también fue reprochada por el Juzgador de Instancia en el acto de juicio. Y dicha mala fe se plasma de manera clara en la voluntad del citado Ayuntamiento a la hora de oponerse a la continuación del proceso selectivo sin ni tan siquiera declarar la caducidad del procedimiento selectivo de referencia, hecho éste que ha sido reprochado de manera expresa en la sentencia. Además, resulta significativa la voluntad pasiva de la administración local para con dicho procedimiento selectivo, al constar en autos el informe de la técnica de personal del Ayuntamiento de Poio en el que "justifica" la paralización del proceso selectivo de referencia al dar prioridad al resto de procesos selectivos de la oferta pública de empleo de referencia, prioridad que, como se ha acreditado, tampoco ha servido para poder desarrollar esos procesos dentro del plazo de tres años ya reseñado. Se indica que la actuación del Ayuntamiento de Poio supone una paralización injustificada del citado proceso al considerar que éste estaba caducado, pues, si éste es el criterio del Ayuntamiento de Poio, resulta esencial tener en cuenta que todos los procesos selectivos que se fueron desarrollando con base en la misma oferta pública de empleo se han ejecutado superando con creces el plazo de tres años, habiéndose dictado resoluciones que son nulas de pleno derecho, pues fueron dictadas estando caducados dichos procesos selectivos, con la responsabilidad que ello conlleva; y, en cualquier caso, si el criterio del Ayuntamiento de Poio es la existencia de caducidad en el proceso selectivo de la plaza de mi representado, dicho criterio ha de ser el mismo para el resto de procesos.

Por todo lo anterior, se insiste por la apelante en que la sentencia que se recurre no ha valorado de manera objetiva las circunstancias concurrentes en el presente asunto, y con ello, ha declarado de manera taxativa la caducidad del proceso selectivo, sin tener en cuenta la actuación pasiva de la administración local y las paralizaciones justificadas como consecuencia del proceso penal y el COVID 19.

Por otra parte, se alega que existen otras sentencias que deben imperar sobre la recurrida, que también han sido dictadas por el Tribunal Supremo. En primer lugar, se reseña la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2025 que determina como un derecho de los que figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos "a participar efectivamente en el proceso selectivo". O la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2019, en la que se hace especial hincapié en admitir que, si un proceso selectivo se realizó fuera del plazo de tres años, ello constituye un vicio de anulabilidad que no afecta a los actos del proceso selectivo que se hubieran mantenido iguales de no cometerse la infracción de los 3 años. Y así, en este caso se considera que, de mantenerse el criterio de la existencia de caducidad del proceso selectivo, se podrían mantener los actos del mismo si a pesar de la caducidad de la oferta el resultado va a ser el mismo, lo que conlleva necesariamente la continuación del proceso selectivo, a pesar de la pasividad intencionada de la administración para su continuación.

Se manifiesta que la pasividad del Concello demandado determina un claro perjuicio al recurrente, a quien se le ha paralizado su carrera profesional, así como la pérdida de oportunidades de poder concursar a otras plazas en otros Ayuntamientos.

Por último, se hace hincapié en la vulneración clara del derecho a la igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución Española, al haberse continuado otros procesos selectivos que igualmente excedían el plazo de tres años para la ejecución de la OPE, y no haber hecho lo mismo con el del demandante.

TERCERO: Oposición al recurso de apelación.

Por la representación del Concello de Poio se formula oposición al recurso de apelación, interesando que se confirme la sentencia de primera instancia.

Se alega para ello que desde el momento que no se discute que ha transcurrido con creces el plazo de tres años para la ejecución de la convocatoria, la misma ha caducado, y por tanto cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes.

Se señala que no se puede obviar que , al momento de producirse la caducidad de la convocatoria, el estado de tramitación era inicial sin llegarse a publicar en el BOP la lista de admitidos, y sin que después de esta publicación se hubiera pasado a las fases posteriores , siendo la petición del recurrente posterior al transcurso del plazo.

Además, se indica que no concurren circunstancias de urgencia, al tener la plaza cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente.

Por ello se considera que no solo se trata de una decisión discrecional, sino que sería temerario que el Concello hubiera optado por ignorar la caducidad para favorecer al participante.

Se añade que redunda en la caducidad el hecho de que la convocatoria de la plaza concreta de inspector jefe no se publicó en el BOE, conforme exige el articulo 6.2 del Decreto 896/91, hasta el 11 de diciembre de 2020, cuando la Oferta de empleo público data del año 2017 ( publicada el11 de septiembre de 2017). Por lo que , incluso con la suspensión de plazos administrativos debido a la pandemia del COVID, la propia convocatoria ya habría caducado antes de ser publicada.

CUARTO: Datos de interés.

La Oferta de Empleo Público del Concello de Poio del año 2017, publicada en el BOP de Pontevedra núm. 174, de 11 de septiembre de 2017, incluyó una plaza vacante de Inspector de Policía (A2).

En fecha 11 de mayo de 2020 se publicó en el BOP la convocatoria y bases del procedimiento selectivo para la cobertura de dicha plaza, por el sistema de concurso-oposición.

El anuncio de 13 de mayo de 2020 de convocatoria de plazas de la oferta de empleo de los años 2017, 2018 y 2019 se publicó en el DOG de 27 de mayo de 2020.

Finalmente se publicó en el BOE de 11 de diciembre de 2020 el anuncio de la convocatoria con la apertura del plazo de presentación de candidaturas.

El 6 de mayo de 2021 se publicó en el BOP la lista provisional de admitidos y excluidos, siendo el único admitido el ahora demandante.

Mediante Resolución de 2 de septiembre de 2021 se convoca un curso selectivo de acceso a la escala ejecutiva, categoría de inspector de los cuerpos de la Policía Local, y , teniendo en cuenta el desarrollo del proceso selectivo para la cobertura de una plaza en la categoría de Inspector del Concello de Poio, se realiza con fecha 15 de septiembre (Minuta-2021-S-RC-2202) la siguiente consulta a la Academia Galega de Seguridade Pública:

"(...) No Diario Oficial de Galicia do 2 de setembro de 2021 número 169 publicouse a Resolución do 26 de agosto de 2021 pola que se convoca un curso selectivo de acceso á escala executiva, categoría de inspector dos corpos da Policia local. En virtude do disposto nas mesma o Concello de Poio solicita á Academia Galega de Seguridade Pública, a participación no curso do empregado público Landelino por ser o único aspirante presentado e admitido no proceso selectivo para a provisión de unha praza vacante de inspector de Policía correspondente á oferta de emprego do 2018, pola quenda de promoción interna. Todo isto, sen prexuízo de que o Concello deberá acreditar ante a Academia Galega de Seguridade Pública que o aspirantes superou o proceso selectivo para a expedición da correspondente acreditación".

La participación fue autorizada por la AGASP.

Se presentó denuncia, tramitada en la jurisdicción penal contra el nombramiento temporal del actor, que concluyó con sobreseimiento y archivo, ratificado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en resolución de 15 de marzo de 2023.

Con fecha de 16 de diciembre de 2022, el secretario accidental del Ayuntamiento de Poio emitió un informe sobre la paralización del proceso selectivo de la plaza de inspector por las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.

Se retomó el proceso selectivo, publicándose en el BOP de 30 de mayo de 2023 la lista definitiva de admitidos y excluidos (con un solo candidato admitido, el actor). A partir de ahí se paralizó definitivamente el procedimiento.

En fechas 19/10/2023, 24/01/2024 y 08/03/2024 el demandante presentó reiterados escritos interesando el impulso del proceso selectivo, sin obtener respuesta.

El 18/06/2024 impugnó en reposición la desestimación presunta de dichas solicitudes.

El secretario municipal emitió un informe en fecha 16 de mayo de 2024 en el que se concluye la caducidad de la OEP.

En la sentencia ahora apelada, sentencia nº 187/25 de 29 de julio de 2025, se desestima el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO: Resolución del recurso.

Tal y como se exponía en la sentencia apelada, constituye el objeto de este litigio la desestimación presunta del recurso de reposición presentado por D. Landelino frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

El demandante considera que el citado proceso ha de ser tramitado hasta su finalización, indicando que aunque hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la OPE, ello no es obstáculo a que se haya de concluir tal proceso, tal y como por lo demás se hizo con otros procesos selectivos por el propio Concello, lo que le lleva a invocar el principio de igualdad, y sin que pueda considerarse que se incurra en nulidad de actuaciones por ello, pues , entre otras cuestiones, es el demandante el único aspirante que consta admitido en el proceso, por lo que ninguna indefensión se causaría por esa continuación aunque se admitiera la existencia de caducidad de la OPE .

El Concello de Poio argumenta que habiendo caducado la oferta de empleo público, no era posible culminar el procedimiento selectivo, y que, en cualquier caso, cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes; señalando además que no se perjudica al servicio público desde el momento en que la plaza está debidamente cubierta por el propio demandante, nombrado en interinidad.

Al respecto, ha de partirse de una evidente pasividad e inacción del Concello de Poio de todo punto reprochable, pues, con independencia de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, resulta innegable que su actitud es contraria a derecho, y ello se refleja, por un lado, en la falta de respuesta a los requerimientos del demandante y a su recurso de reposición contra el silencio; y, por otro lado, en la defensa que se efectúa de la improcedencia de continuar con el proceso selectivo por caducidad de la OEP, pero sin adoptar, en coherencia con ello, resolución alguna en que así se indique y, en su caso, efectuar nueva oferta para cubrir con carácter definitivo, y no en interinidad, el puesto de inspector de policía.

Dicho lo anterior, en cuanto a la cuestión controvertida, ha de partirse de que, en efecto, el artículo 70 del EBEP dispone "1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

En relación a ese plazo de tres años para desarrollar la OEP, el Tribunal Supremo en la sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025, rec. 5278/2023), citada en la sentencia apelada, expone :

"La cuestión de interés casacional se ciñe a determinar si ese plazo de tres años del inciso final del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) debe entenderse cumplido cuando dentro de los tres años desde la aprobación de la OEP se desarrolle íntegramente todo el proceso selectivo que comporta la OEP o, por el contrario, tal obligación se cumple con la publicación de la convocatoria del proceso selectivo. No se plantea la cuestión en relación al cómputo del plazo de tres años como tampoco sobre su carácter esencial, cuestión zanjada en nuestra sentencia 1718/2019 a efectos del artículo 48 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690 ).

4. Respecto de qué se entiende por "ejecución" de la OEP y, derivado de ello, qué se entiende porque esa ejecución deba "desarrollarse dentro" de los tres años desde la aprobación de la OEP, caben tres opciones:

1º O que para ejecutar la OEP baste con hacer la convocatoria del proceso selectivo derivado de la OEP y que la convocatoria se acuerde y publique dentro de los tres años siguientes contados desde la aprobación de la OEP.

2º O que la ejecución de la OEP consista en hacer la convocatoria dentro de los tres años siguientes desde la aprobación de la OEP y que, además, el proceso selectivo derivado de la OEP se desarrolle íntegramente en los tres años siguientes desde la convocatoria.

3º O, en fin, que por ejecución de la OEP se entienda que, dentro de los tres años desde su aprobación, no sólo se haga la convocatoria sino que se desarrolle íntegramente, luego que en ese plazo finalice el proceso selectivo.

(...)

en nuestras sentencias 1747/2018 y 1718/2019 se declaró el carácter esencial del plazo del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164); que en sentencia 1332/2023 , y como obiter dicta, tomamos partido por entender que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) exige el completo desarrollo del proceso selectivo dentro de los tres años que prevé, lo que parece que habría adelantado -también como obiter dicta- la sentencia 465/2016 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ; y, en fin, en la sentencia 1544/2024 hemos declarado que es conforme al artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) que una Administración prevea el completo desarrollo del proceso selectivo derivado de una OEP en dos años pues siempre sería dentro del plazo de tres años del citado precepto.

10. Así las cosas conviene detenerse ahora en las previsiones legales apuntadas por las partes, esto es, el artículo 10.4 del EBEP , las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado invocadas por el Ayuntamiento recurrido, más las leyes autonómicas invocadas por el recurrente. Comenzando por el artículo 10.4 en relación con el artículo 70.1 del EBEP , tenemos esto:

1º Que tras la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (EDL 2021/46380) -y antes, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio ( EDL 2021/23928)-, se parte de que el nombramiento de un interino será por tres años, que a su término cesará y que "excepcionalmente" podrá permanecer en la plaza siempre que se publique una convocatoria para proveerla entre funcionarios de carrera «dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP (EDL 2015/187164) . En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria...».

2º De este precepto cabe deducir que, dentro de los tres años siguientes al nombramiento del interino, la plaza que ocupa debe convocarse y dentro de ese plazo, debe resolverse el proceso selectivo: hasta ahí nada añade. Pero la referencia a que el proceso selectivo se resuelva en los plazos del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) nos reenvía a la lógica de la ejecución de una OEP: que la ejecución de la OEP y el desarrollo del proceso selectivo debe hacerse en el plazo que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) fija para ejecutar la OEP.

11. En cuanto a las leyes de PGE, lleva razón el Ayuntamiento recurrido cuando afirma que entre la ley de PGE para 2017, hasta la ley de PGE para 2022 -ambas ya citadas-, lo que se deduce es que las convocatorias se realicen en el plazo de tres años contados desde la aprobación de la OEP. Es la ley de PGE para 2023 [artículo 20.Tres.3.b )] la que condiciona la validez de la tasa de reposición a que conforme al artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) concurran tres requisitos acumulativos: que las vacantes se incluyan en la OEP, que la convocatoria se publique en los diarios oficiales y, además, que se haga «...debiendo asegurar su ejecución en el plazo máximo de tres años desde que se publique la convocatoria».

12. El precepto de la ley PGE para 2023 no es del todo concluyente, pero que se inserte en la lógica del artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) no hace extravagante entender que esa lógica exija que todo el desarrollo de la OEP se haga en tres años, luego que "ejecución" de la OEP implica realizar actos de desarrollo y tal desarrollo con el que se ejecuta la OEP supone que se de efectividad a lo planificado en la OEP, luego, en fin, que en el plazo de tres años desde la aprobación de la OEP se lleve a su debida y ejecución.

.13 Y, en fin, otro tanto cabe deducir del artículo 108.2 párrafo segundo del Real Decreto-ley 6/2023 , cuya regulación no tiene carácter básico (cfr. disposición final séptima.2) pero es ilustrativo y que dice esto: «Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las citadas plazas. Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada», lo que nos reenvía a lo resuelto en nuestra sentencia 1544/2024 .

14. En cuanto a la normativa autonómica (...)

15. De todo lo expuesto y para resolver la cuestión de interés casacional, cabe deducir lo que sigue:

1º Que la OEP se configura como un instrumento de planificación del empleo público de forma que los conceptos de "desarrollo" y "ejecución" comprenden, desde luego, la convocatoria de procesos selectivos de las plazas previstas en la OEP, una convocatoria que se inserta así en la lógica de la ejecución y desarrollo de una OEP.

2º Si el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), inciso final, ordena que la ejecución de la OEP deba desarrollarse en el plazo de tres años, hay que deducir que tal plazo comprende no sólo la convocatoria sino, además, el completo desarrollo del proceso selectivo. Se trata de un plazo, en sí, razonable, y traslada a las Administraciones un mandato de celeridad y eficacia: no es razonable tener procesos selectivos abiertos durante más de tres años.

3º La idea anterior se confirma si se ciñese la idea de ejecución de una OEP sólo al acto de convocatoria y hecha esta convocatoria, el proceso selectivo se desarrollase sin previsión de un plazo para concluirlo o, por fijar un plazo, que se desarrollase en los tres años: esto implicaría o procesos selectivos de duración indeterminada o permitir -de agotarse todos plazos- a que la ejecución de una OEP culminase al cabo de seis años.

4º La idea de celeridad entendida como eficacia en la satisfacción de necesidades de contar con medios humanos, se deduce de la exposición de motivos de la Ley 20/2021 (EDL 2021/46380) ya citada. Ciertamente su objeto es la reducción de la temporalidad, pero prevé que «[p] ara evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024».

5º Esta idea de celeridad viene justificada tras los años de "reposición cero" por razón de la crisis económica, a la que se añadió la paralización de los procesos selectivos a raíz de la pandemia, más la urgencia para ejecutar los mandatos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para atajar la temporalidad en el empleo público.

6º Ahora ya no es tanto cuestión de celeridad como de eficacia aplicada a los sistemas de provisión de puestos en las Administraciones, eficacia que es principio constitucionalizado para regular la actuación de las Administraciones ( artículo 103.1 de la Constitución (EDL 1978/3879)) y que tiene su cabal concreción en los principios que relaciona el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público (EDL 2015/167833) [cfr. apartados a), d), e) y h)].

16. Pues bien, los obiter dicta de las sentencias antes expuestas más la evolución de la normativa también expuesta, permiten avanzar en la interpretación del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) y, dentro del recto entendiendo del instituto de la OEP como instrumento para la dotación de medios humanos a las Administraciones públicas, concluir que el desarrollo de la ejecución de un OEP implica, primero, que partiendo de la declaración de puestos vacantes preexistentes o de nueva creación, se programe su provisión; seguidamente, que esa provisión se haga efectiva mediante convocatorias públicas, de ahí que para su efectiva provisión el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) prevea un plazo razonable, lo que no quita para que, justificada y excepcionalmente, sea admisible un retraso en ese proceso.

17. En consecuencia y, a efectos del artículo 93.1 de la LJCA (EDL 1998/44323), declaramos -como regla general- que el plazo de tres años del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), se cumple cuando el proceso selectivo convocado para ejecutar la OEP se desarrolle íntegramente dentro de ese plazo".

De este modo , conforme a la disposición legal citada y lo interpretado en la sentencia transcrita por el Tribunal Supremo, en el caso presente , en el que la OEP fue publicada el 11 de septiembre de 2017 y el último acto del proceso selectivo tuvo lugar el 30 de mayo de 2023, resulta claro que se había excedido con creces el plazo de tres años. Incluso la propia convocatoria , si se tiene en cuenta la publicación en el BOE en fecha 11 de diciembre de 2020 estaría ya fuera del plazo de los tres años desde la publicación de la OEP.

Ahora bien, lo anterior no implica necesariamente que no pueda seguir desarrollándose el proceso aún tras ese plazo de tres años, o que, como se indica en la sentencia apelada - y que le lleva a desestimar la demanda- , lo que pueda hacerse a partir de ese plazo de caducidad haya de ser necesariamente nulo, pues , como se alega por la parte recurrente, la propia sentencia del Tribunal Supremo antes citada da pie a la posibilidad de exceder el plazo de forma justificada y excepcional, y debiendo considerarse, además, que el incumplimiento del citado plazo legal no conlleva una nulidad radical sino una anulabilidad conforme al artículo 48 de la LPA, esto es, condicionada tal nulidad de actos a que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

En esta línea, ha de recordase que en sentencia del Tribunal Supremo nº 1718/ 2019, de 12 de diciembre , recurso 3554/2017, se planteaba como interés casacional determinar "Si el plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable".Y se razonó por el tribunal que "En relación con la caracterización del plazo, como esencial o no, respecto de la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 citado, en nuestra Sentencia de 21 de mayo de 2019 , citando a su vez la precedente Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (recurso de casación nº 129/2016 ), declaramos su carácter esencial, al señalar que < artículo 70.1 "in fine" del TRLEBEP ). De manera que se trata de la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido por la ley para su desarrollo, cuando la naturaleza del plazo lo impone, lo que determina la anulabilidad del acto administrativo impugnado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015 .

Este vicio de invalidez del acto administrativo permite, no obstante, la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción que hemos apreciado, según faculta el artículo 51 de la Ley 39/2015 . Y lo cierto es que el procedimiento selectivo se desarrolló sin que se atribuya vicio o tacha alguna, en su ejecución, determinante de su invalidez....",y concluyendo la sentencia con la conservación de los actos realizados en el proceso selectivo tras el transcurso del plazo legal analizado, sin perjuicio de indemnizar a la perjudicada por razón del incumplimiento o infracción legal constatada.

Pues bien, en el caso presente, como consta en lo expuesto en fundamento anterior, en el proceso selectivo para la plaza de inspector de la policía, tanto en la lista provisional de admitidos y excluidos, como en la definitiva- que fue el último acto realizado en el proceso, publicado en fecha 30 de mayo de 2023- , el único aspirante que aparece es el demandante, y sin que conste que haya habido protestas o recursos a los referidos actos, por lo que no cabe considerar que hubiera terceros afectados intervinientes en el proceso a los que pudiera afectar la decisión de continuar el mismo, y, por el contrario, constando que el único aspirante, que es además el que ocupa la plaza en interinidad, interesa su continuación.

Lo anterior apoyaría la falta de fundamento de la nulidad de los actos que pudieran realizarse transcurrido el plazo legal de tres años para el desarrollo de la OEP.

Además, y como se argumenta por el recurrente, junto al proceso selectivo en el que se ofertaba la plaza de inspector de policía local , que es el ahora analizado, se convocaron otros procesos selectivos para otras plazas de funcionarios municipales, los cuales siguieron desarrollándose una vez transcurridos los tres años desde la OEP. Por el Concello de Poio ninguna explicación se da a esta diferencia de trato, y sin que la cita de la potestad de autoorganización sin más pueda servir para justificar la distinción, pues a falta de motivación de por qué no se siguió también el proceso en el que intervenía el demandante , o por qué se siguieron unos y no otros, la discrecionalidad que se invoca se convierte en arbitrariedad , lo cual implica viciar de nulidad a la inactividad municipal recurrida.

Por otro lado, ha de considerarse que, además de la incidencia que la pandemia por COVID pudo tener en el desarrollo de un procedimiento que se convocó en el BOE el 11 de diciembre de 2020, consta en las actuaciones que también se vio afectado el proceso por la judicialización de la asignación provisional de la plaza al ahora demandante, pues tras denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento del Inspector jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Poio, se siguieron diligencias penales que terminaron con auto de archivo del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pontevedra de 16 de noviembre de 2022, confirmado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en auto de 15 de marzo de 2023 ; en escrito de la Secretaria accidental, de fecha, se exponía que precisamente no se había impulsado el procedimiento selectivo, por seguridad jurídica, a la espera de lo que pudiera resultar del proceso judicial. Por tanto, se considera que esa falta de impulso o paralización motivada por la judicialización del nombramiento en interinidad, ha de ser también tenida en cuenta a la hora de considerar la demora en la ejecución de la oferta de empleo pública en lo que se refiere a la plaza en cuestión.

Por último, la manifestación efectuada por el Concello de Poio de que no concurren circunstancias de urgencia para continuar el procedimiento y proveer a la cobertura definitiva de la plaza , por cuanto la misma está cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente, ha de rechazarse totalmente, pues va en contra de los principios de estabilidad en el empleo, y particularmente en el empleo público, y en la necesidad de reducir las altas tasas de temporalidad en cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Europea tras la apertura a España de procedimiento de infracción por incumplimientos de la Directiva 1999/70 CE del Consejo. De hecho, no puede obviarse que también se produciría un incumplimiento legal, por el abuso de la temporalidad del funcionario interino, desde el momento en el que este personal es mantenido en la misma plaza, una vez superado el plazo de la oferta pública de empleo en el que se incluyó la vacante la cual, si se sigue la posición defendida por la Administración Local aquí demandada de poner por delante la caducidad de la OEP como obstáculo insalvable a continuar el procedimiento, habría dejado de existir desde el momento en que la Oferta de empleo público ha caducado.

Por tanto, no puede ser excusa para no continuar el procedimiento, - o, en su caso, no iniciar un nuevo proceso de oferta y convocatoria de proceso selectivo, lo cual tampoco se ha hecho por la demandada- , el hecho de que haya una persona ocupando el puesto en interinidad. Y, en este sentido, no puede más que reafirmarse lo inicialmente indicado sobre la dejadez o pasividad contraria a derecho del Concello de Poio en este caso

Todo lo anteriormente expuesto implica la procedencia de estimar la pretensión de la parte apelante, y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto, sin perjuicio de que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 70 del EBEP para la ejecución de la OEP, no cabe estimar la nulidad de los actos que se ejecuten en desarrollo de un proceso ya iniciado en el que es el único aspirante el aquí demandante, y sin que las circunstancias que concurren puedan amparar la situación propiciada por el Concello de Poio, debiendo , como se interesa, declarar la obligación del mismo de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía , condenándole a estar y a pasar por dicha obligación y a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia , fijando la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización.

SEXTO: Costas procesales.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, "En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".En este caso, al haberse estimado el recurso de apelación no procede condena en costas.

En cuanto a las costas de la primera instancia, de acuerdo con el artículo 139,1º LJCA, no se considera procedente la imposición de costas ante las dudas suscitadas, como se refleja en la existencia de sentencias de distinto sentido en una y otra instancia.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

PRIMERO: Objeto de apelación.

Es objeto del presente recurso de apelación la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra, dictada en el PA 266/24, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Landelino contra la desestimación presunta del recurso de reposición presentado frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

En la demanda del recurso contencioso-administrativo se interesaba se dictase sentencia por la que "se decrete la obligación del Ayuntamiento de Poio de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía de dicho Ayuntamiento y se condene al Ayuntamiento de Poio a estar y a pasar por dicha obligación y se le condene a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia y fije la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización, todo ello con expresa imposición de costas al Ayuntamiento de Poio".

La sentencia ahora apelada desestimó el recurso . Se basa para ello la sentencia en que " las dudas que hasta el momento se planteaban sobre el sistema de cómputo del referido plazo de caducidad en estos procesos selectivos, acaba de ser despejada por el Tribunal Supremo (Sª 3ª) en su sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025 (...) De esta reciente jurisprudencia se deriva la necesaria desestimación del recurso. El plazo de caducidad de los tres años ha de computarse, con carácter general, entre la fecha de la publicación de la OEP y la de conclusión del procedimiento selectivo. En este caso en concreto, entre la publicación de la OEP de 2017 y la resolución de 2023 de aprobación de la lista definitiva de candidatos admitidos habían transcurrido ya mucho más de tres años. El procedimiento se hallaba caducado. No tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los subsiguientes actos que se dictasen . Lo que tendría que haber hecho el Concello de Poio es declarar expresamente dicha caducidad mediante la correspondiente resolución definitiva".

SEGUNDO: Recurso de apelación.

La representación de D. Landelino interpone recurso de apelación contra la sentencia nº 187/25 de fecha 29 de julio de 2025, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Pontevedra.

Se alega para ello que la desestimación del recurso contencioso interpuesto se basa fundamentalmente en la consideración de que dicho proceso selectivo se encontraba caducado, de modo que no tenía sentido continuarlo, porque devendrían nulos los siguientes actos que se dictasen.

Sin embargo, se considera que en este caso concurren determinadas circunstancias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de resolver el recurso contencioso-administrativo, y que no han sido valoradas de manera objetiva por parte del Juzgador de Instancia.

Así, se indica que la sentencia del Tribunal Supremo a la que se hace referencia en la sentencia apelada, a la hora de interpretar el plazo de ejecución de las ofertas públicas de empleo, admite de manera clara la posibilidad de que se produzca un retraso en el proceso selectivo derivado de dicha oferta pública de empleo, cuando se lleva a cabo de manera justificada dicho retraso, por lo que el plazo de tres años no resulta en modo alguno taxativo e imposible de ampliación. La sentencia referida toma como base lo dispuesto en el artículo 108.2 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y dicho precepto es claro respecto de la posibilidad de que se lleve a cabo una flexibilización del plazo de ejecución de la oferta pública de empleo, cuando concurra una causa justificada. Es más, según dicho precepto, se permite la aprobación y publicación de convocatorias en fechas límite al vencimiento del plazo de tres años, de modo que resulta imposible que puedan ejecutarse dentro de dicho plazo.

En este sentido, se considera que en este supuesto ha de valorarse la concurrencia temporal de un procedimiento penal que justifica de manera clara y evidente la interrupción o paralización del proceso selectivo de referencia. Dicho procedimiento penal se concretaba en una denuncia formalizada contra el nombramiento accidental del demandante como inspector jefe de la policía local de Poio, por lo que guarda una íntima conexión con el proceso selectivo cuya caducidad se alega por el Ayuntamiento de Poio. Además, se añade que una vez que el procedimiento penal concluyó con una resolución judicial en la que se hacía constar que el nombramiento del demandante como inspector accidental del Ayuntamiento de Poio era ajustado a Derecho, el mismo instó la continuación del procedimiento selectivo en diversas ocasiones, desde el mes de octubre de 2024, existiendo por lo tanto una causa justificativa de la paralización del proceso selectivo que afecta de manera directa al cómputo del plazo para el desarrollo de la oferta de empleo público.

Así, se manifiesta que el Ayuntamiento de Poio no podía impulsar el procedimiento selectivo hasta que se dictase una resolución judicial favorable a la legalidad del nombramiento anteriormente reseñado, por lo que el plazo taxativo de los tres años que se alega por parte del citado Ayuntamiento y que se contiene en el fallo de la sentencia, no puede resultar de aplicación al caso que nos ocupa. Al respecto, consta el informe de la secretaria accidental del citado Ayuntamiento en el que se dispone que por seguridad jurídica resulta aconsejable paralizar el proceso selectivo de referencia.

Se alega que también ha de tenerse en cuenta a la hora de computar el plazo de ejecución de la oferta de empleo público la situación concurrente del Covid, que paralizó la actividad administrativa y judicial , lo que justifica de manera objetiva y excepcional la suspensión del plazo para continuar con la ejecución del proceso selectivo y con ello la imposible aplicación del plazo de tres años que de manera taxativa se dispone en la sentencia apelada.

Se invoca por el recurrente la doctrina de los propios actos, que se considera vulnerada por parte del Ayuntamiento de Poio, pues desde un primer momento, su voluntad ha sido la de continuar con el proceso selectivo de referencia y, de repente, sin que exista causa alguna que lo justifique, paralizó el desarrollo del citado proceso selectivo, contradiciendo la petición realizada ante la Academia Galega de Seguridade para que el demandante realizase y, así realizó, el curso preceptivo para poder ser nombrado como inspector de policía, o incluso la aprobación de la lista definitiva de admitidos en dicho proceso; el propio Ayuntamiento impulsó la realización del curso reseñado por parte de mi representado, siendo digno de destacar que dicho curso se suele llevar a cabo una vez se determine la adjudicación de la plaza en cuestión. Esta contradicción muestra una clara mala fe por parte de dicha administración, que ha actuado con una clara intención de impedir el desarrollo del proceso selectivo de referencia, constando en el expediente judicial el informe de 29 de junio de 2022, emitido por la técnica de personal del citado ayuntamiento en el que se afirma que dicho proceso se ejecutará cuando se vayan ejecutando los demás procesos selectivos que también fueron convocados en la misma oferta pública de empleo que el proceso selectivo del demandante.

Por lo demás, se señala que no se puede omitir la obligación de cualquier Ayuntamiento que cuente con más de 15.000 habitantes de disponer de un puesto de inspector de policía, cuestión que también resulta de especial interés a la hora de poder confirmar la actuación maliciosa del Ayuntamiento de Poio , cuestión que también fue reprochada por el Juzgador de Instancia en el acto de juicio. Y dicha mala fe se plasma de manera clara en la voluntad del citado Ayuntamiento a la hora de oponerse a la continuación del proceso selectivo sin ni tan siquiera declarar la caducidad del procedimiento selectivo de referencia, hecho éste que ha sido reprochado de manera expresa en la sentencia. Además, resulta significativa la voluntad pasiva de la administración local para con dicho procedimiento selectivo, al constar en autos el informe de la técnica de personal del Ayuntamiento de Poio en el que "justifica" la paralización del proceso selectivo de referencia al dar prioridad al resto de procesos selectivos de la oferta pública de empleo de referencia, prioridad que, como se ha acreditado, tampoco ha servido para poder desarrollar esos procesos dentro del plazo de tres años ya reseñado. Se indica que la actuación del Ayuntamiento de Poio supone una paralización injustificada del citado proceso al considerar que éste estaba caducado, pues, si éste es el criterio del Ayuntamiento de Poio, resulta esencial tener en cuenta que todos los procesos selectivos que se fueron desarrollando con base en la misma oferta pública de empleo se han ejecutado superando con creces el plazo de tres años, habiéndose dictado resoluciones que son nulas de pleno derecho, pues fueron dictadas estando caducados dichos procesos selectivos, con la responsabilidad que ello conlleva; y, en cualquier caso, si el criterio del Ayuntamiento de Poio es la existencia de caducidad en el proceso selectivo de la plaza de mi representado, dicho criterio ha de ser el mismo para el resto de procesos.

Por todo lo anterior, se insiste por la apelante en que la sentencia que se recurre no ha valorado de manera objetiva las circunstancias concurrentes en el presente asunto, y con ello, ha declarado de manera taxativa la caducidad del proceso selectivo, sin tener en cuenta la actuación pasiva de la administración local y las paralizaciones justificadas como consecuencia del proceso penal y el COVID 19.

Por otra parte, se alega que existen otras sentencias que deben imperar sobre la recurrida, que también han sido dictadas por el Tribunal Supremo. En primer lugar, se reseña la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2025 que determina como un derecho de los que figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos "a participar efectivamente en el proceso selectivo". O la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2019, en la que se hace especial hincapié en admitir que, si un proceso selectivo se realizó fuera del plazo de tres años, ello constituye un vicio de anulabilidad que no afecta a los actos del proceso selectivo que se hubieran mantenido iguales de no cometerse la infracción de los 3 años. Y así, en este caso se considera que, de mantenerse el criterio de la existencia de caducidad del proceso selectivo, se podrían mantener los actos del mismo si a pesar de la caducidad de la oferta el resultado va a ser el mismo, lo que conlleva necesariamente la continuación del proceso selectivo, a pesar de la pasividad intencionada de la administración para su continuación.

Se manifiesta que la pasividad del Concello demandado determina un claro perjuicio al recurrente, a quien se le ha paralizado su carrera profesional, así como la pérdida de oportunidades de poder concursar a otras plazas en otros Ayuntamientos.

Por último, se hace hincapié en la vulneración clara del derecho a la igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución Española, al haberse continuado otros procesos selectivos que igualmente excedían el plazo de tres años para la ejecución de la OPE, y no haber hecho lo mismo con el del demandante.

TERCERO: Oposición al recurso de apelación.

Por la representación del Concello de Poio se formula oposición al recurso de apelación, interesando que se confirme la sentencia de primera instancia.

Se alega para ello que desde el momento que no se discute que ha transcurrido con creces el plazo de tres años para la ejecución de la convocatoria, la misma ha caducado, y por tanto cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes.

Se señala que no se puede obviar que , al momento de producirse la caducidad de la convocatoria, el estado de tramitación era inicial sin llegarse a publicar en el BOP la lista de admitidos, y sin que después de esta publicación se hubiera pasado a las fases posteriores , siendo la petición del recurrente posterior al transcurso del plazo.

Además, se indica que no concurren circunstancias de urgencia, al tener la plaza cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente.

Por ello se considera que no solo se trata de una decisión discrecional, sino que sería temerario que el Concello hubiera optado por ignorar la caducidad para favorecer al participante.

Se añade que redunda en la caducidad el hecho de que la convocatoria de la plaza concreta de inspector jefe no se publicó en el BOE, conforme exige el articulo 6.2 del Decreto 896/91, hasta el 11 de diciembre de 2020, cuando la Oferta de empleo público data del año 2017 ( publicada el11 de septiembre de 2017). Por lo que , incluso con la suspensión de plazos administrativos debido a la pandemia del COVID, la propia convocatoria ya habría caducado antes de ser publicada.

CUARTO: Datos de interés.

La Oferta de Empleo Público del Concello de Poio del año 2017, publicada en el BOP de Pontevedra núm. 174, de 11 de septiembre de 2017, incluyó una plaza vacante de Inspector de Policía (A2).

En fecha 11 de mayo de 2020 se publicó en el BOP la convocatoria y bases del procedimiento selectivo para la cobertura de dicha plaza, por el sistema de concurso-oposición.

El anuncio de 13 de mayo de 2020 de convocatoria de plazas de la oferta de empleo de los años 2017, 2018 y 2019 se publicó en el DOG de 27 de mayo de 2020.

Finalmente se publicó en el BOE de 11 de diciembre de 2020 el anuncio de la convocatoria con la apertura del plazo de presentación de candidaturas.

El 6 de mayo de 2021 se publicó en el BOP la lista provisional de admitidos y excluidos, siendo el único admitido el ahora demandante.

Mediante Resolución de 2 de septiembre de 2021 se convoca un curso selectivo de acceso a la escala ejecutiva, categoría de inspector de los cuerpos de la Policía Local, y , teniendo en cuenta el desarrollo del proceso selectivo para la cobertura de una plaza en la categoría de Inspector del Concello de Poio, se realiza con fecha 15 de septiembre (Minuta-2021-S-RC-2202) la siguiente consulta a la Academia Galega de Seguridade Pública:

"(...) No Diario Oficial de Galicia do 2 de setembro de 2021 número 169 publicouse a Resolución do 26 de agosto de 2021 pola que se convoca un curso selectivo de acceso á escala executiva, categoría de inspector dos corpos da Policia local. En virtude do disposto nas mesma o Concello de Poio solicita á Academia Galega de Seguridade Pública, a participación no curso do empregado público Landelino por ser o único aspirante presentado e admitido no proceso selectivo para a provisión de unha praza vacante de inspector de Policía correspondente á oferta de emprego do 2018, pola quenda de promoción interna. Todo isto, sen prexuízo de que o Concello deberá acreditar ante a Academia Galega de Seguridade Pública que o aspirantes superou o proceso selectivo para a expedición da correspondente acreditación".

La participación fue autorizada por la AGASP.

Se presentó denuncia, tramitada en la jurisdicción penal contra el nombramiento temporal del actor, que concluyó con sobreseimiento y archivo, ratificado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en resolución de 15 de marzo de 2023.

Con fecha de 16 de diciembre de 2022, el secretario accidental del Ayuntamiento de Poio emitió un informe sobre la paralización del proceso selectivo de la plaza de inspector por las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.

Se retomó el proceso selectivo, publicándose en el BOP de 30 de mayo de 2023 la lista definitiva de admitidos y excluidos (con un solo candidato admitido, el actor). A partir de ahí se paralizó definitivamente el procedimiento.

En fechas 19/10/2023, 24/01/2024 y 08/03/2024 el demandante presentó reiterados escritos interesando el impulso del proceso selectivo, sin obtener respuesta.

El 18/06/2024 impugnó en reposición la desestimación presunta de dichas solicitudes.

El secretario municipal emitió un informe en fecha 16 de mayo de 2024 en el que se concluye la caducidad de la OEP.

En la sentencia ahora apelada, sentencia nº 187/25 de 29 de julio de 2025, se desestima el recurso contencioso-administrativo.

QUINTO: Resolución del recurso.

Tal y como se exponía en la sentencia apelada, constituye el objeto de este litigio la desestimación presunta del recurso de reposición presentado por D. Landelino frente a la desestimación, también presunta, de la solicitud que presentó el 24 de enero de 2024 de impulso del proceso selectivo convocado para la provisión de una plaza vacante de inspector de policía (A2) por promoción interna, mediante resolución publicada en el DOG de 27 de mayo de 2020.

El demandante considera que el citado proceso ha de ser tramitado hasta su finalización, indicando que aunque hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la OPE, ello no es obstáculo a que se haya de concluir tal proceso, tal y como por lo demás se hizo con otros procesos selectivos por el propio Concello, lo que le lleva a invocar el principio de igualdad, y sin que pueda considerarse que se incurra en nulidad de actuaciones por ello, pues , entre otras cuestiones, es el demandante el único aspirante que consta admitido en el proceso, por lo que ninguna indefensión se causaría por esa continuación aunque se admitiera la existencia de caducidad de la OPE .

El Concello de Poio argumenta que habiendo caducado la oferta de empleo público, no era posible culminar el procedimiento selectivo, y que, en cualquier caso, cualquier decisión sobre la ampliación del plazo por la concurrencia de circunstancias excepcionales supondría el ejercicio de una potestad discrecional del Concello y no un derecho de los participantes; señalando además que no se perjudica al servicio público desde el momento en que la plaza está debidamente cubierta por el propio demandante, nombrado en interinidad.

Al respecto, ha de partirse de una evidente pasividad e inacción del Concello de Poio de todo punto reprochable, pues, con independencia de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, resulta innegable que su actitud es contraria a derecho, y ello se refleja, por un lado, en la falta de respuesta a los requerimientos del demandante y a su recurso de reposición contra el silencio; y, por otro lado, en la defensa que se efectúa de la improcedencia de continuar con el proceso selectivo por caducidad de la OEP, pero sin adoptar, en coherencia con ello, resolución alguna en que así se indique y, en su caso, efectuar nueva oferta para cubrir con carácter definitivo, y no en interinidad, el puesto de inspector de policía.

Dicho lo anterior, en cuanto a la cuestión controvertida, ha de partirse de que, en efecto, el artículo 70 del EBEP dispone "1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años".

En relación a ese plazo de tres años para desarrollar la OEP, el Tribunal Supremo en la sentencia núm. 930/2025, de 9 de julio de 2025, rec. 5278/2023), citada en la sentencia apelada, expone :

"La cuestión de interés casacional se ciñe a determinar si ese plazo de tres años del inciso final del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) debe entenderse cumplido cuando dentro de los tres años desde la aprobación de la OEP se desarrolle íntegramente todo el proceso selectivo que comporta la OEP o, por el contrario, tal obligación se cumple con la publicación de la convocatoria del proceso selectivo. No se plantea la cuestión en relación al cómputo del plazo de tres años como tampoco sobre su carácter esencial, cuestión zanjada en nuestra sentencia 1718/2019 a efectos del artículo 48 de la Ley 39/2015 (EDL 2015/166690 ).

4. Respecto de qué se entiende por "ejecución" de la OEP y, derivado de ello, qué se entiende porque esa ejecución deba "desarrollarse dentro" de los tres años desde la aprobación de la OEP, caben tres opciones:

1º O que para ejecutar la OEP baste con hacer la convocatoria del proceso selectivo derivado de la OEP y que la convocatoria se acuerde y publique dentro de los tres años siguientes contados desde la aprobación de la OEP.

2º O que la ejecución de la OEP consista en hacer la convocatoria dentro de los tres años siguientes desde la aprobación de la OEP y que, además, el proceso selectivo derivado de la OEP se desarrolle íntegramente en los tres años siguientes desde la convocatoria.

3º O, en fin, que por ejecución de la OEP se entienda que, dentro de los tres años desde su aprobación, no sólo se haga la convocatoria sino que se desarrolle íntegramente, luego que en ese plazo finalice el proceso selectivo.

(...)

en nuestras sentencias 1747/2018 y 1718/2019 se declaró el carácter esencial del plazo del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164); que en sentencia 1332/2023 , y como obiter dicta, tomamos partido por entender que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) exige el completo desarrollo del proceso selectivo dentro de los tres años que prevé, lo que parece que habría adelantado -también como obiter dicta- la sentencia 465/2016 de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ; y, en fin, en la sentencia 1544/2024 hemos declarado que es conforme al artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) que una Administración prevea el completo desarrollo del proceso selectivo derivado de una OEP en dos años pues siempre sería dentro del plazo de tres años del citado precepto.

10. Así las cosas conviene detenerse ahora en las previsiones legales apuntadas por las partes, esto es, el artículo 10.4 del EBEP , las distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado invocadas por el Ayuntamiento recurrido, más las leyes autonómicas invocadas por el recurrente. Comenzando por el artículo 10.4 en relación con el artículo 70.1 del EBEP , tenemos esto:

1º Que tras la Ley 20/2021, de 28 de diciembre (EDL 2021/46380) -y antes, el Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio ( EDL 2021/23928)-, se parte de que el nombramiento de un interino será por tres años, que a su término cesará y que "excepcionalmente" podrá permanecer en la plaza siempre que se publique una convocatoria para proveerla entre funcionarios de carrera «dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP (EDL 2015/187164) . En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria...».

2º De este precepto cabe deducir que, dentro de los tres años siguientes al nombramiento del interino, la plaza que ocupa debe convocarse y dentro de ese plazo, debe resolverse el proceso selectivo: hasta ahí nada añade. Pero la referencia a que el proceso selectivo se resuelva en los plazos del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) nos reenvía a la lógica de la ejecución de una OEP: que la ejecución de la OEP y el desarrollo del proceso selectivo debe hacerse en el plazo que el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) fija para ejecutar la OEP.

11. En cuanto a las leyes de PGE, lleva razón el Ayuntamiento recurrido cuando afirma que entre la ley de PGE para 2017, hasta la ley de PGE para 2022 -ambas ya citadas-, lo que se deduce es que las convocatorias se realicen en el plazo de tres años contados desde la aprobación de la OEP. Es la ley de PGE para 2023 [artículo 20.Tres.3.b )] la que condiciona la validez de la tasa de reposición a que conforme al artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) concurran tres requisitos acumulativos: que las vacantes se incluyan en la OEP, que la convocatoria se publique en los diarios oficiales y, además, que se haga «...debiendo asegurar su ejecución en el plazo máximo de tres años desde que se publique la convocatoria».

12. El precepto de la ley PGE para 2023 no es del todo concluyente, pero que se inserte en la lógica del artículo 70 del EBEP (EDL 2015/187164) no hace extravagante entender que esa lógica exija que todo el desarrollo de la OEP se haga en tres años, luego que "ejecución" de la OEP implica realizar actos de desarrollo y tal desarrollo con el que se ejecuta la OEP supone que se de efectividad a lo planificado en la OEP, luego, en fin, que en el plazo de tres años desde la aprobación de la OEP se lleve a su debida y ejecución.

.13 Y, en fin, otro tanto cabe deducir del artículo 108.2 párrafo segundo del Real Decreto-ley 6/2023 , cuya regulación no tiene carácter básico (cfr. disposición final séptima.2) pero es ilustrativo y que dice esto: «Las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural de la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" de la oferta de empleo público, en la que se incluyan las citadas plazas. Las convocatorias deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde su publicación, y las respectivas fases de oposición en un año, salvo causa justificada», lo que nos reenvía a lo resuelto en nuestra sentencia 1544/2024 .

14. En cuanto a la normativa autonómica (...)

15. De todo lo expuesto y para resolver la cuestión de interés casacional, cabe deducir lo que sigue:

1º Que la OEP se configura como un instrumento de planificación del empleo público de forma que los conceptos de "desarrollo" y "ejecución" comprenden, desde luego, la convocatoria de procesos selectivos de las plazas previstas en la OEP, una convocatoria que se inserta así en la lógica de la ejecución y desarrollo de una OEP.

2º Si el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), inciso final, ordena que la ejecución de la OEP deba desarrollarse en el plazo de tres años, hay que deducir que tal plazo comprende no sólo la convocatoria sino, además, el completo desarrollo del proceso selectivo. Se trata de un plazo, en sí, razonable, y traslada a las Administraciones un mandato de celeridad y eficacia: no es razonable tener procesos selectivos abiertos durante más de tres años.

3º La idea anterior se confirma si se ciñese la idea de ejecución de una OEP sólo al acto de convocatoria y hecha esta convocatoria, el proceso selectivo se desarrollase sin previsión de un plazo para concluirlo o, por fijar un plazo, que se desarrollase en los tres años: esto implicaría o procesos selectivos de duración indeterminada o permitir -de agotarse todos plazos- a que la ejecución de una OEP culminase al cabo de seis años.

4º La idea de celeridad entendida como eficacia en la satisfacción de necesidades de contar con medios humanos, se deduce de la exposición de motivos de la Ley 20/2021 (EDL 2021/46380) ya citada. Ciertamente su objeto es la reducción de la temporalidad, pero prevé que «[p] ara evitar dilaciones en estos nuevos procesos, se exigirá que las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022, y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar los procesos antes del 31 de diciembre de 2024».

5º Esta idea de celeridad viene justificada tras los años de "reposición cero" por razón de la crisis económica, a la que se añadió la paralización de los procesos selectivos a raíz de la pandemia, más la urgencia para ejecutar los mandatos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para atajar la temporalidad en el empleo público.

6º Ahora ya no es tanto cuestión de celeridad como de eficacia aplicada a los sistemas de provisión de puestos en las Administraciones, eficacia que es principio constitucionalizado para regular la actuación de las Administraciones ( artículo 103.1 de la Constitución (EDL 1978/3879)) y que tiene su cabal concreción en los principios que relaciona el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público (EDL 2015/167833) [cfr. apartados a), d), e) y h)].

16. Pues bien, los obiter dicta de las sentencias antes expuestas más la evolución de la normativa también expuesta, permiten avanzar en la interpretación del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) y, dentro del recto entendiendo del instituto de la OEP como instrumento para la dotación de medios humanos a las Administraciones públicas, concluir que el desarrollo de la ejecución de un OEP implica, primero, que partiendo de la declaración de puestos vacantes preexistentes o de nueva creación, se programe su provisión; seguidamente, que esa provisión se haga efectiva mediante convocatorias públicas, de ahí que para su efectiva provisión el artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164) prevea un plazo razonable, lo que no quita para que, justificada y excepcionalmente, sea admisible un retraso en ese proceso.

17. En consecuencia y, a efectos del artículo 93.1 de la LJCA (EDL 1998/44323), declaramos -como regla general- que el plazo de tres años del artículo 70.1 del EBEP (EDL 2015/187164), se cumple cuando el proceso selectivo convocado para ejecutar la OEP se desarrolle íntegramente dentro de ese plazo".

De este modo , conforme a la disposición legal citada y lo interpretado en la sentencia transcrita por el Tribunal Supremo, en el caso presente , en el que la OEP fue publicada el 11 de septiembre de 2017 y el último acto del proceso selectivo tuvo lugar el 30 de mayo de 2023, resulta claro que se había excedido con creces el plazo de tres años. Incluso la propia convocatoria , si se tiene en cuenta la publicación en el BOE en fecha 11 de diciembre de 2020 estaría ya fuera del plazo de los tres años desde la publicación de la OEP.

Ahora bien, lo anterior no implica necesariamente que no pueda seguir desarrollándose el proceso aún tras ese plazo de tres años, o que, como se indica en la sentencia apelada - y que le lleva a desestimar la demanda- , lo que pueda hacerse a partir de ese plazo de caducidad haya de ser necesariamente nulo, pues , como se alega por la parte recurrente, la propia sentencia del Tribunal Supremo antes citada da pie a la posibilidad de exceder el plazo de forma justificada y excepcional, y debiendo considerarse, además, que el incumplimiento del citado plazo legal no conlleva una nulidad radical sino una anulabilidad conforme al artículo 48 de la LPA, esto es, condicionada tal nulidad de actos a que el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

En esta línea, ha de recordase que en sentencia del Tribunal Supremo nº 1718/ 2019, de 12 de diciembre , recurso 3554/2017, se planteaba como interés casacional determinar "Si el plazo de tres años para la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril , (coincidente con el mismo precepto del Real Decreto Legislativo 5/2015) tiene la consideración de un plazo esencial, en el sentido de que su transcurso sin ejecución alguna de dicha oferta la deja sin efecto, haciéndola inaplicable".Y se razonó por el tribunal que "En relación con la caracterización del plazo, como esencial o no, respecto de la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar, previsto en el inciso final del artículo 70.1 citado, en nuestra Sentencia de 21 de mayo de 2019 , citando a su vez la precedente Sentencia de 10 de diciembre de 2018 (recurso de casación nº 129/2016 ), declaramos su carácter esencial, al señalar que < artículo 70.1 "in fine" del TRLEBEP ). De manera que se trata de la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido por la ley para su desarrollo, cuando la naturaleza del plazo lo impone, lo que determina la anulabilidad del acto administrativo impugnado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 39/2015 .

Este vicio de invalidez del acto administrativo permite, no obstante, la conservación de los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción que hemos apreciado, según faculta el artículo 51 de la Ley 39/2015 . Y lo cierto es que el procedimiento selectivo se desarrolló sin que se atribuya vicio o tacha alguna, en su ejecución, determinante de su invalidez....",y concluyendo la sentencia con la conservación de los actos realizados en el proceso selectivo tras el transcurso del plazo legal analizado, sin perjuicio de indemnizar a la perjudicada por razón del incumplimiento o infracción legal constatada.

Pues bien, en el caso presente, como consta en lo expuesto en fundamento anterior, en el proceso selectivo para la plaza de inspector de la policía, tanto en la lista provisional de admitidos y excluidos, como en la definitiva- que fue el último acto realizado en el proceso, publicado en fecha 30 de mayo de 2023- , el único aspirante que aparece es el demandante, y sin que conste que haya habido protestas o recursos a los referidos actos, por lo que no cabe considerar que hubiera terceros afectados intervinientes en el proceso a los que pudiera afectar la decisión de continuar el mismo, y, por el contrario, constando que el único aspirante, que es además el que ocupa la plaza en interinidad, interesa su continuación.

Lo anterior apoyaría la falta de fundamento de la nulidad de los actos que pudieran realizarse transcurrido el plazo legal de tres años para el desarrollo de la OEP.

Además, y como se argumenta por el recurrente, junto al proceso selectivo en el que se ofertaba la plaza de inspector de policía local , que es el ahora analizado, se convocaron otros procesos selectivos para otras plazas de funcionarios municipales, los cuales siguieron desarrollándose una vez transcurridos los tres años desde la OEP. Por el Concello de Poio ninguna explicación se da a esta diferencia de trato, y sin que la cita de la potestad de autoorganización sin más pueda servir para justificar la distinción, pues a falta de motivación de por qué no se siguió también el proceso en el que intervenía el demandante , o por qué se siguieron unos y no otros, la discrecionalidad que se invoca se convierte en arbitrariedad , lo cual implica viciar de nulidad a la inactividad municipal recurrida.

Por otro lado, ha de considerarse que, además de la incidencia que la pandemia por COVID pudo tener en el desarrollo de un procedimiento que se convocó en el BOE el 11 de diciembre de 2020, consta en las actuaciones que también se vio afectado el proceso por la judicialización de la asignación provisional de la plaza al ahora demandante, pues tras denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa en el nombramiento del Inspector jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Poio, se siguieron diligencias penales que terminaron con auto de archivo del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pontevedra de 16 de noviembre de 2022, confirmado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en auto de 15 de marzo de 2023 ; en escrito de la Secretaria accidental, de fecha, se exponía que precisamente no se había impulsado el procedimiento selectivo, por seguridad jurídica, a la espera de lo que pudiera resultar del proceso judicial. Por tanto, se considera que esa falta de impulso o paralización motivada por la judicialización del nombramiento en interinidad, ha de ser también tenida en cuenta a la hora de considerar la demora en la ejecución de la oferta de empleo pública en lo que se refiere a la plaza en cuestión.

Por último, la manifestación efectuada por el Concello de Poio de que no concurren circunstancias de urgencia para continuar el procedimiento y proveer a la cobertura definitiva de la plaza , por cuanto la misma está cubierta con el nombramiento provisional precisamente del recurrente, ha de rechazarse totalmente, pues va en contra de los principios de estabilidad en el empleo, y particularmente en el empleo público, y en la necesidad de reducir las altas tasas de temporalidad en cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Europea tras la apertura a España de procedimiento de infracción por incumplimientos de la Directiva 1999/70 CE del Consejo. De hecho, no puede obviarse que también se produciría un incumplimiento legal, por el abuso de la temporalidad del funcionario interino, desde el momento en el que este personal es mantenido en la misma plaza, una vez superado el plazo de la oferta pública de empleo en el que se incluyó la vacante la cual, si se sigue la posición defendida por la Administración Local aquí demandada de poner por delante la caducidad de la OEP como obstáculo insalvable a continuar el procedimiento, habría dejado de existir desde el momento en que la Oferta de empleo público ha caducado.

Por tanto, no puede ser excusa para no continuar el procedimiento, - o, en su caso, no iniciar un nuevo proceso de oferta y convocatoria de proceso selectivo, lo cual tampoco se ha hecho por la demandada- , el hecho de que haya una persona ocupando el puesto en interinidad. Y, en este sentido, no puede más que reafirmarse lo inicialmente indicado sobre la dejadez o pasividad contraria a derecho del Concello de Poio en este caso

Todo lo anteriormente expuesto implica la procedencia de estimar la pretensión de la parte apelante, y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto, sin perjuicio de que haya transcurrido el plazo señalado en el artículo 70 del EBEP para la ejecución de la OEP, no cabe estimar la nulidad de los actos que se ejecuten en desarrollo de un proceso ya iniciado en el que es el único aspirante el aquí demandante, y sin que las circunstancias que concurren puedan amparar la situación propiciada por el Concello de Poio, debiendo , como se interesa, declarar la obligación del mismo de impulsar el proceso selectivo de la plaza de inspector de policía , condenándole a estar y a pasar por dicha obligación y a realizar las actuaciones precisas para que se lleve a cabo la continuación del proceso selectivo de referencia , fijando la fecha de celebración de las pruebas pertinentes para su realización.

SEXTO: Costas procesales.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, "En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".En este caso, al haberse estimado el recurso de apelación no procede condena en costas.

En cuanto a las costas de la primera instancia, de acuerdo con el artículo 139,1º LJCA, no se considera procedente la imposición de costas ante las dudas suscitadas, como se refleja en la existencia de sentencias de distinto sentido en una y otra instancia.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,