Sentencia Contencioso-Administrativo 130/2025 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 101/2024 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO.- Objeto del Procedimiento y alegaciones de la parte demandante.

El recurso contencioso-administrativo se dirige por D. Amador contra la resolución de 23 de noviembre de 2023 de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en la que se declara "la no procedencia de la jubilación por incapacidad permanente para el servicio de D. Amador".

Se pretende por el demandante que se revoque la resolución recurrida, y que se declare la procedencia de su jubilación por incapacidad permanente "para cualquier profesión u oficio y/o para el servicio activo del demandante".

Se alega para ello que es funcionario perteneciente al cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, estando destinado en el CP de A Lama (Pontevedra).

Se muestra disconformidad con el dictamen del Equipo de Valoración, en el que se señala que el interesado no está afectado por lesión o proceso patológico, irreversible o de incierta irreversibilidad, que le imposibilite totalmente para el desempeño de sus funciones, ni para toda profesión u oficio.

Se manifiesta que padece desde hace más de 10 años enfermedad de Crohn ileoceal y sigmoidea, que precisa terapia biológica, y Diabetes Mellitus, y se considerar que el EVI no entra a valorar las limitaciones funcionales que de ello se derivan. Se señala que el demandante tiene dolores, molestias continuas, diarreas, numerosas e incontroladas deposiciones, sangrados, ...con la consiguiente incomodidad que ello ocasiona, y la necesidad de acudir continuamente al servicio.

Se cita lo informado por el Dr. Donato, en fecha 28/05/2019; el de la Dra. Mariana de 10/10/2023 y 16/10/23, que refiere actividad y aumento del número de deposiciones (de 5 a 7 veces al día); del Dr. Raúl, de 2011. Y derivándose de esos informes que se trata de una enfermedad objetivada, crónica, invalidante e irreversible.

Se indica que ha de tenerse en cuenta que el demandante es funcionario de prisiones, y sus funciones se encuentran reseñadas en los artículos 308 y siguientes del Reglamento Penitenciario, y que se pueden resumir en hacer recuento diario de presos en celdas, realizar labores de vigilancia con presencia física en los patios, talleres, comedores y celdas. El horario de trabajo es de 8 de la mañana a 9 de la noche, y los días de turno de noche de 9 de la noche a 8 de la mañana. Se alade que tiene que realizar rondas, subir y bajar escaleras de 3 pisos, estar en bipedestación y presente ante los reclusos durante gran parte de la jornada, ...

Se considera que su trabajo es incompatible con las limitaciones funcionales que se derivan de su situación patológica. Considerando además que realiza sus funciones junto a los reclusos y otros compañeros, por lo que además de sus evidentes incomodidades y perjuicio social, está limitado para sus funciones al tener que estar continuamente yendo al baño a realizar deposiciones. Además, sufre intenso dolor abdominal derivado de su dolencia, que le impide desarrollar su trabajo.

Se recuerda que la aptitud para el desempeño de la actividad habitual del funcionario implica la posibilidad de poder llevar a cabo todas o las fundamentales tareas de la misma, con profesionalidad y con unas exigencias mínimas de continuidad, dedicación,, rendimiento y eficacia, y sin que el desempeño de las mismas genere riesgos adicionales o superpuestos a los normales del oficio, o comporte el sometimiento a una continua situación de sufrimiento en la labor cotidiana. Se indica que no es obstáculo a la declaración de incapacidad permanente el hecho de que el funcionario pueda realizar otras tareas distintas, más livianas o sedentarias, o labores secundarias de su puesto, siempre que exista una imposibilidad de continuar trabajando en dicha actividad y que conserve una aptitud residual que tenga relevancia suficiente y transcendencia tal que no le impida al trabajador concertar relación de trabajo futuro.

Se señala también por el demandante que no sólo la incapacidad la presenta para su cuerpo o escala, sino que no puede dedicarse a ningún trabajo, por leve o sedentario que sea, puesto que el mismo sólo puede realizarse con la asistencia diaria al lugar de trabajo, permanencia en él durante la jornada, es decir se requiere capacidad para desarrollar una actividad con un mínimo de rendimiento y asiduidad que el demandante manifiesta ya no poseer.

Se alega que en los últimos 3 años ha estado más tiempo de baja que en activo, y se relacionan los períodos de baja temporal, que se corresponden con el código de la enfermedad de Crohn, ya sea con o sin sangrado. Se documentan asimismo 21 ingresos hospitalarios, pese a que en el informe médico de síntesis se indica que no se documentan ingresos.

Se concluye que el informe de síntesis y el dictamen del EVI no son completos, pues no recogen las limitaciones que en el desarrollo de su trabajo padece el demandante. Y se considera que la prueba documental médica aportada sirve para desvirtuar la presunción de acierto de tales informes.

SEGUNDO.- Alegaciones de la Administración demandada.

Por la Abogacía del Estado contesta a la demanda en el sentido de interesar su desestimación.

Se indica para ello, tras referirse a la regulación en la materia, que el informe del EVI es preceptivo y vinculante, sin que la Administración pueda separarse de este criterio, que está además integrado por profesionales independientes, funcionarios públicos, que gozan no solo de una presunción de acierto sino también y muy especialmente de total objetividad e imparcialidad en sus opiniones que debe por ello prevalecer ante cualquier informe médico parcial y por definición que tiene cierto interés en el asunto.

En cuanto a las funciones del demandante, se indica que, efectivamente, alguna de ellas se refieren a bipedestación, deambulación etc., pero parece evidente que tales funciones no se tienen que realizar constantemente ni de manera permanente durante toda la jornada de trabajo, existiendo además las posibilidades de desarrollar muchas otras funciones de índole puramente administrativa que serían plenamente compatibles con la dolencia que padece el recurrente. Asimismo, se recuerda que existen diversos tipos de establecimientos penitenciarios ente los que cabe destacar los de régimen abierto y régimen cerrado, siendo los primeros de ellos los que tienen un régimen interior mucho más flexible y en los que también podría desarrollar sus funciones el recurrente sin que se exija ese control directo y permanente de los internos, precisamente porque no se encuentran en dicho establecimiento de manera tan intensa como en el de régimen cerrado ( artículos 76 y 80 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario) . Por tanto, se considera que existen múltiples opciones para que, dentro de las funciones de los funcionarios de centros penitenciarios y en los distintos tipos de centros, se puedan adaptar el desarrollo del trabajo a la dolencia que padece el recurrente.

Se añade que los ingresos hospitalarios que refiere el recurrente en su escrito de demanda no son tales, ya que se trata de meras asistencias a los servicios entendemos que de urgencias del hospital en cuestión. En efecto, puede comprobarse en el documento 10 certificados de varios años como se trata de certificados referidos a tan solo un día, sin que haya permanecido en la mayoría de las ocasiones (por no decir todas) más allá de unas tres horas aproximadamente en el centro hospitalario, por lo que se considera evidente la falta de gravedad del motivo de tales visitas que no han motivado ningún ingreso real en centros hospitalarios más allá de visitas al mismo que se han resuelto en alrededor de dos o tres horas de asistencia en ellos. Se indica que las mismas tal vez obedezcan a la administración de terapia bilógica a nivel hospitalario, pero sin que ello se sepa al no explicarlo el recurrente, no pudiendo saberse a qué dolencia respondieron, si esas bajas tienen o no que ver con las dolencias por las que ahora se solicita la incapacidad, por lo que no tiene virtualidad probatoria suficiente para poder cuestionar el dictamen del EVI y posterior resolución.

TERCERO.- Normativa y jurisprudencia aplicable.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, dispone en su artículo 63 "Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) La renuncia a la condición de funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme".

En concreto, para la jubilación, se indica en el artículo 67 "1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: a) Voluntaria, a solicitud del funcionario. b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala ".

Por su parte, la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia (que deroga el Decreto legislativo 1/2008, citado en la demanda) señala en su artículo 68 que "1. La jubilación del personal funcionario puede ser: a) Voluntaria. b) Forzosa, por el cumplimiento de la edad legalmente establecida. c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o de incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala".

Centrando ya la cuestión en lo relativo a la jubilación por incapacidad permanente pretendida por la actora, el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 abril, recoge "1. El hecho causante de las pensiones que se regulan en el presente Capítulo es la jubilación o retiro del personal correspondiente. 2. La referida jubilación o retiro puede ser:,.., c) Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que se declarará de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda.".

Por su parte, el artículo 23.1 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, regula el concepto y grados de la incapacidad permanente, indicando "1. Es incapacidad permanente la situación del funcionario que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyan o anulen su capacidad para el servicio. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad de trabajo del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. La incapacidad permanente habrá de derivarse, cualquiera que sea su causa, de la situación de incapacidad temporal. 2. La incapacidad permanente se clasifica con arreglo a los siguientes grados: a) Incapacidad permanente parcial para la función habitual: es la que, sin alcanzar el grado de total, produce al funcionario una limitación para el desempeño de las funciones de su Cuerpo, Escala o plaza. b) La incapacidad permanente total para la función habitual: es la que inhabilita al funcionario para la realización de todas o de las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza. c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: es la que inhabilita por completo al funcionario para toda profesión u oficio. d) Gran invalidez: es la situación del funcionario afecto de incapacidad permanente absoluta que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos. 3. Se entiende por función habitual del funcionario, la desempeñada por éste al tiempo de sufrir el accidente común o en acto de servicio o como consecuencia de él, o la que viniera realizando en caso de enfermedad durante el período de tiempo anterior a la incapacidad, que se determina en el Reglamento General del Mutualismo Administrativo".

Pues bien, a los efectos de valorar la situación del funcionario que pudiera ser declarado en incapacidad permanente, corresponde al Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social emitir preceptivo y vinculante dictamen, según se dispone en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 397/1.996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, y el artículo 3 de la Orden de 22 de noviembre de 1.996 sobre procedimiento para la emisión de dictámenes médicos para los efectos de reconocimiento de determinadas prestaciones de clases pasivas.

En sentencias de esta Sala como la de 17 de febrero de 2.021, dictada en el PO 292/2019, se indica "conviene recordar los atinados criterios que sobre la incapacidad permanente absoluta (calificación que para la Seguridad Social corresponde con el sintagma analizado de "inhabilitación para toda profesión u oficio"), ha sentado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Así, ha aplicado una flexibilización conceptual, apoyándose en varios criterios que deben tenerse en cuenta para la declaración de este grado de incapacidad. El punto de arranque viene dado por la precisa Sentencia de 9 de febrero de 1987 que, en relación al grado de incapacidad permanente absoluta afirmó que "este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también aquél que, aún con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumar, con cierta eficacia, las tareas componentes de cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumar a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen". Y por ello, cabe calificar como incapacitado permanente absoluto a quien no sea capaz de realizar una actividad profesional con un mínimo de rendimiento y eficacia, o con un mínimo de profesionalidad ( STS de 14 de Abril de 1986 ; STS de 21 de Enero de 1988 ), cuando la persona afectada carezca de facultades reales para consumar con eficacia y un mínimo de rendimiento las tareas componentes de cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral ( sentencia de 5 de marzo de 1.990 ). Es calificable, asimismo, como de incapacidad permanente absoluta la situación del afectado cuando éste no pueda realizar la mayor parte de las profesiones u oficios, si el trabajador no puede soportar unos mínimos de dedicación, diligencia y atención, que son indispensables en el más simple de los oficios y en la última de las categorías profesionales, sin poner en riesgo su vida. También será así calificado quien no está en condiciones de soportar esos mínimos ya que, como la Sala de lo Social ha señalado, «la prestación de un trabajo, por liviano que sea, incluso sedentario, sólo puede realizarse mediante la asistencia diaria al lugar de empleo, permanencia en él durante toda la jornada, estar en condiciones de consumar una tarea, siquiera sea leve, que ha de demandar un cierto grado de atención, una relación con otras personas y una moderada actividad física; sin que sea posible pensar que, en el amplio campo de las actividades laborales, existe alguna en la que no sean exigibles salvo que se den un verdadero espíritu de sacrificio por parte del trabajador y un grado intenso de tolerancia en el empresario» ( STS de 3 de Febrero de 1986 ). Otro importante criterio a tener en cuenta es el de la necesidad de que se valoren en su conjunto todas las secuelas que presente la persona afectada, inclusive las preexistentes ( STS de 9 de Julio de 1990 ). Y ello teniendo presente, tal y como declaró la sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de Febrero de 2012 (rec. 2066/2011 ) que "los requisitos jurisprudencialmente exigidos para el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta, que tanto por las consecuencias negativas que conlleva para el trabajador como para la sociedad debe ser aplicado con criterio restrictivo, de modo que sólo se pueda acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación patológica de grave alteración de la salud que anule radicalmente cualquier posibilidad de afectación en el mundo laboral, atendiendo exclusivamente a las secuelas anatómico-funcionales y/o psíquicas, en su caso". Ese es el escenario probatorio cuya carga incumbe a la parte recurrente que pretende la declaración de la incapacidad absoluta (o inhabilitación para toda profesión u oficio), y cuyas consecuencias valorativas deben extraerse del resultado de las pericias de parte y/o judiciales que en su caso se hubieren aportado o practicado. En definitiva, asiste a la parte recurrente, cuando se enfrenta a un dictamen oficial contrario a su tesis, la carga de probar que la situación del trabajador encierra una incapacidad irreversible y definitiva de tal intensidad que le incapacite de una manera permanente para toda profesión u oficio. Y esa prueba ha de ser coherente, consistente y convincente por su contenido intrínseco y guardando armonía con los antecedentes obrantes en el expediente,..,".

CUARTO.- Análisis del caso concreto.

Dicho lo anterior, en este caso el demandante, nacido el NUM000 de 1968, interesa que se declare su jubilación por incapacidad permanente absoluta, es decir, no sólo referida a su profesión habitual, como ayudante de instituciones penitenciarias, sino también para toda profesión u oficio.

Para fundar su pretensión aporta documentación médica relativa a las patologías que sufre.

En concreto, consta informe del facultativo especialista en Digestivo, Dr. Donato, de fecha 28 de mayo de 2019, en el que se hace constar que el demandante padece "enfermedad de Crohn, con afectación ileocecal y sigmoidea, de 7 años de evolución, en tratamiento actual con Infliximab, Mesalazina, Imurel, con controles semestrales en consulta. En la actualidad refiere deposiciones líquidas y frecuentes de hasta cinco veces al día y también nocturnas, con presencia de sangrado y moco, y acompañadas de dolor abdominal tipo retortijón, debilidad generalizada y malestar general consiguiente. Pérdida de peso. Anorexia. Febrícula vespertina. Realiza por brotes tratamientos con corticoides orales".

También se une informe de la Dra. Mariana, de 21 de marzo de 2022, en el que se señala la medicación prescrita, entre ellas suero fisiológico a pasar en dos horas. Informe de la misma doctora, de 10 de octubre de 2023, indicando que el paciente incrementó las deposiciones diarias; y el de 16 de octubre siguiente en el que se refiere que sufre la enfermedad desde el año 2010, y que con el paso de los años la enfermedad ha ido evolucionando, provocando que esté activa la mayor parte del tiempo, y tiene como consecuencia constantes y fuertes dolores abdominales, con idas frecuentes (de 5 a 7 veces al día) al baño para deposiciones; algunas con sangre y moco.

En el informe del especialista digestivo Dr. D. Raúl, de fecha 14 de junio de 2011, se hacía constar que el paciente está afectado de enfermedad de Crohn con afectación ileocecal y sigmoidea. Que se trata de una enfermedad crónica, que cursa con brotes con frecuentes recaídas, y precisa la toma de Mesazalina, inmunosupresores y la administración de terapia biológica a nivel hospitalario.

Se aporta además por el demandante relación de bajas temporales en el trabajo, así como certificados de ingresos hospitalarios en los últimos años.

Frente a la documental anterior, consta en el expediente administrativo el dictamen del EVI, de 18 de septiembre de 2023, que indica que, visto el informe médico de síntesis y el expediente del trabajador, el mismo no está afectado por lesión o proceso patológico, irreversible o de incierta irreversibilidad, que le imposibilite totalmente el desempeño de las funciones de su cuerpo o escala, y tampoco le inhabilitan para toda profesión u oficio, ni requiere ayuda de tercera persona para realizar los catos esenciales de la vida.

En el informe médico de síntesis, que no obra unido al expediente pero es aportado por el demandante, se indica, tras analizar la documentación aportada por el interesado: "Seguimiento clínico y analítica y situación quiescente los últimos años y que precisa terapia biológica. No documenta ingreso hospitalario por brote. No analíticas relativa a ese ingreso u otro. Refiere sin analíticas recientes y en espera de nueva cita, a ver si le hacen una nueva prueba. Alta de IT tras IMEIT de 31/05/2023 con limitaciones de Enfermedad inflamatoria intestinal que precisa tratamiento con biológico. Estabilidad clínica".A la exploración física hacen constar "BEG. Normopeso. Normocoloreado y normohidratado. ACP normal. MMII: No edemas".Y, en cuanto a limitaciones, concluyen "Enfermedad inflamatoria intestinal crónica a tratamiento biológico con estabilidad clínica. Diabetes mellitus tipo 2 a tratamiento oral sin complicaciones en el momento actual".

Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión controvertida, relativa a si ha de declararse o no la incapacidad permanente del demandante, ya sea para su cuerpo o escala, o para toda profesión u oficio, queda reducida a un tema de carácter estrictamente probatorio, orientado a determinar si la patología que padece es determinante de su incapacidad. Y ante la presunción de veracidad de la que goza el dictamen del EVI, es al interesado a quien compete desvirtuar tal presunción mediante prueba suficiente. Así, si bien el órgano de valoración es un equipo médico especializado e imparcial, la presunción de acierto de sus dictámenes no es una presunción que no admita prueba en contrario, sino que puede destruirse por otra prueba que practicada, con todas las garantías legales de imparcialidad y objetividad .

En este caso, se echa en falta la aportación por el demandante de un informe médico más completo en el que se relacionasen las consecuencias de su patología con el desarrollo de las funciones de su puesto de trabajo, pues si bien él efectúa una explicación al respecto en su demanda, no existe en los informes médicos aportados alusión alguna a la profesión del demandante y funciones desarrolladas en ella, ni en qué medida las mismas se ven limitadas, como asimismo lo estarían, en su caso, otras funciones a desarrollar en otros puestos de trabajo, o, en su caso, en puesto de su categoría con las adaptaciones que se consideren necesarias, o en otras profesiones u oficios.

Así, aunque se reconoce la existencia de la enfermedad, así como las incomodidades y limitaciones que de la misma se derivan, no puede sin embargo efectuarse una declaración de incapacidad permanente con apoyo en la prueba practicada, pues únicamente constan informes de seguimiento que pautan medicación y que, aunque refieren que con el tiempo los efectos de la enfermedad se fueron incrementando, no llega a exponerse que los mismos hayan de calificarse como invalidantes para el desarrollo del trabajo por el demandante, por sus persistencia y continuidad, pues lo que consta es que se trata de una enfermedad que cursa con brotes y que el demandante está siendo tratado para la misma.

Ha de indicarse, en la línea que se alega por la Abogacía del Estado, que es cierto que constan períodos de incapacidad temporal, y también ingresos hospitalarios, pero que no cabe descartar que estos últimos sean precisamente para efectuar el tratamiento de terapia biológica a nivel hospitalario que indicaba el Dr. Raúl, o para pasar el suero fisiológico en dos horas como señalaba la Dra. Mariana .

Por tanto, la prueba practicada a instancia de D. Amador no se considera suficiente para desvirtuar lo informado por el Equipo de Valoración, que realiza su dictamen teniendo en cuenta la patología en su caso sufrida y la afectación que la misma implica para el desarrollo de las funciones del trabajador, y sin que, como ya se ha dicho, por parte del demandante se justificase la existencia de una afectación continuada tal que, más allá de episodios o brotes que puedan derivar en una incapacidad temporal, determinen que el demandante no reúne ya capacidad para el desarrollo de sus funciones de forma irreversible o con incierta irreversibilidad.

En atención a lo expuesto, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Amador, contra la resolución de 23 de noviembre de 2023 de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, en la que se declara "la no procedencia de la jubilación por incapacidad permanente para el servicio",ha de ser desestimado.

QUINTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, tratándose de supuestos que suscitan serias dudas de hecho, no se considera procedente la condena en costas.