Sentencia Contencioso-Administrativo 822/2024 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 296/2024 de 27 de noviembre del 2024

PRIMERO: Objeto del recurso de apelación.

Es objeto de este recurso de apelación el auto de 20 de junio de 2024, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vigo, dictado en Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 27/2024, procedente del PA 253/20.

En el citado auto se acuerda "Requerir al SERGAS para que ejecute la sentencia en sus propios términos, concediéndose para ello el plazo de UN MES".

La sentencia dictada por el Juzgado es la nº 330/22 de fecha 14 de diciembre de 2022, en la que se acordó : "Que estimando como estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª Teresa frente al SERGAS seguido como PROCESO ABREVIADO número 253/2020 ante este Juzgado, contra el acto administrativo citado en el encabezamiento, lo declaro contrario al ordenamiento jurídico, por lo que lo anulo. Como situación jurídica individualizada, declaro el derecho de la demandante a acceder a la carrera profesional y progresar en ella en las mismas condiciones que el personal estatutario fijo en relación al régimen excepcional de encuadramiento; en consecuencia, condeno a la Administración demandada a admitir, tramitar y resolver la solicitud de reconocimiento de Grado presentada el 18.9.2018, con efectos retroactivos". En sentencia de esta Sala y Sección nº 666/23 , de fecha 20 de septiembre de 2023, resolviendo recurso de apelación nº 248/23, interpuesto contra la sentencia indicada , se dispuso "Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Letrada del SERGAS contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo n.° 1 de Vigo, en fecha 14 de diciembre de 2022 . Revocar dicha resolución judicial, en el único extremo de suprimir de su parte dispositiva la expresión "con efectos retroactivos", debiéndose estar a los términos y efectos que se recogen en los apartados 7 de la Orden de 20 de julio de 2018 y 6 de la resolución de 31 de julio de 2018, confirmándola en todo lo demás".

Por la representación de Dª Teresa se interesó la ejecución forzosa de la citada sentencia, solicitando el cumplimiento de lo ordenado a cargo de la Administración condenada.

Y, ante el requerimiento efectuado por el Juzgado, por el Sergas se remitió oficio informando sobre el cumplimiento de la sentencia. Así, se indica que, con motivo del dictado de diversas sentencias en esta materia, se alcanzó el Acuerdo de la Mesa Sectorial de 28 de octubre de 2022, por el que se publican nuevos requisitos y se abre un nuevo plazo para acceder al grado inicial de carrera profesional, y se convoca proceso ordinario de acceso a los grados I a IV correspondiente al año 2022, y se tramita un procedimiento extraordinario de acceso a Grado I dirigido al personal estatutario temporal. Se señala que ello se efectúa en ejecución de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia .

Se indica en concreto para la actora y quienes se encuentran en su situación que "en execución de varias sentenzas, ao persoal temporal (incluídos/as os/as interesados/as) facilitóuselles o acceso á solicitude de participación no procedemento excepcional de encadramento para obter o grao I. Estas solicitudes foron estimadas, recoñecéndose o grao I, con efectos do 1 de xaneiro de 2023. Estas resolucións non foron impugnadas, polo que son firmes a tódolos efectos. En agosto de 2023, presentaron solicitude de recoñecemento de grao II, con base na convocatoria de 2023, do procedemento extraordinario de acceso ao grao II, excepcionando o cumprimento de permanencia de cinco anos no grao inferior do mesmo modo que ao persoal estatutario fixo anterior ao 31 de decembro de 2011".

Se recuerda que en la sentencia dictada en apelación se excluye el efecto retroactivo del reconocimiento indicado en la sentencia de primera instancia, y, por ello se considera que con lo actuado ya se les permitió el acceso a la carrera profesional en las mismas condiciones que al personal estatutario fijo, se les reconoció el grado I, y se les permitió participar en el procedimiento extraordinario de consolidación del grado II, excepcionando el cumplimiento del requisito de permanencia en el grado anterior.

Mediante providencia de 13 de mayo de 2024 se consideró no ejecutada la sentencia , y se requirió al SERGAS que proceda a ejecutar en sus propios términos la Sentencia dictada por el TSJ y la Sentencia dictada en instancia, donde se establece, con claridad, que la Administración debe "admitir, tramitar y resolver la solicitud de reconocimiento de grado presentada el 24-09-2018 , por el demandante";con efectos desde el 1 de Enero 2019, tal como establece el apartado 7 de la Orden de 20 de Julio 2018 y así lo plasma la sentencia del TSJ dictada en apelación de la sentencia, de la que trae causa esta ejecución; se señala como plazo para la ejecución de la sentencia un mes.

Se recurrió en reposición la citada providencia por la Letrada del SERGAS, alegando entre otras cuestiones defecto de forma al resolver por providencia , y se dictó el auto de fecha 20 de junio de 2024 del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vigo, contra el que se dirige ahora el recurso de apelación, que, en lo que ahora interesa, rechaza las alegaciones del SERGAS sobre ejecución de la sentencia y reitera el requerimiento al mismo para que ejecute la sentencia en sus propios términos, concediéndose para ello el plazo de un mes.

SEGUNDO: Alegaciones de la parte apelante.

Por la representación del SERGAS se interpone recurso de apelación, interesando que "se revoque la resolución impugnada y acuerde que se ha ejecutado la sentencia, procediendo al archivo de las actuaciones".

Se alega para ello , en primer lugar la irregularidad de haber resuelto el incidente de ejecución mediante providencia en lugar de mediante auto.

En segundo lugar, se alega que la sentencia dictada ha sido ya ejecutada. Así, se indica que la Administración debe facilitarle el acceso a la carrera profesional a la parte recurrente, en las mismas condiciones que al personal fijo, pero no le reconoce de forma automática ningún grado. Se recuerda que la actora presentó en fecha 11 de septiembre de 2018 simultáneamente dos solicitudes, una de reconocimiento de grado inicial, por el régimen ordinario, y otra de grado I de la carrera profesional, por el régimen transitorio excepcional de encuadramiento. Y en la relación con la ejecución de la sentencia, y de acuerdo con la solicitud formulada por ella y el procedimiento legalmente establecido se le reconoció el grado inicial de la carrera profesional, con efectos de 7 de agosto de 2018.En cuanto a la solicitud de reconocimiento del grado I de la carrera profesional, solicitado simultáneamente con el grado inicial por la actora , se hace remisión por la apelante a los numerosos pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión, y se señala que al personal temporal (incluida la parte actora) se le facilitó el acceso a la solicitud y participación en el procedimiento excepcional de encuadramiento para obtener el grado I en la convocatoria de 2022 y, en la convocatoria de 2023, el acceso al grado II. Consta que a la actora se le reconoce el grado I, con efectos del 1 de enero de 2023, y consta presentada solicitud con base a la convocatoria del año 2023, de procedimiento extraordinario de acceso al grado II.

Se considera, por tanto, que ya se ha cumplido la sentencia, y que el auto dictado en ejecución es contrario a la doctrina establecida por el TSJ de Galicia, cuyas sentencias no han hecho desaparecer ni la estructura en grados, ni tampoco el período de permanencia en cada uno de ellos, ni tampoco ha suprimido el grado inicial, ni ha previsto la retroactividad del sistema.

TERCERO: Alegaciones de la parte apelada.

Por la representación de Dª Teresa se formula oposición al recurso de apelación interpuesto por el SERGAS.

Se alega para ello que , con independencia de que se hubiera impugnado por el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia , por discriminatorio, el Acuerdo de julio de 2018, y que se hubiera obtenido sentencia para cuya ejecución se llegó a Acuerdo entre la representación del Sergas y del personal , realizándose una nueva convocatoria extraordinaria para la obtención del grado I con efectos retroactivos a 1 de enero de 2023 y una convocatoria extraordinaria para la obtención del grado II con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, se considera que ha de atenderse a la situación personal de la recurrente, y sin que ese acuerdo general pueda afectar a sus derechos individuales reconocidos en la sentencia de cuya ejecución se trata.

Se manifiesta que, de hecho, para salvaguardar su derecho al estar pendiente la impugnación cuando presentó instancia para participar en convocatorias posteriores, presentó asimismo escrito a la Dirección del Sergas, indicando que "Que, como medida " ad cautelam" y a efectos únicamente de seguir el procedimiento habilitado al efecto por esa Administración, es por lo que realizaré la citada solicitud dejando claro que dicha tramitación en modo alguno supone UNA RENUNCIA A LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SENTENCIA CON LOS EFECTOS QUE SEÑALE LA MISMA , una vez que ésta sea declarada firme o DE LOS DERIVADOS DE LA SENTENCIA QUE , EN SU CASO, SEA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA".

Por tanto, se señala que , para el debido cumplimiento del fallo, la Administración debe admitir, tramitar y resolver las solicitudes presentadas el 18 de septiembre de 2018, con arreglo a Derecho, con los efectos, en su caso, derivables, debiendo estarse, si el grado le es reconocido, a lo previsto en el apartado 7 de la Orden de 20 de julio de 2018 (vía ordinaria) o apartado 6 de la resolución de 31 de julio de 2018 (régimen transitorio y excepcional de encuadramiento).

CUARTO: Resolución del recurso de apelación.

A la vista de las alegaciones de las partes, ha de recordarse que el Tribunal Constitucional viene insistiendo en el derecho de las partes de la ejecución a que las sentencias se cumplan en sus propios términos, disponiéndose, entre otras, ya en la sentencia de 29 de noviembre de 2004 que "el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, en cuanto parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, constituye la garantía de que el fallo se cumpla, impidiendo que las Sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna (entre otras, SSTC 144/2000, de 29 de mayo ; 83/2001, de 26 de marzo ; 3/2002, de 14 de enero y 140/2003, de 14 de julio )".

Lo anterior implica que, en el trámite de ejecución y para determinar lo que haya de llevarse a cabo por los obligados en sentencia, ha de partirse necesariamente de lo acordado en la sentencia judicial que se trata de ejecutar, y en este caso el fallo es claro al declarar el derecho de la demandante a acceder a la carrera profesional en las mismas condiciones que el personal estatutario fijo, condenando a la Administración demandada a admitir, tramitar y resolver las solicitudes de reconocimiento de Grado presentadas el 18.9.2018, con los efectos que se recogen en el apartado 7 de la Orden de 20 de julio de 2018 y apartado 6 de la resolución de 31 de julio de 2018.

Pues bien, a la vista de lo alegado en su escrito de apelación por el SERGAS ha de darse respuesta, en primer lugar a la cuestión relativa a la forma de la resolución del incidente de ejecución, pues se señala que al tratarse de un incidente de ejecución lo promovido, la resolución habría de adoptar la forma de auto y no de providencia.

En relación con ello, si bien del artículo 109.3 LJ se deduce que el incidente ha de ser decidido por auto, el hecho de que se haya resuelto por providencia no implica una irregularidad formal invalidante si en ésta se explicitan las razones o motivos de decisión, y, en tal sentido ha de valorarse que en este caso en la providencia de 13 de mayo de 2024 ya se señala que no se tiene por ejecutada la sentencia por no haberse cumplido lo ordenado de "admitir, tramitar y resolver" la concreta solicitud presentada por la demandante en 2018. Además, no puede obviarse que, al haberse admitido y resuelto recurso de reposición contra aquella providencia, finalmente es un auto lo que llega a esta apelación confirmando en el aspecto que ahora interesa lo resuelto en la providencia sobre la falta de ejecución por el SERGAS de lo ordenado en el fallo judicial.

En cuanto al fondo del asunto, la alegación principal del SERGAS se basa en la consideración de haberse cumplido con lo ordenado en sentencia a través de acuerdo con los representantes de los trabajadores y nuevas convocatorias posteriores para reconocimiento de grado I y sucesivos, en las que habría participado la actora y que, de hecho, se le reconoció el grado I, y consta que participó en la convocatoria del año 2023, de procedimiento extraordinario de acceso al grado II.

Pues bien, en la línea en que se viene resolviendo en sentencias anteriores, esta alegación del SERGAS ha de ser rechazada.

Así, cuando se habla de resolver la solicitud presentada por la interesada , lógicamente, se hace referencia a la que la misma presentó en el año 2018, y, en este sentido, no puede aceptarse la alegación del SERGAS de que ya se habría ejecutado la sentencia teniendo en cuenta actos posteriores, tanto de la Administración, como de la propia demandante, y que se refieren incluso a convocatorias posteriores a aquélla en la que interesaba la actora participar y se le inadmitió indebidamente.

El hecho de que se abriera un proceso de negociación tras el dictado de distintas sentencias de este tribunal sobre el sistema de carrera profesional, y que se hubiera llegado al Acuerdo de la Mesa Sectorial de 28.10.22, para regular las futuras convocatorias de acceso a los grados de carrera profesional, y la Resolución de 25.11.22, de la Dirección Xeral de Recursos Humanos, por la que se publican los nuevos requisitos y se inicia un nuevo plazo para acceder al grado inicial de carrera profesional, se convoca el procedimiento ordinario de acceso a los grados I a IV correspondiente al año 2022 y se tramita un procedimiento extraordinario de acceso al grao I dirigido al personal estatutario temporal, no implica que con ello se haya dado ejecución a todas las sentencias que reconocieron individualmente a los respectivos demandantes su derecho al acceso al procedimiento para acceder al Grado I, cuando lo presentaron en plazo y siendo el único motivo que había para su inadmisión el hecho de ser trabajadores temporales, y no fijos como requería entonces la resolución de convocatoria.

Cuestión distinta es que con tal Acuerdo pueda considerarse cumplida la ejecución de determinadas sentencias en las que se ordenó la nulidad de partes de la Orden de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia, de fecha 20 de julio de 2018, por la que se hace público el Acuerdo, de 6 de julio anterior, por el que se establecen las bases de la carrera profesional en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y entidades adscritas a esta Consellería y a dicho organismo - en concreto en el particular de excluir al personal con vínculo temporal en cualquiera de sus modalidades (personal interino, personal de carácter eventual y personal de sustitución), a la carrera profesional de igual modo que al personal fijo- , como fueron las dictadas en los Procedimientos Ordinarios 263/18, 304/18 y 344/18; y habiéndose dictado de hecho auto en la EJD 33/2022, derivada del PO 263/18, de fecha 01.2.2023, que declara terminado el procedimiento de ejecución por satisfacción extraprocesal, iniciado por la parte ejecutante, CCOO , "por haber reconocido la Administración demandada las pretensiones del recurrente, y haber publicado el acuerdo en el DOG de 5 de diciembre de 2022".

Pero, no puede pretenderse que tal Acuerdo sirva para ejecutar las sentencias que resolvieron situaciones individuales de los recurrentes, y en las que claramente se ordenó a la Administración tramitar y resolver la solicitud entonces presentada, atendiendo a las circunstancias que en ese momento tenía el solicitante, y con las consecuencias administrativas y económicas a que hubiera lugar, del mismo modo que se hacía con el personal fijo que en aquel momento era el único que contemplaba la resolución de convocatoria.

Por ello, no puede entenderse ejecutada la sentencia que a su favor obtuvo Dª Teresa pues los efectos del eventual reconocimiento de Grado I obtenido con posterioridad no se fijan desde el mismo momento que el reconocimiento que podría haberse derivado de su primera petición, con las consecuentes pérdidas económicas y de progresión que pone en evidencia la ejecutante al oponerse al recurso de apelación.

Y a esto se refiere la sentencia de esta Sala , de fecha 2/11/2023, recurso de apelación 186/2023, que resuelve la alegación efectuada por el Sergas de carencia sobrevenida de objeto o satisfacción de la pretensión de la recurrente en caso similar al presente, señalando, ante la invocación por el Sergas del Acuerdo de la Mesa Sectorial de 28/10/2022, en el que ya se reconoce al personal temporal la posibilidad de participar en el sistema de carrera profesional, que lo manifestado por la Administración demandada "significaría desconocer que el demandante venía instando su derecho ya en fecha 25 de septiembre de 2018 , al amparo de la resolución de 31 de julio de 2018, que inició los procedimientos para solicitar un grado de carrera conforme al régimen transitorio y excepcional de encuadramiento, y para solicitar el grado, en aplicación del Acuerdo. Por tanto, el objeto del recurso versa sobre el derecho en el momento en el que intentó ejercerlo y le fue denegado, no satisfaciendo su pretensión con el hecho de remitirle a nuevo procedimiento en virtud de acuerdo posterior, como parece defender de forma confusa la Administración demandada".

Por otro lado, el hecho de que a Dª Teresa se le hubiera reconocido el Grado I en convocatoria posterior, no puede considerarse ni vulneración de la doctrina de los actos propios ni motivo que impida la ejecución en sus propios términos de la sentencia de que aquí se trata, pues no puede impedirse a la demandante que actúe en defensa de sus intereses, ante el incumplimiento por el SERGAS y la indebida inadmisión que se hizo de la solicitud originaria en 2018 de participar ya en el proceso entonces en marcha para acceso a Grado I. De hecho, como se alega y acredita por la interesada, consta que, para salvaguardar su derecho, al estar pendiente la impugnación cuando presentó instancia para participar en convocatorias posteriores, presentó asimismo escrito a la Dirección del Sergas, indicando que "Que, como medida " ad cautelam" y a efectos únicamente de seguir el procedimiento habilitado al efecto por esa Administración, es por lo que realizaré la citada solicitud dejando claro que dicha tramitación en modo alguno supone UNA RENUNCIA A LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SENTENCIA CON LOS EFECTOS QUE SEÑALE LA MISMA , una vez que ésta sea declarada firme o DE LOS DERIVADOS DE LA SENTENCIA QUE , EN SU CASO, SEA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA".

Por lo demás, ha de indicarse que la cita que se efectúa por el SERGAS de sentencias de esta Sala, sobre el hecho de que al tener el grado inicial, y ser consentido y firme este reconocimiento, habría de seguir el procedimiento ordinario y cumplir los requisitos correspondientes de permanencia, se trata de resolución de supuestos que son distintos a éste, pues aquí hubo una solicitud en plazo para el proceso extraordinario de acceso a grado I según el Acuerdo de 2018, que fue indebidamente inadmitido (por materializar una discriminación entre el personal fijo y temporal), siendo esto lo que se trata de subsanar a través de la sentencia y de su correcta ejecución.

En consecuencia, en atención a lo expuesto, ha de desestimarse el recurso de apelación , confirmándose el auto de 20 de junio de 2024, del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 1 de Vigo, dictado en Procedimiento de Ejecución de Títulos Judiciales 27/2024, y por tanto, procede que la Administración dé cumplimiento íntegro a lo acordado en la sentencia firme dictada en autos de PA seguido en ese Juzgado con el nº 253/20., tramitando y resolviendo la solicitud de grado I presentada por la demandante en 2018, con los efectos económicos y administrativos desde la misma fecha que al personal fijo de acuerdo con la Orden de 20 de julio de 2018 (1 de enero de 2019), determinando y abonando las cantidades dejadas de percibir desde tal fecha.

QUINTO: Costas procesales.-

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso administrativa, "en los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición".En este caso, al haberse desestimado el recurso de apelación, las costas han de imponerse a la parte apelante, SERGAS, sin que su cuantía exceda de 1000 euros en concepto de gastos de defensa de la parte apelada.

VISTOS los artículos citados y demás preceptos de general y pertinente aplicación,

Fallo