Sentencia Contencioso-Administrativo 121/2026 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4282/2025 de 27 de marzo del 2026

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

La parte apelante fundamenta su recurso de apelación en los siguientes motivos:

1º.- Error en la valoración de la prueba y errónea aplicación del art. 17.4 del Estatuto General de la Abogacía Española en cuanto a la competencia del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

2º.- Vulneración de los arts. 95 LPAC y 11 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario y del derecho fundamental de defensa ( art. 24.2 CE) por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001. Omisión de trámites esenciales causantes de indefensión. Error en la valoración de motivación suficiente en cuanto a la denegación de prueba.

3º.- Cambio de calificación sancionadora "in malam partem", vulneración del art. 16.4 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, del art. 90.2 de la LPAC. Prohibición de reformatio in peius. Vulneración del principio de congruencia. Desviación de poder.

Tras la primera caducidad, el Colegio reinició el procedimiento con calificación más severa (muy grave) sobre los mismos hechos ya examinados, precisamente después de que la letrada hubiera ejercido activamente su derecho de alegación y prueba.

El acuerdo de apertura del Expediente NUM001 y la posterior resolución sancionadora invocan la condición de la denunciante como víctima de violencia de género para reforzar el reproche disciplinario, pese a que tal circunstancia no figura como agravante tipificada en la normativa estatutaria aplicable. La utilización de un factor extratípico exclusivamente al reabrir tras caducidad y para justificar el salto de grave a muy grave evidencia un fin distinto del previsto en la norma habilitante (protección objetiva deontológica) y, por tanto, desviación de poder ( art. 48.1 LPAC) .

Al margen de que "la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave" como arguye la juzgadora, se imponía la articulación de un trámite contradictorio reforzado (90.2 LPAC) y el órgano que adoptó el acuerdo no era el competente puesto que tal facultad le correspondería en su caso, al órgano competente para resolver y no al órgano instructor.

Como consecuencia de la Resolución de caducidad de la Información Previa NUM002 y con posterioridad de la Resolución de caducidad del Expediente disciplinario NUM000, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001.

En el Expediente Disciplinario NUM000 se había dictado una propuesta de resolución calificando los hechos como graves (infracción grave tipificada en el artículo 85.A del Estatuto General de la Abogacía, procediendo imponer la sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por Tiempo de un mes), y tras la segunda resolución de caducidad, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001, calificando en dicha resolución los hechos como "...una infracción muy grave prevista en el art. 84.c) del Estatuto general de la abogacía, por la vulneración del artículo 14 del Código Deontológico (...) Cabría así imponer a la letrada denunciada una sanción de la prevista en el art. 87.1.a) del Estatuto consistente en suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a tres meses sin exceder de dos años".

Se producía una variación de calificación ante la incoación del nuevo expediente disciplinario, cuando los hechos descritos y la documentación que constaba en las actuaciones, tanto en la información previa 28/19, como en el Expediente Disciplinario NUM000, eran exactamente los mismos que los valorados en el Expediente Disciplinario NUM001.

Consecuencia de las alegaciones precedentes procedería la anulabilidad del acuerdo de apertura de conformidad con el Artículo 48.1 de la LPAC.

La Letrada Sra. Maribel no solo no solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta, sino que solicitó expresamente su cumplimento, procedente conforme a la normativa vigente, procediendo nuevamente el ICA Coruña al denegar la solicitud, de manera arbitraria.

4º.- Prescripción de la infracción disciplinaria ( art. 91 EGAE, 30.2 Ley 40/2015 y 95.3 LPAC) y nulidad de la sanción impuesta.

Considera la Juzgadora que "En el presente caso, tratándose de una infracción continuada, el último de los burofaxes fue enviado en fecha 26/03/2019,de manera que, cuando se notifica la apertura del expediente disciplinario NUM001, el 26/01/2021 por correo electrónico y 2/02/2021 por correo certificado, no había transcurrido los dos años que establece el artículo 91 del Estatuto General de la Abogacía.

Se reconoce en el fundamento jurídico tercero de la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 que "Efectivamente tal y como establece el artículo 95.3 de la LPAC , los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción, por tanto, no podemos considerar a estos efectos la tramitación de la IP NUM002 y del ED NUM000 cuya caducidad fue declarada (Hechos 4º y 10º)".

Desde la Resolución de caducidad de información previa NUM002, antecedente de hecho primero, se hace referencia a dos Burofaxes del año 2018 de 22/03 y 16/07, ambos del año 2018, y así en la Propuesta de Resolución del Expediente disciplinario NUM000, y en la Resolución de expediente disciplinario NUM000, y en el Acuerdo de apertura de expediente disciplinario NUM001, en la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 y en la Resolución del expediente disciplinario NUM001.

Las únicas comunicaciones que constan en el expediente son los dos burofaxes aportados por la denunciante, señalándose en el propio acuerdo de apertura del Expediente Disciplinario NUM001, fundamento jurídico tercero, que si se calificasen como muy graves no habrían prescrito las infracciones, pero si se calificasen como graves, las infracciones derivadas de los mismos ya habrían prescrito, siendo de aplicación la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima.

Ninguna documentación se ha aportado que justifique la existencia de tercera comunicación y se ha aclarado en las alegaciones efectuadas que las comunicaciones habían sido dos, las aportadas por la denunciante y que en definitiva constan en las actuaciones, respecto de los que los propios órgano instructor y resolutor han apreciado prescripción.

En el presente caso, el último burofax se envía en marzo de 2019, el primer expediente de averiguación resulta caducado, al igual que el primer expediente sancionador, por causas no imputables a la sancionada, y no es hasta el 4 de junio de 2021 que se noticia la resolución sancionadora datada en la misma fecha.

Así mismo, la sentencia impugnada sostiene que la conducta es continuada, sin embargo los burofaxes son actos independientes, separados por meses y sin plan preconcebido.

5º.- Error en la valoración de la prueba: inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico: inaplicación en la sentencia recurrida de los principios inspiradores del orden penal al derecho administrativo sancionador: vulneración de los principios de presunción de inocencia, de culpabilidad y de tipicidad.

Aunque la sentencia afirma que la letrada recurrente "pese a que era conocedora que Doña. Estibaliz estaba representada por Letrado, estableció contacto directo y personal con la misma. remitiendo a ésta los referidos burofaxes", la documentación que consta en las actuaciones no puede derivarse en modo alguno tal conclusión, toda vez que mi mandante ha sostenido desde el inicio del procedimiento que la asistencia letrada que le constaba de Doña Estibaliz se circunscribía a procedimientos penales específicos. Los burofaxes, por el contrario, versaban sobre materias radicalmente distintas y autónomas: la liquidación de un condominio, el reparto de deudas post-divorcio y otras reclamaciones patrimoniales. Estas cuestiones, de naturaleza puramente civil, exigían la incoación de procedimientos declarativos nuevos para los cuales no existía, ni se ha acreditado, una encomienda profesional preexistente. La juzgadora de instancia da por sentada una representación omnicomprensiva y universal que es ajena a la práctica forense. No se ha acreditado en el presente procedimiento que existiese tal representación en la fecha y en relación con las cuestiones trasladadas en los burofaxes remitidos.

Se desconocía por la letrada sancionada la existencia de representación o asistencia por otro Abogado de la parte contraria para las cuestiones patrimoniales de la ex pareja, cuestiones que nunca llegaron a judicializarse por solventarse de forma extrajudicial en aras a los intentos de negociación antes de llegar al Juzgado - actuales MASC - que tuvieron resultado favorable. No existiendo letrado designado no cabría recabar tal autorización y no se ha acreditado su intervención.

Así mismo, para el supuesto de que Doña Estibaliz estuviera representada o asistida por abogado, se está presumiendo por la administración, y por la juzgadora de instancia, la falta de autorización para la comunicación, cuando el precepto no establece que la misma sea previa o posterior a la comunicación y tampoco se ha practicado prueba en este sentido.

La prohibición de comunicación dictada en las diligencias penales afectaba exclusivamente a Don Constantino. La actuación de su letrada, como canal único y legítimo para formular reclamaciones patrimoniales evitando el quebrantamiento, no contraviene la orden y, al contrario, garantiza que el justiciable pueda ejercer sus derechos sin infringirla. Confundir al cliente con su letrado y extender los efectos de una medida penal a la actuación profesional de la abogada en un ámbito civil es una vulneración flagrante del derecho de defensa. No se ha acreditado en absoluto que la actuación de la letrada sancionada infrinja la prohibición de comunicaciones. La valoración de que las comunicaciones realizadas incumplen la orden de prohibición excede de la competencia del Colegio de Abogados y de la jurisdicción administrativa.

Constituye doctrina jurisprudencial consolidada la relativa a efectos del requerimiento previo a la acción de división de cosa común, entre otros en cuanto a la imposición de las costas a los demandados, cuando se pretende el cese de la situación de proindiviso, así como el requerimiento previo para la reclamación de cantidades en el ámbito civil, al margen de la sociedad de gananciales, extinguida ya por resolución dictada en el 2015, por lo que en el año 2020, habría ya una prescripción que precisaba interrupción.

Los bienes a los que se hace referencia en las comunicaciones remitidas, fueron adquiridos con posterioridad al divorcio de las partes, tras una inminente reconciliación, en la que tuvieron a bien constituir una comunidad de bienes.

Es evidente que los requerimientos efectuados no tendrían virtualidad alguna dirigidos a un letrado, cuando las comunicaciones entre los mismos son confidenciales, cuando se desconoce si continuaban ostentado la representación de la Sra. Estibaliz para esos nuevos asuntos a entablar, cuando se desconoce si van a ser designado en ese asunto particular y cuando es indiscutible que la comunicación ha de ser directa, personal y fehaciente - hasta la actual reforma por la Ley Orgánica 1/2025 -.

Así, el efecto que se pretendía obtener con los requerimientos previos a acudir a la vía jurisdiccional, habrían de dirigirse directamente a la persona respecto a la que se reclama, pretendiendo formalizar la reclamación previa a la vía judicial a iniciar, interrumpir la prescripción de una eventual deuda, el requerimiento, la comunicación habría de dirigirse a la Sra. Estibaliz como deudora, y no a su letrado.

En conclusión, la Administración no ha acreditado ninguno de los elementos constitutivos de la infracción del art. 14 CD, puesto que:

1.- No consta conocimiento cierto de la asistencia letrada de la destinataria en los asuntos objeto de los burofaxes.

2.- La finalidad del requerimiento era legítima, necesaria para preservar los derechos del patrocinado y exenta de prohibición.

3.- Falta prueba incriminatoria mínima; se invirtió la carga de la prueba vulnerando el art. 24.2 CE .

6º. Error en la valoración de la proporcionalidad y graduación de la sanción. Vulneración del art. 29 de la Ley 40/2015.

La sentencia no valora que no existió dolo ni intencionalidad de vulnerar la norma. La actuación de mi mandante fue instrumental, motivada por la necesidad de defender los intereses de su cliente ante la falta de otros cauces de comunicación efectivos. Su voluntad se ceñía a cumplir con un deber profesional.

Se insiste en la falta de autorización de su defensa, cuando se ha razonado que no existía tal representación.

Se habla de "persistencia infractora" como si de una conducta reiterada y contumaz se tratase. Sin embargo, se enviaron en un lapso de tiempo considerable y versaban sobre cuestiones distintas y progresivas, lo que evidencia un intento de solucionar extrajudicialmente diversos conflictos en los que de hecho se alcanzó acuerdo, y no una persistencia en una conducta infractora.

Refiere la resolución impugnada que las comunicaciones se dirigían "a una persona especialmente vulnerable".Siendo loable la sensibilización y apoyo social respecto de las víctimas de violencia de género, esta circunstancia no se contempla como agravante en la norma habilitante.

Al eliminar esta agravante indebidamente aplicada y ponderar correctamente la ausencia de dolo y de perjuicio, la conducta, en el hipotético y negado caso de ser considerada infracción, jamás podría merecer una sanción de suspensión, sino, a lo sumo, una amonestación privada, como prevé el artículo 86 del EGAE para infracciones leves, o una sanción pecuniaria de multa. La sanción de 30 días de suspensión es, por tanto, arbitraria y desproporcionada.

7º.- Omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa más favorable.

SEGUNDO: Sobre la oposición al recurso de apelación.

La representación procesal del CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, defendiendo la competencia del ICA de A Coruña, y alegando que tras la caducidad las actuaciones válidas fueron incorporadas al nuevo procedimiento, que la apelante dispuso de trámite de alegaciones y prueba suficiente, siendo la denegación de prueba motivada. La infracción es grave, prescribe a los dos años y el último burofax es de fecha 26-3-2019, siendo incoado el expediente NUM001 el 16/12/2020, antes del cumplimiento del plazo, por lo que no hay prescripción.

En cuanto a la infracción cometida, quedó acreditado que la apelante remitió tres burofaxes directamente a la expareja de su cliente, sabiendo que estaba representada por abogado, lo que vulnera el art. 14 del Código deontológico de 2002, vigente en el momento de los hechos. El hecho de no recibir respuesta de uno de los letrados no supone autorización ni renuncia a la defensa. Además, la destinataria tenía orden de protección vigente y de la lectura de las cartas se aprecia su carácter conminatorio, lo que agrava la conducta. La calificación como infracción grave es correcta según el art. 85 a) del Estatuto General de la Abogacía, incluso generosa, por las circunstancias especiales del caso, en que existe prohibición de comunicación entre el cliente de la letrada y la denunciante, víctima de violencia de género. La sanción es conforme al art. 87.2 del EGAE.

La representación procesal del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el que en síntesis:

1º.- Se defiende la competencia territorial del Colegio (como lugar de recepción de los burofaxes e invocando la teoría de la ubicuidad).

2º.-En cuanto a la segunda alegación del recurso, se alega que en la resolución declarando la caducidad de la Información Previa NUM002 y del Expediente Disciplinario del NUM000 se procedió de conformidad con lo establecido en el art. 95 de la LPAC, incorporándose, en ambos casos, todo lo actuado al expediente NUM001.

La información previa no forma parte del procedimiento, la apertura del expediente le fue notificada en tiempo y forma, que tuvo oportunidad de efectuar las alegaciones -presentó cinco escritos de alegaciones- que tuvo por conveniente, como así hizo, aportar documentos, tomar vista del expediente y proponer pruebas en todos los trámites previstos, sin que, en modo alguno, pueda apreciarse indefensión.

La Instructora motivó con amplitud el rechazo de la prueba propuesta, su innecesaridad y manifiesta impertinencia en resolución de 03/05/2021.

A tal efecto, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Además, agravando su actuación, la propia letrada reconoce y aporta pruebas de que la Sra. Estibaliz es una víctima de violencia contra la mujer, habiéndose dictado un auto de 15/06/2018 que prohibía al investigado comunicar con ella por cualquier medio, mientras dure la tramitación del procedimiento o no se disponga lo contrario. Pues bien, a pesar de esto se dirige a la víctima, en nombre de su cliente, desoyendo la prohibición judicial y sin autorización de su defensa. No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación.

En definitiva, la prueba propuesta, rechazada por resolución de las sucesivas Instructoras de 03/05/2021 (páginas 75 y ss.) y 30/05/20 (páginas 219 y ss.), era impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación.

A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructor es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno.

3º.-El cambio de calificación es una posibilidad expresamente prevista en el artículo 16.4 del RPD-2009, por tanto, es perfectamente conforme a Derecho, y no vulnera en modo alguno el procedimiento legalmente establecido que dicha modificación se produzca en un expediente posterior. En este expediente posterior, además, no solo no se modifican los hechos, sino que se ofrece una nueva posibilidad de audiencia, alegaciones y proposición de prueba al expedientado lo que evita cualquier tipo de indefensión. Además, hay que recordar que la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave, de modo que carece de sentido toda la alegación sobre reformatio in peius.

4º.- En cuanto a la prescripción, cuando este Colegio ejercita la potestad disciplinaria, la normativa de aplicación es la siguiente: los Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña -en el momento de inicio del expediente era los EC-2002- y, con carácter supletorio, el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico, el Reglamento de Procedimiento disciplinario, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de febrero de 2009 (RPD-2009) y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los Estatutos Colegiales de 2002 estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

En el presente caso la sanción impuesta es grave, de treinta días de suspensión, siendo el mínimo de un día y el máximo de tres meses, mientras que en los EC-2023 la sanción mínima sería de 16 días y el máximo de un año (art. 47.2), de modo que sus disposiciones no son más favorables. Por otro lado, la regulación de la prescripción es la misma en ambos casos.

Así pues, siguen resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

La notificación (15/04/2019, página 8) de la información previa ( NUM002) interrumpió la prescripción, volviendo a correr por entero a los tres meses, es decir, el 15/07/2019 (art. 99 EC-2002 y 91.2 EGAE) , además hay que sumar la suspensión de plazos y derechos derivada de la pandemia desde el 14/03/2020 hasta el 04/06/20, de modo que cuando se notificó a la Sra. Maribel la apertura del expediente ED NUM001 (26/01/2021 por correo electrónico y 02/02/2021 por correo certificado notificación administrativa, páginas 161 y ss.), en ningún caso habían transcurrido los dos años de prescripción de las infracciones graves (art. 99 EC-2002 y 91 EGAE-2001). Volviéndose a interrumpir la prescripción con esa notificación.

A mayor abundamiento, se trata de una infracción continuada, al tratarse de una pluralidad de infracciones (tres burofaxes), que se prolongan en el tiempo (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), aprovechando una ocasión semejante (dirigidos a la víctima y por la misma litis) y afectando a los mismos preceptos prohibitivos, comenzando a correr el plazo de prescripción, por mor del inciso final del artículo 30.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, desde que finalizó la actuación infractora, es decir, el 26/03/2019.

El transcurso del plazo para resolver los recursos administrativos no afecta a la prescripción de la infracción ni a la de la sanción.

5º.- En cuanto a la infracción cometida, se ha practicado prueba suficiente para acreditar que se ha vulnerado la prohibición establecida en los artículo 43 del EGAE y 14 del CD-2002 (13 CD-2019), dado que consta la remisión por la letrada de tres burofaxes a la parte contraria, víctima de violencia de género, sin autorización de su defensa e incumpliendo la prohibición judicial, como se desprende con nitidez y sin asomo de duda de las alegaciones de la letrada y de la documentación que adjunta.

No puede eximir la responsabilidad el hecho de que la letrada afirme que se trataba da asuntos distintos o independientes, dado que las pruebas acreditan lo contrario, pues derivan del episodio de violencia y del litigio matrimonial subsiguiente (como se constata con las resoluciones aportadas por la propia letrada, dictadas todas ellas por el Juzgado de Violencia contra la mujer). La letrada debió confirmar que, en su caso, la denunciante no tenía defensa y, por último, pedir permiso o un cauce de comunicación al Juzgado que había prohibido la comunicación.

Tampoco es admisible la alegación de que la denunciante no tenía abogado, dado que la propia letrada admite que tuvo cuatro, que se dirigió a ellos, que los conocía y, lo que ya resulta definitivo, aporta una sentencia de 21/11/2019, posterior a la fecha de los burofaxes (páginas 209 y ss. del expediente administrativo), donde precisamente consta como letrado de la defensa el Sr. Roberto.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la persona a la que remitió los burofaxes, el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas, precepto que hace decaer tal alegación.

El tipo infractor exige únicamente tres requisitos: a) ser abogado defensor de una parte en conflicto, sin que sea necesario que el asunto se esté ventilando en sede judicial; b) ponerse en contacto directo con la parte adversa, y c) hacerlo a sabiendas que tiene, y viene siendo asistida por un abogado, sin haber obtenido previamente su autorización expresa.

En el caso concreto se cumplen los tres requisitos, es abogada de una parte, se dirige directa y personalmente a la otra, y tenía constancia de que venía siendo asistida por distintos letrados, sin que, en ningún caso, alegue o manifieste que dichos letrados habrían rechazado tal encomienda profesional. Es más, en el caso del Sr. Roberto, de la falta de respuesta no cabe inferir que no defiende a su clienta, que ha rechazado el asunto, o que autoriza el contacto.

6º.- En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias.

7º.- En cuanto a la alegada omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa, alega que resultan de aplicación los EC-2002, que estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que fueron aprobados por Orden de 24 de mayo de 2023, publicada en el DOGA de 19 de junio. Vistas sus disposiciones derogatoria, final y artículos 57 y 54.10, sigue resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

A mayor abundamiento, aunque cupiese la aplicación de sanción alternativa de multa conforme al artículo 48 de los EC-2023 (DOGA 19/06/2023), sería preciso «petición expresa del sancionado»y, lógicamente, que no se recurra, es decir, aquietarse a su imposición.

TERCERO: Sobre la competencia territorial del Colegio de Abogados de A Coruña. Juicio de la Sala.

La infracción, materializada por la letrada recurrente con el envío, en representación de su cliente, de tres burofaxes a la parte contraria, se materializa con la recepción de los mismos por su destinataria, la cual se produce en el ámbito de competencia territorial del Colegio que instruyó y resolvió el expediente disciplinario, por lo que no se aprecia que exista vicio de falta de competencia, sin que el colegio de pertenencia de la demandante o el lugar de envío de los burofaxes desvirtúe que la infracción se consuma en A Coruña, desplegando sus efectos en dicho ámbito territorial.

En todo caso, el Colegio de Abogados de A Coruña, ya desde la vía administrativa, y en este procedimiento judicial defiende su competencia recordando que "el Art. 17.4 del EGAE asume el criterio de ubicuidad, sostenido por Autos del Tribunal Supremo de 11/01/08 ; 04/11/05 ; 29/05/08 , entre otros, para los casos en comunicaciones por Internet o postales, donde la dilucidación de posibles responsabilidades por presunta infracción penal, será competencia del lugar del domicilio del ofendido y lugar donde se perciben las ofensas".

En consecuencia, no se aprecia vicio por falta de competencia territorial del Colegio que instruye y resuelve el expediente, al consumarse la infracción en su ámbito territorial.

CUARTO: Sobre la vulneración de los arts. 95 LPAC , 7 y 11 del Reglamento de procedimiento disciplinario y del derecho de defensa, por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001.

Por lo que se refiere al expediente NUM000, el mismo finalizó con acto declarando su caducidad y se acordó en consecuencia su archivo, "con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPAC , Ley 39/2015, de 1 de octubre, en especial su apartado 3, al no haber prescrito la acción sancionadora", por lo que debe centrarse el examen del alegato en los trámites del procedimiento NUM001.

No hay omisión de ningún trámite preceptivo, puesto que consta nuevo acuerdo de incoación del nuevo expediente disciplinario, tras la declaración de caducidad del anterior, con nombramiento de instructor y secretario, notificación al denunciante y denunciado, la concesión de trámite de alegaciones, la presentación de alegaciones por la Sra. Maribel, al que sigue un acuerdo motivado sobre el periodo de prueba, notificado a la interesada, la propuesta de resolución, su notificación a la interesada, la presentación de nuevas alegaciones por parte de ésta, y finalmente la resolución del expediente disciplinario.

La aquí recurrente había solicitado como prueba, además de la documental aportada, lo siguiente:

Se solicita autorización a la junta para la aportación del contenido de los emails remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo así mismo a dicho profesional para aportar las respuestas dadas en dicho periodo y ello en virtud del artículo 5.3 del Código Deontológico que establece que: "E/ abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente /as cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo", prescribiendo el Artículo 34 del Estatuto General de la Abogacía Española, que son deberes de los colegiados:(...)"

Esta proposición probatoria está motivadamente denegada, en lo que se refiere a la autorización solicitada, en acuerdo expreso del instructor del expediente, en el que se razona:

"En el escrito de alegaciones de 10 de febrero de 2021, la letrada solicita como MAS DOCUMENTAL (pág. 16) autorización de la Junta para aportar el contenido de los correos electrónicos remitidos al letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo a tos profesionales para aportar las respuestas dadas en dicho período.

No se considera necesaria la prueba propuesta para el objeto del expediente, en el que únicamente se habrá de valorar el eventual reproche deontológico que proceda atribuir a la letrada por la comunicación realizada a la parte contraria personal y directamente. Se tienen por realizadas las alegaciones y explicaciones realizadas por la denunciada, y no se cuestiona que efectivamente se haya podido comunicar vía email con el letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019 y que hayan existido comunicaciones entre ambas en relación con los procedimientos en curso, e incluso, con las cuestiones contractuales y patrimoniales objeto de comunicación personal a la contraria, sin que resulte necesario desplegar prueba adicional alguna.

En todo caso, a mayor abundamiento de ser reputadas como impertinentes, a la vista del artículo 11. 1 del RPD, cabe señalar que estos medios concretos de prueba no se han propuesto con expresión de los "puntos de hecho o extremos que pretenda acreditar."

Debe concluirse que la denegación de la prueba está motivada y no se genera indefensión, porque no se niega el hecho que se pretendía acreditar, explicando la irrelevancia del mismo, por lo que no era una prueba necesaria. El núcleo de la discrepancia entre la letrada sancionada y el Colegio no es de índole fáctica, sino jurídica, en relación al carácter permitido o prohibido, conforme a los deberes deontológicos, de la conducta de la recurrente, no existiendo duda fáctica en relación con el hecho mismo de que la letrada sancionada haya enviado tres burofaxes a la Sra. Estibaliz, que era la parte contraria al cliente al que ella defendía. En todo caso, al margen de las comunicaciones previas al letrado de la parte contraria, su envío, no negado por el Colegio, no afecta a la prueba del hecho constitutivo de infracción, y aunque se diera por cierto lo alegado respecto al envío de dichas comunicaciones, ello no representa la ausencia de infracción, sino que confirma el conocimiento de la existencia de letrado de la parte contraria, sin que la ausencia de respuesta a esas comunicaciones equivalga a una renuncia a la representación por parte del letrado/os de la parte contraria.

Por lo demás, lo relevante a los efectos del tipo infractor aplicado es la designación de letrado a la parte contraria, y en la resolución disciplinaria se motiva que:

"De tal manera, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo)."

En consecuencia, no se le ha privado a la letrada aquí apelante de ningún medio de prueba relevante para su defensa, ni ha habido tramitación irregular del expediente, debiendo recordarse que con arreglo al art. 95 LPAC:

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

En este caso se declaró la caducidad del anterior expediente disciplinario, se incoó uno nuevo y se cumplimentaron todos los trámites, disponiendo la interesada del trámite inicial de alegaciones y del posterior a la propuesta de resolución, de los que hizo uso, por lo que no se vulneró su derecho de defensa, que no alcanza a la práctica de medios de prueba con carácter ilimitado, cuando no se satisface el criterio de pertinencia y necesidad, y se proponen para acreditar circunstancias que no desvirtúan los hechos por los que se le sanciona.

No se basa la sanción en la falta de acreditación de los hechos que se pretendían probar, sino en su falta de relevancia, al razonar el Colegio (en relación a las comunicaciones dirigidas por la letrada en representación de su cliente a la parte contraria, víctima de violencia de género y amparada por una orden de protección que prohibía al cliente de la letrada sancionada comunicar con la víctima por cualquier medio), respecto al envío de esos burofaxes directamente a la Sra. Estibaliz, que:

"No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación".

Este es el motivo por el que se valoró en la instrucción del expediente y ahora se reitera por el Colegio, que la prueba propuesta era "impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación. Además, esa prueba tan sólo corroboraría más, si cabe, que la letrada obvió la existencia de defensa a la hora de comunicarse con la parte contraria".

A lo que se añade por parte de la defensa del Colegio de Abogados de A Coruña:

"A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto a ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructora es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno. No cabe, en definitiva, proponer como prueba que se inicie un procedimiento de autorización ajeno al procedimiento disciplinario y para el que la Instructora no es competente, y que, por lo demás, es innecesaria".

Por todo lo expuesto, no se aprecia que la recurrente haya perdido ninguna oportunidad probatoria relevante para acreditar ningún hecho que le pudiera resultar de utilidad en su defensa, y tampoco la sanción se basa en un hecho que la recurrente hubiera intentado desvirtuar, sino en hecho admitidos, como son el envío de los burofaxes a la Sra. Estibaliz, sin perjuicio de la discrepancia entre las partes sobre la relevancia típica de dicho envío, a los efectos del tipo infractor aplicado, sin que en ese juicio jurídico se haya visto perjudicada la recurrente por la prueba no practicada, al no negar el Colegio el envío de comunicaciones por la letrada sancionada al letrado de la defensa de la parte contraria, ni tampoco que dichas comunicaciones no hubieran tenido respuesta por parte del mismo.

En consecuencia, no se vulneró el derecho de defensa de la recurrente, ni se omitió ningún trámite, debiendo recordarse que conforme al art. 77.3 de la LPAC 39/2015, el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada, lo cual se respeta en este caso.

QUINTO: Sobre el cambio de calificación de la infracción.

No hay cambio de calificación "in malam partem", ni vulneración del art. 16.4 del Reglamento del procedimiento disciplinario ni del art. 90.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La resolución disciplinaria, que es el acto recurrido, y el que pone fin al expediente disciplinario, generando efectos para la recurrente, no agrava la calificación respecto a la información previa o al anterior expediente disciplinario. Esa agravación se contenía en el acuerdo de incoación del segundo expediente disciplinario, el cual no tiene por qué estar vinculado por la calificación realizada en la tramitación de un anterior expediente por los mismos hechos, teniendo en cuenta que tras dicho acto de incoación la recurrente dispone de trámite de audiencia, para defenderse frente a esa nueva calificación jurídica de los hechos ya valorados en un expediente anterior que se declaró caducado. Siendo la sanción finalmente impuesta por infracción grave, y no muy grave como se calificaba indiciariamente en el acuerdo de incoación, es obvio que no se vulnera la reformatio in peius, puesto que no se ha empeorado la posición del interesado como consecuencia de ningún recurso, antes al contrario, tras la incoación por infracción muy grave, al final se ha impuesto sanción de acuerdo a una calificación jurídica más favorable, coincidente con la ya indicada en anterior expediente disciplinario tramitado por los mismos hechos NUM000.

En cuanto a las circunstancias alegadas respecto a la solicitud de ejecución de la sanción, son ajenas al juicio de validez del acto, y afectan tan solo a su eficacia, por lo que son irrelevantes en orden a determinar la concurrencia de causa de nulidad o anulabilidad en la resolución disciplinaria, afectando tan solo a la concreción temporal del momento de cumplimiento de la sanción, y ni esas circunstancias ni el contenido del acuerdo de incoación pueden ser base para un alegato sobre la existencia de incongruencia o desviación de poder, que no se aprecia que concurran, visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario y los hechos en que se basa.

SEXTO: Sobre la prescripción.

Visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario, es evidente que en la misma se valora la remisión no de dos, sino de tres burofaxes, reseñando en el folio 327 y 328 del expediente, al tratar del tema de la prescripción, lo siguiente:

A mayor abundamiento, ha de calificarse la remisión de los tres burofaxes como una infracción continuada (...), Podemos determinar que se trata de una infracción continuada o permanente ya que se cumplen los requisitos detallados. El sujeto es en los tres casos la misma letrada, el ánimo es análogo, -comunicación de cuestiones de naturaleza patrimonial y contractual como requerimiento fehaciente a la contraparte-, y el precepto vulnerado es también el mismo: artículo 14 C.D.

En estos supuestos, el artículo 30.2 de la Ley 40/2015 se refiere a las infracciones continuadas o permanentes y establece un único criterio para determinar el comienzo del plazo de prescripción: "el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora".

En otro pasaje de la resolución del expediente disciplinario, en la página 331, se dice:

"...el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo).

Y en la página 334 del expediente, como contenido también de la resolución del expediente disciplinario, se dice:

"En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias".

En todo caso, el envío de tres burofaxes a la denunciante, el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, es un hecho alegado por la propia interesada, que pone de manifiesto que la conducta por la que se sanciona a la recurrente no finaliza hasta el 26 de marzo de 2019.

Basta remitirse a la literalidad del escrito de alegaciones de la propia letrada aquí apelante, en el que se hace referencia específica al burofax enviado el 26 de marzo de 2019 (por ejemplo, en el folio 183 y 184).

Por lo demás, ya en la propuesta de resolución del expediente NUM001 se valoraba el envío de tres burofaxes, se especificaba que "En el caso concreto los hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019 fecha de remisión de los burofaxes por la letrada a la parte contraria, y la notificación del acuerdo de ED NUM001 se produce el 28/1/2021" y se calificaba el mismo como infracción continuada, y siendo un extremo alegado por la propia interesada, es claro que no se vulnera el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados.

En definitiva, aunque no se otorgue efecto interruptivo a la notificación de la incoación de la información previa NUM002, por haberse declarado caducado dicho procedimiento (lo que impide que surta efectos interruptivos de la prescripción, ex art. 95 LPAC) , lo cierto es que está acreditado en las actuaciones, y admitido por la recurrente, que envió no dos, sino tres burofaxes, y el último fue el 26 de marzo de 2019, siendo un extremo fáctico que resulta de sus propias alegaciones y que la resolución del expediente disciplinario no podía desconocer ni ignorar, debiendo computarse el plazo de prescripción desde el último hecho que se integra en el tipo infractor, y desde el mismo no ha transcurrido el plazo de dos años hasta la notificación de la incoación del expediente disciplinario.

El 26 de enero de 2021, se produce la notificación del acuerdo de apertura expediente disciplinario NUM001, por tanto, antes del transcurso de dos años desde la finalización de la conducta infractora, de carácter continuado, cómputo en el que además habría que descontar los días correspondientes a la suspensión de plazos derivada del RD 463/2020 que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que determinó la suspensión de plazos de los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (D.A. 3ª) y además se dispuso expresamente que:

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Tras varias prórrogas, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispuso en su art. 9:

"Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas."

Y en su artículo 10:

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

En todo caso, aún sin necesidad de tener en cuenta los días de suspensión de plazos derivados de dichos Reales Decretos, lo cierto es que no transcurrieron dos años desde la finalización de la conducta infractora por la que se sanciona a la recurrente.

La notificación de la incoación del expediente interrumpe el plazo de prescripción, no procediendo continuar el cómputo de forma ininterrumpida hasta la resolución disciplinaria de 4 de junio de 2021 o hasta la notificación de la resolución del recurso de alzada en fecha 21 de junio de 2023, la cual no afecta a la prescripción de la infracción, sin perjuicio de que, conforme al art. 30.3 LPAC, "En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso".

En este caso, se interpuso el recurso de alzada en fecha 2-7-2021, y se resuelve por acuerdo del Consello da Avogacía Galega de fecha 13 de junio de 2023.

El plazo de tres meses para la resolución del recurso de alzada venció el 2-10-2021, y antes del transcurso de dos años, se resolvió el recurso de alzada y se notificó a la interesada, en junio de 2023, sin que además pudiese considerarse prescrita la sanción, cuando la interesada lejos de solicitar que se declarase prescrita la sanción, solicitó el cumplimiento de la misma una vez se le notificó la resolución del recurso de alzada.

SÉPTIMO: Sobre el error en la valoración de la prueba y la alegada inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico .

Dice el art. 14 del Código Deontológico-2002 :

«Artículo 14.- Relaciones con la parte contraria:

1. El Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con éste la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente.

2. Cuando la parte contraria no disponga de abogado, deberá recomendarle que designe uno. Y si a pesar de ello, insistiera en su decisión de no tener Abogado propio, el interviniente deberá evitar toda clase de abuso».

En este caso es un hecho admitido que la letrada recurrente envió tres burofaxes directamente a la parte contraria, resultando que en fecha posterior al envío del último de los burofaxes se dicta sentencia, en fecha 21/11/2019, aportada en el expediente por la propia letrada aquí apelante, dictada en pleito civil de modificación de medidas, en el que la parte demandada es la Sra. Estibaliz, defendida por el Letrado Sr. Roberto. Y consta en dicha sentencia que ya desde fecha anterior al 21 de diciembre de 2018 la Sra. Estibaliz estaba personada en las actuaciones, figurando como letrado el Sr. Roberto.

En consecuencia, no se puede considerar que la Sra. Estibaliz careciera de abogado, y de hecho la propia letrada aquí recurrente en sus alegaciones hacía referencia al contenido de los emails "remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019", habiendo solicitado como prueba autorización para su aportación y para requerir al profesional referido para que aportase las respuestas, prueba innecesaria puesto que el Colegio no ha negado el envío de esos correos electrónicos al letrado de Doña Estibaliz, que lo que ponen de manifiesto es que la letrada recurrente conocía la existencia de esa defensa letrada de la parte contraria. De hecho, en sus alegaciones la Letrada aquí apelante manifestaba que:

"Desde la intervención de la Letrada Sra. Maribel, han asistido a la Sra. Estibaliz, dos letrados de forma sucesiva en las diligencias urgentes y en las posterior modificación de medidas, el primero, designado en virtud del beneficio de asistencia jurídica gratuita concedida a la Sra. Estibaliz respecto del procedimiento penal, y un segundo que le sustituyó en el procedimiento penal, articulando la oposición en el procedimiento de modificación de medidas instado por esta parte, para finalmente Don Roberto, letrado de libre designación nombrado por la Sra. Estibaliz, personarse en el referido procedimiento penal en el que eran parte la misma y mi representado.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la parte contraria, el Colegio de Abogados aducía que el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas. Por ello se justifica la desestimación de dicha alegación. La dicción actualmente vigente del art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica, que ha experimentado varias reformas desde la tramitación del expediente disciplinario, en su apartado h), establece que "Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas", lo que se corresponde con la versión anterior del apartado g) vigente cuando se produjeron los hechos y se tramitó el expediente.

Por lo demás, el hecho de no haber recibido respuesta no equivale a una renuncia a la defensa letrada o revocación de la defensa letrada por parte de Doña Estibaliz. Y en cuanto al hecho alegado por la apelante, ya desde el expediente, de que "el contenido de las comunicaciones remitidas a Estibaliz se refieren a cuestiones relativas a extinción de condominio liquidación de gananciales, reintegro compensaciones patrimoniales..., que ninguna relación guardan con que mi cliente tenga que abonar una determinada cantidad en concepto de alimentos, o aún en el concepto más amplio de cargas del matrimonio", no justifica el envío de los escritos de carácter conminatorio a la parte contraria, después de las comunicaciones mantenidas con su letrado, sin que constase autorización expresa del mismo para ese contacto personal, máxime cuando la parte contraria era la expareja del cliente de la letrada aquí apelante, tenía condición de víctima de violencia de género y se había establecido una prohibición de comunicación al cliente de la letrada aquí apelante por cualquier medio con su expareja.

El derecho de defensa no ampara la conducta de la letrada apelante, ya que el ejercicio de ese derecho debe ser siempre respetuoso de las normas deontológicas, y en este caso se ponen de manifiesto por el Colegio de Abogados la existencia de otras posibilidades de defensa sin incurrir en vulneración de las previsiones deontológicas (por ejemplo, la conciliación prevista en la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la solicitud de autorización expresa al letrado para comunicarse con su clienta).No consta la autorización del letrado de la parte contraria para efectuar entablar contacto directo con su clienta, solo se alega la ausencia de respuesta de dicho letrado, no consta la renuncia o el rechazo del letrado de la parte contraria a continuar con la defensa de la misma y tampoco alega la letrada recurrente que hubiera instado del juzgado un permiso o el establecimiento de un cauce de comunicación con la parte contraria, a pesar de la constancia de que sobre el cliente de la letrada aquí apelante pesaba una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la persona a la que la letrada remitió las comunicaciones de carácter conminatorio. Constando que la parte contraria contaba con defensa letrada, no cabe que la letrada recurrente interprete unilateralmente el ámbito de dicha actuación, presuponiendo que la misma no abarca las cuestiones a las que se refería en sus burofaxes posteriores dirigidos directamente a la Sra. Estibaliz, puesto que de hecho alegaba haberse dirigido en primer lugar al letrado de la Sra. Estibaliz, y ante el silencio del mismo no podía considerarse legitimada para una comunicación directa con la Sra. Estibaliz, máxime en atención a la especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba y la restricción de comunicaciones con ella que pesaba sobre el cliente de la letrada aquí apelante, en cuya defensa actuaba.

OCTAVO: Sobre la proporcionalidad y la graduación de la sanción.

No cabe apreciar vulnerado el principio de proporcionalidad con una sanción de suspensión de 30 días, por cuanto el arco sancionador permitía imponer una sanción por plazo de hasta tres meses, y se motiva la concurrencia de "una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias."

Teniendo en cuenta los elementos de graduación valorables con arreglo al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), se debe considerar justificada la sanción impuesta, sin que pueda reputarse proporcionada una sanción de menor gravedad, por cuanto se trata de una infracción continuada, por lo que se debe valorar, a efectos de la graduación, la continuidad o persistencia de la conducta infractora; y además el expediente se inicia a raíz de un escrito de queja presentado por la parte contraria, que recibió las comunicaciones de la letrada, en el que se expone que se siente "acosada por la abogada de su ex marido ya que la Letrada Maribel se está comunicando cuando yo tengo representante legal (para generarme angustia y desasosiego) y puesto que se está comunicando a través de ella mi ex pareja (investigado por violencia de género), no pudiendo hacerlo ya que hay una sentencia que dice que no puede comunicarse a través de terceros y a través de cualquier medio (siendo la abogada uno de ellos)."

Conforme al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) también hay que valorar la naturaleza de los perjuicios causados, y por lo expuesto, vistas las circunstancias del caso, y la condición de la persona receptora de las comunicaciones, no estamos ante una infracción meramente formal, sino ante una infracción de la que se derivan materialmente perjuicios, en cuanto a la esfera personal de un tercero, por lo que sí concurren circunstancias de que justifican la sanción impuesta, que por lo demás tampoco se sitúa en el máximo del arco sancionador, ni siquiera en el tercio superior. No sería proporcionada a la gravedad de los hechos y su naturaleza ni una calificación jurídica de menor gravedad, ni una sanción inferior, por lo que las pretensiones relativas a la imposición de una sanción de menor gravedad deben ser desestimadas, confirmando también la sentencia en este extremo.

NOVENO: Sobre la opción de multa alternativa.

No hay omisión de pronunciamiento en relación a la opción de multa alternativa, prevista en los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña que entraron en vigor el 20 de junio de 2023 y que no han sido los aplicados al caso, sino los anteriores. Si se acude a la nueva regulación de dichos Estatutos de 2023, se aprecia que el arco sancionador en realidad es más gravoso, ya que tiene un mínimo de 15 días y un máximo de un año de suspensión del ejercicio de la Abogacía, por lo que no cabe apreciar que sea más favorable. En todo caso, la posibilidad prevista de multa de 1.001 a 10.000 euros no es más que una alternativa potestativa, prevista para el caso de que mediase petición expresa del sancionado, y en la toma de posición sobre dicha posibilidad alternativa el Colegio habría de tomar en consideración "la gravedad de los hechos y el principio de proporcionalidad y, para ello, siguiendo los siguientes criterios: a) Grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia."

De acuerdo con dichos criterios ya se ha expuesto la plena proporcionalidad de la sanción de suspensión, de 30 días, impuesta de acuerdo al régimen de los Estatutos de 2002; el nuevo régimen sancionador de los nuevos Estatutos no es más favorable, no hay petición del sancionado, que además ha recurrido la sanción, en vía administrativa y judicial, por lo que tampoco desde esta perspectiva hay motivo de revocación de la sentencia.

En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, no procediendo estimar ninguna de las pretensiones articuladas en dicho recurso.

DÉCIMO: Sobre las costas procesales.

La desestimación del recurso de apelación determina, conforme al art. 139 de la LJCA, la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo de 1.000 euros en total, por todos los conceptos y partes.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

La parte apelante fundamenta su recurso de apelación en los siguientes motivos:

1º.- Error en la valoración de la prueba y errónea aplicación del art. 17.4 del Estatuto General de la Abogacía Española en cuanto a la competencia del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

2º.- Vulneración de los arts. 95 LPAC y 11 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario y del derecho fundamental de defensa ( art. 24.2 CE) por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001. Omisión de trámites esenciales causantes de indefensión. Error en la valoración de motivación suficiente en cuanto a la denegación de prueba.

3º.- Cambio de calificación sancionadora "in malam partem", vulneración del art. 16.4 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, del art. 90.2 de la LPAC. Prohibición de reformatio in peius. Vulneración del principio de congruencia. Desviación de poder.

Tras la primera caducidad, el Colegio reinició el procedimiento con calificación más severa (muy grave) sobre los mismos hechos ya examinados, precisamente después de que la letrada hubiera ejercido activamente su derecho de alegación y prueba.

El acuerdo de apertura del Expediente NUM001 y la posterior resolución sancionadora invocan la condición de la denunciante como víctima de violencia de género para reforzar el reproche disciplinario, pese a que tal circunstancia no figura como agravante tipificada en la normativa estatutaria aplicable. La utilización de un factor extratípico exclusivamente al reabrir tras caducidad y para justificar el salto de grave a muy grave evidencia un fin distinto del previsto en la norma habilitante (protección objetiva deontológica) y, por tanto, desviación de poder ( art. 48.1 LPAC) .

Al margen de que "la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave" como arguye la juzgadora, se imponía la articulación de un trámite contradictorio reforzado (90.2 LPAC) y el órgano que adoptó el acuerdo no era el competente puesto que tal facultad le correspondería en su caso, al órgano competente para resolver y no al órgano instructor.

Como consecuencia de la Resolución de caducidad de la Información Previa NUM002 y con posterioridad de la Resolución de caducidad del Expediente disciplinario NUM000, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001.

En el Expediente Disciplinario NUM000 se había dictado una propuesta de resolución calificando los hechos como graves (infracción grave tipificada en el artículo 85.A del Estatuto General de la Abogacía, procediendo imponer la sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por Tiempo de un mes), y tras la segunda resolución de caducidad, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001, calificando en dicha resolución los hechos como "...una infracción muy grave prevista en el art. 84.c) del Estatuto general de la abogacía, por la vulneración del artículo 14 del Código Deontológico (...) Cabría así imponer a la letrada denunciada una sanción de la prevista en el art. 87.1.a) del Estatuto consistente en suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a tres meses sin exceder de dos años".

Se producía una variación de calificación ante la incoación del nuevo expediente disciplinario, cuando los hechos descritos y la documentación que constaba en las actuaciones, tanto en la información previa 28/19, como en el Expediente Disciplinario NUM000, eran exactamente los mismos que los valorados en el Expediente Disciplinario NUM001.

Consecuencia de las alegaciones precedentes procedería la anulabilidad del acuerdo de apertura de conformidad con el Artículo 48.1 de la LPAC.

La Letrada Sra. Maribel no solo no solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta, sino que solicitó expresamente su cumplimento, procedente conforme a la normativa vigente, procediendo nuevamente el ICA Coruña al denegar la solicitud, de manera arbitraria.

4º.- Prescripción de la infracción disciplinaria ( art. 91 EGAE, 30.2 Ley 40/2015 y 95.3 LPAC) y nulidad de la sanción impuesta.

Considera la Juzgadora que "En el presente caso, tratándose de una infracción continuada, el último de los burofaxes fue enviado en fecha 26/03/2019,de manera que, cuando se notifica la apertura del expediente disciplinario NUM001, el 26/01/2021 por correo electrónico y 2/02/2021 por correo certificado, no había transcurrido los dos años que establece el artículo 91 del Estatuto General de la Abogacía.

Se reconoce en el fundamento jurídico tercero de la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 que "Efectivamente tal y como establece el artículo 95.3 de la LPAC , los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción, por tanto, no podemos considerar a estos efectos la tramitación de la IP NUM002 y del ED NUM000 cuya caducidad fue declarada (Hechos 4º y 10º)".

Desde la Resolución de caducidad de información previa NUM002, antecedente de hecho primero, se hace referencia a dos Burofaxes del año 2018 de 22/03 y 16/07, ambos del año 2018, y así en la Propuesta de Resolución del Expediente disciplinario NUM000, y en la Resolución de expediente disciplinario NUM000, y en el Acuerdo de apertura de expediente disciplinario NUM001, en la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 y en la Resolución del expediente disciplinario NUM001.

Las únicas comunicaciones que constan en el expediente son los dos burofaxes aportados por la denunciante, señalándose en el propio acuerdo de apertura del Expediente Disciplinario NUM001, fundamento jurídico tercero, que si se calificasen como muy graves no habrían prescrito las infracciones, pero si se calificasen como graves, las infracciones derivadas de los mismos ya habrían prescrito, siendo de aplicación la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima.

Ninguna documentación se ha aportado que justifique la existencia de tercera comunicación y se ha aclarado en las alegaciones efectuadas que las comunicaciones habían sido dos, las aportadas por la denunciante y que en definitiva constan en las actuaciones, respecto de los que los propios órgano instructor y resolutor han apreciado prescripción.

En el presente caso, el último burofax se envía en marzo de 2019, el primer expediente de averiguación resulta caducado, al igual que el primer expediente sancionador, por causas no imputables a la sancionada, y no es hasta el 4 de junio de 2021 que se noticia la resolución sancionadora datada en la misma fecha.

Así mismo, la sentencia impugnada sostiene que la conducta es continuada, sin embargo los burofaxes son actos independientes, separados por meses y sin plan preconcebido.

5º.- Error en la valoración de la prueba: inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico: inaplicación en la sentencia recurrida de los principios inspiradores del orden penal al derecho administrativo sancionador: vulneración de los principios de presunción de inocencia, de culpabilidad y de tipicidad.

Aunque la sentencia afirma que la letrada recurrente "pese a que era conocedora que Doña. Estibaliz estaba representada por Letrado, estableció contacto directo y personal con la misma. remitiendo a ésta los referidos burofaxes", la documentación que consta en las actuaciones no puede derivarse en modo alguno tal conclusión, toda vez que mi mandante ha sostenido desde el inicio del procedimiento que la asistencia letrada que le constaba de Doña Estibaliz se circunscribía a procedimientos penales específicos. Los burofaxes, por el contrario, versaban sobre materias radicalmente distintas y autónomas: la liquidación de un condominio, el reparto de deudas post-divorcio y otras reclamaciones patrimoniales. Estas cuestiones, de naturaleza puramente civil, exigían la incoación de procedimientos declarativos nuevos para los cuales no existía, ni se ha acreditado, una encomienda profesional preexistente. La juzgadora de instancia da por sentada una representación omnicomprensiva y universal que es ajena a la práctica forense. No se ha acreditado en el presente procedimiento que existiese tal representación en la fecha y en relación con las cuestiones trasladadas en los burofaxes remitidos.

Se desconocía por la letrada sancionada la existencia de representación o asistencia por otro Abogado de la parte contraria para las cuestiones patrimoniales de la ex pareja, cuestiones que nunca llegaron a judicializarse por solventarse de forma extrajudicial en aras a los intentos de negociación antes de llegar al Juzgado - actuales MASC - que tuvieron resultado favorable. No existiendo letrado designado no cabría recabar tal autorización y no se ha acreditado su intervención.

Así mismo, para el supuesto de que Doña Estibaliz estuviera representada o asistida por abogado, se está presumiendo por la administración, y por la juzgadora de instancia, la falta de autorización para la comunicación, cuando el precepto no establece que la misma sea previa o posterior a la comunicación y tampoco se ha practicado prueba en este sentido.

La prohibición de comunicación dictada en las diligencias penales afectaba exclusivamente a Don Constantino. La actuación de su letrada, como canal único y legítimo para formular reclamaciones patrimoniales evitando el quebrantamiento, no contraviene la orden y, al contrario, garantiza que el justiciable pueda ejercer sus derechos sin infringirla. Confundir al cliente con su letrado y extender los efectos de una medida penal a la actuación profesional de la abogada en un ámbito civil es una vulneración flagrante del derecho de defensa. No se ha acreditado en absoluto que la actuación de la letrada sancionada infrinja la prohibición de comunicaciones. La valoración de que las comunicaciones realizadas incumplen la orden de prohibición excede de la competencia del Colegio de Abogados y de la jurisdicción administrativa.

Constituye doctrina jurisprudencial consolidada la relativa a efectos del requerimiento previo a la acción de división de cosa común, entre otros en cuanto a la imposición de las costas a los demandados, cuando se pretende el cese de la situación de proindiviso, así como el requerimiento previo para la reclamación de cantidades en el ámbito civil, al margen de la sociedad de gananciales, extinguida ya por resolución dictada en el 2015, por lo que en el año 2020, habría ya una prescripción que precisaba interrupción.

Los bienes a los que se hace referencia en las comunicaciones remitidas, fueron adquiridos con posterioridad al divorcio de las partes, tras una inminente reconciliación, en la que tuvieron a bien constituir una comunidad de bienes.

Es evidente que los requerimientos efectuados no tendrían virtualidad alguna dirigidos a un letrado, cuando las comunicaciones entre los mismos son confidenciales, cuando se desconoce si continuaban ostentado la representación de la Sra. Estibaliz para esos nuevos asuntos a entablar, cuando se desconoce si van a ser designado en ese asunto particular y cuando es indiscutible que la comunicación ha de ser directa, personal y fehaciente - hasta la actual reforma por la Ley Orgánica 1/2025 -.

Así, el efecto que se pretendía obtener con los requerimientos previos a acudir a la vía jurisdiccional, habrían de dirigirse directamente a la persona respecto a la que se reclama, pretendiendo formalizar la reclamación previa a la vía judicial a iniciar, interrumpir la prescripción de una eventual deuda, el requerimiento, la comunicación habría de dirigirse a la Sra. Estibaliz como deudora, y no a su letrado.

En conclusión, la Administración no ha acreditado ninguno de los elementos constitutivos de la infracción del art. 14 CD, puesto que:

1.- No consta conocimiento cierto de la asistencia letrada de la destinataria en los asuntos objeto de los burofaxes.

2.- La finalidad del requerimiento era legítima, necesaria para preservar los derechos del patrocinado y exenta de prohibición.

3.- Falta prueba incriminatoria mínima; se invirtió la carga de la prueba vulnerando el art. 24.2 CE .

6º. Error en la valoración de la proporcionalidad y graduación de la sanción. Vulneración del art. 29 de la Ley 40/2015.

La sentencia no valora que no existió dolo ni intencionalidad de vulnerar la norma. La actuación de mi mandante fue instrumental, motivada por la necesidad de defender los intereses de su cliente ante la falta de otros cauces de comunicación efectivos. Su voluntad se ceñía a cumplir con un deber profesional.

Se insiste en la falta de autorización de su defensa, cuando se ha razonado que no existía tal representación.

Se habla de "persistencia infractora" como si de una conducta reiterada y contumaz se tratase. Sin embargo, se enviaron en un lapso de tiempo considerable y versaban sobre cuestiones distintas y progresivas, lo que evidencia un intento de solucionar extrajudicialmente diversos conflictos en los que de hecho se alcanzó acuerdo, y no una persistencia en una conducta infractora.

Refiere la resolución impugnada que las comunicaciones se dirigían "a una persona especialmente vulnerable".Siendo loable la sensibilización y apoyo social respecto de las víctimas de violencia de género, esta circunstancia no se contempla como agravante en la norma habilitante.

Al eliminar esta agravante indebidamente aplicada y ponderar correctamente la ausencia de dolo y de perjuicio, la conducta, en el hipotético y negado caso de ser considerada infracción, jamás podría merecer una sanción de suspensión, sino, a lo sumo, una amonestación privada, como prevé el artículo 86 del EGAE para infracciones leves, o una sanción pecuniaria de multa. La sanción de 30 días de suspensión es, por tanto, arbitraria y desproporcionada.

7º.- Omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa más favorable.

SEGUNDO: Sobre la oposición al recurso de apelación.

La representación procesal del CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, defendiendo la competencia del ICA de A Coruña, y alegando que tras la caducidad las actuaciones válidas fueron incorporadas al nuevo procedimiento, que la apelante dispuso de trámite de alegaciones y prueba suficiente, siendo la denegación de prueba motivada. La infracción es grave, prescribe a los dos años y el último burofax es de fecha 26-3-2019, siendo incoado el expediente NUM001 el 16/12/2020, antes del cumplimiento del plazo, por lo que no hay prescripción.

En cuanto a la infracción cometida, quedó acreditado que la apelante remitió tres burofaxes directamente a la expareja de su cliente, sabiendo que estaba representada por abogado, lo que vulnera el art. 14 del Código deontológico de 2002, vigente en el momento de los hechos. El hecho de no recibir respuesta de uno de los letrados no supone autorización ni renuncia a la defensa. Además, la destinataria tenía orden de protección vigente y de la lectura de las cartas se aprecia su carácter conminatorio, lo que agrava la conducta. La calificación como infracción grave es correcta según el art. 85 a) del Estatuto General de la Abogacía, incluso generosa, por las circunstancias especiales del caso, en que existe prohibición de comunicación entre el cliente de la letrada y la denunciante, víctima de violencia de género. La sanción es conforme al art. 87.2 del EGAE.

La representación procesal del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el que en síntesis:

1º.- Se defiende la competencia territorial del Colegio (como lugar de recepción de los burofaxes e invocando la teoría de la ubicuidad).

2º.-En cuanto a la segunda alegación del recurso, se alega que en la resolución declarando la caducidad de la Información Previa NUM002 y del Expediente Disciplinario del NUM000 se procedió de conformidad con lo establecido en el art. 95 de la LPAC, incorporándose, en ambos casos, todo lo actuado al expediente NUM001.

La información previa no forma parte del procedimiento, la apertura del expediente le fue notificada en tiempo y forma, que tuvo oportunidad de efectuar las alegaciones -presentó cinco escritos de alegaciones- que tuvo por conveniente, como así hizo, aportar documentos, tomar vista del expediente y proponer pruebas en todos los trámites previstos, sin que, en modo alguno, pueda apreciarse indefensión.

La Instructora motivó con amplitud el rechazo de la prueba propuesta, su innecesaridad y manifiesta impertinencia en resolución de 03/05/2021.

A tal efecto, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Además, agravando su actuación, la propia letrada reconoce y aporta pruebas de que la Sra. Estibaliz es una víctima de violencia contra la mujer, habiéndose dictado un auto de 15/06/2018 que prohibía al investigado comunicar con ella por cualquier medio, mientras dure la tramitación del procedimiento o no se disponga lo contrario. Pues bien, a pesar de esto se dirige a la víctima, en nombre de su cliente, desoyendo la prohibición judicial y sin autorización de su defensa. No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación.

En definitiva, la prueba propuesta, rechazada por resolución de las sucesivas Instructoras de 03/05/2021 (páginas 75 y ss.) y 30/05/20 (páginas 219 y ss.), era impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación.

A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructor es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno.

3º.-El cambio de calificación es una posibilidad expresamente prevista en el artículo 16.4 del RPD-2009, por tanto, es perfectamente conforme a Derecho, y no vulnera en modo alguno el procedimiento legalmente establecido que dicha modificación se produzca en un expediente posterior. En este expediente posterior, además, no solo no se modifican los hechos, sino que se ofrece una nueva posibilidad de audiencia, alegaciones y proposición de prueba al expedientado lo que evita cualquier tipo de indefensión. Además, hay que recordar que la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave, de modo que carece de sentido toda la alegación sobre reformatio in peius.

4º.- En cuanto a la prescripción, cuando este Colegio ejercita la potestad disciplinaria, la normativa de aplicación es la siguiente: los Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña -en el momento de inicio del expediente era los EC-2002- y, con carácter supletorio, el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico, el Reglamento de Procedimiento disciplinario, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de febrero de 2009 (RPD-2009) y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los Estatutos Colegiales de 2002 estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

En el presente caso la sanción impuesta es grave, de treinta días de suspensión, siendo el mínimo de un día y el máximo de tres meses, mientras que en los EC-2023 la sanción mínima sería de 16 días y el máximo de un año (art. 47.2), de modo que sus disposiciones no son más favorables. Por otro lado, la regulación de la prescripción es la misma en ambos casos.

Así pues, siguen resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

La notificación (15/04/2019, página 8) de la información previa ( NUM002) interrumpió la prescripción, volviendo a correr por entero a los tres meses, es decir, el 15/07/2019 (art. 99 EC-2002 y 91.2 EGAE) , además hay que sumar la suspensión de plazos y derechos derivada de la pandemia desde el 14/03/2020 hasta el 04/06/20, de modo que cuando se notificó a la Sra. Maribel la apertura del expediente ED NUM001 (26/01/2021 por correo electrónico y 02/02/2021 por correo certificado notificación administrativa, páginas 161 y ss.), en ningún caso habían transcurrido los dos años de prescripción de las infracciones graves (art. 99 EC-2002 y 91 EGAE-2001). Volviéndose a interrumpir la prescripción con esa notificación.

A mayor abundamiento, se trata de una infracción continuada, al tratarse de una pluralidad de infracciones (tres burofaxes), que se prolongan en el tiempo (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), aprovechando una ocasión semejante (dirigidos a la víctima y por la misma litis) y afectando a los mismos preceptos prohibitivos, comenzando a correr el plazo de prescripción, por mor del inciso final del artículo 30.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, desde que finalizó la actuación infractora, es decir, el 26/03/2019.

El transcurso del plazo para resolver los recursos administrativos no afecta a la prescripción de la infracción ni a la de la sanción.

5º.- En cuanto a la infracción cometida, se ha practicado prueba suficiente para acreditar que se ha vulnerado la prohibición establecida en los artículo 43 del EGAE y 14 del CD-2002 (13 CD-2019), dado que consta la remisión por la letrada de tres burofaxes a la parte contraria, víctima de violencia de género, sin autorización de su defensa e incumpliendo la prohibición judicial, como se desprende con nitidez y sin asomo de duda de las alegaciones de la letrada y de la documentación que adjunta.

No puede eximir la responsabilidad el hecho de que la letrada afirme que se trataba da asuntos distintos o independientes, dado que las pruebas acreditan lo contrario, pues derivan del episodio de violencia y del litigio matrimonial subsiguiente (como se constata con las resoluciones aportadas por la propia letrada, dictadas todas ellas por el Juzgado de Violencia contra la mujer). La letrada debió confirmar que, en su caso, la denunciante no tenía defensa y, por último, pedir permiso o un cauce de comunicación al Juzgado que había prohibido la comunicación.

Tampoco es admisible la alegación de que la denunciante no tenía abogado, dado que la propia letrada admite que tuvo cuatro, que se dirigió a ellos, que los conocía y, lo que ya resulta definitivo, aporta una sentencia de 21/11/2019, posterior a la fecha de los burofaxes (páginas 209 y ss. del expediente administrativo), donde precisamente consta como letrado de la defensa el Sr. Roberto.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la persona a la que remitió los burofaxes, el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas, precepto que hace decaer tal alegación.

El tipo infractor exige únicamente tres requisitos: a) ser abogado defensor de una parte en conflicto, sin que sea necesario que el asunto se esté ventilando en sede judicial; b) ponerse en contacto directo con la parte adversa, y c) hacerlo a sabiendas que tiene, y viene siendo asistida por un abogado, sin haber obtenido previamente su autorización expresa.

En el caso concreto se cumplen los tres requisitos, es abogada de una parte, se dirige directa y personalmente a la otra, y tenía constancia de que venía siendo asistida por distintos letrados, sin que, en ningún caso, alegue o manifieste que dichos letrados habrían rechazado tal encomienda profesional. Es más, en el caso del Sr. Roberto, de la falta de respuesta no cabe inferir que no defiende a su clienta, que ha rechazado el asunto, o que autoriza el contacto.

6º.- En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias.

7º.- En cuanto a la alegada omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa, alega que resultan de aplicación los EC-2002, que estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que fueron aprobados por Orden de 24 de mayo de 2023, publicada en el DOGA de 19 de junio. Vistas sus disposiciones derogatoria, final y artículos 57 y 54.10, sigue resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

A mayor abundamiento, aunque cupiese la aplicación de sanción alternativa de multa conforme al artículo 48 de los EC-2023 (DOGA 19/06/2023), sería preciso «petición expresa del sancionado»y, lógicamente, que no se recurra, es decir, aquietarse a su imposición.

TERCERO: Sobre la competencia territorial del Colegio de Abogados de A Coruña. Juicio de la Sala.

La infracción, materializada por la letrada recurrente con el envío, en representación de su cliente, de tres burofaxes a la parte contraria, se materializa con la recepción de los mismos por su destinataria, la cual se produce en el ámbito de competencia territorial del Colegio que instruyó y resolvió el expediente disciplinario, por lo que no se aprecia que exista vicio de falta de competencia, sin que el colegio de pertenencia de la demandante o el lugar de envío de los burofaxes desvirtúe que la infracción se consuma en A Coruña, desplegando sus efectos en dicho ámbito territorial.

En todo caso, el Colegio de Abogados de A Coruña, ya desde la vía administrativa, y en este procedimiento judicial defiende su competencia recordando que "el Art. 17.4 del EGAE asume el criterio de ubicuidad, sostenido por Autos del Tribunal Supremo de 11/01/08 ; 04/11/05 ; 29/05/08 , entre otros, para los casos en comunicaciones por Internet o postales, donde la dilucidación de posibles responsabilidades por presunta infracción penal, será competencia del lugar del domicilio del ofendido y lugar donde se perciben las ofensas".

En consecuencia, no se aprecia vicio por falta de competencia territorial del Colegio que instruye y resuelve el expediente, al consumarse la infracción en su ámbito territorial.

CUARTO: Sobre la vulneración de los arts. 95 LPAC , 7 y 11 del Reglamento de procedimiento disciplinario y del derecho de defensa, por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001.

Por lo que se refiere al expediente NUM000, el mismo finalizó con acto declarando su caducidad y se acordó en consecuencia su archivo, "con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPAC , Ley 39/2015, de 1 de octubre, en especial su apartado 3, al no haber prescrito la acción sancionadora", por lo que debe centrarse el examen del alegato en los trámites del procedimiento NUM001.

No hay omisión de ningún trámite preceptivo, puesto que consta nuevo acuerdo de incoación del nuevo expediente disciplinario, tras la declaración de caducidad del anterior, con nombramiento de instructor y secretario, notificación al denunciante y denunciado, la concesión de trámite de alegaciones, la presentación de alegaciones por la Sra. Maribel, al que sigue un acuerdo motivado sobre el periodo de prueba, notificado a la interesada, la propuesta de resolución, su notificación a la interesada, la presentación de nuevas alegaciones por parte de ésta, y finalmente la resolución del expediente disciplinario.

La aquí recurrente había solicitado como prueba, además de la documental aportada, lo siguiente:

Se solicita autorización a la junta para la aportación del contenido de los emails remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo así mismo a dicho profesional para aportar las respuestas dadas en dicho periodo y ello en virtud del artículo 5.3 del Código Deontológico que establece que: "E/ abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente /as cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo", prescribiendo el Artículo 34 del Estatuto General de la Abogacía Española, que son deberes de los colegiados:(...)"

Esta proposición probatoria está motivadamente denegada, en lo que se refiere a la autorización solicitada, en acuerdo expreso del instructor del expediente, en el que se razona:

"En el escrito de alegaciones de 10 de febrero de 2021, la letrada solicita como MAS DOCUMENTAL (pág. 16) autorización de la Junta para aportar el contenido de los correos electrónicos remitidos al letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo a tos profesionales para aportar las respuestas dadas en dicho período.

No se considera necesaria la prueba propuesta para el objeto del expediente, en el que únicamente se habrá de valorar el eventual reproche deontológico que proceda atribuir a la letrada por la comunicación realizada a la parte contraria personal y directamente. Se tienen por realizadas las alegaciones y explicaciones realizadas por la denunciada, y no se cuestiona que efectivamente se haya podido comunicar vía email con el letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019 y que hayan existido comunicaciones entre ambas en relación con los procedimientos en curso, e incluso, con las cuestiones contractuales y patrimoniales objeto de comunicación personal a la contraria, sin que resulte necesario desplegar prueba adicional alguna.

En todo caso, a mayor abundamiento de ser reputadas como impertinentes, a la vista del artículo 11. 1 del RPD, cabe señalar que estos medios concretos de prueba no se han propuesto con expresión de los "puntos de hecho o extremos que pretenda acreditar."

Debe concluirse que la denegación de la prueba está motivada y no se genera indefensión, porque no se niega el hecho que se pretendía acreditar, explicando la irrelevancia del mismo, por lo que no era una prueba necesaria. El núcleo de la discrepancia entre la letrada sancionada y el Colegio no es de índole fáctica, sino jurídica, en relación al carácter permitido o prohibido, conforme a los deberes deontológicos, de la conducta de la recurrente, no existiendo duda fáctica en relación con el hecho mismo de que la letrada sancionada haya enviado tres burofaxes a la Sra. Estibaliz, que era la parte contraria al cliente al que ella defendía. En todo caso, al margen de las comunicaciones previas al letrado de la parte contraria, su envío, no negado por el Colegio, no afecta a la prueba del hecho constitutivo de infracción, y aunque se diera por cierto lo alegado respecto al envío de dichas comunicaciones, ello no representa la ausencia de infracción, sino que confirma el conocimiento de la existencia de letrado de la parte contraria, sin que la ausencia de respuesta a esas comunicaciones equivalga a una renuncia a la representación por parte del letrado/os de la parte contraria.

Por lo demás, lo relevante a los efectos del tipo infractor aplicado es la designación de letrado a la parte contraria, y en la resolución disciplinaria se motiva que:

"De tal manera, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo)."

En consecuencia, no se le ha privado a la letrada aquí apelante de ningún medio de prueba relevante para su defensa, ni ha habido tramitación irregular del expediente, debiendo recordarse que con arreglo al art. 95 LPAC:

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

En este caso se declaró la caducidad del anterior expediente disciplinario, se incoó uno nuevo y se cumplimentaron todos los trámites, disponiendo la interesada del trámite inicial de alegaciones y del posterior a la propuesta de resolución, de los que hizo uso, por lo que no se vulneró su derecho de defensa, que no alcanza a la práctica de medios de prueba con carácter ilimitado, cuando no se satisface el criterio de pertinencia y necesidad, y se proponen para acreditar circunstancias que no desvirtúan los hechos por los que se le sanciona.

No se basa la sanción en la falta de acreditación de los hechos que se pretendían probar, sino en su falta de relevancia, al razonar el Colegio (en relación a las comunicaciones dirigidas por la letrada en representación de su cliente a la parte contraria, víctima de violencia de género y amparada por una orden de protección que prohibía al cliente de la letrada sancionada comunicar con la víctima por cualquier medio), respecto al envío de esos burofaxes directamente a la Sra. Estibaliz, que:

"No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación".

Este es el motivo por el que se valoró en la instrucción del expediente y ahora se reitera por el Colegio, que la prueba propuesta era "impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación. Además, esa prueba tan sólo corroboraría más, si cabe, que la letrada obvió la existencia de defensa a la hora de comunicarse con la parte contraria".

A lo que se añade por parte de la defensa del Colegio de Abogados de A Coruña:

"A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto a ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructora es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno. No cabe, en definitiva, proponer como prueba que se inicie un procedimiento de autorización ajeno al procedimiento disciplinario y para el que la Instructora no es competente, y que, por lo demás, es innecesaria".

Por todo lo expuesto, no se aprecia que la recurrente haya perdido ninguna oportunidad probatoria relevante para acreditar ningún hecho que le pudiera resultar de utilidad en su defensa, y tampoco la sanción se basa en un hecho que la recurrente hubiera intentado desvirtuar, sino en hecho admitidos, como son el envío de los burofaxes a la Sra. Estibaliz, sin perjuicio de la discrepancia entre las partes sobre la relevancia típica de dicho envío, a los efectos del tipo infractor aplicado, sin que en ese juicio jurídico se haya visto perjudicada la recurrente por la prueba no practicada, al no negar el Colegio el envío de comunicaciones por la letrada sancionada al letrado de la defensa de la parte contraria, ni tampoco que dichas comunicaciones no hubieran tenido respuesta por parte del mismo.

En consecuencia, no se vulneró el derecho de defensa de la recurrente, ni se omitió ningún trámite, debiendo recordarse que conforme al art. 77.3 de la LPAC 39/2015, el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada, lo cual se respeta en este caso.

QUINTO: Sobre el cambio de calificación de la infracción.

No hay cambio de calificación "in malam partem", ni vulneración del art. 16.4 del Reglamento del procedimiento disciplinario ni del art. 90.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La resolución disciplinaria, que es el acto recurrido, y el que pone fin al expediente disciplinario, generando efectos para la recurrente, no agrava la calificación respecto a la información previa o al anterior expediente disciplinario. Esa agravación se contenía en el acuerdo de incoación del segundo expediente disciplinario, el cual no tiene por qué estar vinculado por la calificación realizada en la tramitación de un anterior expediente por los mismos hechos, teniendo en cuenta que tras dicho acto de incoación la recurrente dispone de trámite de audiencia, para defenderse frente a esa nueva calificación jurídica de los hechos ya valorados en un expediente anterior que se declaró caducado. Siendo la sanción finalmente impuesta por infracción grave, y no muy grave como se calificaba indiciariamente en el acuerdo de incoación, es obvio que no se vulnera la reformatio in peius, puesto que no se ha empeorado la posición del interesado como consecuencia de ningún recurso, antes al contrario, tras la incoación por infracción muy grave, al final se ha impuesto sanción de acuerdo a una calificación jurídica más favorable, coincidente con la ya indicada en anterior expediente disciplinario tramitado por los mismos hechos NUM000.

En cuanto a las circunstancias alegadas respecto a la solicitud de ejecución de la sanción, son ajenas al juicio de validez del acto, y afectan tan solo a su eficacia, por lo que son irrelevantes en orden a determinar la concurrencia de causa de nulidad o anulabilidad en la resolución disciplinaria, afectando tan solo a la concreción temporal del momento de cumplimiento de la sanción, y ni esas circunstancias ni el contenido del acuerdo de incoación pueden ser base para un alegato sobre la existencia de incongruencia o desviación de poder, que no se aprecia que concurran, visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario y los hechos en que se basa.

SEXTO: Sobre la prescripción.

Visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario, es evidente que en la misma se valora la remisión no de dos, sino de tres burofaxes, reseñando en el folio 327 y 328 del expediente, al tratar del tema de la prescripción, lo siguiente:

A mayor abundamiento, ha de calificarse la remisión de los tres burofaxes como una infracción continuada (...), Podemos determinar que se trata de una infracción continuada o permanente ya que se cumplen los requisitos detallados. El sujeto es en los tres casos la misma letrada, el ánimo es análogo, -comunicación de cuestiones de naturaleza patrimonial y contractual como requerimiento fehaciente a la contraparte-, y el precepto vulnerado es también el mismo: artículo 14 C.D.

En estos supuestos, el artículo 30.2 de la Ley 40/2015 se refiere a las infracciones continuadas o permanentes y establece un único criterio para determinar el comienzo del plazo de prescripción: "el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora".

En otro pasaje de la resolución del expediente disciplinario, en la página 331, se dice:

"...el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo).

Y en la página 334 del expediente, como contenido también de la resolución del expediente disciplinario, se dice:

"En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias".

En todo caso, el envío de tres burofaxes a la denunciante, el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, es un hecho alegado por la propia interesada, que pone de manifiesto que la conducta por la que se sanciona a la recurrente no finaliza hasta el 26 de marzo de 2019.

Basta remitirse a la literalidad del escrito de alegaciones de la propia letrada aquí apelante, en el que se hace referencia específica al burofax enviado el 26 de marzo de 2019 (por ejemplo, en el folio 183 y 184).

Por lo demás, ya en la propuesta de resolución del expediente NUM001 se valoraba el envío de tres burofaxes, se especificaba que "En el caso concreto los hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019 fecha de remisión de los burofaxes por la letrada a la parte contraria, y la notificación del acuerdo de ED NUM001 se produce el 28/1/2021" y se calificaba el mismo como infracción continuada, y siendo un extremo alegado por la propia interesada, es claro que no se vulnera el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados.

En definitiva, aunque no se otorgue efecto interruptivo a la notificación de la incoación de la información previa NUM002, por haberse declarado caducado dicho procedimiento (lo que impide que surta efectos interruptivos de la prescripción, ex art. 95 LPAC) , lo cierto es que está acreditado en las actuaciones, y admitido por la recurrente, que envió no dos, sino tres burofaxes, y el último fue el 26 de marzo de 2019, siendo un extremo fáctico que resulta de sus propias alegaciones y que la resolución del expediente disciplinario no podía desconocer ni ignorar, debiendo computarse el plazo de prescripción desde el último hecho que se integra en el tipo infractor, y desde el mismo no ha transcurrido el plazo de dos años hasta la notificación de la incoación del expediente disciplinario.

El 26 de enero de 2021, se produce la notificación del acuerdo de apertura expediente disciplinario NUM001, por tanto, antes del transcurso de dos años desde la finalización de la conducta infractora, de carácter continuado, cómputo en el que además habría que descontar los días correspondientes a la suspensión de plazos derivada del RD 463/2020 que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que determinó la suspensión de plazos de los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (D.A. 3ª) y además se dispuso expresamente que:

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Tras varias prórrogas, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispuso en su art. 9:

"Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas."

Y en su artículo 10:

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

En todo caso, aún sin necesidad de tener en cuenta los días de suspensión de plazos derivados de dichos Reales Decretos, lo cierto es que no transcurrieron dos años desde la finalización de la conducta infractora por la que se sanciona a la recurrente.

La notificación de la incoación del expediente interrumpe el plazo de prescripción, no procediendo continuar el cómputo de forma ininterrumpida hasta la resolución disciplinaria de 4 de junio de 2021 o hasta la notificación de la resolución del recurso de alzada en fecha 21 de junio de 2023, la cual no afecta a la prescripción de la infracción, sin perjuicio de que, conforme al art. 30.3 LPAC, "En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso".

En este caso, se interpuso el recurso de alzada en fecha 2-7-2021, y se resuelve por acuerdo del Consello da Avogacía Galega de fecha 13 de junio de 2023.

El plazo de tres meses para la resolución del recurso de alzada venció el 2-10-2021, y antes del transcurso de dos años, se resolvió el recurso de alzada y se notificó a la interesada, en junio de 2023, sin que además pudiese considerarse prescrita la sanción, cuando la interesada lejos de solicitar que se declarase prescrita la sanción, solicitó el cumplimiento de la misma una vez se le notificó la resolución del recurso de alzada.

SÉPTIMO: Sobre el error en la valoración de la prueba y la alegada inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico .

Dice el art. 14 del Código Deontológico-2002 :

«Artículo 14.- Relaciones con la parte contraria:

1. El Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con éste la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente.

2. Cuando la parte contraria no disponga de abogado, deberá recomendarle que designe uno. Y si a pesar de ello, insistiera en su decisión de no tener Abogado propio, el interviniente deberá evitar toda clase de abuso».

En este caso es un hecho admitido que la letrada recurrente envió tres burofaxes directamente a la parte contraria, resultando que en fecha posterior al envío del último de los burofaxes se dicta sentencia, en fecha 21/11/2019, aportada en el expediente por la propia letrada aquí apelante, dictada en pleito civil de modificación de medidas, en el que la parte demandada es la Sra. Estibaliz, defendida por el Letrado Sr. Roberto. Y consta en dicha sentencia que ya desde fecha anterior al 21 de diciembre de 2018 la Sra. Estibaliz estaba personada en las actuaciones, figurando como letrado el Sr. Roberto.

En consecuencia, no se puede considerar que la Sra. Estibaliz careciera de abogado, y de hecho la propia letrada aquí recurrente en sus alegaciones hacía referencia al contenido de los emails "remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019", habiendo solicitado como prueba autorización para su aportación y para requerir al profesional referido para que aportase las respuestas, prueba innecesaria puesto que el Colegio no ha negado el envío de esos correos electrónicos al letrado de Doña Estibaliz, que lo que ponen de manifiesto es que la letrada recurrente conocía la existencia de esa defensa letrada de la parte contraria. De hecho, en sus alegaciones la Letrada aquí apelante manifestaba que:

"Desde la intervención de la Letrada Sra. Maribel, han asistido a la Sra. Estibaliz, dos letrados de forma sucesiva en las diligencias urgentes y en las posterior modificación de medidas, el primero, designado en virtud del beneficio de asistencia jurídica gratuita concedida a la Sra. Estibaliz respecto del procedimiento penal, y un segundo que le sustituyó en el procedimiento penal, articulando la oposición en el procedimiento de modificación de medidas instado por esta parte, para finalmente Don Roberto, letrado de libre designación nombrado por la Sra. Estibaliz, personarse en el referido procedimiento penal en el que eran parte la misma y mi representado.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la parte contraria, el Colegio de Abogados aducía que el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas. Por ello se justifica la desestimación de dicha alegación. La dicción actualmente vigente del art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica, que ha experimentado varias reformas desde la tramitación del expediente disciplinario, en su apartado h), establece que "Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas", lo que se corresponde con la versión anterior del apartado g) vigente cuando se produjeron los hechos y se tramitó el expediente.

Por lo demás, el hecho de no haber recibido respuesta no equivale a una renuncia a la defensa letrada o revocación de la defensa letrada por parte de Doña Estibaliz. Y en cuanto al hecho alegado por la apelante, ya desde el expediente, de que "el contenido de las comunicaciones remitidas a Estibaliz se refieren a cuestiones relativas a extinción de condominio liquidación de gananciales, reintegro compensaciones patrimoniales..., que ninguna relación guardan con que mi cliente tenga que abonar una determinada cantidad en concepto de alimentos, o aún en el concepto más amplio de cargas del matrimonio", no justifica el envío de los escritos de carácter conminatorio a la parte contraria, después de las comunicaciones mantenidas con su letrado, sin que constase autorización expresa del mismo para ese contacto personal, máxime cuando la parte contraria era la expareja del cliente de la letrada aquí apelante, tenía condición de víctima de violencia de género y se había establecido una prohibición de comunicación al cliente de la letrada aquí apelante por cualquier medio con su expareja.

El derecho de defensa no ampara la conducta de la letrada apelante, ya que el ejercicio de ese derecho debe ser siempre respetuoso de las normas deontológicas, y en este caso se ponen de manifiesto por el Colegio de Abogados la existencia de otras posibilidades de defensa sin incurrir en vulneración de las previsiones deontológicas (por ejemplo, la conciliación prevista en la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la solicitud de autorización expresa al letrado para comunicarse con su clienta).No consta la autorización del letrado de la parte contraria para efectuar entablar contacto directo con su clienta, solo se alega la ausencia de respuesta de dicho letrado, no consta la renuncia o el rechazo del letrado de la parte contraria a continuar con la defensa de la misma y tampoco alega la letrada recurrente que hubiera instado del juzgado un permiso o el establecimiento de un cauce de comunicación con la parte contraria, a pesar de la constancia de que sobre el cliente de la letrada aquí apelante pesaba una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la persona a la que la letrada remitió las comunicaciones de carácter conminatorio. Constando que la parte contraria contaba con defensa letrada, no cabe que la letrada recurrente interprete unilateralmente el ámbito de dicha actuación, presuponiendo que la misma no abarca las cuestiones a las que se refería en sus burofaxes posteriores dirigidos directamente a la Sra. Estibaliz, puesto que de hecho alegaba haberse dirigido en primer lugar al letrado de la Sra. Estibaliz, y ante el silencio del mismo no podía considerarse legitimada para una comunicación directa con la Sra. Estibaliz, máxime en atención a la especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba y la restricción de comunicaciones con ella que pesaba sobre el cliente de la letrada aquí apelante, en cuya defensa actuaba.

OCTAVO: Sobre la proporcionalidad y la graduación de la sanción.

No cabe apreciar vulnerado el principio de proporcionalidad con una sanción de suspensión de 30 días, por cuanto el arco sancionador permitía imponer una sanción por plazo de hasta tres meses, y se motiva la concurrencia de "una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias."

Teniendo en cuenta los elementos de graduación valorables con arreglo al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), se debe considerar justificada la sanción impuesta, sin que pueda reputarse proporcionada una sanción de menor gravedad, por cuanto se trata de una infracción continuada, por lo que se debe valorar, a efectos de la graduación, la continuidad o persistencia de la conducta infractora; y además el expediente se inicia a raíz de un escrito de queja presentado por la parte contraria, que recibió las comunicaciones de la letrada, en el que se expone que se siente "acosada por la abogada de su ex marido ya que la Letrada Maribel se está comunicando cuando yo tengo representante legal (para generarme angustia y desasosiego) y puesto que se está comunicando a través de ella mi ex pareja (investigado por violencia de género), no pudiendo hacerlo ya que hay una sentencia que dice que no puede comunicarse a través de terceros y a través de cualquier medio (siendo la abogada uno de ellos)."

Conforme al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) también hay que valorar la naturaleza de los perjuicios causados, y por lo expuesto, vistas las circunstancias del caso, y la condición de la persona receptora de las comunicaciones, no estamos ante una infracción meramente formal, sino ante una infracción de la que se derivan materialmente perjuicios, en cuanto a la esfera personal de un tercero, por lo que sí concurren circunstancias de que justifican la sanción impuesta, que por lo demás tampoco se sitúa en el máximo del arco sancionador, ni siquiera en el tercio superior. No sería proporcionada a la gravedad de los hechos y su naturaleza ni una calificación jurídica de menor gravedad, ni una sanción inferior, por lo que las pretensiones relativas a la imposición de una sanción de menor gravedad deben ser desestimadas, confirmando también la sentencia en este extremo.

NOVENO: Sobre la opción de multa alternativa.

No hay omisión de pronunciamiento en relación a la opción de multa alternativa, prevista en los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña que entraron en vigor el 20 de junio de 2023 y que no han sido los aplicados al caso, sino los anteriores. Si se acude a la nueva regulación de dichos Estatutos de 2023, se aprecia que el arco sancionador en realidad es más gravoso, ya que tiene un mínimo de 15 días y un máximo de un año de suspensión del ejercicio de la Abogacía, por lo que no cabe apreciar que sea más favorable. En todo caso, la posibilidad prevista de multa de 1.001 a 10.000 euros no es más que una alternativa potestativa, prevista para el caso de que mediase petición expresa del sancionado, y en la toma de posición sobre dicha posibilidad alternativa el Colegio habría de tomar en consideración "la gravedad de los hechos y el principio de proporcionalidad y, para ello, siguiendo los siguientes criterios: a) Grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia."

De acuerdo con dichos criterios ya se ha expuesto la plena proporcionalidad de la sanción de suspensión, de 30 días, impuesta de acuerdo al régimen de los Estatutos de 2002; el nuevo régimen sancionador de los nuevos Estatutos no es más favorable, no hay petición del sancionado, que además ha recurrido la sanción, en vía administrativa y judicial, por lo que tampoco desde esta perspectiva hay motivo de revocación de la sentencia.

En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, no procediendo estimar ninguna de las pretensiones articuladas en dicho recurso.

DÉCIMO: Sobre las costas procesales.

La desestimación del recurso de apelación determina, conforme al art. 139 de la LJCA, la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo de 1.000 euros en total, por todos los conceptos y partes.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

La parte apelante fundamenta su recurso de apelación en los siguientes motivos:

1º.- Error en la valoración de la prueba y errónea aplicación del art. 17.4 del Estatuto General de la Abogacía Española en cuanto a la competencia del Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña.

2º.- Vulneración de los arts. 95 LPAC y 11 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario y del derecho fundamental de defensa ( art. 24.2 CE) por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001. Omisión de trámites esenciales causantes de indefensión. Error en la valoración de motivación suficiente en cuanto a la denegación de prueba.

3º.- Cambio de calificación sancionadora "in malam partem", vulneración del art. 16.4 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, del art. 90.2 de la LPAC. Prohibición de reformatio in peius. Vulneración del principio de congruencia. Desviación de poder.

Tras la primera caducidad, el Colegio reinició el procedimiento con calificación más severa (muy grave) sobre los mismos hechos ya examinados, precisamente después de que la letrada hubiera ejercido activamente su derecho de alegación y prueba.

El acuerdo de apertura del Expediente NUM001 y la posterior resolución sancionadora invocan la condición de la denunciante como víctima de violencia de género para reforzar el reproche disciplinario, pese a que tal circunstancia no figura como agravante tipificada en la normativa estatutaria aplicable. La utilización de un factor extratípico exclusivamente al reabrir tras caducidad y para justificar el salto de grave a muy grave evidencia un fin distinto del previsto en la norma habilitante (protección objetiva deontológica) y, por tanto, desviación de poder ( art. 48.1 LPAC) .

Al margen de que "la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave" como arguye la juzgadora, se imponía la articulación de un trámite contradictorio reforzado (90.2 LPAC) y el órgano que adoptó el acuerdo no era el competente puesto que tal facultad le correspondería en su caso, al órgano competente para resolver y no al órgano instructor.

Como consecuencia de la Resolución de caducidad de la Información Previa NUM002 y con posterioridad de la Resolución de caducidad del Expediente disciplinario NUM000, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001.

En el Expediente Disciplinario NUM000 se había dictado una propuesta de resolución calificando los hechos como graves (infracción grave tipificada en el artículo 85.A del Estatuto General de la Abogacía, procediendo imponer la sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por Tiempo de un mes), y tras la segunda resolución de caducidad, se acuerda la apertura del Expediente Disciplinario NUM001, calificando en dicha resolución los hechos como "...una infracción muy grave prevista en el art. 84.c) del Estatuto general de la abogacía, por la vulneración del artículo 14 del Código Deontológico (...) Cabría así imponer a la letrada denunciada una sanción de la prevista en el art. 87.1.a) del Estatuto consistente en suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo superior a tres meses sin exceder de dos años".

Se producía una variación de calificación ante la incoación del nuevo expediente disciplinario, cuando los hechos descritos y la documentación que constaba en las actuaciones, tanto en la información previa 28/19, como en el Expediente Disciplinario NUM000, eran exactamente los mismos que los valorados en el Expediente Disciplinario NUM001.

Consecuencia de las alegaciones precedentes procedería la anulabilidad del acuerdo de apertura de conformidad con el Artículo 48.1 de la LPAC.

La Letrada Sra. Maribel no solo no solicitó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta, sino que solicitó expresamente su cumplimento, procedente conforme a la normativa vigente, procediendo nuevamente el ICA Coruña al denegar la solicitud, de manera arbitraria.

4º.- Prescripción de la infracción disciplinaria ( art. 91 EGAE, 30.2 Ley 40/2015 y 95.3 LPAC) y nulidad de la sanción impuesta.

Considera la Juzgadora que "En el presente caso, tratándose de una infracción continuada, el último de los burofaxes fue enviado en fecha 26/03/2019,de manera que, cuando se notifica la apertura del expediente disciplinario NUM001, el 26/01/2021 por correo electrónico y 2/02/2021 por correo certificado, no había transcurrido los dos años que establece el artículo 91 del Estatuto General de la Abogacía.

Se reconoce en el fundamento jurídico tercero de la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 que "Efectivamente tal y como establece el artículo 95.3 de la LPAC , los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción, por tanto, no podemos considerar a estos efectos la tramitación de la IP NUM002 y del ED NUM000 cuya caducidad fue declarada (Hechos 4º y 10º)".

Desde la Resolución de caducidad de información previa NUM002, antecedente de hecho primero, se hace referencia a dos Burofaxes del año 2018 de 22/03 y 16/07, ambos del año 2018, y así en la Propuesta de Resolución del Expediente disciplinario NUM000, y en la Resolución de expediente disciplinario NUM000, y en el Acuerdo de apertura de expediente disciplinario NUM001, en la propuesta de resolución en el Expediente Disciplinario NUM001 y en la Resolución del expediente disciplinario NUM001.

Las únicas comunicaciones que constan en el expediente son los dos burofaxes aportados por la denunciante, señalándose en el propio acuerdo de apertura del Expediente Disciplinario NUM001, fundamento jurídico tercero, que si se calificasen como muy graves no habrían prescrito las infracciones, pero si se calificasen como graves, las infracciones derivadas de los mismos ya habrían prescrito, siendo de aplicación la doctrina de los actos propios y el principio de confianza legítima.

Ninguna documentación se ha aportado que justifique la existencia de tercera comunicación y se ha aclarado en las alegaciones efectuadas que las comunicaciones habían sido dos, las aportadas por la denunciante y que en definitiva constan en las actuaciones, respecto de los que los propios órgano instructor y resolutor han apreciado prescripción.

En el presente caso, el último burofax se envía en marzo de 2019, el primer expediente de averiguación resulta caducado, al igual que el primer expediente sancionador, por causas no imputables a la sancionada, y no es hasta el 4 de junio de 2021 que se noticia la resolución sancionadora datada en la misma fecha.

Así mismo, la sentencia impugnada sostiene que la conducta es continuada, sin embargo los burofaxes son actos independientes, separados por meses y sin plan preconcebido.

5º.- Error en la valoración de la prueba: inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico: inaplicación en la sentencia recurrida de los principios inspiradores del orden penal al derecho administrativo sancionador: vulneración de los principios de presunción de inocencia, de culpabilidad y de tipicidad.

Aunque la sentencia afirma que la letrada recurrente "pese a que era conocedora que Doña. Estibaliz estaba representada por Letrado, estableció contacto directo y personal con la misma. remitiendo a ésta los referidos burofaxes", la documentación que consta en las actuaciones no puede derivarse en modo alguno tal conclusión, toda vez que mi mandante ha sostenido desde el inicio del procedimiento que la asistencia letrada que le constaba de Doña Estibaliz se circunscribía a procedimientos penales específicos. Los burofaxes, por el contrario, versaban sobre materias radicalmente distintas y autónomas: la liquidación de un condominio, el reparto de deudas post-divorcio y otras reclamaciones patrimoniales. Estas cuestiones, de naturaleza puramente civil, exigían la incoación de procedimientos declarativos nuevos para los cuales no existía, ni se ha acreditado, una encomienda profesional preexistente. La juzgadora de instancia da por sentada una representación omnicomprensiva y universal que es ajena a la práctica forense. No se ha acreditado en el presente procedimiento que existiese tal representación en la fecha y en relación con las cuestiones trasladadas en los burofaxes remitidos.

Se desconocía por la letrada sancionada la existencia de representación o asistencia por otro Abogado de la parte contraria para las cuestiones patrimoniales de la ex pareja, cuestiones que nunca llegaron a judicializarse por solventarse de forma extrajudicial en aras a los intentos de negociación antes de llegar al Juzgado - actuales MASC - que tuvieron resultado favorable. No existiendo letrado designado no cabría recabar tal autorización y no se ha acreditado su intervención.

Así mismo, para el supuesto de que Doña Estibaliz estuviera representada o asistida por abogado, se está presumiendo por la administración, y por la juzgadora de instancia, la falta de autorización para la comunicación, cuando el precepto no establece que la misma sea previa o posterior a la comunicación y tampoco se ha practicado prueba en este sentido.

La prohibición de comunicación dictada en las diligencias penales afectaba exclusivamente a Don Constantino. La actuación de su letrada, como canal único y legítimo para formular reclamaciones patrimoniales evitando el quebrantamiento, no contraviene la orden y, al contrario, garantiza que el justiciable pueda ejercer sus derechos sin infringirla. Confundir al cliente con su letrado y extender los efectos de una medida penal a la actuación profesional de la abogada en un ámbito civil es una vulneración flagrante del derecho de defensa. No se ha acreditado en absoluto que la actuación de la letrada sancionada infrinja la prohibición de comunicaciones. La valoración de que las comunicaciones realizadas incumplen la orden de prohibición excede de la competencia del Colegio de Abogados y de la jurisdicción administrativa.

Constituye doctrina jurisprudencial consolidada la relativa a efectos del requerimiento previo a la acción de división de cosa común, entre otros en cuanto a la imposición de las costas a los demandados, cuando se pretende el cese de la situación de proindiviso, así como el requerimiento previo para la reclamación de cantidades en el ámbito civil, al margen de la sociedad de gananciales, extinguida ya por resolución dictada en el 2015, por lo que en el año 2020, habría ya una prescripción que precisaba interrupción.

Los bienes a los que se hace referencia en las comunicaciones remitidas, fueron adquiridos con posterioridad al divorcio de las partes, tras una inminente reconciliación, en la que tuvieron a bien constituir una comunidad de bienes.

Es evidente que los requerimientos efectuados no tendrían virtualidad alguna dirigidos a un letrado, cuando las comunicaciones entre los mismos son confidenciales, cuando se desconoce si continuaban ostentado la representación de la Sra. Estibaliz para esos nuevos asuntos a entablar, cuando se desconoce si van a ser designado en ese asunto particular y cuando es indiscutible que la comunicación ha de ser directa, personal y fehaciente - hasta la actual reforma por la Ley Orgánica 1/2025 -.

Así, el efecto que se pretendía obtener con los requerimientos previos a acudir a la vía jurisdiccional, habrían de dirigirse directamente a la persona respecto a la que se reclama, pretendiendo formalizar la reclamación previa a la vía judicial a iniciar, interrumpir la prescripción de una eventual deuda, el requerimiento, la comunicación habría de dirigirse a la Sra. Estibaliz como deudora, y no a su letrado.

En conclusión, la Administración no ha acreditado ninguno de los elementos constitutivos de la infracción del art. 14 CD, puesto que:

1.- No consta conocimiento cierto de la asistencia letrada de la destinataria en los asuntos objeto de los burofaxes.

2.- La finalidad del requerimiento era legítima, necesaria para preservar los derechos del patrocinado y exenta de prohibición.

3.- Falta prueba incriminatoria mínima; se invirtió la carga de la prueba vulnerando el art. 24.2 CE .

6º. Error en la valoración de la proporcionalidad y graduación de la sanción. Vulneración del art. 29 de la Ley 40/2015.

La sentencia no valora que no existió dolo ni intencionalidad de vulnerar la norma. La actuación de mi mandante fue instrumental, motivada por la necesidad de defender los intereses de su cliente ante la falta de otros cauces de comunicación efectivos. Su voluntad se ceñía a cumplir con un deber profesional.

Se insiste en la falta de autorización de su defensa, cuando se ha razonado que no existía tal representación.

Se habla de "persistencia infractora" como si de una conducta reiterada y contumaz se tratase. Sin embargo, se enviaron en un lapso de tiempo considerable y versaban sobre cuestiones distintas y progresivas, lo que evidencia un intento de solucionar extrajudicialmente diversos conflictos en los que de hecho se alcanzó acuerdo, y no una persistencia en una conducta infractora.

Refiere la resolución impugnada que las comunicaciones se dirigían "a una persona especialmente vulnerable".Siendo loable la sensibilización y apoyo social respecto de las víctimas de violencia de género, esta circunstancia no se contempla como agravante en la norma habilitante.

Al eliminar esta agravante indebidamente aplicada y ponderar correctamente la ausencia de dolo y de perjuicio, la conducta, en el hipotético y negado caso de ser considerada infracción, jamás podría merecer una sanción de suspensión, sino, a lo sumo, una amonestación privada, como prevé el artículo 86 del EGAE para infracciones leves, o una sanción pecuniaria de multa. La sanción de 30 días de suspensión es, por tanto, arbitraria y desproporcionada.

7º.- Omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa más favorable.

SEGUNDO: Sobre la oposición al recurso de apelación.

La representación procesal del CONSELLO DA AVOGACÍA GALEGApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, defendiendo la competencia del ICA de A Coruña, y alegando que tras la caducidad las actuaciones válidas fueron incorporadas al nuevo procedimiento, que la apelante dispuso de trámite de alegaciones y prueba suficiente, siendo la denegación de prueba motivada. La infracción es grave, prescribe a los dos años y el último burofax es de fecha 26-3-2019, siendo incoado el expediente NUM001 el 16/12/2020, antes del cumplimiento del plazo, por lo que no hay prescripción.

En cuanto a la infracción cometida, quedó acreditado que la apelante remitió tres burofaxes directamente a la expareja de su cliente, sabiendo que estaba representada por abogado, lo que vulnera el art. 14 del Código deontológico de 2002, vigente en el momento de los hechos. El hecho de no recibir respuesta de uno de los letrados no supone autorización ni renuncia a la defensa. Además, la destinataria tenía orden de protección vigente y de la lectura de las cartas se aprecia su carácter conminatorio, lo que agrava la conducta. La calificación como infracción grave es correcta según el art. 85 a) del Estatuto General de la Abogacía, incluso generosa, por las circunstancias especiales del caso, en que existe prohibición de comunicación entre el cliente de la letrada y la denunciante, víctima de violencia de género. La sanción es conforme al art. 87.2 del EGAE.

La representación procesal del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑApresentó escrito de oposición al recurso de apelación, en el que en síntesis:

1º.- Se defiende la competencia territorial del Colegio (como lugar de recepción de los burofaxes e invocando la teoría de la ubicuidad).

2º.-En cuanto a la segunda alegación del recurso, se alega que en la resolución declarando la caducidad de la Información Previa NUM002 y del Expediente Disciplinario del NUM000 se procedió de conformidad con lo establecido en el art. 95 de la LPAC, incorporándose, en ambos casos, todo lo actuado al expediente NUM001.

La información previa no forma parte del procedimiento, la apertura del expediente le fue notificada en tiempo y forma, que tuvo oportunidad de efectuar las alegaciones -presentó cinco escritos de alegaciones- que tuvo por conveniente, como así hizo, aportar documentos, tomar vista del expediente y proponer pruebas en todos los trámites previstos, sin que, en modo alguno, pueda apreciarse indefensión.

La Instructora motivó con amplitud el rechazo de la prueba propuesta, su innecesaridad y manifiesta impertinencia en resolución de 03/05/2021.

A tal efecto, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Además, agravando su actuación, la propia letrada reconoce y aporta pruebas de que la Sra. Estibaliz es una víctima de violencia contra la mujer, habiéndose dictado un auto de 15/06/2018 que prohibía al investigado comunicar con ella por cualquier medio, mientras dure la tramitación del procedimiento o no se disponga lo contrario. Pues bien, a pesar de esto se dirige a la víctima, en nombre de su cliente, desoyendo la prohibición judicial y sin autorización de su defensa. No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación.

En definitiva, la prueba propuesta, rechazada por resolución de las sucesivas Instructoras de 03/05/2021 (páginas 75 y ss.) y 30/05/20 (páginas 219 y ss.), era impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación.

A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructor es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno.

3º.-El cambio de calificación es una posibilidad expresamente prevista en el artículo 16.4 del RPD-2009, por tanto, es perfectamente conforme a Derecho, y no vulnera en modo alguno el procedimiento legalmente establecido que dicha modificación se produzca en un expediente posterior. En este expediente posterior, además, no solo no se modifican los hechos, sino que se ofrece una nueva posibilidad de audiencia, alegaciones y proposición de prueba al expedientado lo que evita cualquier tipo de indefensión. Además, hay que recordar que la sanción final se impuso por la comisión de una infracción grave, de modo que carece de sentido toda la alegación sobre reformatio in peius.

4º.- En cuanto a la prescripción, cuando este Colegio ejercita la potestad disciplinaria, la normativa de aplicación es la siguiente: los Estatutos Particulares del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña -en el momento de inicio del expediente era los EC-2002- y, con carácter supletorio, el Estatuto General de la Abogacía Española, el Código Deontológico, el Reglamento de Procedimiento disciplinario, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española de 27 de febrero de 2009 (RPD-2009) y la Ley de Procedimiento Administrativo. Los Estatutos Colegiales de 2002 estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.

En el presente caso la sanción impuesta es grave, de treinta días de suspensión, siendo el mínimo de un día y el máximo de tres meses, mientras que en los EC-2023 la sanción mínima sería de 16 días y el máximo de un año (art. 47.2), de modo que sus disposiciones no son más favorables. Por otro lado, la regulación de la prescripción es la misma en ambos casos.

Así pues, siguen resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

La notificación (15/04/2019, página 8) de la información previa ( NUM002) interrumpió la prescripción, volviendo a correr por entero a los tres meses, es decir, el 15/07/2019 (art. 99 EC-2002 y 91.2 EGAE) , además hay que sumar la suspensión de plazos y derechos derivada de la pandemia desde el 14/03/2020 hasta el 04/06/20, de modo que cuando se notificó a la Sra. Maribel la apertura del expediente ED NUM001 (26/01/2021 por correo electrónico y 02/02/2021 por correo certificado notificación administrativa, páginas 161 y ss.), en ningún caso habían transcurrido los dos años de prescripción de las infracciones graves (art. 99 EC-2002 y 91 EGAE-2001). Volviéndose a interrumpir la prescripción con esa notificación.

A mayor abundamiento, se trata de una infracción continuada, al tratarse de una pluralidad de infracciones (tres burofaxes), que se prolongan en el tiempo (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), aprovechando una ocasión semejante (dirigidos a la víctima y por la misma litis) y afectando a los mismos preceptos prohibitivos, comenzando a correr el plazo de prescripción, por mor del inciso final del artículo 30.2 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, LRJSP, desde que finalizó la actuación infractora, es decir, el 26/03/2019.

El transcurso del plazo para resolver los recursos administrativos no afecta a la prescripción de la infracción ni a la de la sanción.

5º.- En cuanto a la infracción cometida, se ha practicado prueba suficiente para acreditar que se ha vulnerado la prohibición establecida en los artículo 43 del EGAE y 14 del CD-2002 (13 CD-2019), dado que consta la remisión por la letrada de tres burofaxes a la parte contraria, víctima de violencia de género, sin autorización de su defensa e incumpliendo la prohibición judicial, como se desprende con nitidez y sin asomo de duda de las alegaciones de la letrada y de la documentación que adjunta.

No puede eximir la responsabilidad el hecho de que la letrada afirme que se trataba da asuntos distintos o independientes, dado que las pruebas acreditan lo contrario, pues derivan del episodio de violencia y del litigio matrimonial subsiguiente (como se constata con las resoluciones aportadas por la propia letrada, dictadas todas ellas por el Juzgado de Violencia contra la mujer). La letrada debió confirmar que, en su caso, la denunciante no tenía defensa y, por último, pedir permiso o un cauce de comunicación al Juzgado que había prohibido la comunicación.

Tampoco es admisible la alegación de que la denunciante no tenía abogado, dado que la propia letrada admite que tuvo cuatro, que se dirigió a ellos, que los conocía y, lo que ya resulta definitivo, aporta una sentencia de 21/11/2019, posterior a la fecha de los burofaxes (páginas 209 y ss. del expediente administrativo), donde precisamente consta como letrado de la defensa el Sr. Roberto.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la persona a la que remitió los burofaxes, el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas, precepto que hace decaer tal alegación.

El tipo infractor exige únicamente tres requisitos: a) ser abogado defensor de una parte en conflicto, sin que sea necesario que el asunto se esté ventilando en sede judicial; b) ponerse en contacto directo con la parte adversa, y c) hacerlo a sabiendas que tiene, y viene siendo asistida por un abogado, sin haber obtenido previamente su autorización expresa.

En el caso concreto se cumplen los tres requisitos, es abogada de una parte, se dirige directa y personalmente a la otra, y tenía constancia de que venía siendo asistida por distintos letrados, sin que, en ningún caso, alegue o manifieste que dichos letrados habrían rechazado tal encomienda profesional. Es más, en el caso del Sr. Roberto, de la falta de respuesta no cabe inferir que no defiende a su clienta, que ha rechazado el asunto, o que autoriza el contacto.

6º.- En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias.

7º.- En cuanto a la alegada omisión de pronunciamiento sobre la opción de multa alternativa, alega que resultan de aplicación los EC-2002, que estuvieron en vigor hasta el 20/6/2023, momento en que entraron en vigor los nuevos Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, que fueron aprobados por Orden de 24 de mayo de 2023, publicada en el DOGA de 19 de junio. Vistas sus disposiciones derogatoria, final y artículos 57 y 54.10, sigue resultando de aplicación los EC-2002, al ser unos hechos anteriores a la entrada en vigor de los EC-2023 y, además, no ser más favorable la aplicación del nuevo Estatuto.

A mayor abundamiento, aunque cupiese la aplicación de sanción alternativa de multa conforme al artículo 48 de los EC-2023 (DOGA 19/06/2023), sería preciso «petición expresa del sancionado»y, lógicamente, que no se recurra, es decir, aquietarse a su imposición.

TERCERO: Sobre la competencia territorial del Colegio de Abogados de A Coruña. Juicio de la Sala.

La infracción, materializada por la letrada recurrente con el envío, en representación de su cliente, de tres burofaxes a la parte contraria, se materializa con la recepción de los mismos por su destinataria, la cual se produce en el ámbito de competencia territorial del Colegio que instruyó y resolvió el expediente disciplinario, por lo que no se aprecia que exista vicio de falta de competencia, sin que el colegio de pertenencia de la demandante o el lugar de envío de los burofaxes desvirtúe que la infracción se consuma en A Coruña, desplegando sus efectos en dicho ámbito territorial.

En todo caso, el Colegio de Abogados de A Coruña, ya desde la vía administrativa, y en este procedimiento judicial defiende su competencia recordando que "el Art. 17.4 del EGAE asume el criterio de ubicuidad, sostenido por Autos del Tribunal Supremo de 11/01/08 ; 04/11/05 ; 29/05/08 , entre otros, para los casos en comunicaciones por Internet o postales, donde la dilucidación de posibles responsabilidades por presunta infracción penal, será competencia del lugar del domicilio del ofendido y lugar donde se perciben las ofensas".

En consecuencia, no se aprecia vicio por falta de competencia territorial del Colegio que instruye y resuelve el expediente, al consumarse la infracción en su ámbito territorial.

CUARTO: Sobre la vulneración de los arts. 95 LPAC , 7 y 11 del Reglamento de procedimiento disciplinario y del derecho de defensa, por tramitación irregular de los expedientes NUM000 y NUM001.

Por lo que se refiere al expediente NUM000, el mismo finalizó con acto declarando su caducidad y se acordó en consecuencia su archivo, "con los efectos previstos en el artículo 95 de la LPAC , Ley 39/2015, de 1 de octubre, en especial su apartado 3, al no haber prescrito la acción sancionadora", por lo que debe centrarse el examen del alegato en los trámites del procedimiento NUM001.

No hay omisión de ningún trámite preceptivo, puesto que consta nuevo acuerdo de incoación del nuevo expediente disciplinario, tras la declaración de caducidad del anterior, con nombramiento de instructor y secretario, notificación al denunciante y denunciado, la concesión de trámite de alegaciones, la presentación de alegaciones por la Sra. Maribel, al que sigue un acuerdo motivado sobre el periodo de prueba, notificado a la interesada, la propuesta de resolución, su notificación a la interesada, la presentación de nuevas alegaciones por parte de ésta, y finalmente la resolución del expediente disciplinario.

La aquí recurrente había solicitado como prueba, además de la documental aportada, lo siguiente:

Se solicita autorización a la junta para la aportación del contenido de los emails remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo así mismo a dicho profesional para aportar las respuestas dadas en dicho periodo y ello en virtud del artículo 5.3 del Código Deontológico que establece que: "E/ abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente /as cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo", prescribiendo el Artículo 34 del Estatuto General de la Abogacía Española, que son deberes de los colegiados:(...)"

Esta proposición probatoria está motivadamente denegada, en lo que se refiere a la autorización solicitada, en acuerdo expreso del instructor del expediente, en el que se razona:

"En el escrito de alegaciones de 10 de febrero de 2021, la letrada solicita como MAS DOCUMENTAL (pág. 16) autorización de la Junta para aportar el contenido de los correos electrónicos remitidos al letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019, requiriendo a tos profesionales para aportar las respuestas dadas en dicho período.

No se considera necesaria la prueba propuesta para el objeto del expediente, en el que únicamente se habrá de valorar el eventual reproche deontológico que proceda atribuir a la letrada por la comunicación realizada a la parte contraria personal y directamente. Se tienen por realizadas las alegaciones y explicaciones realizadas por la denunciada, y no se cuestiona que efectivamente se haya podido comunicar vía email con el letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019 y que hayan existido comunicaciones entre ambas en relación con los procedimientos en curso, e incluso, con las cuestiones contractuales y patrimoniales objeto de comunicación personal a la contraria, sin que resulte necesario desplegar prueba adicional alguna.

En todo caso, a mayor abundamiento de ser reputadas como impertinentes, a la vista del artículo 11. 1 del RPD, cabe señalar que estos medios concretos de prueba no se han propuesto con expresión de los "puntos de hecho o extremos que pretenda acreditar."

Debe concluirse que la denegación de la prueba está motivada y no se genera indefensión, porque no se niega el hecho que se pretendía acreditar, explicando la irrelevancia del mismo, por lo que no era una prueba necesaria. El núcleo de la discrepancia entre la letrada sancionada y el Colegio no es de índole fáctica, sino jurídica, en relación al carácter permitido o prohibido, conforme a los deberes deontológicos, de la conducta de la recurrente, no existiendo duda fáctica en relación con el hecho mismo de que la letrada sancionada haya enviado tres burofaxes a la Sra. Estibaliz, que era la parte contraria al cliente al que ella defendía. En todo caso, al margen de las comunicaciones previas al letrado de la parte contraria, su envío, no negado por el Colegio, no afecta a la prueba del hecho constitutivo de infracción, y aunque se diera por cierto lo alegado respecto al envío de dichas comunicaciones, ello no representa la ausencia de infracción, sino que confirma el conocimiento de la existencia de letrado de la parte contraria, sin que la ausencia de respuesta a esas comunicaciones equivalga a una renuncia a la representación por parte del letrado/os de la parte contraria.

Por lo demás, lo relevante a los efectos del tipo infractor aplicado es la designación de letrado a la parte contraria, y en la resolución disciplinaria se motiva que:

"De tal manera, el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo)."

En consecuencia, no se le ha privado a la letrada aquí apelante de ningún medio de prueba relevante para su defensa, ni ha habido tramitación irregular del expediente, debiendo recordarse que con arreglo al art. 95 LPAC:

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado.

En este caso se declaró la caducidad del anterior expediente disciplinario, se incoó uno nuevo y se cumplimentaron todos los trámites, disponiendo la interesada del trámite inicial de alegaciones y del posterior a la propuesta de resolución, de los que hizo uso, por lo que no se vulneró su derecho de defensa, que no alcanza a la práctica de medios de prueba con carácter ilimitado, cuando no se satisface el criterio de pertinencia y necesidad, y se proponen para acreditar circunstancias que no desvirtúan los hechos por los que se le sanciona.

No se basa la sanción en la falta de acreditación de los hechos que se pretendían probar, sino en su falta de relevancia, al razonar el Colegio (en relación a las comunicaciones dirigidas por la letrada en representación de su cliente a la parte contraria, víctima de violencia de género y amparada por una orden de protección que prohibía al cliente de la letrada sancionada comunicar con la víctima por cualquier medio), respecto al envío de esos burofaxes directamente a la Sra. Estibaliz, que:

"No es excusa para ello ni le habilita que, según alega, el letrado de la defensa no le contestase a los correos dirigidos en el 2018 y los primeros meses 2019, pues, en tal caso, tendría que haberse dirigido al juzgado pidiendo la habilitación de un canal de comunicación".

Este es el motivo por el que se valoró en la instrucción del expediente y ahora se reitera por el Colegio, que la prueba propuesta era "impertinente, innecesaria y, además, no expresaba los puntos de hecho que pudieran afectar al expediente, pues no había autorización expresa de la defensa para comunicarse y, por el contrario, como ya se dijo, había prohibición judicial expresa de comunicación. Además, esa prueba tan sólo corroboraría más, si cabe, que la letrada obvió la existencia de defensa a la hora de comunicarse con la parte contraria".

A lo que se añade por parte de la defensa del Colegio de Abogados de A Coruña:

"A mayor abundamiento, la prueba era absurda, en cuanto a ilógica, pues la letrada no necesitaba autorización de la Junta de Gobierno para aportar la documentación que estimase necesaria para su defensa (art. 5.9 CD/2019), ni el Instructora es competente para iniciar o acordar el inicio del expediente contradictorio a que hacen mención en los artículos 30.d EC-2002, 34.d EGAE-2001 y 5.3 CD/2019, que es exclusiva competencia de la Junta de Gobierno. No cabe, en definitiva, proponer como prueba que se inicie un procedimiento de autorización ajeno al procedimiento disciplinario y para el que la Instructora no es competente, y que, por lo demás, es innecesaria".

Por todo lo expuesto, no se aprecia que la recurrente haya perdido ninguna oportunidad probatoria relevante para acreditar ningún hecho que le pudiera resultar de utilidad en su defensa, y tampoco la sanción se basa en un hecho que la recurrente hubiera intentado desvirtuar, sino en hecho admitidos, como son el envío de los burofaxes a la Sra. Estibaliz, sin perjuicio de la discrepancia entre las partes sobre la relevancia típica de dicho envío, a los efectos del tipo infractor aplicado, sin que en ese juicio jurídico se haya visto perjudicada la recurrente por la prueba no practicada, al no negar el Colegio el envío de comunicaciones por la letrada sancionada al letrado de la defensa de la parte contraria, ni tampoco que dichas comunicaciones no hubieran tenido respuesta por parte del mismo.

En consecuencia, no se vulneró el derecho de defensa de la recurrente, ni se omitió ningún trámite, debiendo recordarse que conforme al art. 77.3 de la LPAC 39/2015, el instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada, lo cual se respeta en este caso.

QUINTO: Sobre el cambio de calificación de la infracción.

No hay cambio de calificación "in malam partem", ni vulneración del art. 16.4 del Reglamento del procedimiento disciplinario ni del art. 90.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. La resolución disciplinaria, que es el acto recurrido, y el que pone fin al expediente disciplinario, generando efectos para la recurrente, no agrava la calificación respecto a la información previa o al anterior expediente disciplinario. Esa agravación se contenía en el acuerdo de incoación del segundo expediente disciplinario, el cual no tiene por qué estar vinculado por la calificación realizada en la tramitación de un anterior expediente por los mismos hechos, teniendo en cuenta que tras dicho acto de incoación la recurrente dispone de trámite de audiencia, para defenderse frente a esa nueva calificación jurídica de los hechos ya valorados en un expediente anterior que se declaró caducado. Siendo la sanción finalmente impuesta por infracción grave, y no muy grave como se calificaba indiciariamente en el acuerdo de incoación, es obvio que no se vulnera la reformatio in peius, puesto que no se ha empeorado la posición del interesado como consecuencia de ningún recurso, antes al contrario, tras la incoación por infracción muy grave, al final se ha impuesto sanción de acuerdo a una calificación jurídica más favorable, coincidente con la ya indicada en anterior expediente disciplinario tramitado por los mismos hechos NUM000.

En cuanto a las circunstancias alegadas respecto a la solicitud de ejecución de la sanción, son ajenas al juicio de validez del acto, y afectan tan solo a su eficacia, por lo que son irrelevantes en orden a determinar la concurrencia de causa de nulidad o anulabilidad en la resolución disciplinaria, afectando tan solo a la concreción temporal del momento de cumplimiento de la sanción, y ni esas circunstancias ni el contenido del acuerdo de incoación pueden ser base para un alegato sobre la existencia de incongruencia o desviación de poder, que no se aprecia que concurran, visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario y los hechos en que se basa.

SEXTO: Sobre la prescripción.

Visto el contenido de la resolución del expediente disciplinario, es evidente que en la misma se valora la remisión no de dos, sino de tres burofaxes, reseñando en el folio 327 y 328 del expediente, al tratar del tema de la prescripción, lo siguiente:

A mayor abundamiento, ha de calificarse la remisión de los tres burofaxes como una infracción continuada (...), Podemos determinar que se trata de una infracción continuada o permanente ya que se cumplen los requisitos detallados. El sujeto es en los tres casos la misma letrada, el ánimo es análogo, -comunicación de cuestiones de naturaleza patrimonial y contractual como requerimiento fehaciente a la contraparte-, y el precepto vulnerado es también el mismo: artículo 14 C.D.

En estos supuestos, el artículo 30.2 de la Ley 40/2015 se refiere a las infracciones continuadas o permanentes y establece un único criterio para determinar el comienzo del plazo de prescripción: "el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora".

En otro pasaje de la resolución del expediente disciplinario, en la página 331, se dice:

"...el objeto del expediente lo constituye que la letrada dirigió tres burofaxes directamente a la parte contraria, incumpliendo el artículo 14 del CD, lo cual consta acreditado por las propias manifestaciones de la letrada.

Efectivamente, en sus alegaciones [02/05/2019, 11/03/20, 23/11/2020 y 10/02/2021) reconoce el envío de tres burofax a la Sra. Estibaliz en nombre de su cliente (17/07/2018, 16/10/2018 y 26/03/2019), que la parte contraria tenía abogado designado (hasta cuatro) y, por último, que no contaba con autorización expresa de los letrados defensores para ello (dirigir un correo advirtiendo de su intención de enviar un burofax a la víctima, no supone, desde luego, tener la autorización expresa para hacerlo).

Y en la página 334 del expediente, como contenido también de la resolución del expediente disciplinario, se dice:

"En el presenta caso se constata una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias".

En todo caso, el envío de tres burofaxes a la denunciante, el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019, es un hecho alegado por la propia interesada, que pone de manifiesto que la conducta por la que se sanciona a la recurrente no finaliza hasta el 26 de marzo de 2019.

Basta remitirse a la literalidad del escrito de alegaciones de la propia letrada aquí apelante, en el que se hace referencia específica al burofax enviado el 26 de marzo de 2019 (por ejemplo, en el folio 183 y 184).

Por lo demás, ya en la propuesta de resolución del expediente NUM001 se valoraba el envío de tres burofaxes, se especificaba que "En el caso concreto los hechos tuvieron lugar el 17 de julio de 2018, el 16 de octubre de 2018 y el 26 de marzo de 2019 fecha de remisión de los burofaxes por la letrada a la parte contraria, y la notificación del acuerdo de ED NUM001 se produce el 28/1/2021" y se calificaba el mismo como infracción continuada, y siendo un extremo alegado por la propia interesada, es claro que no se vulnera el derecho a ser informado de la acusación, con la ineludible consecuencia de la inalterabilidad de los hechos imputados.

En definitiva, aunque no se otorgue efecto interruptivo a la notificación de la incoación de la información previa NUM002, por haberse declarado caducado dicho procedimiento (lo que impide que surta efectos interruptivos de la prescripción, ex art. 95 LPAC) , lo cierto es que está acreditado en las actuaciones, y admitido por la recurrente, que envió no dos, sino tres burofaxes, y el último fue el 26 de marzo de 2019, siendo un extremo fáctico que resulta de sus propias alegaciones y que la resolución del expediente disciplinario no podía desconocer ni ignorar, debiendo computarse el plazo de prescripción desde el último hecho que se integra en el tipo infractor, y desde el mismo no ha transcurrido el plazo de dos años hasta la notificación de la incoación del expediente disciplinario.

El 26 de enero de 2021, se produce la notificación del acuerdo de apertura expediente disciplinario NUM001, por tanto, antes del transcurso de dos años desde la finalización de la conducta infractora, de carácter continuado, cómputo en el que además habría que descontar los días correspondientes a la suspensión de plazos derivada del RD 463/2020 que declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que determinó la suspensión de plazos de los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público (D.A. 3ª) y además se dispuso expresamente que:

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Tras varias prórrogas, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dispuso en su art. 9:

"Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas."

Y en su artículo 10:

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

En todo caso, aún sin necesidad de tener en cuenta los días de suspensión de plazos derivados de dichos Reales Decretos, lo cierto es que no transcurrieron dos años desde la finalización de la conducta infractora por la que se sanciona a la recurrente.

La notificación de la incoación del expediente interrumpe el plazo de prescripción, no procediendo continuar el cómputo de forma ininterrumpida hasta la resolución disciplinaria de 4 de junio de 2021 o hasta la notificación de la resolución del recurso de alzada en fecha 21 de junio de 2023, la cual no afecta a la prescripción de la infracción, sin perjuicio de que, conforme al art. 30.3 LPAC, "En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso".

En este caso, se interpuso el recurso de alzada en fecha 2-7-2021, y se resuelve por acuerdo del Consello da Avogacía Galega de fecha 13 de junio de 2023.

El plazo de tres meses para la resolución del recurso de alzada venció el 2-10-2021, y antes del transcurso de dos años, se resolvió el recurso de alzada y se notificó a la interesada, en junio de 2023, sin que además pudiese considerarse prescrita la sanción, cuando la interesada lejos de solicitar que se declarase prescrita la sanción, solicitó el cumplimiento de la misma una vez se le notificó la resolución del recurso de alzada.

SÉPTIMO: Sobre el error en la valoración de la prueba y la alegada inexistencia de infracción del art. 14 del Código Deontológico .

Dice el art. 14 del Código Deontológico-2002 :

«Artículo 14.- Relaciones con la parte contraria:

1. El Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con éste la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente.

2. Cuando la parte contraria no disponga de abogado, deberá recomendarle que designe uno. Y si a pesar de ello, insistiera en su decisión de no tener Abogado propio, el interviniente deberá evitar toda clase de abuso».

En este caso es un hecho admitido que la letrada recurrente envió tres burofaxes directamente a la parte contraria, resultando que en fecha posterior al envío del último de los burofaxes se dicta sentencia, en fecha 21/11/2019, aportada en el expediente por la propia letrada aquí apelante, dictada en pleito civil de modificación de medidas, en el que la parte demandada es la Sra. Estibaliz, defendida por el Letrado Sr. Roberto. Y consta en dicha sentencia que ya desde fecha anterior al 21 de diciembre de 2018 la Sra. Estibaliz estaba personada en las actuaciones, figurando como letrado el Sr. Roberto.

En consecuencia, no se puede considerar que la Sra. Estibaliz careciera de abogado, y de hecho la propia letrada aquí recurrente en sus alegaciones hacía referencia al contenido de los emails "remitidos al Letrado de Doña Estibaliz con anterioridad al 14 de marzo de 2019", habiendo solicitado como prueba autorización para su aportación y para requerir al profesional referido para que aportase las respuestas, prueba innecesaria puesto que el Colegio no ha negado el envío de esos correos electrónicos al letrado de Doña Estibaliz, que lo que ponen de manifiesto es que la letrada recurrente conocía la existencia de esa defensa letrada de la parte contraria. De hecho, en sus alegaciones la Letrada aquí apelante manifestaba que:

"Desde la intervención de la Letrada Sra. Maribel, han asistido a la Sra. Estibaliz, dos letrados de forma sucesiva en las diligencias urgentes y en las posterior modificación de medidas, el primero, designado en virtud del beneficio de asistencia jurídica gratuita concedida a la Sra. Estibaliz respecto del procedimiento penal, y un segundo que le sustituyó en el procedimiento penal, articulando la oposición en el procedimiento de modificación de medidas instado por esta parte, para finalmente Don Roberto, letrado de libre designación nombrado por la Sra. Estibaliz, personarse en el referido procedimiento penal en el que eran parte la misma y mi representado.

En relación con la alegación de que un abogado designado por el turno de oficio no podría defender a la parte contraria, el Colegio de Abogados aducía que el Artículo 2.g) último párrafo de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, respecto de las víctimas de violencia de género, establece que en los distintos procesos deberá ser el mismo abogado el que asista a estas víctimas. Por ello se justifica la desestimación de dicha alegación. La dicción actualmente vigente del art. 2 de la Ley de Asistencia Jurídica, que ha experimentado varias reformas desde la tramitación del expediente disciplinario, en su apartado h), establece que "Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas", lo que se corresponde con la versión anterior del apartado g) vigente cuando se produjeron los hechos y se tramitó el expediente.

Por lo demás, el hecho de no haber recibido respuesta no equivale a una renuncia a la defensa letrada o revocación de la defensa letrada por parte de Doña Estibaliz. Y en cuanto al hecho alegado por la apelante, ya desde el expediente, de que "el contenido de las comunicaciones remitidas a Estibaliz se refieren a cuestiones relativas a extinción de condominio liquidación de gananciales, reintegro compensaciones patrimoniales..., que ninguna relación guardan con que mi cliente tenga que abonar una determinada cantidad en concepto de alimentos, o aún en el concepto más amplio de cargas del matrimonio", no justifica el envío de los escritos de carácter conminatorio a la parte contraria, después de las comunicaciones mantenidas con su letrado, sin que constase autorización expresa del mismo para ese contacto personal, máxime cuando la parte contraria era la expareja del cliente de la letrada aquí apelante, tenía condición de víctima de violencia de género y se había establecido una prohibición de comunicación al cliente de la letrada aquí apelante por cualquier medio con su expareja.

El derecho de defensa no ampara la conducta de la letrada apelante, ya que el ejercicio de ese derecho debe ser siempre respetuoso de las normas deontológicas, y en este caso se ponen de manifiesto por el Colegio de Abogados la existencia de otras posibilidades de defensa sin incurrir en vulneración de las previsiones deontológicas (por ejemplo, la conciliación prevista en la Ley de Jurisdicción Voluntaria o la solicitud de autorización expresa al letrado para comunicarse con su clienta).No consta la autorización del letrado de la parte contraria para efectuar entablar contacto directo con su clienta, solo se alega la ausencia de respuesta de dicho letrado, no consta la renuncia o el rechazo del letrado de la parte contraria a continuar con la defensa de la misma y tampoco alega la letrada recurrente que hubiera instado del juzgado un permiso o el establecimiento de un cauce de comunicación con la parte contraria, a pesar de la constancia de que sobre el cliente de la letrada aquí apelante pesaba una prohibición de comunicarse por cualquier medio con la persona a la que la letrada remitió las comunicaciones de carácter conminatorio. Constando que la parte contraria contaba con defensa letrada, no cabe que la letrada recurrente interprete unilateralmente el ámbito de dicha actuación, presuponiendo que la misma no abarca las cuestiones a las que se refería en sus burofaxes posteriores dirigidos directamente a la Sra. Estibaliz, puesto que de hecho alegaba haberse dirigido en primer lugar al letrado de la Sra. Estibaliz, y ante el silencio del mismo no podía considerarse legitimada para una comunicación directa con la Sra. Estibaliz, máxime en atención a la especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba y la restricción de comunicaciones con ella que pesaba sobre el cliente de la letrada aquí apelante, en cuya defensa actuaba.

OCTAVO: Sobre la proporcionalidad y la graduación de la sanción.

No cabe apreciar vulnerado el principio de proporcionalidad con una sanción de suspensión de 30 días, por cuanto el arco sancionador permitía imponer una sanción por plazo de hasta tres meses, y se motiva la concurrencia de "una persistencia infractora al enviar hasta tres burofaxes y, además, dirigidos a una víctima de violencia de género, persona especialmente vulnerable, sin autorización de su defensa y en contra de la prohibición judicial expresa, por lo que la infracción de considerarse un incumplimiento grave de las normas estatutarias."

Teniendo en cuenta los elementos de graduación valorables con arreglo al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), se debe considerar justificada la sanción impuesta, sin que pueda reputarse proporcionada una sanción de menor gravedad, por cuanto se trata de una infracción continuada, por lo que se debe valorar, a efectos de la graduación, la continuidad o persistencia de la conducta infractora; y además el expediente se inicia a raíz de un escrito de queja presentado por la parte contraria, que recibió las comunicaciones de la letrada, en el que se expone que se siente "acosada por la abogada de su ex marido ya que la Letrada Maribel se está comunicando cuando yo tengo representante legal (para generarme angustia y desasosiego) y puesto que se está comunicando a través de ella mi ex pareja (investigado por violencia de género), no pudiendo hacerlo ya que hay una sentencia que dice que no puede comunicarse a través de terceros y a través de cualquier medio (siendo la abogada uno de ellos)."

Conforme al art. 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) también hay que valorar la naturaleza de los perjuicios causados, y por lo expuesto, vistas las circunstancias del caso, y la condición de la persona receptora de las comunicaciones, no estamos ante una infracción meramente formal, sino ante una infracción de la que se derivan materialmente perjuicios, en cuanto a la esfera personal de un tercero, por lo que sí concurren circunstancias de que justifican la sanción impuesta, que por lo demás tampoco se sitúa en el máximo del arco sancionador, ni siquiera en el tercio superior. No sería proporcionada a la gravedad de los hechos y su naturaleza ni una calificación jurídica de menor gravedad, ni una sanción inferior, por lo que las pretensiones relativas a la imposición de una sanción de menor gravedad deben ser desestimadas, confirmando también la sentencia en este extremo.

NOVENO: Sobre la opción de multa alternativa.

No hay omisión de pronunciamiento en relación a la opción de multa alternativa, prevista en los Estatutos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña que entraron en vigor el 20 de junio de 2023 y que no han sido los aplicados al caso, sino los anteriores. Si se acude a la nueva regulación de dichos Estatutos de 2023, se aprecia que el arco sancionador en realidad es más gravoso, ya que tiene un mínimo de 15 días y un máximo de un año de suspensión del ejercicio de la Abogacía, por lo que no cabe apreciar que sea más favorable. En todo caso, la posibilidad prevista de multa de 1.001 a 10.000 euros no es más que una alternativa potestativa, prevista para el caso de que mediase petición expresa del sancionado, y en la toma de posición sobre dicha posibilidad alternativa el Colegio habría de tomar en consideración "la gravedad de los hechos y el principio de proporcionalidad y, para ello, siguiendo los siguientes criterios: a) Grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. c) La naturaleza de los perjuicios causados. d) La reincidencia."

De acuerdo con dichos criterios ya se ha expuesto la plena proporcionalidad de la sanción de suspensión, de 30 días, impuesta de acuerdo al régimen de los Estatutos de 2002; el nuevo régimen sancionador de los nuevos Estatutos no es más favorable, no hay petición del sancionado, que además ha recurrido la sanción, en vía administrativa y judicial, por lo que tampoco desde esta perspectiva hay motivo de revocación de la sentencia.

En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación, no procediendo estimar ninguna de las pretensiones articuladas en dicho recurso.

DÉCIMO: Sobre las costas procesales.

La desestimación del recurso de apelación determina, conforme al art. 139 de la LJCA, la imposición de las costas procesales a la parte apelante, con el límite máximo de 1.000 euros en total, por todos los conceptos y partes.