Sentencia Contencioso-Administrativo 371/2025 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4104/2025 de 29 de septiembre del 2025

PRIMERO.-Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Fundamentación jurídica del recurso de apelación.

La apelante refiere en primer lugar que el objeto del litigio principal es la denegación por silencio de la petición de suspensión de la ejecución de la orden de demolición recogida en el expediente con referencia NUM000 de la APLU y consecuentemente de los actos de ejecución derivados de la misma en tanto no se dé traslado y remita la precitada orden de demolición a la Consellería de Cultura, a fin de que resuelva sobre la pertinencia o no de la ejecución de dicha orden demolición, ya sea para rechazarla, autorizarla en su caso de forma total o parcial, y en definitiva determinar el alcance de la ejecución.

Y se razona por la apelante que el motivo de la petición es que se está ordenando al actor la demolición de un bien que goza de especial protección por tratarse de un bien catalogado perteneciente al Patrimonio Cultural de Galicia, lo cual requiere de la intervención de la Consellería de Cultura a fin de autorizar y tutelar la demolición por lo que al actor le está vedado acometerla sin más. Y se sostiene que la Consellería de Cultura ha dado la razón al actor después de que este hiciese una comunicación-denuncia a la misma, que se incorporó como documento nº 2 de la demanda, así en la actualidad la Consellería de Cultura de Galicia ha requerido a la APLU para que presentase el proyecto de demolición del bien catalogado habiéndose aportado al Tribunal el correspondiente requerimiento de la Consellería de Cultura que se incorporó como documento nº 3 de la demanda, y sin embargo este hecho no ha sido tenido en cuenta por la APLU que tampoco ha impugnado dicho requerimiento en modo alguno.

Y se refiere de seguido que en el expediente NUM000 la APLU se dictó resolución de fecha 12 de junio de 2012 contra la que se formuló recurso de reposición que fue estimado parcialmente mediante Resolución de la APLU de 25 de noviembre de 2014 pero en la que mantenía la obligación de "demoler las obras objeto del expediente en el plazo máximo de tres meses",consistente en la completa demolición de la vivienda particular más una solera y una piscina, sitas en el DIRECCION000, municipio de Redondela. La razón de la decisión adoptada determinante de la orden de demolición, fue la aplicación de la normativa relativa a la Servidumbre de Protección de Costas incompatible con la pervivencia de dicha edificación por estar situada en zona de servidumbre de costas. Contra dicha resolución se interpuso demanda contencioso-administrativa y por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 De Vigo se dictó Sentencia 441/2015 en los Autos de PO 186/2015, desestimatoria del recurso y por sentencia del 28/04/2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia se desestimó el recurso de apelación núm. 4131-2016 interpuesto contra la sentencia precitada, sentencia declarada firme el 07/07/2016.

Pero se alega que, con anterioridad a la incoación de este expediente, se procedió a la publicación del Decreto 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia (en adelante POL), vigente desde el 23 de febrero de 2011, y como consecuencia de la aprobación del POL en relación al caso concreto la zona donde se hallan las edificaciones objeto del precitado expediente quedó automáticamente incluida en el ámbito del entorno de protección de bienes incluidos en el Catálogo Del Patrimonio Cultural De Galicia. Y se dice por la apelante que en fecha de 25 de 10 de febrero de 2018 se dicta resolución por la Consellería de Cultura dirigida al Concello de Redondela y se dice que a la vista de esta Resolución de la Consellería de Cultura, la propia APLU solicitó a la Subdirección General de Conservación y Restauración de Bienes de Interés Cultural que informase si los bienes objeto del expediente de reposición constituían bienes catalogado o directamente no se integran en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, y la respuesta fue rotunda en el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural emitido el 4 de agosto de 2020.

Y por lo que hace a la actuación de la Consellería de Cultura refiere que ha emitido en fecha de 5 de abril de 2024 resolución que dice "Antecedentes O 04.08.2020 o servizo de Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emite un informe en resposta á solicitude efectuada pola APLU en relación á catalogación da edificiación sobre a que se prevén as obras de demolición, concluíndo que: Os catro inmobles que se identifican na súa consulta (pista deportiva, edificación residencial e dúas piscinas) atópanse incluídas no ámbito do conxunto da antiga fábrica IME, que é un ben de carácter industrial que pertence ao Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia. Non existe unha delimitación formal do dito ben, máis a información dispoñible e os criterios de interpretación con carácter subsidiario confirmaría que a súa delimitación correspondería coa da parcela con referencia catastral NUM002 e os diferentes inmobles e referencias que contén. Consideracións e conclusións A raíz da documentación achegada, cómpre indicar que segundo a LPC as intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou zona de amortecemento, terán que ser autorizadas pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, coas excepcións que nela se establecen. Neste caso, cómpre solicitar ao promotor das mesmas (APLU) que remitan o proxecto de demolición no que se identifiquen as partes do ben a demoler con indicación dos restos da edificación orixinal que aínda se conserven. O proxecto axustarase ao contido do artigo 43 da LPC e someterase a autorización desta consellería." Esta resolución se dictó en respuesta a una previa denuncia-comunicación a la Consellería de Cultura hecha por el apelante.

Y se razona que la demolición está pendiente de ejecución, habiéndose impuesto hasta la fecha tres multas coercitivas de las que se han abonado las dos primeras mientras que la tercera no se ha abonado por razón de que se presentó una solicitud de revisión de oficio, dicha solicitud surge porque el carácter de bien catalogado es una cuestión que no fue objeto del expediente de reposición de legalidad NUM000, esto es tan evidente como que la APLU toma conocimiento de esta catalogación cuando con motivo de la solicitud de revisión presentada por la apelante solicitó al Servicio de Inventariado de la Consellería de Cultura que informe acerca de la inclusión de la edificación en el Catálogo del Patrimonio cultural de Galicia y es cuando esta emitió un primer informe de fecha 4 de agosto de 2020 en el sentido que ya se ha manifestado en el presente escrito. El fundamento de la revisión es que al desconocerse el carácter catalogado del bien no se atendió ni respetó el contenido de la Disposición Adicional Undécima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Y la solicitud de revisión fue rechazada siendo impugnada por la apelante , resolviéndose en la Sentencia nº 305/2023 dictada en el procedimiento ordinario 4282 /2022 seguido ante la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó la revisión por una cuestión formal aunque con dudas de derecho que llevo la no imposición de costas ya que se da la razón a la apelante en la cuestión de fondo de la revisión, la desestimación de la revisión y entendiendo que no obstante dicha Sentencia era clara en cuanto a la obligación de la APLU de dar traslado del expediente de demolición a la Consellería de Cultura para que tutelase la demolición, la APLU ha hecho caso omiso imponiendo una tercera multa coercitiva al actor para que demuela sin más, sin ningún tipo de modulación. Esta tercera multa coercitiva fue recurrida en vía contenciosa y resuelta por el Juzgado de lo contencioso Administrativo nº 1 de Vigo en la Sentencia nº 29/2024 que por razón de procedimiento y cuantía no admite apelación, en la cual sorpresivamente el Tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre la cuestión de la protección cultural de bien manifestando que: "Dado que el objeto de este pleito lo constituye únicamente la tercera multa coercitiva, no puede examinarse si, en lugar de haberse ordenado la demolición, habría sido procedente la adopción de otra solución menos invasiva. Ni si es preceptiva o no la autorización de la Conselleria de Cultura, ni a quien le corresponde su solicitud. Lo esencial es que la demolición, ni por tanto, la reposición y restauración de los terrenos a su esta anterior estado, no se llevó a cabo, cuando ya desde la resolución del proceso contencioso tendría que haberse efectuado."

Y refiere el apelante que se instó un incidente de ejecución de Sentencia en el procedimiento ordinario 186/2015 interesando solventar la cuestión relativa a la forma de proceder en la ejecución de la demolición invocando el contenido de la Sentencia nº 305/2023 del TSJ de Galicia y los informes emitidos por la Consellería de Cultura hasta ese momento, sin embargo dicho incidente no fue admitido siendo resuelto mediante Auto de 30 de enero de 2024 en dicho incidente se resolvió que no cabía entrar a debatir nada sobre la ejecución de una sentencia que era meramente declarativa de la conformidad de un acto administrativo y que por tanto todo lo concerniente a la ejecución de la demolición se resolvería en la correspondiente sede administrativa, lo cual nos conduce a que a su vez los actos dictados en sede de dicha ejecución administrativa lógicamente podrá ser objeto de la correspondiente revisión jurisdiccional que es lo que se está instando en este momento.

Y al no permitirse determinar el modo de la ejecución de la demolición en sede ejecución de Sentencia del procedimiento judicial primario, se formuló solicitud de suspensión de ejecución de la orden de demolición recogida en el expediente NUM000 y de los actos de ejecución derivados de la misma, en tanto no se dé traslado y remita la precitada orden de demolición a la Consellería de Cultura, a fin de que resuelva sobre la pertinencia o no de la ejecución de dicha orden demolición, ya sea para rechazarla, autorizarla en su caso de forma total o parcial, y en definitiva determinar el alcance de la ejecución así como el modo de proceder en relación a la misma. Esta solicitud no fue contestada ni ha sido contestada, y contra la desestimación por silencio se formuló contencioso administrativo reproduciendo la referida solicitud, que se está tramitando como Procedimiento Ordinario 55 /2024 en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo ante el cual se interesó la presente medida cautelar, que se ciñe a que se sirva acceder a suspender la ejecución de la orden de demolición recogida en el expediente NUM000 en tanto no se resuelva el procedimiento principal.

Y referidos dichos antecedentes se discrepa por la apelante de la Sentencia recurrida en primer lugar en cuanto a la causa de inadmisibilidad puesta de manifiesto al señalar que el recurso es inadmisible por aplicación del artículo 69c) de la LJCA y ello porque la sentencia de instancia considera que la actora liga la impugnación del silencio a la invocación del artículo 117.3 de la Ley 39/2015 no existiendo el presupuesto para ello por establecer este artículo la petición de suspensión vinculada a un recurso faltando en este caso tal recurso, que el obstáculo es de carácter formal y por tanto superable y subsanable, se circunscribe asi el silencio, que es innegable que existe porque la APLU no ha tenido a bien contestar a la petición del administrado, se debe instrumentar a través de la vía del artículo 43 de la Ley 39/2015 que conlleva la toma en consideración de un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud por aplicación del artículo 21.3 o bien del artículo 117 al cual acudió esta parte por razones de que nos hallamos en sede de ejecución de un acto administrativo firme tal y como establece el artículo 117, por lo que se entiende procedente el plazo fijado en esta vía aun cuando la solicitud no se articule a través de la presentación de un recurso, sin embargo dado que el silencio continua incluso en el momento de la presentación del presente recurso, habiendo transcurrido con creces el plazo general de tres meses fijado para la resolución de procedimientos que no tienen fijado otro plazo específico, esto no debe ser un obstáculo insalvable para entrar a valorar el fondo del asunto dado el carácter antiformalista y pro actione que rige nuestro procedimiento administrativo, en segundo lugar la sentencia apelada posteriormente manifiesta como causa de inadmisibilidad que en cualquier caso la solicitud de la actora no origina ningún procedimiento ni supone para la APLU la obligación de resolver pero entiende la apelante que se infringe el artículo 21 de la Ley 39/2015 que establece la obligación de la Administración de resolver en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación y en este caso estamos ante un procedimiento de ejecución de un acto administrativo en el cual se están dictando multas coercitivas.

Y entrando en el fondo de la pretensión accionada en la Sentencia se establece en el mismo fundamento jurídico segundo "que desde luego que deberá intervenir Patrimonio para concretar el alcance de la demolición" , siendo esta acción precisamente la que interesa al actor, de ahí la solicitud al órgano que impone la obligación de ejecutar para que se dirija al órgano correspondiente de la Consellería de Cultura con petición de suspensión de la ejecución mientras no se dirija aconteciendo que ahora mismo hay una resolución de la Consellería de Cultura que es firme y no ha sido recurrida por la APLU donde se le requiere a la APLU que informe sobre el proyecto de demolición, es decir sobre el alcance que ella da a la misma. La consideración que se hace en la Sentencia recurrida de que tal resolución de la Consellería de Cultura incurre en un error es ilógica e ilícita e incurre en un supuesto de desviación de poder al anular indirectamente el contenido de un acto administrativo que no es objeto de enjuiciamiento, y aun cuando se permitiese su anulación incurriría en infracción del artículo 71.2 de la LJCA al determinar el contenido del mismo, pues lo que está haciendo el Tribunal es variar el contenido de una resolución administrativa firme plegándola a sus deseos interpretativos, en este sentido el texto de la resolución de la Consellería de Cultura es claro e inequívoco al señalar que el requerimiento se hace a la APLU, no al ejecutado, sin que exista ninguna disonancia en la misma. Cuando en el encabezado se señala al actor como promotor lo hace como promotor del expediente de las obras de demolición pero no como promotor de las obras, decir que la APLU no es la promotora de la demolición sino quien la acuerda nos parece una discusión de carácter gramatical que no conduce a ninguna parte por cuanto el acto del requerimiento es firme y definitivo, lo que está claro es que la Consellería de Cultura ha requerido a la APLU como órgano que impone la ejecución de la demolición el alcance que considera que debe tener la misma previa a adoptar cualquier decisión sobre su autorización.

Y por último razona el apelante que entiende el Juzgado que de conformidad con lo alegado por la APLU el deber de recabar la autorización pesa sobre el administrado, sin embargo no es una cuestión de recabar la autorización sino de determinar el alcance del acto de demolición puesto que cualquier autorización parte de delimitar el alcance de la misma y la APLU se niega a cualquier tipo de manifestación porque en su día, y esto es importante, ya la solicitó, es decir la APLU ya pidió en su momento a la Consellería de Cultura que informase sobre la delimitación del alcance de la Protección y la respuesta fue la que se recoge en el Antecedente 3 de la alegación primera del presente escrito. Y es que tal y como se ha acreditado en el proceso el recurrente ha comunicado a la Consellería de Cultura la existencia del procedimiento de demolición con todas las Sentencias que han recaído y la Consellería de Cultura ha resuelto como lo ha hecho, el Tribunal de Instancia manifiesta que tal comunicación no sirve tampoco de nada e incluso hace un pronunciamiento que supone la anulación implícita de la resolución dictada por la Consellería de Cultura, el demandante entiende que tal Resolución firme y definitiva es vinculante para el administrado y la APLU y que supone la pérdida del objeto procesal pero dado que la APLU niega su vinculación a dicha resolución y que el Tribunal de Instancia niega la validez de tal resolución se formula el presente recurso, sin perjuicio de que en cualquier caso la situación aboca a una ineludible intervención futura de la jurisdicción penal simplemente porque es absolutamente necesario que el administrado quede libre de toda sospecha ante la existencia de unos informes de la Consellería de Cultura y un requerimiento claro y preciso de esta última lo que podría determinar que pudiese ser denunciado por la propia Consellería de Cultura, por la Administración Local que está elaborando el Plan General o por un tercero.

TERCERO.- Sobre la oposición a la apelación.

La apelada razona que, como aprecia acertadamente la sentencia de instancia, concurre la causa de inadmisibilidad del art. 69 c) al hallarnos ante una actividad administrativa que no es impugnable. La ahora apelante citaba en fundamento de su pretensión el art. 117.3 de la Ley 39/2015, folio 8 de la demanda, pero la solicitud de suspensión no puede hacerse de manera autónoma, sino que es preciso que se recurra un acto administrativo, alegando los vicios de nulidad o anulabilidad en los que incurre, y en coherencia con ello, se solicite la suspensión si se entiende que la ejecución del mismo puede ocasionar perjuicios al destinatario y obligado por el referido acto administrativo. Y se recuerda por la apelada que el acto que el recurrente pretende suspender no puede ser impugnado, pues ya ha sido objeto de impugnación en un recurso contencioso, que declaró la conformidad a Derecho de la resolución que ordenaba la reposición de la legalidad y también ha sido analizada judicialmente la pretensión de nulidad del referido acto firme, instrumentalizada mediante una solicitud de revisión de oficio, que también fue desestimada por la Sala del TSJG, que entendía conforme a Derecho la decisión de inadmisión de la referida solicitud, adoptada por la Administración autonómica, al no incurrir en causas de nulidad de pleno derecho.

Y por ello, no es posible que el recurrente pretenda la suspensión de un acto administrativo irrecurrible, contra el que no acabe recurso alguno, por haber agotado tanto los recursos ordinarios como las vías extraordinarias -revisión de oficio- de impugnación, decisiones administrativas que fueron confirmadas también por esta jurisdicción.

Y reitera la apelada que no es posible es plantear la suspensión de manera independiente a la impugnación de ese acto como aquí se pretende. No puede solicitarse la suspensión de la ejecución del acto principal sin impugnarlo, y dicha impugnación no es posible por haberse agotado todos los mecanismos que el ordenamiento prevé para revisar la conformidad a Derecho de la actuación administrativa.

Y sobre el fondo de la pretensión se sostiene que la solicitud de autorización de la Consellería de cultura le corresponde promoverla a quien está obligado a acometer la demolición, que es el interesado, y ante su renuencia a dar cumplimiento a lo ordenado, o a obtener los trámites necesarios para su proceder -como sería la solicitud de la referida autorización- es oportuna la imposición de multas, como consideró el Juzgado de lo contencioso 1 de Vigo, al ratificar la decisión ejecutiva adoptada por esta Administración.

Y como acertadamente señala la Sala del TSJG, Sentencia 305/2023, en el caso de que la Administración optase por ejecutar forzosamente el acto mediante la ejecución subsidiaria, y se encargase de ejecutar con sus medios la demolición de la edificación a costa del particular obligado, dado su reiterado incumplimiento, sería ésta quien debería solicitar la referida autorización.

Y razona que no habiéndose acordado la ejecución subsidiaria, dado que el plan de inspección de la APLU para los años 2022-2023 (DOG Núm. 43, de 3 de marzo de 2022) en su artículo 8.3 establece una preferencia por la previa imposición de multas, al tratarse de un medio menos gravoso de ejecución (por todas, citamos la Sentencia núm. 975/2010 de 6 octubre del TSJG), es el titular de las obras el que se encuentra obligado a demolerlas, y a obtener los permisos que sean precisos para llevar a efecto la misma, esto es, es a él a quien corresponde la obtención de la autorización correspondiente. Y no constando, pese al tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia del TSJG y la claridad de su fundamentación jurídica, parcialmente transcrita, que se haya solicitado la referida autorización, no procede suspensión alguna del acto firme que de contrario se demanda.

Y no puede el interesado pretender la suspensión de un acto firme cuando sólo a él es imputable que al tiempo de interponer este contencioso no haya solicitado, como debía, la intervención de la Consellería de Cultura.

CUARTO.- Sobre la motivación de la sentencia apelada

Pues bien, el orden de motivación de la sentencia recurrida en apelación se acota, en lo que ahora interesa, al razonamiento que sigue " la solución al presente recurso entiendo que debe ser su inadmisión, art. 69 c) LJCA , puesto que se ha fabricado un silencio negativo inexistente, no hay actuación administrativa impugnable. Esto es, considero equivocada la invocación que la actora hace en la fundamentación jurídica de la demanda, de la previsión contenida en el art.117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) , ya que no se corresponde con el escenario enjuiciado. La solicitud de suspensión de actuaciones ejecutivas a que se refiere ese precepto legal se presenta como accesoria de un recurso administrativo, se encuadra en el seno de la interposición de un recurso que es inexistente en el caso litigioso. No hay recurso administrativo, luego no cabe solicitar ninguna suspensión y la solicitud que inopinadamente se dirija, no originará una desestimación presunta a las que se refiere el a rt 25.1 LJCA, por lo que tampoco existe actividad administrativa impugnable. Es preciso recordar que cuando el art. 21.1 LPAC expresa la obligación de resolver que pesa sobre la Administración, el precepto legal lo que indica es: "1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación". La solicitud actora del 18 de diciembre del 2023, en la que se pidió la suspensión del procedimiento de ejecución, no origina ningún procedimiento, ni supone para la APLU la obligación de su incoación."

Y más adelante razona la sentencia apelada "atinadamente precisa la APLU en su contestación cuando puntualiza que, desde luego que deberá intervenir Patrimonio para concretar el alcance de la demolición, pero en la medida en que el deber pesa sobre el ejecutado, actor, pesa también sobre éste el deber de recabar la pertinente autorización. Aclara la APLU que la responsabilidad sería distinta de haberse acordado la ejecución subsidiaria por la APLU, en cuyo caso sería ésta la que recabase la autorización sectorial. Pero como no se ha alcanzado ese estadio, es preciso que el ejecutado la recabe y mientras no lo haga, la APLU podrá continuar exigiendo coercitivamente la ejecución del acto firme, incumplido, como lo ha venido haciendo hasta la fecha, mediante la imposición de multas coercitivas que persiguen remover la voluntad renuente del obligado. Tendría sentido acceder a una solicitud como la que se ha presentado por la actora y cuya desestimación presunta, indebidamente, constituye la actuación impugnada, en el caso de que el actor hubiese acreditado que ha recabado esa autorización, la intervención de la Consellería de cultura, con la presentación del necesario proyecto de demolición, pero que no ha obtenido respuesta. Desde luego, en ese escenario, cualquier dilación, demora en la ejecución del acto firme que ordena la demolición, no le resulta imputable y no cabría apremiarle con la imposición de multas coercitivas. Pero no es el caso. Llama la atención que la actora abandere la necesidad de contar con el parecer de Patrimonio y, sin embargo, en absoluto ha acreditado que hubiese recabado esa intervención con la presentación del proyecto técnico necesario. En este punto conviene hacer una precisión con relación a la resolución de 5 de abril del 2024, de la jefa provincial del servicio patrimonio cultural, que la actora acompaña a su demanda: Es cierto que en sus conclusiones expresa: "A raíz da documentación achegada, cómpre indicar que segundo a LPC as intervencións que se pretendan realizar en bens de interese cultural ou catalogados, así como, de ser o caso, no seu contorno de protección ou zona de amortecemento, terán que ser autorizadas pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, coas excepcións que nela se establecen. Neste caso, cómpre solicitar ao promotor das mesmas (APLU) que remitan o proxecto de demolición no que se identifiquen as partes do ben a demoler con indicación dos restos da edificación orixinal que aínda se conserven. O proxecto axustarase ao contido do artigo 43 da LPC e someterase a autorización desta consellería." (negrita, nuestra). Ese destacado es un error. La APLU no es la promotora de la demolición, la ha acordado, pero quien debe ejecutarla es el actor, que al reproducir el contenido de ese informe, incluye sus antecedentes, pero deliberadamente omite su encabezado y el primero de ellos que expresan: "Exp.: NUM003 Promotor: Isidro Asunto: obras de demolición en fábrica catalogada Situación: DIRECCION000, DIRECCION001 (Redondela) ANTECEDENTES 1 Isidro promove o expediente de obras de demolición en fábrica catalogada, en DIRECCION000, DIRECCION001 (Redondela)" Coincidimos plenamente con lo expresado en la contestación a la demanda que, resultando diáfano, carece de sentido reproducir o exponerse de otro modo. Inadmitimos el recurso contencioso administrativo por ausencia de actuación administrativa impugnable"

Pues bien, el enjuiciamiento primero que corresponde ahora, en sede de apelación, atiende a la admisibilidad del recurso accionado en la instancia y debe confirmarse aquí el pronunciamiento, negativo, sobre la admisibilidad del recurso, pues, en efecto, no hay acto administrativo recurrible, no lo es desde luego el silencio ante una solicitud de suspensión instada en sede administrativa que no se vincula a la impugnación de un acto, y no puede entenderse desde luego que se impugne ahora la resolución administrativa que en su día acordaba la demolición, pues la misma ha sido positivamente sancionada en sede judicial en varios procedimientos, tanto de impugnación directa de la resolución como recursos frente a al desestimación administrativa de solicitud de revisión, y si bien la actora acota el objeto del recurso seguido en la instancia a "la denegación por silencio de la petición de suspensión de la ejecución de la orden de demolición recogida en el expediente con referencia NUM000 de la APLU" lo que parece olvidar la apelante es la naturaleza ancilar del instituto que contempla el artículo 117 de la LPAC, esto es, lo que allí se contempla es la facultad del interesado de instar la suspensión de la ejecución de un acto, pero con ocasión de su impugnación,ello es palmario tanto vista su sede normativa, Capitulo II del Título V de la LPAC, como el enunciado de dicho artículo "1 . La interposición de cualquier recurso,excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso,previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias" , pero en el caso que nos ocupa, como ya se ha dicho, la suspensión instada nos e vincula formalmente el acuerdo de demolición ni los actos de ejecución seguidos en sede administrativa, multas coercitivas.

Pero igualmente conviene señalar, que, en todo caso y aun de haberse entrado en el examen del fondo de la pretensión, tampoco hubiera podido acogerse la accionada en la instancia, pues esta Sala ya se ha pronunciado, en idéntico sentido que ahora el Juzgado, sobre a quien corresponde solicitar la autorización ante la Conselleria de Cultura y así en reciente Sentencia de 13 de septiembre de 2024 (rec. 4230/2024 ) se dice "De la sentencia de esta Sala dictada en el proceso judicial ordinario 4282/2022 no se deriva una obligación de suspensión de la ejecución de la demolición, sino la necesidad, por imperativo legal, de que en el marco del procedimiento de esa ejecución se recabe la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, como trámite preceptivo que debe preceder a la aprobación de cualquier proyecto de ejecución.

En este caso no consta que se haya acordado la ejecución subsidiaria, aludiéndose a la imposición de multas coercitivas. Es el propio apelante el que tiene el deber de realizar las actuaciones conducentes a la demolición y, por tanto, dentro de ellas, solicitar la preceptiva autorización a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para el proyecto de ejecución de la demolición. Por tanto, está en su mano asegurar esa protección, si cumple el deber que le impone la orden firme de demolición, en los términos en que se resolvió la cuestión por la sentencia de esta Sala, que no le relevó de esa obligación, ni dispuso que quedara en suspenso, sino que aclaró que lo que la ubicación de las obras a demoler justifica "no es la revisión de oficio de una orden de demolición confirmada por sentencia firme, sino que justificaría la necesidad de que se solicite la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a efectos autorizatorios, para la futura ejecución material de tareas de demolición, ya sea por el interesado (en cumplimiento del deber impuesto por las resoluciones que pretende revisar) ya sea por la vía de la ejecución subsidiaria por la Administración".

Por tanto, no hay riesgo para la efectividad de la sentencia que se haya de dictar en el proceso principal, porque no se recurre en este caso un acuerdo de ejecución forzosa que, en contravención de lo razonado por esta Sala, disponga que se proceda de forma inmediata a la materialización de la demolición sin haber recabado la autorización sectorial preceptiva de la Consellería de Cultura. Lo que se recurre en vía judicial es una mera desestimación presunta de una solicitud a la APLU de suspensión del procedimiento de ejecución, orden de demolición acordada en el seno del expediente NUM004, y de los actos de ejecución derivados como el expediente, nº NUM005, en tanto no se dé traslado y remita la precitada orden de demolición a la Consellería de Cultura a fin de que resuelva sobre la pertinencia o no de la ejecución de dicha orden demolición, ya sea para rechazarla, autorizarla en su caso de forma total o parcial, y en definitiva determinar el alcance de la ejecución así como el modo de proceder en relación a la misma. Pero el riesgo para la protección del patrimonio cultural no se deriva de la desestimación presunta de esa solicitud (que es el origen del riesgo que procede valorar en esta pieza de medidas cautelares) sino que se derivaría, en su caso, de ulteriores actos de ejecución que sirviesen de base a una actuación material sobre las obras sin haber recabado la autorización de la Consellería de Cultura.

En consecuencia, no siendo objeto de recurso ninguna actuación administrativa expresa en sede de ejecución subsidiaria, y siendo el recurrente el obligado a dar cumplimiento a la orden de demolición, debiendo, según la sentencia de esta Sala, invocada por ambas partes, proceder a esa ejecución, instando como trámite propio de la misma la autorización pertinente de la Consellería de Cultura, necesaria para aprobar cualquier proyecto de demolición en la zona, no se aprecia que concurran los presupuestos para adoptar una medida cautelar, innecesaria para la protección del patrimonio cultural, puesto que cualquier proyecto de demolición, a presentar por el interesado, deberá recabar la intervención del órgano competente para esa protección, y no se recurre ningún acto ejecutivo dictado por la Administración que ampare una inminente demolición por la vía de la ejecución subsidiaria prescindiendo de ese trámite autorizatorio, que sí es procedente insistir en que es preceptivo, según lo indicado por la sentencia de esta Sala dictada en fecha 7 de julio de 2023 en el PO 4282/202 "

Por todo lo cual procede la desestimación del recurso de apelación.

QUINTO.- Costas procesales.

Vista la desestimación del recurso de apelación se imponen las costas al apelante hasta un máximo de 1000 euros.