Sentencia Contencioso-Administrativo 89/2026 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4020/2026 de 04 de marzo del 2026

NO SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos del auto recurrido en apelación, que se deben sustituir por los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

El Concello de Salceda de Caselas recurre en apelación el auto alegando que se dio traslado al Juzgado del estado de la tramitación de la solicitud de dicha licencia mediante escritos de fecha 9 de mayo de 2025 y 15 de octubre de 2025 en los que se reproducía el contenido del informe jurídico de fecha 8 de mayo de 2024 emitido al efecto y que, básicamente, concluía que "a tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira precisa, como mínimo, dunha Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada que se deberá tramitar por parte do promotor conforme o previsto nos art. 45 e seguintes da Lei 21/2013, sen prexuízo do que se indique por parte do órgano substantivo a tal efecto.

En todo caso, o interesado non aportou o informe favorable do Organismo de Conca ao que se refire a Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de data 10.12.2012.

Polo tanto, dado que segundo dispón o art. 144 da LSG non se pode outorgar licenza ningunha con anterioridade á declaración de impacto ou efectos ambientais ditada polo órgano ambiental competente e sen o acreditar o previo outorgamento das autorizacións sectoriais, para poder continuar coa tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira Pereiriña compre requirir ao peticionario para que solicite o inicio da Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada ou, no seu caso, o trámite que proceda segundo a Lei 21/2013".

Se articulan los siguientes motivos de impugnación:

1º.-Improcedencia de que sea el Concello el que recabe el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil. Infracción de las normas reguladoras del procedimiento para tramitar la autorización del órgano sectorial.

Se invoca la Resolución de Autorización do Plan de Restauración da Explotación de recursos da sección A Pereiriñas núm. 165 emitida pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas" de fecha 24 de abril de 2013, en la que se hace referencia al informe favorable del proyecto de cierre (...) emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en fecha 10.12.2012, en el que se dice -se cita textualmente - "o vertido de auga acumulada no oco mineiro levarase a cabo conforme ao disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas, así como no resto da normativa en materia de augas, debendo contar coa autorización do órgano de conca".

Entre lo alegado durante la presente ejecución también se hizo referencia a un Requerimiento de fecha de registro de salida 22.10.2014, emitido por el Jefe de Servicio de la Comisaría de Aguas - Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, en relación con la solicitud formulada por la entidad Manuel Vaqueiro, S.L., para realizar un vertido procedente de la Canteira Pereiriñas.

Resulta evidente que es necesaria la previa obtención del informe sectorial favorable emitido por el organismo de cuenca para poder otorgar la licencia municipal solicitada, conclusión esta, a la que efectivamente llega el Auto que ahora se recurre, pero, sin embargo, y se discrepa del modo en el que resuelve el Juzgado de Instancia acerca de la manera en la que se debe tramitar tal autorización sectorial, ya que, a diferencia de lo que se indica en el Auto, no es el Concello de Salceda de Caselas el órgano encargado de "requerir de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa" (como se indica en el Auto) sino que es el propio interesado el que debe solicitar de aquellos órganos sectoriales sus correspondientes autorizaciones ( art. 353.2 i) del Decreto 143/2016, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, y que desarrolla el art 144 de esta última.

Lo mismo resulta de la normativa en materia de aguas: la autorización y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Dado que tal y como confirma el Auto, es necesaria la previa obtención de la autorización del informe sectorial del organismo de cuenca, y que la necesidad de dicho informe ya fue puesta de manifiesto por parte de la entidad municipal durante la ejecución de la Sentencia, es evidente que la entidad interesada en la licencia era conocedora del parecer municipal antes de que se dictase el Auto que ahora se recurre, por lo que necesariamente debe enmendarse también el pronunciamiento de "no tener por ejecutada la Sentencia (...)" ya que, a la vista de la normas reguladoras del procedimiento para la obtención de la autorización, debiera ser el interesado y no el Concello quien se ocupase de solicitar dicha autorización.

Por tanto, no puede ahora exigírsele al Concello que no tenga por ejecutada la Sentencia que obliga a tramitar la licencia interesada cuando el interesado no ha completado su solicitud aportando el informe sectorial de cuenca necesario que, como se acaba de exponer, debiera ser solicitado por el administrado y no por la entidad municipal.

2º.- El Auto no resuelve, o mejor dicho, evita pronunciarse acerca de la cuestión que se planteó y que afecta a la pérdida de eficacia de la Autorización Ambiental y, por tanto, la tramitación de una nueva, de acuerdo con lo dispuesto en la Lei 9/2013, del Emprendimiento y la competitividad económica de Galicia, en relación con lo dispuesto en la Ley 21/2013, sobre evaluación ambiental.

La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013, al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Ahora bien, en el Auto recurrido respecto de esto se señala que "se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrarse la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico".

Sin embargo, a la vista de lo que dispone la Ley 21/2013, es evidente que yerra la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su oficio de 2015 al que se refiere el Auto, ya que la actuación propuesta se encuentra expresamente prevista en el Anexo II de dicha ley, necesitando, en consecuencia, de la tramitación de dicha Evaluación.

Pero es que, además, consta que el 10.12.2012, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitió informe favorable a la solicitud de cierre de cantera, tal y como se conoce por la referencia que a dicho informe se hace FH6 de la Resolución de fecha 24 de abril de 2013 (documento 1 de este recurso) y que además, es justamente el informe en el que se dice que debe contar con informe del órgano de cuenca.

Se debe hacer constar que la Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de 2012 se conoce única y exclusivamente por la referencia que a ella se hace en la Resolución de 2013, sin que se haya aportado por el interesado en ningún momento desde que solicitó la licencia.

En todo caso, resulta evidente, a la vista de esta Resolución de diciembre de 2012, que este tipo de actuación necesita de un trámite ambiental, y si en 2012 no se tramitó la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo con la Ley 21/2013 fue, sencillamente, porque en aquel momento no estaba en vigor.

Se equivoca el órgano judicial al resolver que no es requisito esencial para la tramitación de la licencia la declaración ambiental, porque sí lo es.

Cuestión distinta sería que se considerase como tal o como equivalente a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, la Resolución de 10.12.2012, pero nada dice al respecto el Auto recurrido.

Ahora bien, aún en el caso de que la Resolución de 2012 se pudiese considerar como un informe ambiental favorable a la solicitud y, por tanto, sustituto de la Evaluación a la que se refiere la Lei 21/2013, tal y como se ha manifestado a lo largo de esta ejecución, esta parte entiende que dicha Resolución de 2012 habría perdido su vigencia (se invoca la Disposición Transitoria Primera de la Ley 21/2013, en su punto tercero).

En el caso que nos ocupa, desde la entrada en vigor de dicha Ley, esto es, el 12.12.2013, ha transcurrido sobradamente el plazo de 6 años de que disponía el interesado para la ejecución del proyecto. Circunstancia que, además, no puede ser achacada a la entidad municipal porque como se acaba de exponer, la entidad interesada nunca contó con la autorización del organismo de cuenca, hecho que, además, es imputable a esta al ser la responsable de su solicitud, así como lo era de enmendar las deficiencias advertidas por la confederación en su requerimiento de 2014.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La parte apelada se opone al recurso de apelación alegando:

"Resulta especialmente enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018. (...)A competencia para tramitar a solicitude de licenza corresponde en exclusiva ao Concello, segundo establece o artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. (...)

A actitude do Concello non é máis que unha estratexia dilatoria para eludir a execución da sentenza firme. Non pode a Administración beneficiarse da súa propia inacción, trasladando á miña representada unha carga que, en todo caso, lle correspondía a ela xestionar como parte da súa obriga de instruír o expediente. O Auto recorrido acerta plenamente ao esixirlle á Administración que asuma as súas competencias e execute o ordenado, solicitando os informes que agora considera imprescindibles.

Esta decisión non é arbitraria nin infrinxe a normativa sectorial, senón que constitúe a única vía para dar cumprimento efectivo ao fallo xudicial e vencer a inactividade persistente da Administración.

A Sentenza firme condenou ao Concello a tramitar a licenza solicitada, o que implica unha obriga de facer, de impulsar o procedemento ata a súa resolución. O Concello non pode agora, en fase de execución, escudarse en supostas obrigas do administrado para perpetuar a súa inacción. (...).

A normativa citada polo Concello ( art. 353.2.i do Decreto 143/2016 e art. 246.1 do Real Decreto 606/2003 ) refírese á iniciación do procedemento por parte do interesado. Non obstante, estamos nunha fase procesual distinta: a execución forzosa dunha sentenza que condena á Administración a actuar. O principio de impulso de oficio do procedemento administrativo e, sobre todo, o deber de colaboración entre Administracións Públicas, amparan plenamente a decisión xudicial. É o Concello, como órgano competente para outorgar a licenza, quen debe asegurarse de que o expediente conte con todos os informes preceptivos, solicitándoos directamente a outros órganos públicos cando sexa necesario para levar a bo termo o procedemento".

En segundo lugar alega la innecesariedad de tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental, alegato con el que la Administración pretende reabrir un debate sobre una cuestión que ya fue resuelta y sobre la que existe un pronunciamiento firme de la autoridad competente en la materia. El Auto recurrido se basa en una prueba documental incontestable que obra en el expediente administrativo desde hace años: el oficio de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 12 de noviembre de 2015. En ese documento, el órgano autonómico competente en materia ambiental comunica al propio Ayuntamiento de Salceda de Caselas que la actuación proyectada no está sometida a evaluación ambiental al no encontrarse en los supuestos de la Ley 21/2013.

El Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios actos, ni de los actos firmes de otras Administraciones que fueron determinantes en el procedimiento. La jueza de Instancia, en el Auto ahora apelado, se limita a constatar un hecho ya acreditado: la autoridad ambiental determinó que no procede dicha evaluación. Que el Ayuntamiento discrepe ahora de esa decisión, casi una década después, es irrelevante y extemporáneo.

Además, este argumento constituye una cuestión nueva suscitada indebidamente en fase de ejecución. Si el Ayuntamiento consideraba que la evaluación ambiental era preceptiva, debió alegarlo y defenderlo en el procedimiento principal. No lo hizo con éxito y la sentencia firme ordenó tramitar la licencia sin imponer esa condición. Pretender introducirla ahora es una clara vulneración de la cosa juzgada y de la inmodificabilidad de las sentencias firmes.

Continúa alegando que:

"O argumento sobre a suposta perda de vixencia dun informe de 2012 é, de novo, unha manobra de distracción. O Auto non se basea nese informe, senón no pronunciamento explícito da Consellería de 2015, que é posterior á entrada en vigor da Lei 21/2013 e que analiza precisamente a suxeición do proxecto a dita lei.".

Finaliza alegando que el auto recurrido es una resolución necesaria y proporcionada que busca garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO: Sobre la ejecución de la sentencia y la solicitud de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil.

La sentencia de cuya ejecución se trata estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la procuradora doña María del Rosario Castro Cabezas, actuando en nombre y representación de Manuel Vaqueiro SL, contra la inactividad del Concello de Salceda de Caselas, en relación con la solicitud de licencia urbanística formulada por el recurrente en fecha 24 de septiembre de 2015 y completada el 13 de abril de 2018 para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera del recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga, y declaró que la resolución administrativa impugnada no se ajusta a derecho, y condenó al Concello de Salceda de Caselas a que tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses a contar desde la firmeza de la presente resolución, debiendo previamente emitir los preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística.

Ese deber de tramitación debe producirse, en ejecución de sentencia, conforme a las formalidades y garantías legales, esto es, siguiendo las normas reguladoras del procedimiento de otorgamiento de licencias. Dentro de dichas normas se encuentran, entre otros, los siguientes preceptos:

1º.El art. 144 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia establece:

1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo fueran realizados en terrenos de dominio público, se exigirán las autorizaciones o concesiones preceptivas previas por parte del titular del dominio público. La falta de estas o su denegación impedirá al órgano competente otorgar la licencia y al particular obtener el título habilitante. (...)

4. No podrá presentarse la comunicación previa ni concederse licencia sin que se acredite el previo otorgamiento de las autorizaciones urbanísticas o sectoriales de otras administraciones públicas, cuando fueran procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

2º.-El art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, establece:

1.La solicitud de licencia urbanística municipal será presentada por la persona promotora de los actos de edificación y de uso del suelo o del subsuelo que se pretendan realizar con anterioridad al inicio de los mismos, ante el ayuntamiento en cuyo término municipal se vayan a desarrollar.

2.La solicitud de licencia contendrá los siguientes datos y documentos: (...)

i)Copia de la autorización o dictamen ambiental, así como de las restantes autorizaciones, concesiones o informes sectoriales cuando sean legalmente exigibles.

También debe tenerse en cuenta la normativa en materia de aguas: la autorización de vertido y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, disponiendo su art. 246, en la redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo:

1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , y con la declaración de vertido según modelo aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la actividad ya era conocedor de que era él el legitimado para instar la necesaria autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, como se evidencia a la vista de la documental, que acredita que en fecha 4 de agosto de 2014 solicitó autorización de vertido de aguas residuales conforme al Real Decreto Legislativo, constando el requerimiento de documentación adicional que le exigió el organismo de cuenca para su tramitación, documentación y datos que obviamente solo puede aportar el interesado, y no el Concello, siendo el interesado el que debe obtener la necesaria autorización del organismo de cuenca.

A mayor abundamiento, en la resolución de autorización del plan de restauración de la autorización de explotación de recursos de la sección A "Pereiriñas", de 24 de abril de 2013, por la que se autoriza el documento "cierre y clausura de explotación Pereiriñas nº a/165 A", ya se indicaba que se autorizaba sin excluir la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que conforme a las leyes sean necesarias, y en particular se refería al informe favorable del proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación "Pereiriñas" nº 165, de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, en el que se recordaba que el vertido de agua acumulada en el hueco minero se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/20001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como en el resto de la normativa en materia de aguas, debiendo contar con autorización del organismo de cuenca.

El apelado, frente ello, manifiesta que "é enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018.

É sobre este proxecto de 2018, e non sobre documentación anterior, sobre o que o Concello estaba obrigado a actuar, impulsando o procedemento e solicitando os informes sectoriais que considerase pertinentes para avaliar a súa conformidade coa normativa urbanística".

Sin embargo, aunque efectivamente se trate de un proyecto posterior, no se desvirtúa que su objeto es el mismo, y de hecho la sentencia de cuya ejecución se trata condena a tramitar la licencia solicitada en fecha 24 de septiembre de 2015, completada el 13 de abril de 2018, para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de la sección A denominada Pereiriñas, y en relación con ese plan de restauración no se desvirtúa que sigue siendo necesario el vertido de agua acumulada en el hueco minero, actuación para la cual lo requerido sería una autorización de vertido solicitada y obtenida por el titular de la actividad, y no se trataría de un mero informe al amparo del art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, invocado en el auto apelado, el cual se refiere a un supuesto distinto, esto es, al informe del organismo de cuenca "sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno".

En este caso lo que se plantea es una actuación de un particular, de cierre y clausura de la explotación de una cantera, sometida a la necesidad no solo de un título habilitante municipal sino que, en su caso, supondría un vertido de aguas al dominio público hidráulico, o al menos consta documentación que apunta en ese sentido, referida a un estadio anterior del proyecto de cierre, en la que se establecía la necesidad de autorización del organismo de cuenca de ese vertido de aguas, constando acreditado que tras la solicitud por el interesado se le cursó un requerimiento por la Confederación Hidrográfica para la acreditación de ciertos extremos de relevancia, recordados por el Concello en su recurso de apelación, tales como:

"La declaración oficial de vertido debidamente cumplimentada; una memoria descriptiva de las aguas residuales generadas, con una declaración del volumen de descarga que indique: caudal horario (m³/h), volumen máximo diario (m³/d) y volumen máximo anual (m³/año); (ii) una relación de todos los parámetros contaminantes que podrían aparecer en las aguas del hueco (aportando analítica en superficie y profundidad por Entidad colaboradora acreditada para todos los parámetros analizados) y los valores de concentración que se solicitan para los mismos en el vertido, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad previstos en el medio receptor por el Plan Hidrológico de cuenca(...); (iii) de ser necesario, una descripción de las instalaciones de depuración proyectadas, indicando con precisión las características y dimensiones de los elementos que las componen, y cálculos que justifiquen que con el sistema propuesto es posible alcanzar los valores de calidad en el vertido final depurado, suscrito por un técnico competente; (iv) programa de actuación; (v) plano en planta a escala 1/25.000 en el que se puedan localizar las instalaciones por sus coordenadas U.T.M. y el punto de evacuación o incorporación al regato de Bacón; plano de implantación de la actividad donde se sitúe la arqueta de control de vertidos y en su caso las instalaciones de depuración; en su caso, planos de definición y de detalle de las instalaciones de depuración proyectadas; propuesta del sistema de control efectivo de los volúmenes a instalar, adjuntando el proyecto con definición detallada y resto de características técnicas del dispositivo de medida propuesto, así como el plazo previsto de entrada en funcionamiento."

No se acredita si dichos extremos han sido cumplimentados con documentación posterior aportada al organismo de cuenca, pero en todo caso es evidente que solo el titular de la actividad puede cumplimentar tal documentación requerida por el organismo de cuenca, vinculada a la solicitud de autorización de vertido, que solo el titular puede solicitar, y cuya obtención es requisito necesario para que se pueda tramitar la licencia municipal interesada.

En este caso, el Auto apelado, por lo que respecta a la necesidad de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, manifiesta que:

"Por lo que respecta al trámite consistente en el informe favorable del órgano de cuenca, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 27 de junio), es preceptiva la emisión de informe por el Organismo de cuenca sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas y los actos y ordenanzas de las Entidades locales en materia de ordenación del territorio y urbanismo siempre que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.

Según la memoria que se adjunta al proyecto del cierre y clausura presentado para la solicitud de la licencia, la zona en la que se ubica la autorización de explotación se encuentra dentro de la Cuenca Baja del Miño que se caracteriza por la combinación el valle de Miño con los valles perpendiculares a él de los ríos Deva, Thermes, Tea, Louro y Carballo, incidiendo cauces de menor entidad. El curso de agua más próximo, lindante con la explotación minera, es el Regato Baco que es subsidiario del río Caselas, afluente del río Miño.

Por tanto, es necesario que se emita el correspondiente informe por parte del Organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sin embargo, no es una obligación que corresponda per se al interesado, sino que la Administración local debe y puede solicitar dicha autorización sectorial, ya que al conceder una licencia urbanística o realizar otro tipo de control, debe verificar que el proyecto cumple con la normativa sectorial aplicable, de manera que, en este caso, será la Administración municipal quien solicite y recabe dicha autorización al órgano correspondiente. Ello implica, en definitiva, que el Concello de Salceda de Caselas, aunque es quien concede la licencia de construcción, es el que requiere de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa.

Por tanto, se estima que el Concello de Salceda de Caselas viene obligado a dar el debido cumplimiento a la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2021, de manera que la ejecución deberá proseguir su curso, debiendo dar el oportuno trámite a la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., y, en particular, recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante."

En congruencia con lo razonado en el auto, en la parte dispositiva del mismo se acuerda requerir al CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS a fin de que proceda a recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante.

Sin embargo, por lo expuesto, se trataría de una actuación de un particular sujeta a necesidad de autorización de vertido de aguas del organismo de cuenca, a obtener previamente por el titular de la actividad, de conformidad con lo establecido en el art. 100 y ss. del texto refundido de la Ley de Aguas, no de una mera solicitud de informe en el marco de una actuación municipal.

El hecho de que la tramitación de la solicitud de licencia sea de competencia municipal no excusa al titular de la actividad de la responsabilidad de obtener las autorizaciones sectoriales que también sean necesarias, en función de la naturaleza del proyecto y las afecciones que el mismo supongan, tanto ambientales como en este caso al dominio público hidráulico. El hecho de que el Concello deba tramitar un procedimiento de licencia en cumplimiento de una sentencia firme que apreció inactividad en su tramitación no altera el régimen normativo de la legitimación para solicitar la autorización sectorial de vertido de aguas al organismo de cuenca, que estando vinculada a un proyecto de un cierre de una cantera, le corresponde al titular de la actividad, siendo precisamente esa autorización sectorial un requisito previo que el interesado debe acreditar para que pueda procederse a tramitar su solicitud.

CUARTO: Sobre el trámite de evaluación ambiental.

El Concello apelante sostiene que "La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013 , al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013 ).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada."

El auto apelado razona sobre la no exigibilidad del trámite de evaluación ambiental requisito en estos términos:

"En fecha 15 de mayo de 2024 el Concello de Salceda de Caselas informó que para llevar a cabo el trámite de la solicitud de licencia urbanística para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga es necesario la emisión de un informe técnico ambiental por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático.

Según el informe de la jefa del Servicio de Evaluación Ambiental de Proyectos de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático de fecha 25 de octubre de 2023, no procede ningún pronunciamiento al respecto del órgano ambiental, de manera que corresponde al Concello de Salceda de Caselas el seguimiento y vigilancia ambiental del espacio minero hasta la cancelación de la autorización. Por tanto, al tratarse de una explotación activa, la competencia le corresponde, únicamente, a la Administración municipal. (...)

...alega el Concello de Salceda de Caselas que no se puede conceder una licencia sin la previa tramitación ambiental favorable simplificada a la solicitud que requiera la actividad que se pretenda.

En primer lugar, comenzando por esto último, se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrase la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico."

En este caso, consta que en la normativa vigente contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, establece en su art. 7.2 que:

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

Dentro de su Anexo II, relativo a los "Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª,", se incluyen en el Grupo 3, letra f), las

f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectadopor la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I).

No hay un razonamiento en el auto que desvirtúe la subsunción del proyecto de cierre de cantera en dicho apartado, más que la referencia al oficio de fecha 12 de noviembre de 2015 remitido por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al Concello de Salceda de Caselas, así como al informe de 25-10-2023, del Xefe de Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, de respuesta al oficio remitido por el Concello en el que solicitaba asistencia para la emisión del informe ambiental y aportaba documentación referida al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas. Este último informe no evidencia la improcedencia de que el titular de la actividad someta el proyecto al trámite de evaluación ambiental simplificada, porque lo que hace es responder a una solicitud realizada no por el titular de la actividad para que se proceda a dicha evaluación, sino por el Concello para que se le prestara asistencia para la emisión del correspondiente informe ambiental, y lo que hace es responder que la competencia para la asistencia solicitada le corresponde al órgano sustantivo, por tratarse de una explotación activa respecto a la que no consta comunicación de cancelación administrativa de la autorización de explotación.

En cuanto al órgano sustantivo, lo que consta es que en el año 2018, en fecha 15 de noviembre, la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Industria e Emprego respondió a la solicitud del Concello manifestando que el anexo al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas supone una redundancia del plan de restauración que actualmente se encuentra aprobado por resolución del Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2013 y las variaciones del mismo solo estarían sujetas a ser contempladas por la dirección facultativa de la explotación en los planes de labores anuales que la empresa debe presentar para su aprobación en esa Jefatura Territorial, en los que se especificarán los desarrollos de los trabajos de restauración en cada anualidad. Por todo ello se devuelve la documentación remitida por el Concello al considerar que no se trata de un nuevo plan de restauración y no se introducen variaciones en el plan aprobado que precisen de la aprobación de un nuevo plan de restauración.

Lo cierto es que ni el oficio de 12 de noviembre de 2015 ni tampoco tales documentos referidos son la respuesta al titular de la actividad de una solicitud de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de cierre y clausura de la explotación, sino la respuesta a solicitudes formuladas por el Concello. Pero es el titular de la actividad el que debe solicitar la evaluación ambiental de su proyecto, conforme al art. 45 de la Ley 21/2013, que establece:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido (...).

No consta que el titular de la actividad, promotor del proyecto de cierre y clausura de la misma, haya solicitado en ningún momento la evaluación de impacto ambiental de su proyecto, de evidentes repercusiones ambientales. Y lo cierto es que el Concello alega que el informe favorable de 10 de diciembre 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no es suficiente, y ello porque:

-según se alega por el Concello, dicho informe favorable de 2012 no ha sido aportado por el interesado, y solo hay constancia de su existencia por una sucinta referencia a su existencia en el antecedente de hecho sexto de la resolución del Director xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2023. Sería necesario contar con el contenido íntegro del informe, para comprobar las condiciones que en el mismo se establecen;

-en todo caso, dicho informe favorable de 10 de diciembre de 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no consta que tenga el contenido propio de una Evaluación de Impacto Ambiental, y aunque así lo tuviera -lo que requeriría una acreditación de su contenido por el interesado promotor del proyecto de cierre de la explotación- no se desvirtúa ni por el auto apelado ni por la parte apelada que, por su fecha, es anterior a la Ley 21/2013, y esta establece en su Disposición Transitoria Primera que:

3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

En este caso es evidente que el referido informe favorable ambiental, del año 2012, y cuyo contenido íntegro el Concello afirma que no se ha aportado por el interesado, no puede servir como motivo para excusar la evaluación de impacto ambiental en este momento, habiendo transcurrido mucho más tiempo que el máximo de seis años desde la entrada en vigor de la ley.

En consecuencia, el Concello, en cumplimiento de la sentencia, debe tramitar el procedimiento de otorgamiento de la licencia, pero dicho trámite no pasa por lo acordado en el auto recurrido en apelación, sino por requerir al interesado para la aportación de la acreditación documental de la evaluación de impacto ambiental preceptiva -cuando menos, la simplificada-, instada formalmente por el titular de la actividad y con la respuesta pertinente del órgano competente, y adicionalmente debe aportarse la autorización del organismo de cuenca, en los términos del art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, en relación con el art. 354, que establece:

"Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que así lo declare.

Declarado el desistimento de la solicitud de licencia a la que se refiere el apartado anterior, o en el caso de declaración de caducidad de la misma, se podrá solicitar nueva licencia aportando de nuevo la documentación o solicitando la incorporación al expediente de la documentación que figurara en el que haya sido archivado."

No procede considerar eximido al promotor de la necesidad del trámite de evaluación ambiental del proyecto en función de la documentación aportada, debiendo constar que el titular de la actividad promueve esa evaluación ambiental preceptiva, y tampoco se puede considerar que el promotor del proyecto quede relevado de la obligación de recabar las autorizaciones sectoriales precisas, en particular la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, puesto que de conformidad con el art. 354.2 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia se establece en relación al procedimiento de tramitación de las licencias que:

2.El ayuntamiento remitirá la documentación presentada a las autoridades competentes para que emitan las autorizaciones, concesiones o informes sectoriales que sean legalmente exigibles y que no tuvieran que ser presentados con la solicitud.No podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas.

El plazo de resolución del procedimiento quedará suspendido entre la solicitud de la autorización, concesión o informe y la comunicación por la autoridad competente de la correspondiente resolución o el transcurso del plazo para emitirla.

Por lo demás, el oficio de la Consellería de 2015 no puede considerarse que zanje la cuestión de la exigibilidad de la evaluación ambiental exigible, cuando se trata de un proyecto complementado con documentación posterior, que data del año 2018. Y además a la vista del expediente se comprueba que dicho oficio no da respuesta a una solicitud del titular de la actividad de evaluación de impacto ambiental, sino que da respuesta a una solicitud remitida por el Concello, vinculada a una petición del interesado al Concello de emisión de informe técnico respecto a una retirada de material vertido y agua acumulada en el proyecto de cierre y clausura de la autorización PEREIRIÑAS A/165, solicitud dirigida al Concello y que este dirigió a la Consellería, recibiendo la respuesta de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental de 12 de noviembre de 2015, que sin ninguna fundamentación se limita a plasmar la respuesta del Subdirector Xeral de Avaliación Ambiental, que de forma sucinta indicaba que no correspondía actuación alguna a dicha unidad, y devolviendo la documentación que le fue remitida, sin que propiamente dicha respuesta, por lo demás huérfana de cualquier motivación y carente de análisis de hechos, pueda considerarse justificación suficiente de la no exigibilidad del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de cierre y clausura de la cantera, máxime cuando el mismo se complementó con un Anexo en el año 2018, y cuando no consta que el titular de la actividad haya presentado ante el órgano competente, por sí mismo, la correspondiente solicitud de dicho trámite ambiental, con la documentación completa que debe adjuntarse, trámite que debe instarse con carácter previo a la obtención de la licencia municipal y cuya promoción debe justificar el interesado.

Por lo demás, en este caso no hay ningún fundamento normativo que ampare la consideración de que la autorización de vertido tuviera que ser solicitada por el Concello. La Ley de Aguas es clara al atribuir la responsabilidad de esa solicitud al titular de la actividad. Y en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, tampoco le corresponde al Concello iniciar el trámite, sino al promotor del proyecto, que es el que puede disponer de la documentación necesaria para la pertinente evaluación ambiental, y no consta que lo haya hecho.

Finalmente cabe puntualizar que la sentencia de cuya ejecución se trata condena a que se tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses, debiendo emitir los informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística. Este es el extremo sobre el que debe informar el técnico municipal y el responsable de emitir el informe jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 354.3 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, conforme al cual:

"Para el otorgamiento de la licencia solicitada serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos municipales sobre su conformidad con la legalidad urbanística (artículo 143.2 de la LSG).

A tal efecto se entiende que tales informes versarán sobre la adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación, así como al planeamiento vigentes."

Todo ello sin perjuicio de que los extremos atinentes a la protección medioambiental deben quedar salvaguardados con la intervención de los órganos competentes sectoriales a través de los trámites establecidos por el ordenamiento jurídico, en particular, la solicitud por el titular de la actividad de la autorización pertinente a organismo de cuenca y la solicitud del trámite de evaluación de impacto ambiental, no constando que en relación al proyecto de litis, que cuenta con un anexo del año 2018, se hayan cumplimentado por el interesado, solicitante de la licencia, dichos trámites, ni que haya obtenido, en consecuencia, la pertinente autorización del organismo de cuenca ni tampoco que haya promovido el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental, de conformidad con la legislación actualmente vigente.

En atención a lo expuesto, procede estimar totalmente el recurso de apelación, revocar el auto recurrido, y declarar que resulta conforme a derecho como forma de ejecución de la sentencia que el Concello de Salceda de Caselas, en ejecución de la sentencia dictada en el PO 282/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, requiera al interesado para que, con carácter previo a continuar la tramitación de su solicitud de licencia, aporte la autorización preceptiva del organismo de cuenca y acredite la realización de la tramitación ambiental de su proyecto, de conformidad con la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental de Proyectos.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA en los recursos de apelación las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

NO SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos del auto recurrido en apelación, que se deben sustituir por los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

El Concello de Salceda de Caselas recurre en apelación el auto alegando que se dio traslado al Juzgado del estado de la tramitación de la solicitud de dicha licencia mediante escritos de fecha 9 de mayo de 2025 y 15 de octubre de 2025 en los que se reproducía el contenido del informe jurídico de fecha 8 de mayo de 2024 emitido al efecto y que, básicamente, concluía que "a tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira precisa, como mínimo, dunha Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada que se deberá tramitar por parte do promotor conforme o previsto nos art. 45 e seguintes da Lei 21/2013, sen prexuízo do que se indique por parte do órgano substantivo a tal efecto.

En todo caso, o interesado non aportou o informe favorable do Organismo de Conca ao que se refire a Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de data 10.12.2012.

Polo tanto, dado que segundo dispón o art. 144 da LSG non se pode outorgar licenza ningunha con anterioridade á declaración de impacto ou efectos ambientais ditada polo órgano ambiental competente e sen o acreditar o previo outorgamento das autorizacións sectoriais, para poder continuar coa tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira Pereiriña compre requirir ao peticionario para que solicite o inicio da Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada ou, no seu caso, o trámite que proceda segundo a Lei 21/2013".

Se articulan los siguientes motivos de impugnación:

1º.-Improcedencia de que sea el Concello el que recabe el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil. Infracción de las normas reguladoras del procedimiento para tramitar la autorización del órgano sectorial.

Se invoca la Resolución de Autorización do Plan de Restauración da Explotación de recursos da sección A Pereiriñas núm. 165 emitida pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas" de fecha 24 de abril de 2013, en la que se hace referencia al informe favorable del proyecto de cierre (...) emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en fecha 10.12.2012, en el que se dice -se cita textualmente - "o vertido de auga acumulada no oco mineiro levarase a cabo conforme ao disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas, así como no resto da normativa en materia de augas, debendo contar coa autorización do órgano de conca".

Entre lo alegado durante la presente ejecución también se hizo referencia a un Requerimiento de fecha de registro de salida 22.10.2014, emitido por el Jefe de Servicio de la Comisaría de Aguas - Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, en relación con la solicitud formulada por la entidad Manuel Vaqueiro, S.L., para realizar un vertido procedente de la Canteira Pereiriñas.

Resulta evidente que es necesaria la previa obtención del informe sectorial favorable emitido por el organismo de cuenca para poder otorgar la licencia municipal solicitada, conclusión esta, a la que efectivamente llega el Auto que ahora se recurre, pero, sin embargo, y se discrepa del modo en el que resuelve el Juzgado de Instancia acerca de la manera en la que se debe tramitar tal autorización sectorial, ya que, a diferencia de lo que se indica en el Auto, no es el Concello de Salceda de Caselas el órgano encargado de "requerir de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa" (como se indica en el Auto) sino que es el propio interesado el que debe solicitar de aquellos órganos sectoriales sus correspondientes autorizaciones ( art. 353.2 i) del Decreto 143/2016, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, y que desarrolla el art 144 de esta última.

Lo mismo resulta de la normativa en materia de aguas: la autorización y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Dado que tal y como confirma el Auto, es necesaria la previa obtención de la autorización del informe sectorial del organismo de cuenca, y que la necesidad de dicho informe ya fue puesta de manifiesto por parte de la entidad municipal durante la ejecución de la Sentencia, es evidente que la entidad interesada en la licencia era conocedora del parecer municipal antes de que se dictase el Auto que ahora se recurre, por lo que necesariamente debe enmendarse también el pronunciamiento de "no tener por ejecutada la Sentencia (...)" ya que, a la vista de la normas reguladoras del procedimiento para la obtención de la autorización, debiera ser el interesado y no el Concello quien se ocupase de solicitar dicha autorización.

Por tanto, no puede ahora exigírsele al Concello que no tenga por ejecutada la Sentencia que obliga a tramitar la licencia interesada cuando el interesado no ha completado su solicitud aportando el informe sectorial de cuenca necesario que, como se acaba de exponer, debiera ser solicitado por el administrado y no por la entidad municipal.

2º.- El Auto no resuelve, o mejor dicho, evita pronunciarse acerca de la cuestión que se planteó y que afecta a la pérdida de eficacia de la Autorización Ambiental y, por tanto, la tramitación de una nueva, de acuerdo con lo dispuesto en la Lei 9/2013, del Emprendimiento y la competitividad económica de Galicia, en relación con lo dispuesto en la Ley 21/2013, sobre evaluación ambiental.

La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013, al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Ahora bien, en el Auto recurrido respecto de esto se señala que "se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrarse la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico".

Sin embargo, a la vista de lo que dispone la Ley 21/2013, es evidente que yerra la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su oficio de 2015 al que se refiere el Auto, ya que la actuación propuesta se encuentra expresamente prevista en el Anexo II de dicha ley, necesitando, en consecuencia, de la tramitación de dicha Evaluación.

Pero es que, además, consta que el 10.12.2012, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitió informe favorable a la solicitud de cierre de cantera, tal y como se conoce por la referencia que a dicho informe se hace FH6 de la Resolución de fecha 24 de abril de 2013 (documento 1 de este recurso) y que además, es justamente el informe en el que se dice que debe contar con informe del órgano de cuenca.

Se debe hacer constar que la Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de 2012 se conoce única y exclusivamente por la referencia que a ella se hace en la Resolución de 2013, sin que se haya aportado por el interesado en ningún momento desde que solicitó la licencia.

En todo caso, resulta evidente, a la vista de esta Resolución de diciembre de 2012, que este tipo de actuación necesita de un trámite ambiental, y si en 2012 no se tramitó la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo con la Ley 21/2013 fue, sencillamente, porque en aquel momento no estaba en vigor.

Se equivoca el órgano judicial al resolver que no es requisito esencial para la tramitación de la licencia la declaración ambiental, porque sí lo es.

Cuestión distinta sería que se considerase como tal o como equivalente a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, la Resolución de 10.12.2012, pero nada dice al respecto el Auto recurrido.

Ahora bien, aún en el caso de que la Resolución de 2012 se pudiese considerar como un informe ambiental favorable a la solicitud y, por tanto, sustituto de la Evaluación a la que se refiere la Lei 21/2013, tal y como se ha manifestado a lo largo de esta ejecución, esta parte entiende que dicha Resolución de 2012 habría perdido su vigencia (se invoca la Disposición Transitoria Primera de la Ley 21/2013, en su punto tercero).

En el caso que nos ocupa, desde la entrada en vigor de dicha Ley, esto es, el 12.12.2013, ha transcurrido sobradamente el plazo de 6 años de que disponía el interesado para la ejecución del proyecto. Circunstancia que, además, no puede ser achacada a la entidad municipal porque como se acaba de exponer, la entidad interesada nunca contó con la autorización del organismo de cuenca, hecho que, además, es imputable a esta al ser la responsable de su solicitud, así como lo era de enmendar las deficiencias advertidas por la confederación en su requerimiento de 2014.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La parte apelada se opone al recurso de apelación alegando:

"Resulta especialmente enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018. (...)A competencia para tramitar a solicitude de licenza corresponde en exclusiva ao Concello, segundo establece o artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. (...)

A actitude do Concello non é máis que unha estratexia dilatoria para eludir a execución da sentenza firme. Non pode a Administración beneficiarse da súa propia inacción, trasladando á miña representada unha carga que, en todo caso, lle correspondía a ela xestionar como parte da súa obriga de instruír o expediente. O Auto recorrido acerta plenamente ao esixirlle á Administración que asuma as súas competencias e execute o ordenado, solicitando os informes que agora considera imprescindibles.

Esta decisión non é arbitraria nin infrinxe a normativa sectorial, senón que constitúe a única vía para dar cumprimento efectivo ao fallo xudicial e vencer a inactividade persistente da Administración.

A Sentenza firme condenou ao Concello a tramitar a licenza solicitada, o que implica unha obriga de facer, de impulsar o procedemento ata a súa resolución. O Concello non pode agora, en fase de execución, escudarse en supostas obrigas do administrado para perpetuar a súa inacción. (...).

A normativa citada polo Concello ( art. 353.2.i do Decreto 143/2016 e art. 246.1 do Real Decreto 606/2003 ) refírese á iniciación do procedemento por parte do interesado. Non obstante, estamos nunha fase procesual distinta: a execución forzosa dunha sentenza que condena á Administración a actuar. O principio de impulso de oficio do procedemento administrativo e, sobre todo, o deber de colaboración entre Administracións Públicas, amparan plenamente a decisión xudicial. É o Concello, como órgano competente para outorgar a licenza, quen debe asegurarse de que o expediente conte con todos os informes preceptivos, solicitándoos directamente a outros órganos públicos cando sexa necesario para levar a bo termo o procedemento".

En segundo lugar alega la innecesariedad de tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental, alegato con el que la Administración pretende reabrir un debate sobre una cuestión que ya fue resuelta y sobre la que existe un pronunciamiento firme de la autoridad competente en la materia. El Auto recurrido se basa en una prueba documental incontestable que obra en el expediente administrativo desde hace años: el oficio de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 12 de noviembre de 2015. En ese documento, el órgano autonómico competente en materia ambiental comunica al propio Ayuntamiento de Salceda de Caselas que la actuación proyectada no está sometida a evaluación ambiental al no encontrarse en los supuestos de la Ley 21/2013.

El Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios actos, ni de los actos firmes de otras Administraciones que fueron determinantes en el procedimiento. La jueza de Instancia, en el Auto ahora apelado, se limita a constatar un hecho ya acreditado: la autoridad ambiental determinó que no procede dicha evaluación. Que el Ayuntamiento discrepe ahora de esa decisión, casi una década después, es irrelevante y extemporáneo.

Además, este argumento constituye una cuestión nueva suscitada indebidamente en fase de ejecución. Si el Ayuntamiento consideraba que la evaluación ambiental era preceptiva, debió alegarlo y defenderlo en el procedimiento principal. No lo hizo con éxito y la sentencia firme ordenó tramitar la licencia sin imponer esa condición. Pretender introducirla ahora es una clara vulneración de la cosa juzgada y de la inmodificabilidad de las sentencias firmes.

Continúa alegando que:

"O argumento sobre a suposta perda de vixencia dun informe de 2012 é, de novo, unha manobra de distracción. O Auto non se basea nese informe, senón no pronunciamento explícito da Consellería de 2015, que é posterior á entrada en vigor da Lei 21/2013 e que analiza precisamente a suxeición do proxecto a dita lei.".

Finaliza alegando que el auto recurrido es una resolución necesaria y proporcionada que busca garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO: Sobre la ejecución de la sentencia y la solicitud de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil.

La sentencia de cuya ejecución se trata estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la procuradora doña María del Rosario Castro Cabezas, actuando en nombre y representación de Manuel Vaqueiro SL, contra la inactividad del Concello de Salceda de Caselas, en relación con la solicitud de licencia urbanística formulada por el recurrente en fecha 24 de septiembre de 2015 y completada el 13 de abril de 2018 para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera del recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga, y declaró que la resolución administrativa impugnada no se ajusta a derecho, y condenó al Concello de Salceda de Caselas a que tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses a contar desde la firmeza de la presente resolución, debiendo previamente emitir los preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística.

Ese deber de tramitación debe producirse, en ejecución de sentencia, conforme a las formalidades y garantías legales, esto es, siguiendo las normas reguladoras del procedimiento de otorgamiento de licencias. Dentro de dichas normas se encuentran, entre otros, los siguientes preceptos:

1º.El art. 144 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia establece:

1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo fueran realizados en terrenos de dominio público, se exigirán las autorizaciones o concesiones preceptivas previas por parte del titular del dominio público. La falta de estas o su denegación impedirá al órgano competente otorgar la licencia y al particular obtener el título habilitante. (...)

4. No podrá presentarse la comunicación previa ni concederse licencia sin que se acredite el previo otorgamiento de las autorizaciones urbanísticas o sectoriales de otras administraciones públicas, cuando fueran procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

2º.-El art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, establece:

1.La solicitud de licencia urbanística municipal será presentada por la persona promotora de los actos de edificación y de uso del suelo o del subsuelo que se pretendan realizar con anterioridad al inicio de los mismos, ante el ayuntamiento en cuyo término municipal se vayan a desarrollar.

2.La solicitud de licencia contendrá los siguientes datos y documentos: (...)

i)Copia de la autorización o dictamen ambiental, así como de las restantes autorizaciones, concesiones o informes sectoriales cuando sean legalmente exigibles.

También debe tenerse en cuenta la normativa en materia de aguas: la autorización de vertido y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, disponiendo su art. 246, en la redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo:

1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , y con la declaración de vertido según modelo aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la actividad ya era conocedor de que era él el legitimado para instar la necesaria autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, como se evidencia a la vista de la documental, que acredita que en fecha 4 de agosto de 2014 solicitó autorización de vertido de aguas residuales conforme al Real Decreto Legislativo, constando el requerimiento de documentación adicional que le exigió el organismo de cuenca para su tramitación, documentación y datos que obviamente solo puede aportar el interesado, y no el Concello, siendo el interesado el que debe obtener la necesaria autorización del organismo de cuenca.

A mayor abundamiento, en la resolución de autorización del plan de restauración de la autorización de explotación de recursos de la sección A "Pereiriñas", de 24 de abril de 2013, por la que se autoriza el documento "cierre y clausura de explotación Pereiriñas nº a/165 A", ya se indicaba que se autorizaba sin excluir la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que conforme a las leyes sean necesarias, y en particular se refería al informe favorable del proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación "Pereiriñas" nº 165, de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, en el que se recordaba que el vertido de agua acumulada en el hueco minero se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/20001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como en el resto de la normativa en materia de aguas, debiendo contar con autorización del organismo de cuenca.

El apelado, frente ello, manifiesta que "é enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018.

É sobre este proxecto de 2018, e non sobre documentación anterior, sobre o que o Concello estaba obrigado a actuar, impulsando o procedemento e solicitando os informes sectoriais que considerase pertinentes para avaliar a súa conformidade coa normativa urbanística".

Sin embargo, aunque efectivamente se trate de un proyecto posterior, no se desvirtúa que su objeto es el mismo, y de hecho la sentencia de cuya ejecución se trata condena a tramitar la licencia solicitada en fecha 24 de septiembre de 2015, completada el 13 de abril de 2018, para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de la sección A denominada Pereiriñas, y en relación con ese plan de restauración no se desvirtúa que sigue siendo necesario el vertido de agua acumulada en el hueco minero, actuación para la cual lo requerido sería una autorización de vertido solicitada y obtenida por el titular de la actividad, y no se trataría de un mero informe al amparo del art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, invocado en el auto apelado, el cual se refiere a un supuesto distinto, esto es, al informe del organismo de cuenca "sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno".

En este caso lo que se plantea es una actuación de un particular, de cierre y clausura de la explotación de una cantera, sometida a la necesidad no solo de un título habilitante municipal sino que, en su caso, supondría un vertido de aguas al dominio público hidráulico, o al menos consta documentación que apunta en ese sentido, referida a un estadio anterior del proyecto de cierre, en la que se establecía la necesidad de autorización del organismo de cuenca de ese vertido de aguas, constando acreditado que tras la solicitud por el interesado se le cursó un requerimiento por la Confederación Hidrográfica para la acreditación de ciertos extremos de relevancia, recordados por el Concello en su recurso de apelación, tales como:

"La declaración oficial de vertido debidamente cumplimentada; una memoria descriptiva de las aguas residuales generadas, con una declaración del volumen de descarga que indique: caudal horario (m³/h), volumen máximo diario (m³/d) y volumen máximo anual (m³/año); (ii) una relación de todos los parámetros contaminantes que podrían aparecer en las aguas del hueco (aportando analítica en superficie y profundidad por Entidad colaboradora acreditada para todos los parámetros analizados) y los valores de concentración que se solicitan para los mismos en el vertido, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad previstos en el medio receptor por el Plan Hidrológico de cuenca(...); (iii) de ser necesario, una descripción de las instalaciones de depuración proyectadas, indicando con precisión las características y dimensiones de los elementos que las componen, y cálculos que justifiquen que con el sistema propuesto es posible alcanzar los valores de calidad en el vertido final depurado, suscrito por un técnico competente; (iv) programa de actuación; (v) plano en planta a escala 1/25.000 en el que se puedan localizar las instalaciones por sus coordenadas U.T.M. y el punto de evacuación o incorporación al regato de Bacón; plano de implantación de la actividad donde se sitúe la arqueta de control de vertidos y en su caso las instalaciones de depuración; en su caso, planos de definición y de detalle de las instalaciones de depuración proyectadas; propuesta del sistema de control efectivo de los volúmenes a instalar, adjuntando el proyecto con definición detallada y resto de características técnicas del dispositivo de medida propuesto, así como el plazo previsto de entrada en funcionamiento."

No se acredita si dichos extremos han sido cumplimentados con documentación posterior aportada al organismo de cuenca, pero en todo caso es evidente que solo el titular de la actividad puede cumplimentar tal documentación requerida por el organismo de cuenca, vinculada a la solicitud de autorización de vertido, que solo el titular puede solicitar, y cuya obtención es requisito necesario para que se pueda tramitar la licencia municipal interesada.

En este caso, el Auto apelado, por lo que respecta a la necesidad de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, manifiesta que:

"Por lo que respecta al trámite consistente en el informe favorable del órgano de cuenca, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 27 de junio), es preceptiva la emisión de informe por el Organismo de cuenca sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas y los actos y ordenanzas de las Entidades locales en materia de ordenación del territorio y urbanismo siempre que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.

Según la memoria que se adjunta al proyecto del cierre y clausura presentado para la solicitud de la licencia, la zona en la que se ubica la autorización de explotación se encuentra dentro de la Cuenca Baja del Miño que se caracteriza por la combinación el valle de Miño con los valles perpendiculares a él de los ríos Deva, Thermes, Tea, Louro y Carballo, incidiendo cauces de menor entidad. El curso de agua más próximo, lindante con la explotación minera, es el Regato Baco que es subsidiario del río Caselas, afluente del río Miño.

Por tanto, es necesario que se emita el correspondiente informe por parte del Organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sin embargo, no es una obligación que corresponda per se al interesado, sino que la Administración local debe y puede solicitar dicha autorización sectorial, ya que al conceder una licencia urbanística o realizar otro tipo de control, debe verificar que el proyecto cumple con la normativa sectorial aplicable, de manera que, en este caso, será la Administración municipal quien solicite y recabe dicha autorización al órgano correspondiente. Ello implica, en definitiva, que el Concello de Salceda de Caselas, aunque es quien concede la licencia de construcción, es el que requiere de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa.

Por tanto, se estima que el Concello de Salceda de Caselas viene obligado a dar el debido cumplimiento a la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2021, de manera que la ejecución deberá proseguir su curso, debiendo dar el oportuno trámite a la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., y, en particular, recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante."

En congruencia con lo razonado en el auto, en la parte dispositiva del mismo se acuerda requerir al CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS a fin de que proceda a recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante.

Sin embargo, por lo expuesto, se trataría de una actuación de un particular sujeta a necesidad de autorización de vertido de aguas del organismo de cuenca, a obtener previamente por el titular de la actividad, de conformidad con lo establecido en el art. 100 y ss. del texto refundido de la Ley de Aguas, no de una mera solicitud de informe en el marco de una actuación municipal.

El hecho de que la tramitación de la solicitud de licencia sea de competencia municipal no excusa al titular de la actividad de la responsabilidad de obtener las autorizaciones sectoriales que también sean necesarias, en función de la naturaleza del proyecto y las afecciones que el mismo supongan, tanto ambientales como en este caso al dominio público hidráulico. El hecho de que el Concello deba tramitar un procedimiento de licencia en cumplimiento de una sentencia firme que apreció inactividad en su tramitación no altera el régimen normativo de la legitimación para solicitar la autorización sectorial de vertido de aguas al organismo de cuenca, que estando vinculada a un proyecto de un cierre de una cantera, le corresponde al titular de la actividad, siendo precisamente esa autorización sectorial un requisito previo que el interesado debe acreditar para que pueda procederse a tramitar su solicitud.

CUARTO: Sobre el trámite de evaluación ambiental.

El Concello apelante sostiene que "La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013 , al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013 ).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada."

El auto apelado razona sobre la no exigibilidad del trámite de evaluación ambiental requisito en estos términos:

"En fecha 15 de mayo de 2024 el Concello de Salceda de Caselas informó que para llevar a cabo el trámite de la solicitud de licencia urbanística para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga es necesario la emisión de un informe técnico ambiental por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático.

Según el informe de la jefa del Servicio de Evaluación Ambiental de Proyectos de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático de fecha 25 de octubre de 2023, no procede ningún pronunciamiento al respecto del órgano ambiental, de manera que corresponde al Concello de Salceda de Caselas el seguimiento y vigilancia ambiental del espacio minero hasta la cancelación de la autorización. Por tanto, al tratarse de una explotación activa, la competencia le corresponde, únicamente, a la Administración municipal. (...)

...alega el Concello de Salceda de Caselas que no se puede conceder una licencia sin la previa tramitación ambiental favorable simplificada a la solicitud que requiera la actividad que se pretenda.

En primer lugar, comenzando por esto último, se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrase la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico."

En este caso, consta que en la normativa vigente contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, establece en su art. 7.2 que:

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

Dentro de su Anexo II, relativo a los "Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª,", se incluyen en el Grupo 3, letra f), las

f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectadopor la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I).

No hay un razonamiento en el auto que desvirtúe la subsunción del proyecto de cierre de cantera en dicho apartado, más que la referencia al oficio de fecha 12 de noviembre de 2015 remitido por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al Concello de Salceda de Caselas, así como al informe de 25-10-2023, del Xefe de Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, de respuesta al oficio remitido por el Concello en el que solicitaba asistencia para la emisión del informe ambiental y aportaba documentación referida al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas. Este último informe no evidencia la improcedencia de que el titular de la actividad someta el proyecto al trámite de evaluación ambiental simplificada, porque lo que hace es responder a una solicitud realizada no por el titular de la actividad para que se proceda a dicha evaluación, sino por el Concello para que se le prestara asistencia para la emisión del correspondiente informe ambiental, y lo que hace es responder que la competencia para la asistencia solicitada le corresponde al órgano sustantivo, por tratarse de una explotación activa respecto a la que no consta comunicación de cancelación administrativa de la autorización de explotación.

En cuanto al órgano sustantivo, lo que consta es que en el año 2018, en fecha 15 de noviembre, la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Industria e Emprego respondió a la solicitud del Concello manifestando que el anexo al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas supone una redundancia del plan de restauración que actualmente se encuentra aprobado por resolución del Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2013 y las variaciones del mismo solo estarían sujetas a ser contempladas por la dirección facultativa de la explotación en los planes de labores anuales que la empresa debe presentar para su aprobación en esa Jefatura Territorial, en los que se especificarán los desarrollos de los trabajos de restauración en cada anualidad. Por todo ello se devuelve la documentación remitida por el Concello al considerar que no se trata de un nuevo plan de restauración y no se introducen variaciones en el plan aprobado que precisen de la aprobación de un nuevo plan de restauración.

Lo cierto es que ni el oficio de 12 de noviembre de 2015 ni tampoco tales documentos referidos son la respuesta al titular de la actividad de una solicitud de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de cierre y clausura de la explotación, sino la respuesta a solicitudes formuladas por el Concello. Pero es el titular de la actividad el que debe solicitar la evaluación ambiental de su proyecto, conforme al art. 45 de la Ley 21/2013, que establece:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido (...).

No consta que el titular de la actividad, promotor del proyecto de cierre y clausura de la misma, haya solicitado en ningún momento la evaluación de impacto ambiental de su proyecto, de evidentes repercusiones ambientales. Y lo cierto es que el Concello alega que el informe favorable de 10 de diciembre 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no es suficiente, y ello porque:

-según se alega por el Concello, dicho informe favorable de 2012 no ha sido aportado por el interesado, y solo hay constancia de su existencia por una sucinta referencia a su existencia en el antecedente de hecho sexto de la resolución del Director xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2023. Sería necesario contar con el contenido íntegro del informe, para comprobar las condiciones que en el mismo se establecen;

-en todo caso, dicho informe favorable de 10 de diciembre de 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no consta que tenga el contenido propio de una Evaluación de Impacto Ambiental, y aunque así lo tuviera -lo que requeriría una acreditación de su contenido por el interesado promotor del proyecto de cierre de la explotación- no se desvirtúa ni por el auto apelado ni por la parte apelada que, por su fecha, es anterior a la Ley 21/2013, y esta establece en su Disposición Transitoria Primera que:

3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

En este caso es evidente que el referido informe favorable ambiental, del año 2012, y cuyo contenido íntegro el Concello afirma que no se ha aportado por el interesado, no puede servir como motivo para excusar la evaluación de impacto ambiental en este momento, habiendo transcurrido mucho más tiempo que el máximo de seis años desde la entrada en vigor de la ley.

En consecuencia, el Concello, en cumplimiento de la sentencia, debe tramitar el procedimiento de otorgamiento de la licencia, pero dicho trámite no pasa por lo acordado en el auto recurrido en apelación, sino por requerir al interesado para la aportación de la acreditación documental de la evaluación de impacto ambiental preceptiva -cuando menos, la simplificada-, instada formalmente por el titular de la actividad y con la respuesta pertinente del órgano competente, y adicionalmente debe aportarse la autorización del organismo de cuenca, en los términos del art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, en relación con el art. 354, que establece:

"Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que así lo declare.

Declarado el desistimento de la solicitud de licencia a la que se refiere el apartado anterior, o en el caso de declaración de caducidad de la misma, se podrá solicitar nueva licencia aportando de nuevo la documentación o solicitando la incorporación al expediente de la documentación que figurara en el que haya sido archivado."

No procede considerar eximido al promotor de la necesidad del trámite de evaluación ambiental del proyecto en función de la documentación aportada, debiendo constar que el titular de la actividad promueve esa evaluación ambiental preceptiva, y tampoco se puede considerar que el promotor del proyecto quede relevado de la obligación de recabar las autorizaciones sectoriales precisas, en particular la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, puesto que de conformidad con el art. 354.2 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia se establece en relación al procedimiento de tramitación de las licencias que:

2.El ayuntamiento remitirá la documentación presentada a las autoridades competentes para que emitan las autorizaciones, concesiones o informes sectoriales que sean legalmente exigibles y que no tuvieran que ser presentados con la solicitud.No podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas.

El plazo de resolución del procedimiento quedará suspendido entre la solicitud de la autorización, concesión o informe y la comunicación por la autoridad competente de la correspondiente resolución o el transcurso del plazo para emitirla.

Por lo demás, el oficio de la Consellería de 2015 no puede considerarse que zanje la cuestión de la exigibilidad de la evaluación ambiental exigible, cuando se trata de un proyecto complementado con documentación posterior, que data del año 2018. Y además a la vista del expediente se comprueba que dicho oficio no da respuesta a una solicitud del titular de la actividad de evaluación de impacto ambiental, sino que da respuesta a una solicitud remitida por el Concello, vinculada a una petición del interesado al Concello de emisión de informe técnico respecto a una retirada de material vertido y agua acumulada en el proyecto de cierre y clausura de la autorización PEREIRIÑAS A/165, solicitud dirigida al Concello y que este dirigió a la Consellería, recibiendo la respuesta de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental de 12 de noviembre de 2015, que sin ninguna fundamentación se limita a plasmar la respuesta del Subdirector Xeral de Avaliación Ambiental, que de forma sucinta indicaba que no correspondía actuación alguna a dicha unidad, y devolviendo la documentación que le fue remitida, sin que propiamente dicha respuesta, por lo demás huérfana de cualquier motivación y carente de análisis de hechos, pueda considerarse justificación suficiente de la no exigibilidad del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de cierre y clausura de la cantera, máxime cuando el mismo se complementó con un Anexo en el año 2018, y cuando no consta que el titular de la actividad haya presentado ante el órgano competente, por sí mismo, la correspondiente solicitud de dicho trámite ambiental, con la documentación completa que debe adjuntarse, trámite que debe instarse con carácter previo a la obtención de la licencia municipal y cuya promoción debe justificar el interesado.

Por lo demás, en este caso no hay ningún fundamento normativo que ampare la consideración de que la autorización de vertido tuviera que ser solicitada por el Concello. La Ley de Aguas es clara al atribuir la responsabilidad de esa solicitud al titular de la actividad. Y en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, tampoco le corresponde al Concello iniciar el trámite, sino al promotor del proyecto, que es el que puede disponer de la documentación necesaria para la pertinente evaluación ambiental, y no consta que lo haya hecho.

Finalmente cabe puntualizar que la sentencia de cuya ejecución se trata condena a que se tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses, debiendo emitir los informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística. Este es el extremo sobre el que debe informar el técnico municipal y el responsable de emitir el informe jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 354.3 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, conforme al cual:

"Para el otorgamiento de la licencia solicitada serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos municipales sobre su conformidad con la legalidad urbanística (artículo 143.2 de la LSG).

A tal efecto se entiende que tales informes versarán sobre la adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación, así como al planeamiento vigentes."

Todo ello sin perjuicio de que los extremos atinentes a la protección medioambiental deben quedar salvaguardados con la intervención de los órganos competentes sectoriales a través de los trámites establecidos por el ordenamiento jurídico, en particular, la solicitud por el titular de la actividad de la autorización pertinente a organismo de cuenca y la solicitud del trámite de evaluación de impacto ambiental, no constando que en relación al proyecto de litis, que cuenta con un anexo del año 2018, se hayan cumplimentado por el interesado, solicitante de la licencia, dichos trámites, ni que haya obtenido, en consecuencia, la pertinente autorización del organismo de cuenca ni tampoco que haya promovido el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental, de conformidad con la legislación actualmente vigente.

En atención a lo expuesto, procede estimar totalmente el recurso de apelación, revocar el auto recurrido, y declarar que resulta conforme a derecho como forma de ejecución de la sentencia que el Concello de Salceda de Caselas, en ejecución de la sentencia dictada en el PO 282/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, requiera al interesado para que, con carácter previo a continuar la tramitación de su solicitud de licencia, aporte la autorización preceptiva del organismo de cuenca y acredite la realización de la tramitación ambiental de su proyecto, de conformidad con la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental de Proyectos.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA en los recursos de apelación las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.

NO SE ACEPTANlos fundamentos jurídicos del auto recurrido en apelación, que se deben sustituir por los que se pasan a exponer.

PRIMERO: Sobre los motivos del recurso de apelación. Alegaciones de la parte apelante.

El Concello de Salceda de Caselas recurre en apelación el auto alegando que se dio traslado al Juzgado del estado de la tramitación de la solicitud de dicha licencia mediante escritos de fecha 9 de mayo de 2025 y 15 de octubre de 2025 en los que se reproducía el contenido del informe jurídico de fecha 8 de mayo de 2024 emitido al efecto y que, básicamente, concluía que "a tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira precisa, como mínimo, dunha Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada que se deberá tramitar por parte do promotor conforme o previsto nos art. 45 e seguintes da Lei 21/2013, sen prexuízo do que se indique por parte do órgano substantivo a tal efecto.

En todo caso, o interesado non aportou o informe favorable do Organismo de Conca ao que se refire a Resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de data 10.12.2012.

Polo tanto, dado que segundo dispón o art. 144 da LSG non se pode outorgar licenza ningunha con anterioridade á declaración de impacto ou efectos ambientais ditada polo órgano ambiental competente e sen o acreditar o previo outorgamento das autorizacións sectoriais, para poder continuar coa tramitación do expediente para a concesión da licenza da clausura da canteira Pereiriña compre requirir ao peticionario para que solicite o inicio da Avaliación de Impacto Ambiental Simplificada ou, no seu caso, o trámite que proceda segundo a Lei 21/2013".

Se articulan los siguientes motivos de impugnación:

1º.-Improcedencia de que sea el Concello el que recabe el informe sectorial de la Confederación Hidrográfica del Miño - Sil. Infracción de las normas reguladoras del procedimiento para tramitar la autorización del órgano sectorial.

Se invoca la Resolución de Autorización do Plan de Restauración da Explotación de recursos da sección A Pereiriñas núm. 165 emitida pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas" de fecha 24 de abril de 2013, en la que se hace referencia al informe favorable del proyecto de cierre (...) emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental en fecha 10.12.2012, en el que se dice -se cita textualmente - "o vertido de auga acumulada no oco mineiro levarase a cabo conforme ao disposto no Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de augas, así como no resto da normativa en materia de augas, debendo contar coa autorización do órgano de conca".

Entre lo alegado durante la presente ejecución también se hizo referencia a un Requerimiento de fecha de registro de salida 22.10.2014, emitido por el Jefe de Servicio de la Comisaría de Aguas - Confederación Hidrográfica del Miño - Sil, en relación con la solicitud formulada por la entidad Manuel Vaqueiro, S.L., para realizar un vertido procedente de la Canteira Pereiriñas.

Resulta evidente que es necesaria la previa obtención del informe sectorial favorable emitido por el organismo de cuenca para poder otorgar la licencia municipal solicitada, conclusión esta, a la que efectivamente llega el Auto que ahora se recurre, pero, sin embargo, y se discrepa del modo en el que resuelve el Juzgado de Instancia acerca de la manera en la que se debe tramitar tal autorización sectorial, ya que, a diferencia de lo que se indica en el Auto, no es el Concello de Salceda de Caselas el órgano encargado de "requerir de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa" (como se indica en el Auto) sino que es el propio interesado el que debe solicitar de aquellos órganos sectoriales sus correspondientes autorizaciones ( art. 353.2 i) del Decreto 143/2016, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, y que desarrolla el art 144 de esta última.

Lo mismo resulta de la normativa en materia de aguas: la autorización y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Dado que tal y como confirma el Auto, es necesaria la previa obtención de la autorización del informe sectorial del organismo de cuenca, y que la necesidad de dicho informe ya fue puesta de manifiesto por parte de la entidad municipal durante la ejecución de la Sentencia, es evidente que la entidad interesada en la licencia era conocedora del parecer municipal antes de que se dictase el Auto que ahora se recurre, por lo que necesariamente debe enmendarse también el pronunciamiento de "no tener por ejecutada la Sentencia (...)" ya que, a la vista de la normas reguladoras del procedimiento para la obtención de la autorización, debiera ser el interesado y no el Concello quien se ocupase de solicitar dicha autorización.

Por tanto, no puede ahora exigírsele al Concello que no tenga por ejecutada la Sentencia que obliga a tramitar la licencia interesada cuando el interesado no ha completado su solicitud aportando el informe sectorial de cuenca necesario que, como se acaba de exponer, debiera ser solicitado por el administrado y no por la entidad municipal.

2º.- El Auto no resuelve, o mejor dicho, evita pronunciarse acerca de la cuestión que se planteó y que afecta a la pérdida de eficacia de la Autorización Ambiental y, por tanto, la tramitación de una nueva, de acuerdo con lo dispuesto en la Lei 9/2013, del Emprendimiento y la competitividad económica de Galicia, en relación con lo dispuesto en la Ley 21/2013, sobre evaluación ambiental.

La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013, al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada.

Ahora bien, en el Auto recurrido respecto de esto se señala que "se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrarse la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico".

Sin embargo, a la vista de lo que dispone la Ley 21/2013, es evidente que yerra la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en su oficio de 2015 al que se refiere el Auto, ya que la actuación propuesta se encuentra expresamente prevista en el Anexo II de dicha ley, necesitando, en consecuencia, de la tramitación de dicha Evaluación.

Pero es que, además, consta que el 10.12.2012, la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitió informe favorable a la solicitud de cierre de cantera, tal y como se conoce por la referencia que a dicho informe se hace FH6 de la Resolución de fecha 24 de abril de 2013 (documento 1 de este recurso) y que además, es justamente el informe en el que se dice que debe contar con informe del órgano de cuenca.

Se debe hacer constar que la Resolución de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental de 2012 se conoce única y exclusivamente por la referencia que a ella se hace en la Resolución de 2013, sin que se haya aportado por el interesado en ningún momento desde que solicitó la licencia.

En todo caso, resulta evidente, a la vista de esta Resolución de diciembre de 2012, que este tipo de actuación necesita de un trámite ambiental, y si en 2012 no se tramitó la correspondiente evaluación de impacto ambiental simplificada de acuerdo con la Ley 21/2013 fue, sencillamente, porque en aquel momento no estaba en vigor.

Se equivoca el órgano judicial al resolver que no es requisito esencial para la tramitación de la licencia la declaración ambiental, porque sí lo es.

Cuestión distinta sería que se considerase como tal o como equivalente a la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, la Resolución de 10.12.2012, pero nada dice al respecto el Auto recurrido.

Ahora bien, aún en el caso de que la Resolución de 2012 se pudiese considerar como un informe ambiental favorable a la solicitud y, por tanto, sustituto de la Evaluación a la que se refiere la Lei 21/2013, tal y como se ha manifestado a lo largo de esta ejecución, esta parte entiende que dicha Resolución de 2012 habría perdido su vigencia (se invoca la Disposición Transitoria Primera de la Ley 21/2013, en su punto tercero).

En el caso que nos ocupa, desde la entrada en vigor de dicha Ley, esto es, el 12.12.2013, ha transcurrido sobradamente el plazo de 6 años de que disponía el interesado para la ejecución del proyecto. Circunstancia que, además, no puede ser achacada a la entidad municipal porque como se acaba de exponer, la entidad interesada nunca contó con la autorización del organismo de cuenca, hecho que, además, es imputable a esta al ser la responsable de su solicitud, así como lo era de enmendar las deficiencias advertidas por la confederación en su requerimiento de 2014.

SEGUNDO: Sobre la oposición a la apelación.

La parte apelada se opone al recurso de apelación alegando:

"Resulta especialmente enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018. (...)A competencia para tramitar a solicitude de licenza corresponde en exclusiva ao Concello, segundo establece o artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia. (...)

A actitude do Concello non é máis que unha estratexia dilatoria para eludir a execución da sentenza firme. Non pode a Administración beneficiarse da súa propia inacción, trasladando á miña representada unha carga que, en todo caso, lle correspondía a ela xestionar como parte da súa obriga de instruír o expediente. O Auto recorrido acerta plenamente ao esixirlle á Administración que asuma as súas competencias e execute o ordenado, solicitando os informes que agora considera imprescindibles.

Esta decisión non é arbitraria nin infrinxe a normativa sectorial, senón que constitúe a única vía para dar cumprimento efectivo ao fallo xudicial e vencer a inactividade persistente da Administración.

A Sentenza firme condenou ao Concello a tramitar a licenza solicitada, o que implica unha obriga de facer, de impulsar o procedemento ata a súa resolución. O Concello non pode agora, en fase de execución, escudarse en supostas obrigas do administrado para perpetuar a súa inacción. (...).

A normativa citada polo Concello ( art. 353.2.i do Decreto 143/2016 e art. 246.1 do Real Decreto 606/2003 ) refírese á iniciación do procedemento por parte do interesado. Non obstante, estamos nunha fase procesual distinta: a execución forzosa dunha sentenza que condena á Administración a actuar. O principio de impulso de oficio do procedemento administrativo e, sobre todo, o deber de colaboración entre Administracións Públicas, amparan plenamente a decisión xudicial. É o Concello, como órgano competente para outorgar a licenza, quen debe asegurarse de que o expediente conte con todos os informes preceptivos, solicitándoos directamente a outros órganos públicos cando sexa necesario para levar a bo termo o procedemento".

En segundo lugar alega la innecesariedad de tramitar una nueva evaluación de impacto ambiental, alegato con el que la Administración pretende reabrir un debate sobre una cuestión que ya fue resuelta y sobre la que existe un pronunciamiento firme de la autoridad competente en la materia. El Auto recurrido se basa en una prueba documental incontestable que obra en el expediente administrativo desde hace años: el oficio de la Consellería de Medio Ambiente de fecha 12 de noviembre de 2015. En ese documento, el órgano autonómico competente en materia ambiental comunica al propio Ayuntamiento de Salceda de Caselas que la actuación proyectada no está sometida a evaluación ambiental al no encontrarse en los supuestos de la Ley 21/2013.

El Ayuntamiento no puede ir en contra de sus propios actos, ni de los actos firmes de otras Administraciones que fueron determinantes en el procedimiento. La jueza de Instancia, en el Auto ahora apelado, se limita a constatar un hecho ya acreditado: la autoridad ambiental determinó que no procede dicha evaluación. Que el Ayuntamiento discrepe ahora de esa decisión, casi una década después, es irrelevante y extemporáneo.

Además, este argumento constituye una cuestión nueva suscitada indebidamente en fase de ejecución. Si el Ayuntamiento consideraba que la evaluación ambiental era preceptiva, debió alegarlo y defenderlo en el procedimiento principal. No lo hizo con éxito y la sentencia firme ordenó tramitar la licencia sin imponer esa condición. Pretender introducirla ahora es una clara vulneración de la cosa juzgada y de la inmodificabilidad de las sentencias firmes.

Continúa alegando que:

"O argumento sobre a suposta perda de vixencia dun informe de 2012 é, de novo, unha manobra de distracción. O Auto non se basea nese informe, senón no pronunciamento explícito da Consellería de 2015, que é posterior á entrada en vigor da Lei 21/2013 e que analiza precisamente a suxeición do proxecto a dita lei.".

Finaliza alegando que el auto recurrido es una resolución necesaria y proporcionada que busca garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

TERCERO: Sobre la ejecución de la sentencia y la solicitud de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño- Sil.

La sentencia de cuya ejecución se trata estimó el recurso contencioso-administrativo presentado por la procuradora doña María del Rosario Castro Cabezas, actuando en nombre y representación de Manuel Vaqueiro SL, contra la inactividad del Concello de Salceda de Caselas, en relación con la solicitud de licencia urbanística formulada por el recurrente en fecha 24 de septiembre de 2015 y completada el 13 de abril de 2018 para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera del recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga, y declaró que la resolución administrativa impugnada no se ajusta a derecho, y condenó al Concello de Salceda de Caselas a que tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses a contar desde la firmeza de la presente resolución, debiendo previamente emitir los preceptivos informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística.

Ese deber de tramitación debe producirse, en ejecución de sentencia, conforme a las formalidades y garantías legales, esto es, siguiendo las normas reguladoras del procedimiento de otorgamiento de licencias. Dentro de dichas normas se encuentran, entre otros, los siguientes preceptos:

1º.El art. 144 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia establece:

1. Cuando los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo fueran realizados en terrenos de dominio público, se exigirán las autorizaciones o concesiones preceptivas previas por parte del titular del dominio público. La falta de estas o su denegación impedirá al órgano competente otorgar la licencia y al particular obtener el título habilitante. (...)

4. No podrá presentarse la comunicación previa ni concederse licencia sin que se acredite el previo otorgamiento de las autorizaciones urbanísticas o sectoriales de otras administraciones públicas, cuando fueran procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

2º.-El art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, aprobado por Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, establece:

1.La solicitud de licencia urbanística municipal será presentada por la persona promotora de los actos de edificación y de uso del suelo o del subsuelo que se pretendan realizar con anterioridad al inicio de los mismos, ante el ayuntamiento en cuyo término municipal se vayan a desarrollar.

2.La solicitud de licencia contendrá los siguientes datos y documentos: (...)

i)Copia de la autorización o dictamen ambiental, así como de las restantes autorizaciones, concesiones o informes sectoriales cuando sean legalmente exigibles.

También debe tenerse en cuenta la normativa en materia de aguas: la autorización de vertido y el procedimiento para su obtención vienen regulados en los art. 245 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, disponiendo su art. 246, en la redacción dada por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo:

1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , y con la declaración de vertido según modelo aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El titular de la actividad ya era conocedor de que era él el legitimado para instar la necesaria autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, como se evidencia a la vista de la documental, que acredita que en fecha 4 de agosto de 2014 solicitó autorización de vertido de aguas residuales conforme al Real Decreto Legislativo, constando el requerimiento de documentación adicional que le exigió el organismo de cuenca para su tramitación, documentación y datos que obviamente solo puede aportar el interesado, y no el Concello, siendo el interesado el que debe obtener la necesaria autorización del organismo de cuenca.

A mayor abundamiento, en la resolución de autorización del plan de restauración de la autorización de explotación de recursos de la sección A "Pereiriñas", de 24 de abril de 2013, por la que se autoriza el documento "cierre y clausura de explotación Pereiriñas nº a/165 A", ya se indicaba que se autorizaba sin excluir la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que conforme a las leyes sean necesarias, y en particular se refería al informe favorable del proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación "Pereiriñas" nº 165, de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, en el que se recordaba que el vertido de agua acumulada en el hueco minero se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/20001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como en el resto de la normativa en materia de aguas, debiendo contar con autorización del organismo de cuenca.

El apelado, frente ello, manifiesta que "é enganoso que o Concello intente vincular a súa inactividade a un documento de 2014, cando o proxecto técnico definitivo sobre o que debe pronunciarse a administración, o "proxecto técnico para peche e clausura da autorización de explotación 'Pereiriñas'", foi presentado pola miña representada o 13 de abril de 2018.

É sobre este proxecto de 2018, e non sobre documentación anterior, sobre o que o Concello estaba obrigado a actuar, impulsando o procedemento e solicitando os informes sectoriais que considerase pertinentes para avaliar a súa conformidade coa normativa urbanística".

Sin embargo, aunque efectivamente se trate de un proyecto posterior, no se desvirtúa que su objeto es el mismo, y de hecho la sentencia de cuya ejecución se trata condena a tramitar la licencia solicitada en fecha 24 de septiembre de 2015, completada el 13 de abril de 2018, para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de la sección A denominada Pereiriñas, y en relación con ese plan de restauración no se desvirtúa que sigue siendo necesario el vertido de agua acumulada en el hueco minero, actuación para la cual lo requerido sería una autorización de vertido solicitada y obtenida por el titular de la actividad, y no se trataría de un mero informe al amparo del art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, invocado en el auto apelado, el cual se refiere a un supuesto distinto, esto es, al informe del organismo de cuenca "sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno".

En este caso lo que se plantea es una actuación de un particular, de cierre y clausura de la explotación de una cantera, sometida a la necesidad no solo de un título habilitante municipal sino que, en su caso, supondría un vertido de aguas al dominio público hidráulico, o al menos consta documentación que apunta en ese sentido, referida a un estadio anterior del proyecto de cierre, en la que se establecía la necesidad de autorización del organismo de cuenca de ese vertido de aguas, constando acreditado que tras la solicitud por el interesado se le cursó un requerimiento por la Confederación Hidrográfica para la acreditación de ciertos extremos de relevancia, recordados por el Concello en su recurso de apelación, tales como:

"La declaración oficial de vertido debidamente cumplimentada; una memoria descriptiva de las aguas residuales generadas, con una declaración del volumen de descarga que indique: caudal horario (m³/h), volumen máximo diario (m³/d) y volumen máximo anual (m³/año); (ii) una relación de todos los parámetros contaminantes que podrían aparecer en las aguas del hueco (aportando analítica en superficie y profundidad por Entidad colaboradora acreditada para todos los parámetros analizados) y los valores de concentración que se solicitan para los mismos en el vertido, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad previstos en el medio receptor por el Plan Hidrológico de cuenca(...); (iii) de ser necesario, una descripción de las instalaciones de depuración proyectadas, indicando con precisión las características y dimensiones de los elementos que las componen, y cálculos que justifiquen que con el sistema propuesto es posible alcanzar los valores de calidad en el vertido final depurado, suscrito por un técnico competente; (iv) programa de actuación; (v) plano en planta a escala 1/25.000 en el que se puedan localizar las instalaciones por sus coordenadas U.T.M. y el punto de evacuación o incorporación al regato de Bacón; plano de implantación de la actividad donde se sitúe la arqueta de control de vertidos y en su caso las instalaciones de depuración; en su caso, planos de definición y de detalle de las instalaciones de depuración proyectadas; propuesta del sistema de control efectivo de los volúmenes a instalar, adjuntando el proyecto con definición detallada y resto de características técnicas del dispositivo de medida propuesto, así como el plazo previsto de entrada en funcionamiento."

No se acredita si dichos extremos han sido cumplimentados con documentación posterior aportada al organismo de cuenca, pero en todo caso es evidente que solo el titular de la actividad puede cumplimentar tal documentación requerida por el organismo de cuenca, vinculada a la solicitud de autorización de vertido, que solo el titular puede solicitar, y cuya obtención es requisito necesario para que se pueda tramitar la licencia municipal interesada.

En este caso, el Auto apelado, por lo que respecta a la necesidad de autorización de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, manifiesta que:

"Por lo que respecta al trámite consistente en el informe favorable del órgano de cuenca, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001, de 27 de junio), es preceptiva la emisión de informe por el Organismo de cuenca sobre los actos y planes de las Comunidades Autónomas y los actos y ordenanzas de las Entidades locales en materia de ordenación del territorio y urbanismo siempre que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.

Según la memoria que se adjunta al proyecto del cierre y clausura presentado para la solicitud de la licencia, la zona en la que se ubica la autorización de explotación se encuentra dentro de la Cuenca Baja del Miño que se caracteriza por la combinación el valle de Miño con los valles perpendiculares a él de los ríos Deva, Thermes, Tea, Louro y Carballo, incidiendo cauces de menor entidad. El curso de agua más próximo, lindante con la explotación minera, es el Regato Baco que es subsidiario del río Caselas, afluente del río Miño.

Por tanto, es necesario que se emita el correspondiente informe por parte del Organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sin embargo, no es una obligación que corresponda per se al interesado, sino que la Administración local debe y puede solicitar dicha autorización sectorial, ya que al conceder una licencia urbanística o realizar otro tipo de control, debe verificar que el proyecto cumple con la normativa sectorial aplicable, de manera que, en este caso, será la Administración municipal quien solicite y recabe dicha autorización al órgano correspondiente. Ello implica, en definitiva, que el Concello de Salceda de Caselas, aunque es quien concede la licencia de construcción, es el que requiere de informes o autorizaciones previas de otros organismos competentes para dar el visto bueno a un proyecto como el que nos ocupa.

Por tanto, se estima que el Concello de Salceda de Caselas viene obligado a dar el debido cumplimiento a la Sentencia de fecha 29 de octubre de 2021, de manera que la ejecución deberá proseguir su curso, debiendo dar el oportuno trámite a la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., y, en particular, recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante."

En congruencia con lo razonado en el auto, en la parte dispositiva del mismo se acuerda requerir al CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS a fin de que proceda a recabar el informe y autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con carácter previo a la concesión de la licencia correspondiente en los términos solicitados por la entidad ejecutante.

Sin embargo, por lo expuesto, se trataría de una actuación de un particular sujeta a necesidad de autorización de vertido de aguas del organismo de cuenca, a obtener previamente por el titular de la actividad, de conformidad con lo establecido en el art. 100 y ss. del texto refundido de la Ley de Aguas, no de una mera solicitud de informe en el marco de una actuación municipal.

El hecho de que la tramitación de la solicitud de licencia sea de competencia municipal no excusa al titular de la actividad de la responsabilidad de obtener las autorizaciones sectoriales que también sean necesarias, en función de la naturaleza del proyecto y las afecciones que el mismo supongan, tanto ambientales como en este caso al dominio público hidráulico. El hecho de que el Concello deba tramitar un procedimiento de licencia en cumplimiento de una sentencia firme que apreció inactividad en su tramitación no altera el régimen normativo de la legitimación para solicitar la autorización sectorial de vertido de aguas al organismo de cuenca, que estando vinculada a un proyecto de un cierre de una cantera, le corresponde al titular de la actividad, siendo precisamente esa autorización sectorial un requisito previo que el interesado debe acreditar para que pueda procederse a tramitar su solicitud.

CUARTO: Sobre el trámite de evaluación ambiental.

El Concello apelante sostiene que "La clausura de una cantera, como es el caso que nos ocupa, se encuentra incluida en el apartado f) del Grupo 3, denominado "Perforación, dragado y otras instalaciones mineras e industriales", del Anexo II de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, esto es, "f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I)".

Pues bien, de acuerdo con el art. 7.2 de esta Ley 21/2013 , al tratarse de un proyecto comprendido en el Anexo II, la solicitud será objeto de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (cfr. art. 7.2 de la Ley 21/2013 ).

Entonces, resulta evidente que una actuación como la que nos ocupa, de acuerdo con la normativa vigente en el momento en el que se solicitó la licencia municipal por parte de la entidad Manuel Vaqueiro, necesita, como mínimo de la tramitación de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada."

El auto apelado razona sobre la no exigibilidad del trámite de evaluación ambiental requisito en estos términos:

"En fecha 15 de mayo de 2024 el Concello de Salceda de Caselas informó que para llevar a cabo el trámite de la solicitud de licencia urbanística para la ejecución del plan de restauración de la cantera correspondiente a la explotación minera de recursos de sección A) denominada Pereiriñas, sita en el paraje de Monte Faro lugar de Fraga es necesario la emisión de un informe técnico ambiental por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático.

Según el informe de la jefa del Servicio de Evaluación Ambiental de Proyectos de la Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático de fecha 25 de octubre de 2023, no procede ningún pronunciamiento al respecto del órgano ambiental, de manera que corresponde al Concello de Salceda de Caselas el seguimiento y vigilancia ambiental del espacio minero hasta la cancelación de la autorización. Por tanto, al tratarse de una explotación activa, la competencia le corresponde, únicamente, a la Administración municipal. (...)

...alega el Concello de Salceda de Caselas que no se puede conceder una licencia sin la previa tramitación ambiental favorable simplificada a la solicitud que requiera la actividad que se pretenda.

En primer lugar, comenzando por esto último, se ha de poner de manifiesto que la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio remitió al Concello de Salceda de Caselas un oficio de fecha 12 de noviembre de 2015, según el cual, no correspondía actuación alguna al ente autonómico al no encontrase la actuación proyectada en ninguno de los supuestos de los anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental ni en la Ley 9/2013, de 19 de noviembre, de emprendimiento y competitividad económica de Galicia, de manera que, en este supuesto, no es requisito esencial para el otorgamiento de la licencia solicitada por la entidad MANUEL VAQUEIRO S.L., una declaración ambiental favorable por el ente autonómico."

En este caso, consta que en la normativa vigente contenida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, establece en su art. 7.2 que:

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

Dentro de su Anexo II, relativo a los "Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª,", se incluyen en el Grupo 3, letra f), las

f) Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de residuos mineros y restauración del espacio afectadopor la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I).

No hay un razonamiento en el auto que desvirtúe la subsunción del proyecto de cierre de cantera en dicho apartado, más que la referencia al oficio de fecha 12 de noviembre de 2015 remitido por la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al Concello de Salceda de Caselas, así como al informe de 25-10-2023, del Xefe de Servizo de Avaliación Ambiental de Proxectos de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, de respuesta al oficio remitido por el Concello en el que solicitaba asistencia para la emisión del informe ambiental y aportaba documentación referida al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas. Este último informe no evidencia la improcedencia de que el titular de la actividad someta el proyecto al trámite de evaluación ambiental simplificada, porque lo que hace es responder a una solicitud realizada no por el titular de la actividad para que se proceda a dicha evaluación, sino por el Concello para que se le prestara asistencia para la emisión del correspondiente informe ambiental, y lo que hace es responder que la competencia para la asistencia solicitada le corresponde al órgano sustantivo, por tratarse de una explotación activa respecto a la que no consta comunicación de cancelación administrativa de la autorización de explotación.

En cuanto al órgano sustantivo, lo que consta es que en el año 2018, en fecha 15 de noviembre, la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía, Industria e Emprego respondió a la solicitud del Concello manifestando que el anexo al proyecto de cierre y clausura de la autorización de explotación Pereiriñas supone una redundancia del plan de restauración que actualmente se encuentra aprobado por resolución del Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2013 y las variaciones del mismo solo estarían sujetas a ser contempladas por la dirección facultativa de la explotación en los planes de labores anuales que la empresa debe presentar para su aprobación en esa Jefatura Territorial, en los que se especificarán los desarrollos de los trabajos de restauración en cada anualidad. Por todo ello se devuelve la documentación remitida por el Concello al considerar que no se trata de un nuevo plan de restauración y no se introducen variaciones en el plan aprobado que precisen de la aprobación de un nuevo plan de restauración.

Lo cierto es que ni el oficio de 12 de noviembre de 2015 ni tampoco tales documentos referidos son la respuesta al titular de la actividad de una solicitud de evaluación de impacto ambiental de su proyecto de cierre y clausura de la explotación, sino la respuesta a solicitudes formuladas por el Concello. Pero es el titular de la actividad el que debe solicitar la evaluación ambiental de su proyecto, conforme al art. 45 de la Ley 21/2013, que establece:

1. Dentro del procedimiento sustantivo de autorización del proyecto, el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, acompañada del documento ambiental con el siguiente contenido (...).

No consta que el titular de la actividad, promotor del proyecto de cierre y clausura de la misma, haya solicitado en ningún momento la evaluación de impacto ambiental de su proyecto, de evidentes repercusiones ambientales. Y lo cierto es que el Concello alega que el informe favorable de 10 de diciembre 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no es suficiente, y ello porque:

-según se alega por el Concello, dicho informe favorable de 2012 no ha sido aportado por el interesado, y solo hay constancia de su existencia por una sucinta referencia a su existencia en el antecedente de hecho sexto de la resolución del Director xeral de Industria, Enerxía e Minas de 24 de abril de 2023. Sería necesario contar con el contenido íntegro del informe, para comprobar las condiciones que en el mismo se establecen;

-en todo caso, dicho informe favorable de 10 de diciembre de 2012 de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no consta que tenga el contenido propio de una Evaluación de Impacto Ambiental, y aunque así lo tuviera -lo que requeriría una acreditación de su contenido por el interesado promotor del proyecto de cierre de la explotación- no se desvirtúa ni por el auto apelado ni por la parte apelada que, por su fecha, es anterior a la Ley 21/2013, y esta establece en su Disposición Transitoria Primera que:

3. Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de esta Ley. En tales casos, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley.

En este caso es evidente que el referido informe favorable ambiental, del año 2012, y cuyo contenido íntegro el Concello afirma que no se ha aportado por el interesado, no puede servir como motivo para excusar la evaluación de impacto ambiental en este momento, habiendo transcurrido mucho más tiempo que el máximo de seis años desde la entrada en vigor de la ley.

En consecuencia, el Concello, en cumplimiento de la sentencia, debe tramitar el procedimiento de otorgamiento de la licencia, pero dicho trámite no pasa por lo acordado en el auto recurrido en apelación, sino por requerir al interesado para la aportación de la acreditación documental de la evaluación de impacto ambiental preceptiva -cuando menos, la simplificada-, instada formalmente por el titular de la actividad y con la respuesta pertinente del órgano competente, y adicionalmente debe aportarse la autorización del organismo de cuenca, en los términos del art. 353 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, en relación con el art. 354, que establece:

"Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante para que subsane la falta o presente los documentos preceptivos en el plazo de diez días, con indicación de que, de no hacerlo, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que así lo declare.

Declarado el desistimento de la solicitud de licencia a la que se refiere el apartado anterior, o en el caso de declaración de caducidad de la misma, se podrá solicitar nueva licencia aportando de nuevo la documentación o solicitando la incorporación al expediente de la documentación que figurara en el que haya sido archivado."

No procede considerar eximido al promotor de la necesidad del trámite de evaluación ambiental del proyecto en función de la documentación aportada, debiendo constar que el titular de la actividad promueve esa evaluación ambiental preceptiva, y tampoco se puede considerar que el promotor del proyecto quede relevado de la obligación de recabar las autorizaciones sectoriales precisas, en particular la autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica, puesto que de conformidad con el art. 354.2 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia se establece en relación al procedimiento de tramitación de las licencias que:

2.El ayuntamiento remitirá la documentación presentada a las autoridades competentes para que emitan las autorizaciones, concesiones o informes sectoriales que sean legalmente exigibles y que no tuvieran que ser presentados con la solicitud.No podrán otorgarse licencias condicionadas a la futura obtención de las mismas.

El plazo de resolución del procedimiento quedará suspendido entre la solicitud de la autorización, concesión o informe y la comunicación por la autoridad competente de la correspondiente resolución o el transcurso del plazo para emitirla.

Por lo demás, el oficio de la Consellería de 2015 no puede considerarse que zanje la cuestión de la exigibilidad de la evaluación ambiental exigible, cuando se trata de un proyecto complementado con documentación posterior, que data del año 2018. Y además a la vista del expediente se comprueba que dicho oficio no da respuesta a una solicitud del titular de la actividad de evaluación de impacto ambiental, sino que da respuesta a una solicitud remitida por el Concello, vinculada a una petición del interesado al Concello de emisión de informe técnico respecto a una retirada de material vertido y agua acumulada en el proyecto de cierre y clausura de la autorización PEREIRIÑAS A/165, solicitud dirigida al Concello y que este dirigió a la Consellería, recibiendo la respuesta de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental de 12 de noviembre de 2015, que sin ninguna fundamentación se limita a plasmar la respuesta del Subdirector Xeral de Avaliación Ambiental, que de forma sucinta indicaba que no correspondía actuación alguna a dicha unidad, y devolviendo la documentación que le fue remitida, sin que propiamente dicha respuesta, por lo demás huérfana de cualquier motivación y carente de análisis de hechos, pueda considerarse justificación suficiente de la no exigibilidad del trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto de cierre y clausura de la cantera, máxime cuando el mismo se complementó con un Anexo en el año 2018, y cuando no consta que el titular de la actividad haya presentado ante el órgano competente, por sí mismo, la correspondiente solicitud de dicho trámite ambiental, con la documentación completa que debe adjuntarse, trámite que debe instarse con carácter previo a la obtención de la licencia municipal y cuya promoción debe justificar el interesado.

Por lo demás, en este caso no hay ningún fundamento normativo que ampare la consideración de que la autorización de vertido tuviera que ser solicitada por el Concello. La Ley de Aguas es clara al atribuir la responsabilidad de esa solicitud al titular de la actividad. Y en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, tampoco le corresponde al Concello iniciar el trámite, sino al promotor del proyecto, que es el que puede disponer de la documentación necesaria para la pertinente evaluación ambiental, y no consta que lo haya hecho.

Finalmente cabe puntualizar que la sentencia de cuya ejecución se trata condena a que se tramite la licencia solicitada en el plazo de tres meses, debiendo emitir los informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la licencia con la legalidad urbanística. Este es el extremo sobre el que debe informar el técnico municipal y el responsable de emitir el informe jurídico, de conformidad con lo dispuesto en el art. 354.3 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, conforme al cual:

"Para el otorgamiento de la licencia solicitada serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos municipales sobre su conformidad con la legalidad urbanística (artículo 143.2 de la LSG).

A tal efecto se entiende que tales informes versarán sobre la adecuación del acto pretendido a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación, así como al planeamiento vigentes."

Todo ello sin perjuicio de que los extremos atinentes a la protección medioambiental deben quedar salvaguardados con la intervención de los órganos competentes sectoriales a través de los trámites establecidos por el ordenamiento jurídico, en particular, la solicitud por el titular de la actividad de la autorización pertinente a organismo de cuenca y la solicitud del trámite de evaluación de impacto ambiental, no constando que en relación al proyecto de litis, que cuenta con un anexo del año 2018, se hayan cumplimentado por el interesado, solicitante de la licencia, dichos trámites, ni que haya obtenido, en consecuencia, la pertinente autorización del organismo de cuenca ni tampoco que haya promovido el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental, de conformidad con la legislación actualmente vigente.

En atención a lo expuesto, procede estimar totalmente el recurso de apelación, revocar el auto recurrido, y declarar que resulta conforme a derecho como forma de ejecución de la sentencia que el Concello de Salceda de Caselas, en ejecución de la sentencia dictada en el PO 282/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Pontevedra, requiera al interesado para que, con carácter previo a continuar la tramitación de su solicitud de licencia, aporte la autorización preceptiva del organismo de cuenca y acredite la realización de la tramitación ambiental de su proyecto, de conformidad con la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental de Proyectos.

QUINTO: Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA en los recursos de apelación las costas se impondrán al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas procesales a ninguna de las partes.