Sentencia Contencioso-Administrativo 1/2026 Tribunal Superior de Justicia de A Coruña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección de Casamiento, Rec. 4054/2025 de 07 de enero del 2026

PRIMERO.- Sobre las alegaciones de la demanda.

La demanda, refiere que el 7 de marzo de 2013, la actora (entonces denominada CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L.) presentó el modelo AU230C de declaración de datos de fuentes de abastecimiento de agua, con entrada en AUGAS DE GALICIA el día siguiente, declarándose una captación superficial (Ría), volumen registro 125.000 m³ y una bomba de 25 CV de potencia motor y de entidad suministradora. Y visto el modelo AU230C, AUGAS DE GALICIA dictó la Resolución NUM017, de 21 de mayo de 2018, notificada el día 23 del mismo mes y año, de determinación del canon del agua, resolviendo aplicar y liquidar a la interesada el canon de agua en la modalidad de volumen desde cuatro años antes de la notificación de la resolución, fijando el volumen de agua procedente de fuentes propias sujeto a la aplicación del canon del agua, determinado por estimación objetiva, en función de la potencia nominal del grupo elevador, según la fórmula que figura en el número 15.4 del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del agua y del 1 coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales, y al tipo de gravamen. Esta Resolución no fue finalmente impugnada.

Y el 12 de diciembre de 2018, AGUAS DE GALICIA notificó a la actora las liquidaciones NUM004 a NUM018 correspondientes a los tres cuatrimestres de los años 2014, 2015 y 2016. En fecha 17 de enero de 2019, Dña. Valle, en representación de CONSERVAS SELECTAS DE GALICIA, S.L. (actualmente BOLTON FOOD, S.L.), presentó recurso de reposición frente a las citadas liquidaciones, basándose en la disconformidad con la base imponible de dichas liquidaciones, ya que en la declaración de las fuentes de abastecimiento en el modelo AU230C de fecha 7 de marzo de 2013, se cometieron errores en la declaración de la potencia de las bombas, en el número de las mismas y en el tipo de captación, pues declararon que era una captación superficial, cuando en realidad se trataba de una captación subterránea, ya que, a pesar de tratarse de agua de mar, se captaba de un pozo de 7 metros de profundidad. Asimismo, el contribuyente solicitó la suspensión de las liquidaciones, para lo cual aportó en fecha 1 de febrero de 2019 los correspondientes avales bancarios.

Y en fecha 26 de octubre de 2021, AUGAS DE GALICIA emitió las liquidaciones NUM019 a NUM005 por un importe de 39.836,00 euros en concepto de canon del agua correspondiente a los tres cuatrimestres de los años 2017 y 2018, siendo recibidas por el interesado el 2 de noviembre 2021. En fecha 1 de diciembre de 2021, Dña. Valle, en la misma representación que ostentaba, interpuso recurso de reposición frente a las citadas liquidaciones, en el que reproducía las alegaciones presentadas en el recurso de fecha 17 de enero de 2019. Asimismo, el contribuyente solicitó la suspensión de las liquidaciones, para lo cual aportó en fecha 4 de enero de 2022 el correspondiente aval bancario y el 11 de julio de 2023, AUGAS DE GALICIA dictó la Resolución NUM003 por la que estimó parcialmente los recursos de forma que modificó el anexo de la Resolución NUM017 y en consecuencia, procedió a la anulación de las liquidaciones NUM004 a NUM005 y a emitir 15 nuevas liquidaciones con la nueva base imponible: las liquidaciones NUM006 a NUM020, ambas inclusive, correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y las liquidaciones NUM021 a NUM007, ambas inclusive, correspondientes a los ejercicios 2017, y 2018, por un importe de cuota de 38.970, 00 euros y que se acompañaron a la indicada resolución NUM003.

Y el 3 de agosto de 2023 la actora presentó reclamación económico administrativa contra esta Resolución y contra las 15 liquidaciones recién emitidas de 11 de julio de 2023 NUM006 a NUM007, correspondientes a los ejercicios 2014-2018, solicitó la puesta de manifiesto del expediente para formular alegaciones e interesó que se mantuviera en vía económico-administrativa la suspensión producida en el recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.10 de la LGT.

Y el 26 de octubre de 2023, AUGAS DE GALICIA emitió las liquidaciones NUM013 a NUM009, ambas inclusive, en concepto de canon de agua correspondiente a los tres cuatrimestres de los años 2019 y 2020 por un importe de 38.970,00 euros. Frente a estas liquidaciones, el 29 de noviembre de 2023, la actora interpuso reclamación económico- administrativa.

Y el 16 de febrero de 2024, AUGAS DE GALICIA emitió las liquidaciones NUM010 a NUM011, ambas inclusive, en concepto de canon de agua correspondiente a los tres cuatrimestres del año 2021 por un importe de 38.970,00 euros. Frente a estas liquidaciones, el 23 de febrero de 2024, la actora interpuso reclamación económico- administrativa.

Y previa acumulación de las reclamaciones económico-administrativas REA NUM000, REA NUM002 y REA NUM002, conforme al artículo 230 de la Ley General Tributaria, fue dictada la Resolución de la Xunta Superior de Facenda de 2 de diciembre de 2024 por la que se desestima la reclamación económico administrativa (REA) nº NUM000 y acumuladas NUM001 y NUM002 contra la resolución NUM003 de Augas de Galicia que resolve os recursos de reposición fronte as liquidacións NUM004 a NUM005 e contra as liquidacións NUM006 a NUM007 polos períodos correspondentes aos cuadrimestres dos anos 2016 a 2018; contra as liquidacións NUM008 a NUM009 do canon de auga, polos períodos correspondentes aos cuadrimestres dos anos 2019 a 2020; e contra as liquidacións NUM010 a NUM011 do canon da auga, polos períodos correspondentes aos cuadrmestres do ano 2021, por importe de 38.970 € cada unha das liquidacións.

Y se sostiene por la actora la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el canon del agua de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 y ello con invocación de los artículos 66.a) y 67 de la Ley General Tributaria, 51 de la ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia y el artículo 17 del Decreto 136/2012, el art. 67.1 de la LGT, a la luz de la jurisprudencia, debe concluirse que el plazo de prescripción del ejercicio 2014 comienza a computarse el 1 de enero de ese año; el del ejercicio 2015, el 1 de enero de ese año; y el del ejercicio 2016, el 1 de enero de ese año. Por tanto, salvo interrupción, la prescripción se habría producido respectivamente el 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019. respectivamente. Es lo cierto que, una vez prescrito el ejercicio 2014 el 31 de diciembre de 2017, la Administración dictó las liquidaciones NUM004 a NUM018 (2014-2016), ambas inclusive, por un importe de 39.836,00 euros cada una, en fecha 11 de diciembre de 2018, lo que interrumpió la prescripción conforme al artículo 68.1.a) LGT de los ejercicios 2015 y 2016. Tras ser notificadas con fecha 12 de diciembre de 2018, la actora interpuso contra las mismas recurso de reposición el 17 de enero de 2019, volviéndose a interrumpir la prescripción, pero esta vez conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 b) LGT. Estas liquidaciones fueron anuladas expresamente mediante la Resolución NUM003 de 11 de julio de 2023, es decir, 4 años, 3 meses y un día después de que fuera interrumpida la prescripción por la interposición del recurso de reposición, de manera que, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.6 de la Ley General Tributaria, que establece que "producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente", que no aplica al presente caso, cuando fueron emitidas las nuevas liquidaciones el mismo 11 de julio de 2023 por un importe menor de 38.970,00 euros, como consecuencia de la anulación ex nunc de 6 las anteriores, había prescrito también el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación de los ejercicios 2015 y 2016.

Pues se sostiene que la interrupción operada el 17 enero de 2019 por la interposición de un recurso de reposición por parte de actora hizo reiniciar el cómputo del plazo al día siguiente, el 18 de enero de 2019. Desde esa fecha, sumando a los cuatro años de prescripción los 82 días de suspensión del COVID, el plazo de prescripción habría vencido el 11 de abril de 2023. Resulta por tanto que las nuevas liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, al ser emitidas después de esa fecha, se encontraban prescritas, al igual que las del ejercicio 2014 desde el 31 de diciembre de 2017. En resumen, la anulación ex nunc en 2023 no salva la prescripción, porque las liquidaciones iniciales y el recurso de reposición interrumpieron válidamente el plazo de cuatro años, reiniciándose en 2019, el cual, tras 4 años + suspensión COVID, venció antes de la emisión de las nuevas liquidaciones el 11 de julio de 2023.

Y por lo que hace a la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el canon del agua correspondiente al ejercicio del año 2017 se sostiene que el plazo de prescripción del ejercicio 2017 comenzó a computarse el 1 de enero de ese año, por lo que el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación prescribió el 22 de marzo de 2021, teniendo en cuenta la suspensión del período de prescripción motivada por las circunstancias excepcionales de la COVID-19; en todo caso, en un momento anterior a la emisión de las liquidaciones NUM019 a NUM022, correspondientes a dicho ejercicio el día 26 de octubre de 2021, por un importe de 39.836,00 euros cada una (folio 62 de 169 del expediente administrativo), por lo que el recurso de reposición interpuesto por la actora con posterioridad versó sobre unas liquidaciones ya prescritas.

Y por lo que hace a la prescripción del derecho de la Administración a liquidar el canon del agua correspondiente al ejercicio del año 2019 el plazo de prescripción del ejercicio 2019 comenzó a computarse el 1 de enero de ese año, por lo que el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante liquidación prescribió el 22 de marzo de 2023, teniendo en cuenta la suspensión del período de prescripción motivada por las circunstancias excepcionales de la COVID-19, en todo caso, en un momento anterior a la emisión de las liquidaciones NUM013 a NUM009 correspondientes a dicho ejercicio el día 26 de octubre de 2023.

Y se sostiene, por último, en relación con lo que califica de revisión de oficio incompleta, que en el marco del expediente de determinación del canon del agua iniciado por AUGAS DE GALICIA a partir de la declaración de fuentes de abastecimiento (modelo AU230C) presentada el 7 de marzo de 2013, se estableció un volumen sujeto a canon estimado objetivamente en función de la potencia declarada de las bombas sumergibles del sistema de captación de agua de mar. Esa declaración inicial contenía un error aritmético, al computarse como una sola bomba de 25 CV lo que en realidad era el conjunto de tres bombas individuales de 8,046 CV cada una, funcionando de forma alterna. Este error fue reconocido por la Administración en la Resolución NUM003 de 11 de julio de 2023, en la que AUGAS DE GALICIA revisa de oficio su anterior resolución NUM017 de 2018 y anula las liquidaciones dictadas en su aplicación, emitiendo unas nuevas ajustadas a la potencia real declarada por el contribuyente. Por su parte, la Resolución impugnada no ha tenido en cuenta un segundo error de hecho igualmente relevante: la modificación del sistema de captación a partir del mes de marzo de 2019, momento en que fue retirada de manera definitiva una de las tres bombas sumergibles. Dicha retirada fue manifestada por la entidad contribuyente en la vía económico-administrativa y se acredita fehacientemente en este proceso contencioso-administrativo.

Y desde marzo de 2019, el volumen potencialmente captado por un sistema de dos bombas es sustancialmente menor al que correspondería con tres bombas, lo que determina un impacto directo sobre la base imponible del canon del agua. En concreto: Estimación objetiva para cada una de las dos bombas: Volumen facturable mensual = ((25.000 x 6,7 kW/20) = 8.375 m³ Volumen cuatrimestral facturable = 8.375 m³/mes x 4 = 33.500 m³ Estimación objetiva cuatrimestral de las dos bombas: Volumen cuatrimestral de facturación = 8.375 m³ x 2 = 67.000 m³.

Y se razona que el artículo 220 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT), establece que la Administración tributaria podrá rectificar, en cualquier momento, los errores materiales, de hecho o aritméticos que contengan sus actos, siempre que se realice dentro del plazo de prescripción. Este precepto se aplica incluso sobre actos firmes, sin necesidad de retroacción del procedimiento, en tanto que la modificación no implique una revisión sustancial sino la corrección de una premisa fáctica errónea objetivamente comprobable. En este caso, la existencia de únicamente dos bombas operativas a partir de marzo de 2019 constituye un hecho objetivo, verificable, no controvertido ni de interpretación normativa, sino un error de hecho puro que debió corregirse al amparo del artículo 220 9 LGT por parte de la Resolución NUM003 de AUGAS DE GALICIA y de la que traen causa los Acuerdos de la Xunta Superior de Facenda impugnadas.

Y el artículo 213.2 LGT habilita expresamente a la Administración para corregir actos firmes si se trata de errores materiales o de hecho, y exige que la revisión de oficio practicada sea completa, esto es, que incluya la depuración integral de los elementos erróneos que afecten al acto revisado. La revisión de oficio de la resolución NUM017 se limitó a un único error (la conversión de kW a CV), pero dejó sin atender un segundo error igualmente incidente en la determinación del volumen de agua sujeto a canon. A su vez, cuando la Administración conoce la existencia de un error que incide directamente en el contenido económico del acto tributario y tiene capacidad para corregirlo dentro del plazo de prescripción, la inactividad o insuficiencia de la revisión implica vulneración del principio de legalidad tributaria y exige la anulación del acto resultante.

SEGUNDO.- Sobre las alegaciones de la demandada.

Y por la demandada, se sostiene que no referido ás liquidacións 2014 a 2017 e á liquidación 2019, a postura sostida pola recorrente na vía administrativa concrétase nas pretensións exercitadas no recurso de reposición e na posterior reclamación económico-administrativa. Así, no caso das liquidacións 2014-2016, o recurso de reposición interposto o 17/07/19 limitábase a solicitar o recálculo da liquidación, en atención a uns parámetros alternativos (unha base impoñible diferente); e no relativo ás liquidacións do 2017, o recurso de reposición interposto o 1/01/19 exercía tamén unha pretensión de mero recálculo da débeda tributaria; na reclamación económico administrativa interposta contra a resolución que resolvía ambos recurso de reposición, no trámite de alegacións, a recorrente volvía exercitar unha pretensión coa que se limitaba a reclamar a emisión de novas liquidacións cunha diferente base impoñible; por último, no que se refire ás liquidacións de 2019 (fronte a que non se interpuxo xa recurso de reposición, senón directamente reclamación económico-administrativa), cómpre apreciar que a pretensión tamén se concreta en que se emita unha nova liquidación cunha base impoñible diferente (máis baixa). Dito doutro modo, a postura da recorrente na vía administrativa non era que, polos ditos exercicios, non se puidese liquidar débeda ningunha, senón que o importe da débeda tributaria debía ser inferior ao que fora obxecto de liquidación e que, conseguintemente, debían revisarse as liquidacións para axustalas a ese importe. O anterior é relevante cando se aprecia que o suplico pretende a anulación total das liquidacións, por considerar que prescribira o dereito da Administración de declarar a existencia da débeda; ou dito doutro modo, que non cabía liquidar cantidade ningunha por determinados períodos. É evidente, pois, que hai unha alteración das pretensións entre a vía administrativa e a xudicial, o que fai xurdir o óbice de desviación procesual que, ao abeiro do art. 69 da Lei 29/98, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, debería dar lugar á inadmisión da dita pretensión. Non é o mesmo unha pretensión de anulación parcial (para rebaixa do importe da liquidación), que unha pretensión de anulación total.

E mesmo no caso de que a Sala considerase que a pretensión exercitada na vía administrativa era realmente a de anulación da liquidación (con independencia de que fose á totalidade ou parcialmente) e que a alusión na demanda á nulidade das liquidacións por prescrición non pode considerarse unha nova pretensión, senón que non implica é máis que unha cuestión na que se apoia a pretensión anulatoria, cómpre lembrar que o que cabe introducir novedosamente na vía xudicial ao abeiro do art. 56.1 da Lei 29/98, do 13 de xullo, son motivos ou argumentos non empregados na vía administrativa, pero non auténticas cuestións. Conseguintemente, debe quedar fóra do debate destes autos o relativo á prescrición das liquidacións dos anos 2014-2017 e 2019 e á pretensión da súa anulación total pola dita cuestión.

Sen prexuízo do anterior, esta parte coincide coa recorrente en que o prazo de prescrición ao que se suxeita o dereito de Augas de Galicia para determinar a débeda tributaria do canon da auga mediante a correspondente liquidación será de 4 anos; así se deriva xa non só do art. 66.a da Lei 58/03, do 17 de decembro, xeral tributaria, na súa consideración de norma básica na materia, senón tamén, e na medida na que o canon da auga ten a consideración de tributo propio da Comunidade Autónoma de Galicia ( art. 42.1 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia), do art. 23.2 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999 , do 7 de outubro); o dito prazo será aplicable ao exercicio da potestade de "recoñecer ou liquidar créditos ó seu favor, computándose o citado prazo desde o día no que o dereito puido exercitarse" (art. 23.1 do dito texto refundido).

No que non se pode coincidir coa recorrente é no dies a quo: segundo a recorrente, ao non ser necesaria declaración/autoliquidación ningunha polo obrigado tributario, o día no que o dereito puido exercitarse será aquel no que se devindique o canon e, na medida na que se trata dun tributo periódico de carácter anual, a devindicación debe entenderse producida o primeiro día do ano natural; dito doutro modo, segundo a recorrente, o canon da auga polo ano 2014 se devindicou o 1/01/14, sendo esa data o dies a quo do prazo de prescrición. Non se pode coincidir co dito argumento, xa que non se trata dun tributo periódico, ou, mellor dito, non se trata dun tributo cuxo feito impoñible se produza periodicamente, senón dun tributo cuxo feito impoñible se produce de xeito continuado; así, o art. 51.1 da Lei 9/10, do 4 de novembro, se deixa claro que "O devengo producirase no momento no que se realice a utilización ou o consumo real ou potencial da auga de calquera procedencia, con calquera finalidade e mediante calquera aplicación", é dicir, a realización do feito impoñible non é necesariamente periódica, senón que coincide con cada vez que se consuma auga, o que, en boa medida, é continuado; a pretensión da recorrente de que a devindicación do imposto sería o primeiro día do ano natural repugna á lóxica, ao ter en conta que, por definición, a devindicación implica que, nese intre, se conta cos parámetros para determinar a débeda tributaria, e, acudindo ao exemplo que pon a recorrente, dificilmente a 1/01/14 se conta cos parámetros para liquidar o canon da auga do ano 2014 cando é preciso, para determinar a débeda, partir dunha base impoñible que ven constituída polo consumo real de auga no período ao que se refire o canon e que, se do que se fala é do consumo en 2014, non se coñecerá até concluído o 2014; así, cómpre lembrar que o feito impoñible é, con carácter prioritario, o consumo real de auga, ou, en defecto do real, o consumo potencial de auga, e en coherencia con iso a a base impoñible será determinada con carácter prioritario polo método de estimación directa (así, o art. 48.2 sinala "A determinación da base impoñible realizarase, con carácter xeral, en réxime de estimación directa, mediante uns contadores homologados...", engadindo o art. 48.3 "Os usuarios que non dispoñan dun mecanismo de medición directa poderanse acoller a sistemas de estimación obxectiva..."), partindo dos datos de consumo real de auga no período impoñible que amosen os contadores. É evidente, pois, que non pode considerarse que o dies a quo para liquidar o canon sexa o primeiro día do ano natural, xa que, nese intre, non é posible liquidar o canon. O feito de que a devindicación sexa instantánea, cada vez que se consume auga, non quere dicir que xurda instantaneamente a obriga tributaria, de modo que se chegue ao despropósito dunha liquidación por cada consumo illado de auga (un usuario doméstico podería, nese caso, recibir decenas de liquidacións referidas a diferentes actos de consumo producidos nun mesmo día); iso queda condicionado tamén ao establecemento normativo de períodos impositivos e normas de xestión do imposto e, estando estas determinadas no Regulamento do canon da auga (aprobado polo Decreto 136/12, do 31 de maio); precisamente por iso, o art. 9 51.2 da Lei 9/10, do 4 de novembro, xa sinala "Nos usos domésticos e asimilados, o tipo de gravame aplicarase sobre os consumos mensuais", que determina que o período impositivo será mensual e que, polo tanto, o momento no que a Administración poderá facer a liquidación (polo menos en teoría, xa que a normativa tamén esixe, nalgúns casos, declaracións referidas á lectura de consumo nos contadores) será o primeiro día do mes seguinte, aínda que o lexislador non completou a anterior previsión coa indicación de como (ou cada canto) se fará no caso de usuarios non domésticos (como é o caso da recorrente, segundo o art. 6 do Regulamento); esa lagoa parece colmarse coa previsión do art. 56 do Regulamento, que determina unha periodicidade cuadrimestral das liquidacións, e de aí, en conexión co xa exposto, cabe extraer que, para que caiba liquidar o canon polo cuadrimestre, o cuadrimestre ten que estar xa concluso (xa que a base impoñible será, a priori, o consumo real de auga neses catro meses), de modo que o dies a quo non poderá situarse antes do primeiro día do seguinte cuadrimestre; dito doutro modo, a prescrición do dereito para liquidar o primeiro cuadrimestre de 2014 non poderá iniciarse antes do 1/05/14.

Y con carácter subsidiario, se dice que cabe analizar se as liquidacións sinaladas pola recorrente están ou non prescritas: - Liquidacións do período 2014 a 2016. Augas de Galicia liquida o 12/12/18 o canon por todos os cuadrimestres do dito período, o que lle é notificado á recorrente o 17/12/18; segundo a recorrente (que parte do que o dies a quo sería o 1/01/14), nese intre estarían prescritas as 3 liquidacións cuadrimestrais do 2014; pero, partindo do anteriormente exposto (a liquidación dun cuadrimestre só comeza a prescribir o primeiro días do cuadrimestre seguinte), só cabería admitir que, cando se fan as liquidacións e se notifican, prescribira o dereito para facer as liquidacións polos dous primeiros cuadrimestres do 2014; respecto das demais (liquidacións dos 3 cuadrimestres do 2015 e 2016), a liquidación e a súa notificación interrompen a prescrición, ao abeiro do art. 68.1.a da lei 58/03, do 17 de decembro. Continúa a recorrente considerando que, se ben logo de notificadas as liquidacións o 17/12/18 se reiniciaría a prescrición (ao abeiro do art. 68.6), na medida na que interpuxo recurso de reposición contra elas, se volve interromper o 18/01/19; pero que, logo da súa interposición, a prescrición se reanuda ao abeiro do art. 68.6,de modo que, cando o 12/07/23 se notifica a resolución do 11/07/23 que estima parcialmente o recurso, anula as anteriores liquidacións e emite unhas novas, transcorrera xa o prazo de 4 anos, e iso aínda que, do seu cómputo, se desconte a suspensión dos prazos de prescrición acordada durante o estado de alarma. Non se pode compartir o argumento da recorrente de que prescribira o dereito, xa que, en puridade, o que se acorda coa resolución do recurso de reposición non é tanto unha nova liquidación, como unha 10 minoración da liquidación (atendendo ao cambio de variables determinantes da débeda, como consecuencia da estimación dalgúns argumentos do recurso de reposición); é dicir, o 11/07/23 a Administración non está, en sentido estrito, liquidando unha débeda tributaria, senón variando á baixa unha débeda previamente liquidada; cómpre lembrar que a débeda estaba xa liquidada e, polo tanto, non pode imputarse á Administración unha demora no exercicio dunha potestade que lle impide xa exercitala (que é para o que está prevista a prescrición do art. 66.a); cuestión diferente sería a de se comezaría o prazo para cobrar as liquidacións (art. 66.b), se ben esta non operaría neste caso, na medida na que a recorrente solicitou e obtivo a suspensión da súa executividade. En calquera caso, cómpre matizar que, aínda no caso de que se admitise que a pesar de que as liquidacións xa se practicaran, interrompendo a prescrición do art. 66.a, esta se reanuda logo da interposición do recurso, non se pode compartir que a interposición do recurso de reposición determine a reanudación inmediata do prazo (neste caso, o 17/01/19, día seguinte ao de interposición do recurso), senón que esta só comezaría logo de transcorrido o prazo co que conta a Administración para resolver o recurso de reposición (1 mes dende a súa interposición, ao abeiro dos art. 225.4 e 225.5 da Lei 58/03, do 17 de decembro). - Liquidacións do período 2017. Augas de Galicia liquida os cuadrimestres do 2017 e 2018 o 26/10/21 e notifica á recorrente as liquidacións o 2/11/21; segundo a recorrente (partindo de que o dies a quo se fixaría o 1/01/17), nese intre xa prescribira a posibilidade de liquidar os 3 cuadrimestres de 2017. Pero, como se apuntou, o prazo de prescrición da liquidación de cada cuadrimestre comeza o primeiro día do cuadrimestre seguinte, polo que, para entón, só estarían prescritas as liquidacións dos dous primeiros cuadrimestres de 2017. Respecto das restantes, a liquidación e notificación interrompeu a prescrición e, posteriormente, houbo novas interrupcións o 1/12/21 (interposición do recurso de reposición) e o 3/08/23 (interposición da reclamación económico-administrativa). - Liquidación do período 2019. Augas de Galicia liquida os cuadrimestres do 2019 e 2020 o 26/10/23 e notifica as liquidacións á recorrente o 2/11/23; segundo a recorrente (partindo de que o dies a quo se fixaría o 1/01/19), nese intre xa prescribira a posibilidade de liquidar os 3 cuadrimestres de 2019. Pero, como se apuntou, o prazo de prescrición da liquidación de cada cuadrimestre comeza o primeiro día do cuadrimestre seguinte, polo que, para entón, só estarían prescritas as liquidacións dos dous primeiros cuadrimestres de 2019. Respecto das restantes, a liquidación e notificación interrompeu a prescrición e, posteriormente, houbo unha nova interrupción o 22/11/23 (interposición da reclamación económico-administrativa). 11 Cómpre reiterar que, se estime ou non a prescrición, o dito vicio non afectaría a moitas das liquidacións practicadas, que deberán ser confirmadas (rexeitando a petición de anulación total feita pola recorrente).

Y Respecto da base impoñible (e conseguinte importe da débeda tributaria) dende a liquidación do segundo cuadrimestre do 2019 en diante, en atención á redución de bombas Con independencia do xogo que poida ter a prescrición, a recorrente parece dar por bo o importe que as liquidacións tiñan até o primeiro cuadrimestre de 2019, é dicir, 38.970,00 €; pero, en cambio, considera que o dito importe non é o que procedería a partires da liquidación do segundo cuadrimestre de 2019 en diante, ao entender que debeu ser de 29.031,10 € (en lugar de 38.970,00 €). O seu argumento parte de que a base impoñible estaría mal calculada, ao partir dun dato fáctico erróneo (que, para o abastecemento de auga, se contaba con 3 bombas de 8,046 CV, cando dende marzo de 2019 se retirou unha delas, pasando a contar só con 2 bombas), e que, manexando como manexaba a Administración ese dato, debía "rectificar" o erro da resolución do 23/03/18, para recalcular a base impoñible (que pasaría de 90.000 m3 a 67.000 m3) e que, ao non facelo, infrinxiu o art. 220 da Lei 58/03, do 17 de decembro.

Y se sostiene que o seu razoamento parte de que, en marzo de 2019, reduciu o número de bombas de 3 a 2 (por iso considera que o importe non é incorrecto en todas as liquidacións, senón só naquelas que se acordan dende o segundo cuadrimestre de 2019). O que atenta á lóxica é pretender que as resolucións e liquidacións aquí impugnadas infrinxen o art. 220 da Lei 58/03, do 17 de decembro, xa que a Administración debeu rectificar de oficio no recoñecemento de que ela mesma incorrera nun erro material ou aritmético. E atenta a lóxica xa que, de ser certo que a recorrente reduciu as bombas de 3 a 2, o que tiña que facer (tal e como lle informaba a resolución do 23/03/18) era comunicar o dato á Administración, como ben prevé o art. 54.3 de Regulamento do canon da auga, cando se produce unha variación sobrevida nos termos contidos na declaración inicial; o dito precepto dispón "Calquera variación das características declaradas referidas, entre outras, ás fontes de aprovisionamento de auga, ás súas características e á existencia de aparellos de medida, deberá ser comunicada a Augas de Galicia dentro do prazo dun mes desde o momento que se produza. Esta nova declaración estenderá os seus efectos á data en que se producise a variación co límite temporal do prazo aquí establecido para a súa presentación"; pero a recorrente non fixo comunicación ningunha. Por outra banda, cómpre lembrar que a rectificación de erros materiais é unha potestade da Administración para corrixir nos seus actos e resolucións os erros materiais ou de feito nos que ela mesma incorre. Pero o erro ao que está aludindo a 13 recorrente non é da Administración, senón que (de existir coma erro) é de seu: sería un erro nas súas declaracións e, polo tanto, non podería reprocharse á actuación administrativa unha indebida deixación da obriga de rectificar os erros. Pero a cuestión en calquera caso, é outra, xa que, da demanda, o que parece desprenderse non é tanto que houbese un erro na declaración, senón que o que se produciu foi unha variación sobrevida, de xeito que o declarado no seu día (e considerado pola Administración) non se axustou, a partires dun concreto momento, á realidade. A resolución do 23/03/18 non foi impugnada. A (suposta) variación de datos non foi comunicada. Conseguintemente, ningún reproche merecen as liquidacións pola base impoñible da que parten.

TERCERO.- Sobre el motivo de inadmisibilidad opuesto por la demandada

Pues bien, comenzando por el primer motivo de oposición articulado por la demanda, la denuncia de desviación procesal, por haber pedido en vía administrativa la minoración e instar aquí la prescripción respecto de las liquidaciones de los años 2014-2017 y 2019, sosteniendo la demandada que son pretensiones diferentes, así como en un plano distinto aunque conexo la prohibición que se deduce del artículo 56.1 de la LJCA pues la misma contempla la incorporación de nuevos motivos al debate procesal, pero no cuestiones nuevas.

Pues bien, debe recordarse una vez más que la desviación procesal es defecto en el ejercicio de la acción y en la articulación de la pretensión que guarda estrecho vínculo con la naturaleza de esta jurisdicción, pues es requisito general que impone acto administrativo previo o aun pretensión accionada en aquella sede administrativa, por quien acciona luego en esta sede jurisdiccional, exigiendo la perfecta identidad entre lo allí pretendido y la pretensión aquí accionada, pero no por el contrario de los motivos, así el objeto del recurso contencioso administrativo ha de coincidir con lo solicitado en aquella vía administrativa, e igualmente lo solicitado en la demanda ha de ser acorde con el objeto procesal, que se concreta y determina en el escrito de interposición de recurso

Pero cuestión distinta son las alegaciones en derecho que se realicen en la demanda, pues no debe confundirse el objeto procesal con los motivos que se plantean en la demanda, ya que, en tanto el objeto procesal permanezca inalterado en las tres fases antedichas, vía administrativa, escrito de interposición y demanda, los motivos, argumentos o alegaciones pueden variar y en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2004, aun referida a nuestra anterior Ley Jurisdiccional recuerda, con valor en la hermenéutica de la vigente al mantenerse la estructura idéntica a salvo del procedimiento que se contempla en el artículo 78 de la actual ley procesal, que no es al caso por seguirse este litigio por el procedimiento ordinario, decimos allí recuerda nuestro Tribunal Supremo " La acción Contencioso-Administrativa aparece así desdoblada en un acto de interposición, limitado a la indicación del acto que se recurre, y la demanda, en la que han de formularse los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha impugnación. Se trata, pues, de un acto complejo, escindido en dos trámites por la razón práctica de tener a la vista el expediente para formular la demanda, pero con identidad objetiva y subjetiva, por lo que debe darse entre ambos una estrecha correlación, consistente en que la demanda no puede referir la impugnación a actos o disposiciones no mencionadas en el escrito de interposición. Por consiguiente, la fijación del acto objeto del recurso se hace en el escrito de interposición y ninguna norma procesal permite cambiar el objeto del proceso en la demanda;así vino considerándolo una reiterada doctrina jurisprudencial - sentencias, entre otras, de 16 de febrero de 1976 , 4 de octubre de 1979 , 4 de febrero de 1983 , 16 de octubre de 1984 , 2 de octubre de 1990 , 6 de febrero de 1991 -, expresiva de que queda fuera del proceso toda consideración sobre el acto que no fue impugnado en el escrito de interposición, lo que obliga sólo a tener en cuenta la pretensión del escrito inicial o de interposición del recurso, so pena de incurrir en desviación procesal"

Y más recientemente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2018 (rec.3770/2015) dice "Conforme a los arts. 67 y 69.1, en conexión a su vez con los 41 y 42, todos de la Ley rectora de esta Jurisdicción y en razón al principio de Jurisdicción revisora para deducir la pretensión procesal de plena jurisdicción ante los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, deberá haberla propulsado preferentemente en vía administrativa, bien desde su inicio como en su segunda instancia gubernativa hasta agotar la misma, pues la función revisora que a esta Jurisdicción compete le impide verificar en la Sentencia declaración de derechos o de condena que no hayan sido objeto de postulación en la vía administrativa; así el Tribunal Supremo viene sentando que: "Queda fuera de toda consideración las materias y pretensiones ajenas a los actos administrativos combatidos en el litigio, de manera que si el órgano jurisdiccional extendiera su conocimiento a cuestiones no incluidas en ellos, se prescindiría del carácter y naturaleza revisora de esta Jurisdicción, adviniendo a la misma problemas y solicitudes vírgenes de todo enjuiciamiento administrativo, conculcando también el espíritu y letra de los arts. 1 .º y 37 de la Ley Fundamental de 27 de diciembre de 1956 , produciéndose sin duda desviación procesal" - Sentencias de 27 de febrero y 6 de mayo de 1966 -: "No deben reformarse, alterarse ni menos adicionarse a la pretensión, peticiones que no se discutieran en vía administrativa y que ni siquiera se formularon en ella" - Sentencia de 26 de septiembre de 1973 -; "la Ley Jurisdiccional permite la alteración de los fundamentos jurídicos aducidos ante la Administración, de tal suerte que el escrito de demanda, dejando intacta la cuestión suscitada en la predicha vía previa, puede albergar razones y fundamentos diversos a los expuestos en el expediente gubernativo antecedente de la litis, en base a los cuales poder obtener la nulidad o anulación de los actos o disposiciones criticadas, lo que encuentra su apoyo en el art. 69, núm. 1, de la Ley"- Sentencias de 7 de mayo y 25 de septiembre de 1976 -; "se da una desviación por esta causa cuando realmente se produzca una discordancia objetiva entre lo pedido, pretendido en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional" y "si pueden invocarse cuantas razones quepa expresar para fundamentar las pretensiones, no se pueden plantear cuestiones nuevas que consisten en la falta de previo pronunciamiento administrativo de la cuestión que actúa como antesala de su posterior enjuiciamiento jurisdiccional y como requisito sine qua non para el ulterior actual de esta Jurisdicción" -Sentencia de 15 de marzo de 1965 y 30 de mayo de 1978 . De ahí que resulte esencial delimitar el contenido de la resolución impugnada".

Y conforme lo razonado, el motivo de inadmisión debe rechazarse pues la pretensión revocatoria de las liquidaciones es la única e idéntica que se sostiene, aunque se incorpore un argumentario de motivos impugnatorios parcialmente novedoso ahora en sede jurisdiccional.

Y aun debe recordarse que la prescripción es apreciable de oficio por el órgano jurisdiccional, así lo recuerda una vez más Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2024 (rec. 6531/2022) donde se dice "Que la prescripción debe ser apreciada de oficio resulta indiscutido; es más, dicha obligación no solo se proyecta sobre la Administración en el ámbito de la gestión o inspección de los tributos, sino también debe predicarse de los cauces de revisión, tanto administrativos como jurisdiccionales"

CUARTO.- Sobre el fondo del litigio

Pero, entrando en el examen de la prescripción alegada, es obligado comenzar por acoger la alegación de la demandada sobre el dies a quo para el computo de dicha prescripción, y es llano que en tanto que el artículo 51.1 de la Ley de Aguas de Galicia dispone que "1. El devengo se producirá en el momento en que se realice la utilización o consumo real o potencial del agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad y mediante cualquier aplicación"por ello la alegación del recurrente de que el devengo del impuesto sería el primera día del año repugna a la lógica, como bien sostiene la demandada, pues, por definición, el devengo del impuesto solo es posible una vez que se conoce el consumo que es el que determina la base imponible y debemos recordar que el articulo 21 de la LGT dispone "1. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal."Y de ello da razón lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento del canon del agua conforme el cual "1. Aguas de Galicia emitirá la liquidación cuatrimestral correspondiente de acuerdo con la base imponible determinada en la resolución o, en su caso, en base al volumen declarado mediante la declaración cuatrimestral indicada en el artículo anterior. Esta liquidación tiene el carácter de provisional y podrá ser regularizada en los termos previstos en la normativa general tributaria.

2. En el caso de falta de presentación de la declaración periódica a que se refiere el artículo anterior, la Administración procederá:

a) A practicar y notificar la liquidación provisional por estimación indirecta, aplicándole los intereses de demora en la cuantía que resulte vigente en cada momento según la normativa tributaria general aplicable. A tal efecto los intereses de demora se devengarán desde la fecha de finalización del plazo para la presentación de la declaración hasta la fecha de emisión de la liquidación."

Pero acogiendo ese razonamiento de la demandada la misma conduce a un acogimiento limitado de la alegación, limitado en tanto que la resolución acordada en el año 2023 no es una liquidación sino la rectificación, por estimación limitada de recurso de reposición accionado por la actora, de anterior liquidación practicada en el año 2018, diciembre de 2018, y en ese sentido, así lo reconoce la demandada estarían en efecto prescritos los dos primeros cuatrimestres del año 2018, sin que pueda sostenerse alternativamente la prescripción del derecho al cobro, en tanto que se solicitó en aquel recurso de reposición la suspensión de la liquidación, todo ello referido a las liquidaciones de los años 2014 a 2016.

Y por lo que hace a las liquidaciones correspondientes al año 2017, en tanto que se notificaron en el mes de noviembre de 2021, estarían prescritas las correspondientes a los dos primeros cuatrimestres, por el mismo orden de razones expuesto supra, e igual sucede respecto de las liquidaciones de los años 2019 y 2020, en tanto que las mismas se notificaron en el mes de noviembre de 2023.

Y por lo que hace a las liquidaciones de los años 2019, 2020 y 2021, respecto de esta última anualidad ninguna alegación de prescripción ni se alcanza ni se articula ya se advierte, decimos respecto de las liquidaciones correspondientes a estas anualidades se sostiene error en el cálculo de la base imponible por no tomar en consideración la demandada la alteración/reducción en el número de bombas, pero dicha alegación debe rechazarse, en tanto, que si bien no se discute esa alteración, dicha reducción no fue comunicada a la demandada, siendo e recordar que el artículo 554.3 del Reglamento del canon de agua dispone "3. Cualquier variación de las características declaradas referidas, entre otras, a las fuentes de aprovisionamiento de agua, a sus características y a la existencia de aparatos de medida, deberá ser comunicada a Aguas de Galicia dentro del plazo de un mes desde el momento que se produzca. Esta nueva declaración extenderá sus efectos a la fecha en que se hubiera producido la variación con el límite temporal del plazo aquí establecido para su presentación." y sin constar dicha declaración no puede acogerse esa pretendida retroacción, menos aun al amparo del artículo 220 de la LGT, pues no estamos ante un error que se derive del expediente liquidatorio, sino ante la ausencia de comunicación alguna de las modificaciones en la captación de agua, derivadamente en la determinación el base del tributo, que tiene disciplina propia, la referida en el Reglamento y ya citada.

Por todo lo cual procede la limitada estimación del recurso accionado en esta sede, debiendo acotarse esa estimación a la declaración de nulidad de las liquidaciones de los dos primeros cuatrimestres de los años 2014 a 2016, y 2017, 2019 y 2020, desestimándose el recurso en sus restantes extremos.

QUINTO.- Costas procesales.

Vista la limitada estimación del recurso no procede expresa condena en costas.