PRIMERO.- Objeto de la apelación y posiciones de las partes. Cuestión previa.
El objeto de la presente apelación es la Sentencia nº462/2021 de 15 de diciembre recaída en procedimiento abreviado nº 385/2019 -C del JCA nº 16 de Barcelona, desestimatoria de las pretensiones actoras anulatorias del Decreto 2019/1089 emitido por el Ayuntamiento de Abrera (Barcelona) en fecha 10.7.19 que desestima en reposición el recurso en tal sentido entablado por la parte demandante, contra la previa resolución municipal Decreto de 12.4.19 que acuerda el cese del recurrente como socorrista del Centro Acuático Municipal de Abrera, con efectos desde el 15.4.19.
La fundamentación jurídica de la sentencia apelada en esencia se circunscribe a los siguientes razonamientos jurídicos, que reproducimos a continuación:
"El recurrente Gabino impugna la resolución de fecha 12 de abril de 2019 se acordó el cese como funcionario interino del recurrente.
Pues bien, examinadas las actuaciones y valorada la prueba practicada, entiende este juzgador que el recurso no puede prosperar.
En efecto, del examen de las actuaciones resulta acreditado que existía una empresa externa contratada para efectuar las tareas de socorrismo que dejó de prestar el servicio de forma fulminante. Por tanto, el Ayuntamiento, de forma justificada lo que hizo fue aprobar las bases de una convocatoria para seleccionar 3 plazas no estructurales con carácter temporal y duración limitada, concretamente, hasta que pudiera procederse a la adjudicación del contrato a una nueva empresa.
De este modo, el 5 de febrero de 2019 se aprobaron las clàusules administrativas particulares para un contrato de servicios en el centro acuático que fue finalmente adjudicado a AQUASOS SERVEIS INTEGRALS.
En las bases de la convocatoria que dieron lugar al nombramiento del actor no se hacía ninguna referencia a que la plaza fuera de interino vacante sino que establecían claramente su vocación temporal. Tales bases no fueron impugnadas.
Resulta especialmente relevante la base primera de la convocatoria (documento 5 demanda)
"1.1.- Les bases regularan el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, de 3 places no estructurals de Socorristes, per un període de tres mesos, de personal funcionari temporal, enquadrat en el grup C2, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la legislació vigent.
1.2.- El règim és funcionarial per un període de tres mesos, amb nomenament per execució de programa de caràcter temporal i durada limitada, en tant a la cobertura dels llocs per contracte de serveis amb nova empresa encarregada del servei socorrisme al Centre Aquàtic Municipal.
1.3.- Les places objecte d'aquesta convocatòria té les característiques següents:
Codi retributiu: Codi retributiu: F/10/C2/IN
Tipologia de la jornada: Jornada setmanal de matí/tarda/caps de setmana."
Del mero examen de las bases resulta evidente que los socorristas no ocupaban un puesto de funcionario interino de carácter estructural ni era necesaria la convocatoria de concurso para cubrir la plaza.
Era una plaza de carácter excepcional y meramente temporal entretanto no se adjudicara el servicio a una nueva empresa tal y como señalaban las bases. Ello, tras el abandono abrupto de la empresa adjudicataria anterior por problemas económicos.
No cabe duda de la legalidad del cese, pues finalizó la causa excepcional que motivó el nombramiento temporal, tal y como expresamente establecían las bases del concurso al que se sometió voluntariamente el recurrente y que fueron asumidas por el mismo al no haber sido impugnadas.
El recurrente prestó servicio durante 2 años 6 meses y 12 días como funcionario interino, por lo que no se excedió el plazo contemplado en el articulo 10.1 c) TREBEP .
Tampoco resulta admisible la subrogación en la empresa adjudicataria ya que su nombramiento, tal y como se ha expuesto, era de personal interino y no de personal laboral. Ni el pliego ni las cláusulas administrativas fueron impugnadas.
No existe base legal por la que se debiera producir esa pretendida subrogación.
Así, se produjo un nombramiento temporal ante una situación excepcional por lo que, una vez finalizada la causa que motivó el nombramiento, se acordó de forma plenamente ajustada a derecho el cese del recurrente.
Finalmente, conviene destacar que recientemente se dictó por parte del Juzgado Contencioso Administrativo 4 de Barcelona la sentencia 229/2021 de 6 de octubre en el que se resolvía un supuesto análogo al de autos y en el que se invocaban los mismos motivos de impugnación. (...)
Ello, en atención a los principios de unidad de doctrina y de seguridad jurídica, en aras asimismo a garantizar la necesaria efectividad del principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley (entre muchas otras, STC 2/2007, de 15 de enero , STC 147/2007, de 18 de junio , STC 31/2008, de 25 de febrero , y STC 13/2011, de 28 de febrero ).
En conclusión, la actuación administrativa impugnada debe ser considerada ajustada a derecho por lo que procede la íntegra desestimación de la demanda.".
La defensa de la parte recurrente en apelación interesa sentencia estimatoria de sus pretensiones y revocatoria de la sentencia recurrida. Los motivos impugnatorios del citado recurso articulados por la parte apelante son en esencia, que no se ha abordado en la sentencia objeto de la apelación, la posibilidad de crear puestos de trabajo temporales para desarrollar funciones que son estructurales, tarea de permanencia que viene determinada según tal parte procesal en el art 17 del Decret 95/2000 de 22 de febrero por el que se establecen las normas sanitarias aplicables en las piscinas de uso público, Asimismo, considera que el Sr. Gabino ostenta la condición de personal laboral, en atención a la doctrina de los actos propios municipales, y por ende, se ha de producir la subrogación, vía art 44 del Estatuto de los Trabajadores , del personal laboral en los casos de sucesión de empresa. Añade que, si bien no ha existido en el presente caso abuso de contratos sucesivos, inferior por lo demás a 3 años, sí que existe abuso por el desempeño de tareas estructurales a través de un programa temporal.
Por su parte, la defensa de la parte apelada, se opuso al recurso de apelación planteado de contrario, interesando la íntegra desestimación de tal recurso, y por ende, la plena confirmación de la sentencia recurrida, por los propios fundamentos jurídicos de ésta, alegando adicionalmente que, el socorrismo no es una función estructural de obligado cumplimiento legal hasta su prestación definitiva, negando la existencia de fraude de ley en el presente supuesto de autos. Alega que, no se ha impugnado por la adversa las bases de la convocatoria que dio origen al inicial nombramiento y ulterior cese del aquí recurrente, amén que tampoco fueron impugnados por éste ni el contrato, ni el pliego de clàusulas administrativas, ni técnicas de la licitación. Finalmente, entiende que, no ha de operar la subrogación del art 44 ET , al no ser personal laboral el recurrente, y no existir ningún convenio colectivo que obligue a la citada subrogación.
Como cuestión previa indicar que,es de aplicación el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, que en el artículo 2.2 prevé su aplicación "Al personal al servicio de las corporaciones locales situadas en el territorio de Cataluña. En los términos que establece la legislación sobre función pública local".En tal sentido, el art 124.4 del DL 1/1997 prescribe que: "El personal interí per la seva condició cessa quan no calen els seus serveis,quan la plaça a la qual es adscrit és ocupada per un funcionari, pel transcurs del temps especificat en el nomenament o en cas de renúncia".
Asimismo, tal como ha puesto de manifiesto esta Sala y Sección, entre otras, en las Sentencias de 10 de octubre de 2013, nº 1026/2013, rec. 28/2013; y de 11 de marzo de 2019, nº 147/2019, rec. 87/2017, las bases de las convocatorias vinculan a la Administración y a los Tribunales o Comisiones de Selección y a quienes participen en las mismas... constituyendo la ley del proceso selectivo".
Por último, decir que, la apelante considera que no se ha abordado en la sentencia objeto de la apelación, la posibilidad de crear puestos de trabajo temporales para desarrollar funciones que son estructurales, pero parte de la premisa errónea cual es la de entender que las funciones a desempeñar en el centro acuático de referencia por la Administración municipal, son estructurales, cuando no lo son por el mero hecho de asumir aquélla la competencia en tal materia, tal y como veremos en los fundamentos siguientes.
SEGUNDO.- Precedente judicial
Sobre idéntica cuestión controvertida, si bien variando la persona del socorrista apelante, se ha pronunciado nuestra sentencia firme nº 2569/2024 de 4.7.24, recaída en recurso de apelación nº 31/2022, la cual, transcribimos en esencia:
"S'interposa el present recurs contra la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós núm. 4 de Barcelona, núm. 229-2021 de 6 d'octubre, dictada en les actuacions de PA 54-2020 (...)
Al·lega l'actora que el recurrent té la consideració de funcionari interí per vacant de l' article 10.1.a) EBEP i, subsidiàriament, la condició de personal laboral, no obstant això, consta clarament a les bases de la convocatòria -fermes i consentides- que no són objecte d'aquest recurs, que el règim és funcionarial, amb nomenament per execució de programa de caràcter temporal i durada limitada, en tant a la cobertura del lloc per contracte de serveis amb nova empresa encarregada del servei de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal (base 1.2), i així es dedueix també del decret de nomenament de 27 d'octubre de 2016, el qual tampoc consta impugnat. Al·lega l'actora que, el servei de socorrisme respon a una necessitat permanent, obligada legalment, tanmateix, les bases de la convocatòria es referien al caràcter no estructural de les places de socorrista i és evident que el socorrisme no és una activitat pròpia d'un ajuntament, d'aquí que, en exercici de les seves facultats d'autoorganització de l'Ajuntament, es va procedir a externalitzar el servei, però, mentre no es cobria el servei de socorrisme per una empresa, per raons òbvies de necessitat excepcional i urgent es va proveir el servei obligatori de socorrisme amb aquestes places de socorrista amb un programa de caràcter temporal.
D'altra banda la durada del nomenament no ha superat els tres anys, tal com requereix l' article 10.1.c) EBEP .
Per tot l'anterior, tampoc s'observa l'al·legat frau de llei del nomenament del recurrent. (...)
Consta i es desprèn de l'Expedient Administratiu que mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2016-0692 de 18 de juliol de 2016 es va aprovar les bases de la convocatòria G196/2016/10 del procediment de selecció de tres places no estructuralsde socorrista per al Centre Aquàtic Municipal, enquadrat en el règim funcionarial temporal i durada limitada del grup classificació C2, i que foren publicades en el Butlletí oficial de la província de Barcelona de 6 de setembre de 2016, al que va concórrer el recurrent, i en virtut del d'aquest, va prestar els seus serveis com a Socorrista al Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera des del 3 d'octubre de 2016 fins al 14 d'abril de 2019, per tant, durant 2 anys, 6 mesos i 12 dies.
Per Decret d'Alcaldia núm. 2019-0368, adoptat el dia 14 de març de 2019, es va adjudicar el contracte administratiu de serveis de socorrisme número 2019-0009 d'11 d'abril de 2019 a l'adjudicatari "Aquasos Serveis Integrals, S.L." per dos anys prorrogables per dos anys més (folis 43 a 76 de l'expedient administratiu) que es va iniciar en data 15 d'abril de 2019.
Per Decret d'Alcaldia núm.2019-0586 de 12 d'abril de 2019, notificat en data 16 d'abril de 2019 es va resoldre el cessament del Sr. Donato amb efectes des del dia 14 d'abril de 2019 atès que el servei de socorrisme al Centre Aquàtic Municipal i a la piscina descoberta d'Abrera es va adjudicar a una empresa que donarà el servei de manera internalitzada amb efectes des del dia 15 d'abril de 2021.
Consta així mateix a l'EA copia de la convocatòria a la que va concórrer i per la que l'actor va ser anomenat, que exposa en quant a al seu objecte:
"1.1.- Les bases regularan el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, de 3 places no estructurals de Socorristes, per un període de tres mesos, de personal funcionari temporal, enquadrat en el grup C2, dotada amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la legislació vigent.
1.2.- El règim és funcionarial per un període de tres mesos, amb nomenament per execució de programa de caràcter temporal i durada limitada, en tant a la cobertura dels llocs per contracte de serveis amb nova empresa encarregada del servei socorrisme al Centre Aquàtic Municipal.
1.3.- Les places objecte d'aquesta convocatòria té les característiques següents: Codi retributiu: Codi retributiu: F/10/C2/IN Tipologia de la jornada: Jornada setmanal de matí/tarda/caps de setmana.
Defensa el recurrent que el socorrisme es tracta d'una funció estructural i obligada legalment fins a la seva provisió definitiva. Entenent que s'ha produït un frau de llei en la contractació.
El Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. ( TREBEP) indica en el seu article 8 que els empleats públics es classifiquen en:
Funcionaris de carrera
Funcionaris interins
Personal Laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal
Personal eventual
D'acord amb l' art. 10 del TREBEP i respecte al personal interí, perquè una persona sigui nomenada funcionari interí és necessari que concorrin els següents suposats:
Existència d'una plaça vacant que no sigui possible cobrir amb funcionari de carrera en el termini inferior de 3 anys o per la figura de mobilitat.
Reemplaçament del funcionari de carrera que era titular de la plaça.
Execució d'un programa específic que no tindrà una durada que superi els 3 anys. En alguns casos, podria existir una pròrroga de 12 mesos.
L'excés de tasques en un moment donat, per la qual cosa és una necessitat i una urgència i que no podrà estendre's més de 9 mesos.
I s'assenyala en l'apartat 10.5 del TREBEP que al personal funcionari interí li és aplicable el règim general del personal del funcionari de carrera quan sigui aplicable a la naturalesa de la seva condició temporal i de caràcter extraordinari i urgent del seu nomenament excepte aquells drets inherents a la condició de funcionari de carrera.
Consta doncs, es va expressar amb meridiana claredat a les bases que, el motiu de la contractació temporal era la urgència de la prestació del servei, de forma temporal, qüestió explicitada a les bases de la convocatòria, que el recurrent no impugnà i sobre el que res va oposar fins al compliment de la condició explicitada desde l'inici i que va ser coneguda i acceptada en la seva temporalitat per el recurrent, doncs ja es va fer constar que era una oferta de programa temporal. No pot el recurrent assimilar-se, pel que a les conseqüències li resulta d'interès, amb els supòsits d'abús en la contractació, doncs el recurrent no ha estat sotmès a un periple de contractes ni llocs de treball, havent-se respectat el termini establert i sempre va exposar quina era la forma de contractació així com el motiu, que de conformitat amb la previsió de l' Art. 10 del TREBEP abans citat, te encaix legal donat que es va convocar mitjançant un programa específic de durada limitada per cobrir temporalment una vacant en un àmbit que no consta que la dita administració tingués mitjans propis per a dur-ho a terme.
Sobre la pretensió subsidiària, fa esment el recurrent que el decret d'alcaldia núm. 2017-1649, de 27 de desembre, reconeix la condició de personal laboral a l'actor. Obligació de subrogació de la nova concessionària.
Sense perjudici que no ens trobem en la jurisdicció social ja s'ha exposat en el Fonament Tercer de la present resolució l'objecte de l'apel·lació, la qual cosa és suficient per a la desestimació de la pretensió. A major exposició Assenyala el TC, en definir la Doctrina dels actes propis que, "l'anomenada doctrina dels actes propis o regla que decreta la inadmissibilitat de venire contra factum propium sorgida originàriament en l'àmbit del Dret privat, significa la vinculació de l'autor d'una declaració de voluntat generalment de caràcter tàcit al sentit objectiu de la mateixa i la impossibilitat d'adoptar després un comportament contradictori, la qual cosa troba el seu fonament últim en la protecció que objectivament requereix la confiança que amb fonament es pot haver dipositat en el comportament aliè i la regla de la bona fe que imposa el deure de coherència en el comportament i limita per això l'exercici dels drets objectius" (* STC 73/1988, de 21 d'abril ).
Amb posterioritat, el Tribunal Suprem, a través d'una extensa jurisprudència, establirà les bases, requisits i contingut d'aquesta regla. Així, "és reiterada doctrina d'aquesta Sala (Sentències 5-10-87 , 16-2 i 10-10-88 ; 10-5 i 15-6-89 ; 18-1-90 ; 5-3-91 ; 4-6 i 30-12-92 ; i 12 i 13 - 4 i 20-5-93 , entre altres) la que el principi general del dret que afirma la inadmissibilitat de venir contra els actes propis, constitueix un límit de l'exercici d'un dret subjectiu o d'una facultat, a conseqüència del principi de bona fe i, particularment, de l'exigència d'observar, dins del tràfic jurídic, un comportament coherent, sempre que concorrin els requisits pressuposats que tal doctrina exigeix per a la seva aplicació, quals són que els actes propis siguin inequívocs, en el sentit de crear, definir, fixar, modificar, extingir o esclarir sens dubte una determinada situació jurídica afectant al seu autor, i que entre la conducta anterior i la pretensió actual existeixi una incompatibilitat o una contradicció segons el sentit que de bona fe hagués d'atribuir-se a la conducta anterior." ( STS 30/10/1995 ).
"... la força vinculant de l'acte propi (nemine lict adversus sua facta venire), consisteix a ser aquesta expressió d'un consentiment dirigit a crear, modificar o extingir algun dret, generant una situació en desacord amb la posterior conducta del subjecte..." ( STS 30/05/1995 ).
"De tot l'anterior s'infereix que la doctrina dels actes propis té el seu últim fonament en la protecció de la confiança i en el principi de la bona fe, que imposa un deure de coherència i limita la llibertat d'actuació quan s'han creat expectatives raonables ( SSTS 9/12/2010 , 09/03/2012 , 25/02/2013 )." "aquesta Sala ve exigint, perquè els denominats actes propis siguin vinculants, que causin estat, definint inalterablement la situació jurídica del seu autor, o que vagin encaminats a crear, modificar o extingir algun dret oposat a si mateix ( SS., entre moltes altres, de 27 de juliol i 5 de novembre de 1987 ; 15 de juny de 1989 ; 18 de gener i 27 de juliol de 1990 ), a més de que l'acte ha d'estar revestit d'una certa solemnitat, ser exprés, no ambigu i perfectament delimitat, definint de manera inequívoca la intenció i situació del qual ho realitza ( SS de 22 de setembre i 10 d'octubre de 1988 ), la qual cosa no pot predicar-se dels supòsits en què hi ha error, ignorància, coneixement equivocat o mera tolerància"(* STS 31/01/1995 ).
Conforme a l'exposat i l'al·legació del recurrent, resulta inversemblant, que una mera comunicació del canvi d'estructura de jornada, dirigida a una pluralitat d'empleats de diversos àmbits, amb un esment isolat en el temps a "personal laboral" comporti una voluntat, ni tingui la capacitat, d'alterar la naturalesa del regim jurídic de prestació de Servei.
COSTES.- 300 euros"
TERCERO.- Decisión de la Sala
En virtud de los principios de coherencia, seguridad jurídica del art 9.3 CE78, unificación de doctrina jurisprudencial y no conculcación del principio de igualdad del art 14 CE78 ante situaciones jurídicas idénticas, solo cabe concluir en la aplicación de la misma solución jurídica que la ofrecida en nuestro pleito de apelación 31/2022 que ha desembocado en nuestra Sentencia nº 2569/2024 antes dicha, la cual es firme.
A mayor abundamiento, visto el contenido de la sentencia de instancia, este Tribunal entiende que, a la vista de las manifestaciones de todas las partes procesales, la sentencia recurrida en apelación, no yerra en cuanto a la no consideración de personal laboral del aquí recurrente, y a la no catalogación de funcionario interino, toda vez que atendiendo a las bases de la convocatoria aquí analizada, se estatuye claramente que la plaza en cuestión desempeñada por el recurrente, era de vocación temporal, y excepcional, hasta la nueva licitación y adjudicación del servicio municipal de referencia a una nueva entidad o empresa.
Recuérdese además que, la relación de puestos de trabajo (RPT) desde la sentencia del TS de 5-2-14 recaída en recurso de casación nº2986/2012 se considera un acto administrativo ordenado, mediante el que la Administración se autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella. En nuestro caso, no nos encontramos ante una RPT, sino ante una plantilla de personal, y como ya dijera la STS nº 1943/2014 de 9 de abril de 2014, recurso de casación nº 514/2013 , la plantilla de personal no afecta a condiciones de trabajo, como sí afecta la Relación de puestos de trabajo y, por tanto, no se requiere preceptivamente negociación colectiva por imposición del art 37 del TREBEP. Por tanto, al no ser personal laboral el recurrente, no es dable la subrogación invocada por la apelante, vía art 44 ET.
Por tanto, sólo cabe la desestimación íntegra del presente recurso de apelación.
TERCERO.- Costas procesales
Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/1998 reguladora de esta Jurisdicción, y en concreto atendiendo al criterio del vencimiento objetivo, es procedente imponer costas procesales a la parte apelante, al no haberse generado serias dudas de Derecho para la resolución del caso de autos; no obstante, al amparo del art 139.4 LJCA, es dable, a la vista de la entidad de lo judicado, la limitación de costas a la apelante, a la suma total por todos los conceptos de 300,00 euros, en consonancia con lo establecido en nuestra Sentencia ya dicha, nº 2569/2024.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso que nos ocupa,
LA SALA HA DECIDIDO:
Desestimarel presente recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Gabino contra la Sentencia nº462/2021 de 15 de diciembre recaída en procedimiento abreviado nº 385/2019 -C del JCA nº 16 de Barcelona, la cual se confirma por ser ajustada a Derecho, con expresa declaración de condena en costas derivadas de la segunda instancia, si bien limitadas a la suma total por todos los conceptos de 300,00 euros, IVA incluido.
Notifíquese la presente resolución a las partes comparecidas, con indicación que contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, a tenor del art 86.1 de la Ley Jurisdiccional , y una vez gane firmeza, líbrese y remítase certificación de la misma junto a los autos originales, al Juzgado provincial de procedencia, acusando oportuno recibo.
Modo de impugnación:recurso de CASACIÓN,que se preparará ante este Órgano judicial, en el plazo de TREINTAdías, contados desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, conforme a lo dispuesto en el art. 89.1 de la Ley Reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA).
Se advierte a las partes que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.
Además, se debe constituir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de éste Órgano judicial y acreditar debidamente, el depósito de 50 euros a que se refiere la DA 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), del que están exentas aquellas personas que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita ( art. 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero), y, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de ellos, de acuerdo con la citada DA 15ª.5 LOPJ.
Sin estos requisitos no se admitirá la impugnación.
Lo acordamos y firmamos.
Los Magistrados :
Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.
Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.
El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.
En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.
Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
