Sentencia Contencioso-Administrativo 4161/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 2777/2022 de 24 de noviembre del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación, pretensiones y alegaciones.

1.- Sobre el objeto del recurso de apelación.

Se impugna en la presente alzada por las partes demandadas,Ayuntamiento de Figueres y Zurich Insurance PLC Sucursal en España actora, la sentencia número 197/2022, de 5 de septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Girona y provincia en su recurso contencioso-administrativo número 303/2021 seguido por los trámites del procedimiento ordinario entre la parte actora Raimunda y aquellas partes demandadas, resolución judicial en cuyo fallo se expresa:

"Estimo en parte el recurso contencioso-administrativo formulado por doña Raimunda, representada por la Proc. Sra. Canal Piferrer, frente a la resolución a la que se refiere el fundamento de derecho primero de esta sentencia, que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a derecho y en su lugar se acuerda condenar a la Administración demandada al pago de la cantidad de 36.341,93 euros de principal, del que responderá solidariamente la aseguradora Zurich hasta la cantidad de 35.391,93 euros por aplicación de la franquicia pactada, más intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa hasta el pago.

No se hace expresa condena en costas".

A través de los fundamentos de derecho primero, segundo y tercero de la sentencia de instancia se identifica el objeto del recurso contencioso-administrativo y se describen las pretensiones y los motivos de las partes.

"PRIMERO.El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la resolución de la regidora delegada del Servicio de Economía, Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Figueres de 24 de agosto de 2021 que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la recurrente el 2 de noviembre de 2020 en relación a los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de una caída en la Plaza de Cataluña el 18 de junio de 2020.

SEGUNDO. Expresado de forma sintética, en la demanda se alega que el citado día 18 de junio de 2020, sobre las 08:00 horas, la recurrente paseaba por la Plaza de Cataluña y debido al deficiente estado del pavimento de la acera ya que las baldosas estaban mal alineadas y alguna levantada formando un desnivel, tropezó y cayó al suelo, sufriendo lesiones de consideración, cuya indemnización pretende.

Añade que la Guardia Urbana realizó un informe y que los hechos fueron presenciados por el Sr. Lorenzo, quien avisó a Urgencias y que las deficiencias no fueron reparadas de forma inmediata a pesar de que en el informe obrante en el expediente administrativo se dice que se procedió a la reparación.

Considera que concurren los presupuestos determinantes de la responsabilidad patrimonial y se pretende la anulación de la resolución impugnada y la condena de las demandadas al pago de la cantidad de 40.100,84 euros en concepto de indemnización.

TERCERO. Las demandadas contestan la demanda oponiéndose a la misma y alegando, en síntesis, que la póliza contratada por Zurich contempla una franquicia de 950 euros por siniestro y que el informe de la Policía Local no permite considerar acreditado el lugar exacto en el que aconteció la caída y las causas de la misma.

Añade que el estado del pavimento de la Plaza de Cataluña es más que correcto, cumpliendo los estándares mínimos de seguridad y que solo existen unas baldosas ligeramente levantadas con desnivel máximo de 2 centímetros y que conforme a lo dispuesto en el Código de Accesibilidad de Cataluña constituyen pequeñas diferencias admisibles; que se trata de una zona muy concurrida con entrada y salida de camiones; que conocida la caída, se hizo una pequeña actuación de mantenimiento y que cuando el celador de mercados observa un defecto, avisa al programa de incidencias y se procede a la reparación. Insiste en que se trata de un desnivel muy pequeño en relación a la anchura de la plaza y que puede ser evitado pasando por su costado.

Resalta que no existe ningún obstáculo visual que impidiese ver la configuración de la plaza y que el accidente, que ocurrió a plena luz del día, se hubiera evitado si la actora hubiera prestado una mínima atención al caminar, máxime cuando además es vecina del barrio.

Considera que no concurren los presupuestos determinantes de la responsabilidad patrimonial y que existe negligencia de la propia víctima.

Añade que debe aplicarse la franquicia citada y que no procede el pago de los intereses del artículo 20 LCS".

Tras la exposición en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia apelada de una serie de consideraciones normativas y jurisprudenciales sobre las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en los siguientes fundamentos de derecho cuarto y quinto se aborda el examen y la resolución de la controversia, con la siguiente motivación.

"QUINTO. La demandada niega la existencia de la necesaria relación de causalidad. Es momento de recordar que en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial corresponde a la actora la carga de probar los hechos descritos en la demanda en tanto que a la Administración demandada compete acreditar, entre otros extremos, el cumplimiento de los estándares de funcionamiento del servicio y la incidencia que en la producción del daño invocado pudiera tener bien la propia actuación del demandante, de tercero o bien la existencia de fuerza mayor.

En el caso que nos ocupa, la demandada, si bien no niega la existencia de la caída, cuestiona que aconteciera en el lugar indicado en la demanda y que fuera causada por el mal estado del pavimento.

A los folios 6 y siguientes del expediente administrativo aparece transcrito el informe del inspector de la Guardia Urbana de fecha 24 de septiembre de 2020 en el que se dice que a las 08:28 horas del día 18 de junio los agentes fueron requeridos por una persona que había visto como una señora sufría una caída en la Plaza Cataluña, delante de la calle Castelló 32. Tras identificar al testigo, en el informe se dice que los agentes comprobaron que en el lugar de la caída la acera no estaba a nivel y que había llambordas (baldosas o losetas) hundidas, habiendo manifestado la lesionada que había tropezado con el desnivel. Y se acompañan fotografías del estado del pavimento.

En el acto de la comparecencia de prueba el testigo Sr. Lorenzo manifestó que vio cómo la recurrente se caía al tropezar con una baldosa levantada; que la plaza tiene desperfectos y que la gente se cae.

Los agentes intervinientes en el lugar del siniestro declararon que comprobaron la existencia de las deficiencias, que eran de difícil percepción, y que la gente podía tropezarse, por lo que colocaron unos conos y avisaron a los servicios municipales.

El Sr. Rosendo ratifica el informe aportado junto con la demanda en el que consta que en octubre de 2020 se apreciaba que los defectos no habían sido reparados.

A los folios 24 y 25 del expediente administrativo aparece informe técnico de los servicios municipales en el que se indica que el acceso de los vehículos al mercado ocasiona daños en las baldosas de la plaza y que el tramo desnivelado era aproximadamente de 2 m2 y que el desnivel oscilaba entre 1 y 2 cm.

La valoración de la prueba practicada permite considerar acreditada la realidad de la caída y que esta se produjo al tropezar la actora con el desnivel originado por el hundimiento de las baldosas como consecuencia del paso de vehículos sobre las mismas.

La demandada insiste en que el estado del pavimento cumplía los estándares mínimos exigibles dada la entidad del desnivel y que la actora no deambulaba con la diligencia mínima que le hubiera permitido advertir el defecto y evitarlo. Es cierto que todo peatón tiene el deber de deambular prestando una atención media, es decir, una precaución razonable al circular en la vía pública. Ahora bien, cuando la atención exigida sea superior a la media puede producirse el nexo causal entre la caída y el servicio público que implicaría el reconocimiento, total o parcial, de responsabilidad a la Administración, debiéndose estar a las circunstancias del caso concreto.

Ha de señalarse que el defecto tenía entidad suficiente para provocar la caída y que la configuración del pavimento dificultaba apreciar la existencia de la deficiencia con antelación suficiente para evitar caminar sobre la misma. Y también, que la demandada, conocedora de que el paso de vehículos por el lugar produce desperfectos en las losetas, debió extremar las precauciones para evitar que ello constituyese un peligro para los viandantes. La circunstancia de que el defecto produjera un desnivel mínimo no es óbice para llegar a la conclusión dicha. En este sentido, conviene recordar que el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de mayo de 2006, dictada en casación para unificar doctrina, señala que no hay que estar tanto a la entidad del desperfecto sino más bien a su aptitud objetiva para provocar una caída, como aquí acontece.

En definitiva, se considera que existe responsabilidad de la administración demandada que está obligada a mantener las vías públicas en estado de conservación tal que no ponga en riesgo la seguridad de las personas que por ellas transitan.

SEXTO. Respecto de la cuantía indemnizatoria reclamada, las demandadas se muestran conformes con el informe pericial aportado por la actora, si bien señala que no resulta procedente sumar los puntos de secuelas funcionales a los de secuela estética sino que debe tenerse en cuenta el importe de las secuelas funcionales (21 puntos que suponen 22.169,44 euros) y el correspondiente a la secuela estética (2.833,06 euros por cuatro puntos) y sumar dichas cantidades.

Asiste razón a la parte demandada y en consecuencia, procede condenar a la Administración demandada al pago de la cantidad de 36.341,93 euros, más intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa hasta el pago, del que responderá solidariamente la aseguradora Zurich hasta la cantidad de 35.391,93 euros por aplicación de la franquicia pactada".

2.- Sobre las pretensiones y las alegaciones de las partes en esta alzada.

2.1.- La parte apelante demandada.

En su escrito conjunto de apelación las partes demandadas, Ayuntamiento de Figueres y Zurich Insurance PLC Sucursal en España, interesan de la Sala que en relación con el "Recurs d'apel·lació contra la Sentència dictada en data 5 de setembre de 2022" dicte "nova sentència, revocant la recorreguda, i donant lloc a allò recollit al nostre escrit d'oposició, desestimant la demanda de l'actora amb imposició de costes".

Fundamenta la parte apelante dichas pretensiones a través de las alegaciones que ordena y que pueden sintetizarse como sigue.

Primera.- Desacuerdo con la sentencia "tanto por una errónea valoración de la prueba, como por una incorrecta aplicación de la normativa, apartándose de la jurisprudencia existente en casos similares".

Segunda.- La procedencia de desestimar la demanda y dictar una nueva sentencia en ese sentido.

Tercera.- La acreditación por el ayuntamiento de que la plaza "no sólo no infringe, ni infringía, ninguna normativa, si no que su estado es y era el correcto para el normal uso al que está destinado, sin que hubiera de comportar ningún problema para el normal caminar de una persona mínimamente atenta. Así como que la administración cumplía con los estándares mínimos de mantenimiento procediendo a la reparación de los desperfectos cuando tenía conocimiento". Lo que viene acreditado por informe elaborado por los técnicos municipales, respecto del cual "la Juzgadora a quo no ha hecho mención de dicho informe que acredita que el ayuntamiento cumplía con los estándares mínimos de mantenimiento".

Cuarta.- En su caso, la ruptura del nexo causal por acción de la propia víctima. Subsidiariamente, concurrencia de culpas. De la prueba practicada "en ningún caso ha quedado probado que deficiencia no fuera visible, al contrario, tanto el Sr. Lorenzo, que vio desde 5/6 metros que caía al tropezar con la baldosa levantada, como el agente que señala que la deficiencia era muy evidente, dan a entender justo lo contrario, quedando ratificado por las fotografías hechas y que constan en el expediente". "Tampoco podemos olvidar que todo ello sucede a plena luz del día, sin ningún obstáculo que afectara a la viandante y a menos de dos minutos de su casa". "De manera subsidiaria, y como ya alegamos, en todo caso habría de tenerse en cuenta el grado de participación de la propia víctima pera establecer una concurrencia de culpas. Ya hemos visto que sería de tal grado que elimina la responsabilidad del Ayuntamiento, de no entenderse así consideramos que habría de establecerse un grado de participación de la víctima del 80/90%, reduciéndose en el mismo porcentaje la indemnización".

2.2.- La parte apelada actora.

En su escrito de oposición al recurso de apelación, la parte actora, Raimunda, interesa de la Sala que "dicte resolución por la que con desestimación total del Recurso de Apelación se confirme íntegramente la resolución recurrida en todos sus extremos, con condena en costas a la parte contraria".

Fundamenta su oposición a través de las alegaciones que ordena y desarrolla en síntesis como sigue.

Primera.- "Correcta valoración de la prueba. Visión interesada de los hechos por la parte apelante". "Es el órgano judicial de instancia quien practica de forma directa las pruebas, con observancia del principio de inmediación y en contacto directo con el material probatorio". "Los hechos fijados como controvertidos fueron todos ello dilucidados en el acto de plenario mediante la prueba total aportada por esta parte", quedando acreditado "que el día 18 de junio de 2020 sobre las 08:30 horas de la mañana, mi representada paseaba tranquilamente por la Plaza Catalunya de esta localidad de Figueres, cuando debido al mal estado del pavimento de la acerca al estar las baldosas mal alineadas y alguna levantada en desnivel respecto a las restantes, tropezó con éstas cayendo al suelo lo cual le comportó lesiones de consideración". Con oposición a lo alegado en el recurso de apelación sobre "la acreditación del lugar y la producción del siniestro", "la concreción del desperfecto" y "la intervención de la propia víctima", y compartiendo la valoración efectuada por la Jueza de instancia judicial de las pruebas practicadas sobre los extremos controvertidos. No procede la concurrencia de culpas interesada con carácter subsidiario por la parte apelante.

Segunda.- "Correcta aplicación de la normativa y jurisprudencia específica". La alegación de la parte apelante sobre la aplicación incorrecta de la normativa y el apartamiento de la jurisprudencia existente en casos similares se realiza de "una forma totalmente genérica e infundada" y "no se hace mención expresa ni implícita a dichos errores cometidos supuestamente por la Juzgadora de instancia, motivo por el que entendemos que dicha alegación no puede ser admitida".

SEGUNDO.- Decisión de la controversia planteada en esta alzada. La naturaleza del recurso de apelación. Algunas determinaciones normativas y jurisprudenciales sobre los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial. Las reglas de la carga de la prueba sobre el nexo causal en supuestos como el de autos de daños reclamados por caídas en la vía pública y su aplicación al supuesto enjuiciado en la instancia.

1.- La naturaleza del recurso de apelación.

De entrada, acerca de la naturaleza del recurso de apelación no sobra recordar que: 1) La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica razonada y articulada de la sentencia apelada, que es lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia. Es decir, no es posible la reiteración simple y llana de los argumentos vertidos en la instancia con la finalidad de convertir la revisión en una nueva instancia para conseguir una sentencia a su favor. 2) En el recurso de apelación el Tribunal ad quemgoza de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria; por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia. 3) Por otro lado, el recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el Juzgador de instancia. Sin embargo, la facultad revisora por el Tribunal ad quemde la prueba realizada por el Juzgado de instancia debe ejercitarse con ponderación, en tanto que fue aquel órgano quien las realizó con inmediación y por tanto dispone de una percepción directa de aquellas, percepción inmediata de la que carece la Sala de Apelación, salvo siquiera de la prueba documental. En este caso el Tribunal ad quempodrá entrar a valorar la práctica de las diligencias de prueba practicadas defectuosamente, entendiendo por infracción aquella que afecta a la regulación específica de las mismas, fácilmente constatable, así como de aquellas diligencias de prueba cuya valoración sea notoriamente errónea; esto es, cuya valoración se revele como equivocada sin esfuerzo.

Centrado el objeto de esta alzada en los términos antes expuestos, y partiéndose aquí de la naturaleza y la finalidad del recurso de apelación que acaban de referirse, procede significar que la parte apelante demandada efectivamente realiza unas críticas a la sentencia por entender que la misma incurre en una "errónea valoración de la prueba", en una "incorrecta aplicación de la normativa" "apartándose de la jurisprudencia existente para casos similares".

Así las cosas, en modo algunocabe plantearse una posible carencia de fundamento (o desnaturalización) del recurso de apelación. Cosa distinta es que la parte apelante actora tenga razón o no en esas críticas a la sentencia, lo que se trata más abajo.

2.- Algunas determinaciones normativas y jurisprudenciales sobre los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial.

Tampoco sobra traer unas consideraciones generales sobre el marco normativo regulador del vigente sistema de responsabilidad patrimonial extracontractual establecido por nuestro ordenamiento jurídico en relación con las administraciones públicas, así como algunas determinaciones, también generales, que sobre el mismo efectúa la jurisprudencia.

A partir del principio de responsabilidad de los poderes públicos constitucionalmente reconocido (por mandato expreso del artículo 9.3, como elemento expresivo de los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados por el Estado social y democrático de derecho exartículo 1.1), el particular sistema de responsabilidad patrimonial referido a las administraciones públicas tiene su fundamento constitucional expreso en el artículo 106.2, que reza: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

Sobre esa base constitucional, y en el ejercicio de las competencias normativas plenas reservadas al Estado por el artículo 149.1.18º de la Constitución española respecto del sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas (atendido el carácter unitario, además de objetivo y directo, que actualmente define la configuración legal de dicho sistema de responsabilidad extracontractual administrativa), la ordenación legal de la institución de la responsabilidad administrativa patrimonial vino dispuesta por el "Título X. De la responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio", "Capítulo I. Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública", esencialmente, artículos 139 a 132, de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el plano procedimental por el también hoy derogado Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y en la actualidad (desde el 2 de octubre de 2016) viene regulada por aquí aplicable (la caída sucede en fecha 18 de junio de 2020) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en su "Título Preliminar. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público", "Capítulo IV. De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas", artículos 32 y siguientes, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, artículos 65, 67 y concordantes.

De acuerdo con el sistema normativo expuesto, y conforme viene estableciendo una reiterada y constante doctrina jurisprudencial en este orden jurisdiccional contencioso-administrativo (desde la positivización en nuestro ordenamiento jurídico administrativo del sistema de responsabilidad administrativa extracontractual a través de los artículos 121 y siguientes de la Ley de expropiación forzosa de 1954 y de los artículos 40 y concordantes de la posterior Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957), son tres los requisitos o presupuestos que deben necesariamente concurrir simultáneamente en el caso para el nacimiento efectivo del derecho a la indemnización resarcitoria por razón de responsabilidad patrimonial de la administración pública, requisitos que seguidamente se enumeran y exponen.

1. La existencia y realidad de un daño, el cual para transformarse de un simple daño o perjuicio en una auténtica lesión indemnizable requiere, a su vez, de: A) la concurrencia simultánea de tres circunstancias o requisitos fácticos: a) certeza o efectividad; b) individualización con relación a una persona o grupo de personas; y c) evaluabilidad económica; B) amén de una circunstancia o requisito de orden jurídico: la antijuridicidad del daño, esto es, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo.

2. La lesión antijurídica ha de ser imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, entendidos éstos en la acepción amplia que abarca a la entera situación administrativa y bajo cualquiera de las poliédricas formas de la actividad administrativa previstas por nuestro ordenamiento jurídico, lo que incluye desde el punto de vista de su formalización tanto la eventual responsabilidad por hechos como por actos, lícitos o ilícitos, así como por acción o inactividad administrativa.

3. La relación de causalidad entre los dos elementos anteriores (lesión en sentido técnico y título de imputación), esto es, el necesario nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño o lesión producidos que presente a éste como consecuencia de aquél, sin que aparezca roto por las causas de exoneración de la responsabilidad administrativa conocidas como la falta o culpa de la propia víctima o sujeto dañado, los hechos o conducta de terceras personas o la fuerza mayor.

Concretamente, por lo que aquí más interesa, en relación con el nexo causal que centra el debate en la instancia y en esta alzada, puede añadirse lo siguiente. Frente a la exigencia tradicional y más restrictiva de una antigua jurisprudencia identificada con la teoría de la causalidad exclusiva(entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 20 de enero, 24 de marzo y 20 de junio de 1984, 30 de diciembre de 1985, 20 de enero y 2 de abril de 1986, 20 de junio de 1994, 2 de abril y 23 de julio de 1996, 1 de abril de 1997, etc.), que exige la prueba plena de una intervención directa, inmediata y exclusiva de la administración en la producción del daño y que comporta la desestimación sistemática de todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere en la relación causal, de alguna manera, la culpa de la víctima o de un tercero, se ha venido consolidando en los supuestos de concurso de causas otra línea jurisprudencial más identificada con la compensación de culpasque enfrentada a la selección del conjunto de circunstancias causantes del daño ya no exige la exclusividad ( sentencias del Tribunal de de 12 de febrero, 30 de marzo y 12 de mayo de 1982 y 11 de octubre de 1984, entre muchas otras), particularmente en los supuestos de funcionamiento anormal del servicio público, y, por tanto, no excluye la responsabilidad patrimonial de la administración pública cuando interviene en la producción del daño, además de ella misma, la propia víctima ( sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero, 7 de julio y 11 de octubre de 1984, 18 de diciembre de 1985, 28 de enero de 1986, 23 de noviembre de 1993, 18 de noviembre de 1994, 4 de octubre de 1995, etc.) o un tercero (sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 1974, 23 de marzo de 1979, 25 de enero de 1992, etc.), salvo que la conducta de uno o de otro sean tan intensas que el daño no se hubiera producido sin ellas ( sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1980, 16 de mayo de 1984, 5 de diciembre de 1997, etc.). Supuestos éstos en los que procede hacer un reparto proporcional equitativo del importe de la indemnización entre los distintos agentes que participaron de forma concurrente en la producción del daño ( sentencias de Tribunal Supremo de 17 de marzo y 12 de mayo de 1982, 31 de enero y 11 de octubre de 1984, entre otras). A su vez, y siempre para los supuestos de concurso causal, lo que constituye el supuesto normal que presenta habitualmente la realidad de las cosas en relación con los daños sufridos por un ciudadano en sus relaciones con la administración y que se manifiestan habitualmente como efecto de una pluralidad de causas, encadenadas o no entre sí, la jurisprudencia y la doctrina han venido imponiendo soluciones de justicia del caso concreto más inspiradas en la intuición y la equidad, que además conviven entre sí, identificables con la denominada teoría de la equivalencia de condiciones,que ante la pluralidad de causas y ante la constatación de que la ausencia de cualquiera de ellas hubiera evitado el daño otorga prioridad a la reparación del daño sobre cualquier otra consideración, sin discriminar la dispar relevancia de las diferentes causas concurrentes en el proceso y estableciendo una suerte de solidaridad tácita entre todos los causantes del daño (entre muchas otras, sentencias del Tribunal Supremo de 28 de junio de 1983, de 23 de mayo de 1984, etc.), o con la teoría de la causalidad adecuada o causalidad eficiente,que lleva a seleccionar entre el conjunto o cadena de circunstancias causantes del daño aquella que por sí sola sea idónea y decisiva en el caso concreto, cargando la obligación de soportar las consecuencias del daño a uno sólo de los causantes del mismo (entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 1982, 28 de octubre o 28 de noviembre de 1998).

3.- Las reglas de la carga de la prueba sobre el nexo causal en supuestos como el de autos de daños reclamados por caídas en la vía pública y su aplicación al supuesto enjuiciado en la instancia.

En aplicación de lo anterior y atendido el debate procesal en esta alzada más arriba expuesto en síntesis, la función revisora llamada a ejercer la Sala, concretamente, de la valoración probatoria efectuada por Juzgado de instancia (tachada de incorrecta y apartada de la jurisprudencia existente en casos similares) ha de considerar las concretas circunstancias fácticas del caso de autos que resultan del examen de todas las actuaciones, las documentadas en el expediente administrativo y las practicadas en el acto de juicio oral (documental, testifical y pericial), descritas en los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia. Dicho examen, puede anticiparse ya, ha de llevar a la Sala a concluir que no incurre la sentencia de instancia en incorrección alguna en su valoración de las pruebas obrantes en autos que pudiera determinar el éxito la tesis de las demandadas aquí apelantes favorables a la errónea valoración judicial de la concurrencia efectiva de todos los requisitos normativamente exigidos para determinar el nacimiento de la responsabilidad patrimonial reclamada, en particular, el referido a la necesaria concurrencia del nexo causal o relación de causalidad entre los daños y el funcionamiento del servicio público municipal concernido, en los términos que seguidamente se indican.

En efecto, en cuanto a los hechos como los aquí enjuiciados es preciso aludir a las reglas de la carga de la prueba. Al respecto, es pacífica la consideración de que cada parte soporta la carga de probar los datos que no siendo notorios ni negativos constituyen el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor. Concretamente, en los casos de lesiones sufridas por usuarios de la vía pública, es a la parte actora a quien corresponde en principio la carga de la prueba de las circunstancias fácticas del accidente sufrido por mor del funcionamiento del servicio público, en tanto que si esto último resulta acreditado es a la Administración demandada a quien corresponde probar la incidencia que en dicho accidente pudiera tener la actuación de la parte actora, de tercero o la concurrencia de fuerza mayor, sin olvidar que, como enseña el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de diciembre de 2002, "le corresponde también a la Administración acreditar aquellas circunstancias de hecho que definen el estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las situaciones de riesgo y de lesión patrimonial a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los efectos dañosos producidos por los mismos".

En relación con la debatida concurrencia del nexo de causalidad entre los daños y el funcionamiento del servicio público municipal, de acuerdo con lo expuesto en lo relativo a la carga de la prueba y en atención a la conformación del debate procesal entre las partes en la instancia, en el presente supuesto es a la parte actora a quien corresponde probar la realidad del accidente y de la causa del mismo en los términos de la versión por ella relatada.

Pues bien, acerca de la realidad y las circunstancias de la caída, resulta plenamente acreditado que ésta se produce según la versión fáctica descrita por la parte actora a los efectos de determinar la concurrencia del nexo causal y la imputación de la responsabilidad patrimonial a la administración municipal demandada, esto es, en lo más esencial la relatada en vía administrativa y en la instancia judicial (hecho segundo de la demanda): "El pasado día 18 de junio de 2020 sobre las 08:30 horas de la mañana, mi representada la Sra. Raimunda paseaba tranquilamente por la Plaza Catalunya de la localidad de Figueres, cuando debido al mal estado del pavimento de la acera Al estar las baldosas mal alineadas y alguna levantada en desnivel respecto de las restantes, tropezó y cayó al suelo provocándole lesiones de consideración. Tales hechos se acreditan mediante informe policial realizado por la Guardia Urbana de Figueres que acudieron al lugar del siniestro y fotografías adjuntas que se acompañan a la reclamación de Responsabilidad Patrimonial de la Administración presentada el 14 de octubre de 2020 que acreditan el mal estado del soldado (...)". "Como consecuencia del siniestro, mi representada fue atendida en el lugar de los hechos por una ambulancia con indicativo NUM000 que la trasladó al Hospital de Figueres, donde le diagnosticaron fractura humero proximal. (...) acompañado a este escrito, informes médicos de asistencia al Hospital de Urgencias (...)". "Cabe destacar, que los hechos acaecidos fueron presenciados por el Sr. Lorenzo, testigo presencial y directo que fue quien avisó a emergencias al ver que mi representada había quedado imposibilitada a raíz de la caída sufrida. Dicha testifical será propuesta para el acto de juicio oral a los efectos de ratificar la versión de lo acaecido y acreditar la responsabilidad de la Administración demandada".

En efecto, el Juzgado valora todas las pruebas obrantes en las actuaciones, por este orden, en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, el informe de Inspector de la Guardia Urbana de Figueres obrante en el expediente administrativo, las testificales de Lorenzo y los Agentes de la Guardia Urbana, la pericial de Rosendo y el informe técnico de los servicios municipales que figura en el expediente administrativo. Concluye a la luz de dichas pruebas que ha de considerarse acreditada la realidad de la caída y que ésta se produce al tropezar la actora con el desnivel originado por el hundimiento de las baldosas como consecuencia del paso de vehículos sobre las mismas. Considera así cumplimentada la carga de la prueba que compete a la parte actora concerniente a la realidad de la caída y las circunstancias de la misma en la versión fáctica proporcionada por dicha parte, a la vez que sostiene la ausencia de cumplimentación por la parte demandada de pruebas concluyentes sobre el estándar mínimo exigible al servicio público municipal de mantenimiento de la vía pública y acerca de la ruptura del nexo causal por acción de la propia víctima. A este respecto, valora la sentencia a la luz de las pruebas practicadas que el defecto en el estado de pavimento tenía entidad suficiente para provocar la caída y que la propia configuración del pavimento dificultaba apreciar la existencia de la deficiencia con antelación suficiente para evitar caminar sobre la misma, añadiendo que el Ayuntamiento, conocedor de los desperfectos originados en las losetas por el paso de vehículos, debió extremar la precaución para evitar el peligro para los viandantes, desperfecto que aunque mínimo resulta objetivamente apto para la provocar la caída. De ahí la conclusión final de la existencia de responsabilidad patrimonial de la administración demandada, al incumplir la obligación de mantener la vía pública en estado de conservación que no ponga en riesgo la seguridad de las personas que por ella transitan.

No se aprecia por la Sala una valoración judicial en la instancia de las pruebas documentales, testificales y pericial, practicadas en las actuaciones, que pueda reputarse errónea, arbitraria o manifiestamente inadecuada o equivocada, bien al contrario se trata el concernido de un examen valorativo de los medios probatorios respetuoso con el estándar de valoración judicial de las pruebas que destaca la jurisprudencia constitucional y la ordinaria de la Sala Tercera del Tribunal Supremo acerca del artículo 24.2 de la Constitución, conforme con aquellas reglas de la carga de la prueba más arriba significadas en los supuestos de responsabilidad patrimonial por caídas en la vía pública. Por esas razones, no desvirtúan la corrección de la valoración probatoria efectuada en la sentencia las críticas efectuadas por la parte apelante, centradas en una "errónea valoración de la prueba", una "incorrecta aplicación de la normativa" y un apartamiento de "la jurisprudencia existente para casos similares", teniendo en cuenta en relación con estos dos últimas censuras que la sentencia aplica correctamente la normativa legal que disciplina la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, y que la resolución judicial examina las particularidades del caso y le da una solución a tenor del resultado de las pruebas practicadas valoradas con arreglo a los criterios hermenéuticos y aplicativos al uso destacados por la jurisprudencia, también en lo relativo a la concurrencia de culpas, que ahora reitera con carácter subsidiario la parte apelante, sin éxito.

Por lo que procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de instancia.

TERCERO.- Sobre las costas procesales.

Conforme al artículo 139.2 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, las costas procesales se impondrán en la segunda instancia a la parte recurrente si se desestimara totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen la no imposición, por lo que dicho principio de vencimiento mitigado debe conducir aquí a la no imposición de costas procesales a la parte apelante (demandadas) habida cuenta que la singularidad de la cuestión debatida veda estimar que se hallare ausente en este caso iusta causa Iitigandi,de dudas de hecho en los términos del debate entre las partes más arriba expuesto, circunscrito a una cuestión de valoración de las pruebas practicadas en las actuaciones.

Vistos los preceptos antes citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes, se dicta el fallo siguiente.

Fallo