Sentencia Contencioso-Administrativo 563/2026 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1096/2024 de 27 de abril del 2026

PRIMERO.-Acto administrativo impugnado. Demanda de la parte actora.

1.-El acto administrativo impugnado es la Resolución del director gerente del INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT de 12 de marzo de 2024, por la que desestima el recurso de alzada interpuesto por Enriqueta el 14 de febrero de 2024, contra la diligencia del Tribunal Calificador de 15 de enero de 2024 que publica los resultados definitivos del concurso de méritos y orden de clasificación en la convocatoria para facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP, convocada por la Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones; y la declaración de nulidad de pleno derecho de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria.

En la Resolución impugnada no consta que haya superado el proceso selectivo la recurrente, al no acreditar el cumplimiento del requisito obligatorio de nivel de lengua catalana exigido por la base de la convocatoria.

2.-La defensa jurídica de Enriqueta interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución que le excluye del proceso selectivo, y al tiempo interpone de forma indirecta recurso contra la base 1.3.6 del anexo 1 y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, por vulnerar su derecho fundamental de acceso al empleo público, que establece como requisito excluyente para el acceso al concurso la circunstancia de disponer del nivel C1 de catalán.

Se afirma en el escrito de demanda que las bases son nulas de conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, por vulneración de los derechos fundamentales y, en concreto, los principios constitucionales de igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad de acceso al empleo público ( artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española).

En la base se establece que los aspirantes deben acreditar poseer el conocimiento de lengua catalana exigido en las fases específicas de cada categoría. En el caso concreto de la recurrente del anexo 24 el nivel exigido es el correspondiente al certificado de nivel de suficiencia C1 o superior. Se impugna que sea un requisito obligatorio, pues es excluyente y discriminatorio. El Tribunal Constitucional ha establecido que sólo el castellano establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, resultando incuestionable que los ciudadanos de una Comunidad Autónoma como la de Cataluña, en la que dos lenguas cooficiales, tienen derecho a expresarse y ser atendidos por la Administración en cualquiera de ellas, debiendo se garantizar este derecho.

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional ha señalado que en ningún caso de otorgarse prevalencia preponderancia de una lengua sobre otra, fijando las premisas, de modo que la exigencia del nivel C1 de catalán de la convocatoria no tiene amparo constitucional, e introduce circunstancia desproporcionada y discriminatoria que conculca el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público, lo que comporta su nulidad.

Exigir al médico de familia acreditar el nivel C1 superior de catalán, cuando se trata de un profesional que lleva años ejerciendo esa misma plaza, que pretende consolidar, y se entiende con sus pacientes oralmente en catalán y castellano sin problemas, es innecesario, excesivo, claramente desproporcionado, excluyente y por ende discriminatorio, para lo que aporta jurisprudencia.

Se alega la anulabilidad de la Resolución recurrida en las bases citadas, por infracción del artículo 48 de la Ley 39/2015, por vulneración de los artículos 3 y 12 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Cataluña. Este Decreto, a criterio de la parte demandante, permite la aplicación correcta y conforme con la doctrina jurisprudencial y constitucional. La convocatoria admite personal procedente de administraciones en las que no es de aplicación la norma, por lo que no puede interpretarse que la obligación sea categórica o excluyente, conforme al artículo 3.

El órgano convocante debió, en consonancia con los mandatos constitucionales, establecer exigencia de conocimiento de catalán como mérito, nunca como requisito excluyente, razonable y menos riguroso, teniendo la circunstancia de la convocatoria (proceso de estabilización), el interés general de conseguir que personal sanitario temporal pudiera consolidar las plazas que venía ocupando en ocasiones desde hace años, mediante contratación abusiva por parte de la Administración.

Interesa una sentencia estimatoria que declare la nulidad de pleno derecho de las Resoluciones recurridas y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, retrotrayéndose las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados, sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución de procedimiento que comportará otorgar a la recurrente la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas ofertadas.

SEGUNDO.-Contestación a la demanda por la Administración sanitaria.

La Letrada del ICS se ha opuesto a la estimación del recurso contencioso-administrativo. Tras exponer los antecedentes que considera necesarios alega que, en primer lugar, debe inadmitirse la demanda al estar impugnando en realidad las bases de la convocatoria, que fueron firmes y consentidas, sin que se puedan impugnar por vía indirecta.

En la base 3.1.6 de la convocatoria se contempla como requisito de participación:

"3.1.6 Coneixements de llengua catalana.

Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell C1 de llengua catalana, que s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Cultura, o equivalent, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya."

Por su parte, en la base 10 se establece la posibilidad de acreditar el conocimiento del Català por medio de una prueba específica. No fueron impugnadas las bases, sin que se aportara el título, ni acudiera la recurrente a la convocatoria de la prueba de catalán. Las bases son la ley del concurso a la que han de someterse todos los aspirantes en igualdad de condiciones.

No se ha producido ninguna vulneración del derecho fundamental para aplicar la doctrina que permitiría la impugnación indirecta, ni del principio de igualdad en el acceso a la función pública, como se justifica con las citas del Tribunal Constitucional reseñadas en el escrito de contestación de la demanda.

En definitiva, en el proceso de selección se ha de acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto la expresión oral como la descrita, haciendo referencia la convocatoria en todo momento a la normativa que lo regula, en grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate, conforme al artículo 3 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, estableciendo el artículo 12 la determinación por grupos de titulación. El ICS, atendiendo al principio de legalidad, no puede dejar de aplicar estos requisitos, ya que no existan habilitación legal para eludirlos.

En el escrito de conclusiones la Letrada del ICS resume:

"Primer. La prova practicada en el present recurs, consistent en l'EA i documental demostren de forma fefaent que l'actuació del Tribunal de la convocatòria declarant exclosa a la recurrent d'aquest procés de selecció, va ser correcta i la única possible en atenció a les bases de la convocatòria i amb ple respecte als principis d'igualtat mèrit i capacitat.

D'aquesta manera ha quedat provat que l'actora, tot i haver-se publicat totes les diligències del tribunal de la convocatòria correctament i haver tingut accés a les mateixes, no va comparèixer a la prova de coneixements de la llengua catalana, prova que per a ella era obligatòria i eliminatòria doncs consta documentat que no va aportar en temps i forma la documentació acreditativa necessària per a quedar exempta de la seva realització, com si ho van fer la resta de participants que estaven en la seva situació.

Segon. Per altre banda, no es pot admetre en aquest cas una impugnació indirecta de les bases de la convocatòria, doncs es tractava d'un requisit de participació, que resultava obligat atesa la legislació existent en aquesta matèria, que no donava lloc a cap interpretació, doncs és una base clara i literal, que no l'eximia en cap de, si ho considerava procedent, haver impugnat en el seu moment directament les bases. La impugnació indirecta no es pot donar en casos tan clars com el present".

Tras citar la normativa legal y doctrina jurisprudencial que considera la Administración demandada de aplicación, interesa la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-Juicio de la Sala. Impugnación indirecta de las bases de la convocatoria.

La recurrente Enriqueta impugna las bases de la convocatoria de estabilización por vulnerar sus derechos fundamentales, con ocasión de interponer el recurso contra su exclusión del proceso selectivo al no cumplir el requisito eliminatorio de estar en posesión, o realizar la prueba, del título C1 de catalán.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar las bases de una convocatoria de forma extemporánea, con ocasión del recurso contra resoluciones posteriores del procedimiento, y es conocido que se admite cuando se aprecia en causas de nulidad de pleno derecho, esto es, es posible su impugnación y eliminación aunque no se hubiera interpuesto el recurso en plazo en su momento.

La sentencia 1328/2022, de 18 de octubre de 2022, recurso 2145/2021, con precedente en la sentencia de 10 de julio de 2019, recurso 5010/2017, indicaba que precisaba fijar doctrina transaccional para "... aclarar, matizar, reforzar -o, eventualmente, corregir o rectificar- la doctrina sobre la posibilidad de la impugnación indirecta de las bases de una convocatoria para cubrir determinadas plazas correspondientes a la oferta de empleo público".

En cualquier caso, la admisión de la impugnación indirecta exige analizar si ha existido vulneración del derecho fundamental, si bien los procesos selectivos, resulta difícil sustraerse al hecho de que se vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública proclamado por el artículo 23.2 de la Constitución Española. Además, ha de tenerse en cuenta que la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es la propia Administración la que debe acordar de oficio o instancia de parte incoar el procedimiento de revisión de oficio, conforme al artículo 106.

Hemos de añadir en buena lógica, la posibilidad de impugnar indirectamente la convocatoria cuando están en juego vicios de nulidad de pleno derecho (campo donde existe consolidada doctrina y donde impera identidad de razón con los casos del grave vicio de la nulidad por violación de derechos fundamentales). En consecuencia, no podrá impugnarse indirectamente la convocatoria cuando los vicios de que adolezcan sean de mera anulabilidad o, más bien, se admitirá la impugnación indirecta pero la sentencia los desestimará puesto que operará el acto consentido y firme, con la consiguiente impunidad práctica de los vicio de anulabilidad.

La exclusión de Enriqueta del proceso selectivo de estabilización de empleo interino de larga duración por la causa de no acreditar el nivel de catalán exigido en la convocatoria, incide en la vulneración del derecho de acceso a cargos públicos en igualdad, a que se refiere el artículo 23.2 de la Constitución Española, por lo que es posible la impugnación indirecta de la base que regula el requisito.

CUARTO.-Régimen jurídico de la exigencia del conocimiento del catalán para el acceso a la función pública.

El artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), proclama que el catalán es la lengua propia de Cataluña y debe ser de uso normal y preferente en las Administraciones Públicas. Asimismo, la Ley 1/1998 de Política Lingüística (artículos 9 y ss.), obliga a las administraciones locales a usar el catalán en sus actuaciones internas y comunicaciones, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a usar el castellano.

El artículo 6.1 del ECA establece que: "La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d?ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment empresa com a vehicular i d?aprenentatge en l?ensenyament".Y el artículo 6.2: "El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües".

Igualmente, el artículo 33.1 del EAC regula los derechos lingüísticos ante las administraciones estatales y públicas en estos términos: "Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques".El artículo 34 se ocupa de la regulación de los derechos de los consumidores y usuarios estableciendo: "Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis".

El artículo 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, regulan la capacitación lingüística del personal servicio de las administraciones de Cataluña estableciendo: "1. El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball. (...) 3. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i de l'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la legislació de la funció pública".

Para el ámbito de la función pública el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece que en los procesos de selección se exigirá el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, y en los concursos se exigirá según las características de cada puesto de trabajo.

La normativa se completa con el Decret 152/2021, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, assenyala a l'article 5 cadascun dels certificats de coneixements de llengua catalana i les seves característiques en els termes següents:

"Article 5. Certificats de coneixements de llengua general

Els certificats de coneixements de llengua general són els següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana 'de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana' no gaire complexes, amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C): acredita un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredita, d'una banda, un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l'altra, la capacitat d'analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

En desarrollo del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, se dictó el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que determina el nivel de conocimiento del catalán para los puestos de trabajo, con carácter general, en función del grupo de titulación previstos en la legislación sobre función pública normativa laboral, de ser aplicable. La disposición adicional segunda establece su aplicación al personal estatutario de la Administración sanitaria, dentro de su legislación específica.

Es decir, el artículo 3.1 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, dispone que en los procesos de selección de personal se debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate.

De conformidad con lo expuesto, la exigencia de conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la Administración de la Generalitat no es discriminatorio desde la vertiente de la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Se trata de un requisito justificado y equitativo también en función de la propia eficacia de la Administración autónoma ( artículo 103.1 de la Constitución Española) , por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administración autonómica, dado el carácter cooficial del idioma catatán en Cataluña ( artículos 3.2 CE y 3.2 del EAC), y dada también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Cuestión distinta, es la de la proporcionalidad de esa exigencia en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar, que viene impuesta por el artículo 23.2 CE, pues sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, exigir un nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente una aplicación desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados discriminatorios, contrarios tanto al artículo 14 como al 23.2 CE.

Integrar esta normativa con los derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de igualdad de acceso a las funciones públicas ha dado lugar a sentencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios, no pudiendo concluirse automaticidad en la determinación del nivel exigible de catalán en los procesos de selección, como diremos en el Fundamento Jurídico siguiente, anotando que dejamos aparte los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que presentan características distintas a los de incorporación a la función pública.

QUINTO.-Juicio de la Sala. Desestimación del recurso.

Para contextualizar la exigencia de las bases de la convocatoria sobre el nivel C1 de catalán exigido con carácter excluyente, hemos de indicar que fueron aprobadas por Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones y, en el caso que nos ocupa, las de facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha reiterado que la doctrina que pueda emanar del TJUE ha de enmarcarse dentro del sistema de empleo público, como es conocido y reiterado por sentencias recientes, y respetar los procesos selectivos los principios constitucionales de principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El Tribunal Constitucional en su sentencia 38/2021, de 16 de febrero, sobre el establecimiento de un entorno diferenciado acceso a la función pública, ha señalado que los procesos selectivos que no puedan calificarse de libres o abiertos son contrarios a la normativa básica estatal contenida en el artículo 61.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a salvo, claro es, de los proceso de promoción interna.

Ha de tenerse en cuenta que en la Constitución no tolera una conversión automática del funcionario interino del contratado laboral en funcionario de carrera como personal fijo, de acuerdo a los principios rectores del acceso a la función pública, trasunto del artículo 14 que proclama la igualdad. Por otro lado tampoco la realización de procesos de estabilización supone una vulneración de la cláusula 5 del Acuerdo Marco suscrito entre la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, incorporado como anexo a la Directiva comunitaria 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999. El TJUE ha instado a solucionar la elevada tasa temporalidad de la administración pública española, y ha de hacerse dentro del sistema de empleo público constitucional y legal.

El reverso de lo anterior lo constituye la necesidad de que el acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en la Administración deba hacerse mediante convocatorias abiertas, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional citada deja abierta la posibilidad, tratándose de normativa básica, que el legislador estatal pueda regular turnos restringidos que, en cualquier caso, según nuestro criterio no pueden vulnerar los principios señalados anteriormente.

En definitiva, existe prohibición de convocatorias restringidas, como lo sería reducir la participación a los que estuvieran ocupando plazas estructurales en situación de abuso de interinidad, puesto que al mismo tiempo se desplaza el sistema sobre la cobertura de plazas a uno de naturaleza "personal".

Tenemos pues que la convocatoria está abierta con carácter general a quien desee participar en el proceso selectivo, dentro de un contexto de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público, sin atender a las características personales, aunque la selección puede estar condicionada por el desempeño de los aspirantes en situación de interinidad.

La Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes i bases específiques), en compliment de la normativa esmentada, requereix el coneixement de llengua catalana (base 3.1.6), acreditada documentalment o per mitjà de la superació de la prova corresponent (10.2.1.), d?acord amb el nivell corresponent a cada categoria (punt 2.b. dels annexos 4 a 80). Y específicamente en el Anexo 24:

"Facultativo/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria EAP (grupo A, subgrupo A1). Código: 121 1. Número de plazas convocadas por proceso de selección: a. Concurso de méritos del proceso de estabilización: 569 plazas. b. Concurso oposición del proceso de estabilización: 55 plazas. c. Concurso oposición del proceso ordinario: 193 plazas 2. Requisitos específicos: Además de los requisitos que se indican en el apartado 3 disposiciones comunes para todos los procesos selectivos del Anexo 1 Bases comunes, se tienen que cumplir los requisitos siguientes: a. Requisito de titulación: las personas que participen en este proceso de selección tienen que estar en posesión de una titulación oficial de licenciatura o grado en medicina y especialidad en medicina Familiar y Comunitaria. b. Requisito de lengua catalana: El nivel de conocimiento de lengua catalana para esta categoría es el correspondiente al certificado de nivel suficiencia (C1) o superior de la Dirección General de Política Lingüística. Aquellas personas aspirantes que no acrediten documentalmente estar en posesión de uno de los certificados de nivel, mencionados anteriormente, tendrán que realizar una prueba obligatoria que acredite estos conocimientos. Los criterios de realización de esta prueba están definidos en el punto 10 de las bases generales de esta convocatoria".

Por ello, ya anunciamos que el requisito del catalán es un requisito selectivo, si bien ha de existir algún límite a que sea requisito ineludible que excluya a ciudadanos de acceder a la función pública, especialmente en plazas no docentes o de ámbito estatal, o abiertas a los ciudadanos residentes en otras Comunidades Autónomas.

Ha de valorarse para los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria EAP, en este caso concreto, si estamos ante "un exigencia desproporcionada" que deje en desigualdad a otros aspirantes, y qué concreto nivel de conocimiento del catalán considera la parte recurrente el adecuado para el desempeño de las funciones, lo que enjuiciaría este Tribunal.

Sin embargo, en la demanda se constata que la pretensión se formula en términos absolutos: "... declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas, y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2 b) del anexo 24 de la Convocatoria. 2°. Se retrotraigan las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados por los aspirantes, y se valoren de nuevo sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución del procedimiento que comportará otorgar a mi mandante la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas convocadas.es únicamente se interesa considera la parte recurrente".

No sólo en la concreta petición dirigida a este Tribunal, sino también a lo largo de la demanda, no se ofrece explicación sobre qué nivel de conocimiento de la lengua catalana es proporcional en relación al puesto de trabajo a desempeñar, de modo que no es posible estimar el recurso puesto que no puede eliminarse de raíz el requisito de ser competente en el conocimiento del catalán, tanto en expresión oral como escrita, como se pretende por la recurrente; juicio de proporcionalidad para el que no se ofrecen argumentos, cuando se trata de un puesto de trabajo con una evidente necesidad de atender a los pacientes tanto en lengua castellana como catalana, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en relación a la asistencia médica, y la necesidad de elaborar historias clínicas e informes a diario.

Éstas implicaciones lingüísticas podrían ser valoradas si hubiera alegado y ofertado prueba la parte recurrente, en lugar de limitarse a pedir de este Tribunal la eliminación del requisito de la lengua catalana en el nivel C1, lo que no puede ser aceptado, sobre la base de que es requisito el conocimiento de las dos lenguas, conforme a las normas del proceso selectivo para incorporarse a la función pública sanitaria.

Por estas razones se desestima el recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.-Costas.

El artículo 139 de la LJCA, en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011, de medidas de agilización procesal, establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

En el presente caso aparece controversia jurídica razonable y de entidad que solo han sido determinados tras la celebración del juicio, por lo que no han de imponerse las costas a la recurrente Enriqueta, y cada parte ha de las suyas y las comunes, de existir, por mitad.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Acto administrativo impugnado. Demanda de la parte actora.

1.-El acto administrativo impugnado es la Resolución del director gerente del INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT de 12 de marzo de 2024, por la que desestima el recurso de alzada interpuesto por Enriqueta el 14 de febrero de 2024, contra la diligencia del Tribunal Calificador de 15 de enero de 2024 que publica los resultados definitivos del concurso de méritos y orden de clasificación en la convocatoria para facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP, convocada por la Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones; y la declaración de nulidad de pleno derecho de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria.

En la Resolución impugnada no consta que haya superado el proceso selectivo la recurrente, al no acreditar el cumplimiento del requisito obligatorio de nivel de lengua catalana exigido por la base de la convocatoria.

2.-La defensa jurídica de Enriqueta interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución que le excluye del proceso selectivo, y al tiempo interpone de forma indirecta recurso contra la base 1.3.6 del anexo 1 y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, por vulnerar su derecho fundamental de acceso al empleo público, que establece como requisito excluyente para el acceso al concurso la circunstancia de disponer del nivel C1 de catalán.

Se afirma en el escrito de demanda que las bases son nulas de conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, por vulneración de los derechos fundamentales y, en concreto, los principios constitucionales de igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad de acceso al empleo público ( artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española).

En la base se establece que los aspirantes deben acreditar poseer el conocimiento de lengua catalana exigido en las fases específicas de cada categoría. En el caso concreto de la recurrente del anexo 24 el nivel exigido es el correspondiente al certificado de nivel de suficiencia C1 o superior. Se impugna que sea un requisito obligatorio, pues es excluyente y discriminatorio. El Tribunal Constitucional ha establecido que sólo el castellano establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, resultando incuestionable que los ciudadanos de una Comunidad Autónoma como la de Cataluña, en la que dos lenguas cooficiales, tienen derecho a expresarse y ser atendidos por la Administración en cualquiera de ellas, debiendo se garantizar este derecho.

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional ha señalado que en ningún caso de otorgarse prevalencia preponderancia de una lengua sobre otra, fijando las premisas, de modo que la exigencia del nivel C1 de catalán de la convocatoria no tiene amparo constitucional, e introduce circunstancia desproporcionada y discriminatoria que conculca el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público, lo que comporta su nulidad.

Exigir al médico de familia acreditar el nivel C1 superior de catalán, cuando se trata de un profesional que lleva años ejerciendo esa misma plaza, que pretende consolidar, y se entiende con sus pacientes oralmente en catalán y castellano sin problemas, es innecesario, excesivo, claramente desproporcionado, excluyente y por ende discriminatorio, para lo que aporta jurisprudencia.

Se alega la anulabilidad de la Resolución recurrida en las bases citadas, por infracción del artículo 48 de la Ley 39/2015, por vulneración de los artículos 3 y 12 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Cataluña. Este Decreto, a criterio de la parte demandante, permite la aplicación correcta y conforme con la doctrina jurisprudencial y constitucional. La convocatoria admite personal procedente de administraciones en las que no es de aplicación la norma, por lo que no puede interpretarse que la obligación sea categórica o excluyente, conforme al artículo 3.

El órgano convocante debió, en consonancia con los mandatos constitucionales, establecer exigencia de conocimiento de catalán como mérito, nunca como requisito excluyente, razonable y menos riguroso, teniendo la circunstancia de la convocatoria (proceso de estabilización), el interés general de conseguir que personal sanitario temporal pudiera consolidar las plazas que venía ocupando en ocasiones desde hace años, mediante contratación abusiva por parte de la Administración.

Interesa una sentencia estimatoria que declare la nulidad de pleno derecho de las Resoluciones recurridas y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, retrotrayéndose las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados, sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución de procedimiento que comportará otorgar a la recurrente la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas ofertadas.

SEGUNDO.-Contestación a la demanda por la Administración sanitaria.

La Letrada del ICS se ha opuesto a la estimación del recurso contencioso-administrativo. Tras exponer los antecedentes que considera necesarios alega que, en primer lugar, debe inadmitirse la demanda al estar impugnando en realidad las bases de la convocatoria, que fueron firmes y consentidas, sin que se puedan impugnar por vía indirecta.

En la base 3.1.6 de la convocatoria se contempla como requisito de participación:

"3.1.6 Coneixements de llengua catalana.

Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell C1 de llengua catalana, que s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Cultura, o equivalent, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya."

Por su parte, en la base 10 se establece la posibilidad de acreditar el conocimiento del Català por medio de una prueba específica. No fueron impugnadas las bases, sin que se aportara el título, ni acudiera la recurrente a la convocatoria de la prueba de catalán. Las bases son la ley del concurso a la que han de someterse todos los aspirantes en igualdad de condiciones.

No se ha producido ninguna vulneración del derecho fundamental para aplicar la doctrina que permitiría la impugnación indirecta, ni del principio de igualdad en el acceso a la función pública, como se justifica con las citas del Tribunal Constitucional reseñadas en el escrito de contestación de la demanda.

En definitiva, en el proceso de selección se ha de acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto la expresión oral como la descrita, haciendo referencia la convocatoria en todo momento a la normativa que lo regula, en grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate, conforme al artículo 3 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, estableciendo el artículo 12 la determinación por grupos de titulación. El ICS, atendiendo al principio de legalidad, no puede dejar de aplicar estos requisitos, ya que no existan habilitación legal para eludirlos.

En el escrito de conclusiones la Letrada del ICS resume:

"Primer. La prova practicada en el present recurs, consistent en l'EA i documental demostren de forma fefaent que l'actuació del Tribunal de la convocatòria declarant exclosa a la recurrent d'aquest procés de selecció, va ser correcta i la única possible en atenció a les bases de la convocatòria i amb ple respecte als principis d'igualtat mèrit i capacitat.

D'aquesta manera ha quedat provat que l'actora, tot i haver-se publicat totes les diligències del tribunal de la convocatòria correctament i haver tingut accés a les mateixes, no va comparèixer a la prova de coneixements de la llengua catalana, prova que per a ella era obligatòria i eliminatòria doncs consta documentat que no va aportar en temps i forma la documentació acreditativa necessària per a quedar exempta de la seva realització, com si ho van fer la resta de participants que estaven en la seva situació.

Segon. Per altre banda, no es pot admetre en aquest cas una impugnació indirecta de les bases de la convocatòria, doncs es tractava d'un requisit de participació, que resultava obligat atesa la legislació existent en aquesta matèria, que no donava lloc a cap interpretació, doncs és una base clara i literal, que no l'eximia en cap de, si ho considerava procedent, haver impugnat en el seu moment directament les bases. La impugnació indirecta no es pot donar en casos tan clars com el present".

Tras citar la normativa legal y doctrina jurisprudencial que considera la Administración demandada de aplicación, interesa la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-Juicio de la Sala. Impugnación indirecta de las bases de la convocatoria.

La recurrente Enriqueta impugna las bases de la convocatoria de estabilización por vulnerar sus derechos fundamentales, con ocasión de interponer el recurso contra su exclusión del proceso selectivo al no cumplir el requisito eliminatorio de estar en posesión, o realizar la prueba, del título C1 de catalán.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar las bases de una convocatoria de forma extemporánea, con ocasión del recurso contra resoluciones posteriores del procedimiento, y es conocido que se admite cuando se aprecia en causas de nulidad de pleno derecho, esto es, es posible su impugnación y eliminación aunque no se hubiera interpuesto el recurso en plazo en su momento.

La sentencia 1328/2022, de 18 de octubre de 2022, recurso 2145/2021, con precedente en la sentencia de 10 de julio de 2019, recurso 5010/2017, indicaba que precisaba fijar doctrina transaccional para "... aclarar, matizar, reforzar -o, eventualmente, corregir o rectificar- la doctrina sobre la posibilidad de la impugnación indirecta de las bases de una convocatoria para cubrir determinadas plazas correspondientes a la oferta de empleo público".

En cualquier caso, la admisión de la impugnación indirecta exige analizar si ha existido vulneración del derecho fundamental, si bien los procesos selectivos, resulta difícil sustraerse al hecho de que se vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública proclamado por el artículo 23.2 de la Constitución Española. Además, ha de tenerse en cuenta que la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es la propia Administración la que debe acordar de oficio o instancia de parte incoar el procedimiento de revisión de oficio, conforme al artículo 106.

Hemos de añadir en buena lógica, la posibilidad de impugnar indirectamente la convocatoria cuando están en juego vicios de nulidad de pleno derecho (campo donde existe consolidada doctrina y donde impera identidad de razón con los casos del grave vicio de la nulidad por violación de derechos fundamentales). En consecuencia, no podrá impugnarse indirectamente la convocatoria cuando los vicios de que adolezcan sean de mera anulabilidad o, más bien, se admitirá la impugnación indirecta pero la sentencia los desestimará puesto que operará el acto consentido y firme, con la consiguiente impunidad práctica de los vicio de anulabilidad.

La exclusión de Enriqueta del proceso selectivo de estabilización de empleo interino de larga duración por la causa de no acreditar el nivel de catalán exigido en la convocatoria, incide en la vulneración del derecho de acceso a cargos públicos en igualdad, a que se refiere el artículo 23.2 de la Constitución Española, por lo que es posible la impugnación indirecta de la base que regula el requisito.

CUARTO.-Régimen jurídico de la exigencia del conocimiento del catalán para el acceso a la función pública.

El artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), proclama que el catalán es la lengua propia de Cataluña y debe ser de uso normal y preferente en las Administraciones Públicas. Asimismo, la Ley 1/1998 de Política Lingüística (artículos 9 y ss.), obliga a las administraciones locales a usar el catalán en sus actuaciones internas y comunicaciones, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a usar el castellano.

El artículo 6.1 del ECA establece que: "La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d?ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment empresa com a vehicular i d?aprenentatge en l?ensenyament".Y el artículo 6.2: "El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües".

Igualmente, el artículo 33.1 del EAC regula los derechos lingüísticos ante las administraciones estatales y públicas en estos términos: "Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques".El artículo 34 se ocupa de la regulación de los derechos de los consumidores y usuarios estableciendo: "Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis".

El artículo 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, regulan la capacitación lingüística del personal servicio de las administraciones de Cataluña estableciendo: "1. El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball. (...) 3. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i de l'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la legislació de la funció pública".

Para el ámbito de la función pública el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece que en los procesos de selección se exigirá el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, y en los concursos se exigirá según las características de cada puesto de trabajo.

La normativa se completa con el Decret 152/2021, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, assenyala a l'article 5 cadascun dels certificats de coneixements de llengua catalana i les seves característiques en els termes següents:

"Article 5. Certificats de coneixements de llengua general

Els certificats de coneixements de llengua general són els següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana 'de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana' no gaire complexes, amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C): acredita un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredita, d'una banda, un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l'altra, la capacitat d'analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

En desarrollo del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, se dictó el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que determina el nivel de conocimiento del catalán para los puestos de trabajo, con carácter general, en función del grupo de titulación previstos en la legislación sobre función pública normativa laboral, de ser aplicable. La disposición adicional segunda establece su aplicación al personal estatutario de la Administración sanitaria, dentro de su legislación específica.

Es decir, el artículo 3.1 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, dispone que en los procesos de selección de personal se debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate.

De conformidad con lo expuesto, la exigencia de conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la Administración de la Generalitat no es discriminatorio desde la vertiente de la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Se trata de un requisito justificado y equitativo también en función de la propia eficacia de la Administración autónoma ( artículo 103.1 de la Constitución Española) , por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administración autonómica, dado el carácter cooficial del idioma catatán en Cataluña ( artículos 3.2 CE y 3.2 del EAC), y dada también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Cuestión distinta, es la de la proporcionalidad de esa exigencia en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar, que viene impuesta por el artículo 23.2 CE, pues sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, exigir un nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente una aplicación desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados discriminatorios, contrarios tanto al artículo 14 como al 23.2 CE.

Integrar esta normativa con los derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de igualdad de acceso a las funciones públicas ha dado lugar a sentencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios, no pudiendo concluirse automaticidad en la determinación del nivel exigible de catalán en los procesos de selección, como diremos en el Fundamento Jurídico siguiente, anotando que dejamos aparte los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que presentan características distintas a los de incorporación a la función pública.

QUINTO.-Juicio de la Sala. Desestimación del recurso.

Para contextualizar la exigencia de las bases de la convocatoria sobre el nivel C1 de catalán exigido con carácter excluyente, hemos de indicar que fueron aprobadas por Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones y, en el caso que nos ocupa, las de facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha reiterado que la doctrina que pueda emanar del TJUE ha de enmarcarse dentro del sistema de empleo público, como es conocido y reiterado por sentencias recientes, y respetar los procesos selectivos los principios constitucionales de principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El Tribunal Constitucional en su sentencia 38/2021, de 16 de febrero, sobre el establecimiento de un entorno diferenciado acceso a la función pública, ha señalado que los procesos selectivos que no puedan calificarse de libres o abiertos son contrarios a la normativa básica estatal contenida en el artículo 61.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a salvo, claro es, de los proceso de promoción interna.

Ha de tenerse en cuenta que en la Constitución no tolera una conversión automática del funcionario interino del contratado laboral en funcionario de carrera como personal fijo, de acuerdo a los principios rectores del acceso a la función pública, trasunto del artículo 14 que proclama la igualdad. Por otro lado tampoco la realización de procesos de estabilización supone una vulneración de la cláusula 5 del Acuerdo Marco suscrito entre la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, incorporado como anexo a la Directiva comunitaria 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999. El TJUE ha instado a solucionar la elevada tasa temporalidad de la administración pública española, y ha de hacerse dentro del sistema de empleo público constitucional y legal.

El reverso de lo anterior lo constituye la necesidad de que el acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en la Administración deba hacerse mediante convocatorias abiertas, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional citada deja abierta la posibilidad, tratándose de normativa básica, que el legislador estatal pueda regular turnos restringidos que, en cualquier caso, según nuestro criterio no pueden vulnerar los principios señalados anteriormente.

En definitiva, existe prohibición de convocatorias restringidas, como lo sería reducir la participación a los que estuvieran ocupando plazas estructurales en situación de abuso de interinidad, puesto que al mismo tiempo se desplaza el sistema sobre la cobertura de plazas a uno de naturaleza "personal".

Tenemos pues que la convocatoria está abierta con carácter general a quien desee participar en el proceso selectivo, dentro de un contexto de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público, sin atender a las características personales, aunque la selección puede estar condicionada por el desempeño de los aspirantes en situación de interinidad.

La Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes i bases específiques), en compliment de la normativa esmentada, requereix el coneixement de llengua catalana (base 3.1.6), acreditada documentalment o per mitjà de la superació de la prova corresponent (10.2.1.), d?acord amb el nivell corresponent a cada categoria (punt 2.b. dels annexos 4 a 80). Y específicamente en el Anexo 24:

"Facultativo/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria EAP (grupo A, subgrupo A1). Código: 121 1. Número de plazas convocadas por proceso de selección: a. Concurso de méritos del proceso de estabilización: 569 plazas. b. Concurso oposición del proceso de estabilización: 55 plazas. c. Concurso oposición del proceso ordinario: 193 plazas 2. Requisitos específicos: Además de los requisitos que se indican en el apartado 3 disposiciones comunes para todos los procesos selectivos del Anexo 1 Bases comunes, se tienen que cumplir los requisitos siguientes: a. Requisito de titulación: las personas que participen en este proceso de selección tienen que estar en posesión de una titulación oficial de licenciatura o grado en medicina y especialidad en medicina Familiar y Comunitaria. b. Requisito de lengua catalana: El nivel de conocimiento de lengua catalana para esta categoría es el correspondiente al certificado de nivel suficiencia (C1) o superior de la Dirección General de Política Lingüística. Aquellas personas aspirantes que no acrediten documentalmente estar en posesión de uno de los certificados de nivel, mencionados anteriormente, tendrán que realizar una prueba obligatoria que acredite estos conocimientos. Los criterios de realización de esta prueba están definidos en el punto 10 de las bases generales de esta convocatoria".

Por ello, ya anunciamos que el requisito del catalán es un requisito selectivo, si bien ha de existir algún límite a que sea requisito ineludible que excluya a ciudadanos de acceder a la función pública, especialmente en plazas no docentes o de ámbito estatal, o abiertas a los ciudadanos residentes en otras Comunidades Autónomas.

Ha de valorarse para los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria EAP, en este caso concreto, si estamos ante "un exigencia desproporcionada" que deje en desigualdad a otros aspirantes, y qué concreto nivel de conocimiento del catalán considera la parte recurrente el adecuado para el desempeño de las funciones, lo que enjuiciaría este Tribunal.

Sin embargo, en la demanda se constata que la pretensión se formula en términos absolutos: "... declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas, y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2 b) del anexo 24 de la Convocatoria. 2°. Se retrotraigan las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados por los aspirantes, y se valoren de nuevo sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución del procedimiento que comportará otorgar a mi mandante la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas convocadas.es únicamente se interesa considera la parte recurrente".

No sólo en la concreta petición dirigida a este Tribunal, sino también a lo largo de la demanda, no se ofrece explicación sobre qué nivel de conocimiento de la lengua catalana es proporcional en relación al puesto de trabajo a desempeñar, de modo que no es posible estimar el recurso puesto que no puede eliminarse de raíz el requisito de ser competente en el conocimiento del catalán, tanto en expresión oral como escrita, como se pretende por la recurrente; juicio de proporcionalidad para el que no se ofrecen argumentos, cuando se trata de un puesto de trabajo con una evidente necesidad de atender a los pacientes tanto en lengua castellana como catalana, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en relación a la asistencia médica, y la necesidad de elaborar historias clínicas e informes a diario.

Éstas implicaciones lingüísticas podrían ser valoradas si hubiera alegado y ofertado prueba la parte recurrente, en lugar de limitarse a pedir de este Tribunal la eliminación del requisito de la lengua catalana en el nivel C1, lo que no puede ser aceptado, sobre la base de que es requisito el conocimiento de las dos lenguas, conforme a las normas del proceso selectivo para incorporarse a la función pública sanitaria.

Por estas razones se desestima el recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.-Costas.

El artículo 139 de la LJCA, en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011, de medidas de agilización procesal, establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

En el presente caso aparece controversia jurídica razonable y de entidad que solo han sido determinados tras la celebración del juicio, por lo que no han de imponerse las costas a la recurrente Enriqueta, y cada parte ha de las suyas y las comunes, de existir, por mitad.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Acto administrativo impugnado. Demanda de la parte actora.

1.-El acto administrativo impugnado es la Resolución del director gerente del INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT de 12 de marzo de 2024, por la que desestima el recurso de alzada interpuesto por Enriqueta el 14 de febrero de 2024, contra la diligencia del Tribunal Calificador de 15 de enero de 2024 que publica los resultados definitivos del concurso de méritos y orden de clasificación en la convocatoria para facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP, convocada por la Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones; y la declaración de nulidad de pleno derecho de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria.

En la Resolución impugnada no consta que haya superado el proceso selectivo la recurrente, al no acreditar el cumplimiento del requisito obligatorio de nivel de lengua catalana exigido por la base de la convocatoria.

2.-La defensa jurídica de Enriqueta interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución que le excluye del proceso selectivo, y al tiempo interpone de forma indirecta recurso contra la base 1.3.6 del anexo 1 y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, por vulnerar su derecho fundamental de acceso al empleo público, que establece como requisito excluyente para el acceso al concurso la circunstancia de disponer del nivel C1 de catalán.

Se afirma en el escrito de demanda que las bases son nulas de conformidad con el artículo 47 de la Ley 39/2015, por vulneración de los derechos fundamentales y, en concreto, los principios constitucionales de igualdad, libre concurrencia, mérito y capacidad de acceso al empleo público ( artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española).

En la base se establece que los aspirantes deben acreditar poseer el conocimiento de lengua catalana exigido en las fases específicas de cada categoría. En el caso concreto de la recurrente del anexo 24 el nivel exigido es el correspondiente al certificado de nivel de suficiencia C1 o superior. Se impugna que sea un requisito obligatorio, pues es excluyente y discriminatorio. El Tribunal Constitucional ha establecido que sólo el castellano establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, resultando incuestionable que los ciudadanos de una Comunidad Autónoma como la de Cataluña, en la que dos lenguas cooficiales, tienen derecho a expresarse y ser atendidos por la Administración en cualquiera de ellas, debiendo se garantizar este derecho.

La sentencia 31/2010, de 28 de junio, del Tribunal Constitucional ha señalado que en ningún caso de otorgarse prevalencia preponderancia de una lengua sobre otra, fijando las premisas, de modo que la exigencia del nivel C1 de catalán de la convocatoria no tiene amparo constitucional, e introduce circunstancia desproporcionada y discriminatoria que conculca el derecho fundamental de igualdad en el acceso al empleo público, lo que comporta su nulidad.

Exigir al médico de familia acreditar el nivel C1 superior de catalán, cuando se trata de un profesional que lleva años ejerciendo esa misma plaza, que pretende consolidar, y se entiende con sus pacientes oralmente en catalán y castellano sin problemas, es innecesario, excesivo, claramente desproporcionado, excluyente y por ende discriminatorio, para lo que aporta jurisprudencia.

Se alega la anulabilidad de la Resolución recurrida en las bases citadas, por infracción del artículo 48 de la Ley 39/2015, por vulneración de los artículos 3 y 12 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, sobre la acreditación del conocimiento del catalán y el aranés en los procesos de selección de personal y de provisión de puestos de trabajo de las administraciones públicas de Cataluña. Este Decreto, a criterio de la parte demandante, permite la aplicación correcta y conforme con la doctrina jurisprudencial y constitucional. La convocatoria admite personal procedente de administraciones en las que no es de aplicación la norma, por lo que no puede interpretarse que la obligación sea categórica o excluyente, conforme al artículo 3.

El órgano convocante debió, en consonancia con los mandatos constitucionales, establecer exigencia de conocimiento de catalán como mérito, nunca como requisito excluyente, razonable y menos riguroso, teniendo la circunstancia de la convocatoria (proceso de estabilización), el interés general de conseguir que personal sanitario temporal pudiera consolidar las plazas que venía ocupando en ocasiones desde hace años, mediante contratación abusiva por parte de la Administración.

Interesa una sentencia estimatoria que declare la nulidad de pleno derecho de las Resoluciones recurridas y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2.b) del anexo 24 de la convocatoria, retrotrayéndose las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados, sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución de procedimiento que comportará otorgar a la recurrente la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas ofertadas.

SEGUNDO.-Contestación a la demanda por la Administración sanitaria.

La Letrada del ICS se ha opuesto a la estimación del recurso contencioso-administrativo. Tras exponer los antecedentes que considera necesarios alega que, en primer lugar, debe inadmitirse la demanda al estar impugnando en realidad las bases de la convocatoria, que fueron firmes y consentidas, sin que se puedan impugnar por vía indirecta.

En la base 3.1.6 de la convocatoria se contempla como requisito de participación:

"3.1.6 Coneixements de llengua catalana.

Posseir els coneixements de llengua catalana del nivell C1 de llengua catalana, que s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'un certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de la Cultura, o equivalent, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya."

Por su parte, en la base 10 se establece la posibilidad de acreditar el conocimiento del Català por medio de una prueba específica. No fueron impugnadas las bases, sin que se aportara el título, ni acudiera la recurrente a la convocatoria de la prueba de catalán. Las bases son la ley del concurso a la que han de someterse todos los aspirantes en igualdad de condiciones.

No se ha producido ninguna vulneración del derecho fundamental para aplicar la doctrina que permitiría la impugnación indirecta, ni del principio de igualdad en el acceso a la función pública, como se justifica con las citas del Tribunal Constitucional reseñadas en el escrito de contestación de la demanda.

En definitiva, en el proceso de selección se ha de acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto la expresión oral como la descrita, haciendo referencia la convocatoria en todo momento a la normativa que lo regula, en grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate, conforme al artículo 3 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, estableciendo el artículo 12 la determinación por grupos de titulación. El ICS, atendiendo al principio de legalidad, no puede dejar de aplicar estos requisitos, ya que no existan habilitación legal para eludirlos.

En el escrito de conclusiones la Letrada del ICS resume:

"Primer. La prova practicada en el present recurs, consistent en l'EA i documental demostren de forma fefaent que l'actuació del Tribunal de la convocatòria declarant exclosa a la recurrent d'aquest procés de selecció, va ser correcta i la única possible en atenció a les bases de la convocatòria i amb ple respecte als principis d'igualtat mèrit i capacitat.

D'aquesta manera ha quedat provat que l'actora, tot i haver-se publicat totes les diligències del tribunal de la convocatòria correctament i haver tingut accés a les mateixes, no va comparèixer a la prova de coneixements de la llengua catalana, prova que per a ella era obligatòria i eliminatòria doncs consta documentat que no va aportar en temps i forma la documentació acreditativa necessària per a quedar exempta de la seva realització, com si ho van fer la resta de participants que estaven en la seva situació.

Segon. Per altre banda, no es pot admetre en aquest cas una impugnació indirecta de les bases de la convocatòria, doncs es tractava d'un requisit de participació, que resultava obligat atesa la legislació existent en aquesta matèria, que no donava lloc a cap interpretació, doncs és una base clara i literal, que no l'eximia en cap de, si ho considerava procedent, haver impugnat en el seu moment directament les bases. La impugnació indirecta no es pot donar en casos tan clars com el present".

Tras citar la normativa legal y doctrina jurisprudencial que considera la Administración demandada de aplicación, interesa la desestimación del recurso contencioso-administrativo.

TERCERO.-Juicio de la Sala. Impugnación indirecta de las bases de la convocatoria.

La recurrente Enriqueta impugna las bases de la convocatoria de estabilización por vulnerar sus derechos fundamentales, con ocasión de interponer el recurso contra su exclusión del proceso selectivo al no cumplir el requisito eliminatorio de estar en posesión, o realizar la prueba, del título C1 de catalán.

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de impugnar las bases de una convocatoria de forma extemporánea, con ocasión del recurso contra resoluciones posteriores del procedimiento, y es conocido que se admite cuando se aprecia en causas de nulidad de pleno derecho, esto es, es posible su impugnación y eliminación aunque no se hubiera interpuesto el recurso en plazo en su momento.

La sentencia 1328/2022, de 18 de octubre de 2022, recurso 2145/2021, con precedente en la sentencia de 10 de julio de 2019, recurso 5010/2017, indicaba que precisaba fijar doctrina transaccional para "... aclarar, matizar, reforzar -o, eventualmente, corregir o rectificar- la doctrina sobre la posibilidad de la impugnación indirecta de las bases de una convocatoria para cubrir determinadas plazas correspondientes a la oferta de empleo público".

En cualquier caso, la admisión de la impugnación indirecta exige analizar si ha existido vulneración del derecho fundamental, si bien los procesos selectivos, resulta difícil sustraerse al hecho de que se vulnera el principio de igualdad en el acceso a la función pública proclamado por el artículo 23.2 de la Constitución Española. Además, ha de tenerse en cuenta que la concurrencia de la causa de nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es la propia Administración la que debe acordar de oficio o instancia de parte incoar el procedimiento de revisión de oficio, conforme al artículo 106.

Hemos de añadir en buena lógica, la posibilidad de impugnar indirectamente la convocatoria cuando están en juego vicios de nulidad de pleno derecho (campo donde existe consolidada doctrina y donde impera identidad de razón con los casos del grave vicio de la nulidad por violación de derechos fundamentales). En consecuencia, no podrá impugnarse indirectamente la convocatoria cuando los vicios de que adolezcan sean de mera anulabilidad o, más bien, se admitirá la impugnación indirecta pero la sentencia los desestimará puesto que operará el acto consentido y firme, con la consiguiente impunidad práctica de los vicio de anulabilidad.

La exclusión de Enriqueta del proceso selectivo de estabilización de empleo interino de larga duración por la causa de no acreditar el nivel de catalán exigido en la convocatoria, incide en la vulneración del derecho de acceso a cargos públicos en igualdad, a que se refiere el artículo 23.2 de la Constitución Española, por lo que es posible la impugnación indirecta de la base que regula el requisito.

CUARTO.-Régimen jurídico de la exigencia del conocimiento del catalán para el acceso a la función pública.

El artículo 6.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), proclama que el catalán es la lengua propia de Cataluña y debe ser de uso normal y preferente en las Administraciones Públicas. Asimismo, la Ley 1/1998 de Política Lingüística (artículos 9 y ss.), obliga a las administraciones locales a usar el catalán en sus actuaciones internas y comunicaciones, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos a usar el castellano.

El artículo 6.1 del ECA establece que: "La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d?ús normal de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment empresa com a vehicular i d?aprenentatge en l?ensenyament".Y el artículo 6.2: "El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües".

Igualmente, el artículo 33.1 del EAC regula los derechos lingüísticos ante las administraciones estatales y públicas en estos términos: "Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques".El artículo 34 se ocupa de la regulación de los derechos de los consumidores y usuarios estableciendo: "Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis".

El artículo 11 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, regulan la capacitación lingüística del personal servicio de las administraciones de Cataluña estableciendo: "1. El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, tant en l'expressió oral com en l'escrita, que el faci apte per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball. (...) 3. En el procés de selecció per a accedir a places de personal de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local i de l'administració i els serveis de les universitats, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places de què es tracti, en els termes establerts per la legislació de la funció pública".

Para el ámbito de la función pública el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, establece que en los procesos de selección se exigirá el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, y en los concursos se exigirá según las características de cada puesto de trabajo.

La normativa se completa con el Decret 152/2021, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, assenyala a l'article 5 cadascun dels certificats de coneixements de llengua catalana i les seves característiques en els termes següents:

"Article 5. Certificats de coneixements de llengua general

Els certificats de coneixements de llengua general són els següents:

a) Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet satisfer les necessitats més bàsiques de comunicació.

b) Certificat de nivell elemental de català (A elemental): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet desenvolupar amb efectivitat i autonomia una activitat comunicativa pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

c) Certificat de nivell intermedi de català (B): acredita un domini de l'ús de la llengua general que permet afrontar satisfactòriament una diversitat de situacions de la vida quotidiana 'de transacció i interacció col·loquials o de formalitat mitjana' no gaire complexes, amb seguretat, flexibilitat, correcció adequada i adaptació a la situació de comunicació.

d) Certificat de nivell de suficiència de català (C): acredita un domini de l'ús de la llengua general, en la varietat estàndard, que permet comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge mitjanament formal o formal.

e) Certificat de nivell superior de català (D): acredita, d'una banda, un domini de l'ús de la llengua general que permet comunicar-se amb adequació i correcció en qualsevol situació comunicativa, especialment les que requereixen un ús més formal de la llengua, i, de l'altra, la capacitat d'analitzar qüestions i conceptes relacionats amb el bon funcionament del sistema lingüístic català.

En desarrollo del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, se dictó el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, que determina el nivel de conocimiento del catalán para los puestos de trabajo, con carácter general, en función del grupo de titulación previstos en la legislación sobre función pública normativa laboral, de ser aplicable. La disposición adicional segunda establece su aplicación al personal estatutario de la Administración sanitaria, dentro de su legislación específica.

Es decir, el artículo 3.1 del Decreto 161/2002, de 11 de junio, dispone que en los procesos de selección de personal se debe acreditar el conocimiento de la lengua catalana, tanto en la expresión oral como escrita, en el grado adecuado a las funciones propias de las plazas de que se trate.

De conformidad con lo expuesto, la exigencia de conocimiento del catalán para el acceso a la función pública de la Administración de la Generalitat no es discriminatorio desde la vertiente de la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Se trata de un requisito justificado y equitativo también en función de la propia eficacia de la Administración autónoma ( artículo 103.1 de la Constitución Española) , por lo que resulta constitucionalmente lícito exigir, en todo caso, un cierto nivel de conocimiento de la lengua catalana, que resulta imprescindible para que el funcionario pueda ejercer adecuadamente su trabajo en la Administración autonómica, dado el carácter cooficial del idioma catatán en Cataluña ( artículos 3.2 CE y 3.2 del EAC), y dada también la extensión del uso del catalán en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Cuestión distinta, es la de la proporcionalidad de esa exigencia en función del tipo y nivel de la función o puesto a desempeñar, que viene impuesta por el artículo 23.2 CE, pues sería contrario al derecho a la igualdad en el acceso a la función pública, exigir un nivel de conocimiento del catalán sin relación alguna con la capacidad requerida para desempeñar la función de que se trate. Ciertamente una aplicación desproporcionada del precepto legal podría llevar a resultados discriminatorios, contrarios tanto al artículo 14 como al 23.2 CE.

Integrar esta normativa con los derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de igualdad de acceso a las funciones públicas ha dado lugar a sentencias del Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios, no pudiendo concluirse automaticidad en la determinación del nivel exigible de catalán en los procesos de selección, como diremos en el Fundamento Jurídico siguiente, anotando que dejamos aparte los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, que presentan características distintas a los de incorporación a la función pública.

QUINTO.-Juicio de la Sala. Desestimación del recurso.

Para contextualizar la exigencia de las bases de la convocatoria sobre el nivel C1 de catalán exigido con carácter excluyente, hemos de indicar que fueron aprobadas por Resolución SLT/4154/2022, de 27 de diciembre, de convocatoria de los procesos selectivos de estabilización mediante el sistema de concurso de méritos y de concurso oposición, y del proceso ordinario (tasa de reposición) por sistema de concurso oposición, para proveer plazas básicas del ICS, modificadas por posteriores resoluciones y, en el caso que nos ocupa, las de facultativo especialista en medicina familiar y comunitaria EAP.

Pues bien, el Tribunal Supremo ha reiterado que la doctrina que pueda emanar del TJUE ha de enmarcarse dentro del sistema de empleo público, como es conocido y reiterado por sentencias recientes, y respetar los procesos selectivos los principios constitucionales de principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El Tribunal Constitucional en su sentencia 38/2021, de 16 de febrero, sobre el establecimiento de un entorno diferenciado acceso a la función pública, ha señalado que los procesos selectivos que no puedan calificarse de libres o abiertos son contrarios a la normativa básica estatal contenida en el artículo 61.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, a salvo, claro es, de los proceso de promoción interna.

Ha de tenerse en cuenta que en la Constitución no tolera una conversión automática del funcionario interino del contratado laboral en funcionario de carrera como personal fijo, de acuerdo a los principios rectores del acceso a la función pública, trasunto del artículo 14 que proclama la igualdad. Por otro lado tampoco la realización de procesos de estabilización supone una vulneración de la cláusula 5 del Acuerdo Marco suscrito entre la CES, la UNICE y el CEEP, sobre el trabajo de duración determinada, incorporado como anexo a la Directiva comunitaria 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999. El TJUE ha instado a solucionar la elevada tasa temporalidad de la administración pública española, y ha de hacerse dentro del sistema de empleo público constitucional y legal.

El reverso de lo anterior lo constituye la necesidad de que el acceso a la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en la Administración deba hacerse mediante convocatorias abiertas, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional citada deja abierta la posibilidad, tratándose de normativa básica, que el legislador estatal pueda regular turnos restringidos que, en cualquier caso, según nuestro criterio no pueden vulnerar los principios señalados anteriormente.

En definitiva, existe prohibición de convocatorias restringidas, como lo sería reducir la participación a los que estuvieran ocupando plazas estructurales en situación de abuso de interinidad, puesto que al mismo tiempo se desplaza el sistema sobre la cobertura de plazas a uno de naturaleza "personal".

Tenemos pues que la convocatoria está abierta con carácter general a quien desee participar en el proceso selectivo, dentro de un contexto de estabilización para reducir la temporalidad en el empleo público, sin atender a las características personales, aunque la selección puede estar condicionada por el desempeño de los aspirantes en situación de interinidad.

La Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre (bases comunes i bases específiques), en compliment de la normativa esmentada, requereix el coneixement de llengua catalana (base 3.1.6), acreditada documentalment o per mitjà de la superació de la prova corresponent (10.2.1.), d?acord amb el nivell corresponent a cada categoria (punt 2.b. dels annexos 4 a 80). Y específicamente en el Anexo 24:

"Facultativo/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria EAP (grupo A, subgrupo A1). Código: 121 1. Número de plazas convocadas por proceso de selección: a. Concurso de méritos del proceso de estabilización: 569 plazas. b. Concurso oposición del proceso de estabilización: 55 plazas. c. Concurso oposición del proceso ordinario: 193 plazas 2. Requisitos específicos: Además de los requisitos que se indican en el apartado 3 disposiciones comunes para todos los procesos selectivos del Anexo 1 Bases comunes, se tienen que cumplir los requisitos siguientes: a. Requisito de titulación: las personas que participen en este proceso de selección tienen que estar en posesión de una titulación oficial de licenciatura o grado en medicina y especialidad en medicina Familiar y Comunitaria. b. Requisito de lengua catalana: El nivel de conocimiento de lengua catalana para esta categoría es el correspondiente al certificado de nivel suficiencia (C1) o superior de la Dirección General de Política Lingüística. Aquellas personas aspirantes que no acrediten documentalmente estar en posesión de uno de los certificados de nivel, mencionados anteriormente, tendrán que realizar una prueba obligatoria que acredite estos conocimientos. Los criterios de realización de esta prueba están definidos en el punto 10 de las bases generales de esta convocatoria".

Por ello, ya anunciamos que el requisito del catalán es un requisito selectivo, si bien ha de existir algún límite a que sea requisito ineludible que excluya a ciudadanos de acceder a la función pública, especialmente en plazas no docentes o de ámbito estatal, o abiertas a los ciudadanos residentes en otras Comunidades Autónomas.

Ha de valorarse para los facultativos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria EAP, en este caso concreto, si estamos ante "un exigencia desproporcionada" que deje en desigualdad a otros aspirantes, y qué concreto nivel de conocimiento del catalán considera la parte recurrente el adecuado para el desempeño de las funciones, lo que enjuiciaría este Tribunal.

Sin embargo, en la demanda se constata que la pretensión se formula en términos absolutos: "... declare la nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas, y de las bases 1.3.6 del anexo 1, y 2 b) del anexo 24 de la Convocatoria. 2°. Se retrotraigan las actuaciones al momento de valoración de los méritos alegados por los aspirantes, y se valoren de nuevo sin tener en cuenta la exigencia de conocimiento del nivel de catalán, con la consecuente prosecución del procedimiento que comportará otorgar a mi mandante la condición de aprobada, obteniendo una de las plazas convocadas.es únicamente se interesa considera la parte recurrente".

No sólo en la concreta petición dirigida a este Tribunal, sino también a lo largo de la demanda, no se ofrece explicación sobre qué nivel de conocimiento de la lengua catalana es proporcional en relación al puesto de trabajo a desempeñar, de modo que no es posible estimar el recurso puesto que no puede eliminarse de raíz el requisito de ser competente en el conocimiento del catalán, tanto en expresión oral como escrita, como se pretende por la recurrente; juicio de proporcionalidad para el que no se ofrecen argumentos, cuando se trata de un puesto de trabajo con una evidente necesidad de atender a los pacientes tanto en lengua castellana como catalana, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios en relación a la asistencia médica, y la necesidad de elaborar historias clínicas e informes a diario.

Éstas implicaciones lingüísticas podrían ser valoradas si hubiera alegado y ofertado prueba la parte recurrente, en lugar de limitarse a pedir de este Tribunal la eliminación del requisito de la lengua catalana en el nivel C1, lo que no puede ser aceptado, sobre la base de que es requisito el conocimiento de las dos lenguas, conforme a las normas del proceso selectivo para incorporarse a la función pública sanitaria.

Por estas razones se desestima el recurso contencioso-administrativo.

SEXTO.-Costas.

El artículo 139 de la LJCA, en la redacción dada por el artículo 3.11 de la Ley 37/2011, de 10 octubre 2011, de medidas de agilización procesal, establece que: "1. En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad".

En el presente caso aparece controversia jurídica razonable y de entidad que solo han sido determinados tras la celebración del juicio, por lo que no han de imponerse las costas a la recurrente Enriqueta, y cada parte ha de las suyas y las comunes, de existir, por mitad.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.