Sentencia Contencioso-Administrativo 1334/2024 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1075/2021 de 03 de diciembre del 2024

PRIMERO. -Dª Ofelia y demás litisconsortes (familia Benito) han interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo contra la resolución de fecha 22 de junio del 2012, dictada por la Sra. Delegada del Gobierno en Andalucía, por la que se declaró la caducidad del derecho de reversión que les había sido reconocido, y contra la resolución de fecha 21 de julio de 2017 ,dictada por la Subsecretaría de Fomento, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la resolución anterior.

SEGUNDO.-Para resolver las cuestiones suscitadas en el presente recurso resulta necesario tener en consideración los siguientes antecedentes:

I. -Esta Sala y Sección del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó, con fecha 24 de febrero del 2009, sentencia estimatoria en el procedimiento ordinario nº 789/2005, por la que reconoció en favor de los ahora recurrentes el derecho de reversión sobre la finca nº 2 del expediente del proyecto de expropiación denominado "Carretera de La Isla-2ª Fase".

Firme dicha sentencia, los recurrentes entablaron diversas negociaciones con personal de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), beneficiaria de la expropiación, a fin fin de de alcanzar un acuerdo sobre el justiprecio de la reversión, que no dieron fruto, por lo que se sustanció un expediente de fijación del justiprecio que culminó por resolución del Jurado Provincial de Expropiación de Sevilla 30 de junio del 2011, que determinó el justiprecio en la cantidad de 1.588.783,65 €.

Disconformes con la suma así fijada, los recuentes interpusieron nuevo recurso contencioso-administrativo ante esta misma Sala y Sección, tramitado con el nº 778/2011, que finalizó por sentencia desestimatoria de fecha 17 de marzo del 2014 (también firme), que confirmó la resolución del Jurado Provincial de Expropiación. Notificada esta sentencia a las partes, los actores pidieron su subsanación y complemento interesando que se completase el fallo en el sentido de declara su derecho a compensar del justiprecio fijado por la Sala, el justiprecio que se fijase en el expediente de expropiación de la SE-40 con clave NUM000 sobre los terrenos objeto de esta reversión"; pero esta petición de subsanación y complemento fue denegada por la Sala, por tratarse de una cuestiónsobre la que no había existido pronunciamiento alguno en vía administrativa.

II. -Entre tanto, SEPES dirigió con fecha 21 de febrero de 2012 un escrito a D. Fidel (representante de la familia Benito), requiriendo el ingreso de la suma correspondiente al justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación (1.588.783,65.-€). Tenía este escrito el siguiente contenido:

«ASUNTO: Petición de ingreso del justiprecio, a efectos de reversión, establecida por el Jurado Provincial de Expropiación de Sevilla para la finca nº 2 del Proyecto de Expropiación de la Actuación Industrial "Carretera de la Isla" en Dos Hermanas (Sevilla).

Con fecha 17 de febrero se le remitió escrito de petición de ingreso de! justiprecio, a efectos de reversión, establecido por el JPE para la finca nº 2 del Proyecto de Expropiación de la Actuación Industrial Carretera de la Isla" en Dos Hermanas (Sevilla), en el que en su párrafo tercero se cometió un error tipográfico.

A tal efecto, y mediante la remisión del presente escrito, se sustituyen el párrafo tercero y cuarto por los que se transcriben a continuación:

"En consecuencia, y dado que, de conformidad con el artículo 55 LEF , la toma de posesión del bien revertido no podrá tener lugar sin el previo pago de la cantidad determinada en vía administrativa, se le requiere para que en el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de la presente carta abone el importe fijado por la Resolución del Jurado de Provincial de Expropiación, 1.588.783,65.-€, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición del recurso contencioso - administrativo.

El ingreso habrá de efectuarse mediante transferencia bancada a la cuenta nº NUM001, bajo la denominación "Reversión finca no 2 Actuación Industrial Carretera de la Isla", remitiéndose a nuestras oficinas en el Paseo de la Castellana, 91, 28046 Madrid, copia del resguardo acreditativo del ingreso o transferencia."

Lo que se comunica a los efectos oportunos.»

Este mismo requerimiento fue también notificado a D. José Tomás Valverde Abril, como representante de la familia Benito, practicándose la notificación en la dirección postal DIRECCION000 Córdoba

Consta en el expediente la notificación de esta resolución a ambos destinatarios, sin que la parte actora haya alegado nada sobre eventuales deficiencias o regularidades en su práctica.

III. -No habiéndose realizado el ingreso requerido en el plazo señalado, con fecha 4 de junio de 2012 SEPES dirigió escrito a la Delegación del Gobierno en Andalucía, advirtiendo lo siguiente:

"ASUNTO: Caducidad del derecho de reversión de la finca n° 2 del Proyecto de Expropiación de la actuación industrial "Carretera de la Isla" en Dos Hermanas (Sevilla).

La sección 4ª de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia firme de 24 de febrero de 2009 dictada en el recurso ordinario núm. 789/05 reconoció el derecho de reversión sobre la finca nº 2 de la Actuación Industrial "Carretera de la Isla- 2ª Fase" en Dos Hermanas (Sevilla), a favor de D. Juan Miguel, Dª. Frida y Dª. Ofelia, Emilia, D. Eugenio y D. Marcial.

Recaída la citada sentencia, SEPES en su calidad de heredera del Instituto Nacional de Urbanización (Organismo Autónomo dependiente del entonces Ministerio de la Vivienda) y los titulares del derecho de reversión (familia Benito) mantuvieron una serie de conversaciones en orden a intentar llegar a un acuerdo sobre el justiprecio de la reversión.

No habiendo sido posible alcanzar un mutuo acuerdo, las partes, en los plazos legalmente establecidos, formularon sus respectivas hojas de aprecio en las que fijaron el valor en que justiprecian el bien expropiado. Así, el 13 de diciembre de 2010, se remitió al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa el expediente para la fijación del justiprecio del derecho de reversión.

El 30 de junio de 2011, el Jurado Provincial de Expropiación emite Resolución en la que justiprecia el bien expropiado en la cantidad de 1.588.783,65.-€ (a 3,45 €/m2). Dicha resolución se notificó a SEPES en fecha 22 de septiembre de 2011.

Esta Entidad planteó recurso de reposición frente a la resolución del Jurado que fue desestimado por considerarlo extemporáneo.

El 21 de febrero de 2012 SEPES remitió notificación a los representantes legales de los expropiados en la que se concedía el plazo de tres meses (plazo establecido por art. 55.3 Ley de Expropiación Forzosa ) para efectuar el ingreso correspondiente al justiprecio fijado por el Provincial de Expropiación (1.588.783,65.-€) en cuenta designada por esta entidad. En la citada comunicación se advierte a los interesados que, en caso de no efectuar el ingreso, se entendería dicha actitud como una renuncia tácita al ejercicio del derecho de reversión instado, considerándoles decaídos en su derecho.

Habiendo transcurrido el citado plazo sin que los reversionistas hayan practicado el ingreso del justiprecio, se solicita de la Delegación del Gobierno de Andalucía el archivo de las actuaciones relativas al expediente de reversión de la finca núm. 2 de la Actuación Industrial "Carretera de la Isla" motivado por la inactividad de la propiedad, entendiendo que la misma ha renunciado al ejercicio de su derecho.

A los efectos oportunos, se adjunta la siguiente documentación:

1- Copia de la remisión del expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación forzosa de fecha 13 de diciembre de 2010.

2- Resolución del Jurado Provincial de Expropiación de fecha 30 de junio de 2011 por la que determina el justiprecio del bien expropiado.

3- Resolución del Jurado Provincial de Expropiación de fecha 24 de noviembre de 2011 que desestima recurso de reposición interpuesto por esta Entidad por extemporaneidad.

4- Notificación de ingreso de justiprecio a efectos de reversión remitida a los representantes legales de los reversionistas en fecha 21 de febrero del presente (con copia de los justificantes de entrega)."

IV.- Mediante resolución de la Delegada del Gobierno en Andalucía de fecha 22 de junio de 2012, se acordó declarar la caducidad del procedimiento de reversión. Tenía dicha resolución el siguiente contenido:

"Antecedentes de hecho

Primero: En sentencia firme de 24 de febrero de 2009 dictada en recurso ordinario nº 789/05, la Sala Contencioso -Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, reconoció el derecho de reversión de la finca nº 2 de anterior descripción, a favor de D. Juan Miguel, Dª Frida y D^' Ofelia, Emilia, D. Eugenio y D. Marcial.

Segundo: Con fecha 13 de diciembre de 2010, SEPES en calidad de sucesora del extinto Instituto Nacional de Urbanización, y beneficiaria de la expropiación, remitió al Jurado Provincial de Expropiación el expediente para la fijación del justiprecio del derecho de reversión, al no haber sido posible alcanzar el mutuo acuerdo entre las partes.

Tercero: Con fecha 30 de junio de 2011, el Jurado provincial de Expropiación de Sevilla dicta resolución por la que fija el justiprecio de la reversión de la finca, objeto de este expediente en la cantidad de 1.588.783,65 €.

Con fecha 24- de noviembre de' 2011 e! Jurado Provincial de Expropiación desestima por extemporáneo el recurso de' reposición formulado por SEPES.

Cuarto: Con fecha 21 de febrero de 2012, SEPES notifica fehacientemente a los representantes legales de los titulares reversionistas que disponen, conforme establece el artículo 55.3 de la Ley de Expropiación Forzosa , de un plazo de tres meses para efectuar el ingreso del justiprecio de la reversión fijado por el Jurado Provincial de Expropiación en la cuenta designada al efecto por SEPES.

En la citada comunicación la mencionada Entidad advierte a los interesados reversionistas que en caso de no proceder al ingreso en el plazo establecido, se entendería dicha actitud como renuncia tácita al ejercicio del derecho de reversión instado y desistidos en el procedimiento.

Quinto: Con fecha 4 de junio de 2012, SEPES solicita de esta Delegación del Gobierno en Andalucía -al haber transcurrido ampliamente el plazo sin que los reversionistas hayan practicado el pago del justiprecio- el archivo de las actuaciones relativas al expediente de referencia.

Fundamentos de Derecho

Primero.- La Delegación del. Gobierno en Andalucía es competente para resolver este procedimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 6/1997 de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, art. 23.7 y Disposición Adicional Cuarta, y la Ley de Expropiación.Forzosa de 17 de diciembre de 1954.

Segundo.- Según la documentación que consta en el expediente, queda acreditado que los titulares reversjonistas, D. Juan Miguel, Dª Frida y D^ Ofelia, Dª Emilia, D. Eugenio y D. Marcial, no han procedido al ingreso del justiprecio, desatendiendo el requerimiento de pago efectuado por SEPES, sin que, además, se haya cumplimentado respuesta alguna que pudiera justificar su inactividad.

Tercero.- Sobre la base anterior y conforme a la solicitud de archivo formulada por la Entidad Estatal de Suelo (SEPES), esta Delegación del Gobierno en Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 92.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y artículo 55.3 de la Ley de Expropiación Forzosa .

Resuelve:

1.- Declarar la caducidad del mencionado procedimiento por causa imputable a los interesados reversionistas, con los efectos jurídicos que de ello se derivan.

2.- Proceder al archivo de las actuaciones.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponerse recurso de alzada ante la Sra. Ministra de Fomento, en el plazo de un mes a partir de! día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la .presente resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ."

Esta resolución fue notificada nuevamente a D. José Tomás Valverde Abril, como representante de la familia Benito, practicándose una vez más la notificación en la dirección postal DIRECCION000 Córdoba.

V.- El tan citado D. José Tomás Valverde Abril, en su condición de representante de la familia Benito, interpuso recurso de alzada contra esta resolución de caducidad, indicando expresamente en el encabezamiento del recurso lo siguiente: "D. JOSÉ-TOMAS VALVERDE ABRIL mayor de edad, con DNl ... y domicilio a efectos de notificaciones en Córdoba, calle Conde de Gondomar, n°2; letrado en ejercicio y actuando en nombre y representación de la Familia Benito, ante VI. comparece y DICE [...]"; y dejando así indicado, como domicilio para notificaciones, el mismo al que se habían dirigido las notificaciones precedentes.

El recurso de alzada fue expresamente resuelto, en sentido desestimatorio, por resolución de la Subsecretaria de Fomento de 21 de junio de 2017, en la que se indicaba expresamente que con ella se agotaba la vía administrativa y que contra la misma cabría recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

Intentada esta notificación en fechas sucesivas (primero el 3 de julio de 2017, y luego los días 18 y 22 de agosto de 2017) en el domicilio postal que se había indicado en el escrito de interposición del recurso de alzada, ambos intentos resultaron infructuosos (la primera vez -julio- se indicó por el servicio de correos que el destinatario era "desconocido" y la segunda -agosto- que estaba "ausente reparto"); por lo que se procedió a la publicación edictal de la desestimación en el BOE del día 29 de septiembre de 2017, en los siguientes términos:

"«MINISTERIO DE FOMENTO SUBSECRETARÍA DE FOMENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL'DE RECURSOS. Anuncio de notificación de 27 de septiembre de 2017 en procedimiento relativo al recurso de alzada número 2012/01809 interpuesto por D. José-Tomás Va/verde Abril, en nombre y representación de ía Familia Benito contra la Resolución de la Delegada del Gobierno en Andalucía de 22 de junio de 2012.

Intentada notificación a los interesados conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , y no habiendo sido posible practicarla tras haberse intentado en el último domicilio conocido por dos veces, a los efectos previstos en el citado Artículo por el presente anuncio se notifica a D. José-Tomás Valverde Abril, el acto siguiente;

"Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la Subdirección General de Recursos ha resuelto Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Don José-Tomás Valverde Abril, en nombre y representación de la Familia Benito contra la Resolución de la Delegada del Gobierno en Andalucía de 22 de junio de 2012 por la que se declaró la caducidad del procedimiento de reversión por causa imputable a los interesados reversionistas y el archivo de las actuaciones correspondientes a la finca n° 2 de la actuación polígono industrial "Carretera de la Isla 2' fase" del término municipal de Dos Hermanas (Sevilla); resolución que se confirma por ser ajustada a derecho.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación".

El texto completo de la citada resolución puede ser solicitado por el interesado en la Subdirección General de Recursos, Paseo de ta Castellana 67 (Nuevos Ministerios) 28071.-Madrid.

Madrid. 27 de septiembre de 2017.- El Subdirector General de Recursos. Carlos Jesús»

VI.- Los ahora recurrentes, entre tanto, habían comparecido ante SEPES mediante escrito pidiendo que se reconociera y declarara su derecho a la compensación del justiprecio de la reversión, con las cantidades que consideraban que se les adeudaba por la expropiación sobrevenida de una parte del suelo a que se extendía dicho derecho de reversión; dado que en el año 2008 los terrenos concernidos habían sido afectados por dos expedientes expropiatorios tramitados por el Ministerio de Fomento para la ejecución de las obras del "Proyecto de construcción de la Autovía SE-40, sector Suroeste".

No habiendo sido expresamente resuelta tal solicitud, la consideraron presuntamente desestimada, por lo que promovieron otro recurso contencioso-administrativo ante esta Sala y Sección, tramitado con el nº 669/2017, que fue una vez más desestimado por sentencia de 22 de mayo de 2019 (también firme).

En dicha sentencia se vino a decir, en síntesis, que la compensación era improcedente al haberse declarado ya anteriormente la caducidad del derecho a la reversión mediante resolución administrativa que no constaba suspendida, y que desplegaba sus efectos mientras no fuese anulada judicialmente. Señaló, así, esta sentencia que "sin perjuicio de las consecuencias que sobre la cuestión que ahora se trata hayan de sacarse de cualquier decisión jurisdiccional que pudiera recaer en relación con aquellas resoluciones, esta sola razón es suficiente para rechazar el recurso en cuanto basado, como se ha dicho, en la pervivencia del citado derecho a la reversión de los mencionados terrenos".

VII.- Dicen ahora los recurrentes que al dárseles -en julio de 2018- traslado del expediente administrativo para la formalización de la demanda en el referido procedimiento 669/2017, fue cuando por primera vez tuvieron conocimiento de la existencia de la resolución desestimatoria del recurso de alzada de 21 de junio de 2017; por lo que promovieron contra ella en octubre de 2018 el recurso contencioso-administrativo que ahora nos ocupa.

TERCERO. -En el escrito de demanda presentado en este procedimiento 1075/2021, la parte actora dedica una amplia argumentación a razonar la presentación tempestiva del presente recurso contencioso-administrativa. Comienzan los actores su exposición, en este punto, insistiendo en que fue en el mes de julio de 2018 cuando por primera vez tuvieron conocimiento de la existencia de la desestimación de la alzada a través de la resolución ministerial de 21 de junio de 2017, y dicho esto, argumentan que los intentos de notificación realizados por el servicio de correos deben tenerse por irregulares y carentes de eficacia. Aducen, así, que el primer intento realizado el 3 de julio de 2017 carece de utilidad porque no fue seguido de otro intento dentro de los tres días hábiles siguientes. En cuanto a los ulteriores intentos desarrollados los días 18 y 22 de agosto siguientes, oponen que no consta la hora de realización del segundo intento del día 22.

Añaden que hay un dato que hace surgir la duda sobre si esos intentos de notificación correspondìan realmente con la resolución de 21 de junio de 217, dado que el sobre que contenía el acto notificado a través del intento realizado el día 3 de julio de 2017 presentaba un sello de salida del Ministerio anterior en el tiempo, del día 12 de junio, y además los sobres que contenían los actos notificados anotan un número de referencia -2012/10809- cuya relación con el acto que se decía notificar se desconoce.

Señalan, por añadidura, que los intentos de notificación se desarrollaron fuera del plazo de diez días ordenado legalmente para la notificación de los actos administrativos, y puntualizan que la notificación edictal realizada en el BOE contiene el error de referirse a la Ley 30/1992, que entienden derogada e inaplicable, y demás dicha publicación edictal no incorpora el texto íntegro de la resolución.

Más aún, critican que tanto la resolución de 21 de junio de 2017 como su notificación edictal a través del BOE contravienen la obligación de puesta a disposición a través de la sede electrónica establecida en el art. 42 de la Ley 39/2015.

Finalmente, advierten que el artículo 41 de esta misma Ley 39/2015 establece que cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, pudiendo la Administración incluso acceder al padrón municipal para conocer el domicilio de los interesados. Desde esta perspectiva, aducen que el letrado representante de los recurrentes, que había indicado a efectos de notificaciones la dirección de su despacho profesional al tiempo de la formulación de la alzada (2012), luego cambió de dirección, lo cual -dicen los recurrentes- hubiera podido ser indagado por la Administración mediante sencilla consulta al censo general de letrados de la página web del Consejo General de la Abogacía Española, que no se hizo. En este sentido, aducen los recurrentes que en el mes de noviembre de 2015 formularon una denuncia ante el Ministerio de Fomento sobre el "cúmulo de irregularidades" -sic- que entendían producidas contra ellos en la actuación tanto de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Occidental como de SEPES, siendo así que en este escrito de 2015 se indicaba otro domicilio a efectos de notificaciones en la C/ Doctor Blanco Soler nº 2 de Córdoba; y resultando que pese a conocer la Administración actuante este otro domicilio, no intentó la práctica de la notificación aquí concernida en él (cuando sin embargo a esta última dirección postal se dirigieron otras notificaciones por la misma Administración en relación con vicisitudes diferentes referidas a las mismas actuaciones expropiatorias).

En definitiva, sostienen los actores que a efectos del inicio del cómputo del plazo para la interposición del presente recurso, ha de entenderse que la fecha inicial es la del mes de julio de 2018, cuando según afirman tuvieron conocimiento de la resolución que aquí se impugna.

A este planteamiento de los actores se ha opuesto la Administración demandada a través de la Sra. abogada del Estado, quien aduce que el recurso es ciertamente extemporáneo por haberse promovido cuando ya había vencido ampliamente el plazo legal de dos meses a partir de la notificación edictal de la resolución ministerial de 21 de junio de 2017. Considera que los intentos de notificación se hicieron correctamente en el domicilio que precisamente se había anotado en el escrito del recurso de alzada, y puntualiza que los recurrentes no comunicaron a la Administración ningún cambio de dicho domicilio. Por ello, afirma que la notificación edictal fue válida y que el recurso es extemporáneo.

CUARTO.- Estando, como vemos, sometida a discusión la conformidad a Derecho de las notificaciones administrativas efectuadas, hemos de comenzar nuestra respuesta precisando que la Ley aplicable a tal efecto es la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 30/1992, pues la Ley 39/2015 actualmente vigente, que la derogó, establece en su disposición transitoria tercera que "a los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley no les será de aplicación la misma, rigiéndose por la normativa anterior ",y en este caso se encuentra sometida a discusión la validez de la notificación que desestimó el recurso de alzada promovido por los actores en 2012, antes pues de la entrada en vigor de esa Ley 39/2015.

Acudimos, pues, a lo dispuesto en el artículo 59.2 de la ley 30/1992, en el que se establece que "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo"

Pues bien, en este caso, tras dictarse la resolución desestimatoria del recurso de alzada con fecha 21 de junio de 2017, la Administración intentó la práctica de la notificación de dicha resolución precisamente en la dirección postal que los propios recurrentes habían indicado en el escrito de interposición del recurso de alzada, resultando infructuosos tales intentos, sencillamente, porque según ahora se reconoce por los recurrentes, dicha dirección correspondía con la del despacho profesional de su representante pero este cambió de despacho (y por ende de dirección postal) con posterioridad a la interposición del recurso, sin dirigirse comunicación alguna a la Administración actuante en el procedimiento de su razón para comunicar ese cambio de domicilio a efectos de notificaciones.

Desde esta perspectiva, en principio nada habría que reprochar a la actuación de la Administración, pues esta se dirigió para llevar a cabo la notificación a la dirección anotada a tal efecto por la misma parte recurrente, no constándole en el seno del procedimiento impugnatorio concernido que hubiera cambiado de dirección. Así las cosas, también en principio parece plenamente correcta la decisión de llevar a cabo la notificación edictal a través del BOE una vez fracasados esos intentos de notificación domiciliaria, conforme a lo señalado en el apartado 5º del mismo artículo 59, que dispone que "Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado".

Ahora bien, aun así, tenemos que recordar la reiterada doctrina constitucional y jurisprudencia que han venido puntualizando que la notificación edictal a través del BOE constituye, por su propia naturaleza y significación, un último cauce de notificación al que únicamente se debe acudir a modo de último recurso,esto es, sólo después de haber desplegado infructuosamente una diligente actuación para apurar las posibilidades de una notificación personal. A la hora de valorar la posibilidad y exigibilidad de esa averiguación domiciliaria por parte de la Administración, será inevitable la contemplación casuistica de las específicas circunstancias de cada caso, pero puede decirse con carácter general que si la Administración actuante se encuentra en condiciones de conocer sin especial dificultad, y con los medios ordinarios que se encuentran a su alcance, una dirección alternativa y funcional del interesado para llevar a cabo la notificación, debe apurar las posibilidades de llevar a cabo esa notificación personal antes de hacer uso de la notificación edictal. No se trata, insistimos, de exigir a la Administración en todo caso la realización de labores arduas de localización de los interesados, sino de discernir si le resulta razonablemente posible a la Administración localizar su paradero con una mínima diligencia en el empleo de los amplios y eficaces medios tecnológicos de los que las Administraciones del siglo XXI disponen.

Situados en esta perspectiva, ocurre que aun cuando, ciertamente, los recurrentes y su representante incurrieron en una reprochable falta de diligencia al no comunicar formalmente -como deberían haber hecho- en el concreto expediente de su razón el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, no es menos cierto que la Administración actuante tenía datos más que suficientes para dirigir la notificación al domicilio posterior de ese representante, donde la notificación personal habría sido posible.

Decimos esto porque consta que con posterioridad a la interposición del recurso de alzada aquí concernido, los mismos recurrentes, a través del mismo representante, dirigieron al menos un escrito a la misma Administración, ciertamente no en el concreto procedimiento del recurso de alzada que nos ocupa, pero sí en relación con las complejas actuaciones desarrolladas en relación con las mismas actuaciones expropiatorias, y con cita de su pretendido derecho a la reversión; resultando que en esos escritos se indicó con claridad un domicilio a efectos de notificaciones diferente, al que de hecho la misma Administración actuante se dirigió para llevar a cabo notificaciones. Por mucho que se tratara de un escrito no dirigido formalmente al concreto expediente del recurso de alzada que ahora tenemos entre manos, las alegaciones que ahí se desplegaban guardaban clara conexión con la problemática de fondo suscitada en esa alzada, y los recurrentes y su representante eran los mismos, por lo que puede afirmarse que la Administración tenía a su alcance disponer sin ninguna especial dificultad de una dirección alternativa para el intento de la notificación, que ni siquiera se planteó utilizar.

Así, consta en las actuaciones que con fecha 4 de octubre de 2015 D. José Tomás Valverde Abril, actuando en representación de la familia Benito, dirigió mediante correo certificado un escrito a la atención de la Sra. Ministra de Fomento, que tuvo entrada en el Ministerio el día 10 de noviembre siguiente, formulando unas consideraciones y denuncias en relación -entre otros aspectos- con el ejercicio del derecho de reversión derivado del recurso contencioso-administrativo 789/2005, esto es, en relación con la reversión aquí concernida. En dicho escrito el letrado representante de los interesados indicaba expresamente como dirección de su despacho profesional la ubicada en Córdoba, C/ Doctor Blanco Soler nº 2; e interesa resaltar que en él se hacían alusiones explícitas al recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 22 de junio de 2012 que había declarado la caducidad del derecho de reversión y que por aquel entonces pendía de resolución. Así las cosas, partiendo de que a la vista de su contenido lo lógico habría sido unir testimonio de dicho escrito al expediente del recurso de alzada (lo que sin embargo no parece que se hiciera), es en todo caso evidente que la Administración, a partir de entonces, tenía información adecuada sobre la nueva dirección del despacho profesional del letrado representante de los recurrentes, y sólo con un mínimo de diligencia por parte de esa Administración podría al menos haber intentado la notificación personal en esa nueva dirección que se le había facilitado, lo que tampoco hizo.

Consecuencia de lo expuesto es que no habiéndose apurado suficientemente las posibilidades razonables de una notificación personal, la notificación edictal no puede tenerse por válidamente efectuada, lo cual a su vez determina que no cabe invocar tal notificación edictal para sostener la extemporaneidad del presente recurso.

QUINTO.- Pero más aún, ocurre que aun cuando en hipótesis se admitiera la pertinencia inicial de esa notificación edictal, ocurre que la aquí practicada fue defectuosa en sí misma, por las razones que explicamos a continuación.

En efecto, acudimos al artículo 58, apartados 2º y 3º, de la Ley 30/19092, que establecen lo siguiente:

"2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

3. Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda."

Preceptos, estos, que han de ponerse a su vez en relación con el artículo 61, que dispone que "Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento".

De manera que la regla general es que la notificación por medio de anuncios (es decir, la notificación edictal) debe incorporar el texto íntegro de la resolución salvo que se aprecie que ello pudiera lesionar derechos o intereses legítimos, en cuyo caso el anuncio correspondiente podrá limitarse a dar una somera cuenta de su contenido e indicar el lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro.

En este caso, sin embargo, ni se han referido eventuales lesiones a derechos o intereses legítimos que pudieran justificar la falta de publicación en el BOE del texto íntegro de la resolución, ni alcanzamos a comprender en qué pudieran consistir tales hipotéticas lesiones, visto el contenido del acto notificado.

Por añadidura, en la publicación del anuncio de aquí concernido en el BOE se daba una indicación del lugar donde se podría acceder al texto -integro de la resolución, pero no constaba en él la indicación de ningún plazo concreto para hacerlo, cuando la Ley obliga a indicar tal plazo.

Así pues, no incorporando la notificación a través del anuncio publicado en el BOE el texto íntegro de la resolución, y más aún, no especificándose el plazo en el que podría accederse a ese texto íntegro, ha de entenderse que se trataba de una notificación defectuosa, con la consecuencia procedimental contemplada en el articulo 58.3, consistente, como hemos visto, en que la notificación se ha de entender practicada cuando la parte destinataria del acto interpuso el recurso procedente.

Por tanto, también desde esta perspectiva ha de concluirse que el presente recurso no puede ser calificado de extemporáneo.

SEXTO.- Tenemos, por tanto, que pasar a examinar las infracciones jurídicas que se denuncian por la parte recurrente en relación con la declaración de caducidad del derecho de reversión, efectuada a través de la resolución de 22 de junio de 2012; siguiendo a tal efecto un orden de lógica jurídica.

En primer lugar, denuncia la parte actora que el requerimiento de ingreso del justiprecio fue efectuado por quien carecía de competencia para ello. Advierten, en este sentido, que la entidad que hizo ese requerimiento en calidad de beneficiaria de la expropiación, SEPES, carece de legitimación y competencia para adoptar tal clase de actos, pues -dicen- si se parte de la base de que la Delegación del Gobierno en Andalucía es la competente para la resolución del expediente de reversión a través de la declaración de caducidad, ha de entenderse que esa misma autoridad tenía que ser la competente para iniciar y tramitar el procedimiento de reversión, y para dirigir el requerimiento de pago bajo apercibimiento de caducidad. Manifiestan, así, que "de igual forma que en la expropiación hay que diferenciar entre Administración expropiante, beneficiario de la expropiación y expropiado, en este supuesto de la reversión hay que distinguir entre SEPES, que es la obligada a la reversión en beneficio de los reversionistas pero cuyas actuaciones y requerimientos deben realizarse a través de la Administración con competencia para tramitar el procedimiento administrativo correspondiente".Consideran, en suma, que la declaración de caducidad adolece del vicio de nulidad consistente en haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido ( art. 62.1.e] de la Ley 30/1992), pues la Administración competente para resolver no hizo acto alguno ni de iniciación ni de tramitación del expediente que culminó con tal declaración.

Para resolver sobre esta cuestión hemos de partir de lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley de Expropiación Forzosa, que en su redacción aplicable establece que

"La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos".

Precepto, este, que ha de ponerse en relación con el artículo 55,1, que dispone que

"Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión la restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión".

En fin, el apartado 3º del mismo artículo 55.3 establece que

"La toma de posesión del bien o derecho revertido no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe resultante conforme a los apartados anteriores. Dicho pago o consignación deberá tener lugar en el plazo máximo de tres meses desde su determinación en vía administrativa, bajo pena de caducidad del derecho de reversión y sin perjuicio de la interposición de recurso contencioso-administrativo".

Debiéndose tener en cuenta asimismo que el art. 68 del reglamento de expropiación forzosa dice que una vez declarada la reversión a favor de determinada persona "se procederá de oficio a la valoración de los bienes o derechos objeto de la misma, con arreglo a las normas contenidas en el capítulo III, título II, de la Ley y a las disposiciones concordantes de este Reglamento"(este precepto se encuentra en vigor en cuanto no se oponga a lo establecido en los arts. 54 y 55 LEF en su redacción actual).

De estos preceptos resulta que la competencia para resolver sobre la pertinencia de la reversión corresponde a la Administración territorial titular del bien expropiado cuya reversión se pretende; y esa competencia para resolver se extiende no sólo al puro acto de la declaración del derecho a la reversión, sino también a la determinación del justiprecio que ha de ingresarse (mediante el pago o en su caso consignación), y a la eventual declaración de caducidad de tal derecho por falta de pago o consignación del importe del justiprecio así determinado. Que, efectivamente, la declaración de caducidad del derecho a la reversión corresponde a la propia Administración territorial titular del bien es algo de pura lógica jurídica, pues sólo la Administración competente para declarar un derecho puede apreciar y valorar la caducidad del derecho que ella misma anteriormente ha reconocido.

Hablamos de Administración territorialtitular del bien expropiado objeto de la reversión, porque, ciertamente, la potestad expropiatoria se halla conferida a las Administraciones territoriales y no a las entidades instrumentales que configuran la llamada Administración institucional. Así se estableció en el conocido artículo 2.1 de la Ley de Expropiación Forzosa ("La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio")y así se confirma por la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo 89 dice respecto de los organismos públicos estatales que dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, "salvo la potestad expropiatoria".

De este modo, la dinámica general del derecho a la reversión configurado en esos artículos 54 y 55 consiste en que la Administración titular del bien en cuestión dicta un acuerdo por el que reconoce y declara tal derecho y a la vez precisa el importe de la indemnización expropiatoria que ha de restituirse; acuerdo que ha de notificarse al interesado en la reversión a fin de que en el plazo de tres meses proceda al pago o consignación del importe determinado; y si ese ingreso no se lleva a cabo en el plazo indicado, la propia Administración que declaró el derecho a la reversión acuerda la caducidad de tal derecho. Todas estas actuaciones, insistimos, han de ser impulsadas y desarrolladas por la Administración expropiante.

Descendiendo, sobre la base de estas premisas, al caso que ahora nos ocupa, se da aquí la peculiaridad de que el derecho a la reversión no fue reconocido y declarado por la Administración, sino que lo obtuvieron los expropiados en virtud de sentencia de esta Sala de 24 de febrero de 2009 que estimó su demanda frente a la previa denegación de tal derecho por la Administración del Estado. Firme dicha sentencia, se procedió a la determinación de la indemnización expropiatoria que había que restituir para consumar la reversión, y no habiéndose alcanzado acuerdo entre los expropiados y la entidad beneficiaria, intervino el Jurado de Expropiación, cuya decisión no fue aceptada por los expropiados reversionistas, que interpusieron nuevo recurso contencioso-administrativo ante esta misma Sala y Sección, desestimado por sentencia de fecha 17 de marzo del 2014.

Estando aun pendiente de sentencia este procedimiento judicial sobre la definitiva determinación del justiprecio de la reversión, fue cuando SEPES dirigió a los reversionistas el requerimiento de pago bajo apercibimiento de caducidad. Requerimiento que constituyó el presupuesto habilitante para la declaración de caducidad que pasados los tres meses desde el mismo suscribió la Sra. Delegada del Gobierno en Andalucía.

Pues bien, nos parece evidente que SEPES, en su condición de entidad beneficiaria de la expropiación, no tenía competencia para efectuar un requerimiento administrativo a los reversionistas en los rigurosos términos en que lo hizo, ni para apercibir de caducidad del derecho de reversión en caso de no cumplirlo; por lo que tal requerimiento no pudo operar como presupuesto habilitante para la no menos rigurosa declaración de caducidad del derecho a la reversión.

SEPES es, en efecto, una entidad pública empresarial cuyo estatuto está regulado en el Real Decreto 1525/1999 (actualmente adaptado a la Ley 40/2015), a tenor del cual esta entidad en su funcionamiento se rige por el Derecho Privado, excepto en la formación de la voluntad de sus Órganos de Gobierno, en el ejercicio de las potestades que tenga atribuidas y en los concretos aspectos regulados por dicha Ley, su Estatuto y por el restante ordenamiento jurídico administrativo que le es aplicable; fundamentalmente, en materia de personal, patrimonio, régimen presupuestario, de contratación pública y de procedimiento administrativo común. Entre las potestades que pueda tener atribuidas no figura, como hemos explicado, la expropiatoria, y así, en el procedimiento de reversión que nos ocupa SEPES no actuó -no podía hacerlo- como Administración expropiante, sino simplemente como beneficiaria.

Con arreglo a este marco normativo, desde luego SEPES, precisamente por ser beneficiaria de la expropiación, podía entablar conversaciones con los reversionistas a fin de determinar por mutuo acuerdo el importe de la indemnización expropiatoria que correspondía pagar para consumar la reversión; pero lo que no podía era (i) colocarse en el lugar y posición institucional de la Administración expropiante, (ii) desarrollar actuaciones que sólo a la Administración expropiante competen, y (iii) dirigir a los reversionistas un requerimiento de ingreso de la indemnización expropiatoria fijada por el Jurado, conminándoles a realizar el pago o consignación en tres meses bajo apercibimiento de archivo.

Decimos, en efecto, que un requerimiento con ese riguroso contenido sólo puede ser adoptado y suscrito por la propia Administración expropiante, por las siguientes razones:

1º) porque la atribución de la potestad expropiatoria (en la que se inserta la reversión del bien expropiado) y su desenvolvimiento dinámico no pueden entenderse circunscritos únicamente al momento de resolver el procedimiento expropiatorio, sino que se extienden con toda evidencia a la tramitación procedimental que precede a esa decisión, de forma que el titular de la potestad expropiatoria es el competente para resolver el expediente de expropiación pero también para tramitarlo. Dicho sea de otro modo, la tramitación del procedimiento expropiatorio en sus diversas vertientes (incluida su eventual faceta de reversión del bien expropiado) forma parte de la potestad expropiatoria; siendo tal competencia irrenunciable ex art. 12 de la Ley 30/1992 (y en similares términos art. 8 de la Ley 39/2015).

2º) porque partiendo de la base de que el procedimiento de determinación de la indemnización expropiatoria se tramita de oficio, es la Administración expropiante la que ha de asumir no sólo el dictado de la resolución que corresponda, sino también la adopción de los actos de impulso que procedan; siendo de recordar que como señala el art. 41.1 de la Ley 30/1992 (y en el mismo sentido el art. 20.1 de la Ley 39/2015), "los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación".

3º) porque el requerimiento de ingreso de la indemnización expropiatoria, consecuente a la declaración del derecho a la reversión, no es ni mucho menos un acto de trámite irrelevante o menor, sino que reviste una trascendencia decisiva de cara al buen fin de la reversión, dado que obliga a hacer el ingreso (o consignación) en un plazo no precisamente extenso; y opera como presupuesto habilitante y como dies a quopara el cómputo del plazo de caducidad del derecho previamente reconocido, por lo que reviste toda la lógica jurídica que la misma Administración competente para declarar la caducidad sea la que determine si se dan los requisitos para efectuar el requerimiento, y por ende lo acuerde y suscriba.

4º) porque habida cuenta del drástico efecto de la declaración de caducidad, que implica la pérdida definitiva del derecho reconocido, debe apurarse el celo en el cumplimiento de las garantías procedimentales que pueden llegar a desembocar en tal declaración, de manera que no puede considerarse una mera irregularidad no invalidante que el requerimiento de pago (bajo apercibimiento de caducidad) no se haga por la autoridad administrativa competente sino por un tercero (el beneficiario) que no ostenta ninguna potestad administrativa que le habilite para hacerlo.

Llegados a este punto hemos de hacer una precisión añadida. No ignoramos que el Tribunal Supremo, en sentencias de 12 de abril de 2023 (RC 8778/2021) y 26 de octubre de 2023 (RC 2912/2022), declaró que en determinadas circunstancias extraordinarias, cuando una Administración no posea los medios materiales o técnicos idóneos para el desempeño de las competencias que le han sido encomendadas, puede acudir por razones de eficacia a la colaboración con otras entidades, en concreto a una sociedad mercantil estatal que tiene la consideración de medio propio de la Administración; puntualizando además el Tribunal Supremo que tal colaboración puede estar referida no solo a trabajos técnicos o materiales concretos y específicos sino también puede solicitar su auxilio en la gestión y en la tramitación de procedimientos que tiene encomendados, reservándose el órgano administrativo el control y la decisión que ponga fin procedimiento. Ahora bien, esta doctrina jurisprudencial no altera ni relativiza la conclusión que acabamos de apuntar, por tres razones:

1º) porque esta doctrina jurisprudencial se caracteriza por aplicarse a situaciones extraordinarias y coyunturales que, por su propia excepcionalidad, determinan que la Administración actuante carezca de medios materiales o técnicos idóneos para abordarlas; lo cual requiere de una cumplida justificación que en el caso que ahora examinamos falta por completo, pues nada se ha dicho en tal sentido por la Administración titular de la potestad expropiatoria para justificar lo actuado en el procedimiento de reversión que tenemos entre manos;

2º) y porque incluso en tales supuestos excepcionales (que, reiteramos, aquí no concurren), el auxilio de otras entidades en la gestión y tramitación de procedimientos tiene que articularse a través de un título habilitante jurídicamente adecuado, como la encomienda de gestion; lo que en este caso, una vez más, falta por completo, porque nada se ha dicho ni menos aún justificado por parte de la Administración estatal demandada, en el sentido de que SEPES hubiera actuado en virtud de tal encomienda, o como "medio propio de la Administración";

3º) Porque no ha de olvidarse que el recurso a técnicas como la encomienda de gestión permite ciertamente encomendar la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios, pero no la "cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda"( art. 15 de la Ley 30/1992, y 11 de la Ley 40/2015); de manera que bajo esta técnica no cabe amprar la traslación de la competencia para tramitar el procedimiento expropiatorio en su vertiente de reversión del bien expropiado.

Así pues, no concurriendo las circunstancias extraordinarias y coyunturales que pudieran justificar la tramitación del procedimiento a través de entidades colaboradoras, la norma de aplicación al caso ha de ser la norma general en cuya virtud es la propia Administración titular de la potestad la que no sólo debe dictar resolución sino que también debe tramitar el procedimiento que desemboca en ella.

Y no se nos diga, para justificar la caducidad aquí declarada, que en el caso que examinamos la Administración expropiante pudo hacer, al fin y al cabo, un control efectivode lo tramitado, al resolver finalmente sobre la caducidad del derecho a la reversión. Para empezar, la posibilidad de tal control no libera a la Administración de su irrenunciable competencia de tramitar el procedimiento, y además ocurre que en este caso existen dudas fundadas de que tal control se hubiera realizado de forma real y efectiva. Eso es así por las siguientes razones:

1º) tras confirmarse judicialmente el justiprecio fijado por el Jurado, se desenvolvieron conversaciones entre los reversionistas y la beneficiaria (SEPES) en orden a la materialización de la reversión, que sin duda debieron ser complejas por la propia y evidente complejidad de la operativizacion de dicha reversión, con dos procedimientos expropiatorios de diferente signo desarrollados sucesivamente, a lo largo del tiempo, sobre el mismo espacio físico, y estando en juego la eventual pertinencia -o no- de una compensación reiteradamente instada por los reversionistas; siendo así que ni se ha alegado ni hay constancia alguna de que la Administración expropiante tuviera la menor intervención en tales conversaciones;

2º) una vez que tales conversaciones resultaron infructuosas, la Administración expropiante tampoco desarrolló ninguna actuación por su parte, pues lo único que consta en el expediente es que fue SEPES la que de forma unilateral dirigió el requerimiento de ingreso bajo apercibimiento de caducidad, sin intervención alguna de la expropiante;

3º) y luego, la Administración expropiante, al resolver, se limitó a (i) dejar constancia de la dación de cuenta efectuada por SEPES y (ii) declarar consecuentemente la caducidad; sin ningún trámite añadido, y concretamente sin dar por su cuenta audiencia alguna a los reversionistas y recabar su parecer y alegaciones sobre la pertinencia del requerimiento efectuado por SEPES y sobre la derivada caducidad, antes de declararla formalmente.

Nos encontramos aquí, en definitiva, ante un acuerdo de declaración de caducidad del derecho a la reversión que puede considerarse dictado prescindiendo por completo del procedimiento establecido, pues la garantía procedimental esencial a al que ese acto se vincula (el requerimiento de pago o consignación bajo apercibimiento de caducidad) no fue cumplida por quien era el único competente para hacerlo, más aún, la Administración competente para tramitar y declarar esa caducidad no desplegó ningún trámite de audiencia con la parte expropiada y reversionista.

En fin, por cerrar nuestra argumentación sobre este punto, no está de más insistir en que la sentencia supra cit.de esta Sala y Sección de 22 de mayo de 2019 no declaró judicialmente la existencia de la caducidad (como si se tratara de un dato inamovible con efectos de cosa juzgada) sino que tuvo en cuenta la caducidad declarada por la Administración para rechazar la compensación pretendida por los actores, considerando a tal efecto, recordemos, que la compensación era improcedente por haberse declarado ya anteriormente la caducidad del derecho a la reversión mediante resolución administrativa que no constaba suspendida, y que desplegaba sus efectos mientras no fuese anulada judicialmente.

Por consiguiente, la demanda debe prosperar, con la subsiguiente anulación de los actos impugnados.

SÉPTIMO. - No podemos, con todo, detener aquí nuestro examen, pues la consecuencia lógica de cuanto acabamos de apreciar es la retroacción de actuaciones en el procedimiento de su razón, a fin de que sea el propio órgano administrativo competente para resolver (la Delegación del Gobierno en Andalucía) el que proceda a tramitar y decidir por sí mismo el procedimiento para hacer efectivo el pago o consignación del justiprecio (y eventualmente declarar su caducidad si es que se llegaran a dan las condiciones para ello).

Ahora bien, ocurre que los recurrentes discuten también esa competencia de la Delegación del Gobierno, por lo que no podemos eludir pronunciarnos también sobre esta cuestión.

Parecen decir, en primer lugar, los recurrentes, que la competencia legalmente atribuida a los delegados del Gobierno en materia expropiatoria lo es para la resolución de procedimientos expropiatorios, no de reversión; pero semejante argumento carece manifiestamente de fundamento porque el procedimiento de reversión se engarza con toda evidencia en el bloque competencial de la materia expropiatoria.

Situados en esta perspectiva, ocurre que el artículo 54.4 de la Ley de Expropiación Forzosa, en su redacción aplicable, no da pie a entender suprimida o desplazada la competencia general de los Delegados del Gobierno (sucesora de la tradicionalmente atribuida a los Gobernadores Civiles) en materia expropiatoria y específicamente en cuanto concierne a la reversión que aquí nos ocupa. Dicho artículo establece, recordemos, que "La competencia para resolver sobre la reversión corresponderá a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquélla o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos".Pues bien, en este caso nos encontramos ante un bien que se encuentra en el ámbito de la Administración General del Estado, siendo el órgano de dicha Administración competente para la tramitación y resolución del expediente el Delegado del Gobierno correspondiente de acuerdo con la cláusula general del art. 23.7 de la LOFAGE y del art. 67 del reglamento de expropiación forzosa.

No es, por lo demás, irrelevante, en este sentido, dejar constancia de que los actores pretenden ahora discutir la competencia de la Delegación del Gobierno en Andalucía para resolver sobre la declaración de caducidad de la reversión, pero partiendo de la base de que la autoridad competente para acordar tal caducidad es la misma autoridad competente para declarar el derecho a la reversión, resulta que los propios actores, cuando en su día impugnaron judicialmente la denegación presunta de su petición de reversión, imputaron tal denegación presunta a la propia Delegación del Gobierno en Andalucía, sin discutir entonces la competencia de este órgano. Resulta incoherente con sus propios posicionamientos que ahora sostengan una falta de competencia que antes aceptaron pacíficamente.

OCTAVO.-Sostienen también los recurrentes que en este caso no procede hacer ningún requerimiento de ingreso bajo apercibimiento de caducidad con pretendido amparo en el art. 55.3 LEF, porque -dicen- dicho precepto toma como presupuesto que la Administración haya dictado un acto por el que declara el derecho a la reversión y a la vez fije el importe de la indemnización expropiatoria que ha de ser restituida; siendo así que -puntualizan- en este caso tal acto no se ha dictado, porque el derecho a la reversión ha sido declarado judicialmente, por lo que -concluyen- aquel precepto no es de aplicación al caso.

La alegación carece de fundamento. Si una vez declarado por sentencia firme el derecho de reversión, ocurre que las partes interesadas activa y pasivamente en el expediente de reversión no se ponen de acuerdo sobre el importe de la indemnización expropiatoria que ha de restituirse, y esta se fija por el Jurado, siendo así que la decisión del Jurado se impugna en sede jurisdiccional y el Tribunal contencioso-administrativa la confirma mediante sentencia firme, el resultado es que nos hallamos ante un justiprecio definitivamente fijado por sentencia. A partir de ese dato, lo procedente es actuar precisamente conforme el artículo 55.3 establece, procediendo la Administración (no la beneficiaria de modo único y unilateral, como hemos explicado anteriormente) a dictar entonces el pertinente requerimiento de ingreso del justiprecio con apercibimiento de caducidad según lo que que el precepto dispone (lógicamente, si la parte considera que el requerimiento no se adecua a los términos en que se ha fijado el justiprecio confirmado por la sentencia firme, podrá alegar ante la Administración requirente cuanto estime oportuno frente a tal requerimiento).

Por lo demás, precisamente porque el justiprecio fue fijado por el Jurado y esa fijación ha sido confirmada por sentencia firme, no cabe a estas alturas discutir su importe ni su metodología de determinación, sino llevar a efecto y debido cumplimiento sus determinaciones.

NOVENO.- Dedican los actores la parte final de su demanda a exponer unas consideraciones sobre la pertinencia de que a la hora de determinar el quantumde la indemnización expropiatoria a restituir, se compensen unas cantidades que consideran que se les deben, correspondientes a un segundo expediente expropiatorio desarrollado con posterioridad sobre parte de los mismos terrenos objeto de la primera expropiación concernida en la reversión. Ocurre, empero, que la resolución administrativa aquí impugnada se limitó a declarar la caducidad del procedimiento de reversión, sin hacer pronunciamiento alguno sobre tal compensación, y tampoco la documental unida a las actuaciones da pie a formar un juicio sobre la cuestión con plenitud de conocimiento. Es verdad que la resolución desestimatoria de la alzada hace unas breves consideraciones sobre el particular, pero se exponen de manera lacónica y además se formulan a mayor abundamiento(pues parte la resolución de la alzada de que la caducidad declarada es correcta, siendo por ende ocioso llegar más lejos). Así las cosas, no podemos declarar ahora en esta sentencia el derecho a dicha compensación, porque resolver sobre el particular requeriría una documentación y datos de los que carecemos.

DÉCIMO.- En definitiva, a modo de recapitulación de las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia, procede estimar el presente recurso contencioso-administrativo y anular los actos impugnados; ordenando la retroacción de actuaciones en el expediente administrativo de su razón a fin de que la Administración expropiante proceda conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, requiriendo a los expropiados reversionistas el importe de la indemnización expropiatoria que han de restituir conforme a lo determinado en la resolución del Jurado de Expropiación y en la sentencia que confirmó dicha resolución, y con los apercibimientos correspondientes según lo dispuesto en el apartado 3º del mismo artículo 55; continuando luego el procedimiento correspondiente con todas sus garantías hasta su resolución (que deberá dar respuesta congruente a todas las cuestiones que eventualmente se pudieran suscitar en relación con tal requerimiento).

UNDÉCIMO.-Habida cuenta del limitado alcance estimatorio de esta sentencia, y apreciada además complejidad jurídica en las cuestiones suscitadas, no procede hacer una especial imposición de las costas del proceso ( art. 139 LJCA) .