Auto Penal 105/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 111/2025 de 25 de febrero del 2026

PRIMERO.-Las normas legales aplicables al presente expediente de extradición, en virtud de lo establecido en el artículo 13.3 de la Constitución, están contenidas en:

A)El Convenio Europeo de Extradición, suscrito en París el 13-12-1957, que fue ratificado por España a través de Instrumento de fecha 21-4-1982, y suscrito por la República de Moldavia el 2-5-1996, con ratificación el 2-10-1997 y con entrada en vigor el 31-12-1997, así como los Protocolos Adicionales suscritos en Estrasburgo en fechas 15 de octubre de 1975 y 17 de marzo de 1978, ratificados por España el 18 de febrero de 1985 y por la nueva República de Moldavia el 26 -6-1998, con ratificación el 27-6-2001.

B)La Ley española 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, y disposiciones concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-La extradición se solicita para el cumplimiento por el reclamado de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Chisinau el día 22-2-2022, que adquirió calidad de firmeza el mismo día y revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Chisinau, sede de Buiucani, el día 22-5-2020. En la resolución firme dictada, el reclamado Amador fue condenado a la pena de 5 años de prisión por la comisión, el día 18-7-2012, de un delito de secuestro, cometido por dos o más personas y con uso de instrumentos peligrosos, previsto en el artículo 164.2 e) y g) del Código Penal de Moldavia, castigado en pena privativa de libertad de 4 a 10 años.

En el vigente Código Penal español, los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de detención ilegal (artículo 163.1), castigado con pena de 4 a 6 años de prisión.

Se trata, por consiguiente, de hechos considerados como constitutivos de delito por las legislaciones tanto del Estado requirente como del Estado requerido, por lo que se cumple el requisito de la doble incriminación. Asimismo, se cumple el requisito del mínimo punitivo establecido en el artículo 2.1 del Convenio, pues la pena pendiente de ejecución impuesta al reclamado supera ampliamente el mínimo de los cuatro meses de prisión.

El reclamado no ostenta la nacionalidad española, y no concurren ninguno de los supuestos previstos en los artículos 3, 4, 5, 6, 10 y 11 del Convenio para denegar la extradición, puesto que no tienen carácter político ni militar ni fiscal los delitos perpetrados, no está prescrita la pena impuesta, no siendo castigados los delitos con la pena capital y no observándose motivos espurios en la reclamación formulada.

TERCERO.-La solicitud de la extradición ha cumplido todos los requisitos formales legalmente establecidos, habiendo sido remitida directamente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, acompañada de los datos de identificación de la persona reclamada, que permiten establecer sin duda alguna que se trata de la persona a la que se refiere este procedimiento (como el propio reclamado ha admitido), de la decisión ejecutoria de condena, que contiene una exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, con expresión del tiempo y lugar de su perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales que les son aplicables, junto con la copia de los textos legales aplic ados, como establece el artículo 12 del Convenio.

CUARTO.-En el acto de la vista extradicional la defensa del reclamado interesó la denegación de la entrega de su patrocinado, alegando que concurre riesgo real de trato inhumano o degradante, de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución y con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y porque existe pendencia del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos y riesgo de denegación de un juicio justo.

En cuanto a la primera causa de oposición, indica la parte reclamada que la entrega de su patrocinado supondría un riesgo real, concreto y previsible de que fuera sometido a un trato contrario al artículo 3 mencionado, lo que impide su entrega.

Respecto a la pendencia judicial, alega la parte reclamada que frente a la sentencia condenatoria dictada, la defensa moldava del reclamado ha interpuesto recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, según ha documentado, pero aún no hay resolución, pues simplemente se ha admitido a trámite el recurso.

Por lo que solicita la denegación de la extradición o bien, de modo subsidiario, la suspensión del procedimiento hasta que resuelva la cuestión suscitada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, ninguna de ambas alegaciones puede ser acogida, por las razones que a continuación expresamos:

A)Por un lado, acerca del riesgo de conculcación de los derechos humanos del reclamado en caso de que se produzca su entrega a las autoridades moldavas, conviene poner de relieve la inexistencia de acreditación sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega. Hemos de insistir en que ningún medio probatorio directo y contundente, e incluso indirecto, corrobora, en principio, la versión del reclamado sobre la posibilidad de que en su país no sea a un procedimiento ajustado en Derecho o sea sometido a tratos contrarios a los derechos humanos.

Por tanto, hemos de descartar que, en el supuesto de que se accediese a su entrega, pudiera racionalmente provocarse la vulneración del artículo 15 de nuestra Constitución, que proscribe los "tratos inhumanos o degradantes".A este respecto, debemos citar la Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante S.T.C.) nº 181/04, de 2-11-2004, que proclama que "no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado y, además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación con su persona y derechos". Y esto precisamente no es lo que ha efectuado en este procedimiento el reclamado y su dirección procesal.

Sobre la materia analizada, debemos asimismo traer a colación lo que indica la S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, acerca de que resulta exigible "una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial"; dicho específico deber de tutela judicial tiene como presupuesto que las alegaciones del reclamado, el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, si bien es preciso considerar que ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional exigen del reclamado que "acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero ... o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello ... supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado", dadas las dificultades de acceso y aportación de pruebas tienen reclamados procedimientos extradicionales, derivadas de estar fuera del país; se trata, en definitiva, de que no basta la mera alegación por el reclamado y de que no le sea atribuible falta de diligencia; si bien es cierto que en el "modelo continental de extradición" -al que se adscribe el configurado en la Ley de Extradición Pasiva- no cabe el control de la solidez de lo s elementos probatorios que sustentan la acusación o condena penal con base en la cual se solicita la extradición, no puede desconocerse que si el recurrente alega, como uno de los indicios que sustentan su alegación de ser objeto de persecución política, que se le imputa delitos que no ha cometido como medio de conseguir la vuelta a su país, ello implica que no se trata de que el órgano judicial revise la corrección del procedimiento penal ni la solidez de las imputaciones penales contra el recurrente, sino de valorar, con apoyo en lo aportado, si existen indicios de que la solicitud extradicional, sustentada formalmente en la eventual comisión de un delito común, encubre una persecución política.

En cuanto a la posibilidad de acreditar los hechos en que se basa la demanda extradicional, la nombrada S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, sigue declarando que aquella exigencia de "cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado", tiene como fin evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir dicho tribunal español en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la l esión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzc an en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuaci ón de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que "la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado". Como consecuencia de lo anterior, "siempre que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación y que no le sea reprochable una actitud de falta de diligencia en la aportación del material probatorio, los órganos judiciales no podrán, sin más, denegar o desatender la relevancia de tal argumentación sobre la base de que la misma no resulta adecuadamente acreditada, sino que, por el contrario, deberán realizar cuantas actuaciones sean precisas, en función de los derechos fundamentales que puedan encontrarse en juego y demás factores en presencia, para conseguir esclarecer las circunstancias alegadas o, incluso, ante la existencia de elementos, temores o riesgos racionales de que las mismas efectivamente se hayan producido, existan o puedan producirse, sin que aquéllos hayan sido desvirtuados por la información y documentación de la que el órgano judicial dispone, declarar improcedente la entrega del sometido al procedimiento extradicional, evitando así las consecuencias perjudiciales que de una decisión contraria podrían derivarse". Y concluye dicha S.T.C. indicando que "cuando el reclamado sostiene la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de que el órgano judicial pueda o deba denegar la entrega al Estado requirente, y desarrolla al efecto una actividad probatoria mínimamente diligente, de la que pueda extraerse razonablemente la existencia de motivos o indicios para creer que, efectivamente, tales circunstancias pudieron acontecer, el órgano judicial debe desarrollar una actividad encaminada a obtener los datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión que, por lo demás, no podrá fundarse sin más en la inexistencia de una prueba plena y cumplida sobre las apuntadas circunstancias alegadas por el reclamado, sino que tendrá que ponderar y valorar todos los factores y aspectos concurrentes para determinar si, a la vista de los mismos, debe accederse o no a la extradición, teniendo en cuenta los riesgos que siempre la misma comporta".

En idéntica línea de protección frente a la violación de derechos fundamentales, proclaman la S.T.C. nº 181/04, de 2-11-2004, y la S.T.C. nº 49/06, de 13-2-2006, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que prohíbe el sometimiento a tortura o penas o tratos inhumanos y degradantes), ha exigido al Estado que va a obligar a salir a una persona de su territorio que realice un examen riguroso y serio de las quejas de aquél al respecto ( Sentencia de 11 -7-2000, caso Jabari contra Turquía) y que garantice a la persona la disponibilidad de un remedio para hacer cumplir sustancialmente tales derechos reconocidos en el Convenio ( Sentencia de 11-7-2000, caso G.H.H y otros contra Turquía), refiriéndose incluso a que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha de emplear un criterio riguroso en el examen de la existencia de un riesgo real de malos tratos a la persona, pudiendo reclamar de oficio el material o los elementos que considere precisos a tal fin (Sentencia de 15-11-1996, caso Chahal contra el Reino Unido), así como a que el control de la existencia de un riesgo de malos tratos ha de hacerse, no sólo sobre la base de las circunstancias que el Estado en cuestión conocía, sino también de aquellas que debió conocer cuando adoptó su decisión ( Sentencia de 20-3-1991, caso Cruz Varas y otros contra Suecia). Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado (Sentencia de 28-3-2000, caso Mahmut Kaya contra Turquía) que todo Estado debe tomar las medidas adecuadas para salvaguardar las vidas de aquéllos bajo su jurisdicción, así como para que no sean sometidos a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, debiendo adoptar medidas razonables para evitar el riesgo de maltrato que conocieran o debieran conocer, surgiendo la correspondiente obligación positiva del Estado de la circunstancia de que las autoridades sabían o debían saber de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida del individuo; doctrina que, desde luego, debe resultar de aplicación cuando el riesgo provenga de otro Estado.

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, ha tomado también en cuenta las peculiaridades del supuesto cuando se trata de procedimientos que pueden culminar con la obligada salida de un extranjero del territorio de uno de los Est ados contratantes, no exigiendo la prueba cumplida de que la lesión se ha producido o va a producirse, sino acudiendo a otros criterios que tratan, sin duda, de evitar la irreparabilidad de los perjuicios que se ocasionarían para la persona sometida a la decisión si se verificara la entrega y, asimismo, que contemplan las específicas circunstancias que suponen para aquélla una dificultad probatoria, debiendo denegarse la entrega en caso de concurrencia de "riesgo real de malos tratos" (Sentencia de 7-7-1989, caso Soering contra Reino Unido).

Porque, como recuerda la S.T.C. nº 82/06, de 13-3-2006, "la responsabilidad de los órganos judiciales españoles por acción u omisión en los procedimientos de extradición no se limita a las consecuencias de su propia conducta. En la medida en que con dicho procedimiento se concreta un estrecho complejo de actuaciones imbricadas, en el país requirente y en el país requerido, el destino del extraditado en aquél no es ni puede ser indiferente para las autoridades de éste. Por ello, se encuentran obligados a prevenir (esto es, a impedir que se convierta en daño un peligro efectivo) la vulneración de derechos fundamentales, que les vinculan como bases objetivas de nuestro Ordenamiento, incluso si esa vulneración se espera de autoridades extranjeras, atrayéndose la competencia de los Tribunales españoles por el dominio de que disponen sobre la situación personal del extraditado y, por tanto, por los medios con que cuentan para remediar los efectos de las irregularidades denunciadas".

En definitiva, como establece la S.T.C. nº 140/07, de 4-6-2007, en el caso que nos ocupa se impone la entrega del reclamado, al carecerse de elementos para mantener que sea presumible, con cierto grado de seguridad, que puede sufrir vulneraciones relevantes de sus derechos fundamentales, por existir al respecto un temor racional y fundado, ante la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado reclamante correrá el riesgo real de ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes.

La doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional sigue dichas consideraciones. A modo de ejemplo, ofrecemos lo que indica el auto nº 75/25, de fecha 25 -4-2025, dictado en el Recurso de Súplica nº 61/25. Dice así:

"Las deficiencias del sistema penitenciario moldavo y de sus prisiones, con afectación en general a derechos fundamentales, no es motivo para rechazar la extradición en este caso concreto. Es doctrina consolidada por el Pleno de esta Sala de lo Penal que, cuando se alega la existencia de vulneración de Derechos Humanos en las prisiones, se concrete el peligro de vulneración en relación con la persona reclamada y sus circunstancias, siendo insuficientes las alegaciones genéricas, aunque estén validadas informes organismos internacionales. En este caso menciona el recurrente uno del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que transcribe parcialmente pero no explica en qué medida, las situaciones que denuncia pueden afectarle.

En relación con las alegaciones genéricas sobre la vulneración de derechos fundamentales en las prisiones, se pronuncia el Auto Nº 27/25 de 21.02.2025 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso relativo a Moldavia, con cita del Auto del Pleno de 14.04.2023, señalando: " (...) es conocida la doctrina de esta Audiencia Nacional en esta materia, doctrina que se plasma, entre otras muchas resoluciones, en el Auto de fecha 29 de diciembre de 2020 (Sección Primera), que recoge otras resoluciones judiciales similares, en el que se afirma que, para el éxito de este tipo de argumentaciones, es preciso señalar y citar concretamente de qué forma la supuesta violación de derechos humanos puede afectar al reclamado y en qué medida la entrega a dicho país podría vulnerar alguno de sus derechos (Auto de 19 de julio de 2019).

Nada de esto se dice en el recurso, sino que genéricamente se hace mención y se aporta diferentes informes de organismos internacionales, a los que antes hemos hecho mención, pero sin especificar nada respecto al reclamado. Por otro lado, la STC de 13 de febrero de 2006 , cuando habla del procedimiento de extradición en relación con las alegaciones de la persona reclamada, diciendo que han de ser objeto de una cuidadosa verificación, afirmando posteriormente que "...para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgo aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, y además no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos...", doctrina que cita la establecida en las SSTC 148 y 181/2004 .

En definitiva, dichas alegaciones genéricas no constituyen causa legal para impedir la extradición (...)".

Ciñéndonos al concreto caso analizado, debemos destacar que no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega para el cumplimiento de las responsabilidades penales que tiene contraídas.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que no concurren los requisitos para denegar la entrega de Amador, por este primer cauce de oposición, previsto en el artículo 4.6º de la Ley de Extradición Pasiva.

B)Por otro lado, la supuesta existencia de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no implica la suspensión de los efectos de la sentencia firme dictada por los tribunales de Moldavia, a menos que aquel Tribunal se pronuncie sobre la suspensión de efectos de la sentencia condenatoria dictada. No consta en las actuaciones esta resolución suspensiva, que no está prevista en la legislación, como la propia defensa del reclamado admite. Sólo ha acreditado que aquel recurso fue interpuesto el 7-10-2022 y fue admitido a trámite el 13-1-2023, o sea, hace más de tres años. En cambio, a través de la documentación extradicional remitida, está acreditado que la resolución condenatoria del reclamado adquirió calidad de firmeza el 22-2-2022 y a ello debemos atenernos, en evitación de la impunidad de los graves hechos cometidos y de las dilaciones indebidas constitucionalmente proscritas ( artículo 24.1 y 2 de nuestra Constitución).

Por lo que tampoco este segundo motivo de oposición a la extradición puede prosperar.

Ante la inviabilidad de las causas de denegación de la entrega formuladas, hemos de declarar la procedencia de la extradición del reclamado, al no poder ser acogida ninguna de las dos causas de oposición a la entrega del reclamado.

No podemos finalizar este apartado sin hacer alusión a la supuesta nacionalidad rumana que en la vista dijo ostentar el reclamado. Al respecto, podemos significar que, a pesar de que en el acto de su detención se identificó como rumano, lo que hubiera dado lugar a la aplicación de la denominada "Doctrina Petruhhim" (STJUE-Gran Sala, de 6-9-2016; es decir, solicitar de las autoridades rumanas si desean enjuiciar al reclamado por ser supuestamente nacional rumano), sin embargo, en la documentación extradicional reiteradamente hace referencia a nacionalidad moldava que posee el reclamado. Así figura de manera clara y contundente en el encabezamiento de la sentencia condenatoria que ha servido de título extradicional, y a ella debemos acogernos, en evitación de innecesarias dilaciones en un procedimiento con preso preventivo.

QUINTO.-En consecuencia, ha de declararse la procedencia de la extradición de su nacional interesada por las autoridades moldavas.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Las normas legales aplicables al presente expediente de extradición, en virtud de lo establecido en el artículo 13.3 de la Constitución, están contenidas en:

A)El Convenio Europeo de Extradición, suscrito en París el 13-12-1957, que fue ratificado por España a través de Instrumento de fecha 21-4-1982, y suscrito por la República de Moldavia el 2-5-1996, con ratificación el 2-10-1997 y con entrada en vigor el 31-12-1997, así como los Protocolos Adicionales suscritos en Estrasburgo en fechas 15 de octubre de 1975 y 17 de marzo de 1978, ratificados por España el 18 de febrero de 1985 y por la nueva República de Moldavia el 26 -6-1998, con ratificación el 27-6-2001.

B)La Ley española 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, y disposiciones concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-La extradición se solicita para el cumplimiento por el reclamado de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Chisinau el día 22-2-2022, que adquirió calidad de firmeza el mismo día y revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Chisinau, sede de Buiucani, el día 22-5-2020. En la resolución firme dictada, el reclamado Amador fue condenado a la pena de 5 años de prisión por la comisión, el día 18-7-2012, de un delito de secuestro, cometido por dos o más personas y con uso de instrumentos peligrosos, previsto en el artículo 164.2 e) y g) del Código Penal de Moldavia, castigado en pena privativa de libertad de 4 a 10 años.

En el vigente Código Penal español, los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de detención ilegal (artículo 163.1), castigado con pena de 4 a 6 años de prisión.

Se trata, por consiguiente, de hechos considerados como constitutivos de delito por las legislaciones tanto del Estado requirente como del Estado requerido, por lo que se cumple el requisito de la doble incriminación. Asimismo, se cumple el requisito del mínimo punitivo establecido en el artículo 2.1 del Convenio, pues la pena pendiente de ejecución impuesta al reclamado supera ampliamente el mínimo de los cuatro meses de prisión.

El reclamado no ostenta la nacionalidad española, y no concurren ninguno de los supuestos previstos en los artículos 3, 4, 5, 6, 10 y 11 del Convenio para denegar la extradición, puesto que no tienen carácter político ni militar ni fiscal los delitos perpetrados, no está prescrita la pena impuesta, no siendo castigados los delitos con la pena capital y no observándose motivos espurios en la reclamación formulada.

TERCERO.-La solicitud de la extradición ha cumplido todos los requisitos formales legalmente establecidos, habiendo sido remitida directamente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, acompañada de los datos de identificación de la persona reclamada, que permiten establecer sin duda alguna que se trata de la persona a la que se refiere este procedimiento (como el propio reclamado ha admitido), de la decisión ejecutoria de condena, que contiene una exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, con expresión del tiempo y lugar de su perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales que les son aplicables, junto con la copia de los textos legales aplic ados, como establece el artículo 12 del Convenio.

CUARTO.-En el acto de la vista extradicional la defensa del reclamado interesó la denegación de la entrega de su patrocinado, alegando que concurre riesgo real de trato inhumano o degradante, de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución y con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y porque existe pendencia del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos y riesgo de denegación de un juicio justo.

En cuanto a la primera causa de oposición, indica la parte reclamada que la entrega de su patrocinado supondría un riesgo real, concreto y previsible de que fuera sometido a un trato contrario al artículo 3 mencionado, lo que impide su entrega.

Respecto a la pendencia judicial, alega la parte reclamada que frente a la sentencia condenatoria dictada, la defensa moldava del reclamado ha interpuesto recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, según ha documentado, pero aún no hay resolución, pues simplemente se ha admitido a trámite el recurso.

Por lo que solicita la denegación de la extradición o bien, de modo subsidiario, la suspensión del procedimiento hasta que resuelva la cuestión suscitada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, ninguna de ambas alegaciones puede ser acogida, por las razones que a continuación expresamos:

A)Por un lado, acerca del riesgo de conculcación de los derechos humanos del reclamado en caso de que se produzca su entrega a las autoridades moldavas, conviene poner de relieve la inexistencia de acreditación sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega. Hemos de insistir en que ningún medio probatorio directo y contundente, e incluso indirecto, corrobora, en principio, la versión del reclamado sobre la posibilidad de que en su país no sea a un procedimiento ajustado en Derecho o sea sometido a tratos contrarios a los derechos humanos.

Por tanto, hemos de descartar que, en el supuesto de que se accediese a su entrega, pudiera racionalmente provocarse la vulneración del artículo 15 de nuestra Constitución, que proscribe los "tratos inhumanos o degradantes".A este respecto, debemos citar la Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante S.T.C.) nº 181/04, de 2-11-2004, que proclama que "no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado y, además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación con su persona y derechos". Y esto precisamente no es lo que ha efectuado en este procedimiento el reclamado y su dirección procesal.

Sobre la materia analizada, debemos asimismo traer a colación lo que indica la S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, acerca de que resulta exigible "una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial"; dicho específico deber de tutela judicial tiene como presupuesto que las alegaciones del reclamado, el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, si bien es preciso considerar que ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional exigen del reclamado que "acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero ... o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello ... supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado", dadas las dificultades de acceso y aportación de pruebas tienen reclamados procedimientos extradicionales, derivadas de estar fuera del país; se trata, en definitiva, de que no basta la mera alegación por el reclamado y de que no le sea atribuible falta de diligencia; si bien es cierto que en el "modelo continental de extradición" -al que se adscribe el configurado en la Ley de Extradición Pasiva- no cabe el control de la solidez de lo s elementos probatorios que sustentan la acusación o condena penal con base en la cual se solicita la extradición, no puede desconocerse que si el recurrente alega, como uno de los indicios que sustentan su alegación de ser objeto de persecución política, que se le imputa delitos que no ha cometido como medio de conseguir la vuelta a su país, ello implica que no se trata de que el órgano judicial revise la corrección del procedimiento penal ni la solidez de las imputaciones penales contra el recurrente, sino de valorar, con apoyo en lo aportado, si existen indicios de que la solicitud extradicional, sustentada formalmente en la eventual comisión de un delito común, encubre una persecución política.

En cuanto a la posibilidad de acreditar los hechos en que se basa la demanda extradicional, la nombrada S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, sigue declarando que aquella exigencia de "cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado", tiene como fin evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir dicho tribunal español en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la l esión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzc an en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuaci ón de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que "la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado". Como consecuencia de lo anterior, "siempre que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación y que no le sea reprochable una actitud de falta de diligencia en la aportación del material probatorio, los órganos judiciales no podrán, sin más, denegar o desatender la relevancia de tal argumentación sobre la base de que la misma no resulta adecuadamente acreditada, sino que, por el contrario, deberán realizar cuantas actuaciones sean precisas, en función de los derechos fundamentales que puedan encontrarse en juego y demás factores en presencia, para conseguir esclarecer las circunstancias alegadas o, incluso, ante la existencia de elementos, temores o riesgos racionales de que las mismas efectivamente se hayan producido, existan o puedan producirse, sin que aquéllos hayan sido desvirtuados por la información y documentación de la que el órgano judicial dispone, declarar improcedente la entrega del sometido al procedimiento extradicional, evitando así las consecuencias perjudiciales que de una decisión contraria podrían derivarse". Y concluye dicha S.T.C. indicando que "cuando el reclamado sostiene la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de que el órgano judicial pueda o deba denegar la entrega al Estado requirente, y desarrolla al efecto una actividad probatoria mínimamente diligente, de la que pueda extraerse razonablemente la existencia de motivos o indicios para creer que, efectivamente, tales circunstancias pudieron acontecer, el órgano judicial debe desarrollar una actividad encaminada a obtener los datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión que, por lo demás, no podrá fundarse sin más en la inexistencia de una prueba plena y cumplida sobre las apuntadas circunstancias alegadas por el reclamado, sino que tendrá que ponderar y valorar todos los factores y aspectos concurrentes para determinar si, a la vista de los mismos, debe accederse o no a la extradición, teniendo en cuenta los riesgos que siempre la misma comporta".

En idéntica línea de protección frente a la violación de derechos fundamentales, proclaman la S.T.C. nº 181/04, de 2-11-2004, y la S.T.C. nº 49/06, de 13-2-2006, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que prohíbe el sometimiento a tortura o penas o tratos inhumanos y degradantes), ha exigido al Estado que va a obligar a salir a una persona de su territorio que realice un examen riguroso y serio de las quejas de aquél al respecto ( Sentencia de 11 -7-2000, caso Jabari contra Turquía) y que garantice a la persona la disponibilidad de un remedio para hacer cumplir sustancialmente tales derechos reconocidos en el Convenio ( Sentencia de 11-7-2000, caso G.H.H y otros contra Turquía), refiriéndose incluso a que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha de emplear un criterio riguroso en el examen de la existencia de un riesgo real de malos tratos a la persona, pudiendo reclamar de oficio el material o los elementos que considere precisos a tal fin (Sentencia de 15-11-1996, caso Chahal contra el Reino Unido), así como a que el control de la existencia de un riesgo de malos tratos ha de hacerse, no sólo sobre la base de las circunstancias que el Estado en cuestión conocía, sino también de aquellas que debió conocer cuando adoptó su decisión ( Sentencia de 20-3-1991, caso Cruz Varas y otros contra Suecia). Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado (Sentencia de 28-3-2000, caso Mahmut Kaya contra Turquía) que todo Estado debe tomar las medidas adecuadas para salvaguardar las vidas de aquéllos bajo su jurisdicción, así como para que no sean sometidos a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, debiendo adoptar medidas razonables para evitar el riesgo de maltrato que conocieran o debieran conocer, surgiendo la correspondiente obligación positiva del Estado de la circunstancia de que las autoridades sabían o debían saber de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida del individuo; doctrina que, desde luego, debe resultar de aplicación cuando el riesgo provenga de otro Estado.

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, ha tomado también en cuenta las peculiaridades del supuesto cuando se trata de procedimientos que pueden culminar con la obligada salida de un extranjero del territorio de uno de los Est ados contratantes, no exigiendo la prueba cumplida de que la lesión se ha producido o va a producirse, sino acudiendo a otros criterios que tratan, sin duda, de evitar la irreparabilidad de los perjuicios que se ocasionarían para la persona sometida a la decisión si se verificara la entrega y, asimismo, que contemplan las específicas circunstancias que suponen para aquélla una dificultad probatoria, debiendo denegarse la entrega en caso de concurrencia de "riesgo real de malos tratos" (Sentencia de 7-7-1989, caso Soering contra Reino Unido).

Porque, como recuerda la S.T.C. nº 82/06, de 13-3-2006, "la responsabilidad de los órganos judiciales españoles por acción u omisión en los procedimientos de extradición no se limita a las consecuencias de su propia conducta. En la medida en que con dicho procedimiento se concreta un estrecho complejo de actuaciones imbricadas, en el país requirente y en el país requerido, el destino del extraditado en aquél no es ni puede ser indiferente para las autoridades de éste. Por ello, se encuentran obligados a prevenir (esto es, a impedir que se convierta en daño un peligro efectivo) la vulneración de derechos fundamentales, que les vinculan como bases objetivas de nuestro Ordenamiento, incluso si esa vulneración se espera de autoridades extranjeras, atrayéndose la competencia de los Tribunales españoles por el dominio de que disponen sobre la situación personal del extraditado y, por tanto, por los medios con que cuentan para remediar los efectos de las irregularidades denunciadas".

En definitiva, como establece la S.T.C. nº 140/07, de 4-6-2007, en el caso que nos ocupa se impone la entrega del reclamado, al carecerse de elementos para mantener que sea presumible, con cierto grado de seguridad, que puede sufrir vulneraciones relevantes de sus derechos fundamentales, por existir al respecto un temor racional y fundado, ante la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado reclamante correrá el riesgo real de ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes.

La doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional sigue dichas consideraciones. A modo de ejemplo, ofrecemos lo que indica el auto nº 75/25, de fecha 25 -4-2025, dictado en el Recurso de Súplica nº 61/25. Dice así:

"Las deficiencias del sistema penitenciario moldavo y de sus prisiones, con afectación en general a derechos fundamentales, no es motivo para rechazar la extradición en este caso concreto. Es doctrina consolidada por el Pleno de esta Sala de lo Penal que, cuando se alega la existencia de vulneración de Derechos Humanos en las prisiones, se concrete el peligro de vulneración en relación con la persona reclamada y sus circunstancias, siendo insuficientes las alegaciones genéricas, aunque estén validadas informes organismos internacionales. En este caso menciona el recurrente uno del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que transcribe parcialmente pero no explica en qué medida, las situaciones que denuncia pueden afectarle.

En relación con las alegaciones genéricas sobre la vulneración de derechos fundamentales en las prisiones, se pronuncia el Auto Nº 27/25 de 21.02.2025 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso relativo a Moldavia, con cita del Auto del Pleno de 14.04.2023, señalando: " (...) es conocida la doctrina de esta Audiencia Nacional en esta materia, doctrina que se plasma, entre otras muchas resoluciones, en el Auto de fecha 29 de diciembre de 2020 (Sección Primera), que recoge otras resoluciones judiciales similares, en el que se afirma que, para el éxito de este tipo de argumentaciones, es preciso señalar y citar concretamente de qué forma la supuesta violación de derechos humanos puede afectar al reclamado y en qué medida la entrega a dicho país podría vulnerar alguno de sus derechos (Auto de 19 de julio de 2019).

Nada de esto se dice en el recurso, sino que genéricamente se hace mención y se aporta diferentes informes de organismos internacionales, a los que antes hemos hecho mención, pero sin especificar nada respecto al reclamado. Por otro lado, la STC de 13 de febrero de 2006 , cuando habla del procedimiento de extradición en relación con las alegaciones de la persona reclamada, diciendo que han de ser objeto de una cuidadosa verificación, afirmando posteriormente que "...para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgo aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, y además no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos...", doctrina que cita la establecida en las SSTC 148 y 181/2004 .

En definitiva, dichas alegaciones genéricas no constituyen causa legal para impedir la extradición (...)".

Ciñéndonos al concreto caso analizado, debemos destacar que no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega para el cumplimiento de las responsabilidades penales que tiene contraídas.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que no concurren los requisitos para denegar la entrega de Amador, por este primer cauce de oposición, previsto en el artículo 4.6º de la Ley de Extradición Pasiva.

B)Por otro lado, la supuesta existencia de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no implica la suspensión de los efectos de la sentencia firme dictada por los tribunales de Moldavia, a menos que aquel Tribunal se pronuncie sobre la suspensión de efectos de la sentencia condenatoria dictada. No consta en las actuaciones esta resolución suspensiva, que no está prevista en la legislación, como la propia defensa del reclamado admite. Sólo ha acreditado que aquel recurso fue interpuesto el 7-10-2022 y fue admitido a trámite el 13-1-2023, o sea, hace más de tres años. En cambio, a través de la documentación extradicional remitida, está acreditado que la resolución condenatoria del reclamado adquirió calidad de firmeza el 22-2-2022 y a ello debemos atenernos, en evitación de la impunidad de los graves hechos cometidos y de las dilaciones indebidas constitucionalmente proscritas ( artículo 24.1 y 2 de nuestra Constitución).

Por lo que tampoco este segundo motivo de oposición a la extradición puede prosperar.

Ante la inviabilidad de las causas de denegación de la entrega formuladas, hemos de declarar la procedencia de la extradición del reclamado, al no poder ser acogida ninguna de las dos causas de oposición a la entrega del reclamado.

No podemos finalizar este apartado sin hacer alusión a la supuesta nacionalidad rumana que en la vista dijo ostentar el reclamado. Al respecto, podemos significar que, a pesar de que en el acto de su detención se identificó como rumano, lo que hubiera dado lugar a la aplicación de la denominada "Doctrina Petruhhim" (STJUE-Gran Sala, de 6-9-2016; es decir, solicitar de las autoridades rumanas si desean enjuiciar al reclamado por ser supuestamente nacional rumano), sin embargo, en la documentación extradicional reiteradamente hace referencia a nacionalidad moldava que posee el reclamado. Así figura de manera clara y contundente en el encabezamiento de la sentencia condenatoria que ha servido de título extradicional, y a ella debemos acogernos, en evitación de innecesarias dilaciones en un procedimiento con preso preventivo.

QUINTO.-En consecuencia, ha de declararse la procedencia de la extradición de su nacional interesada por las autoridades moldavas.

En atención a lo expuesto,

PRIMERO.-Las normas legales aplicables al presente expediente de extradición, en virtud de lo establecido en el artículo 13.3 de la Constitución, están contenidas en:

A)El Convenio Europeo de Extradición, suscrito en París el 13-12-1957, que fue ratificado por España a través de Instrumento de fecha 21-4-1982, y suscrito por la República de Moldavia el 2-5-1996, con ratificación el 2-10-1997 y con entrada en vigor el 31-12-1997, así como los Protocolos Adicionales suscritos en Estrasburgo en fechas 15 de octubre de 1975 y 17 de marzo de 1978, ratificados por España el 18 de febrero de 1985 y por la nueva República de Moldavia el 26 -6-1998, con ratificación el 27-6-2001.

B)La Ley española 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, y disposiciones concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEGUNDO.-La extradición se solicita para el cumplimiento por el reclamado de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Chisinau el día 22-2-2022, que adquirió calidad de firmeza el mismo día y revocó la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Chisinau, sede de Buiucani, el día 22-5-2020. En la resolución firme dictada, el reclamado Amador fue condenado a la pena de 5 años de prisión por la comisión, el día 18-7-2012, de un delito de secuestro, cometido por dos o más personas y con uso de instrumentos peligrosos, previsto en el artículo 164.2 e) y g) del Código Penal de Moldavia, castigado en pena privativa de libertad de 4 a 10 años.

En el vigente Código Penal español, los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito de detención ilegal (artículo 163.1), castigado con pena de 4 a 6 años de prisión.

Se trata, por consiguiente, de hechos considerados como constitutivos de delito por las legislaciones tanto del Estado requirente como del Estado requerido, por lo que se cumple el requisito de la doble incriminación. Asimismo, se cumple el requisito del mínimo punitivo establecido en el artículo 2.1 del Convenio, pues la pena pendiente de ejecución impuesta al reclamado supera ampliamente el mínimo de los cuatro meses de prisión.

El reclamado no ostenta la nacionalidad española, y no concurren ninguno de los supuestos previstos en los artículos 3, 4, 5, 6, 10 y 11 del Convenio para denegar la extradición, puesto que no tienen carácter político ni militar ni fiscal los delitos perpetrados, no está prescrita la pena impuesta, no siendo castigados los delitos con la pena capital y no observándose motivos espurios en la reclamación formulada.

TERCERO.-La solicitud de la extradición ha cumplido todos los requisitos formales legalmente establecidos, habiendo sido remitida directamente al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, acompañada de los datos de identificación de la persona reclamada, que permiten establecer sin duda alguna que se trata de la persona a la que se refiere este procedimiento (como el propio reclamado ha admitido), de la decisión ejecutoria de condena, que contiene una exposición de los hechos por los cuales se solicita la extradición, con expresión del tiempo y lugar de su perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales que les son aplicables, junto con la copia de los textos legales aplic ados, como establece el artículo 12 del Convenio.

CUARTO.-En el acto de la vista extradicional la defensa del reclamado interesó la denegación de la entrega de su patrocinado, alegando que concurre riesgo real de trato inhumano o degradante, de conformidad con el artículo 15 de nuestra Constitución y con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y porque existe pendencia del procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos y riesgo de denegación de un juicio justo.

En cuanto a la primera causa de oposición, indica la parte reclamada que la entrega de su patrocinado supondría un riesgo real, concreto y previsible de que fuera sometido a un trato contrario al artículo 3 mencionado, lo que impide su entrega.

Respecto a la pendencia judicial, alega la parte reclamada que frente a la sentencia condenatoria dictada, la defensa moldava del reclamado ha interpuesto recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos, según ha documentado, pero aún no hay resolución, pues simplemente se ha admitido a trámite el recurso.

Por lo que solicita la denegación de la extradición o bien, de modo subsidiario, la suspensión del procedimiento hasta que resuelva la cuestión suscitada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, ninguna de ambas alegaciones puede ser acogida, por las razones que a continuación expresamos:

A)Por un lado, acerca del riesgo de conculcación de los derechos humanos del reclamado en caso de que se produzca su entrega a las autoridades moldavas, conviene poner de relieve la inexistencia de acreditación sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega. Hemos de insistir en que ningún medio probatorio directo y contundente, e incluso indirecto, corrobora, en principio, la versión del reclamado sobre la posibilidad de que en su país no sea a un procedimiento ajustado en Derecho o sea sometido a tratos contrarios a los derechos humanos.

Por tanto, hemos de descartar que, en el supuesto de que se accediese a su entrega, pudiera racionalmente provocarse la vulneración del artículo 15 de nuestra Constitución, que proscribe los "tratos inhumanos o degradantes".A este respecto, debemos citar la Sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante S.T.C.) nº 181/04, de 2-11-2004, que proclama que "no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado y, además, no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación con su persona y derechos". Y esto precisamente no es lo que ha efectuado en este procedimiento el reclamado y su dirección procesal.

Sobre la materia analizada, debemos asimismo traer a colación lo que indica la S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, acerca de que resulta exigible "una cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial"; dicho específico deber de tutela judicial tiene como presupuesto que las alegaciones del reclamado, el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, si bien es preciso considerar que ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni el Tribunal Constitucional exigen del reclamado que "acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero ... o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello ... supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado", dadas las dificultades de acceso y aportación de pruebas tienen reclamados procedimientos extradicionales, derivadas de estar fuera del país; se trata, en definitiva, de que no basta la mera alegación por el reclamado y de que no le sea atribuible falta de diligencia; si bien es cierto que en el "modelo continental de extradición" -al que se adscribe el configurado en la Ley de Extradición Pasiva- no cabe el control de la solidez de lo s elementos probatorios que sustentan la acusación o condena penal con base en la cual se solicita la extradición, no puede desconocerse que si el recurrente alega, como uno de los indicios que sustentan su alegación de ser objeto de persecución política, que se le imputa delitos que no ha cometido como medio de conseguir la vuelta a su país, ello implica que no se trata de que el órgano judicial revise la corrección del procedimiento penal ni la solidez de las imputaciones penales contra el recurrente, sino de valorar, con apoyo en lo aportado, si existen indicios de que la solicitud extradicional, sustentada formalmente en la eventual comisión de un delito común, encubre una persecución política.

En cuanto a la posibilidad de acreditar los hechos en que se basa la demanda extradicional, la nombrada S.T.C. nº 32/03, de 5-3-2003, sigue declarando que aquella exigencia de "cuidadosa labor de verificación por el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado", tiene como fin evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir dicho tribunal español en autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera contribuido a que la l esión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera restablecida, o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perjudiciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de que tales lesiones se produzc an en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actuaci ón de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen, de modo que "la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulneración de los derechos del reclamado". Como consecuencia de lo anterior, "siempre que el reclamado haya aportado determinados y concretos elementos que sirvan de apoyo razonable a su argumentación y que no le sea reprochable una actitud de falta de diligencia en la aportación del material probatorio, los órganos judiciales no podrán, sin más, denegar o desatender la relevancia de tal argumentación sobre la base de que la misma no resulta adecuadamente acreditada, sino que, por el contrario, deberán realizar cuantas actuaciones sean precisas, en función de los derechos fundamentales que puedan encontrarse en juego y demás factores en presencia, para conseguir esclarecer las circunstancias alegadas o, incluso, ante la existencia de elementos, temores o riesgos racionales de que las mismas efectivamente se hayan producido, existan o puedan producirse, sin que aquéllos hayan sido desvirtuados por la información y documentación de la que el órgano judicial dispone, declarar improcedente la entrega del sometido al procedimiento extradicional, evitando así las consecuencias perjudiciales que de una decisión contraria podrían derivarse". Y concluye dicha S.T.C. indicando que "cuando el reclamado sostiene la concurrencia de alguna de las circunstancias determinantes de que el órgano judicial pueda o deba denegar la entrega al Estado requirente, y desarrolla al efecto una actividad probatoria mínimamente diligente, de la que pueda extraerse razonablemente la existencia de motivos o indicios para creer que, efectivamente, tales circunstancias pudieron acontecer, el órgano judicial debe desarrollar una actividad encaminada a obtener los datos precisos para adoptar adecuadamente su decisión que, por lo demás, no podrá fundarse sin más en la inexistencia de una prueba plena y cumplida sobre las apuntadas circunstancias alegadas por el reclamado, sino que tendrá que ponderar y valorar todos los factores y aspectos concurrentes para determinar si, a la vista de los mismos, debe accederse o no a la extradición, teniendo en cuenta los riesgos que siempre la misma comporta".

En idéntica línea de protección frente a la violación de derechos fundamentales, proclaman la S.T.C. nº 181/04, de 2-11-2004, y la S.T.C. nº 49/06, de 13-2-2006, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el marco del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (que prohíbe el sometimiento a tortura o penas o tratos inhumanos y degradantes), ha exigido al Estado que va a obligar a salir a una persona de su territorio que realice un examen riguroso y serio de las quejas de aquél al respecto ( Sentencia de 11 -7-2000, caso Jabari contra Turquía) y que garantice a la persona la disponibilidad de un remedio para hacer cumplir sustancialmente tales derechos reconocidos en el Convenio ( Sentencia de 11-7-2000, caso G.H.H y otros contra Turquía), refiriéndose incluso a que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha de emplear un criterio riguroso en el examen de la existencia de un riesgo real de malos tratos a la persona, pudiendo reclamar de oficio el material o los elementos que considere precisos a tal fin (Sentencia de 15-11-1996, caso Chahal contra el Reino Unido), así como a que el control de la existencia de un riesgo de malos tratos ha de hacerse, no sólo sobre la base de las circunstancias que el Estado en cuestión conocía, sino también de aquellas que debió conocer cuando adoptó su decisión ( Sentencia de 20-3-1991, caso Cruz Varas y otros contra Suecia). Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado (Sentencia de 28-3-2000, caso Mahmut Kaya contra Turquía) que todo Estado debe tomar las medidas adecuadas para salvaguardar las vidas de aquéllos bajo su jurisdicción, así como para que no sean sometidos a torturas ni a tratos inhumanos o degradantes, debiendo adoptar medidas razonables para evitar el riesgo de maltrato que conocieran o debieran conocer, surgiendo la correspondiente obligación positiva del Estado de la circunstancia de que las autoridades sabían o debían saber de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida del individuo; doctrina que, desde luego, debe resultar de aplicación cuando el riesgo provenga de otro Estado.

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, ha tomado también en cuenta las peculiaridades del supuesto cuando se trata de procedimientos que pueden culminar con la obligada salida de un extranjero del territorio de uno de los Est ados contratantes, no exigiendo la prueba cumplida de que la lesión se ha producido o va a producirse, sino acudiendo a otros criterios que tratan, sin duda, de evitar la irreparabilidad de los perjuicios que se ocasionarían para la persona sometida a la decisión si se verificara la entrega y, asimismo, que contemplan las específicas circunstancias que suponen para aquélla una dificultad probatoria, debiendo denegarse la entrega en caso de concurrencia de "riesgo real de malos tratos" (Sentencia de 7-7-1989, caso Soering contra Reino Unido).

Porque, como recuerda la S.T.C. nº 82/06, de 13-3-2006, "la responsabilidad de los órganos judiciales españoles por acción u omisión en los procedimientos de extradición no se limita a las consecuencias de su propia conducta. En la medida en que con dicho procedimiento se concreta un estrecho complejo de actuaciones imbricadas, en el país requirente y en el país requerido, el destino del extraditado en aquél no es ni puede ser indiferente para las autoridades de éste. Por ello, se encuentran obligados a prevenir (esto es, a impedir que se convierta en daño un peligro efectivo) la vulneración de derechos fundamentales, que les vinculan como bases objetivas de nuestro Ordenamiento, incluso si esa vulneración se espera de autoridades extranjeras, atrayéndose la competencia de los Tribunales españoles por el dominio de que disponen sobre la situación personal del extraditado y, por tanto, por los medios con que cuentan para remediar los efectos de las irregularidades denunciadas".

En definitiva, como establece la S.T.C. nº 140/07, de 4-6-2007, en el caso que nos ocupa se impone la entrega del reclamado, al carecerse de elementos para mantener que sea presumible, con cierto grado de seguridad, que puede sufrir vulneraciones relevantes de sus derechos fundamentales, por existir al respecto un temor racional y fundado, ante la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado reclamante correrá el riesgo real de ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes.

La doctrina del Pleno de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional sigue dichas consideraciones. A modo de ejemplo, ofrecemos lo que indica el auto nº 75/25, de fecha 25 -4-2025, dictado en el Recurso de Súplica nº 61/25. Dice así:

"Las deficiencias del sistema penitenciario moldavo y de sus prisiones, con afectación en general a derechos fundamentales, no es motivo para rechazar la extradición en este caso concreto. Es doctrina consolidada por el Pleno de esta Sala de lo Penal que, cuando se alega la existencia de vulneración de Derechos Humanos en las prisiones, se concrete el peligro de vulneración en relación con la persona reclamada y sus circunstancias, siendo insuficientes las alegaciones genéricas, aunque estén validadas informes organismos internacionales. En este caso menciona el recurrente uno del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que transcribe parcialmente pero no explica en qué medida, las situaciones que denuncia pueden afectarle.

En relación con las alegaciones genéricas sobre la vulneración de derechos fundamentales en las prisiones, se pronuncia el Auto Nº 27/25 de 21.02.2025 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un caso relativo a Moldavia, con cita del Auto del Pleno de 14.04.2023, señalando: " (...) es conocida la doctrina de esta Audiencia Nacional en esta materia, doctrina que se plasma, entre otras muchas resoluciones, en el Auto de fecha 29 de diciembre de 2020 (Sección Primera), que recoge otras resoluciones judiciales similares, en el que se afirma que, para el éxito de este tipo de argumentaciones, es preciso señalar y citar concretamente de qué forma la supuesta violación de derechos humanos puede afectar al reclamado y en qué medida la entrega a dicho país podría vulnerar alguno de sus derechos (Auto de 19 de julio de 2019).

Nada de esto se dice en el recurso, sino que genéricamente se hace mención y se aporta diferentes informes de organismos internacionales, a los que antes hemos hecho mención, pero sin especificar nada respecto al reclamado. Por otro lado, la STC de 13 de febrero de 2006 , cuando habla del procedimiento de extradición en relación con las alegaciones de la persona reclamada, diciendo que han de ser objeto de una cuidadosa verificación, afirmando posteriormente que "...para activar este específico deber de tutela que corresponde a los órganos judiciales competentes en materia de extradición, no basta con alegar la existencia de un riesgo, sino que es preciso que el temor o riesgo aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado, y además no bastan alusiones o alegaciones genéricas sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos...", doctrina que cita la establecida en las SSTC 148 y 181/2004 .

En definitiva, dichas alegaciones genéricas no constituyen causa legal para impedir la extradición (...)".

Ciñéndonos al concreto caso analizado, debemos destacar que no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, sobre la concreta y real exposición del reclamado a tratos inhumanos o degradantes en el supuesto de que se accediese a su entrega para el cumplimiento de las responsabilidades penales que tiene contraídas.

En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que no concurren los requisitos para denegar la entrega de Amador, por este primer cauce de oposición, previsto en el artículo 4.6º de la Ley de Extradición Pasiva.

B)Por otro lado, la supuesta existencia de un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no implica la suspensión de los efectos de la sentencia firme dictada por los tribunales de Moldavia, a menos que aquel Tribunal se pronuncie sobre la suspensión de efectos de la sentencia condenatoria dictada. No consta en las actuaciones esta resolución suspensiva, que no está prevista en la legislación, como la propia defensa del reclamado admite. Sólo ha acreditado que aquel recurso fue interpuesto el 7-10-2022 y fue admitido a trámite el 13-1-2023, o sea, hace más de tres años. En cambio, a través de la documentación extradicional remitida, está acreditado que la resolución condenatoria del reclamado adquirió calidad de firmeza el 22-2-2022 y a ello debemos atenernos, en evitación de la impunidad de los graves hechos cometidos y de las dilaciones indebidas constitucionalmente proscritas ( artículo 24.1 y 2 de nuestra Constitución).

Por lo que tampoco este segundo motivo de oposición a la extradición puede prosperar.

Ante la inviabilidad de las causas de denegación de la entrega formuladas, hemos de declarar la procedencia de la extradición del reclamado, al no poder ser acogida ninguna de las dos causas de oposición a la entrega del reclamado.

No podemos finalizar este apartado sin hacer alusión a la supuesta nacionalidad rumana que en la vista dijo ostentar el reclamado. Al respecto, podemos significar que, a pesar de que en el acto de su detención se identificó como rumano, lo que hubiera dado lugar a la aplicación de la denominada "Doctrina Petruhhim" (STJUE-Gran Sala, de 6-9-2016; es decir, solicitar de las autoridades rumanas si desean enjuiciar al reclamado por ser supuestamente nacional rumano), sin embargo, en la documentación extradicional reiteradamente hace referencia a nacionalidad moldava que posee el reclamado. Así figura de manera clara y contundente en el encabezamiento de la sentencia condenatoria que ha servido de título extradicional, y a ella debemos acogernos, en evitación de innecesarias dilaciones en un procedimiento con preso preventivo.

QUINTO.-En consecuencia, ha de declararse la procedencia de la extradición de su nacional interesada por las autoridades moldavas.

En atención a lo expuesto,