Sentencia Contencioso-Administrativo 37/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 43/2024 de 23 de enero del 2025

PRIMERO. -Don Millán interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada en fecha de 17 de noviembre de 2023 por el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, mediante la que se acordó:

"Inadmitir por falta de competencia la reclamación formulada por D. Millán en demanda de responsabilidad patrimonial por la presunta suplantación de identidad, según su criterio, en el uso de su tarjeta sanitaria por un sujeto ajeno a la Administración, en el Hospital Universitario 12 de Octubre, donde se le prestó la asistencia sanitaria".

Se está en el caso de que, en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada en fecha de 6 de noviembre de 2023, don Millán alegaba los siguientes hechos:

En el año 2013 y 2014 puso en conocimiento del Servicio de Atención al Paciente del Hospital12 de Octubre la existencia en su historia clínica de asistencias y diagnósticos que no correspondían a su estado de salud, solicitando que se borraran.

Por ese motivo, en fecha 20 de diciembre de 2013, también formuló una denuncia ante la Dirección General de la Policía, con número de atestado NUM000, manifestando que ese mismo día había acudido al Centro de Salud Comillas, y que en el informe clínico de asistencia se recogía que era portador del virus VIH y otras patologías que el interesado no padecía. Tras acudir nuevamente al Centro de Salud para que se rectificaran los datos erróneos, se le contestó que no se podían cambiar porque la información procedía del Hospital12 de Octubre.

Personado en el hospital, el Departamento de Atención al Paciente le comunicó que habían atendido a una persona que acudió con la tarjeta sanitaria de don Millán, la cual presentaba esas patologías, y que incluso fue intervenido quirúrgicamente de un tumor. El aquí demandante advirtió que no había perdido su tarjeta sanitaria, que quien había utilizado una tarjeta a su nombre podría haber actuado fraudulentamente y que no era suyo el número de teléfono que constaba en el informe clínico del Centro de Salud, por lo que se le recomendó que formulara denuncia policial para iniciar una investigación sobre los hechos.

Señaló también que el 15 de enero del 2014 formuló otra denuncia ante la Dirección General de Policía con número de atestado NUM001, y que en el año 2014 el Jefe del Servicio de Admisión del hospital le comunicó que todo estaba resuelto, que el historial clínico solo contenía sus episodios y que iban a demandar a la persona que había suplantado su identidad.

Sin embargo, solicitó resumen de la historia clínica y los datos de esa tercera persona seguían apareciendo en ella, por lo que en 2023 volvió a pedir su supresión.

El reclamante añadía que ese funcionamiento anormal de los servicios públicos le había causado daños psicológicos por los que estaba siendo tratado, riesgo de exclusión social y miedo a recibir asistencia sanitaria, y solicitaba que se le indemnizaran en la cantidad de 100.000 euros.

La resolución dictada por el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en fecha de 17 de noviembre de 2023 inadmitió la reclamación por falta de competencia, ya que el daño causado por la suplantación de identidad por parte de un tercero ajeno a la Administración sanitaria sería atribuible a una actuación presuntamente delictiva competencia de los órganos jurisdiccional penales, sin que se hubieran aportado las sentencias recaídas a raíz de las denuncias policiales formuladas en 2013 y 2014.

SEGUNDO.- A la narración de los hechos previamente expuestos, la demanda añade:

"Que, a pesar del tiempo transcurrido, la Administración demandada NO ELIMINA DE LA HISTORIA CLÍNICA DEL SR Millán LOS DATOS ERRÓNEOS QUE NO SE CORRESPONDEN A SU SALUD Y/O TRATAMIENTOS ocasionando con ellos graves daños y perjuicios a nuestro patrocinado además de una vulneración de sus derechos como paciente previstos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Como prueba de lo expuesto, se aporta en este acto como Documento nº 1 al no formar parte del expediente administrativo remitido a la Sala por la demandada, Petición remitida el 18.10.2023 al Servicio de Atención al Paciente solicitando copia de toda la historia clínica completa de nuestro representado, la cual es resuelta mediante resolución de fecha 20.10.2023 del Hospital Universitario 12 de Octubre que, igualmente, se aporta en este acto como Documento nº 2 al no formar parte tampoco del expediente administrativo.

En la precitada Resolución la administración reconoce que a pesar de que se informó a nuestro patrocinado que sus datos ya estaban correctos lo cierto es que aún seguían apareciendo en su historia clínica los datos erróneos de un tercero. Consideramos que esto constituye un reconocimiento del mal funcionamiento de un Servicio Público a los efectos del reconocimiento de la indemnización vía responsabilidad patrimonial de la Administración por una grave vulneración de los derechos del paciente contemplados en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

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Con fecha 10.11.2023 el Hospital Universitario 12 de Octubre reconoce que, a esa fecha, estaban intentando solucionar lo que legítimamente venía reclamando nuestro patrocinado desde el año 2013, es decir, hace más de diez años tal y como consta expresamente en el Documento n° 4 que se aporta e este acto al no formar parte del expediente administrativo.

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Con fecha 28.11.2023 se anulan finalmente y después de una década de reclamaciones los datos erróneos en cuanto a la salud de nuestro patrocinado como prueba el Documento n° 6 que se aporta en este acto.

Que de lo expuesto se desprende que, en contra de lo que se recoge en la resolución recurrida, la Administración demandada si era competente para resolver sobre una reclamación vía responsabilidad patrimonial de la Administración pues al mal funcionamiento del servicio público es algo que está fuera de toda duda a que tardar más de una década en eliminar de la Historia Clínica de un paciente datos erróneos relativos a su salud y que son de extrema gravedad supone una conculcación a los derechos del paciente con graves daños y perjuicios que deben ser resarcidos por la vía del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público .

Todo ello con independencia de las responsabilidades penales en las que haya incurrido un tercero que, desde luego, no es responsable de que la Administración no haya cumplido con su obligación de resolver las reclamaciones presentadas por los pacientes y relativas a sus historiales clínicos".

Por ello, con invocación del artículo 106.2 de la Constitución Española y del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, así como con cita de doctrina jurisprudencial, la demanda afirma que en el caso concurren los presupuestos determinantes de la generación de responsabilidad patrimonial, al haberse acreditado la existencia de un daño individualizado, efectivo, evaluable económicamente y antijurídico que se ha derivado directamente de un funcionamiento anormal del servicio público, y que se le ha de indemnizar en la cantidad de 100.000 euros que se ha reclamado.

La Comunidad de Madrid solicitó la desestimación del recurso contencioso administrativo, alegando, como motivos de oposición, la conformidad a derecho de la resolución de 17 de noviembre de 2023 puesto que el fundamento de la reclamación es la utilización por un tercero de la tarjeta sanitaria del actor, que determinó la inclusión de los datos clínicos del tercero en la historia clínica del recurrente, por lo que el daño que alega no es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Añade:

"En realidad lo que se criticaría de contrario sería que los datos erróneos no hayan sido corregidos hasta fechas recientes, pero ello -que no puede ignorarse sería el resultado de nuevos exámenes clínicos y sin que conste en autos qué ha sido de las denuncias formuladas- no puede servir de sustento a la reclamación que nos ocupa.

Y es que para que concurra la relación de causalidad por conductas omisivas -donde puede incardinarse de forma más cómoda la reclamación- no basta con que la intervención de la Administración hubiera evitado el daño, sino que tiene que concurrir algún otro dato objetivo en virtud del cual se le pueda imputar responsabilidad, que implique la existencia de un deber jurídico de actuar.

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En el caso de que la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos concluyera que la actuación administrativa es contraria a Derecho, dada la naturaleza revisora de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo procedente es decretar la nulidad de actuaciones y ordenar la retroacción del procedimiento administrativo para que, con admisión de la reclamación de responsabilidad patrimonial, se continúe la tramitación del procedimiento en cuanto al fondo, con necesaria emisión de Dictamen por la Comisión Jurídica Asesora, preceptivo por mor del artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , y del artículo 5.3.f).a de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo ".

Subsidiariamente y para el caso de no estimar procedente acordar la retroacción de actuaciones, se niega la existencia del daño psicológico alegado por el demandante, y se afirma que la actuación administrativa ha sido prudente, que los datos erróneos de la historia clínica no han tenido publicidad y que la intervención del tercero ha roto todo nexo causal entre la prestación sanitaria y el daño cuya indemnización se pretende.

Reseñando que los hechos por los que se reclama en la demanda están fuera de la cobertura del contrato de seguro, la entidad RELYENS MUTUAL INSURANCE SUCURSAL EN ESPAÑA, ha solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo, al resultar de las actuaciones que la resolución de 17 de noviembre de 2023 se ha ajustado a derecho, como lo fue la prestación de la asistencia sanitaria al tercero, al haberse identificado con la tarjeta sanitaria, y que la eventualidad suplantación de la personalidad del recurrente por un tercero exonera de responsabilidad a la Administración. Añade que, en cualquier caso, no se ha acreditado la existencia de un daño real y efectivo, y finalmente, discute la cuantía de la indemnización que se reclama, que estima excesiva y no justificada.

TERCERO.- Conviene recordar ahora que el artículo 106.2 de la Constitución Española proclama la responsabilidad patrimonial de la Administración, al disponer que: "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

En concordancia con la norma constitucional el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, disponía: "Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

Diremos también que el artículo 32.1 y 2 y el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, vigente al tiempo de la reclamación a que este proceso se refiere, disponen:

"Artículo 32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

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2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas".

"Artículo 34. Indemnización.

1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

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2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.

4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado".

Pues bien, doctrina jurisprudencial en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración recogida, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012 y de 29 de julio de 2013, exige que para que la misma se produzca concurran los siguientes requisitos:

1º.- Un hecho imputable a la Administración, bastando con acreditar que el daño se ha producido en el desarrollo de una actividad cuya titularidad corresponde a un ente público.

2º.- Un daño antijurídico producido, en cuanto detrimento patrimonial injustificado, o lo que es igual, que el que lo sufre no tenga el deber jurídico de soportar.

El daño o perjuicio patrimonial ha de ser real, no basado en meras esperanzas o conjeturas, evaluable económicamente, efectivo e individualizado en relación con una persona o grupo de personas.

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de marzo de 2011, con cita de la de 1 de julio de 2009, declara que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".Y añade que, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2007, "la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido".Finalmente, insiste en que "es doctrina jurisprudencial consolidada la que sostiene la exoneración de responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el funcionamiento del servicio público ( Sentencias, entre otras, de 21 de marzo , 23 de mayo , 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995 , 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996 , 16 de noviembre de 1998 , 20 de febrero , 13 de marzo y 29 de marzo de 1999 )".

3º.- Relación de causalidad entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido.

Se ha de señalar que el concepto de relación causal se reduce a fijar qué hecho o condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para producir el resultado final, como presupuesto o "conditio sine qua non", esto es, como acto o hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del anterior, aunque es necesario además que resulte normalmente idóneo para determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las circunstancias del caso, hasta alcanzar la categoría de causa adecuada, eficiente y verdadera del daño ( sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 y de 16 de febrero de 1999, entre otras).

4º.- Ausencia de fuerza mayor, como causa extraña a la organización y distinta del caso fortuito, supuesto este que sí impone la obligación de indemnizar.

5º.- Que el derecho a reclamar no haya prescrito.

También es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que esa responsabilidad patrimonial es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión, aunque es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, dado que no es posible constituir a la Administración en aseguradora universal ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2011 y 14 de noviembre de 2011, entre otras).

CUARTO.- Pese a que la resolución de 17 de noviembre de 2023 inadmitió la reclamación de responsabilidad por falta de competencia de la Comunidad de Madrid, conviene no olvidar la doctrina jurisprudencial consolidada sobre la naturaleza revisora de esta Jurisdicción y sobre el principio constitucional de tutela judicial efectiva que permite la extensión de las facultades de los tribunales a la resolución de las cuestiones de fondo en casos en que, como el de autos, es posible formular un pronunciamiento de fondo porque en vía jurisdiccional se dispone de los elementos de juicio que se precisan a tal fin.

Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la historia clínica, que aparece regulada en sus artículos 14 a 19, es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial, y la información clínica que contiene permite adquirir o ampliar los conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.

Es responsabilidad de las Administraciones Sanitarias establecer los mecanismos que garanticen la autenticidad de su contenido y de los cambios operados en ella.

De entre los preceptos citados, los artículos 15 y 16 de la Ley, son especialmente relevantes para el caso, en cuanto que disponen:

"Artículo 15. Contenido de la historia clínica de cada paciente.

1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.

2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud.

El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:

.../...

4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado paciente en cada proceso asistencial.

.../..."

"Artículo 16. Usos de la historia clínica.

1.La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como instrumento fundamental para su adecuada asistencia.

.../..."

Pues bien, ha quedado acreditado que la Administración Sanitaria no ha cumplido con las disposiciones citadas en el caso de autos:

Pese a que ya en los años 2013 y 2014 don Millán comunicó al Servicio de Atención al Paciente del Hospital12 de Octubre que en su historia clínica aparecían asistencias y diagnósticos que no correspondían a su estado de salud, y pidió que se suprimieran, su petición no fue atendida hasta el 28 de noviembre de 2023- 11 días después de que se dictara resolución inadmitiendo la reclamación de responsabilidad patrimonial-.

En la comunicación al interesado realizada por el Servicio de Atención al Paciente de Hospital universitario 12 de Octubre en fecha de 28 noviembre 2023 se recogía:

"Nos ponemos en contacto con usted en relación con su escrito de fecha 20 de octubre del año en curso, en el que solicita la supresión de datos que aparece en el informe de pruebas de Laboratorio del año 2013 que nos adjunta.

Comunicarle que envió copia de su escrito al Jefe de Servicio de Admisión y Documentación Clínica para valoración de lo expuesto por usted, informando que los datos mencionados, sobre los informes y episodios que no corresponde han sido anulados de su Historia Clínica.

Asimismo, informarle que los informes clínicos son para uso personal del paciente, de su exclusiva propiedad y toda la información recogida de los mismos es confidencial, sólo para uso médico o el que decida el propio paciente (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica)".

Si la finalidad de la historia clínica es que los facultativos conozcan, de forma veraz y actualizada, todos los datos médicos sobre el estado de salud del paciente para garantizarle una asistencia adecuada, es evidente que esa finalidad no se ha cumplido porque la Administración sanitaria no ha observado las obligaciones que al efecto le impone la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

La actitud renuente de la Administración sanitaria a la rectificación de los datos de una tercera persona en la historia clínica del demandante es calificable como un funcionamiento anormal del servicio público que, en este caso, ha creado una situación de riesgo y ha provocado la pérdida de confianza del paciente en la veracidad, integridad y coherencia de los datos de su historia clínica.

La intranquilidad que le ha causado a don Millán el hecho de que la Administración sanitaria no rectificara los datos erróneos cuya indebida inclusión había venido denunciando infructuosamente durante 10 años, ha minado su salud psíquica y le ha causado sintomatología ansiosa-depresiva, con crisis de pánico, como se acredita en el informe de asistencia psicológica en el Centro de Atención Primaria Lucero, siendo de señalar que, aun cuando a la producción del daño psicológico hayan coadyuvado otras circunstancias, lo cierto es que la sintomatología ansioso-depresiva diagnosticada en 2023 persistía en el mes de julio de 2024 y estaba acrecentada ante la proximidad de una intervención quirúrgica.

Y la circunstancias de que los datos indebidamente incluidos en la historia clínica del demandante se hubiesen suprimido a finales de noviembre de 2023 -previa reiteradas peticiones del interesado en los meses de octubre y noviembre-, viene a constituir el reconocimiento por la propia Administración de la razón que ya asistía don Millán en el año 2013, y deja sin apoyo el fundamento de la resolución de 17 de noviembre de 2023, evidenciando que el resultado de eventuales procesos penales ha sido irrelevante para la Administración cuando, finalmente, se ha decidido a asumir sus competencias de oficio y a cumplir con su obligación de garantizarle al paciente la veracidad y actualidad de los datos que se contienen en su propia historia clínica.

Como la Administración incumplió el deber de garante que tenía respecto de la historia clínica del recurrente, cabe apreciar que existe una relación directa, aunque no se ha demostrado que sea exclusiva, entre el incorrecto funcionamiento del servicio y el daño psicológico sufrido por don Millán.

Respecto a la determinación del quantum de la indemnización que corresponda al recurrente, señalaremos, en primer lugar, que el Tribunal Supremo ha venido declarando que los baremos aplicables para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidentes de circulación no son vinculantes y solo tienen un carácter meramente orientativo -entre otras, sentencia de 3 de mayo de 2012-, doctrina que es compatible con lo dispuesto en el artículo 34.2 de la de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que permite que tales baremos puedan tomarse como referencia para la valoración, pero no impone que la indemnización se determine conforme a ellos. Y, en segundo término, que no se ha aportado al proceso ningún informe pericial en el que se haya valorado el daño causado y que pueda servir de orientación.

Por todo ello, ponderando globalmente las circunstancias concurrentes en el caso, en especial la extraordinaria demora de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de documentación clínica y la contumaz resistencia a atender las reiteradas peticiones del interesado, cuantificamos la indemnización correspondiente al demandante en la cantidad de 10.000 euros, que se considera como indemnización actualizada a la fecha de esta sentencia, al resultar aplicable al caso la doctrina jurisprudencial expresada, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 abril 1998, y las que en ella se citan, que estima como uno de los instrumentos adecuados para hacer efectivo el principio de indemnidad, junto con otros posibles procedimientos de actualización o compensación de la mora, la consideración de la obligación pecuniaria de resarcimiento como una deuda de valor, que lleva a fijar la cuantía de la deuda actualizada al momento de su determinación o fijación, y no al momento de producción del daño ( Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1992, de 24 de enero de 1997 y de 16 de diciembre de 1997, entre otras).

Al haberse determinado la indemnización en la presente resolución, no procede imponer el pago de intereses de demora.

Finalmente, del pago de la precitada cantidad responderá exclusivamente la Comunidad de Madrid, al no haberse deducido en la demanda ninguna pretensión indemnizatoria contra su aseguradora, lo que dispensa la resolución del motivo de oposición atinente a la cobertura de la póliza, por todo lo cual procede estimar parcialmente este recurso contencioso administrativo.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional:

En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho"

Al haberse estimado parcialmente la demanda no procede formular condena al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Por todo lo expuesto, en nombre de S.M. el Rey y en el ejercicio de la potestad que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Fallo