Sentencia Contencioso-Administrativo 419/2025 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Décima, Rec. 264/2025 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.- Don Faustino, nacional de Perú, en virtud del recurso de apelación que venimos analizando impugna la sentencia de 19 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de los de esta Villa, y en el Procedimiento Derechos Fundamentales seguido ante el mismo con el número 466/2024, por la que se inadmitió, por extemporaneidad, el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de 15 de abril de 2024, dictada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos, en el expediente nº NUM000, que acordó su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de entrada en España por un período de 4 años, por la comisión de una infracción prevista en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social.

Expresa en su recurso de apelación los siguientes motivos de impugnación y las siguientes alegaciones:

"UNICA: VULNERACIÓN DEL ART. 24.1 C.E en relación con 20. 2 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero.

En el presente procedimiento se ha vulnerado de forma manifiesta al no notificar la resolución al interesado para que se pueda defender de las consecuencias derivadas de la misma.

Art. 24 C.E. "1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos."

20.2 de la L.O 4/2000, de 11 de enero "Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones (...)".

En la inadmisión se ha referencia a que esta parte no se limitó a la vulneración del derecho fundamental y hizo referencia a otras circunstancias. Evidentemente esta parte hizo referencia a otras circunstancias de mi representado, además de la vulneración del derecho fundamental, para demostrar que si se hubiera notificado la resolución mi patrocinado se hubiera podido defender de forma adecuada.

AL JUZGADO PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL,

SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y tener por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2024, y en sus méritos reconozca la vulneración del derecho de mi representado a la tutela efectiva, declare la nulidad de la sentencia impugnada y dicte resolución adecuada a derecho reconociendo la vulneración del derecho fundamental de mi representado a mi representado."

Por su parte, la administración demandada que se ha opuesto al recurso de apelación, ha formulado su escrito de oposición alegando, en primer lugar, que el recurso de apelación interpuesto carece de la necesaria crítica de la sentencia apelada, motivo por el cual debe ser in admitido el recurso; reitera en su escrito de oposición al recurso de apelación que el recurso interpuesto por el recurrente lo ha sido fuera de plazo legal habida cuenta de que ha superado con creces el plazo de diez días. Al respecto de la extemporaneidad del recurso pone de relieve que el propio demandante reconoció en su demanda que la resolución recurrida se publicó en el BOE de 24 de mayo de 2024, lo cual también resulta del expediente administrativo, en que figura la notificación por edictos el día señalado. Por tanto, el plazo de 10 días previsto en el art. 115 LJCA había finalizado cuando se interpuso el recurso contencioso-administrativo, el día 18 de septiembre de 2024. En cuanto al fondo de la cuestión pone de relieve que a la vista del escrito de demanda y del recurso de apelación formulado por la actora, es claro que se pretende el enjuiciamiento de cuestiones de legalidad ordinaria, y destaca que la sentencia, pese a declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto, por ser extemporáneo, analiza subsidiariamente el fondo del asunto. Considera que el recurrente no concreta la indefensión que se le ha causado bajo la pretendida vulneración del art. 24 CE por la falta de notificación personal de la resolución recurrida, máxime cuando consta en el expediente administrativo la notificación al abogado designado de la incoación del procedimiento de expulsión preferente. También pone de relieve que en el expediente administrativo consta (folio 25), Oficio de 25 de abril de 2024, de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Burgos, en que se interesa la notificación por edictos de la resolución de expulsión, toda vez que el interesado no facilitó domicilio en el expediente. Expresa que acertadamente no se tuvo en cuenta como domicilio de notificaciones el domicilio en la DIRECCION000, dado que consta una orden judicial en vigor de alejamiento, dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1, de Burgos. Concluye que es conforme a Derecho la notificación edictal de la resolución recurrida. En relación con las circunstancias agravantes, considera que concurren al haberse incoado diligencias contra el sancionado por un presunto delito de violencia de género, instruyéndose causa en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1, de Burgos, con diligencias urgentes de juicio rápido 46/2024, dictándose, entre otras medidas cautelares, la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o determinadas personas, de su lugar de trabajo, domicilio o lugares frecuentados, así como prohibición de comunicarse con estos.

El Ministerio Fiscal, en el traslado que le fue conferido del recurso de apelación ha presentado escrito solicitando "su desestimación por considerar la resolución recurrida ajustada a Derecho, en base a lo argumentado en la misma, especialmente en el Fundamento de Derecho QUINTO, en el que expone la motivación en virtud de la cual asume su competencia funcional y territorial del presente recurso, así como de la extemporaneidad en su presentación que determinó el fallo desestimatorio de la admisión a trámite de la demanda interpuesta en su día por la representación De Faustino, por aplicación de lo dispuesto en el art. 69.e) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa -administrativa".

SEGUNDO.- La sentencia apelada identifica la resolución administrativa recurrida, representada por la resolución de 15 de abril de 2024 de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por la que se acuerda la expulsión del territorio nacional de don Faustino, con prohibición de entrada en España por un periodo de cuatro años, por la comisión de una infracción prevista en el artículo 53.1 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

Pone de relieve la sentencia apelada que "En dicha resolución se hace referencia a que, consultado el Registro Central de Extranjeros, se pudo comprobar que el interesado no tenía ninguna autorización de residencia o estancia en España, y que nunca había instado trámite alguno tendente a regularizar su situación en España como extranjero, así como que había sido detenido el día 16 de febrero de 2024, como presunto autor de un delito de violencia de género (Diligencias policiales nº NUM001), pasando a disposición judicial en las Diligencias Urgentes. Juicio Rápido nº 46/2024 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Burgos, que dictó orden de alejamiento de la víctima, entre otras medidas cautelares. "

Y, también pone de relieve, que "En la parte dispositiva de la resolución impugnada se indica que la ejecución de la expulsión sería inmediata; siendo también de interés, a los fines del presente procedimiento, que, según se deduce de la documentación adjuntada a la demanda, así como de la que ha sido remitida por el Juzgado Decano de Burgos, D. Faustino, a fecha 4 de septiembre de 2024, estaba ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, en virtud del auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1, de Burgos, de fecha 26 de agosto de 2024 , a la espera de que se materializara la expulsión acordada por la Subdelegación del Gobierno en Burgos en la resolución de fecha 15 de abril de 2024."

En el segundo de sus fundamentos de derecho la sentencia apelada identifica la pretensión formulada por el recurrente, de declaración de nulidad de la resolución administrativa impugnada por considerar que no es ajustada a derecho, al vulnerar su derecho de defensa, interesando que se deje sin efecto la sanción de expulsión del territorio nacional que le ha sido impuesta. También expone de forma exhaustiva y pormenorizada los motivos y argumentos formulados por el recurrente en defensa de dicha pretensión, así como la situación personal del recurrente en España, su situación familiar y social en España.

Y, en el tercero de sus fundamentos de derecho identifica las alegaciones en defensa de la conformidad derecho de la resolución recurrida, así como de la correcta actuación administrativa, formuladas por la Administración demandada.

Analiza la sentencia apelada la alegada falta de competencia territorial para conocer de la litis pues considera la administración demandada que no corresponde a los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid sino que corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, asi como la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo, entre las alegadas por la administración demandada. Analiza, a su vez, las formuladas por el Ministerio Fiscal quien se opuso a la estimación de la demanda, alegando, a su vez, la falta de competencia territorial de los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, la presentación del recurso fuera del plazo previsto por el art. 115 LJCA, inadecuación del procedimiento, al hallarnos ante un supuesto de legalidad ordinaria.

En el quinto de los fundamentos de derecho la sentencia apelada analiza la competencia del Juzgado para conocer de la demanda, la tramitación del oportuno procedimiento, con conocimiento del interesado, procedimiento que resultaba indicado y que permitió al interesado conocer los motivos de su incoación, habiéndose expresado en la resolución que puso fin al procedimiento los hechos atinentes a la situación del recurrente, así como los motivos por los cuales fue acordada su expulsión del territorio nacional. En este sentido la sentencia apelada realiza las siguientes consideraciones:

"La resolución impugnada permitió al recurrente conocer los hechos imputados, las consecuencias jurídicas y las razones que habían llevado a la Administración a aplicar una sanción de expulsión; no existiendo indefensión, habida cuenta la consideración, mantenida por nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia nº 8/2002 del T.C., Sección 1ª, de 14 de enero de 2002, Recurso 1.496/2000), de que la utilización de modelos impresos no conlleva por sí sola la apreciación de una falta de motivación, como sucede en el supuesto de autos, en el que el recurrente pudo formular unas alegaciones previas, en el plazo legal de cuarenta y ocho horas, frente al acuerdo de iniciación del expediente sancionador que le fue notificado personalmente el día 16 de febrero de 2024; llegando a conocer, así, todas las circunstancias que se tuvieron en cuenta a la hora de dictar la resolución definitiva, y que no variaron. En efecto, la resolución impugnada no evidencia una falta de motivación, ya que la decisión administrativa ha sido adoptada en el caso de autos con expresión de sus fundamentos, es decir, de los presupuestos de hecho en que se apoya y de las normas en cuya aplicación se ha justificado la decisión, con lo que el recurrente ha podido saber cuáles han sido las razones que llevaron a la resolución administrativa recurrida, sin que quepa concluir que se le ha causado indefensión porque ha tenido la posibilidad de verificar si la misma se ajustaba a Derecho y no se ha visto privado de obtener y utilizar los medios precisos para impugnarla en condiciones de igualdad."

En relación con la tramitación del procedimiento mediante el cauce del procedimiento preferente, considera la sentencia apelada que es:

"una posibilidad prevista en la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. El artículo 7.4 de la Directiva señala que: "Si existiera riesgo de fuga, o si se desestimara una solicitud de permanencia legal por ser manifiestamente infundada o fraudulenta o si la persona de que se trate representara un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, los Estados miembros podrán abstenerse de conceder un plazo para la salida voluntaria, o podrán conceder un periodo inferior a siete días.". Por lo tanto, no facilitando ningún domicilio D. Faustino en el momento de su detención, estaba plenamente justificada la incoación del procedimiento por ese trámite preferente, dado que se trataba de un supuesto del artículo 63 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero -supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, y, cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias: a) riesgo de incomparecencia; b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos; c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional; supuestos todos ello en que no cabe la concesión del período de salida voluntaria-.

En relación con la alegada extemporaneidad del recurso interpuesto, en la sexta de sus consideraciones jurídicas, la sentencia apelada concluye que, efectivamente, tal y como han alegado el ministerio fiscal y la administración demandada, el recurso interpuesto ha de calificarse y considerarse como extemporáneo, al haber transcurrido en exceso el plazo de diez días previsto legalmente:

"Por otro lado, respecto a la vulneración del derecho de defensa de D. Faustino, alegada en su escrito de demanda, debemos decir que la notificación edictal de la resolución de expulsión estaba plenamente justificada en su caso.

El artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: "Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado".

D. Faustino, en el momento de su detención no quiso facilitar un domicilio (propio o de algún familiar o persona de confianza) en el que pudieran hacérsele las notificaciones; no formuló tampoco alegaciones frente al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, pese a que estuvo asistido por Letrado, en su condición de detenido, durante las diligencias que se practicaron en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Burgos. Tampoco designó a dicho letrado para su representación, ni facilitó un número de teléfono.

En consecuencia, la publicación de la resolución en el B.O.E. del día 24 de mayo de 2024 es un acto ajustado a derecho pues es doctrina jurisprudencial que el principio de buena fe "impide que el administrado, con su conducta, pueda enervar la eficacia de los actos administrativos"( Sentencias de 6 de junio de 2006, rec. cas. 2522/2001, 12 de abril de 2007, rec. cas. 2427/2002, y 27 de noviembre de 2008, rec. cas. 5565/2006). El principio de buena fe impide a los administrados enervar la eficacia de los actos administrativos y les impone "un deber de colaboración con la Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquélla les dirija" ( Sentencias 28 de octubre de 2004, rec. cas. 70/2003-, 10 de junio de 2009 -rec. cas. 9547/2003- y 16 de junio de 2009 -rec. cas. 7305/2003-), lo que conlleva que, si el interesado incumple con la carga de comunicar el domicilio o el cambio del mismo, en principio -siempre que la Administración haya demostrado la diligencia y buena fe que también le son exigibles-, debe sufrir las consecuencias perjudiciales de dicho incumplimiento ( Sentencias de 10 de junio de 2009 y de 16 de junio de 2009).

La Subdelegación del Gobierno en Burgos no estaba obligada a intentar antes la notificación en el domicilio que figuraba en el expediente -- DIRECCION000, de Burgos--, esto es, en el domicilio en que se produjeron los hechos que motivaron la detención de D. Faustino, porque era el lugar donde vivía la víctima de los presuntos malos tratos, y tales hechos dieron lugar a la incoación de unas diligencias penales (Diligencias Urgentes. Juicio Rápido nº 46/2024), en las que se impusieron al mismo, por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1, de Burgos, unas prohibiciones de acercamiento y de comunicación respecto a la citada víctima.

Y, la consecuencia de lo expuesto, no es solamente que no se ha vulnerado el derecho de defensa de D. Faustino, en atención a los razonamientos anteriores (que han puesto de manifiesto la improcedencia de apreciar ad limine litis la inadecuación del procedimiento que pretendían la Administración demandada y el Ministerio Fiscal), sino que, habiéndose notificado la resolución impugnada el día 24 de mayo de 2024, su recurso contencioso-administrativo es claramente extemporáneo, al haberse formulado el 18 de septiembre de 2024, esto es, superado en exceso el plazo de los diez días previsto en el artículo 115 de la L.J.C.A., en el caso del procedimiento de protección de los derechos fundamentales de la persona.

En virtud de lo expuesto, procede declarar la inadmisibilidad del citado recurso, en aplicación de lo establecido en el artículo 69.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

TERCERO.- En esta instancia jurisdiccional, como ha quedado expresado más arriba, el abogado del Estado plantea que el recurso de apelación no contiene crítica de la sentencia apelada, motivo por el cual procedería su inadmisión. Por lo tanto, dicho motivo ha de ser analizado en primer lugar habida cuenta de que en el caso de estimar que, efectivamente, así acontece, procedería su desestimación habida cuenta de la fase procesal en la que nos encontramos.

Al respecto de la alegada causa hemos de recordar que el Tribunal Supremo viene diciendo (entre otras, STS de 17 de marzo de 1999) que el recurso de apelación debe contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante por el Tribunal Supremo que, entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 4 de mayo de 1998 que "las alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el anterior articulo 100 Ley 29/1998 , son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando el recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal de primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico (en este sentido, las Sentencias de esta Sala de 10 de febrero , 25 de abril , 6 de junio y 31 de octubre de 1997 y 12 de enero y 20 de febrero y 17 de abril de 1998 )".

En ese mismo sentido abunda la STS al afirmar que "el recurso de apelación no tiene por objeto reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo, sino revisar la Sentencia que se pronunció sobre ello, es decir, la depuración de un resultado procesal obtenido con anterioridad, por lo que el escrito de alegaciones del apelante ha de ser, precisamente, una crítica de la Sentencia impugnada con la que se fundamente la pretensión revocatoria que integra el proceso de apelación, de suerte que, si esa crítica se omite, se priva al Tribunal ad quem del necesario conocimiento de los motivos por los que dicha parte considera a la decisión judicial jurídicamente vulnerable, sin que se pueda suplir tal omisión ni eludir la obligada confirmación de la Sentencia por otro procedimiento, ya que la revisión de ésta no puede "hacerse de oficio por el Tribunal competente para conocer del recurso"( Sentencia de 19 de abril de 1991)".

La STS de 26 de septiembre de 1997, recurso nº 210/1992, Roj STS 5687/1997, también expresa expresa:

"El recurso de apelación tiene por finalidad depurar un resultado procesal obtenido con anterioridad, de suerte que el contenido del escrito de alegaciones del apelante - artículo 100.5 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1956/1890 y NDL 18435)- ha de consistir, precisamente, en una crítica de la sentencia impugnada que sirva de fundamento a la pretensión de sustitución de sus fundamentos por otros distintos. Por ello, este Tribunal Supremo tiene declarado en numerosas Sentencias -7 y 24 noviembre y 21 diciembre 1987 (RJ 1987/8783, RJ 1987/7928 y RJ 1987/9596), 5 diciembre 1988 (RJ 1988/9764), 20 diciembre 1989 (RJ 1989/221), 24 septiembre 1991 (RJ 1991/6823), 15 diciembre 1992 (RJ 1992/9839), etc.- que aunque con la apelación se transmite al Tribunal ad quem la plenitud de competencias para revisar y decidir todas las cuestiones planteadas en primera instancia, aquél no puede revisar de oficio los razonamientos y fallos de la sentencia apelada como fundamento de su pretensión revocatoria, que como todas las procesales requiere la individualización de los motivos que le sirven de fundamento, a fin de que el Tribunal de apelación pueda examinarlos dentro de los límites y en congruencia con los términos en que venga ejercitada."

Aplicando al caso dicha jurisprudencia consideramos que procede desestimar el recurso de apelación pues el recurso de apelación interpuesto adolece de toda crítica de la sentencia apelada.

A tal conclusión nos conduce la lectura del recurso de apelación en el que se omite la más liviana consideración acerca de los motivos por los cuales procedería considerar que la sentencia apelada no es conforme a derecho al haber declarado la extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procedimiento de derechos fundamentales. Tenemos en cuenta para alcanzar tal conclusión que la sentencia apelada, conforme ha quedado transcrito en el precedente fundamento de derecho, ha expresado los motivos por los cuales considera que fue extemporáneamente interpuesto el recurso por don Faustino, analizando el medio a través del cual se llevó a cabo la notificación de la resolución recurrida, y analizando los motivos por los cuales no podía haberse llevado a cabo la notificación de dicha resolución en el domicilio del recurrente, y analizando la ausencia de designación por parte del recurrente de domicilio alguno en el cual llevará a cabo las notificaciones derivadas del procedimiento sancionador, así como la ausencia del domicilio del recurrente, de quien en el curso del procedimiento sancionador se desconocía su domicilio.

Así, la sentencia apelada ha tenido en cuenta que don Faustino, en el momento de su detención no quiso facilitar un domicilio (propio o de algún familiar o persona de confianza) en el que pudieran hacérsele las notificaciones, que no formuló alegaciones al acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador, que estuvo asistido por Letrado en su condición de detenido, durante las diligencias que se practicaron en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Burgos, y que tampoco designó a dicho letrado para su representación, ni facilitó número de teléfono.

Concluye que la publicación de la resolución en el B.O.E. del día 24 de mayo de 2024 es un acto ajustado a derecho pues es doctrina jurisprudencial que el principio de buena fe "impide que el administrado, con su conducta, pueda enervar la eficacia de los actos administrativos",citando diversas sentencias del Tribunal Supremo que sostiene en dicha interpretación, y recordando que el principio de buena fe impide a los administrados enervar la eficacia de los actos administrativos y les impone "un deber de colaboración con la Administración en la recepción de los actos de comunicación que aquélla les dirija".

Y, acertadamente concluye, que la Subdelegación del Gobierno en Burgos no estaba obligada a realizar previamente un intento de notificación en el domicilio que figuraba en el expediente ( DIRECCION000, de Burgos) habida cuenta de que se trata del domicilio en el que se produjeron los hechos que motivaron la detención del recurrente, pues era el domicilio donde vivía la víctima de los presuntos malos tratos, constando en el expediente administrativo que fueron incoadas diligencias penales (Diligencias Urgentes. Juicio Rápido nº 46/2024), habiéndose acordado medidas cautelarespor parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1, de Burgos, que impusieron al recurrente prohibiciones de acercamiento y de comunicación respecto a la citada víctima.

Por ello, habiéndose notificado la resolución impugnada el día 24 de mayo de 2024, el recurso contencioso-administrativo interpuesto el 18 de septiembre de 2024, es claramente extemporáneo, al haberse formulado superado en exceso el plazo de los diez días previsto en el artículo 115 de la L.J.C.A., plazo previsto para casos como el presente en los que se trata de un procedimiento de protección de los derechos fundamentales de la persona.

A pesar de las consideraciones expresadas en la sentencia apelada respecto de los motivos por los cuales procede atender a la fecha de notificación de la resolución impugnada por medio de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el día 24 de mayo de 2024, el apelante se limita a realizar en su recurso de apelación referencias genéricas respecto de la vulneración del art. 24.1 de la Constitución en relación con 20.2 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, reiterando de una manera genérica que considera ha sido vulnerado su derecho de defensa, sobre la base de no haberle notificado la resolución que puso fin al expediente, pero sin expresar los motivos por los cuales considera que la notificación en el Boletín Oficial del Estado el día 24 de mayo de 2024, no fue correcta, y sin expresar los motivos por los cuales debió de realizarse la notificación personal, cuál menos el intento de notificación personal, en otro domicilio, y sin expresar en que concreto domicilio debió de haberse realizado la notificación de la resolución sancionadora. Dicho proceder no permite a este tribunal conocer los motivos por los cuales considera que la sentencia apelada es disconforme a derecho; no permite conocer los motivos por los cuales considera que la notificación de la resolución sancionadora debió de realizarse en un domicilio diferente, y no permite tampoco conocer los motivos por los cuales su defensa hubiera sido diferente, según alega, si hubiera conocido anteriormente la resolución sancionadora.

Consideramos que le asiste la razón al abogado del Estado al sostener que el recurso de apelación interpuesto carece de la necesaria crítica de la sentencia apelada. Como sostiene en su oposición al recurso de apelación el apelante no explica los motivos por los cuales considera que la notificación edictal realizada al interesado no era válida, pues no ha formulado ninguna alegación al respecto.

El recurso de apelación tiene por finalidad la revisión de la resolución dictada por el juzgador a quo, de suerte que es imprescindible para su viabilidad que se efectúe una crítica al contenido o a la forma de la resolución recurrida en relación con los postulados que el recurrente hizo valer en la primera instancia, argumentando su desacuerdo con la misma y las razones por las que entiende que los pronunciamientos de la resolución sujeta a revisión no es conforme a derecho.

Así, hemos de considerar incumplidos los requisitos establecidos en los artículos 456.1 y 458.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en este orden jurisdiccional a tenor de la Disposición Final Primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y en consecuencia procede declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación que venimos analizando, desestimandolo en esta instancia, por carecer de la necesaria crítica de la sentencia apelada.

No obstante, hemos de expresar que compartimos las consideraciones de la sentencia apelada en razón a la apreciada extemporaneidad del recurso interpuesto pues en ella se examina de una manera razonada y razonable los motivos por los cuales la notificación de la resolución sancionadora a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado fue correcta. En el curso del expediente administrativo, como correctamente ha valorado la sentencia apelada, se ha determinado que el interesado se negó a facilitar a domicilio alguno en el cual realizar la práctica de las notificaciones derivadas del expediente sancionador, tampoco facilitó domicilio de representante o persona que actuará en su nombre y en su representación, representación que tampoco asumido el letrado designado para su defensa. Es por ello por lo que, como se razona la sentencia apelada, el principio de buena fe impide que la conducta del administrado pueda enervar la eficacia de los actos administrativos.

Procede la desestimación del recurso de apelación.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante al haber sido desestimado el recurso, con el límite, por todos los conceptos, de 500 €.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Por la potestad que nos confiere la Constitución Española;