Sentencia Contencioso-Administrativo 497/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1391/2022 de 24 de julio del 2024

PRIMERO.-Es objeto de este recurso la impugnación deducida por AVORIS RETAIL DIVISION S.L.U. contra la Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, de fecha 22 de julio de 2022, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por la actora frente a la Orden dictada el 29 de diciembre de 2021 por la que se resolvió desfavorablemente la solicitud de subvención formulada por la citada entidad al amparo del Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobó la línea Covid de Ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España, en el seno del expediente 05-CVI1-33415.8/2021.

SEGUNDO.-Esta Sala y Sección ha tenido oportunidad de resolver un supuesto similar al que se plantea aquí por la actora en el procedimiento ordinario 1211/2022. Bastando para resolver este recurso con reproducir lo que allí se dijo:

«SEGUNDO.- Debe admitirse, en primer lugar, que los grupos consolidados que tributen en el impuesto en el régimen de tributación consolidada, son considerados como posibles beneficiarios de la ayuda, si cumplieran con los restantes requisitos exigibles, y ello. como contribuyente único, excluyendo la concesión independiente a cada una de las entidades que lo integraran.

Así, el artículo 3 del Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de Medidas Extraordinarias de Apoyo a la Solvencia Empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, estableció unas ayudas directas autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, establecía en el apartado 1 b) que:

«Para el caso de grupos consolidados que tributen en el impuesto sobre sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como contribuyente único, y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo".

En el párrafo 2 de este artículo se señalaba que:

"Las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla establecerán los criterios para las ayudas por destinatario, de forma que no se superen los siguientes límites máximos:

a) 3000 € cuando se trate de empresarios o profesionales que aplican el régimen de estimación objetiva en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la administración, en el impuesto sobre el Valor añadido tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30% en el año 2020:

i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de diez empleados.

ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de diez empleados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

c) En el caso de los grupos a que se refiere el apartado 1 del artículo 3.1.b), los límites anteriores se aplicarán al grupo en su conjunto.

d) Las Comunidades Autónomas del segundo compartimento podrán aumentar los porcentajes de cobertura de pérdidas y límites máximos de las ayudas dispuestas en los apartados b).i y b).ii del presente artículo 3.2.3. Las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla determinarán los parámetros a aplicar para los supuestos incluidos en el apartado 1.d), así como para los supuestos de altas o empresas creadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020, de empresas que hayan realizado una modificación estructural de la sociedad mercantil entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, y de empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un periodo inferior al año en el ejercicio 2019 o en el ejercicio 2020.

4.- Se podrá concurrir a convocatorias realizadas por distintas Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la asignación de las ayudas directas previstas en este título.

.../...

Los grupos y los empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10.000.000 € que desarrollen una actividad económica en más de un territorio autonómico o en más de una Ciudad Autónoma, podrán participar en las convocatorias que se realicen en todos los territorios en los que operen.

Para estos casos, la Orden del Ministerio de Hacienda de desarrollo del presente Real Decreto-Ley establecerá el criterio de distribución de la caída de la actividad entre los diferentes territorios en los que operen, atendiendo al peso de las retribuciones de trabajo personal satisfechas los trabajadores con que cuenten en cada territorio.

...".

La Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 estableció los criterios necesarios para determinar la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos correspondientes a la Línea COVID de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas, prevista en el título I del Real Decreto-Ley 5/2021.

Y la Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, establecía que se tendrían en consideración diversos criterios, entre otros, los siguientes:

«1. El solicitante deberá haber realizado durante 2019 y 2020 al menos una de las actividades previstas en los códigos de la CNAE determinados por la normativa que regula la concesión de las ayudas y continuar en su ejercicio en el momento de la solicitud. Cuando se trate de grupos, bien la entidad dominante, bien cualquiera de las entidades dominadas, habrá debido realizar y continuar desarrollando al menos una de las actividades previstas en los códigos de la CNAE como actividad principal. No obstante, la aplicación de los restantes parámetros establecidos en el artículo 3 del Real Decreto-ley se realizará atendiendo al conjunto de actividades llevadas a cabo por la persona física, entidad o grupo solicitante de la ayuda.

2. Los grupos podrán presentar solicitudes de ayudas en los diferentes territorios en los que operen,de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley. En cualquier caso, la solicitud será presentada por la sociedad representante del grupo en todo caso e incluirá a todas las entidades que hayan formado parte del grupo en 2020.Las entidades que hayan formado parte de un grupo en 2019, pero no en 2020, serán consideradas como independientes y podrán solicitar las ayudas siempre que cumplan los requisitos de forma individualizada.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de grupos se acudirá a las reglas de cálculo de volumen de operaciones contenidas en el artículo 3.1.b) solo en relación con las entidades que formaron parte del mismo grupo tanto en 2019 como en 2020.

...

10. La Agencia Estatal de Administración Tributaria suministrará a las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla la información que tenga disponible para la ejecución de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de acuerdo con lo previsto en los convenios que se suscriban entre las partes. No obstante, respecto de la información no disponible,las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla deberán recabar la misma del solicitante o por otra vía que consideren oportuna.»

TERCERO.- La Comunidad de Madrid por medio de Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, autorizó un gasto por importe de 679.287.790 euros para la línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea COVID complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, y aprobó el procedimiento de concesión directa, procediendo a su convocatoria.

Como el Real Decreto 5/2021, también incluyó entre sus beneficiarios a los grupos de empresas, señalando en el Anexo I, Tercero:

«1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este Acuerdo:

a) Los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas adscritos a los sectores definidos en el Anexo V del presente Acuerdo.

b) Los empresarios o profesionales y entidades adscritos a los sectores definidos en el Anexo V de este Acuerdo, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020, haya caído más de un 30 % con respecto a 2019. Las entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán solicitar las ayudas cuando cumplan las condiciones para ello. La beneficiaria directa de la ayuda será la entidad solicitante y no sus socios, comuneros, herederos o partícipes. En estos supuestos, las magnitudes a considerar en la determinación de la ayuda se calcularán en sede de la entidad. El Anexo V del presente Acuerdo incluye tanto los sectores de actividad definidos en el Anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, como aquellos que han visto particularmente afectada su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

2. Para el caso de grupos consolidados que tributen en el Impuesto sobre Sociedades en el régimen de tributación consolidada, se entenderá como destinatario a efectos del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, el citado grupo como un contribuyente único,y no cada una de las entidades que lo integran, por lo cual el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo.

3. En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativopor las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas. También estarán excluidas las empresas financieras.

4. Los beneficiarios deberán reunir en el momento de presentación de la solicitud los requisitos siguientes:

a) Domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Acuerdo.

b) Acreditar el ejercicio de una actividad clasificada en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas previstos en el Anexo V del presente Acuerdo, en los ejercicios 2019 y 2020 que continúe en el momento de presentación de la solicitud.

c) Asumir los siguientes compromisos previstos en el apartado 2 la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 :

c.1) Mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022.

c.2) No repartir dividendos durante 2021 y 2022.

c.3) No aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante un periodo de dos años desde la concesión de la ayuda.

5. Además, en el momento de presentar la solicitud, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos previstos en el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 5/2021 :

a) No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

b) No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

e) No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

f) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.»

CUARTO.- La actora justifica que recibió la ayuda de esta línea Covid en otras comunidades, en las que la Agencia Estatal de Administración Tributaria proporcionó datos acerca del grupo, mediante acumulación de los datos individuales correspondientes a las empresas que lo formaban en 2020, también para 2019.

Así, por ejemplo, en la Orden del Consejero de Hacienda y Administración Pública del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón se toma como referencia el volumen de operaciones computables en 2019, según datos de Hacienda, en una cuantía de 656.033.082,75 €; y en 2020, de 240.132.211,80 €.

En la misma línea, se acredita la concesión de estas ayudas en el resto de las comunidades autónomas que alegaba.

QUINTO.- La Comunidad Autónoma de Madrid, no obstante, fundamenta la denegación de la ayuda solicitada por la actora, como empresa dominante del grupo, en la falta de datos suministrados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Pero además, señalando que la insuficiencia de datos no podía ser subsanada, dado que el grupo fue constituido con efectos a partir del 1 de enero de 2020, no existiendo por tanto como tal en 2019.

En primer lugar, debe indicarse que, conforme se establece en el apartado 10 de la Orden HAC/348/2021, la falta de información disponible no es justificación suficiente para denegar la ayuda, puesto que, según se señala, en ese caso, "las Comunidades Autónomas... deberán recabar la misma del solicitante o por otra vía que consideren oportuna".

Sin que sea justificación suficiente para no realizar el requerimiento, el que el grupo no estuviera constituido más que a partir del 1 de enero de 2020.

Según se deriva del artículo 3.1b) del Real Decreto Ley 5/2021, y Anexo I, Tercero 2 del Acuerdo de Gobierno de 28 de abril de 2021, para el caso de los grupos consolidados que tributaran en el impuesto sobre sociedades en el régimen de tributación consolidada, debía entenderse destinatario al citado grupo, al que le sería exigible el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y transferencias, teniendo en cuenta que « el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo».

La Comunidad de Madrid considera que no puede sumar los volúmenes de las operaciones en 2019 de las entidades que conforman el grupo en 2020, porque en 2019 no formaban parte del grupo, que no estaba constituido en ese momento. Pero la norma no lo establece así.

Solo indica que el volumen a considerar será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo. Pudiendo entenderse: que forman el grupo en 2020, pues es el grupo formado en 2020 el que se considera como destinatario y pide la ayuda como tal.

SEXTO.- La regulación del supuesto especial de entidades que hayan formado parte de un grupo en 2019, pero no en 2020, que serán consideradas como independientes para solicitar las ayudas, siempre que cumplan los requisitos de forma individualizada, no puede considerarse indicativa de que la convocatoria busque excluir los supuestos en que el grupo no estuviera constituido en 2019.

La previsión relativa a la exclusión de esas entidades que no se mantienen en el grupo que solicita la ayuda en 2020 es simplemente coherente con el hecho de que quien solicita la ayuda es el grupo, y la contabilización del volumen de operaciones de 2019, incluyendo una empresa que ya en 2020 no forma parte del mismo, desvirtuaría los datos de caída del volumen de negocio del grupo en 2020.

Esto es, no se trata de una previsión contraria a la concesión de las ayudas en casos de cambios en la composición del grupo, sino favorable, pues establece una forma de un cómputo del volumen de operaciones del grupo, que impide la distorsión producida por el cambio en su formación.

SÉPTIMO.- En cuanto al punto 3 del punto Tercero del Anexo, que señala que:

« En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de normas imponibles negativas. También estarán excluidas las empresas financieras. »

Tampoco se considera suficiente para excluir ab initiola posibilidad de conceder la ayuda a un grupo formado solo a partir de enero 2020.

Porque cuando se refiere a la imposibilidad de conceder ayudas a grupos consolidados en los que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades haya resultado negativa en 2019, puede aplicarse la regla de cálculo que se deduce de la previsión establecida en el punto 2 del párrafo Tercero del Anexo transcrito, esto es, considerando la suma de las bases imponibles declaradas en 2019 por las empresas que formaban parte del grupo en 2020.

OCTAVO.- El supuesto que se analiza no está excluido del Acuerdo. Y, sin forzar sus términos, puede utilizarse la regla de cómputo expresamente prevista, de adicionar los volúmenes de las empresas que forman parte del grupo en 2020, declarados en 2019 y en 2020, para conocer si se produjo la caída indicada, y determinar la concurrencia o no del presupuesto de hecho que justifica su concesión.

Exigiéndose por ejemplo, para solicitarla en más de un territorio autonómico, que el grupo tenga en 2020un volumen de operaciones superior a 10.000.000 €, lo que en este caso se cumple.

Si bien podría apoyar la tesis de la administración demandada la literalidad del segundo párrafo del punto 2 de la Orden HAC/348/2021 que señala que:

« No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de grupos se acudirá a las reglas de cálculo de volumen de operaciones contenidas en el artículo 3.1.b) solo en relación con las entidades que formaron parte del mismo grupo tanto en 2019 como en 2020.»

Debe descartarse que una interpretación estricta de este párrafo, que pueda justificar la denegación al caso que nos ocupa. En primer lugar, porque la Orden se dicta para establecer los criterios necesarios para la asignación de las ayudas, y no para determinar requisitos para su concesión que no se deriven de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2021. Y en segundo lugar, porque el Acuerdo de 28 de abril de 2021 del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid no contiene previsión alguna semejante. »

TERCERO.-Como allí se dijo, y por las mismas razones expuestas, ha de descartarse una interpretación estricta que pueda justificar la denegación de la ayuda.

No obstante, no se considera procedente la estimación íntegra de la demanda, por cuanto debe ser la Administración la que realice el cálculo último y determinación del cumplimiento de los requisitos exigibles por la norma, según los parámetros expuestos.

Por tanto, procede la anulación de la resolución denegatoria del ayuda, acordando la retroacción del expediente, a fin de que la administración, considerando en su caso la documentación aportada en el recurso de reposición, como si hubiera sido contestación al requerimiento que tenía que haber realizado conforme al párrafo 10 de la Orden HAC/348/2021 citada; o realizando un nuevo requerimiento al efecto, resuelva la solicitud formulada, considerando lo previsto en el apartado 3.1b) del Real Decreto Ley 5/2021, según el cual, el volumen de operaciones a considerar para determinar la caída de la actividad será el resultado de sumar todos los volúmenes de operaciones de las entidades que conforman el grupo", según sus declaraciones de IVA o del impuesto indirecto que le sustituya, en 2019 y en 2020.

Calculando finalmente la cuantía de la ayuda a conceder según la distribución de la caída del volumen de operaciones a partir de las retribuciones del trabajo personal consignadas en la declaración informativa del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de las distintas sociedades, atribuidas a cada territorio en función de la residencia de los perceptores.

CUARTO.-En relación con las costas, en aplicación del artículo 139.1 de la LJCA, según la redacción introducida por Ley 37/2011, no procede imponer su pago a ninguna de las partes.

VISTOS.-Los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.