Sentencia Contencioso-Administrativo 293/2025 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 151/2021 de 01 de septiembre del 2025

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso administrativo

El 10.12.2019el recurrente presentó escrito ante la Consejería de Educación de la JCCM solicitando que, dando cumplimiento al "Acuerdo-Marco entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, los sindicatos y las organizaciones patronales y de los titulares de la enseñanza privada concertada, para la mejora permanente de la Calidad Educativa y las condiciones laborales en los centros docentes privados concertados en la Comunidad Autónoma, el 9 de julio de 2012",cuyo punto 1 se refiere a la "Gestión de la paga de antigüedad"y puesto que la Consejería no está abonando a los trabajadores el derecho que tienen reconocido, se solicita lo siguiente:

Primero-con respecto a los ejercicios de 2015 a 2018 que se informe sobre "el importe presupuestado (crédito inicial) y el importe de las obligaciones reconocidas en las siguientes partidas de cada unidad escolar (de forma separada e individual por cada centro educativo, unidad escolar y por cada nivel educativo (enseñanza primaria y secundaria)":

a) los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que corresponden a los titulares de los centros ( artículo 117-3-a) h de la vigente LO 2/2006, de Educación ).

b) partida de gastos variables, que incluye el artículo 117.3.c de la LO 2/2006 .

Segundo- que se informe sobre las razones por las que, conociendo la administración con antelación anual en número de trabajadores a quien debe abonar la paga extraordinaria, año tras año incumple su obligación y no realiza la pertinente previsión para dar cumplimiento a la deuda contraída (...) en caso de que se haya presupuestado e incluido en los créditos iniciales de estos ejercicios el importe correspondiente a los trabajadores a quien debe abonarse en cada 1 de ellos, que se informe sobre la causa por la que no se ha cumplido y liquidado la paga extraordinaria de antigüedad que vienen reclamando y que se reclama nuevamente con este escrito para todos los trabajadores que tienen pendiente percibirla.

Dicho escrito finaliza con el suplico dirigido a la Consejería de que se expida y entregue la información solicitada y se abone a los trabajadores que han cumplido los 25 años de antigüedad en la empresa la paga extraordinaria devengada.

En fecha 17.2.2021la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Castilla-La Mancha interpone recurso contenciosocontra la inactividad de la Administración, considerando han transcurrido los tres meses a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Jurisdiccional sin que se haya dado cumplimiento a lo solicitado, puesto que subsiste la inactividad y la administración demandada sigue sin cumplir los convenido con la demandante y el resto de partes intervinientes en el Acuerdo-Marco.

SEGUNDO: Posición de las partes

En la DEMANDAse indica que aunque se ha recibido la información sobre las cantidades que la Consejería destinó a pagar salarios del personal y gastos variables en cada centro de la comunidad autónoma y en cada nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria) de esos centros, no se ha recibido información sobre lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit; ni la información necesaria para saber si se incluyeron en cada crédito inicial presupuestado para cada centro y nivel las cantidades necesarias para cumplir el Acuerdo Marco y abonar la paga extraordinaria por antigüedad.

Por lo que esgrime que "la Administración demandada no ha cumplido con sus obligaciones de pago y ha actuado con falta de transparencia, privando a la recurrente de su derecho de información, de conocer si durante estos años, en un nivel educativo de un determinado centro escolar, existió déficit o superávit presupuestario en las partidas de salarios y gastos variables, en las que, además y previamente, debería haber previsto el importe de la paga de cada trabajador".

Invoca el art. 29.1 de la LJCA; considerando procedente la condena a la Administración para su ejecución, a tenor del artículo 32 de la LJCA, pues ante un supuesto de inactividad de la Administración para la realización de una prestación derivada de disposición general (sin necesidad de acto de aplicación), acto, contrato o convenio, el interesado estará facultado para reclamar su cumplimiento; existiendo:

(i) el Acuerdo Marco o convenio;

(ii) la prestación concreta consistente en el abono de la paga extraordinaria de antigüedad en la Empresa derivada del mismo;

(iii) habiendo transcurrido el plazo de 3 meses desde su primera reclamación sin efectividad, pues ya el 8.6.2018, se presentó escrito dirigido al consejero en el que instaba que: "se cumpla el acuerdo vigente y se proceda al abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad a los trabajadores que devengaron el derecho a lo largo de 2016".

Por lo que, como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, la pretensión articulada en el suplico de la demanda es la de que se: "dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a: i)que cumpla el Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012 y abone la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el punto primero de ese Acuerdo, reconocida en los Convenios Colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido, así como a los que la devenguen; ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables-; con expresa imposición de las costas causadas.".

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA,interesa el dictado de una sentencia que inadmita y subsidiariamente, desestime la demanda, en base a los siguientes argumentos:

Primeramente, defiende la inadmisión del recurso, pues la pretensión de condena y abono de la paga corresponde a la Jurisdicción Social, conforme al artículo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, al tratarse de una retribución salarial de personal laboral, dimanante de un Convenio Colectivo.

En este sentido, expone que resulta indubitada según al STS de 27.10.2004, Sala de lo Social, (Rec. 134/2003) la naturaleza salarial de dicha paga de antigüedad; siendo el orden jurisdiccional social el que está conociendo de las diversas demandas de reconocimiento y abono del complemento de antigüedad de personal docente de empresas privadas que prestan servicios a través del sistema de concierto.

Esgrimiendo, asimismo, que la exigencia de cumplimiento del Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012, que desarrolla en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las previsiones de los Convenios colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, de las que nace este derecho retributivo, entra dentro de las previsiones del artículo 2.h) de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social que reconoce la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, para conocer "de las cuestiones litigiosas que se promuevan, sobre la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral"

Así como, que en la citada sentencia de 27.10.2004, el Tribunal Supremo declaró "para conocer una asunto idéntico al que nos ocupa"que la Jurisdicción social era la competente, confirmando el criterio sostenido en aquel caso por la Sala de lo Social de CLM (Sentencia de 3.6.2003- Procedimiento 1/2003)- de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99, de la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL, nos encontramos ante una cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción.

Expone la demanda que concurre desviación procesal, pues en el escrito de solicitud que da origen a las presentes actuaciones, se solicitó la información y datos correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2018, interesando que se abonara a los trabajadores que hubiesen cumplido los 25 años de antigüedad en la Empresa la paga extraordinaria devengada y en la demanda se insta que se abone la paga extraordinaria por antigüedad a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido; esto es, se insta ahora el reconocimiento de derechos y abono de cantidades, correspondientes al concepto de paga extraordinaria por antigüedad, de anualidades posteriores.

Y subsidiariamente, defiende que la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad incurre en infracción de la normativa constitucional, así como estatal y autonómica, tanto en materia presupuestaria, como educativa. Y que, en cualquier caso, resulta improcedente de acceder a la pretensión de abono formulada por la parte actora, al haberse acreditado en el expediente la ausencia de disponibilidad presupuestaria de los años 2015 a 2019.

Y con respecto a la segunda pretensión (la identificada como ii) en la demanda de facilitar la información completa instada, para la cual si sería competente la jurisdicción contenciosa, esgrime que concurre una carencia sobrevenida de objeto pues la documental interesada por la parte actora, consta en el expediente administrativo incorporado por la Administración a estas actuaciones, siendo improcedente el reconocimiento en virtud de sentencia del deber de remitir tal información.

Por su parte en el escrito de conclusiones de la actora,se defiende:

Que la jurisdicción que debe conocer el presente recurso es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues la demanda se formula en virtud del artículo 29 de la LJCA ante una inactividad de la Administración instando que una condena al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Acuerdo Marco; sobre la que la jurisdicción social carece de competencia, pues si que la ostentaría respecto e acciones individuales de los trabajadores de los distintos centros educativos de la enseñanza concertada en reclamación de salarios contra sus Empresas y contra la administración responsable de su abono en pago delegado, no siendo esta última la acción ejercitada.

Que la falta de partida presupuestaria obedece a una decisión voluntaria de la Administración, la cual no ha realizado la memoria económica (párrafo segundo DF Segunda del Acuerdo Marco), ni ha calculado el importe necesario para cumplir con sus obligaciones;

Y con respecto a la falta de información solicitada, se mantiene que no se le ha proporcionado toda la información inicialmente instada (en particular, "lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit en la partida de gastos variables";así como que en cualquier caso, no es admisible, ni ajustado a derecho que se tenga que promover la reclamación judicial para que, entonces y solo en ese caso, le sea facilitada la información a la que tiene derecho.

Mientras que la Junta en conclusionesmantiene que la ausencia de disponibilidad presupuestaria, tras el agotamiento del importe de los módulos, exime a la Administración del pago delegado de la gratificación extraordinaria de antigüedad y que en el presente caso del informe suscrito con fecha 2 de marzo de 2021, por el Coordinador de Asuntos económicos y Presupuestarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente, que abarca desde el año 2015 al 2019, el crédito inicial incluido en el presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la financiación de los conciertos educativos, así como el gasto generado, se desprende la insuficiencia presupuestaria, con la que se ha producido el cierre presupuestario para la financiación de los conciertos educativos en todas estas anualidades, y la inexistencia de excedentes del crédito presupuestario, destinado a los conciertos educativos.

El Ministerio Fiscal presentó escrito en consideró que el órgano competente para el conocimiento de las presentes actuaciones era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, conforme al artículo 8.2.a) y 14.2 de la LJCA.

TERCERO.- Sobre la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad.

Antes de proceder al análisis de la excepción de falta de jurisdicción planteada, consideramos oportuno precisar que el recurso contencioso-administrativo que da origen al presente litigio se interpone al amparo del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), invocando la inactividad de la Consejería de Educación. En concreto, se señala que con fecha 10 de diciembre de 2019, el recurrente presentó un escrito solicitando, por un lado, el abono de la paga extraordinaria por antigüedad devengada, y por otro, la entrega de información relativa a las partidas presupuestarias correspondientes.

Así, el objeto del recurso se configura en torno a dos omisiones diferenciadas: la falta de abono de una retribución de carácter salarial y la falta de respuesta a una solicitud de información. En consecuencia, se formulan dos pretensiones de condena distintas, lo que obliga a esta Sala, para valorar su competencia, a analizar por separado los actos administrativos (en sentido amplio) cuya impugnación se plantea.

En primer lugar, la recurrente reclama el abono de la paga de antigüedad, a cuyo abono se comprometió el Gobierno de Castilla La Mancha en virtud del Acuerdo- Marco entre las Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada de 9 de junio de 2012.

Dicho Acuerdo marco dispone que la reclamada paga extraordinaria por antigüedad en la empresa está establecida en el artículo 61, la DA Octava y la DT Primera del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parciamente con fondos públicos (Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General del Trabajo). Y dispone, entre otras cuestiones, que el momento de su devengo será el día en que el profesor cumpla, como regla general, al menos veinticinco años de antigüedad en su centro, que será única, por un importe equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido y que su liquidación quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

El V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos de 28 de diciembre de 2006 afecta, según su artículo 2, a las empresas de enseñanza de titularidad privada, no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente. Dicho Convenio en su título dedicado a Retribuciones, contempla en su artículo 61 la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa.

Asiste la razón a la Administración demandada respecto a que nuestro Tribunal Supremo (Sala Social, Sección 1ª) en la Sentencia de 27 de octubre de 2004, en relación con un idéntico concepto retributivo, la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el art. 61 del IV Convenio Colectivo de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, confirmó en una demanda de conflicto colectivo en virtud de la que se instaba que se reconociese el carácter salarial de dicha Paga y se reconociese la obligación de la Junta para proceder al abono de dicha paga el personal de los centros concertados, que la jurisdicción social era la competente para el conocimiento del pleito. En concreto, nuestro Alto Tribunal confirma en este extremo, el pronunciamiento de la Sala de lo Social del TSJ de CLM, en su sentencia de 3 de junio de 2003, cuando dispone en su Fundamento de Derecho Primero:

"Alegadas por las partes diversas excepciones, procede dar contestación, en primer lugar, a la de incompetencia jurisdiccional alegada por la representación letrada de la Junta de Comunidades codemandada, toda vez que, en caso de aceptarse la misma, ya no cabría pronunciarse sobre el resto de cuestiones planteadas.

Tal alegación ha sido ya resuelta, con carácter general, para tema idéntico, en Sentencia de 17-12-02, conocida por todas las partes, en cuanto que todas aludieron a la misma, que mantiene doctrina que asume esta Sala, de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Y ello, además, siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99. Resumidamente, viene a señalar esa consolidada corriente jurisprudencial que la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL ,cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción. Siendo conforme a ello la opinión del Ministerio Fiscal consultado."

A la vista de lo expuesto, entendemos que debe mantenerse el criterio según el cual la jurisdicción competente para conocer de la pretensión principal es la jurisdicción social. Este criterio encuentra respaldo en el artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el cual establece que los órganos del orden social conocerán de los litigios que se susciten entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo o del contrato de puesta a disposición, salvo lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Asimismo, dicha jurisdicción es competente para conocer del ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral (apartado a), así como de la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos aquellos suscritos por las Administraciones públicas cuando afecten exclusivamente a personal laboral (apartado h).

Que el origen de la reclamación resida en una situación de "inactividad" de la Administración, al no haber dado respuesta expresa al escrito presentado el 4 de diciembre de 2019, en el que se solicitaba el abono de la paga extraordinaria correspondiente a los trabajadores con 25 años de antigüedad en la empresa, no afecta, a nuestro juicio, a la determinación de la jurisdicción competente. Para tal fin, debe atenderse al contenido de la pretensión, que en este caso versa sobre el abono de un concepto de naturaleza salarial, derivado de la prestación de servicios para una empresa durante un periodo determinado. Dicha reclamación se dirige contra la Administración, a quién se considera obligada al pago, no en su condición de ente con potestades públicas, sino en su papel de cogestora, junto con la empresa, de un servicio público. Lo cual viene avalado además por diversas Sentencias de la Sala de lo Social en que se han ventilado las reclamaciones relacionadas con el abono de este tipo de pagas, pudiendo citar, a título de ejemplo, la STS de la Sala de lo Social, Sección 1, nº 1223/2023 de 21 de diciembre (Rec. 455/2021).

Procede, por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 69.a) de la Ley Jurisdiccional, visto lo que establece los artículos 1 y 2.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, acoger la causa de inadmisibilidad opuesta por la Junta de Comunidades de CLM y declararlo así por carecer este Tribunal de jurisdicción para conocer del presente recurso, al corresponder la misma a los órganos jurisdiccionales del orden social. Dicha inadmisibilidad del recurso se destaca, en lo que afecta a la "inactividad" de la Administración en cuanto al abono de la paga extraordinaria por antigüedad al personal docente de los centros concertados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.

CUARTO.- Sobre la información solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019.

A criterio de esta Sala la inadmisibilidad del recurso contencioso, como propugna la propia recurrente será parcial, puesto que se dirige frente a la falta de abono de la paga extraordinaria, pero también frente a la falta de suministro de una información solicitada. En concreto, en la demanda se insta que" se dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a (...) ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables."

Es cierto que las solicitudes presentadas en abril y diciembre no fueron atendidas en su momento, lo que motivó la interposición del presente recurso contencioso administrativo. No obstante, de la documentación obrante en autos se desprende que la información solicitada fue, al menos en su mayor parte, facilitada durante el proceso judicial. Por ello, no procede dictar una condena a entregar nuevamente información que ya ha sido suministrada.

Si bien se insiste por la recurrente en la necesidad de recibir la información de forma íntegra, lo cierto es que dicha solicitud tenía como finalidad comprobar la existencia de los requisitos necesarios para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad. Tal como señala la Administración demandada, de los datos aportados se desprende la inexistencia de disponibilidad presupuestaria, con la incidencia que ello implica de cara a la liquidación de la paga, según los términos del Acuerdo Marco suscrito, en el que se prevé que la liquidación de la paga quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

En consecuencia, no procede imponer a la Administración la obligación de entregar la información restante, toda vez que no se ha acreditado en qué medida dicha información pendiente podría ser determinante para obtener el reconocimiento de un derecho retributivo sobre el que esta jurisdicción carece de competencia para pronunciarse.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso contencioso-administrativo en lo relativo a la impugnación por inactividad de la Administración respecto al suministro de información.

QUINTO.- Costas procesales

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la inadmisibilidad parcial del recurso que ahora declararemos hace improcedente un especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en el mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso administrativo

El 10.12.2019el recurrente presentó escrito ante la Consejería de Educación de la JCCM solicitando que, dando cumplimiento al "Acuerdo-Marco entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, los sindicatos y las organizaciones patronales y de los titulares de la enseñanza privada concertada, para la mejora permanente de la Calidad Educativa y las condiciones laborales en los centros docentes privados concertados en la Comunidad Autónoma, el 9 de julio de 2012",cuyo punto 1 se refiere a la "Gestión de la paga de antigüedad"y puesto que la Consejería no está abonando a los trabajadores el derecho que tienen reconocido, se solicita lo siguiente:

Primero-con respecto a los ejercicios de 2015 a 2018 que se informe sobre "el importe presupuestado (crédito inicial) y el importe de las obligaciones reconocidas en las siguientes partidas de cada unidad escolar (de forma separada e individual por cada centro educativo, unidad escolar y por cada nivel educativo (enseñanza primaria y secundaria)":

a) los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que corresponden a los titulares de los centros ( artículo 117-3-a) h de la vigente LO 2/2006, de Educación ).

b) partida de gastos variables, que incluye el artículo 117.3.c de la LO 2/2006 .

Segundo- que se informe sobre las razones por las que, conociendo la administración con antelación anual en número de trabajadores a quien debe abonar la paga extraordinaria, año tras año incumple su obligación y no realiza la pertinente previsión para dar cumplimiento a la deuda contraída (...) en caso de que se haya presupuestado e incluido en los créditos iniciales de estos ejercicios el importe correspondiente a los trabajadores a quien debe abonarse en cada 1 de ellos, que se informe sobre la causa por la que no se ha cumplido y liquidado la paga extraordinaria de antigüedad que vienen reclamando y que se reclama nuevamente con este escrito para todos los trabajadores que tienen pendiente percibirla.

Dicho escrito finaliza con el suplico dirigido a la Consejería de que se expida y entregue la información solicitada y se abone a los trabajadores que han cumplido los 25 años de antigüedad en la empresa la paga extraordinaria devengada.

En fecha 17.2.2021la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Castilla-La Mancha interpone recurso contenciosocontra la inactividad de la Administración, considerando han transcurrido los tres meses a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Jurisdiccional sin que se haya dado cumplimiento a lo solicitado, puesto que subsiste la inactividad y la administración demandada sigue sin cumplir los convenido con la demandante y el resto de partes intervinientes en el Acuerdo-Marco.

SEGUNDO: Posición de las partes

En la DEMANDAse indica que aunque se ha recibido la información sobre las cantidades que la Consejería destinó a pagar salarios del personal y gastos variables en cada centro de la comunidad autónoma y en cada nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria) de esos centros, no se ha recibido información sobre lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit; ni la información necesaria para saber si se incluyeron en cada crédito inicial presupuestado para cada centro y nivel las cantidades necesarias para cumplir el Acuerdo Marco y abonar la paga extraordinaria por antigüedad.

Por lo que esgrime que "la Administración demandada no ha cumplido con sus obligaciones de pago y ha actuado con falta de transparencia, privando a la recurrente de su derecho de información, de conocer si durante estos años, en un nivel educativo de un determinado centro escolar, existió déficit o superávit presupuestario en las partidas de salarios y gastos variables, en las que, además y previamente, debería haber previsto el importe de la paga de cada trabajador".

Invoca el art. 29.1 de la LJCA; considerando procedente la condena a la Administración para su ejecución, a tenor del artículo 32 de la LJCA, pues ante un supuesto de inactividad de la Administración para la realización de una prestación derivada de disposición general (sin necesidad de acto de aplicación), acto, contrato o convenio, el interesado estará facultado para reclamar su cumplimiento; existiendo:

(i) el Acuerdo Marco o convenio;

(ii) la prestación concreta consistente en el abono de la paga extraordinaria de antigüedad en la Empresa derivada del mismo;

(iii) habiendo transcurrido el plazo de 3 meses desde su primera reclamación sin efectividad, pues ya el 8.6.2018, se presentó escrito dirigido al consejero en el que instaba que: "se cumpla el acuerdo vigente y se proceda al abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad a los trabajadores que devengaron el derecho a lo largo de 2016".

Por lo que, como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, la pretensión articulada en el suplico de la demanda es la de que se: "dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a: i)que cumpla el Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012 y abone la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el punto primero de ese Acuerdo, reconocida en los Convenios Colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido, así como a los que la devenguen; ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables-; con expresa imposición de las costas causadas.".

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA,interesa el dictado de una sentencia que inadmita y subsidiariamente, desestime la demanda, en base a los siguientes argumentos:

Primeramente, defiende la inadmisión del recurso, pues la pretensión de condena y abono de la paga corresponde a la Jurisdicción Social, conforme al artículo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, al tratarse de una retribución salarial de personal laboral, dimanante de un Convenio Colectivo.

En este sentido, expone que resulta indubitada según al STS de 27.10.2004, Sala de lo Social, (Rec. 134/2003) la naturaleza salarial de dicha paga de antigüedad; siendo el orden jurisdiccional social el que está conociendo de las diversas demandas de reconocimiento y abono del complemento de antigüedad de personal docente de empresas privadas que prestan servicios a través del sistema de concierto.

Esgrimiendo, asimismo, que la exigencia de cumplimiento del Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012, que desarrolla en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las previsiones de los Convenios colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, de las que nace este derecho retributivo, entra dentro de las previsiones del artículo 2.h) de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social que reconoce la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, para conocer "de las cuestiones litigiosas que se promuevan, sobre la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral"

Así como, que en la citada sentencia de 27.10.2004, el Tribunal Supremo declaró "para conocer una asunto idéntico al que nos ocupa"que la Jurisdicción social era la competente, confirmando el criterio sostenido en aquel caso por la Sala de lo Social de CLM (Sentencia de 3.6.2003- Procedimiento 1/2003)- de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99, de la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL, nos encontramos ante una cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción.

Expone la demanda que concurre desviación procesal, pues en el escrito de solicitud que da origen a las presentes actuaciones, se solicitó la información y datos correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2018, interesando que se abonara a los trabajadores que hubiesen cumplido los 25 años de antigüedad en la Empresa la paga extraordinaria devengada y en la demanda se insta que se abone la paga extraordinaria por antigüedad a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido; esto es, se insta ahora el reconocimiento de derechos y abono de cantidades, correspondientes al concepto de paga extraordinaria por antigüedad, de anualidades posteriores.

Y subsidiariamente, defiende que la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad incurre en infracción de la normativa constitucional, así como estatal y autonómica, tanto en materia presupuestaria, como educativa. Y que, en cualquier caso, resulta improcedente de acceder a la pretensión de abono formulada por la parte actora, al haberse acreditado en el expediente la ausencia de disponibilidad presupuestaria de los años 2015 a 2019.

Y con respecto a la segunda pretensión (la identificada como ii) en la demanda de facilitar la información completa instada, para la cual si sería competente la jurisdicción contenciosa, esgrime que concurre una carencia sobrevenida de objeto pues la documental interesada por la parte actora, consta en el expediente administrativo incorporado por la Administración a estas actuaciones, siendo improcedente el reconocimiento en virtud de sentencia del deber de remitir tal información.

Por su parte en el escrito de conclusiones de la actora,se defiende:

Que la jurisdicción que debe conocer el presente recurso es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues la demanda se formula en virtud del artículo 29 de la LJCA ante una inactividad de la Administración instando que una condena al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Acuerdo Marco; sobre la que la jurisdicción social carece de competencia, pues si que la ostentaría respecto e acciones individuales de los trabajadores de los distintos centros educativos de la enseñanza concertada en reclamación de salarios contra sus Empresas y contra la administración responsable de su abono en pago delegado, no siendo esta última la acción ejercitada.

Que la falta de partida presupuestaria obedece a una decisión voluntaria de la Administración, la cual no ha realizado la memoria económica (párrafo segundo DF Segunda del Acuerdo Marco), ni ha calculado el importe necesario para cumplir con sus obligaciones;

Y con respecto a la falta de información solicitada, se mantiene que no se le ha proporcionado toda la información inicialmente instada (en particular, "lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit en la partida de gastos variables";así como que en cualquier caso, no es admisible, ni ajustado a derecho que se tenga que promover la reclamación judicial para que, entonces y solo en ese caso, le sea facilitada la información a la que tiene derecho.

Mientras que la Junta en conclusionesmantiene que la ausencia de disponibilidad presupuestaria, tras el agotamiento del importe de los módulos, exime a la Administración del pago delegado de la gratificación extraordinaria de antigüedad y que en el presente caso del informe suscrito con fecha 2 de marzo de 2021, por el Coordinador de Asuntos económicos y Presupuestarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente, que abarca desde el año 2015 al 2019, el crédito inicial incluido en el presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la financiación de los conciertos educativos, así como el gasto generado, se desprende la insuficiencia presupuestaria, con la que se ha producido el cierre presupuestario para la financiación de los conciertos educativos en todas estas anualidades, y la inexistencia de excedentes del crédito presupuestario, destinado a los conciertos educativos.

El Ministerio Fiscal presentó escrito en consideró que el órgano competente para el conocimiento de las presentes actuaciones era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, conforme al artículo 8.2.a) y 14.2 de la LJCA.

TERCERO.- Sobre la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad.

Antes de proceder al análisis de la excepción de falta de jurisdicción planteada, consideramos oportuno precisar que el recurso contencioso-administrativo que da origen al presente litigio se interpone al amparo del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), invocando la inactividad de la Consejería de Educación. En concreto, se señala que con fecha 10 de diciembre de 2019, el recurrente presentó un escrito solicitando, por un lado, el abono de la paga extraordinaria por antigüedad devengada, y por otro, la entrega de información relativa a las partidas presupuestarias correspondientes.

Así, el objeto del recurso se configura en torno a dos omisiones diferenciadas: la falta de abono de una retribución de carácter salarial y la falta de respuesta a una solicitud de información. En consecuencia, se formulan dos pretensiones de condena distintas, lo que obliga a esta Sala, para valorar su competencia, a analizar por separado los actos administrativos (en sentido amplio) cuya impugnación se plantea.

En primer lugar, la recurrente reclama el abono de la paga de antigüedad, a cuyo abono se comprometió el Gobierno de Castilla La Mancha en virtud del Acuerdo- Marco entre las Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada de 9 de junio de 2012.

Dicho Acuerdo marco dispone que la reclamada paga extraordinaria por antigüedad en la empresa está establecida en el artículo 61, la DA Octava y la DT Primera del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parciamente con fondos públicos (Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General del Trabajo). Y dispone, entre otras cuestiones, que el momento de su devengo será el día en que el profesor cumpla, como regla general, al menos veinticinco años de antigüedad en su centro, que será única, por un importe equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido y que su liquidación quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

El V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos de 28 de diciembre de 2006 afecta, según su artículo 2, a las empresas de enseñanza de titularidad privada, no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente. Dicho Convenio en su título dedicado a Retribuciones, contempla en su artículo 61 la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa.

Asiste la razón a la Administración demandada respecto a que nuestro Tribunal Supremo (Sala Social, Sección 1ª) en la Sentencia de 27 de octubre de 2004, en relación con un idéntico concepto retributivo, la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el art. 61 del IV Convenio Colectivo de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, confirmó en una demanda de conflicto colectivo en virtud de la que se instaba que se reconociese el carácter salarial de dicha Paga y se reconociese la obligación de la Junta para proceder al abono de dicha paga el personal de los centros concertados, que la jurisdicción social era la competente para el conocimiento del pleito. En concreto, nuestro Alto Tribunal confirma en este extremo, el pronunciamiento de la Sala de lo Social del TSJ de CLM, en su sentencia de 3 de junio de 2003, cuando dispone en su Fundamento de Derecho Primero:

"Alegadas por las partes diversas excepciones, procede dar contestación, en primer lugar, a la de incompetencia jurisdiccional alegada por la representación letrada de la Junta de Comunidades codemandada, toda vez que, en caso de aceptarse la misma, ya no cabría pronunciarse sobre el resto de cuestiones planteadas.

Tal alegación ha sido ya resuelta, con carácter general, para tema idéntico, en Sentencia de 17-12-02, conocida por todas las partes, en cuanto que todas aludieron a la misma, que mantiene doctrina que asume esta Sala, de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Y ello, además, siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99. Resumidamente, viene a señalar esa consolidada corriente jurisprudencial que la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL ,cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción. Siendo conforme a ello la opinión del Ministerio Fiscal consultado."

A la vista de lo expuesto, entendemos que debe mantenerse el criterio según el cual la jurisdicción competente para conocer de la pretensión principal es la jurisdicción social. Este criterio encuentra respaldo en el artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el cual establece que los órganos del orden social conocerán de los litigios que se susciten entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo o del contrato de puesta a disposición, salvo lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Asimismo, dicha jurisdicción es competente para conocer del ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral (apartado a), así como de la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos aquellos suscritos por las Administraciones públicas cuando afecten exclusivamente a personal laboral (apartado h).

Que el origen de la reclamación resida en una situación de "inactividad" de la Administración, al no haber dado respuesta expresa al escrito presentado el 4 de diciembre de 2019, en el que se solicitaba el abono de la paga extraordinaria correspondiente a los trabajadores con 25 años de antigüedad en la empresa, no afecta, a nuestro juicio, a la determinación de la jurisdicción competente. Para tal fin, debe atenderse al contenido de la pretensión, que en este caso versa sobre el abono de un concepto de naturaleza salarial, derivado de la prestación de servicios para una empresa durante un periodo determinado. Dicha reclamación se dirige contra la Administración, a quién se considera obligada al pago, no en su condición de ente con potestades públicas, sino en su papel de cogestora, junto con la empresa, de un servicio público. Lo cual viene avalado además por diversas Sentencias de la Sala de lo Social en que se han ventilado las reclamaciones relacionadas con el abono de este tipo de pagas, pudiendo citar, a título de ejemplo, la STS de la Sala de lo Social, Sección 1, nº 1223/2023 de 21 de diciembre (Rec. 455/2021).

Procede, por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 69.a) de la Ley Jurisdiccional, visto lo que establece los artículos 1 y 2.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, acoger la causa de inadmisibilidad opuesta por la Junta de Comunidades de CLM y declararlo así por carecer este Tribunal de jurisdicción para conocer del presente recurso, al corresponder la misma a los órganos jurisdiccionales del orden social. Dicha inadmisibilidad del recurso se destaca, en lo que afecta a la "inactividad" de la Administración en cuanto al abono de la paga extraordinaria por antigüedad al personal docente de los centros concertados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.

CUARTO.- Sobre la información solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019.

A criterio de esta Sala la inadmisibilidad del recurso contencioso, como propugna la propia recurrente será parcial, puesto que se dirige frente a la falta de abono de la paga extraordinaria, pero también frente a la falta de suministro de una información solicitada. En concreto, en la demanda se insta que" se dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a (...) ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables."

Es cierto que las solicitudes presentadas en abril y diciembre no fueron atendidas en su momento, lo que motivó la interposición del presente recurso contencioso administrativo. No obstante, de la documentación obrante en autos se desprende que la información solicitada fue, al menos en su mayor parte, facilitada durante el proceso judicial. Por ello, no procede dictar una condena a entregar nuevamente información que ya ha sido suministrada.

Si bien se insiste por la recurrente en la necesidad de recibir la información de forma íntegra, lo cierto es que dicha solicitud tenía como finalidad comprobar la existencia de los requisitos necesarios para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad. Tal como señala la Administración demandada, de los datos aportados se desprende la inexistencia de disponibilidad presupuestaria, con la incidencia que ello implica de cara a la liquidación de la paga, según los términos del Acuerdo Marco suscrito, en el que se prevé que la liquidación de la paga quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

En consecuencia, no procede imponer a la Administración la obligación de entregar la información restante, toda vez que no se ha acreditado en qué medida dicha información pendiente podría ser determinante para obtener el reconocimiento de un derecho retributivo sobre el que esta jurisdicción carece de competencia para pronunciarse.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso contencioso-administrativo en lo relativo a la impugnación por inactividad de la Administración respecto al suministro de información.

QUINTO.- Costas procesales

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la inadmisibilidad parcial del recurso que ahora declararemos hace improcedente un especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en el mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.- Objeto del recurso contencioso administrativo

El 10.12.2019el recurrente presentó escrito ante la Consejería de Educación de la JCCM solicitando que, dando cumplimiento al "Acuerdo-Marco entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, los sindicatos y las organizaciones patronales y de los titulares de la enseñanza privada concertada, para la mejora permanente de la Calidad Educativa y las condiciones laborales en los centros docentes privados concertados en la Comunidad Autónoma, el 9 de julio de 2012",cuyo punto 1 se refiere a la "Gestión de la paga de antigüedad"y puesto que la Consejería no está abonando a los trabajadores el derecho que tienen reconocido, se solicita lo siguiente:

Primero-con respecto a los ejercicios de 2015 a 2018 que se informe sobre "el importe presupuestado (crédito inicial) y el importe de las obligaciones reconocidas en las siguientes partidas de cada unidad escolar (de forma separada e individual por cada centro educativo, unidad escolar y por cada nivel educativo (enseñanza primaria y secundaria)":

a) los salarios del personal docente, incluidas las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social que corresponden a los titulares de los centros ( artículo 117-3-a) h de la vigente LO 2/2006, de Educación ).

b) partida de gastos variables, que incluye el artículo 117.3.c de la LO 2/2006 .

Segundo- que se informe sobre las razones por las que, conociendo la administración con antelación anual en número de trabajadores a quien debe abonar la paga extraordinaria, año tras año incumple su obligación y no realiza la pertinente previsión para dar cumplimiento a la deuda contraída (...) en caso de que se haya presupuestado e incluido en los créditos iniciales de estos ejercicios el importe correspondiente a los trabajadores a quien debe abonarse en cada 1 de ellos, que se informe sobre la causa por la que no se ha cumplido y liquidado la paga extraordinaria de antigüedad que vienen reclamando y que se reclama nuevamente con este escrito para todos los trabajadores que tienen pendiente percibirla.

Dicho escrito finaliza con el suplico dirigido a la Consejería de que se expida y entregue la información solicitada y se abone a los trabajadores que han cumplido los 25 años de antigüedad en la empresa la paga extraordinaria devengada.

En fecha 17.2.2021la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Castilla-La Mancha interpone recurso contenciosocontra la inactividad de la Administración, considerando han transcurrido los tres meses a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Jurisdiccional sin que se haya dado cumplimiento a lo solicitado, puesto que subsiste la inactividad y la administración demandada sigue sin cumplir los convenido con la demandante y el resto de partes intervinientes en el Acuerdo-Marco.

SEGUNDO: Posición de las partes

En la DEMANDAse indica que aunque se ha recibido la información sobre las cantidades que la Consejería destinó a pagar salarios del personal y gastos variables en cada centro de la comunidad autónoma y en cada nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria) de esos centros, no se ha recibido información sobre lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit; ni la información necesaria para saber si se incluyeron en cada crédito inicial presupuestado para cada centro y nivel las cantidades necesarias para cumplir el Acuerdo Marco y abonar la paga extraordinaria por antigüedad.

Por lo que esgrime que "la Administración demandada no ha cumplido con sus obligaciones de pago y ha actuado con falta de transparencia, privando a la recurrente de su derecho de información, de conocer si durante estos años, en un nivel educativo de un determinado centro escolar, existió déficit o superávit presupuestario en las partidas de salarios y gastos variables, en las que, además y previamente, debería haber previsto el importe de la paga de cada trabajador".

Invoca el art. 29.1 de la LJCA; considerando procedente la condena a la Administración para su ejecución, a tenor del artículo 32 de la LJCA, pues ante un supuesto de inactividad de la Administración para la realización de una prestación derivada de disposición general (sin necesidad de acto de aplicación), acto, contrato o convenio, el interesado estará facultado para reclamar su cumplimiento; existiendo:

(i) el Acuerdo Marco o convenio;

(ii) la prestación concreta consistente en el abono de la paga extraordinaria de antigüedad en la Empresa derivada del mismo;

(iii) habiendo transcurrido el plazo de 3 meses desde su primera reclamación sin efectividad, pues ya el 8.6.2018, se presentó escrito dirigido al consejero en el que instaba que: "se cumpla el acuerdo vigente y se proceda al abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad a los trabajadores que devengaron el derecho a lo largo de 2016".

Por lo que, como se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, la pretensión articulada en el suplico de la demanda es la de que se: "dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a: i)que cumpla el Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012 y abone la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el punto primero de ese Acuerdo, reconocida en los Convenios Colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido, así como a los que la devenguen; ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables-; con expresa imposición de las costas causadas.".

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA,interesa el dictado de una sentencia que inadmita y subsidiariamente, desestime la demanda, en base a los siguientes argumentos:

Primeramente, defiende la inadmisión del recurso, pues la pretensión de condena y abono de la paga corresponde a la Jurisdicción Social, conforme al artículo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, al tratarse de una retribución salarial de personal laboral, dimanante de un Convenio Colectivo.

En este sentido, expone que resulta indubitada según al STS de 27.10.2004, Sala de lo Social, (Rec. 134/2003) la naturaleza salarial de dicha paga de antigüedad; siendo el orden jurisdiccional social el que está conociendo de las diversas demandas de reconocimiento y abono del complemento de antigüedad de personal docente de empresas privadas que prestan servicios a través del sistema de concierto.

Esgrimiendo, asimismo, que la exigencia de cumplimiento del Acuerdo Marco suscrito el 9 de julio de 2012, que desarrolla en el ámbito de la Comunidad de Castilla-La Mancha, las previsiones de los Convenios colectivos de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, de las que nace este derecho retributivo, entra dentro de las previsiones del artículo 2.h) de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social que reconoce la competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social, para conocer "de las cuestiones litigiosas que se promuevan, sobre la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral"

Así como, que en la citada sentencia de 27.10.2004, el Tribunal Supremo declaró "para conocer una asunto idéntico al que nos ocupa"que la Jurisdicción social era la competente, confirmando el criterio sostenido en aquel caso por la Sala de lo Social de CLM (Sentencia de 3.6.2003- Procedimiento 1/2003)- de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99, de la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL, nos encontramos ante una cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción.

Expone la demanda que concurre desviación procesal, pues en el escrito de solicitud que da origen a las presentes actuaciones, se solicitó la información y datos correspondientes a los ejercicios de 2015 a 2018, interesando que se abonara a los trabajadores que hubiesen cumplido los 25 años de antigüedad en la Empresa la paga extraordinaria devengada y en la demanda se insta que se abone la paga extraordinaria por antigüedad a los trabajadores que la han devengado desde el año 2016 y no la han percibido; esto es, se insta ahora el reconocimiento de derechos y abono de cantidades, correspondientes al concepto de paga extraordinaria por antigüedad, de anualidades posteriores.

Y subsidiariamente, defiende que la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad incurre en infracción de la normativa constitucional, así como estatal y autonómica, tanto en materia presupuestaria, como educativa. Y que, en cualquier caso, resulta improcedente de acceder a la pretensión de abono formulada por la parte actora, al haberse acreditado en el expediente la ausencia de disponibilidad presupuestaria de los años 2015 a 2019.

Y con respecto a la segunda pretensión (la identificada como ii) en la demanda de facilitar la información completa instada, para la cual si sería competente la jurisdicción contenciosa, esgrime que concurre una carencia sobrevenida de objeto pues la documental interesada por la parte actora, consta en el expediente administrativo incorporado por la Administración a estas actuaciones, siendo improcedente el reconocimiento en virtud de sentencia del deber de remitir tal información.

Por su parte en el escrito de conclusiones de la actora,se defiende:

Que la jurisdicción que debe conocer el presente recurso es la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pues la demanda se formula en virtud del artículo 29 de la LJCA ante una inactividad de la Administración instando que una condena al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Acuerdo Marco; sobre la que la jurisdicción social carece de competencia, pues si que la ostentaría respecto e acciones individuales de los trabajadores de los distintos centros educativos de la enseñanza concertada en reclamación de salarios contra sus Empresas y contra la administración responsable de su abono en pago delegado, no siendo esta última la acción ejercitada.

Que la falta de partida presupuestaria obedece a una decisión voluntaria de la Administración, la cual no ha realizado la memoria económica (párrafo segundo DF Segunda del Acuerdo Marco), ni ha calculado el importe necesario para cumplir con sus obligaciones;

Y con respecto a la falta de información solicitada, se mantiene que no se le ha proporcionado toda la información inicialmente instada (en particular, "lo presupuestado inicialmente (crédito inicial) para cada una de las partidas en cada uno de esos centros y niveles, lo que permitiría conocer si ha habido déficit y/o superávit en la partida de gastos variables";así como que en cualquier caso, no es admisible, ni ajustado a derecho que se tenga que promover la reclamación judicial para que, entonces y solo en ese caso, le sea facilitada la información a la que tiene derecho.

Mientras que la Junta en conclusionesmantiene que la ausencia de disponibilidad presupuestaria, tras el agotamiento del importe de los módulos, exime a la Administración del pago delegado de la gratificación extraordinaria de antigüedad y que en el presente caso del informe suscrito con fecha 2 de marzo de 2021, por el Coordinador de Asuntos económicos y Presupuestarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente, que abarca desde el año 2015 al 2019, el crédito inicial incluido en el presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para la financiación de los conciertos educativos, así como el gasto generado, se desprende la insuficiencia presupuestaria, con la que se ha producido el cierre presupuestario para la financiación de los conciertos educativos en todas estas anualidades, y la inexistencia de excedentes del crédito presupuestario, destinado a los conciertos educativos.

El Ministerio Fiscal presentó escrito en consideró que el órgano competente para el conocimiento de las presentes actuaciones era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Toledo, conforme al artículo 8.2.a) y 14.2 de la LJCA.

TERCERO.- Sobre la pretensión de abono de la paga extraordinaria por antigüedad.

Antes de proceder al análisis de la excepción de falta de jurisdicción planteada, consideramos oportuno precisar que el recurso contencioso-administrativo que da origen al presente litigio se interpone al amparo del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), invocando la inactividad de la Consejería de Educación. En concreto, se señala que con fecha 10 de diciembre de 2019, el recurrente presentó un escrito solicitando, por un lado, el abono de la paga extraordinaria por antigüedad devengada, y por otro, la entrega de información relativa a las partidas presupuestarias correspondientes.

Así, el objeto del recurso se configura en torno a dos omisiones diferenciadas: la falta de abono de una retribución de carácter salarial y la falta de respuesta a una solicitud de información. En consecuencia, se formulan dos pretensiones de condena distintas, lo que obliga a esta Sala, para valorar su competencia, a analizar por separado los actos administrativos (en sentido amplio) cuya impugnación se plantea.

En primer lugar, la recurrente reclama el abono de la paga de antigüedad, a cuyo abono se comprometió el Gobierno de Castilla La Mancha en virtud del Acuerdo- Marco entre las Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la JCCM, los sindicatos y las organizaciones patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada de 9 de junio de 2012.

Dicho Acuerdo marco dispone que la reclamada paga extraordinaria por antigüedad en la empresa está establecida en el artículo 61, la DA Octava y la DT Primera del V Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parciamente con fondos públicos (Resolución de 28 de diciembre de 2006, de la Dirección General del Trabajo). Y dispone, entre otras cuestiones, que el momento de su devengo será el día en que el profesor cumpla, como regla general, al menos veinticinco años de antigüedad en su centro, que será única, por un importe equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido y que su liquidación quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

El V Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos de 28 de diciembre de 2006 afecta, según su artículo 2, a las empresas de enseñanza de titularidad privada, no universitaria, integradas o no integradas, que al menos impartan un nivel educativo sostenido total o parcialmente con fondos públicos y que se hallen autorizados por la Administración educativa competente. Dicho Convenio en su título dedicado a Retribuciones, contempla en su artículo 61 la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa.

Asiste la razón a la Administración demandada respecto a que nuestro Tribunal Supremo (Sala Social, Sección 1ª) en la Sentencia de 27 de octubre de 2004, en relación con un idéntico concepto retributivo, la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el art. 61 del IV Convenio Colectivo de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, confirmó en una demanda de conflicto colectivo en virtud de la que se instaba que se reconociese el carácter salarial de dicha Paga y se reconociese la obligación de la Junta para proceder al abono de dicha paga el personal de los centros concertados, que la jurisdicción social era la competente para el conocimiento del pleito. En concreto, nuestro Alto Tribunal confirma en este extremo, el pronunciamiento de la Sala de lo Social del TSJ de CLM, en su sentencia de 3 de junio de 2003, cuando dispone en su Fundamento de Derecho Primero:

"Alegadas por las partes diversas excepciones, procede dar contestación, en primer lugar, a la de incompetencia jurisdiccional alegada por la representación letrada de la Junta de Comunidades codemandada, toda vez que, en caso de aceptarse la misma, ya no cabría pronunciarse sobre el resto de cuestiones planteadas.

Tal alegación ha sido ya resuelta, con carácter general, para tema idéntico, en Sentencia de 17-12-02, conocida por todas las partes, en cuanto que todas aludieron a la misma, que mantiene doctrina que asume esta Sala, de plena competencia del orden social de la jurisdicción para poder entrar a conocer de la controversia planteada. Y ello, además, siguiendo doctrina jurisprudencial anterior, plasmada entre otras en SSTS de 3-2-93, 3-7-95 o 27-7-99. Resumidamente, viene a señalar esa consolidada corriente jurisprudencial que la Administración, en estos supuestos de abono salarial de las retribuciones del personal contratado por los centros concertados, no actúa en cuanto tal Administración revestida de imperio, sino que interviene como "cogestora con la empresa de un servicio público", mutuamente implicadas frente al trabajador en esa responsabilidad salarial, derivada de la suscripción de un contrato de trabajo. Y por ende, conforme al artículo 9,5 LOPJ y al artículo 2,a) LPL ,cuestión propia de la competencia del orden social de la jurisdicción. Siendo conforme a ello la opinión del Ministerio Fiscal consultado."

A la vista de lo expuesto, entendemos que debe mantenerse el criterio según el cual la jurisdicción competente para conocer de la pretensión principal es la jurisdicción social. Este criterio encuentra respaldo en el artículo 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el cual establece que los órganos del orden social conocerán de los litigios que se susciten entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo o del contrato de puesta a disposición, salvo lo previsto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Asimismo, dicha jurisdicción es competente para conocer del ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral (apartado a), así como de la impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos aquellos suscritos por las Administraciones públicas cuando afecten exclusivamente a personal laboral (apartado h).

Que el origen de la reclamación resida en una situación de "inactividad" de la Administración, al no haber dado respuesta expresa al escrito presentado el 4 de diciembre de 2019, en el que se solicitaba el abono de la paga extraordinaria correspondiente a los trabajadores con 25 años de antigüedad en la empresa, no afecta, a nuestro juicio, a la determinación de la jurisdicción competente. Para tal fin, debe atenderse al contenido de la pretensión, que en este caso versa sobre el abono de un concepto de naturaleza salarial, derivado de la prestación de servicios para una empresa durante un periodo determinado. Dicha reclamación se dirige contra la Administración, a quién se considera obligada al pago, no en su condición de ente con potestades públicas, sino en su papel de cogestora, junto con la empresa, de un servicio público. Lo cual viene avalado además por diversas Sentencias de la Sala de lo Social en que se han ventilado las reclamaciones relacionadas con el abono de este tipo de pagas, pudiendo citar, a título de ejemplo, la STS de la Sala de lo Social, Sección 1, nº 1223/2023 de 21 de diciembre (Rec. 455/2021).

Procede, por lo expuesto, en aplicación de lo previsto en el artículo 69.a) de la Ley Jurisdiccional, visto lo que establece los artículos 1 y 2.a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, acoger la causa de inadmisibilidad opuesta por la Junta de Comunidades de CLM y declararlo así por carecer este Tribunal de jurisdicción para conocer del presente recurso, al corresponder la misma a los órganos jurisdiccionales del orden social. Dicha inadmisibilidad del recurso se destaca, en lo que afecta a la "inactividad" de la Administración en cuanto al abono de la paga extraordinaria por antigüedad al personal docente de los centros concertados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos.

CUARTO.- Sobre la información solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019.

A criterio de esta Sala la inadmisibilidad del recurso contencioso, como propugna la propia recurrente será parcial, puesto que se dirige frente a la falta de abono de la paga extraordinaria, pero también frente a la falta de suministro de una información solicitada. En concreto, en la demanda se insta que" se dicte sentencia estimando el recurso contencioso-administrativo y condene a la Administración demandada a (...) ii) que facilite a esta parte la información completa solicitada en los escritos de 12 de abril y 10 de diciembre de 2019 -punto primero del reproducido en el hecho quinto de esta demanda en relación a los créditos iniciales y a los gastos de las partidas de salarios y gastos variables."

Es cierto que las solicitudes presentadas en abril y diciembre no fueron atendidas en su momento, lo que motivó la interposición del presente recurso contencioso administrativo. No obstante, de la documentación obrante en autos se desprende que la información solicitada fue, al menos en su mayor parte, facilitada durante el proceso judicial. Por ello, no procede dictar una condena a entregar nuevamente información que ya ha sido suministrada.

Si bien se insiste por la recurrente en la necesidad de recibir la información de forma íntegra, lo cierto es que dicha solicitud tenía como finalidad comprobar la existencia de los requisitos necesarios para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad. Tal como señala la Administración demandada, de los datos aportados se desprende la inexistencia de disponibilidad presupuestaria, con la incidencia que ello implica de cara a la liquidación de la paga, según los términos del Acuerdo Marco suscrito, en el que se prevé que la liquidación de la paga quedará supeditada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

En consecuencia, no procede imponer a la Administración la obligación de entregar la información restante, toda vez que no se ha acreditado en qué medida dicha información pendiente podría ser determinante para obtener el reconocimiento de un derecho retributivo sobre el que esta jurisdicción carece de competencia para pronunciarse.

Por todo ello, debe desestimarse el recurso contencioso-administrativo en lo relativo a la impugnación por inactividad de la Administración respecto al suministro de información.

QUINTO.- Costas procesales

De conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, la inadmisibilidad parcial del recurso que ahora declararemos hace improcedente un especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas en el mismo.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.