Sentencia Contencioso-Administrativo 166/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 341/2023 de 15 de abril del 2025

PRIMERO.- La mercantil "AGROMARTINEZ, S.L." interpuso recurso contencioso administrativo contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera de fecha 29 de noviembre de 2021, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 25 de octubre de 2021, por el que se resuelve el expediente único protección de la legalidad urbanística 28/2020, expediente general 1582/2020, por ejecución de obras de roturación y explanación de tierras, entre otras, y que impone multa de 106.048,47 euros, limitándose el recurso a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que se encuentra prescrita la infracción.

Como fundamento de la pretensión ejercitada, se alegaban, según se expone en la sentencia, los siguientes motivos:

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1. Que no cabía adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística hasta que no hubiera recaído resolución denegatoria de la solicitud de legalización instada por mi mandante, por mor de lo previsto en el artículo 275.5 LOTURM; máxime cuando se reconocía, en la propuesta de resolución y en la resolución que ponía fin al expediente único de protección de la legalidad urbanística, el carácter legalizable de las obras por las que se incoó el expediente de protección de la legalidad y la existencia de expediente para la autorización previa a licencia urbanística, el cual estaba sin concluir como consecuencia de la pasividad tanto de la Administración que tramitaba el expediente como de otras Administraciones, las cuales no emitían los correspondientes informes preceptivos para la resolución de este. Sin embargo, las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística se adoptaron sin que hubiera recaído previamente resolución denegatoria en el expediente de legalización instado por Agromartínez, S.L., lo que conlleva que las medidas de restablecimiento de la legalidad adoptadas por el referido Decreto devengan nulas o, subsidiariamente, anulables.

2. Prescripción de la infracción relativa a las actuaciones de explanación y roturación de tierras, así como de la acción de la Administración para adoptar las medidas de restablecimiento de legalidad urbanística, debido a que:

a) Existe un Acta de Inspección por presunta infracción urbanística, PIU nº 3/2016, de fecha 9 de febrero de 2016, por las actuaciones de explanación y roturación de la finca, en el que se indicaba que "los actos de edificación y usos del suelo inspeccionados a la fecha de la redacción de la presente ACTA DE INSPECCIÓN POR PRESUNTA INFRACCIÓN URBANÍSTICA se encuentran en fase de explanación"

b) Existen ortofotos en las que se puede apreciar que en el mes de febrero/marzo de 2016 las obras de roturación y explanación de tierras ya habían concluido. Las ortofotos se acompañaron al escrito de alegaciones a la propuesta de resolución y se hizo referencia a ellas en el recurso de reposición interpuesto por mi mandante contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 25 de octubre de 2021. Por tanto, era obvio que cuando el 4 de agosto de 2020 se notifica a mi representada la incoación del expediente habían transcurrido más de cuatro años desde la terminación de las obras de roturación y explanación de la finca y, en consecuencia, tales obras se hallaban prescritas a efectos de la infracción que se decía cometida, así como de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, sin que la suspensión de los plazos de prescripción, como consecuencia de los estados de alarma, lo impidiera.

Ha alegado subsidiariamente:

1. Caducidad del expediente único de protección de la legalidad urbanística, tanto en lo relativo a la pieza sancionadora como a la de medidas de restablecimiento de la legalidad.

2. Omisión del procedimiento legalmente establecido al haberse adoptado las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística sin que previamente haya recaído resolución denegatoria en el curso del procedimiento de legalización instado por mi mandante.

3. Incompetencia manifiesta de la Junta de Gobierno Local para la resolución del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía - Presidencia.

En todo caso, prescripción de la infracción y de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística alterada en relación con las obras de roturación y explanación de tierras>>

La sentencia de instancia estima el recurso aclarando con carácte3r previo cual sea su objeto:

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Dice así el suplico del escrito de interposición del recurso en el particular que interesa:

...El recurso se limita a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que la infracción se encuentra prescrita (sic).

Dicha solicitud se corresponde exactamente con el particular correspondiente del apartado I.- del escrito de interposición: I.- Que en la representación que ostento y siguiendo las instrucciones recibidas de mi mandante interpongo recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santomera de fecha 29 de noviembre de 2021, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 25 de octubre de 2021, por el que se resuelve el expediente único protección de la legalidad urbanística 28/2020, expediente general 1582/2020, por ejecución de obras de roturación y explanación de tierras, entre otras, y que impone multa de 106.048,47 euros, limitándose el recurso a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que se encuentra prescrita la infracción.

Sin embargo, en demanda, la acción se dirige a impugnar totalmente el acto administrativo recurrido, tanto en lo que se refiere a la multa impuesta como en lo relativo a la obligación de restablecimiento del orden infringido, como ha quedado expuesto.

El objeto del presente recurso ha de reducirse por lo tanto en lo relativo al examen de la legalidad de la imposición de la multa urbanística en la cantidad citada de 106.048,47€ aunque el actor haya entendido que la liquidación debe ser la de 74.046,29€.>>

En cuanto al fondo, anula la sanción de multa impuesta por prescripción de la acción, con fundamento en los siguientes argumentos:

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La resolución por la que se inicia el expediente sancionador es la adoptada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de julio de 2020, fue notificada a la mercantil actora el día 4 de agosto de 2020 y es este el dies ad quem o final del cómputo a los efectos del de la prescripción alegada.

El problema que ha sido objeto de debate es la determinación del dies a quo o inicial del cómputo, que ha sido fijada por la mercantil demandante en el mes de marzo de 2016, acreditándolo en la ortofoto oficial de esa fecha, en las que se observa con claridad que las operaciones de roturación y explanación de tierras, así como el embalse de 10.035m3 y construcción de línea eléctrica ya habían concluido.

Manifiesta el Ayuntamiento que la roturación ilegal es una infracción urbanística continuada, entendiendo por tal la actividad consistente en la repetición de actos análogos cuando todos ellos tengan una unidad de objetivo dentro del mismo ámbito territorial entendiendo que la plantación de limoneros (3.936 unidades) con sistema de riego correspondiente no se culminó en dicha fecha de marzo de 2016.

Sin embargo, de lo que se trata es de la aplicación del principio de tipicidad (principio de derecho sancionador) y en este sentido la acción típica es la parcelación ilegal es decir la alteración del suelo dejándolo apto para su destino que en el presente caso era para acoger plantaciones, por lo que a fecha de marzo de 2016 la parcelación estaba realizada, pudiéndose efectuar en la misma cualquier actividad agrícola, es decir, estaba dispuesta para su destino. En este sentido cuando la administración ordeno la incoación del procedimiento sancionador ya habían transcurrido con exceso más de cuatro años.

Otro aspecto que ha de examinarse es el del plazo prescriptivo porque sabemos que el propio artículo 294 de la Ley 13/2015 , en su apartado 2 establece que las infracciones que afecten a sistemas generales, zonas verdes, espacios libres, viales, equipamientos y espacios naturales especialmente protegidos prescribirán a los ocho años.

En el presente caso, por un lado, no queda acreditado que el terreno sobre el que la mercantil actora cometió la infracción estuviera incluido en alguno de esos espacios, pero por otro, ha de concluirse que no afecta a los mismos porque la propia resolución iniciadora del procedimiento dice que:

...Las obras ejecutadas no disponen de licencia urbanística o título habilitante y PODRIAN SER LEGALIZABLES, debiendo presentar el propietario el título habilitante de naturaleza urbanística que corresponda previa autorización de usos, instalaciones y obras de carácter provisional, siempre y cuando se cumplan las condiciones y garantías que se establecen en el artículo 111 de la Ley 13/2015

....

Lo que indica que si bien el suelo en que se han efectuado las roturaciones y la ampliación de obras pudiera ser no urbanizable ello no significa, por no ha sido alegado siquiera, que dicho terreno pudiera afectar a sistemas generales, zonas verdes, espacios libres, viales, equipamientos y espacios naturales especialmente protegidos.

En este sentido el plazo prescriptivo es el de cuatro años por tratarse de infracción grave del artículo 285, 2 e):

La realización de obras de construcción, edificación o usos ya sea de nueva planta, reforma o ampliación sin disponer de la previa autorización de la Administración regional, licencia, orden de ejecución u otro título habilitante o sustancialmente en contra de su contenido. En el supuesto de que se constate su escasa relevancia y entidad del daño generado a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con los mismos, se considerará leve.

y g) Los movimientos de tierra que supongan alteración del paisaje, sin título habilitante.>>

SEGUNDO.- Como fundamento de su recurso de apelación, alega la administración demandada, en síntesis, los siguientes motivos:

1º.- Desviación procesal. Error en la determinación del objeto del recurso contencioso administrativo. Inadmisibilidad parcial del recurso

2º.- Error en la tipificación de los hechos por parte de la sentencia de instancia, del que deriva el error en la decisión relativa a la prescripción. El órgano a quo ha basado su decisión en otros motivos susceptibles de fundar el recurso no planteados por las partes y, sin embargo, no ha hecho uso de la facultad contenida en el artículo 33.2 de la LRJCA.

TERCERO.- Por lo que se refiere a la alegada desviación procesal pone de manifiesto el apelante los siguientes antecedentes que considera de interés y que derivan del expediente administrativo:

1º.- El expediente de disciplina urbanística se resolvió mediante Decreto de 25 de octubre de 2021 (documento n.º 25 del EA). En dicha resolución

- Se declara cometida una infracción grave del artículo 285.2-e) de la LOTURM, por actos consistentes en "roturación y explanación de tierras, construcción de embalse para agua de riego, ampliación de almacén existente y ejecución de línea eléctrica de alta tensión con apoyos metálicos y un transformador aéreo, sin disponer de licencia municipal, vallado de parcelas y plantación de arbolado (limoneros) con riego por goteo".

- Se impone una multa del 20% del valor de ejecución material de lo realizado, que asciende a la cantidad de 106.048,47 €.

- Se prevé que el restablecimiento de la legalidad urbanística consista en demolición y reposición de los terrenos a su estado anterior.

2º.- La mercantil demandante interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución (documento 27 del EA), limitado exclusivamente a "la infracción y sanción impuesta por roturación y explanación, que asciende a 74.046 euros (20 por 100 del valor en venta fijado en 320.231,45 €), por considerar que dicha infracción y sanción se encuentra prescrita"así lo indica literalmente en su solicitud, y en su petición de suspensión pedida por Otrosí.

El único aspecto recurrido en vía administrativa fue una parte de la sanción, y el único motivo argüido fue la prescripción.

3º.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2021 (documento n.º 28 del EA) se resolvió el recurso de reposición, en sentido desestimatorio, "por no estimar prescrita la infracción relativa a la roturación y explanación de tierras"

En el escrito de interposición del recurso contencioso administrativo en coherencia con la vía administrativa se realiza la misma limitación cuando se puntualiza: "limitándose el recurso a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar prescrita la infracción"

En la demanda, sin embargo, se realizan peticiones que exceden de aquel objeto al pedir en el suplico que "... dicte Sentencia por la que con estimación de los motivos de impugnación expresados en el Fundamento de Derecho B de la demanda, contenga los siguientes pronunciamientos:

A) Declare la nulidad de los actos administrativos impugnados, así como de los que estos traen causa, conforme a los motivos de impugnación referidos en el Fundamento de Derecho B) apartados I y/o II.

B) En todo caso, se declare la prescripción de la acción de la infracción y de la acción restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con las obras consistentes en la roturación y explanación de tierras, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento de Derecho B) apartado III de la demanda".

Razona el apelante que el Decreto de Alcaldía que resuelve el expediente había ganado firmeza parcialmente en los aspectos no recurridos en reposición y que, además, al interponer recurso contencioso administrativo se había limitado éste en relación con los actos impugnados "a la cantidad de 74.026,29 euros correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que la infracción se encuentra prescrita".

El escrito de interposición deja fuera de lo impugnado todo pronunciamiento que no tenga que ver con la parte de la multa que no vaya referida a las obras de roturación y explanación de tierras. Por tanto, el resto de la multa no forma parte del recurso, como tampoco el restablecimiento de la legalidad por la totalidad de las obras.

Considera la apelante que la apreciación de este motivo, que se alegó en la contestación a la demanda debió dar lugar a la inadmisibilidad parcial del recurso y sin embargo el fallo estima el recurso y además se anula la totalidad de la sanción y no se excepciona el pronunciamiento relativo al restablecimiento. Ello, pese a que en los fundamentos de la demanda se resuelve esta cuestión, si bien de forma errónea se considera que es objeto del recurso la totalidad de la multa impuesta.

El recurrente ahora apelado, se opone y mantiene que no existe divergencia entre lo pretendido en vía administrativa y en demanda -que es el escrito en el que han de consignarse las pretensiones- aunque si varíen los motivos que justifican dicha pretensión, conforme autoriza el artículo 56.1 LRJCA.

Alega que no existe discrepancia entre el objeto impugnatorio delimitado en el escrito de interposición y el objeto impugnatorio respecto del cual se articulan las pretensiones en la demanda

El motivo debe ser estimado. De hecho, la propia sentencia acoge sustancialmente este motivo en su primer fundamento, aunque faltando al principio de coherencia interna que deben guardar las resoluciones judiciales aquella estimación no quede reflejada en el fallo, o al menos no lo haga de forma clara. Asimismo, incurre en error al considerar, que la impugnación abarca el total de la sanción pecuniaria (106.048,47 €) cuando es evidente que lo impugnado era únicamente la multa impuesta en relación a las obras de roturación y explanación, que se cuantifican en 74.026,29 euros.

Resulta indiscutible que mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Santomera de fecha 25 de octubre de 2021 se resolvió el expediente único de protección de la legalidad urbanística n.º 028/2020, acordando en su parte dispositiva:

<<(...) Tercero.- Declarar cometida por AGROMARTÍNEZ 2015, S.L., (...), la infracción urbanística de carácter grave, tipificada en el artículo 285.2.e) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia , consistente en roturación y explanación de tierras, construcción de embalse para agua de riego, ampliación de almacén existente y ejecución de linea eléctrica de alta tensión con apoyos metálicos y un transformador aéreo, sin disponer de licencia municipal, vallado de parcelas y plantación de arbolado (limoneros) con riego por goteo,situada en Camino de los Mesegueres, s/n, polígono 13, parcelas 91, 92 y 147, de Santomera, sin licencia municipal de obras y en contra de la ordenación urbanística aplicable.

Cuarto." De conformidad con lo establecido en el art. 286.b) de Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia , apreciándose la circunstancia atenuante modificativa de la responsabilidad determinada en el art. 289.2.c) de la precitada norma , procederá la imposición de una sanción consistente en multa por importe del 20% del valor de ejecución material de lo realizado, ascendiendo la referida multa a la cantidad de 106.048,47 euros.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el art. 276 y siguientes de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia , procederá resolver la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico infringido mediante la demolición de lo construido y reposición de los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción cometida,procediendo la retirada de los servicios por las empresas suministradoras en caso de edificaciones o construcciones de nueva planta, debiendo ejecutarse voluntariamente por el en el plazo de seis meses desde la firmeza del acuerdo resolutorio del expediente, caso contrario podrá ejecutarse subsidiariamente por la administración municipal e imponerse multas coercitivas de conformidad con lo establecido en el art. 275.5 de la precitada norma .>>(la negrita es nuestra)

Hemos de destacar que la infracción cometida abarca un conjunto de obras entre las que se incluye la roturación y explanación de tierras además de la "construcción de embalse para agua de riego, ampliación de almacén existente y ejecución de linea eléctrica de alta tensión con apoyos metálicos y un transformador aéreo, sin disponer de licencia municipal, vallado de parcelas y plantación de arbolado (limoneros) con riego por goteo"

EN congruencia con lo expresado, el informe de valoración de las obras que se reproduce en esta resolución, desglosa el valor de las obras realizadas en diversas partidas, de manera que distingue "el valor en venta de la roturación y explanación"que cuantifica en 370.231,45 € y el resto de obras ejecutadas que detalla pormenorizadamente, haciendo un total de 530.242,37 €.

De ello, deduce la recurrente que sí la sanción se ha impuesto en un porcentaje del 20%, resulta que la sanción total es de 106.048,47 € y el relativo a la roturación y explanación, de 74.046,29 €.

El recurso de reposición contra la anterior resolución se limita a la "multa por roturación y explanación" por considerar que dichas obras, ejecutadas en 2016 están prescritas. Leemos en dicho recurso, obrante al doc., n.º 27 del expediente:

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(...)

ALEGACIONES:

ÚNICA. Prescripción de la infracción relativa a la roturación y explanación de tierras.

(....)

"SOLICITA, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo, por interpuesto recurso de reposición contra el Decreto a que se refiere exclusivamente respecto de la infracción y sanción derivada de las obras de roturación y explanación, lo admita a trámite, y en su día, con estimación del mismo, declare prescrita la infracción correspondiente a dichas obras de roturación y explanación, fijando la cuantía de la sanción en el 20 por 100 del resto de las obras, es decir, en la cantidad de 32.002,18 euros. Por ser procedente".

OTROSÍ DICE: Que solicita la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida, en cuanto a la cantidad de 74.046, 29 euros, dado que por su elevada cuantía su pago conlleva daños de difícil e imposible reparación, dado que la sociedad sancionada se encuentra en una situación de pérdidas derivada de la actividad agraria que desarrolla y resulta del I. de sociedades que se adjunta, ofreciendo como garantía el patrimonio de la sociedad que, como es notorio, dado el valor de los terrenos que tiene en el municipio de Santomera, cubre con exceso el importe de la sanción recurrida, sin perjuicio de cualquier otra que pueda serle exigida.>>

Resulta evidente que el recurso de reposición se limita a la sanción referida, es más, la pretensión no es la nulidad de la resolución recurrida sino exclusivamente que declare prescrita la infracción correspondiente a dichas obras de roturación y explanación, fijando la cuantía de la sanción en el 20 por 100 del resto de las obras, es decir, en la cantidad de 32.002,18 euros.

Coincide esta petición, con la formulada al interponer el recurso contencioso administrativo en el que, con claridad meridiana se delimita su objeto en el cuerpo del escrito: "I. (...) limitándose el recurso a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que se encuentra prescrita la infracción."

Y en el Suplico: "El recurso se limita a la cantidad de 74.046,29 euros, correspondiente a la multa impuesta por roturación y explanación de tierras, por considerar que la infracción se encuentra prescrita."

No se limitan solo los motivos de impugnación (prescripción) sino también, y esto es lo relevante, la pretensión ejercitada

Si el objeto del recurso es únicamente parte de la sanción impuesta, quiere ello decir que el resto de la resolución quedó firme, incurriendo la actora en desviación procesal cuando en el Suplico de su demanda pide que se dicte sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

<< A) Declare la nulidad de los actos administrativos impugnados, así como de los que estos traen causa, conforme a los motivos de impugnación referidos en el Fundamento de Derecho B) apartados I y/o II.

B) En todo caso, se declare la prescripción de la acción de la infracción y de la acción restablecimiento de la legalidad urbanística en relación con las obras consistentes en la roturación y explanación de tierras, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento de Derecho B) apartado III de la demanda.>>

No han cambiado los motivos de impugnación, que como bien dice la apelada no quedan restringidos a los alegados en vía administrativa, sino que se está cambiando sustancialmente la pretensión, al dirigirla ahora también contra la orden de restablecimiento y la totalidad de la sanción, sino también el objeto del recurso contencioso administrativo tal como quedó fijado por la actora en su escrito de interposición.

Dicho esto, no es preciso que en el fallo se declara la inadmisibilidad parcial del recurso, en cuanto que la "inadmisibilidad parcial" no es una verdadera inadmisibilidad. Lo que resulta inadmisible es la pretensión dirigida a anular la medida de restablecimiento de la legalidad urbanística y la sanción que exceda de 74.046,29 euros.

La sentencia de instancia aunque inicialmente en el primer fundamento de derecho delimita correctamente el objeto del recurso, dejando fuera la orden de restablecimiento de la legalidad urbanística, se equivoca al considerar recurrida la totalidad de la sanción, hasta el punto de estimar prescrita la misma, concediendo más allá de lo pedido, pues hasta la actora, en su demanda la alegación de la prescripción de la acción la refiere a las actuaciones consistentes en roturación y explanación de la finca.

De otro lado, delimitado el objeto del recurso, no resultará procedente analizar aquellos motivos que se dirijan a impugnar alguna actuación que no ha sido convenientemente recurrida.

CUARTO.- Se alega, en segundo lugar, por el Ayuntamiento de Santomera que no concurre la prescripción de la acción para sancionar que ha estimado la sentencia de instancia.

Señala el apelante que el acuerdo de incoación del procedimiento de disciplina urbanística establece que los hechos son subsumibles en el artículo 285.2-e) y 285.2-i) de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. Y finalmente la resolución sancionadora declara cometida una infracción del artículo 285.2-e) de la LOTURM, que tipifica como infracción urbanística grave: "e) La realización de obras de construcción, edificación o usos, ya sea de nueva planta, reforma o ampliación sin disponer de la previa autorización de la Administración regional, licencia, orden de ejecución u otro título habilitante o sustancialmente en contra de su contenido. En el supuesto de que se constate su escasa relevancia y entidad del daño generado a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con los mismos, se considerará leve."

Y recuerda que en ningún momento durante la tramitación del expediente se han tipificado en el apartado a) del mismo artículo referido a las parcelaciones ilegales.

El Objeto del expediente de disciplina urbanística, consiste en:

- Roturación y explanación de tierras (superficie de parcela: 158.714,00 m2). Volumen de tierras objeto de roturación y explanación: 214.651,82 m3- *30% (64.395,55 m3) = 150.256,27 m3 (*30% Coeficiente de minoración sobre el total del volumen de las tierras)

- Reforma y ampliación de almacén existente (superficie construida: 67,38 m2)

- Construcción de línea eléctrica de alta tensión (longitud: 360,00 ml) e instalación de transformador aéreo (potencia estimada a 15 KVA).

- Ejecución de embalse de agua para riego (volumen aproximado: 10.035,40 m3).

- Plantación de árboles (limoneros) dotados con riego por goteo (3.936 Uds)"

Destaca, que la demanda solo alega y argumenta la prescripción de las obras de roturación y explanación de tierras y que nunca se ha planteado respecto del resto de obras. Y denuncia que, por el contrario, la sentencia considera que la prescripción abarca a la totalidad de las obras partiendo de una premisa errónea, que fue considerar que los hechos sancionados constituyen una parcelación ilegal y considera que en 2016 ya estaba realizada y dispuesta para su uso.

Señala que indebidamente la sentencia modifica la tipificación de los hechos y con ello la infracción respecto de la que analiza la prescripción y lo hace obviando las determinaciones del artículo 33.2 de la LJCA.

Mantiene, que incluso en el expediente relativo a la liquidación del ICIO la actora reconoció que las obras de roturación y explanación terminaron en junio de 2016, en fecha posterior a la que se reconoce en la sentencia (marzo de 2016).

Alega, por último que la infracción viene constituida por la ejecución de un conjunto de obras de construcción y la prescripción no comienza a contarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 294.4 y 7 de la LOTURM hasta que terminen las obras y estén dispuestas para su uso.

La apelada, por su parte, mantiene que la sentencia en ningún momento modifica la tipificación realizada por la Administración y la referencia a parcelación que contiene no es en el sentido urbanístico según definición del artículo 105 de la LOTURM.

Por otro lado, señala que no existe un examen crítico en el escrito de apelación en relación con la valoración de la prueba, la fijación del dies a quo de la infracción y la determinación del plazo prescriptivo y ello debe suponer la desestimación íntegra del recurso de apelación, en cuanto que la única crítica que se hace de esta en el recurso se basa en que no ha resuelto la cuestión de la prescripción dentro del límite de las pretensiones y motivos que fundamentan el recurso y la oposición.

Frente a las alegaciones de que en la sentencia se extiende la prescripción a más de lo alegado en la demanda, recuerda que consumidos los plazos previstos para las infracciones, la responsabilidad sancionadora se extingue ope legis, debiendo ser apreciada de oficio por la Administración o los Tribunales, de manera que si se impone una sanción por una infracción que ha prescrito, se estaría desconociendo el derecho fundamental establecido en el artículo 25.1 CE, que exige que se castigue solo en los casos previstos por ley. Pudiendo ser apreciada de oficio

Abundando, no obstante en los motivos que justifican la apreciación de la prescripción se remite al informe pericial del arquitecto técnico don Leopoldo, y en concreto, alega que no es cierto que a dicha fecha solo estuvieran concluidas las operaciones de roturación y explanación de fincas. Así se considera acreditado en Sentencia que, tras valorar la prueba, concluye que "en el mes de marzo de 2016, acreditándolo en la ortofoto oficial de esa fecha, en las que se observa con claridad que las operaciones de roturación y explanación de tierras, así como el embalse de 10.035 m3 y construcción de línea eléctrica ya habían concluido". Extremo que no hay que volver a enjuiciar al no ponerlo en entredicho el recurso de apelación.

Que en lo referente a la inadmisibilidad jurídica de desgajar las operaciones de roturación y explanación del resto de obras, a efectos de entender prescrita la infracción -en cuanto que las considera preparatorias del resto- manifestar que, atendiendo a lo expuesto en el punto anterior y que el conjunto de operaciones llevadas a cabo tienen la consideración de parcelación -no urbanística-, a fecha del mes de marzo de 2016 la finca se encontraba dispuestas para su destino, es decir, se podía realizar ya cualquier actividad agrícola. Por eso, desde que dicha fecha y hasta que la apelante incoó el expediente único de protección de la legalidad urbanística -notificado el 4 de agosto de 2020 a la interesada- habían transcurrido con exceso más de cuatro años y, consecuentemente, la infracción en que estas operaciones consistían se encontraba ya prescrita- artículo 294.1 de la LOTURM-.

El motivo debe ser estimado, si bien es cierto que, como señala la apelada el Juzgador de instancia utiliza el término parcelación en sentido genérico o vulgar como preparación de un terreno para ser utilizado y no en sentido técnico urbanístico, a juicio de esta Sala queda plenamente acreditado y así se desprende del expediente administrativo, que la explanación y roturación de las obras no son una obra independiente en si misma, sino una mera unidad de obra del conjunto de las ejecutadas.

Son el presupuesto necesario para la ejecución del resto de obras. Ningún sentido tenía la roturación y explanación sino era para la construcción de la balsa, la ampliación del almacén, la instalación eléctrica y llevar a cabo la plantación de limoneros con riego por goteo y vallado de la parcela.

Así se hace constar en el informe de la Arquitecta Municipal aportado como documento n.º 4 de la contestación de la demanda (documento n.º 4) en el que se indica que "las obras de roturación y explanación constituyen una unidad de obra necesaria para la posterior ejecución del resto de actuaciones que fueron objeto de dicho expediente".

Argumentando que "La roturación y explanación del terreno, se refieren al conjunto de actividades relacionadas a los movimientos de tierra necesarios para adecuar un área a los niveles previstos para la construcción de edificios, vías, embalses, etc.

Es un acto necesario para adecuar un área para la construcción de una obra, o para la plantación de arbolado, por lo que no se trata de un acto aislado e independiente por si solo, si no que se trata de una unidad de obra dentro de la ejecución de una construcción, instalación, etc."

La roturación y explanación no implica la conclusión y finalización de las obras ni la disposición de la parcela para el fin perseguido como se dice en la sentencia apelada, sino la preparación o adecuación de los terrenos para continuar con el resto de obras proyectadas, y que finalmente se ejecutaron

En febrero de 2016 cuando se extiende la primera acta de infracción las obras se encontraban en fase de explanación, y en abril de 2020, cuando se realiza la siguiente visita de Inspección se encuentran aparentemente terminadas. A lo largo del expediente no se cuestiona que las obras, a excepción de la roturación y explanación estén afectadas por la prescripción, de forma que, si entendemos que estamos ante una única infracción continuada cometida con ocasión de la ejecución de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia, el plazo de 4 años previsto genéricamente para la prescripción de las infracciones urbanísticas muy graves y graves no comenzará a contarse hasta la completa terminación de la obra, se hubiera realizado el último acto en el que la infracción se consuma o desde que las obras estuviesen dispuestas para su uso. o uso del suelo, que perdura en tanto la misma no está totalmente acabada.

Tratándose de una obra clandestina -realizada sin licencia- es evidente que la fecha de terminación de la misma y que marca el día inicial del cómputo de la prescripción deberá ser acreditada de forma fehaciente por el actor, a quien incumbe la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión, no siendo suficiente con las meras suposiciones o conjeturas. En nuestro caso, lejos de acreditarse ni siquiera se alega que las obras ejecutadas con posterioridad a la roturación y explanación estuvieran prescritas.

QUINTO.- Estimada la apelación y revocada la sentencia apelada, esta Sala debe colocarse en la misma situación del Juzgador de Instancia.

El derecho a la tutela judicial efectiva exige que se resuelvan aquellas cuestiones planteadas en la demanda y que el Juzgado no llegó a analizar por haber estimado la prescripción, bien entendido que nos limitaremos a aquellas alegaciones que tienen por objeto impugnar la sanción impuesta por las obras de "roturación y explanación".

En cuanto a la competencia de la Junta de Gobierno Local, señalar que para que la falta de competencia sea causa de nulidad es preciso que el acto haya sido dictado por órgano manifiestamente incompetente y es evidente que la falta de publicación en el BORM de la delegación de competencias acordada por el Alcalde a favor de la Junta de Gobierno Local, no deja de ser una mera irregularidad. El artículo 9 de la Ley 40/2015 no condiciona la eficacia y validez de la delegación de la competencia a su previa publicación.

Conviene recordar que el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, dispone que "La delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el municipal, si existiere".

Por lo que se refiere a la caducidad del expediente, este fue incoado el 27 de julio de 2020 y se concluyó por Decreto de la Alcaldía de 25 de octubre de 2017, transcurrido el plazo de un año legalmente previsto, sin embargo, no podemos obviar que fue el propio recurrente el que, mediante escrito de 30 de junio de 2021 solicitó la suspensión del procedimiento sancionador y la misma fue acordada por el Decreto de la Alcaldía de 2 de julio de 2021 que en ningún momento ha sido impugnado

SEXTO.- Las costas del recurso de apelación no deben imponerse a ninguna de las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,