Sentencia Contencioso-Administrativo 1528/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 371/2025 de 02 de mayo del 2025

Únic - Legislació aplicable i decisió

LŽarticle 214 i 215 de la llei dŽenjudiciament civil, dŽaplicació supletòria a la jurisdicció contenciosa administrativa, permet aclarir o completar una resolució judicial.

Procedeix el complement fent constar en la mateixa que la interlocutòria de data 17 dŽoctubre del 2024 és molt clara i exposa de forma raonada i fonamentada les esmenes que es fan.

Part dispositiva

ACORDO completar la provisió en el sentit de fer constar la interlocutòria de data 17 dŽoctubre del 2024 és molt clara i exposa de forma raonada i fonamentada les esmenes que es fan."

Coherentemente con tal pronunciamiento la parte recurrente, cuya inequívoca voluntad de no desistir ni apartarse de la casación ya presentada consta en autos, vino a formular recurso de apelación contra la sentencia de instancia.

A tal apelación opuso el Ayuntamiento recurrido inadmisibilidad por razón de la cuantía, al no superar ninguna de las liquidaciones a que se refirió la solicitud de devolución de ingresos indebidos objeto de recurso el importe de 30.000 euros, siendo acto objeto de recurso la inadmisión de recurso de reposición contra Decreto de 2 de marzo de 2023 de inadmisión de solicitud de devolución de ingresos indebidos referida a 76 liquidaciones del IIVTNU, y de inadmisión de recurso extraordinario de revisión y solicitud de revisión de oficio de actos nulos formuladas coetáneamente y de forma subsidiaria a aquel recurso.

La oposición a la admisibilidad de la apelación ha sido sustanciada ante el órgano a quo, habiendo la recurrente tenido oportunidad de alegar a la misma.

Todo el razonamiento de la juzgadora a quo para desdecirse del régimen de recursos indicado en la sentencia apelada es que ante el Juzgado se ha seguido procedimiento ordinario, sin atender a ninguna de las razones expuestas por la parte recurrente, basadas asimismo en pronunciamiento precedente de esta misma Sala, del que se aparta aquélla sin razón conocida alguna.

La misma parte recurrente, en sus sucesivos escritos alegatorios, viene a reconocer que el apartado e) del art. 81.2 LJCA no es de aplicación al proceso, por razones temporales, siendo así, por lo demás, que la sentencia apelada no es de signo estimatorio.

SEGUNDO.Tratándose de una cuestión de orden público procesal, la concurrencia en este recurso de causa de inadmisibilidad por razón de cuantía, ex artículo 81.1. a), en relación con los artículos 41.3 y 42.1. a), de la Ley 29/1998, procede examinar por obvias razones de sistemática procesal dicho óbice de admisibilidad con carácter prioritario al examen de los alegatos impugnatorios de esta alzada, y correlativos alegatos de oposición a la misma, atendida su naturaleza de cuestión de previo pronunciamiento, y la consecuencia jurídico-procesal inmediata que, en su caso, derivaría de su estimación por esta resolución, al comportar ello la obligada declaración de inadmisibilidad del recurso interpuesto, con el consiguiente archivo de las actuaciones, sin pronunciamiento decisorio respecto al fondo del debate procesal de fondo mantenido entre las partes en el proceso, y en esta alzada.

En dicho sentido, importa ahora anotar que el artículo 81.1. a) de la Ley 29/1998 dispone que no serán susceptibles de recurso de apelación las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, al tiempo que, por su parte, el artículo 41 del mismo texto rituario de este especializado orden jurisdiccional preceptúa que:

"1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo. 2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos. 3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación".

Y el artículo 42.1. apartado a) de la misma Ley 29/1998 dispone que:

"1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes": " a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá el contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél".

Siendo así que, como es conocido, en asuntos como el ahora examinado el valor económico de la pretensión, que es el criterio a tener en cuenta ex artículo 41.1 de la Ley 29/1998, viene determinado por la cuota tributaria controvertida, pues ésta es la que representa el verdadero valor económico de la pretensión actora. De tal manera que, cualquiera que sea la forma de la actuación administrativa recurrida(por ejemplo, una liquidación tributaria, o una resolución expresa o presunta de un recurso administrativo, o de una solicitud de revisión administrativa de oficio de una liquidación tributaria, o de devolución de ingresos indebidos,o una actuación ejecutiva), la cuantía del recurso para acceder a la apelación ha de venir referida siempre a los importes de las liquidaciones correspondientes a cada concepto y ejercicio, si hay varios, sin que la eventual acumulación subjetiva u objetiva de acciones comunique a las pretensiones de una cuantía inferior la posibilidad de apelación( artículo 41.3 de la Ley 29/1998), ya se produzca dicha acumulación al girarse la liquidación, al impugnarse ésta en reposicióno en vía económico-administrativa, al solicitarse la revisión administrativa de oficio, o la devolución de ingresos indebidos,al seguirse actuaciones ejecutivas o, por ende, al interponerse el correspondiente recurso jurisdiccional.

Así, el indicado artículo 41.3 de la Ley 29/1998 establece para los supuestos procesales de acumulación o ampliación que la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones acumuladas, "pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación", y cuando el artículo 81.1.a) de la misma Ley jurisdiccional se refiere al umbral de "cuantía" no está mencionando esa cuantía como suma de las pretensiones, sino como la cuantía de cada una de ellas respecto de su posibilidad de apelación.

Asimismo, existe consolidada jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa en el sentido de que la resolución de los recursos contencioso-administrativos en única instancia no es per se contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida por el artículo 24.1 de la Constitución española (por todos, ATS, Sala 3ª, de 23 de febrero de 2012 -recurso número 3910/2011- y STC número 252/2004), ya que por relación al acceso al sistema de recursos, que no al acceso a la jurisdicción, y sin merma por ello de la efectividad del principio pro actione, ínsito en dicho derecho fundamental subjetivo:

"(...) mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , "ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( STC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )". En fin, "no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( SSTC 3/1983 )" ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, "el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión", que "es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos" ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 " ( STC 252/2004 )".

La inadmisibilidad del recurso de apelación por razón procesal obligada y justificada (como ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones esta Sala y Sección), de procesos de los que los Juzgados conozcan en primera (y única)instancia, no requiere de un mayor esfuerzo exegético, al tratarse de opción del legislador procesal, limitando el acceso a la apelación en función de la cuantía del recurso. El artículo 8 de la Ley 29/1998, al atribuir las competencias objetivas o materiales a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, se refiere a los asuntos de los que éstos conocen en única instancia, y también a los que conocen en primera instancia, precisiones que alcanzan su complemento en el artículo 81.1 de dicho texto procesal, conforme al cual las sentencias de dichos Juzgados serán susceptibles de apelación, salvo que se hubieren dictado en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros, en los que no conocen en Primera Instancia sino en Única Instancia,con la salvedad expresa de que se trate de sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso, de las dictadas en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, de las que resuelvan los litigios entre Administraciones Públicas, o de las que decidan impugnaciones indirectas de disposiciones generales, supuestos éstos en los que siempre cabe la apelación o segunda instancia.

Pues bien, proyectado lo anterior al supuesto procesal ahora considerado, y visto lo actuado en el presente caso, en el que se constata que la cuantía litigiosa no alcanza la indicada cifra de 30.000 euros (es pacífico que ninguna de las 76 liquidaciones a que se refiere la solicitud de devolución de ingresos indebidos y las posteriores de revisión -ya a modo de recurso extraordinario, ya a modo de solicitud de revisión de actos nulos-, articuladas ya en reposición a la inadmisión de la primera, alcanza aquella cifra), deviene aquí incuestionable, conforme al artículo 81.1. a) de la Ley 29/1998, la indebida admisión en su día de este recurso de apelación.

Y ello aun cuando el Juzgado de instancia concediera a las partes procesales la posibilidad de interponer recurso ordinario de apelación contra la sentencia dictada por el mismo y, en consecuencia, admitiera a trámite el recurso de apelación interpuesto o, incluso, aun cuando se hubiera tramitado el correspondiente recurso por el procedimiento ordinario como recurso de cuantía por importe superior a aquella cifra,toda vez que el objeto del recurso, como se dijo, viene constituido por una pléyade de liquidaciones por importe, cada una de ellas, inferior a los 30.000 euros.

Por lo demás, la jurisprudencia contencioso-administrativa tiene ya declarado con reiteración que, respetando el principio de contradicción, la fijación de cuantía del recurso puede ser efectuada en cualquier momento, incluso de oficio, por el órgano judicial, resolviendo definitivamente sobre lo fijado en su momento por medio de decreto del Letrado judicial ( artículo 40.3 de la Ley 29/1998, de esta jurisdicción), ya que se trata de una materia de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia de la admisibilidad del recurso de que se trate.

De forma que resulta irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso por razón de cuantía, que haya sido admitido anteriormente, siendo materia siempre revisable por el Tribunal ad quem que conozca del recurso de apelación, el cual no quedará vinculado por la cuantía fijada en primera instancia, o única instancia, por el órgano judicial a quo ( SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 17 de julio de 1992, de 14 de octubre de 1993, de 11 de julio de 2001, de 25 de septiembre de 2006, de 3 de diciembre de 2007 y de 30 de mayo de 2008).

En dicho sentido, la sentencia de la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 29 de abril de 2015 (RCUD 4086/2013) efectivamente reitera que:

"En el caso de autos ya se ha expuesto en el Antecedente de Hecho Primero cuál era la resolución objeto del recurso jurisdiccional seguido en la instancia y, en concreto, que la sanción ascendía a 1.200 euros. Pues bien, esta Sala tiene dicho que, respetando el principio de contradicción, el órgano jurisdiccional puede fijar la cuantía en cualquier momento, incluso de oficio, por ser una cuestión de orden público procesal, máxime cuando es determinante de la procedencia o improcedencia del recurso de casación".

Por todo ello, en definitiva, resultando manifiesta en este caso la inadmisibilidad del recurso de apelación traído aquí a resolución por razón de la cuantía del mismo, ex artículo 81.1.a) de la Ley jurisdiccional, al no superar la cuantía litigiosa la suma de 30.000 euros, para ninguna de las liquidaciones cuestionadas, sin que concurra circunstancia alguna que justifique su consideración como indeterminada o superior a dicha cuantía, se impone la declaración de inadmisibilidad del presente recurso de apelación, pronunciamiento que habrá de albergar la parte dispositiva de esta resolución.

TERCERO. En el mismo exacto sentido nos pronunciamos ya en nuestra sentencia de fecha 1 de diciembre de 2021 (rec. Sala TSJ 1813/2021 - rec. Sección 71/2021; ECLI: ES:TSJCAT:2021:10514 ), entre las mismas partes, y a cuenta de (distinta y precedente) pretensión de devolución de ingresos indebidos referida a las exactas mismas liquidaciones que aquí nos ocupan. De ahí la perplejidad ante el proceder de la juzgadora a quo. Razonábamos así en aquella sentencia:

"PRIMERO: La representación procesal de NAVID SL interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Barcelona y su Provincia, de fecha 19 de noviembre de 2020, que desestima el recurso contencioso-administrativo número 442/2017 , promovido contra resolución del Ayuntamiento de Sabadell, por la que se desestimaba la solicitud de devolución de ingresos indebidos, en relación con las autoliquidaciones abonadas por el concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, derivadas de la venta de 76 inmuebles.

SEGUNDO: Debemos examinar en primer lugar por ser cuestión de orden público, que no puede dejarse a la libre disponibilidad de las partes, la inadmisibilidad del recurso de apelación, en razón de la cuantía del objeto impugnado, habiéndose acordado oír a las partes en Providencia de 28 de octubre de 2021, con el resultado que es de ver en autos.

Así, el artículo 81.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , dispone que no serán susceptibles de recurso de apelación las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en los asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.

Por su parte, el artículo 41 de la misma Ley preceptúa:

"1. La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atenderá al valor económico de la pretensión deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulación o de ampliación, la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones objeto de aquéllas, pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación".

Y el artículo 42.1.a) establece:

"1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél".

(...)

Pues bien, cualquiera que sea la forma de liquidación, recurso o solicitud de devolución de ingresos indebidos, la cuantía para acceder a la apelación ha de venir referida siempre a los importes de cada una de las liquidaciones, o de las sanciones correspondientes, y a cada uno de los ejercicios, sin que la acumulación comunique a las pretensiones de cuantía inferior la posibilidad de apelación ( art. 41.3 LJCA ), ya se produzca la acumulación al girarse la liquidación, al impugnarse en reposición la misma, al solicitarse la devolución o al formularse el proceso jurisdiccional.

El citado art. 41.3 LJCA establece para estos supuestos de acumulación que la cuantía vendrá determinada por la suma del valor económico de las pretensiones, "pero no comunicará a las de cuantía inferior la posibilidad de casación o apelación". Y cuando el igualmente citado art. 81.1.a) LJCA se refiere al exceso de "cuantía" no está mencionando esa cuantía suma de las pretensiones, sino la cuantía de cada una de ellas respecto de su posibilidad de apelación.

TERCERO: Existe una consolidada jurisprudencial del TS en el sentido de que la resolución de los recursos contencioso-administrativos en única instancia no es contraria al derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24-1 de la CE (por todos, AUTO del TS de 23-2-2012 recurso 3910/2011 ) y del Tribunal Constitucional en cuanto al acceso al sistema de recursos: "" (...) mientras que el derecho a una respuesta judicial sobre las pretensiones esgrimidas goza de naturaleza constitucional, en tanto que deriva directamente del art. 24.1 CE , el derecho a la revisión de una determinada respuesta judicial tiene carácter legal. El sistema de recursos, en efecto, se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le otorga cada una de las leyes reguladoras de los diversos órdenes jurisdiccionales, sin que, como hemos precisado en el fundamento jurídico 5 de la STC 37/1995 , "ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación, siendo imaginable, posible y real la eventualidad de que no existan, salvo en lo penal ( STC 140/1985 , 37/1988 y 106/1988 )". En fin, "no puede encontrarse en la Constitución -hemos dicho en el mismo lugar- ninguna norma o principio que imponga la necesidad de una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible en abstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento de ciertos requisitos. El establecimiento y regulación, en esta materia, pertenece al ámbito de libertad del legislador ( SSTC 3/1983 )" ( STC 37/1995 , FJ 5). Como consecuencia de lo anterior, "el principio hermenéutico pro actione no opera con igual intensidad en la fase inicial del proceso, para acceder al sistema judicial, que en las sucesivas, conseguida que fue una primera respuesta judicial a la pretensión", que "es la sustancia medular de la tutela y su contenido esencial, sin importar que sea única o múltiple, según regulen las normas procesales el sistema de recursos" ( SSTC 37/1995 , 58/1995 , 138/1995 y 149/1995 " ". ( STC 252/2004 ).

La inadmisibilidad del recurso de apelación, -como hemos puesto de manifiesto entre otras en la sentencia de 24 de noviembre de 2014 dictada en el rollo de apelación 116/2014 - de procesos de los que los juzgados conozcan en primera instancia, no requiere de mayor esfuerzo exegético, al tratarse de una opción del legislador de limitar el acceso a la apelación en función de la cuantía.

El art. 8 LRJCA , al atribuir las competencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo se refiere a los asuntos de los que conocen en única instancia y a los procedimientos de los que conocen en primera instancia, precisiones que alcanzan su complemento en el art. 81.1 LRJCA , según el cual las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo serán susceptibles de apelación, salvo que se hubieren dictado en asuntos cuya cuantía no exceda de 30.000 €. En estos casos de cuantía inferior a la señalada, los Juzgados no conocen en Primera Instancia, sino en Única Instancia, con la salvedad de que se trate de sentencias que declaren la inadmisibilidad del recurso, las dictadas en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales, resuelvan litigios entre Administraciones Públicas o decidan impugnaciones indirectas de disposiciones generales, supuestos estos en que siempre cabe la apelación o la segunda instancia.

El Tribunal Supremo sigue manteniendo el mismo criterio, como resulta entre otras de las Sentencias del Tribunal Supremo de 21-11-2017, (rec. 2801/2016 ) y de 22-12-2016, (rec. 3752/2015 ). En todas ellas el TS resuelve que la cuantía es susceptible de determinación y debe ser fijada conforme a las reglas que establecen los artículos 41 y 42 de la Ley jurisdiccional . Que en los casos de acumulación o de ampliación de pretensiones (tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional), aunque la cuantía litigiosa venga determinada por la suma del valor de las pretensiones acumuladas, no comunica a las de importe inferior la posibilidad de casación; a lo que debe añadirse que, con arreglo a su artículo 42.1.a), para fijar el valor de la pretensión se ha de tener en cuenta el débito principal (cuota), pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de esos conceptos fuera de importe superior a aquel principal. Y en fin, que la cuantía resulta determinable por el importe que deriva de la resolución impugnada, tanto por lo que se refiere a las cuotas fijadas en las liquidaciones como en las sanciones tributarias, si se las considera individualmente, para determinar si superan la cuantía mínima que franquea el acceso a la casación, en nuestro caso, a la apelación.

CUARTO: En el caso examinado, ninguna de las cuotas por el Impuesto controvertido, individualmente consideradas, alcanza el umbral cuantitativo legalmente fijado de 30.000€, por lo que deviene incuestionable, de conformidad con el art. 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de este orden jurisdiccional, la indebida admisión del presente recurso de apelación, y consiguiente inadmisibilidad del mismo.

Y ello aun cuando el Juzgado de instancia concediera a las partes la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la sentencia dictada y, consecuentemente, admitiera a trámite el presente recurso de apelación.

Al ser el artículo 81.1 de la Ley 29/98 una norma de imperativa aplicación no puede ser inobservada en virtud de cualquier otra consideración que puedan efectuar las partes sobre la cuantía del recurso, como sucede en este caso.

Por último, en contra de lo que sostiene el apelante, aunque el acto recurrido en la instancia verse sobre la denegación de devolución de ingresos indebidos debe atenderse, a los efectos de determinar la cuantía, a cada acto administrativo de liquidación o cada actuación de los particulares de cumplimiento de obligaciones tributarias, y no al importe global de la devolución solicitada, como ha dicho reiteradamente la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que en ninguno de los casos, exceda su importe de 30.000 euros, como es de ver en el expediente administrativo.

Junto con lo anterior, la STS de 7 de febrero de 2006, (rec. 2204/2001 ), al declarar la inadmisión del recurso de casación por razón de la cuantía, razona textualmente:

" No obsta a esta conclusión el hecho de que la solicitud de devolución de ingresos fuera única y tramitada en un único expediente, pues como ya se ha dicho es doctrina reiterada de esta Sala que es indiferente que la acumulación tenga lugar en vía administrativa o jurisdiccional, caracterizando precisamente a la acumulación de pretensiones la reunión de dos o más de ellas en un mismo procedimiento para ser resueltas en una única decisión, que es lo que aquí ha ocurrido."

Por fin, las alegaciones en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad 4433/2020 , no permiten modificar los criterios legales y jurisprudenciales sobre la determinación de la cuantía y consiguiente inadmisibilidad del presente recurso de apelación."

Que la juzgadora a quo no haya tenido en cuenta el precedente, especialmente cuando la aquí apelante se lo hizo notar, tras pronunciar aquélla la aclaración (tampoco la califica así, sino de enmienda) de oficio de su propia sentencia, sin dar una sola explicación a su cambio de criterio en cuanto al régimen de recursos admisible contra su sentencia, más allá de haberse seguido ante ella procedimiento ordinario (razón que por sí sola, lo hemos reiterado ad infinitum, no es bastante para justificar la procedencia de una segunda instancia por razón de la cuantía), pese a lo extensamente alegado por la recurrente, escapa a nuestro entendimiento.

CUARTO.Conforme a lo dispuesto en el art. 139.2 LJCA, no procede especial pronunciamiento en materia de costas de esta alzada, dadas las condiciones en que la controversia ha sido indebidamente residenciada en este segundo grado jurisdiccional, pues la propia sentencia de instancia, en aclaración (o "enmienda") pronunciada de oficio, señalaba indebidamente que contra la misma cabe apelación, y ha forzado el proceder de la parte en tal sentido.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,