Sentencia Contencioso-Administrativo 338/2025 Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 438/2023 de 20 de octubre del 2025

PRIMERO.-La finalidad del presente procedimiento judicial se centra en determinar si es conforme a derecho la Resolución recurrida, al entender el desistimiento en el recurso de alzada interpuesto frente a una Resolución de embargo de bienes inmuebles, propiedad de la recurrente, dado que el letrado de esta última no inscribió debidamente su apoderamiento como representante de la ahora recurrente, sin que tuviera, a juicio de la recurrida, facultades impugnatorias al no reconocerse, en el seno de la administración recurrida, su representación.

En este contexto conviene recordar que el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece el contenido jurídico de los Registros Electrónicos de apoderamientos con el siguiente tenor literal

"1. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada Organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos.

2. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las Administraciones Públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad, y a los protocolos notariales.

Los registros mercantiles, de la propiedad, y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.

3. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.

b) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado.

c) Fecha de inscripción.

d) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.

e) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

4. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

c) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.

(Párrafo anulado)

Cada Comunidad Autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva Administración.

5. El apoderamiento «apud acta» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.

6. Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción"

A su vez, el artículo 1 de la Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social determina, respecto de su objeto y ámbito de aplicación, que:

"1. Esta orden tiene por objeto regular los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social (en adelante el registro), en el que se inscribirán los apoderamientos que de forma voluntaria se otorguen «apud acta» a favor de un tercero, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo, para actuar en su nombre ante la Administración de la Seguridad Social.

2. El registro no tiene carácter público, será único en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social y estará accesible en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones (en adelante SEDESS)"

Y el artículo 9 cuando regula la aceptación expresa del apoderamiento, prevé:

"1. La aceptación expresa del apoderado resultará necesaria en los supuestos en los que el apoderamiento comprenda la recepción de comunicaciones o notificaciones, sea cual sea la naturaleza del procedimiento.

2. El apoderado deberá aceptar expresamente el apoderamiento en el plazo máximo de un mes desde su otorgamiento, en las formas previstas en el artículo 5.

En estos casos, el apoderamiento solo se inscribirá y surtirá efectos desde la fecha en que conste esa aceptación en el registro"

Centrado pues el régimen jurídico específico modulador de los apoderamientos en el ámbito de la Administración de la Seguridad Social procede,a continuación, exponer los hitos temporales del procedimiento administrativo cuya Resolución final es objeto de recurso, y que comienzan con la Resolución de once de enero de 2023 de la recaudadora ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca por la que se declaran embargados distintos bienes inmuebles de la recurrente Begoña. Frente a dicha Resolución el abogado Pedro Javier Camarero Rodríguez, actuando en nombre y representación de la señora Begoña, formuló, el treinta y uno de enero de 2023, recurso de reposición frente a la Resolución de embargo mencionada de once de enero de 2023, queriendo interponer, en realidad, recurso de alzada frente a aquella y así fue entendido por la ahora recurrida respecto de esta última modalidad de recurso, la que el señor Camarero quiso verificar. El seis de febrero de 2023, la Tesorería General de la Seguridad Social requirió al señor Camarero la subsanación de este último recurso para que acreditara su representación mediante la inscripción del apoderamiento en el registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social en el plazo de 10 días, con advertencia de que, si no se subsanaba en el plazo previsto, se dictaría la Resolución correspondiente, declarando el desistimiento de la impugnación. Dicho requerimiento fue notificado a la ahora recurrente el Veintiuno de febrero de 2023 y, el veinticuatro de febrero, se inscribe el apoderamiento del señor Camarero en el registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social, si bien con una anotación de "pendiente aceptación", sin que conste nuevo requerimiento, a pesar de la inscripción de tal apoderamiento, para que el mencionado apoderado acepte el apoderamiento. A pesar de ello, la jefa de la Unidad de impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca acuerda, el treinta de marzo de 2023, declarar terminado por desistimiento el procedimiento de recurso de alzada, formulado el treinta y uno de enero, contra la Resolución anterior, y notificada el cinco de abril, el señor Camarero interpone recurso de alzada el 10 de abril, manteniéndose en la existencia de apoderamiento, según él verificado, el 24 de febrero de 2023.

El catorce de abril de 2023 la propia jefa de la Unidad de impugnaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca resuelve remitir requerimiento a la recurrente en relación con su apoderado en la que se le indica:

"Con el recurso de alzada adjunta un "Certificado de apoderamientos otorgados" del Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social (RASS) en el que figura que, en concreto, para "Reclamaciones y Recursos -Presentar reclamaciones y recursos, realizar alegaciones y recibir notificaciones o comunicaciones" el apoderamiento está como no aceptado. Para que el apoderamiento sea efectivo y poder cursar la impugnaciónse debe aceptar el apoderamiento para el trámite o materia de reclamaciones y recursos, o el general. Para que el escrito presentado quede subsanadodeberá, en el plazo de diez días inscribir el apoderamiento de Pedro Javier Camarero Rodríguez en el RASS para los trámites en materia de impugnaciones o en el general, en los términos regulados en la Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo (BOE del 5 de marzo)"

Este último requerimiento fue notificado a la recurrente el 25 de abril de 2023. El 28 de abril, es decir, tres días más tarde, se inscribe el apoderamiento requerido a favor del señor Camarero para todas las gestiones de la Seguridad Social.

A pesar del cumplimiento del primer requerimiento, habiendo realizado la primera inscripción de apoderamiento, sin que hubiera ningún requerimiento paralelo de subsanación en cuanto a la omisión de aceptación y, no obstante la verificación del segundo requerimiento ,de forma satisfactoria, tres días después de ser notificado el mismo, es decir el 28 de abril de 2023, el director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca resuelve desestimar el recurso de alzada, confirmando la Resolución de desistimiento de treinta de Marzo de 2023 de la unidad de impugnaciones en sus propios términos, esto es, no reconociendo la representación del letrado, Sr Camarero, ante la ahora recurrida.

A propósito de la cuestionable actuación de la TGSS, el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la representación de la siguiente manera:

"1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.

6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate,siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento"

Pues bien, es evidente que la Administración demandada si juzgaba insuficientemente la acreditación de representación inscrita el 24 de febrero de 2023 debía haber requerido a la administrada para que, en el plazo de diez días, su representado aceptara tal representación, lo cual resulta, de por sí, redundante puesto que dicha representación no deja de ser consecuencia de un contrato de mandato, de los previstos en el artículo 1710 del Código Civil ,cuya aceptación puede ser expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario, y no cabe duda que cuando el señor Camarero interpuso el primitivo recurso de alzada, acompañó documentalmente dicha representación en formato papel y los documentos nacionales de identidad de representante y representada, así como su intervención posterior en el recurso de la alzada, cuando se tuvo a la recurrente por desistida, denotan ya una aceptación tácita de su mandato representativo.

En cualquier caso, no se entiende por qué el requerimiento realizado por la recurrida en el plazo de Resolución del segundo recurso de alzada, solicitando la aceptación del apoderamiento inscrito por parte del apoderado, no se realizó tras el primer requerimiento, una vez que la inmediata inscripción adolecía, a juicio de la TGSS, de dicha insuficiencia.

Por otro lado, los escasos espacios temporales que median entre los dos requerimientos y sus correspondientes cumplimientos, denotan una clara diligencia por parte del señor Camarero, sin que se comprenda por qué fue desestimado el recurso de alzada por parte del señor Director Provincial, el 10 de mayo de 2023, cuando el 28 de abril se había cumplido, a satisfacción de la Tesorería General de la Seguridad Social, la inscripción del apoderamiento en favor aquel. Y tampoco se comprende por qué el mismo requerimiento no fue verificado, en su momento, ante la falta de aceptación, formal y en la forma deseada por la TGSS, del mencionado representante, con anterioridad a adoptar la decisión administrativa de desistimiento, algo, esto último, que tampoco puede entenderse producido.

Es claro que la actuación de la Administración recurrida no respetó en su actuación el principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional prevista en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y que prescribe, en cuanto a principios generales se refiere que:

"1.- Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.

4. Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única".

Respecto a la posible vulneración del principio de buena fe y de confianza legítima en la actuación administrativa de la recurrida, el Tribunal Supremo sitúa entre la familia de los principios troncales del ordenamiento jurídico, los principios de seguridad jurídica, buena fe, protección de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios informan cualquier ordenamiento jurídico, ya sea estatal o autonómico, y constituye un componente elemental de cualquiera de ellos, al que deben someterse en todo momento los poderes públicos» ( STS de 15 de enero de 2019,Contencioso -Administrativo, recurso 501/2016).

El principio de confianza legítima tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán ( Sentencia de 14 de mayo de 1956 del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín), y constituye en la actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio de 1965 (Asunto Lemmerz-Werk), un principio general del Derecho Comunitario, que finalmente ha sido objeto de recepción por nuestro Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación (desde la Ley 4/99 de reforma de la Ley 30/92, artículo 3.1.2), así como en el actual artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015. Este principio supone que la autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros términos, la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma y, cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración (sin conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento ( STS 1250/2018, de 17 de julio). El principio de confianza legítima debe aplicarse «cuando se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que (al particular beneficiado) induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de actuación administrativa». Lo que sí es patente es que, en esta, y en otra jurisprudencia, el Tribunal Supremo coincide en señalar que la posible aplicación del principio de confianza legítima se asienta sobre el necesario examen de las circunstancias concretas que concurren en cada supuesto, esencialmente en el examen del comportamiento de la Administración.

El recurso debe ser estimado, por lo tanto, habida cuenta del incumplimiento por parte de la recurrida del requerimiento de aceptación de la primera inscripción de apoderamiento, vulnerándose así el artículo 5.6 de la ley 39/2015.

También por quebrantamiento del principio de buena fe y confianza legítima, previsto en el artículo 3.1. e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que debe presidir la actuación de la demandada, por haberse verificado en plazo hábil el requerimiento de aceptación y de inscripción de apoderamiento durante el trámite de recurso alzada frente a la Resolución que declara el desistimiento respecto del recurso de alzada anterior, concretamente el 28 de abril de 2023, desestimándose, sin embargo, aquel por la Resolución de 10 de mayo de 2023.

La estimación del recurso y la anulación de las resoluciones recurridas conlleva que deben retrotraerse las actuaciones administrativas al momento inmediatamente posterior de la interposición del recurso de reposición (queriendo decir el recurrente alzada) frente a la Resolución de 11 de enero de 2023 de la Sra. recaudadora ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de Huesca, por la que se declaran embargados distintos bienes inmuebles de la recurrente Begoña, reconociendo la representación de esta por el abogado Pedro Javier Camarero Rodríguez durante todo el procedimiento administrativo que resulte de aquella retroacción.

SEGUNDO.-Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, procede imponer las costas del presente recurso a la parte recurrida.

Por todo lo cual