Sentencia Contencioso-Administrativo 249/2024 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 216/2021 de 20 de diciembre del 2024

PRIMERO.- Precedentes de esta misma Sala.

Sobre la prescripción. Desestimación

La cuestión debatida en la presente litis es del todo análoga a la resuelta en las recientes sentencias de esta misma Sala y Sección, número 226/24 y 227/24, ambas de 27 de noviembre de 2024 (PO 345/21 y 346/21 ),por lo que en virtud de los principios de unidad de doctrina, seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación del derecho, procede reproducir, en lo que aquí interesa, los fundamentos jurídicos de las mismas para llegar a idéntico resultado desestimatorio, comenzando por la prescripción.

Comienza la demandante planteando, de conformidad con lo establecido en el artículo 167.3.a) de la LGT , en relación con los artículos 66 y 189.2 del mismo cuerpo legal ,la prescripción del derecho de la Administración a las cantidades ingresadas en su día por el concepto de ITPYAJD, sobre las cuales se solicitó la devolución, al no haber recibido notificación resolución alguna por parte del TEAR de la reclamación económico-administrativa formulada durante más de cuatro años desde la fecha de su interposición (27/02/2017), no habiéndose producido ningún efecto interruptivo de la prescripción en el periodo comprendido entre la fecha reseñada de la interposición y la fecha de notificación de la resolución el día 18/03/2021.

La pretensión de prescripción no puede prosperar, no sólo porque la demandante invoca preceptos referidos a supuestos y situaciones jurídicas que no se corresponden con el que nos ocupa, una petición de devolución de ingresos por el ITP-AJD efectuada por la propia mercantil, y no una liquidación tributaria, sino por los propios efectos que derivan de su falta de resolución en plazo.

Así, el Artículo 237 de la LGT , Extensión de la revisión en vía económico-administrativa,dispone :

1. Las reclamaciones y recursos económico-administrativos someten a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante".

Y el artículo 240 de la LGT " Plazo de resolución", dispone :

1 La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente."

Es resumen, la tardanza en resolver no impedía a la mercantil recurrente haber interpuesto el recurso contencioso administrativo en el plazo de un año desde su reclamación, por lo que procede desestimar la pretensión de prescripción.

SEGUNDO.- Sobre la falta de motivación. Contenido de la resolución del TEAR

Sostiene la mercantil demandante la concurrencia de falta de motivación en la resolución del TEAR, al no dar respuesta clara a todos los planteamientos esgrimidos en la reclamación, sobre todo en lo referente a la alegación de la aplicación del artículo 10.9 del Código Civil en cuanto al enriquecimiento injusto de la Administración demandada, pues nada se dice sobre ello, vulnerándose con ello el artículo 239 de la LGT , en relación con el artículo 35 de la LPAC .

En base a lo anterior, entiende que se le ha producido indefensión con la actuación de la demandada, al no resolver conforme a la normativa antedicha, la cual es infringida, vulnerándose a su vez el derecho a la tutela efectiva consagrado en el artículo 24 de la CE ,por lo que entiende la Resolución del TEAR deviene nula, procediendo, en consecuencia, la declaración del derecho a las devoluciones de las cantidades ingresadas por el concepto de ITPYAJD contenidas en las solicitudes presentadas en su día.

Para dar respuesta a tal pretensión, debemos acudir al contenido de la resolución del TEAR.

En cuanto a los antecedentes de hecho, se destaca los siguientes:

" PRIMERO.- El día 26/04/2017 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 27/02/2017 contra el acuerdo de 13-12-16, notificado el 26-01-17, por el que se deniega la solicitud de ingresos indebidos exp NUM001, presentada el 21-08-15 ante la Servicio Periférico de la Consejería de Hacienda Albacete , por importe de 11.900 euros.

SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo, y los documentos que se acompañan, son hechos relevantes tal como se deduce de las actuaciones incorporadas, que:

a) La parte interesada procedió a presentar en fecha 08-03-07 autoliquidación con motivo de una permuta de solar por obra futura otorgada en escritura pública de fecha 06-02-07, ingresando la cantidad de 11.900 euros.

b) b) En sentencia nº 171 /2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Albacete de fecha 30 de septiembre de 2011 , se declara la resolución del contrato de compraventa de permuta suscrito entre las partes en escritura pública de fecha 6 de febrero de 2007, en la que se documenta que los cónyuges D. Carlos Alberto y Dª María Dolores (en adelante cedentes), ceden y transmiten la finca que en ella se describe, a la mercantil ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS DE CALIDAD, S.L., y como contraprestación la mercantil se obliga a entregar a ellos, una vivienda y plaza de garaje en el plazo de 26 meses a contar desde la licencia de obras

c) En fecha 21-08-15, la entidad reclamante presenta solicitud de rectificación de autoliquidación y considera que procede la devolución del importe ingresado en su día, con motivo de la sentencia por la que se declara la resolución del contrato de permuta, solicitud que es desestimada, y que es objeto de la presente reclamación"

En lo que a los fundamentos de derecho se refiere, procede reproducir la parte donde indica que :

" La norma tributaria relativa a las devoluciones del impuesto de la presente reclamación es el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/1993 , por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados(en adelante TR LITP-AJD), que dispone:

"1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de prescripción previsto en el artículo 64 de la Ley General Tributaria , a contar desde que la resolución quede firme.

2. Se entenderá que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deben llevar a cabo las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil .

3. Si el acto o contrato hubiere producido efecto lucrativo, se rectificará la liquidación practicada, tomando al efecto por base el valor del usufructo temporal de los bienes o derechos transmitidos.

4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del impuesto no habrá lugar a devolución alguna.

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda".

CUARTO.- Conforme al artículo 95.1 del TRITPAJD, si la operación se resuelve como consecuencia de una condición establecida por las partes, el contribuyente, en principio, tendría derecho a la devolución del impuesto satisfecho. Sin embargo, si es el contribuyente el responsable de la resolución, es decir, si la resolución se produce por incumplimiento de sus obligaciones, como ocurre en este caso (la resolución se produce por no entregar a Dª Pilar, una vivienda y plaza de garaje en el plazo establecido), de acuerdo con el artículo 57.4 del TR LITP-AJD , no habrá lugar a devolución alguna."

El artículo 239.2 de la Ley General Tributaria impone al órgano competente para resolver la reclamación la obligación de decidir todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados. En cuanto a su alcance, la resolución que adopten los órganos de revisión económico-administrativa puede ser estimatoria, desestimatoria o de inadmisibilidad. Cabe que la resolución estimatoria anule total o parcialmente el acto impugnado por razones de derecho sustantivo o por defectos formales.

El Tribunal Supremo, en reiterada doctrina jurisprudencial, ha puesto de manifiesto que, con carácter general, la motivación de los actos administrativos precisa de una explicación suficiente sobre las razones de la decisión adoptada, poniendo de manifiesto los motivos, concretos y precisos, aunque no exhaustivos, de la resolución administrativa, al ser el conocimiento de los mismos la premisa esencial para que el receptor del acto administrativo pueda impugnar el mismo ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, ex artículo 106.1 de la Constitución [ SSTS 5 abril 2017 (casación 1717/2015 ), 18 junio 2018 (casación 1161/2016 )y 31 enero 2019 (casación 1306/2016 ),entre otras muchas].

El cumplimiento de esta elemental exigencia de la motivación de los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el artículo 35.1 de la Ley 39/2015 se salvaguarda atribuyendo, en caso de incumplimiento, la severa consecuencia de la anulabilidad del acto administrativo inmotivado, prevista en el artículo 48.2 de la citada Ley .

Ahora bien, como puntualiza la STS 5 abril 2017 citada " esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o bien una mera irregularidad, en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la decisión adoptada por la Administración, evaluando si se le ha situado, o no, en una zona de indefensión, por limitación de su derecho de defensa"lo que, proyectado al caso concreto de la resolución del TEAR impugnada, que no podemos olvidar confirma una decisión anterior de la Administración Tributaria, se traduce en el conocimiento suficiente por parte del interesado de las razones por las que se rechaza su solicitud de devolución, haciéndose explícita la razón de la denegación.

En aplicación de la referida doctrina jurisprudencial, no es posible apreciar la falta de motivación que denuncia la parte demandante en su escrito, puesto que el TEAR resuelve la cuestión que se le sometía a resolución y que no era otra que la procedencia de la devolución de la cantidad en su día liquidada por el ITP-AJD. Y lo hace concluyendo, con claridad, que "no habrá lugar a devolución alguna",tras analizar los hechos y la normativa que resulta aplicable, por mucho que la parte pueda hacer valer tal pretensión fundada en motivos distintos, como la existencia de enriquecimiento injusto, cuando la mercantil tiene perfecto conocimiento de las razones por las que se adopta tal decisión y sin haber sufrido ningún tipo de indefensión.

Por ello, no es posible atender a la pretensión de nulidad instada en la demanda por falta de motivación, ni atender a su petición de declaración del derecho a las devoluciones de las cantidades ingresadas por el concepto de ITPYAJD por tal motivo.

TERCERO. Sobre la pretensión de fondo. Desestimación.

En cuanto al fondo, sostiene la mercantil que en el presente supuesto sería de aplicación el art. 57.1 de la Ley del Impuesto , y el art. 95 del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo .

En tal sentido, viene a indicar que de la documentación obrante en los expedientes administrativos al contribuyente no se le ha producido ningún efecto lucrativo tras la resolución contractual, ni ha habido defraudación, ni actuación fraudulenta, sino al revés, lo único que le han originado ha sido unas pérdidas económicas, tanto a nivel de Tesorería como de minoración del Patrimonio Inmobiliario, y todo ello como consecuencia de la totalidad de gastos y pagos desembolsados en la adquisición de los inmuebles en los que se producido la resolución contractual, y de la pérdida de los propios inmuebles al haber desaparecido de su inmovilizado sin ninguna contraprestación por la citada resolución contractual, y sin que exista ninguna posibilidad razonable de recuperación, ni de que pudiera haber obtenido el hipotético beneficio que de haber llevado a cabo las obras proyectadas en los tan repetidos inmuebles. A tenor de ello, entiende que tendría derecho a las devoluciones solicitadas.

Asimismo, tras citar distinta doctrina que considera apoya su pretensión, viene a concluir que en el presente supuesto de resolución contractual mediante "allanamiento" produce el efecto que es procedente solicitar la devolución del ITPYAJD y, por ende, la obligación de la Administración de reconocer dicha devolución y abonar al contribuyente lo indebidamente ingresado.

La Administraciones demandadas contestan a su demanda oponiéndose al recurso interpuesto y haciendo suyos los argumentos esgrimidos por el TEAR en su resolución.

Fijada la controversia, resulta útil transcribir el precepto del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuya interpretación motiva la presente controversia pues lleva por título "Devoluciones", nos interesan los apartados 1 , 4 y 5 del art. 57 ,cuyo tenor es el siguiente:

"1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le hubiera producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de prescripción previsto en el artículo 64 de la Ley General Tributaria ,a contar desde que la resolución quede firme (...).

4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del impuesto no habrá lugar a devolución alguna.

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda".

De otro lado, el Reglamento del ITPAJD, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, (en lo sucesivo RITPAJD) reitera en su artículo 2.2 lo dispuesto en el 2.2 del TRLITPAJD, remitiéndose al correspondiente artículo reglamentario que se ocupa de la devolución, que es el 95, siendo el tenor de sus apartados 1 ,4 y 5 el siguiente:

"1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente, por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución de un acto o contrato, el contribuyente tendrá derecho a la devolución de lo que satisfizo por cuota del Tesoro, siempre que no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años, a contar desde que la resolución quede firme.

No será precisa la declaración judicial o administrativa cuando la resolución sea consecuencia del cumplimiento de una condición establecida por las partes (...).

4. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimarán la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda".

Para poder entender ante cuál de los supuestos nos encontramos, y la confusión que genera la parte actora en su demanda, es procedente determinar que en el presente litigio fue mediante sentencia nº 171 /2011 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Albacete de fecha 30 de septiembre de 2011 ,se declara la resolución del contrato de compraventa de permuta suscrito entre las partes en escritura pública de fecha 6 de febrero de 2007, en la que se documenta que los cónyuges D. Carlos Alberto y Dª María Dolores ceden y transmiten la finca que en ella se describe, a la mercantil ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS DE CALIDAD, S.L., y como contraprestación la mercantil se obligaba a entregarles una vivienda y plaza de garaje en el plazo de 26 meses a contar desde la licencia de obras.

Por todo ello, frente a la mezcla de argumentos y supuestos, como de doctrina, que efectúa la mercantil ESPECIALISTAS EN VIVIENDAS DE CALIDAD SL a lo largo de la demanda, y en contra de lo que se plantea, no nos encontramos ante el supuesto de acaecimiento de una condición resolutoria explícitamente contemplada en el contrato de permuta ( STS de 30 de junio de 2022 , Rec. 6692/2020 ),ni tampoco ante una resolución de mutuo acuerdo extrajudicial de dicho contrato.

Los preceptos invocados admiten la devolución del impuesto cuando se reconozca judicialmente la resolución del contrato (apartado 1º) y no ofrece duda que la referida sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Albacete recoge su resolución contractual. Ahora bien, no resulta posible acoger la tesis defendida por la parte recurrente en su demanda cuando, ese mismo precepto, en su apartado 4º, expresamente excluye la devolución pretendida si la resolución contractual lo fuera por incumplimiento de las obligaciones del contratante fiscalmente obligado al pago del impuesto, y esto, y no otra cosa, es lo que declara la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, lo que impide, como concluye la resolución el TEAR, fuese posible atender a su petición de devolución.

La confusión que genera el escrito de demanda lleva a la mercantil recurrente a concluir que se ha producido la resolución contractual mediante "allanamiento", cuanto esa circunstancia, ni consta haber tenido lugar en el presente caso, ni tampoco (como tuvimos ocasión de poner de manifiesto en anteriores sentencias) permitiría acoger la posibilidad de la devolución pretendida, por impedirlo la previsión del apartado 5, tanto del art. 57de la Ley como del art. 95 del Reglamento, en la redacción que hemos tenido ocasión de reproducir, como esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, Sección 2ª, en sentencia nº 395/18, del 17 de septiembre de 2018 ( Rec. 129/2017 ).

Es más, de acoger tal pretensión, la consecuencia jurídica no sería la devolución pretendida sino la de un acto nuevo sujeto a tributación.

Para concluir, frente al pronunciamiento del TEAR, como anteriormente del Servicio Periférico de la Consejería de Hacienda Albacete no accediendo a la devolución de los 11.900 €, ninguna virtualidad puede tener invocar el posible enriquecimiento injusto de la Administración Tributaria, cuando la actuación impugnada se ajusta a la estricta legalidad aplicable.

Por todo lo expuesto, debemos desestimar el recurso contencioso administrativo, así como cuantos motivos y pretensiones esgrime la parte demandante.

CUARTO.- Sobre las costas

En cuanto a las costas, y al amparo de lo previsto en el art. 139.1 de la LJCA, procede hacer su expresa imposición a la parte recurrente.

No obstante, y haciendo uso de las facultades de moderación previstas en dicho precepto, así como en atención a la complejidad del asunto, procede limitar su importe en la cantidad máxima de 1.000 €, por el concepto de honorarios de Letrado ( IVA excluido), suma de que corresponderían por mitad ( 500 €) para cada una de las partes codemandadas.

Visto lo anterior, en la Sala hemos decidido