La Administración se opuso al recurso de apelación.
PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación y pretensiones de las partes.
Es objeto de recurso de apelación el Auto número 139/24 del JCA número de 1 de Cuenca, que concedió autorización a la Administración solicitante para la entrada en la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en la DIRECCION000 de DIRECCION001 (Cuenca).
La parte apelante pretende que se deje sin efecto la Resolución que se recurre por falta de ponderación de los intereses, al existir cuatro menores en la vivienda.
Frente a ello, la Administración apelada interesa que se desestime el recurso por ser el auto recurrido conforme a derecho. Al efecto, considera que la resolución recurrida analiza los presupuestos necesarios para autorizar la entrada en domicilio y concluye que la medida solicitada es idónea, necesaria y proporcionada, superando, por tanto, el triple juicio recogido en sentencia de esta Sala de fecha 17 de octubre de 2022.
SEGUNDO.- Hechos relevantes. La resolución de instancia.
Mediante resolución de fecha 21 de marzo de 2023, la Administración demandada dictó resolución acordando resolver el contrato de arrendamiento de vivienda de protección oficial de promoción pública, desahucio administrativo y recuperación física de la vivienda sita en la DIRECCION000, de DIRECCION001 (Cuenca), por incumplimiento reiterado de la obligación de pago de rentas del alquiler. En concreto, la parte apelante adeudaba la cantidad de 4232,08 €, que corresponde a la falta de pago de 44 recibos según requerimiento de regularización de fecha 11 de agosto.
La Administración demandada dirigió una solicitud de autorización de entrada en la vivienda para ejecutar lo decidido en la resolución de 21 de marzo de 2023.
Por parte del JCA nº 1 de Cuenca se dictó la resolución que es objeto de este recurso de apelación, concediendo autorización para entrar en la vivienda. En la misma se señala que en fecha 1 de septiembre de 2017, se firmó un contrato de arrendamiento de la vivienda entre la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y Miguel Ángel y Leonor, y que, ante el incumplimiento reiterado del pago de las rentas de alquiler, lo que constituía causa de resolución contractual, fueron remitidos varios requerimientos de regularización de pagos que no fueron atendidos. Como consecuencia de ello, se dictó acuerdo de inicio de expediente de resolución del contrato de desahucio y recuperación de la vivienda.
En el Auto recurrido en apelación se indica que, ante las quejas de los vecinos, la Trabajadora Social emitió informe de fecha 22 de agosto de 2022 indicando que la convivencia con la familia según vecinos "es insoportable, su zona está muy sucia y no respetan las partes comunes".
En la resolución que se recurre en apelación se entiende que la medida solicitada es idónea para conseguir la ejecutividad de la resolución administrativa que es firme. También se hace constar que la medida es necesaria para que la Administración pueda recuperar la vivienda, y que es proporcionada porque permitirá beneficiar a otras personas necesitadas de una vivienda.
De manera expresa, en el segundo párrafo del fundamento de derecho tercero, se dice lo siguiente:
"En el presente caso no se aprecia ni que vivan menores ni situación de vulnerabilidad alguna de los afectados que no ha sido siquiera alegada puesto que han mantenido una postura de total pasividad a lo largo de la tramitación del expediente en la Administración y ante esta vía jurisdiccional, sin formular oposición alguna a la resolución del contrato y consiguiente desahucio, pero sin haber cumplido la obligación de abandonar la vivienda, por lo que resulta necesaria la autorización para la entrada en la vivienda a fin de ejecutar la resolución firme de la Administración, que han tenido oportunidad de rebatir, debiendo en definitiva prevalecer el derecho de otras personas que puedan estar más necesitadas de una vivienda y que atiendan a las obligaciones de pago que han incumplido reiteradamente los anteriores titulares del contrato de arrendamiento".
Al tiempo de interponer este recurso de apelación, la apelante instó la adopción de medida cautelar de suspensión de la ejecución de la resolución que autoriza a la Administración a entrar en la vivienda de los apelantes.
TERCERO.- Sobre la normativa y jurisprudencia de aplicación.
- Sobre la normativa aplicable
A los efectos de encuadrar jurídicamente la cuestión de fondo que nos ocupa, resulta oportuno recordar que los actos administrativos gozan del privilegio de ejecutoriedad inmediata ( arts. 39 , 98 y 99 Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), y del mantenimiento de esta ejecutoriedad no obstante su eventual impugnación administrativa ( art. 117 de la citada Ley 39/2015) o jurisdiccional (sin perjuicio de la adopción de medidas cautelares, arts. 129 y ss. de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), por lo que obligan a su inmediato cumplimiento incluso por medios de ejecución forzosa, habilitados al efecto por el ordenamiento jurídico. En este sentido, el citado artículo 99 de la Ley 39/2015 dispone que: "Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de los Tribunales".
En todo caso, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad, de tal forma que si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual ( Art. 100.2 de la Ley 39/2015 ).
De manera excepcional, la ley exige la intervención previa de la autoridad judicial para la ejecución de algunas decisiones administrativas que pueden afectar a determinados derechos fundamentales. La propia Ley 39/2015, en su artículo 100.3, alude al supuesto más característico que es la necesidad de obtener autorización judicial para la entrada de los agentes de la Administración en el domicilio del afectado por la ejecución de un acto, de no alcanzarse el consentimiento de éste. Tal exigencia deriva de la ya conocida STC 22/1984, de 17 de febrero , y, en la actualidad, la competencia para autorizar la entrada está atribuida a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, por el art. 91.2 de la LOPJ y el artículo 8.6 LJCA al señalar que: "Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia".Se precisa para la ejecución de cualquier acto administrativo que implique la entrada en domicilio, incluyendo la finalidad de desalojarlo en virtud de expropiación, desahucio administrativo, orden de realojo o demolición, etc.
La Administración debe interesar del Juzgado competente la autorización de entrada, que el Juez sólo debe expedir mediante una verificación de que se cumplen los requisitos legales necesarios.
- Sobre la doctrina y jurisprudencia de aplicación
A la hora de abordar el presente recurso de apelación, debemos hacer especial referencia a la más reciente doctrina emitida por el Tribunal Supremo acerca de la atención que debe prestarse al dictar resoluciones judiciales como la que nos ocupa cuando concurran personas especialmente vulnerables, tal y como la podemos encontrar recogida en la sentencia del Tribunal Supremo, del 31 de octubre de 2023 ( RCA. 140/2021 ),que esta Sala ya ha tenido ocasión reproducir, entre otras, en sentencia de esta Sección 1ª, nº 250, del 21 de diciembre de 2023 ( AP 175/23), o la de 24 de febrero de 2025 ( R. Ape. 355/2024), por lo que resulta pertinente reproducir la parte donde se dice :
" Sobre la jurisprudencia de esta Sala en materia de autorización de entrada en domicilio para proceder a su desalojo.
Esa Sala ha dictado ya numerosas sentencias en la materia, como lo son, entre otras, las de 23 de noviembre de 2017 (RC 270/2016 ), 23 de noviembre de 2020 (RC 4507/2019 ), 10 de diciembre de 2020 (RC 7176/2019 ), 12 febrero de 2021 (RC 2118/2020 ), 15 de febrero de 2021 ( 7291/2019), de 22 de febrero de 2021 ( RC 2105/2020), de 24 de octubre de 2022 ( RC 5395/2021), de 17 de abril de 2023 , RC 7002/2021 ) y de 10 de julio de 2023 (RC 2470/2021 ).De todos los precedentes se puede deducir una jurisprudencia consolidada sobre la necesidad de que el juez al que se solicita la autorización de entrada en domicilio para proceder al desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente deba ponderar cuidadosamente las circunstancias concurrentes, en especial cuando en ella habiten menores u otras personas especialmente vulnerables, prestando especial atención a que la Administración solicitante del desalojo adopta medidas proporcionadas y suficientes para la protección de las personas vulnerables.
Recogemos a continuación los aspectos fundamentales de esta reciente jurisprudencia dictada sobre la materia:
a. Sobre la necesidad de ponderar todos los derechos y circunstancias concurrentes.
"Por tanto, para abordar adecuadamente la cuestión planteada, cabe partir como premisa del contenido prescriptivo de las normas que se aducen como infringidas.
Los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor ,en consonancia con el mandato establecido en los artículos 9.2 y 39 de la Constitución española de 1978 ,establece la obligación que se impone a todos los poderes públicos de proteger a los menores de edad ante cualquier situación de riesgo y de garantizar su desarrollo personal en condiciones adecuadas para procurar su integración social y familiar.
La Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre 1989, impone a todos los poderes públicos la obligación de velar por el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños menores de edad, constituye un imperativo jurídico.
También debe referirse que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho al respeto a la vida privada y familiar, que engloba el derecho a la inviolabilidad del domicilio; disposición que ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el sentido de garantizar el derecho de protección jurídica de los menores.
Procede, asimismo, poner de relieve que, conforme a la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en las sentencias 50/1995, de 23 de febrero , 69/1999, de 26 de abril y 188/2013, de 4 de noviembre ,la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio debe estar debidamente motivada y, consecuentemente, debe cumplir la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, de modo que pueda comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible.
Asimismo, refiere el Tribunal Constitucional en las citadas sentencias que "el órgano jurisdiccional debe velar por la proporcionalidad de la medida interesada, de modo tal que la entrada en el domicilio sea absolutamente indispensable para la ejecución del acto administrativo. Pues será justamente en este juicio de proporcionalidad -al que expresamente remiten nuestras Sentencias 50/1995 y 69/1999 , como canon de enjuiciamiento de la licitud de la autorización judicial de entrada en el domicilio-, en el de haberse respetado, no se producirá la vulneración del derecho fundamental".
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las sentencias de 24 de abril de 2012 (Caso Yordanova y otros contra Bulgaria ) y de 17 de octubre de 2013 (Caso Winterstein y otros contra Francia ), declara que cualquier persona en riesgo de sufrir la pérdida del hogar familiar debe tener la garantía de que la medida sea proporcionada y razonable, y que esa proporcionalidad y razonabilidad será valorada por un tribunal atendiendo a todos los factores involucrados de carácter social y personal." ( sentencia de 23 de noviembre de 2017, RC 270/2016 ,fundamento de derecho segundo)
Y también
" III. Al efecto, debemos comenzar señalando que la doctrina que sentamos en nuestra STS n.º 1.797/2017, de 23 de noviembre ,debe ser confirmada en esta sentencia. No es preciso que reproduzcamos ahora la normativa nacional e internacional y las razones que avalan la conclusión alcanzada entonces sobre la necesidad de que el juez al que se solicita la autorización de entrada en domicilio para proceder al desalojo forzoso de una vivienda ocupada ilegalmente en la que habitan menores de edad, pondere las circunstancias del caso -teniendo presente el interés superior del menor- antes de autorizar dicha entrada en domicilio. Basta con que nos remitamos a la fundamentación de dicha sentencia, que consideramos de plena vigencia.
A mayor abundamiento, esa necesidad de ponderación de todos los derechos e intereses concurrentes en el caso aparece corroborada en la doctrina del Tribunal Constitucional. Baste mencionar a tal efecto la STC 188/2013, de 4 de noviembre ,también referida a una orden de desalojo de una vivienda en la que habitaban menores de edad, en la que -con cita de otras anteriores en el mismo sentido, singularmente de la STC 139/2004, de 13 de septiembre -se establecía: " En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para que la limitación del derecho fundamental que la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible"." ( sentencia de 12 de febrero de 2021, RC 2118/2020 ,fundamento de derecho cuarto)
b. Sobre la intangibilidad de la decisión de desalojo.
" IV. Empero, como hicimos en las SSTS n.º 1.581/2020 y 1.701/2020 ,antes citadas, parece conveniente y necesario que demos ahora un paso más, puesto que en nuestro caso la cuestión controvertida no es, en esencia, si debe o no efectuarse esa ponderación por el órgano judicial, cuestión que debe ser respondida, sin ninguna duda, en sentido afirmativo. La cuestión polémica ahora planteada es la del alcance de dicha ponderación, esto es, si tal ponderación ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o sólo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas en que debe desarrollarse la actuación administrativa, singularmente en aquellos casos en que la vivienda es ocupada ilegalmente por personas especialmente vulnerables.
La respuesta a esta cuestión es que la ponderación exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del desalojo. Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para autorizar la entrada en domicilio como garantía preventiva del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se transmutaría, subrepticiamente, en la atribución -de facto- a aquél de una competencia para revisar un acto administrativo firme, y eso no es lo querido por el legislador.
Por tanto, el juez no puede, so pretexto de cumplir con la exigencia de ponderación de los intereses concurrentes, paralizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un acto administrativo firme, aparentemente legal, porque estaría permitiendo -y hasta posibilitando, de hecho- la permanencia y consolidación de una situación de ilegalidad, consecuencia que no se acomoda a los postulados constitucionales, que es expresamente rechazada por el legislador (tal como antes apuntamos al referirnos a la Ley 5/2018 y a la STC 32/2019 )y que perjudicaría tanto al interés general como a los particulares intereses de propietarios y, en su caso, de los legítimos poseedores de las viviendas ocupadas y, muy especialmente, a los intereses de aquellas otras personas que, encontrándose también en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social, económica y residencial, optan por mantenerse dentro de la legalidad y solicitar la adjudicación de esas viviendas por las vías establecidas." ( sentencia de 12 de febrero de 2021, RC 2118/2020 ,fundamento de derecho cuarto)
c. Sobre la necesidad de adoptar medidas relativas a menores y otras personas vulnerables.
"Pero, con la misma rotundidad debemos afirmar que, al ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, el juez no sólo está facultado, sino que está obligado a modular las circunstancias -materiales y temporales- en que debe desplegar eficacia la autorización de entrada en domicilio. El juez no debe ser ajeno a las consecuencias que pueden derivarse de su decisión de autorizar la entrada en domicilio para proceder al desalojo forzoso y, por ello, antes de emitir esa autorización debe velar por que se reduzcan al mínimo posible las consecuencias negativas que, ineludiblemente, se derivarán de la irrupción domiciliaria.
En ese sentido, el juez debe tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes en el momento de adoptar su decisión y, singularmente, la presencia en la vivienda que deba ser desalojada de personas en situación de especial vulnerabilidad, entre las que cabe incluir a los menores, pero también a otras personas que se encuentren necesitadas de protección por razones diversas, como pueden ser las víctimas de violencia de género, o aquellas personas que estén en riesgo de exclusión social por razones económicas o de otro tipo.
Conviene, por tanto, remarcar que el hecho de que en la vivienda que hubiere de ser desalojada forzosamente habitaren personas especialmente vulnerables como las referidas no constituye un impedimento absoluto para que pueda ser autorizada la entrada en el domicilio. Pero también que, en tal caso y de acuerdo con lo dicho, el juez habrá de comprobar, antes de autorizar la entrada en domicilio para el desalojo forzoso, que la Administración ha previsto la adopción de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que el desalojo cause el menor impacto posible a aquellos ocupantes que se encontraren en situación de especial vulnerabilidad.
Naturalmente, la casuística es variada y, por ello, en la aplicación de estos criterios generales de ponderación habrá de atender el juez, en cada supuesto, a las circunstancias concurrentes en el momento en que deba de pronunciarse sobre la solicitud, teniendo presente que deben ser las Administraciones competentes las que, en función de la normativa aplicable y de los medios y recursos disponibles, procedan a articular las medidas de protección adecuadas, sin que el juez pueda imponer la adopción de una concreta medida como condición para autorizar el lanzamiento, ni -mucho menos aun- imponer a la Administración la asignación a los ocupantes ilegales de una vivienda de determinadas características o que se encuentre en determinado entorno.
Pero, eso sí, el juez debe comprobar que la Administración adopta realmente las medidas de protección suficientes para no dejar desamparadas a las personas especialmente vulnerables que vayan a ser desalojadas forzosamente de la vivienda que ilegalmente ocupaban. Esta comprobación adquiere singular importancia cuando entre los ocupantes ilegales de la vivienda haya menores de edad, dado que la normativa nacional e internacional obliga a tomar en consideración el interés superior del menor.
La ponderación de todas esas circunstancias es la que debe quedar reflejada en la motivación que el auto judicial debe incluir para que pueda afirmarse que la decisión judicial de autorizar la entrada en domicilio para materializar el desalojo forzoso de una vivienda ocupada ilegalmente ha sido proporcionada." ( sentencia de 12 de febrero de 2021, RC 2118/2020 ,fundamento de derecho cuarto)
d. Sobre la jurisprudencia constitucional
" V. Esta doctrina que acabamos de exponer sobre el alcance de la ponderación que debe realizar el juez está en línea con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al enjuiciar desde la perspectiva que le es propia situaciones similares.
Al efecto, conviene recordar que en el supuesto contemplado en la STC 188/2013 ,relativo al desalojo forzoso de una vivienda construida ilegalmente que debía ser demolida y en la que habitaban menores de edad, el Tribunal Constitucional aludía a la necesidad de ponderación de los distintos derechos e intereses que puedan verse afectados en cada caso, señalando que el principio de proporcionalidad debe ser respetado en la autorización judicial de entrada en domicilio, y que la ponderación de la proporcionalidad de la medida ha de efectuarse teniendo en cuenta los elementos y datos disponibles en el momento en que se adopta la medida restrictiva del derecho fundamental. Y añadía:
" Y en este caso la ponderación de la necesidad de incidir en el derecho fundamental previsto en el art. 18.2 CE , para la ejecución de la resolución administrativa no sólo es proporcionada sino la única posibilidad de su ejecución pues contiene el mandato de su desalojo y demolición y no como pretende el recurrente que la ponderación de proporcionalidad lo sea sobre otra posible solución administrativa eventual y futura que no constituye derecho alguno frente a la ilegalidad de la construcción, cuya cuestión fue firme y consentida en la vía administrativa. (...) A mayor abundamiento, las resoluciones judiciales recurridas en amparo garantizan la proporcionalidad de la entrada en domicilio para la demolición respecto a los derechos educativos de los menores, demorando su ejecución hasta la finalización del curso escolar de éstos".
También esta necesidad de ponderar todos los derechos e intereses afectados está presente en la STC 32/2019, de 28 de febrero ,que confirmó la constitucionalidad de la Ley 5/2018, de 11 de junio, relativa a la ocupación ilegal de viviendas.
En el Preámbulo de esa ley, el legislador constata -entre otros extremos- que la ocupación ilegal de un alto porcentaje de viviendas públicas en nuestro país está produciendo un grave perjuicio social, al impedir que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social, haciéndolas indisponibles, por tanto, para el fin social al que están destinadas. Y, en coherencia con ello, el legislador se pronuncia con rotundidad en contra de la ocupación ilegal de viviendas, introduciendo en nuestra legislación civil -a través del articulado de la ley- unos mecanismos que permiten agilizar el desalojo forzoso de esas viviendas, pero sin olvidar la debida protección que también en esos casos deben procurar las instituciones a las personas especialmente vulnerables que las ocuparen ilegalmente.
El Tribunal Constitucional ha confirmado la constitucionalidad de esta ley en su sentencia 32/2019, de 28 de febrero ,siendo conveniente destacar -a los efectos que ahora interesan- las siguientes consideraciones que, con toda nitidez, se desprenden de su fundamentación:
(i) Por un lado, que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio, sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley, estableciendo el Tribunal Constitucional, en coherencia con lo anterior, que " la decisión judicial de proceder al desalojo de los ocupantes que puede adoptarse en el proceso sumario para la recuperación de la posesión de la vivienda instituido por la Ley 5/2018 no constituye una violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado" y que " El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda".
(ii) Y, por otro, que la orden judicial de desalojo no excluye en modo alguno la obligación de los poderes públicos competentes de atender, conforme a las disposiciones aplicables y los medios disponibles, a las situaciones de exclusión residencial que pudieran producirse, en particular cuando afectaren a personas especialmente vulnerables.
Por tanto, de lo expuesto cabe colegir que la doctrina que hemos establecido sobre el alcance de la ponderación que el juez, ineludiblemente, debe realizar en el momento de resolver sobre la solicitud de autorización de entrada en domicilio al objeto de materializar el desalojo forzoso de viviendas ocupadas ilegalmente, está en línea con la doctrina sentada al respecto por el Tribunal Constitucional." (sentencia de 12 de febrero de 2021, RC 2118/2020 , fundamento de derecho cuarto)
TERCERO.- Sobre las medidas necesarias para autorizar el desalojo domiciliar.
De la jurisprudencia recogida en las sentencias ya dictadas podemos resumir las siguientes consideraciones sobre las medidas necesarias para otorgar la autorización de entrada y desalojo de vivienda:
- La jurisprudencia dictada no afecta a la firmeza del desalojo, bien porque no fuera recurrido bien porque se trate de una decisión refrendada judicialmente tras el correspondiente procedimiento. En contra de lo que supone la sentencia de instancia aquí recurrida, la jurisprudencia de esta Sala en ningún caso cuestiona la autorización de desalojo, sino cómo debe ejecutarse el mismo. Y se trata de que la ejecución del mismo por la Administración ha de prestar atención a la situación en que queden las personas vulnerables, especialmente los menores. Pero en modo alguno está en cuestión que el desalojo debe ser llevado a cabo, sin que pueda postergarse indefinidamente por el hecho de que en el domicilio habiten personas vulnerables.
- A fin de que el órgano judicial pueda autorizar la efectividad del desalojo la Administración debe comunicarle en el momento de solicitar la autorización qué medidas adopta para paliar en lo posible las consecuencias perjudiciales del desalojo para las personas vulnerables, especialmente menores. Medidas previas, simultáneas o inmediatamente posteriores al desalojo y que el órgano judicial debe considerar proporcionadas y suficientes para autorizar que se lleve a cabo el desalojo.
- Esta Sala es consciente de las dificultades que tal exigencia puede ocasionar a la Administración, así como al órgano judicial a la hora de valorar la proporcionalidad y suficiencia de las medidas previstas por la Administración, pero no es posible prescindir de ellas en atención a las exigencias de la legislación nacional y normativa internacional de protección de las personas vulnerables y, muy especialmente, de los menores, normativa recogida ampliamente en la jurisprudencia recordada supra. Las siguientes observaciones tienen por objeto reducir la indeterminación sobre tales medidas, sin perjuicio de que la propuesta y justificación de las medidas corresponde en todo caso a la Administración que ejecuta el desalojo tras valorar las circunstancias concretas que concurren en cada supuesto, mientras que al órgano judicial le corresponde la valoración de la proporcionalidad y suficiencia de las medidas propuestas para autorizar el desalojo. Ello no obsta, evidentemente, a que el órgano judicial, si así lo considera procedente, añada otras medidas o modifique las propuestas por la Administración.
- No resulta suficiente para la protección de los menores la mera comunicación del desalojo por parte del órgano judicial que concede la autorización a organismos de protección al menor, como en la Comunidad de Madrid la Comisión de Tutela del Menor de la Consejería de Servicios Sociales. Dicha comunicación por sí misma no significa una garantía de que en el momento del desalojo no se produzca una situación de desatención o desamparo del menor. Tampoco lo es, como es obvio, que el órgano ejecutante del desalojo informe a posteriori al juzgado de las incidencias que se hayan producido en el desalojo.
- Las medidas no tienen por qué ser una solución habitacional a los ocupantes ilegales de la vivienda. Lo que debe atenderse es a la situación resultante tras el desalojo para el menor o persona especialmente vulnerable: con la finalidad de que no pueda producirse una situación de abandono o exclusión social, como podría serlo el que el menor quedase sin ningún género de atención familiar o social, la cual debe quedar asegurada por la Administración antes de que se autorice el desalojo.
- Son relevantes para la autorización del desalojo la ponderación de las circunstancias y datos que pueda ofrecer la Administración sobre la actitud y circunstancias de los ocupantes ilegales, como pueden serlo, entre otras, el haber tratado o no de encontrar una alternativa habitacional legal, el tiempo transcurrido desde que se inició el procedimiento de desalojo con conocimiento de los ocupantes ilegales, la existencia de ingresos de cualquier género (públicos o privados), el coste de la vida en el lugar en donde se produce el desalojo o el entorno familiar del menor o de la persona vulnerable.
Cabe recordar a este respecto que esta Sala desestimó recientemente un recurso contra una autorización de desalojo de un domicilio en un supuesto en el que había un menor y otra persona necesitada de atención médica, porque había quedado acreditado que la persona responsable recibía una pensión pública y los servicios sociales presentaron un informe de que en tales circunstancias y en la población donde ocurrían los hechos no había riesgo de exclusión social, entre otras circunstancias ( STS de 17 de abril de 2023, RC 7002/2021 )."
CUARTO.- Estimación del recurso de apelación. Juicio de la Sala.
A la hora de abordar la cuestión de fondo, no podemos obviar que viven en la vivienda cuatro menores de edad, según se puede ver en el certificado de empadronamiento unido a las actuaciones.
El órgano jurisdiccional de instancia señala que desconocía esta circunstancia al tiempo de dictar la resolución objeto de recurso de apelación. A lo largo de la tramitación de las resoluciones que dieron lugar a la solicitud de autorización de entrada, no consta que la parte apelante recibiese notificaciones ni que realizase ningún tipo de alegación.
Sin embargo, figura en las actuaciones un informe social de fecha 22 de septiembre de 2022, donde se recogen todas las circunstancias que afectan a la unidad familiar. Se trata de una unidad familiar de etnia gitana en situación de desempleo. Perciben el ingreso mínimo vital y el apelante se dedica a la venta ambulante de fruta. Asimismo, los integrantes de la unidad familiar tienen dificultades a nivel de convivencia vecinal por no respetar el uso y limpieza de las zonas comunes. A la vista de ello, concurre una situación de vulnerabilidad que alcanza a los cuatro hijos menores de edad que debió ser examinada en primera instancia.
A partir del informe social de fecha 22 de septiembre de 2022, la Administración no recabó informes ampliatorios ni valoró las posibles soluciones o alternativas a aplicar.
El Tribunal Supremo en sentencia de 10 de julio de 2023 (recurso de casación 2470/2021) señaló lo siguiente:
"Estando afectadas personas vulnerables en un desalojo de una vivienda ocupada ilegalmente, la autorización de entrada debe comprobar ex ante la adecuación y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la Administración para la protección de dichas personas, sin cuestionar en cambio la procedencia del desalojo ya ventilada en el correspondiente procedimiento previo. El órgano judicial contencioso-administrativo no es competente para determinar las concretas medidas a adoptar, pero sí debe comprobar antes de autorizar la entrada en un domicilio ocupado ilegalmente al objeto de proceder a su desalojo, que la Administración que lo ejecuta ha tenido en cuenta la protección de las personas vulnerables y que las medidas adoptadas son proporcionadas y suficientes, habida cuenta de las circunstancias que concurran en cada caso".
En el supuesto que nos ocupa, la Administración no ha tenido en cuenta que en la vivienda de la parte apelante existían personas vulnerables, cuatro menores de edad empadronados en ella, hijos del apelante. De haber comprobado esta circunstancia, el órgano jurisdiccional de instancia hubiese dispuesto de la documentación e información necesaria para llevar a cabo la imprescindible labor de ponderación de los intereses en conflicto.
No habiendo realizado la Administración la necesaria e imprescindible labor previa de averiguación de todas las circunstancias concurrentes, no ha sido posible proponer o adoptar medidas que tutelen la concreta situación de vulnerabilidad concurrente. Así las cosas, ni el órgano jurisdiccional de instancia ni esta Sala pueden valorar si la actuación de la Administración es proporcionada y suficiente.
Existiendo cuatro personas vulnerables en la vivienda, el recurso de apelación no puede más que ser estimado, debiendo dejar sin efecto la resolución recurrida. Como ya hemos señalado, la falta de valoración del informe social de fecha 22 de septiembre de 2022 ha impedido conocer todas las circunstancias que tienen que ser analizadas para adoptar la resolución que ha dado lugar a este recurso de apelación. La Administración apelada no ha tenido en cuenta que tiene que proteger a las personas vulnerables que pudiesen existir, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias en cada caso. Esta Sala no puede decirle a la Administración qué medidas tiene que adoptar, pero, en cambio, si puede tomar la decisión de denegar la petición de autorización de entrada presentada ante la falta de protección de las personas vulnerables existentes.
Por todo ello, estimamos el recurso de apelación y dejamos sin efecto la resolución recurrida por no ser conforme a derecho.
En cuanto a la primera instancia, es necesario valorar si concurren las circunstancias que hacían posible la concesión de la autorización de entrada solicitada por la Administración apelada. La solicitud de autorización de entrada que presentó la Administración no hacía mención o referencia a la situación de vulnerabilidad de los ocupantes de la vivienda, al convivir en ella cuatro menores de edad debidamente empadronados. El informe social de fecha 22 de septiembre de 2022 no fue valorado correctamente, ya que se daba una evidente situación de vulnerabilidad que hubiese requerido tutelar a los afectados por ella con adopción, en su caso, de las medidas oportunas para velar por los intereses de las personas vulnerables y de los propios vecinos afectados por las dificultades de convivencia con la unidad familiar del demandante.
Así las cosas, no es suficiente con que concurra una situación de ocupación ilegal para conceder una autorización de entrada para ejecutar una decisión de desahucio, sino que es necesario valorar todas las circunstancias concurrentes y, si se da una situación de especial vulnerabilidad, analizar las circunstancias concurrentes y adoptar las medidas oportunas para tutelar todos los intereses en conflicto (menores de edad, vecinos...).
Por todo ello, desestimamos la solicitud de autorización de entrada presentada por la Administración.
QUINTO.- Costas.
Con arreglo al art. 139 de la LJCA, no procede condena en costas dada la estimación del recurso de apelación.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación,
