Sentencia Contencioso-Administrativo 506/2024 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 87/2018 de 25 de julio del 2024

PRIMERO. - En el presente proceso la parte demandante EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS LA CEÑUELA S.L contra "Decreto núm. 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana. PATIVEL (DOGV núm. 8293 de 11 de mayo de 2018), en la parte, que clasifica como suelo no urbanizable de refuerzo del litoral (SNUPL 2) el Sector 29 "La ceñuela".

SEGUNDO. - Los motivos aducidos por la parte demandante para solicitar la nulidad son los siguientes:

1. Improcedencia de la clasificación como suelo no urbanizable de refuerzo del litoral de los terrenos integrantes del Sector S-29 "La Ceñuela" de Torrevieja.

-Arbitrariedad.

-Falta de motivación y vulneración del principio de seguridad jurídica.

2. Inexistencia de memoria de sostenibilidad económica.

TERCERO. -El PATIVEL para su elaboración ha tomado como base la normativa de la Unión Europea y derecho estatal. la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001 establece en su artículo 3.2.b) que serán objeto de evaluación medioambiental todos los planes y programas que requieren una evaluación conforme a lo dispuesto en los artículos 6 o 7 de la Directiva 92/43/CEE. Por su parte, el art. 3 de la Ley 9/2006 y art. 46 de la Ley 42/2015 (reproduce art. 6 directiva 92/43) exigen la EAE para los "planes de acción territorial". A nivel autonómico, el art. 46.1.c) -reiterando precepto estatal- nos dice:

(...) Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando:

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes generales estructurales, las actuaciones territoriales estratégicas o cualesquiera otros planes o programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial. (...).

Concluimos que la EAE era necesaria en el caso que nos ocupa, tal como ha fijado para instrumentos de ordenación de la misma naturaleza la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo núm. 58 de 24 de enero de 2019-rec. 2568/2018. Centramos el debate en la falta de análisis de las diversas alternativas, concluye la parte demandante que el PATIVEL se ventila el tema en un folio (doc. 5 del CD 2, folio 123) y luego se limita a desclasificar suelo.

Para analizar con un mínimo de rigor esta afirmación debemos examinar el punto de partida legal que encuentra la Generalidad Valenciana. Por un lado, la recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa (DOCE núm. 176, de 5 de julio de 2002). En el Capítulo I recomiendan:

(...) adoptar, para la gestión de sus zonas costeras, un planteamiento estratégico basado en: a) la protección del medio ambiente costero, formulado en términos de ecosistemas y capaz de preservar la integridad y funcionamiento de los mismos, así como la gestión sostenible de los recursos naturales de los componentes tanto marinos como terrestres de las zonas costeras; b) el reconocimiento de la amenaza que representa para las zonas costeras el cambio climático y los peligros que conlleva el aumento del nivel del mar y la violencia y frecuencia crecientes de los temporales ;c) unas medidas de protección de las costas que sean adecuadas y ecológicamente responsables, incluida la protección de los núcleos de población costeros y su patrimonio cultural; d) unas posibilidades económicas y laborales sostenibles (...).

Por otro lado, Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su exposición de motivos nos dice al respecto:

(...) En relación con el uso de las playas, se determina que el posterior desarrollo reglamentario establezca un régimen diferenciado para los tramos de playa urbanos -los contiguos con suelos urbanizados- y para los tramos de playa naturales -los contiguos a espacios protegidos o suelo rural-, determinando que respecto de estos últimos se imponga un nivel de protección alto y se restrinjan las ocupaciones. Resulta clave mantener en su estado natural a aquellas playas distantes de los núcleos urbanos y preservar el uso común en las playas urbanas (...).

Esta protección se concreta en el art. 33.6 de la Ley 22/1988 que a su vez remite a la normativa reglamentaria y de las Comunidades Autónomas: En la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas participarán las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine. Así mismo, el art. 18.1.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, exige como objetivo de la planificación: los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático.

Finalmente, el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6441 de 19.01.2011), cuyo Título VI, lo dedica expresamente al litoral:

(...) Capítulo I. Disposiciones de aplicación general al litoral de la Comunitat Valenciana

Capítulo II. Criterios de índole sectorial

Capítulo III. Sistema de asentamientos en el litoral (...).

La EAE consta de 167 folios, las alternativas manejadas como primer criterio (folio 157 documento núm. VII de la web -evaluación ambiental y territorial estratégica):

a) No actuación. En este caso el planeamiento en el litoral se continuaría rigiendo por las propuestas de planeamiento municipal. Asumiendo que se desarrollan todos los sectores que están ahora en tramitación esto supondría que el 60% de suelo en los primeros 500 metros de costa quedaría sellado. La no realización del PATIVEL conduciría sin ninguna duda hacia el desarrollo urbanístico del suelo no urbanizable que no está zonificado como de protección. Con un ritmo de urbanización similar al de los últimos cinco-siete años (periodo de fuerte crisis inmobiliaria) estos suelos se sellarían totalmente en unos 20 años. Si, por el contrario, se produjera una revitalización de la construcción en el litoral, en menos de diez años se colmatarían estos tramos no construidos, aun sin alcanzar las grandes cifras de crecimiento del periodo de la burbuja inmobiliaria.

b) Alternativa 2: Desclasificación generalizada de sectores urbanizables en estado básico rural. En esta alternativa, se procedería a desclasificar todo el suelo en estado básico rural de la franja sin entrar en consideraciones del estado legal de cada suelo. Esta situación, aun siendo posible y viable desde el punto de vista ambiental, provocaría responsabilidades patrimoniales a la Generalitat, posiblemente de un coste muy elevado para las arcas públicas. Si la elegida fuera ésta, el PATIVEL debería incluir en su documentación una Memoria de Sostenibilidad Económica.

c) Alternativa 3 (PATIVEL): Desclasificación selectiva de sectores urbanizables en estado básico rural. Esta Alternativa, mediante la desclasificación selectiva de sectores urbanizables en estado básico rural (los de mayor valor ambiental y territorial), pretende garantizar la sostenibilidad del espacio litoral sin incurrir en costosas indemnizaciones por las posibles responsabilidades patrimoniales de las administraciones.

Este folio se limita a sopesar tres opciones que considera previas:(1) actuar o no actuar sobre el litoral (2) en el supuesto de que la solución sea "actuar" centra el debate en que tipología de suelos y sus consecuencias. Sin embargo, como hemos examinado, tanto desde el punto de vista de la legislación europea, estatal como autonómica empujan a la Generalidad Valenciana a proteger la costa distinguiendo -en términos de la legislación estatal- "tramos de playa urbanos y naturales" con lo cual, eliminamos una de las opciones, es decir, actuar sobre la costa o no actuar, la Generalidad Valenciana necesariamente tenía que actuar como han hecho otras comunidades. Una vez que la Generalidad Valenciana se decide a actuar, tiene dos opciones, la de proteger todos los suelos vacantes o sólo donde no existe instrumento de ordenación aprobado y no caducado. Hemos visto en el fundamento de derecho segundo (del voto) que "proteger todos los suelos" no era viable económicamente, el propio Estado tuvo que idear la mutación de régimen jurídico -propiedad por concesión- que ratificó el Tribunal Constitucional, pero no hubiera sido una opción indemnizar en los 7000 kilómetros de costa.

Tomada la decisión de proteger los suelos "vacantes sin instrumento de ordenación aprobado o caducado" fija el régimen jurídico sobre los distintos tipos de suelo. La clasificación que hace el anexo I del Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8293 de 11.05.2018-arts. 5 a 15) es la siguiente:

1.Se incluyen en esta categoría los suelos de la infraestructura verde del litoral que se sitúen en el ámbito de este plan y se adapten a las categorías establecidas en el artículo 5, apartados 2, a, b, c, d y g de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana.

Se trata de suelos "ya protegidos" por otros instrumentos de ordenación territorial, estos suelos se regirán por lo establecido en el plan de acción territorial que lo regule, salvo en los ámbitos definidos como suelo no urbanizable de protección litoral que quedarán regulados por lo dispuesto en este plan.

2. Suelos no urbanizables de protección litoral, Se incluyen en esta categoría los suelos de mayores valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a riesgos, situados en el ámbito de este plan y delimitados en los planos de ordenación, que no hayan sido incluidos en la categoría de suelos litorales de protección ambiental. Son suelos en situación básica de suelo rural, con independencia de su clasificación urbanística, siempre que no tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no imputables a la administración.

Se localizan en los primeros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar, pudiendo extenderse hacia el interior a través de conectores ecológicos tales como cauces fluviales, vías pecuarias o suelos en general que garanticen la conectividad con espacios naturales protegidos, pudiendo ajustarse a límites reconocibles que tengan un elevado potencial de visualización.

Se trata de una norma que bien protege el suelo por otros instrumentos de ordenación, con lo cual nos encontramos en el punto anterior, bien los localiza la norma en los primeros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar, coinciden con las zonas de servidumbre de los arts. 23 a 30 de la Ley 22/1988 de Costas (100 primeros metros-servidumbre de protección; 6 primeros metros-servidumbre de tránsito; 500 metros-zona de influencia).

3. Suelos no urbanizables de refuerzo del litoral, se trata de suelos que se sitúan entre la franja de 500 metros y la de 1.000 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar, pudiendo ajustarse a límites reconocibles que tengan un elevado potencial de visualización. Son suelos en situación básica de suelo rural, con independencia de su clasificación urbanística, siempre que no tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no imputables a la administración.

4. Corredores ecológicos y funcionales. Definición y régimen. Son suelos que, con independencia de su clasificación urbanística, deberán ser concretados y ordenados por el planeamiento territorial y urbanístico para garantizar la conectividad ecológica y funcional de los suelos referidos en los artículos 8 y 10 de esta Normativa con el interior del territorio. La regulación de usos en los ámbitos de conexión definidos de este plan, se regirán por lo establecido en el planeamiento municipal. Deberán permanecer en la situación básica de suelo rural, y solo se permitirán usos y actividades que no menoscaben su funcionalidad como elementos de conexión ecológica y funcional.

5. Suelo común del litoral. Definición y régimen. Se incluyen en esta categoría los suelos en situación básica rural en la franja de 1.000 metros medidos desde el límite interior de la ribera del mar tierra adentro y que no han sido incluidos en ninguna de las categorías precedentes y no tengan un programa de actuación aprobado o, en el caso de tenerlo, hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no imputables a la administración. Con carácter general, se regirán por la legislación urbanística vigente.

Tampoco en este punto tiene muchas opciones, la costa es un elemento fijo para la Generalidad Valenciana, sobre el mismo establece el régimen jurídico de los distintos tipos de suelo.

CUARTO. -El primer motivo no formal es la falta de motivación y arbitrariedad en la justificación de los valores del PATIVEL, el Ayuntamiento de Oropesa estima que no es posible que el PATIVEL y el PGOU de Oropesa, aprobado provisionalmente en 2017, con los mismos parámetros y las mismas fuentes (Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana ETCV).

Sobre la falta de motivación se ha pronunciado al sentencia del Tribunal Constitucional núm. 102/2014, de 23 de junio, FJ 3, reiterada en la núm. 101/2015, de 25 de Mayo de 2015, el Ato Tribunal afirma que tiene la condición de relevante a efectos de producir indefensión cuando no expresa los criterios esenciales que han llevado al Juzgado o Tribunal a tomar una decisión, cuando la motivación es arbitraria o irrazonable o cuando la motivación tiene una argumentación formal pero carente de motivación material, convirtiéndose en puro voluntarismo judicial ( STC 30/2017-fd 5º). Igualmente ha señalado el Alto Tribunal que constituye infracción constitucional no dar respuesta a los motivos sustanciales debidamente planeados en un recurso contencioso administrativo ( STC 23/2018), singularmente la doctrina fijada por el TJUE con base al principio de primacía o la propia doctrina del Tribunal Constitucional ( SSTC 51/2016 o 77, 101 y 102/ 2021).

La misma perspectiva adopta el TGJUE de 12 de febrero de 2020-rec. T 605/18 (fd-178):

(...) Procede recordar que la exigencia de motivación establecida por el artículo 296 TFUE , también recogida en el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, tiene por objeto permitir al juez de la Unión ejercer su control de la legalidad de las decisiones lesivas y proporcionar a los interesados una indicación suficiente sobre si dichas decisiones están bien fundadas o si, por el contrario, adolecen de un vicio que permita impugnar su legalidad ( sentencias de 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, apartado 22 ; de 14 de junio de 2018, Spagnolli y otros/Comisión, T-568/16 y T-599/16, EU:T:2018:347 , apartado 68, y de 14 de diciembre de 2018, UC/Parlamento, T-572/17 , no publicada, EU:T:2018:975 , apartado 57) (...).

El fundamento de derecho núm. 29 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) de 12 de enero de 2023 C-719/21 P, ECLI- EU:C:2023:15 reiterando doctrina (30 de noviembre de 2016, Comisión/Francia- Frédéric Jouvin, C 486/15 P, EU:C:2016:912, apartado 79, y de 30 de junio de 2022, Fakro/Comisión, C 149/21 P, no publicada, EU:C:2022:517, apartado 180) pone de relieve que debe distinguirse la motivación de una resolución, bien judicial o administrativa, del fundamento de la motivación, que pertenece, por su parte, al ámbito de la legalidad de fondo del acto controvertido.

La Generalidad Valenciana pone de relieve que el PATIVEL utiliza una metodología que parte de dos premisas esenciales: la situación fáctica del suelo rural y la existencia de valores dignos de conservación activa. Puntualiza, que en ficha 49, Torrevieja Sud, de la memoria justificativa (pág. 87 de la memoria justificativa, DVD 7, Doc III), se analiza el ámbito donde se encuentran los terrenos y se concluye que existen valores ecológicos, culturales, agrícolas y paisajísticos de protección dignos de conservación. El suelo constituye pieza territorial estratégica en la Comarca de la Vega Baja que conecta el espacio litoral libre de edificación denominado Cala de Ferri con el espacio protegido del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. Estos suelos abiertos al mar constituyen el último espacio sin edificación de uno de los municipios de mayor dinamismo urbanístico en los últimos años y que cuenta con un gran potencial para su uso público sostenible.

Efectivamente, consta dictamen de la Universidad de Alicante (DVD 1, doc. 30 dictamen universidad Alicante) de septiembre de 2017. El dictamen analiza las 52 zonas delimitadas, y en la zona 49 Torrevieja SUD, describe los valores ecológicos, culturales y agrícolas, paisajísticos, territoriales y de protección frente a los riesgos. Haciendo hincapié en el valor añadido que supone la conexión al mar con el Parque Natural de las Lagunas de la Mata Torrevieja.

Estimamos que la Administración ha motivado su decisión, el PATIVEL incluye una motivación genérica inextenso que hemos visto en el fundamento de derecho anterior, no podeos comparar un Plan Territorial que afecta a toda la Comunidad Valenciana con motivación puntual escasa pero que pretende ajustar los parámetros de cada zona con la justificación general, a diferencia con el PGOU o Plan Parcial que necesariamente llevan a cabo una justificación mucho más amplia y detallada. La justificación dada en este caso la encontramos adecuada, máxime cuando la parte ha podido defender su posición, cuestión diferente -conectada con el fondo- es si esa motivación comparando toda la prueba y argumentos es ajustada a derecho.

QUINTO. -Los motivos por los cuales la parte demandante, al igual que en su momento hizo el Ayuntamiento de Torrevieja, interpretan que carece de valores ecológicos:

1. Existen barreras que impiden la conectividad de la costa con el interior, singularmente entre la Cala de lo Ferris (SNU de protección del litoral) con la Laguna de la Mata de Torrevieja. La falta de conexión se observa con la sola mirada del corte que suponen la confluencia de las carreteras CN-332 (en su elevación) y la CV-95. Estas barreras ya fueron puestas de relieve en la declaración de impacto ambiental del Plan Especial Hospital de Torrevieja (DO núm. 4957) de 2 de marzo de 20056:

(...) por su parte los terrenos afectados no forman parte de ningún área susceptible de comportarse como un corredor biológico que favorezca tanto la proliferación de especies vegetales como animales, encontrando en la carretera hacia San Miguel de Salinas (CV 95) una barrera física de difícil superación (...).

Una segunda infraestructura sería el hospital de Torrevieja y la Planta Desaladora, dotaciones publicas de relevancia e importancia que no han sido tomados en consideración por el PATIVEL.

2. Por su parte, el Ayuntamiento de Torrevieja, en la fase de información y consultas de la versión preliminar del PATIVEL, el informe de la arquitecta municipal de 2 de enero de 2017 afirmaba:

(...) Las dos zonas calificadas por el PATIVEL como SNUPL1 y SNPL" dentro de municipio de Torrevieja son colindantes, pero están separadas por la CN-332, Este hecho hace que la zona calificada como SNUPL2 (Sector 29 La Ceñuela) no tenga conexión con el litoral y por tanto, no se ajusta a las condiciones de este tipo de suelo (...).

3, Desde otro prisma, la Memoria Ambiental favorable de la Homologación Modificativa y Plan Parcial del Sector S-29 "La Ceñuela", acordada por la Comisión de Evolución Ambiental de la entonces Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de fecha 16 de mayo de 2013 (DOC.2 de la demanda) en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de los citados instrumentos de planeamiento, concluyó que esos suelos adolecen de valores ambientales y territoriales a proteger.

4. Desde el punto de vista urbanístico, como ya se ha expuesto en los antecedentes de hecho, el Sector S-29 La Ceñuela de Torrevieja tiene su origen en la alternativa técnica del programa para el desarrollo de la UA única del citado sector aprobada por acuerdo del Ayuntamiento de Torrevieja el 29 de julio de 2005, en el que se adjudicó a la empresa demandante la condición de agente urbanizador. El expediente de Homologación Modificativa y Plan Parcial del Sector S-29 "la Ceñuela" fue objeto de procedimiento de "evaluación ambiental estratégica que culminó en la memoria ambiental favorable de fecha 20 de mayo de 2013. Su aprobación definitiva " condicionada a la incorporación de lo dispuesto en los distintos informes sectoriales emitidos" se produjo -según manifiesta la parte demandante- por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 3 de junio de 2013. El expresado sector S-29 "la Ceñuela" tiene una superficie de 640.167 m2 suelo , se localiza fuera del ámbito estricto de los 500 metros de la franja del litoral. El instrumento de ordenación supuso para la empresa demandante la cesión dentro del sector de 110.000 metros cuadrados de suelo urbanizable para ubicar el hospital de Torrevieja y vinculados al PAI S-29, así consta en el documento del Ayuntamiento de Torrevieja (Comisión de Gobierno de 22 de julio de 2002).

Podemos discutir la naturaleza de la aprobación definitiva que realiza la Comisión Territorial de Urbanismo el 3 de junio de 2013, se trata de un aprobación definitiva sometida a condición suspensiva, naturaleza que hemos otorgado esta Sala el numerosas sentencias, no consta que los condicionantes se hayan cumplido, relata la empresa demandante en sus conclusiones que en 2017 presentó ante el Ayuntamiento las modificaciones precisas para dar por subsanadas la limitaciones técnica que fijó la Comisión Territorial de Urbanismo. No vamos en este momento a pronunciarnos sobre la aprobación definitiva del PAI por parte de la CTU, ponemos de relieve que las objeciones tienen carácter menor y son técnicas, no fijó ninguna limitación u objeción de carácter urbanístico.

SEXTO. -Los cuatro puntos que acabamos de analizar serían suficientes para estimar el recurso y anular la clasificación otorgada; no obstante, se podría objetar a esta decisión el hecho de que la perspectiva de un PGOU o un PAI como "La Ceñuela de Torrevieja" es diferente al PATIVEL que tiene un carácter global de toda la costa valenciana, en tanto que, un PAI tiene una visión más estrecha.

Para salir de dudas vamos a analizar el dictamen pericial obrante en autos elaborado en febrero de 2019 por el biólogo D. Adrian (obrante en el tomo 3 de este proceso), único con fotografías nítidas y en color que nos permiten apreciar la verdadera situación (folios 577 a 593). Lo haremos bajo el prisma de la doctrina de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:597) o, en el mismo sentido, esta Sala y Sección Quinta en sentencia de 4 de octubre de 2016-fd. 10 (ECLI:ES:TSJCV:2016:4935), trata el tema de la valoración de los informes periciales dentro de los procesos judiciales.

(folio 593) Se ha incluido como suelo no urbanizable de protección de litoral (SNUPL 1) la zona de "Lo Ferris" y suelo no urbanizable de refuerzo del litoral (SNUPL 2) el Sector 29, ambas zonas se ve claramente que no conectan, ni siquiera como corredor; en la parte que podrían conectar entre Lo Ferris" y el Subsector Sur, se interpone por un lado la carretera a que la hemos hecho referencia y lo que el perito señala en color "rosa" como área urbanizada que de no existir la carretera estarían "pegadas" (folio 591 o 592 vto). Las conclusiones del perito, que asumimos en la presente sentencia, son las siguientes:

a) El sector 29 "La ceñuela", no presenta valores ambientales destacables, a excepción de la franja septentrional colindante con La Laguna de Torrevieja, objeto de protección por diversas figuras de espacios naturales. Por ello, no se cumplen, para el S-29, las determinaciones del art. 10 del PATIVEL

b) No presenta valores (folio 592 y 592 vto):

-ecológicos.

-Culturales.

-Agrícolas

-Paisajísticos.

-Protección frente a riesgos.

-Territoriales.

c) La zona que sí presenta valores ambientales, ecológicos y paisajísticos, una pequeña franja situada al Norte del S-29, que está en contacto con el linde del Parque Natural del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, ya está bajo la protección del PORN de dicho parque, además de la protección derivada de su inclusión en otras categorías de espacios protegidos, como la RED NATURA 2000 y el Catálogo de Zonas Húmedas. Como consecuencia de esta protección, esa franja se califica en el Plan Parcial del Sector 29 como "Parque", no susceptible de transformación. El entorno de dicha franja se califica en el Plan Parcial como suelo dotacional, de manera que el desarrollo urbanístico garantiza la protección de dicho suelo sin necesidad de modificar la clasificación.

d) No existe conectividad o continuidad ambiental, ecológica o visual entre el S-29 y el área lo Ferris clasificada en el PATIVEL como SNUPL.

Vamos a estimar el recurso en su pretensión principal, es decir, anular clasificación de suelo no urbanizable de refuerzo del litoral (SNUPL 2) el Sector 29 "La ceñuela"; en cuanto a la pretensión subsidiaria de incluir la zona en el ámbito de tener programa aprobado de forma definitiva que recoge la disposición transitoria primera del Decreto 587/2018, no nos vamos a pronunciar ya que se trataba de una pretensión subsidiaria a falta de estimar la principal.

SEPTIMO. - En aplicación del art. 139 de la Ley 29/1998, no procede imponer las costas a la parte demandante ante las dudas de hecho y de derecho del presente proceso y los votos particulares discrepantes.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de aplicación

Fallo