Sentencia Contencioso-Administrativo 88/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 128/2023 de 26 de febrero del 2025

PRIMERO.- Como ya se ha dicho es objeto del presente recurso contencioso administrativo la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación patrimonial presentada por la recurrente ante la Consejería de Salud de la CARM, en fecha 15 de junio de 2022 (expediente NUM000).

Mantiene la parte recurrente que las lesiones que padece la Sra. Araceli son consecuencia directa de la punción indebida del nervio cubital que sufrió durante la intervención quirúrgica del Síndrome del Túnel Carpiano izquierdo realizado en el Hospital Reina Sofía el 4 de diciembre de 2018.

Y ello, dice, porque en la siguiente revisión en consulta del traumatólogo que la intervino, queda descrito el cuadro clínico que presentaba la Sra. Araceli y que era consecuencia directa de la punción indebida del nervio cubital que sufrió durante la cirugía realizada 6 días antes. Neuritis del cubital que la paciente no presentaba con anterioridad a dicha cirugía, pues el nervio cubital estaba bien y sólo debía intervenirse del nervio mediano y su atrapamiento a nivel del túnel del carpo.

Añade que esa lesión cubital tuvo una evolución tórpida complicándose con un Síndrome de Dolor Regional Complejo Tipo II (SDRC II), ocasionando dolor y debilidad en la fuerza de agarre y pinza de mano izquierda. Que por sentencia del Juzgado de Lo Social nº 9 de Murcia de 22 de junio de 2021 se reconoce que esta incapacitada para su trabajo habitual.

Se alega igualmente que el consentimiento informado que en su día firmo la actora no especificaba el riesgo en particular. Dice que nada dice de la posibilidad de sufrir el Síndrome de dolor regional complejo. Dice que ha tenido que ser derivada a la Unidad del Dolor.

Se reclama la cantidad de 89.776,66 euros, que desglosa en los siguientes conceptos:

-LESIONES TEMPORALES (TABLA 3): 50.969,64 €

3.B PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR.

-Grave: 1= 79,02 €

-Moderado: 929 x 54,78 €= 50.890,62 €

-SECUELA (TABLA 2): 8.807,02 €

-2.A.1 Baremo médico.

a)Perjuicio Psicofísico: 9 Puntos: 8.035,71 €

b)Perjuicio Estético: 1 punto: 771,31 €

-Perjuicio moral: Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida: Perjuicio MODERADO: INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL: 30.000

Como prueba, además de la documental propone la pericial del Dr. Fernando, experto en Valoración del Daño Corporal, autor del informe que aporta con la demanda.

SEGUNDO.- Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) se presentó escrito de contestación a la demanda oponiéndose a la estimación del recurso.

Se dice que la cirugía estaba bien indicada y se realizó mediante una técnica correcta. Además, la paciente firmó el correspondiente documento de consentimiento informado, en el que se describían los riesgos que se podían materializar, entre los que se incluían los que le aparecieron.

Se ampara en el informe emitido por el traumatólogo que intervino a la paciente, que pone de manifiesto que entre las complicaciones que se podían producir a consecuencia de una cirugía del túnel del carpo, se encontraba la lesión del nervio cubital. Ciertamente, esta complicación ocurría en un porcentaje pequeño de casos, pero podía producirse, (0,03% de los casos). En definitiva, era una complicación infrecuente pero real.

En síntesis, sostiene que la praxis médica dispensada a esta paciente fue correcta pues se le diagnosticó la patología que padecía y se le prescribió el tratamiento quirúrgico procedente. En su momento se la intervino quirúrgicamente mediante la técnica operatoria adecuada. La secuela que se produjo de Síndrome de Dolor Regional Complejo constituía una posible complicación de la cirugía que en este caso se materializó y que debía de soportar la paciente al haber sido la praxis médica adecuada.

En cuanto a la cantidad reclamada, se discrepa, al entender que, en caso de estimarse la demanda, el periodo de incapacidad temporal se debía extender desde la fecha del alta hospitalaria tras la cirugía, el 4 de diciembre de 2018 hasta la fecha en la que se remitió a la paciente a la Unidad del Dolor el 27 de noviembre de 2019 para recibir tratamiento paliativo.

Dice que, en cuanto a las secuelas, no se hace ninguna valoración.

Y en cuanto al daño moral por la pérdida de calidad de vida que califica de moderado, por la pérdida de las actividades relevantes para el desarrollo personal, en caso de estimarse la demanda, deberá ser el Tribunal el que determine si procede dicho reconocimiento y en que cuantía.

TERCERO.- La defensa de la aseguradora se opone igualmente a la estimación del recurso.

Manifiesta en primer lugar que la pretensión ejercitada carece de cobertura, ya que el SMS asume el exceso de la franquicia de 25.000 euros hasta la cantidad de 1.500.000 euros para cada anualidad del periodo inicial del contrato y en las sucesivas prorrogas anuales; dice que al no haberse alcanzado dicho limite indemnizatorio, la aseguradora no puede ser en consecuencia condenada.

Alega a continuación la prescripción de la acción ejercitada. Se argumenta que la intervención tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2018, y que tras diversas actuaciones medicas el día 15 de octubre de 2019 la paciente fue diagnosticada de secuela de síndrome de dolor regional complejo tipo II (SDRC) y se remitió a la Unidad del Dolor para tratamiento paliativo, siendo esa la fecha inicial del cómputo del plazo para la prescripción. Además, dice que no interrumpe la prescripción la declaración judicial de incapacidad, citando al efecto diversas sentencias del Tribunal Supremo. Concluye que, al haberse ejercitado la acción el día 15 de junio de 2022, la acción estaba notoriamente prescrita.

En cuanto al fondo, se opone igualmente, al considerar que la cirugía estaba indicada, se realizó con una técnica quirúrgica adecuada y sin incidencias, no consta que se produjera en la cirugía lesión del nervio cubital, y que el síndrome de dolor regional complejo es de origen multifactorial, siendo la causa exacta desconocida.

CUARTO.- La Constitución Española (CE) señala en el art. 106.2 que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) establece en el artículo 32. 1 que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Como ha señalado el Tribunal Supremo, Sala Tercera, en la Sentencia de 3 de mayo de 2011, Rec. 120/2007, "la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración requiere conforme a lo establecido en el art. 139 LRJAPAC: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta".

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado. Ahora bien, es necesario que con concurra un elemento esencial que es la antijuridicidad del daño.Es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, pero es necesario que el daño sea antijurídico.

Para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable.

El art. 34.1 de la Ley 40/2015 de LRJSP dicta que sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

El problema radica fundamentalmente pues en constatar el examen de la relación de causalidadinherente a todo caso de responsabilidad extracontractual. A este respecto la Sala Tercera del Tribunal Supremo tiene declarado, desde la sentencia de 27 de octubre de 1998, que el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de responsabilidad extracontractual debe tomar en consideración que:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera evitado aquél.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, puesto que --válidas como son en otros terrenos-- irían en éste en contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

c) La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que comportan fuerza mayor --única circunstancia admitida por la ley con efecto excluyente--, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.

d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administración, pues no sería objetiva aquélla responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia.

En el ámbito específico de la responsabilidad patrimonial derivada de la prestación de asistencia sanitaria,la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido configurando una sólida y reiterada doctrina que erige la vulneración de la lex artis ad hocen el elemento determinante de la existencia de los requisitos de relación de causalidad y antijuridicidad del daño.

Citaremos la STS, Sec. 6ª, de 02.10.07, Rec. 9208/03 que señala lo siguiente: «Es constante la jurisprudencia ( Ss. 3-10-2000, 21-12-2001, 10-5-2005 y 16-5-2005, entre otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible.»

En igual sentido la STS, Sec. 6ª, de 04.04.11, Rec. 5656/06, refiere que "En el ámbito de la Administración sanitaria, en la medida en que no es posible garantizar en toda circunstancia la curación de los enfermos, se viene utilizando como parámetro de actuación de los profesionales sanitarios, a los efectos de determinar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, el criterio de la lex artis, pues la obligación del profesional sanitario se concreta en prestar la debida asistencia al paciente".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2000 (recurso nº 8252/2000), y de 23 de febrero de 2009 (recurso nº 7840/2004) dispuso que "se trata, pues, de una obligación de medios, por lo que sólo cabe sancionar su indebida aplicación, sin que, en ningún caso, pueda exigirse la curación del paciente. La Administración no es en este ámbito una aseguradora universal a la que quepa demandar responsabilidad por el sólo hecho de la producción de un resultado dañoso. Los ciudadanos tienen derecho a la protección de su salud ( artículo 43, apartado 1 , de la Constitución ), esto es, a que se les garantice la asistencia y las prestaciones precisas [ artículos 1 y 6, apartado 1, punto 4, de la Ley General de Sanidad y 38 , apartado 1, letra a), del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ]con arreglo al estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica en el momento en que requieren el concurso de los servicios sanitarios ( artículo 141, apartado 1, de la LRJ -PAC ); nada más y nada menos".

La denominada lex artisse identifica con el "estado del saber", considerando, en consecuencia, como daño antijurídico aquel que es consecuencia de una actuación sanitaria que no supera dicho parámetro de normalidad.

Dicta el art. 34.1 de la LRJSP que no serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos, todo ello, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos supuestos.

En consecuencia con lo expuesto, no puede admitirse que la simple existencia de un daño que no se tenga el deber jurídico de soportar sea determinante de la responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria que ha proporcionado cuidados médicos a un paciente, sino que es preciso que dicho daño sea consecuencia de una prestación sanitaria que se haya apartado de sus parámetros de normalidad, deducidos de la lex artis.Infracción de la lex artisque podrá tener lugar por error en el diagnóstico o en la prescripción del tratamiento adecuado para la enfermedad diagnosticada o en la aplicación de dicho tratamiento.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha señalado, STS de 9 de Octubre de 2012, (RC 40/2012, que: "Frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, ha de recordarse, como hace esta Sala en sentencia de 25 de febrero de 2.009 (recurso 9.484/2.004 ), con cita de las de 20 de junio de 2.007 y 11 de julio del mismo año, el criterio que sostiene este Tribunal de que la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, mas en ningún caso garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; pero de ello en modo alguno puede deducirse la existencia de una responsabilidad de toda actuación médica, siempre que ésta se haya acomodado a la lex artis, y de la que resultaría la obligación de la Administración de obtener un resultado curativo, ya que la responsabilidad de la Administración en el servicio sanitario no se deriva tanto del resultado como de la prestación de los medios razonablemente exigibles. (...)

Y si ello conduce a que solamente cabe considerar antijurídica en la asistencia sanitaria la lesión en que se haya producido una auténtica infracción de lex artis, ha de considerarse asimismo que la Sala de instancia no infringió los preceptos citados, sino que los aplicó conforme a Derecho cuando concluyó desestimando el recurso contencioso-administrativo, en cuanto que apreció del conjunto de la prueba practicada el cumplimiento por los hospitales en que trataron al recurrente y por los médicos que lo atendieron de los protocolos de profilaxis conforme lo que permitía en la fecha en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados el conocimiento de la ciencia y las técnicas que la aplican. En las anteriores circunstancias, ante la idoneidad y corrección de las técnicas médicas recibidas, el presente daño no es calificable de lesión antijurídica, sino como realización de un riesgo conocido e inherente a las intervenciones practicadas y las posteriores actuaciones que la mismas demandaban, y que el demandante tenía obligación de soportar".

El Tribunal Supremo viene destacando que es necesario que consten en el proceso algunas de las causas de la lesión y de que éstas hubieron podido ser combatidas por el servicio sanitario. La STS de 10 de julio de 2012, (RC 3243/2010) señala que "la imputación de responsabilidad patrimonial a la Administración por los daños originados en o por las actuaciones del Sistema Sanitario, exige la apreciación de que la lesión resarcible fue debida a la no observancia de la llamada "lex artis". O lo que es igual, que tales actuaciones no se ajustaron a las que según el estado de los conocimientos o de la técnica eran las científicamente correctas, en general o en una situación concreta. Hay ahí, por tanto, o no deja de haber, la constatación de la inidoneidad del sistema objetivo de responsabilidad patrimonial en el ámbito sanitario. La aproximación, en fin, a uno de responsabilidad por funcionamiento anormal, sobre todo en la denominada "medicina curativa".

Y se indica en la STS de 11 de abril de 2014, (RC 2766/2012), que "las referencias que la parte recurrente hace a la relación de causalidad son, en realidad, un alegato sobre el carácter objetivo de la responsabilidad, que ha de indemnizar, en todo caso, cualquier daño que se produzca como consecuencia de la asistencia sanitaria. Tesis que no encuentra sustento en nuestra jurisprudencia tradicional, pues venimos declarando que es exigible a la Administración la aplicación de las técnicas sanitarias, en función del conocimiento en dicho momento de la práctica médica, sin que pueda mantenerse una responsabilidad basada en la simple producción del daño. La responsabilidad sanitaria nace, en su caso, cuando se la producido una indebida aplicación de medios para la obtención del resultado. Acorde esta doctrina, la Administración sanitaria no puede ser, por tanto, la aseguradora universal de cualquier daño ocasionado con motivo de la prestación sanitaria."

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene que la responsabilidad objetiva no quiere decir que baste con que el daño se produzca para que la Administración tenga que indemnizar, sino que es necesario, además, que no se haya actuado conforme a lo que exige la buena praxis sanitaria.

QUINTO.- En primer lugar hay que plantearse la cuestión relativa a la prescripción.

Pues bien, el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Poner de manifiesto ya desde este momento, que llama la atención, que la parte recurrente no hace la más mínima mención a la cuestión relativa a la prescripción, ni en su demanda, ni tampoco en su escrito de conclusiones.

Sentado lo anterior, resulta que, en este caso, la reclamación se presentó el día 15 de junio de 2022, y el daño por el que se reclama, según refiere la interesada, se produjo a consecuencia de una intervención que se realizó en fecha 4 de diciembre de 2018.

En cuanto a los distintos momentos a tener en cuenta hay que hacer alusión a los siguientes:

-El día 4 de diciembre de 2018, como ya se ha dicho, la paciente fue intervenida realizándole una liberación del nervio mediano mediante sección del ligamento anular del carpo bajo anestesia regional distal y sedación.

- En la primera revisión el día 10 de diciembre de 2018 presentó parestesias en la región cubital de la mano y signo de Tinel positivo en la flexura de la muñeca, lo que es interpretado como neuritis post-punción.

- Al mes de la cirugía, el 9 de enero de 2019 en la exploración se apreció un signo de Tinel a nivel de eminencia hipotenar, menos intenso.

- El 7 de marzo de 2019 la paciente acudió de nuevo a consultas. Se apreció un adecuado aspecto trófico de la mano, pero con sudoración importante que sugería algo de síndrome de dolor regional complejo tipo II) de poca entidad. No se apreció déficit motor en nervio cubital (aproximación-separación normal, Froment negativo) pero sí debilidad en la fuerza de agarre.

- El 17 de abril de 2019 se realizó estudio neurofisiológico de los nervios mediano y cubital izquierdos en el que se objetivó "persistencia mínima del atrapamiento del nervio mediano en el canal del carpo" y "estudio del nervio cubital izquierdo normal, descartándose neuropatías compresivas y/o traumáticas en muñeca y codo". Se realizó electromiograma de los grupos musculares inervados por las raíces nerviosas cervicales C8-T1, descartándose plexopatía del tronco inferior del plexo braquial y radiculopatía cervical.

- El 9 de mayo de 2019 la paciente acudió a revisión en consultas de Traumatología donde se observó que persistía con Tinel muy positivo en la eminencia hipotenar.

- El 27 de septiembre de 2019 la paciente realizó otro estudio neurofisiológico de los nervios mediano y cubital izquierdos, con resultado normal.

- El 15 de octubre de 2019 la paciente fue diagnosticada de secuela de síndrome de dolor regional complejo tipo II (SDRC) y se remitió a la Unidad del Dolor para tratamiento paliativo.

Pues bien, a partir de ese momento, la finalidad en la citada Unidad no es la de curar la secuela, sino la de llevar a cabo un tratamiento e intentar paliar los síntomas de esa secuela. Pero la secuela ya estaba determinada.

En este punto se puede traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Febrero de 2013, (recurso de casación 367/2011 ), en la que se dice "En este sentido, nuestra jurisprudencia, de la que son muestra entre otras muchas las sentencias de 18 de enero y 1 de diciembre de 2008 y 14 de julio de 2009, distingue entre daños continuados, que como tales no permiten conocer aún los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el "dies a quo" será aquél en que ese conocimiento se alcance; y daños permanentes, que aluden a lesiones irreversibles e incurables aunque no intratables, cuyas secuelas resultan previsibles en su evolución y en su determinación, siendo por tanto cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance, como ocurrió en el caso enjuiciado."

Pues bien, según lo expuesto, resulta que fue el día 15 de octubre de 2019 cuando la paciente fue diagnosticada de secuela de síndrome de dolor regional complejo tipo II (SDRC) y se remitió a la Unidad del Dolor para tratamiento paliativo. Por tanto, hay que entender que esa debe ser la fecha del día inicial del cómputo del plazo de prescripción.

Y llegados a este punto diremos que no comparte esta Sala la postura del perito de la actora, que dice "Establezco como fecha de estabilización lesional el 22 de Junio de 2021, donde se emite en sentencia nº 190/2021 del Juzgado de lo Social Nº 9, fallo indicando que concurren los requisitos legales para estimar la demanda de IPT para la profesión habitual de MANIPULADORA HORTOFRUTÍCOLA."

Aquí hemos de referirnos a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de octubre de 2011, que afirma que "la realización de controles ambulatorios así como también la elaboración de dictámenes o propuestas de organismos evaluadores a efectos de la declaración de invalidez a efectos laborales no ha de tener incidencia automática a efectos de inicio del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción, salvo en aquellos casos en los que esos documentos fijen definitivamente el alcance de lesiones y secuelas, lo que no ha ocurrido en el presente caso. También dijimos que el plazo no puede quedar eternamente abierto, de forma indefinida y al arbitrio de la parte, sino que ha de estarse al momento concreto en el que se determina el alcance de las secuelas, pues existen enfermedades que por su evolución unido a las propias características limitadas de la naturaleza humana van a impedir conocer las consecuencias exactas y definitivas".

Igualmente en Sentencia de fecha 9 de febrero de 2016, (Rec Casación núm. 1483/2014, ha puesto de manifiesto, que: "...los tratamientos posteriores encaminados a obtener una mejor calidad de vida o a evitar ulteriores complicaciones en la salud del paciente o la progresión de la enfermedad, no enervan la situación objetiva en que la lesión, enfermedad o secuela"; añadiéndose en Sentencia de 21/junio/2007 (casación 2908/2003) que no es relevante el tratamiento rehabilitador para tratamiento orto protésico. No interrumpe la prescripción la pendencia de la adaptación de una prótesis de miembro inferior izquierdo" ni el acudir a rehabilitación.

Tampoco tiene trascendencia alguna, a efectos de prorrogar tal fecha, el hecho de que el EVI propusiera el 24/ julio/2009 su declaración de incapacidad permanente, pues este trámite no es sino una mera valoración de sus secuelas ya preexistentes a efectos de fijación de sus consecuencias administrativas, pero no reabre el periodo que tenía el actor para reclamar responsabilidad patrimonial frente a la Administración.

En definitiva, la determinación del alcance concreto de las secuelas no se produce con la propuesta de declaración de incapacidad permanente del perjudicado, pues dicha declaración es una consecuencia, precisamente, de las secuelas previamente establecidas y consolidadas."

Y mas recientemente el Tribunal Supremo en la sentencia 463/2019, de 4 de abril, dictada en el recurso 4399/2017, insiste en fijar como criterio interpretativo del art. 67.1 de la Ley 39/15 que el "dies a quo" para el cómputo del plazo de un año para el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial por daños físicos o psíquicos se iniciará en la fecha de la curación o de la estabilización, con conocimiento del afectado, de las secuelas, con independencia y al margen de que, con base en esas mismas secuelas, se siga expediente de incapacidad laboral, cualquiera que sea su resultado administrativo o judicial.

En conclusión, cuando se ejercita la acción el día 15 de junio de 2022, la acción ya estaba prescrita, ya que no podemos contar, según lo expuesto, como día inicial del plazo la fecha de la sentencia del Juzgado de lo Social aludida.

De manera que el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- No procede la condena en costas, conforme a los criterios de previsibilidad de esta Sala, dado que el mismo se interpuso frente a la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial (139.1 LJCA) .

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,