Sentencia Contencioso-Administrativo 186/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 562/2025 de 27 de febrero del 2026

PRIMERO.-Los recurrentes, matrimonio y dos hijos, uno de ellos, el segundo, menor de 18 años, todos nacidos en Argelia y residentes en dicho país, impugnan por medio de este recurso contencioso administrativo la resolución administrativa reseñada en el encabezamiento que le deniegan sus solicitudes de visado de residencia temporal no lucrativa (RES).

La citada resolución recurrida deniega los visados en los siguientes términos:

"Vista la solicitud de visado de residencia no lucrativa presentada por Domingo, en su propio nombre y en el de su familia, y que ha tenido entrada en esta oficina consular con fecha 27 de enero de 2025, formulada al amparo del artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social , y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: el/la interesado/a insta su solicitud como visado de residencia no lucrativa previsto en el artículo 31.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrollado por el capítulo primero, titulo cuarto del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Segundo: el/la solicitante aporta, entre otros documentos, como justificación de los medios económicos necesarios para su sostenimiento y el de su familia durante el periodo de residencia en España, certificados de las entidades Banque de L'Agriculture et du Developemment Rural, donde se indica que el/la interesado/a es titular de dos cuentas bancarias que, a fecha de 16/01/2025, cuenta un saldo de 74.969,85 euros, la mencionada entidad financiera está radicada en la república de Argelia.

Tercero: el artículo 46 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 establece que; "para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como el correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir, entre otros, el requisito de contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España. y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional...".

Cuarto: el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, dispone en el artículo 47 que, para su sostenimiento, los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa, deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan y, establece una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera y, para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida anteriormente. Así, también, en el punto tercero del mismo artículo, se puntualiza que la disponibilidad de dichos medios económicos debe ser acreditada de tal forma que se garantice su percepción.

En este punto se ha de aclarar que los medios económicos han de resultar disponibles de forma inmediata y efectiva para el interesado y, en su caso, para los miembros de su familia.

Quinto: al apreciarse, durante la valoración de la solicitud, falta de acreditación de requisitos consustanciales al 10 de febrero de 2025, para que aporte la siguiente documentación:

- Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado del CNAS o al CASNOS

Justificación documental del origen de sus ingresos. Si es empresario, empleado por cuenta ajena o profesional liberal deberá justificarlo presentando la siguiente documentación, según el caso que corresponda:

Empresaria, persona jurídica certificado, inscrito en el Registro Comercial, mediante el que se cede la administración y gerencia de la sociedad de la que es gerente/administrador a favor de otra persona.

Empleado por cuenta ajena: justificación documental, otorgada por su empleador, donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando. haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

Profesional liberal: justificación documental donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando, como profesional liberal, haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

- Ficha familiar

- Certificado de matrimonio

Certificado de antecedentes penales y certificado médico de toda la familia.

Certificado Catastral actualizada de todas sus propiedades.

Certificado pago de impuestos alquileres

Póliza de cobertura de seguros y asistencia médica legible

Sexto: con fecha de 19 de febrero de 2025, tiene entrada en esta oficina documentación aportada por el/la solicitante; la mencionada documentación, no satisface el requerimiento hecho por esta Administración puesto que:

Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado Catastral actualizado de todas sus propiedades.

- Certificado pago de impuestos alquileres

La falta de la documentación anteriormente mencionada impide una valoración objetiva de los medios de subsistencia aportados por el solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

ACUERDO:

Conforme a lo anterior DENEGAR lo solicitado al no presentar parte de la documentación solicitada por esta Administración".

SEGUNDO.-La parte actora opone, esencialmente, que en este caso la denegación del visado es inmotivada y se apoya en una mera conjetura pues existe documentación en autos, incluso tras los requerimientos, acreditativa de que la unidad familiar tiene los medios económicos exigidos legalmente para obtener los visados como los presentes que tienen como finalidad residir en España sin realizar actividades lucrativas o laborales.

La defensa del Estado se opone a la demanda argumentando que los actos impugnados se ajustan a derecho.

TERCERO.-Respecto al primer motivo de impugnación, hay que recordar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones. En el artículo 27.6 de dicha ley se dispone que la denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito.

La exigencia de motivación impone a la Administración el deber de manifestar las razones que sirven de fundamento a su decisión o, lo que es lo mismo, que se exprese suficientemente el proceso lógico y jurídico que ha llevado a la misma con el fin de que su destinatario pueda conocer las razones en las que se ha apoyado y, en su caso, pueda posteriormente defender su derecho frente al criterio administrativo, por lo que la motivación constituye un medio para conocer si la actuación merece calificarse, o no, de objetiva y ajustada a derecho, así como una garantía inherente al derecho de defensa del administrado, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, ya que en la eventual impugnación del acto, si éste está motivado, habrá posibilidad de criticar las bases en que se ha fundado; por lo tanto, el criterio de la Administración no puede limitarse a expresar la decisión adoptada sino que, en cada supuesto, debe exponer cuáles son las concretas circunstancias de hecho y de derecho que, a su juicio, determinan que la decisión deba inclinarse en el sentido por ella elegido y no por otro de los, en cada caso, posibles.

Sin embargo, ha de añadirse que, para que un defecto de motivación no subsanado determine la anulabilidad de la resolución administrativa, es preciso que haya dado lugar a la indefensión del interesado - artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 35 de dicha ley-, entendiéndose por tal la situación en que queda cuando se ve imposibilitado de obtener o ejercer los medios legales suficientes para su defensa por no haber podido conocer la ratio decidendi de la decisión administrativa.

Desde un punto de vista constitucional ( artículo 24 de la CE) la indefensión tiene un carácter material más que formal, de forma que únicamente concurre cuando el interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para instar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales supone el cercenamiento del derecho a la defensa, siempre con la consecuencia del daño real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias ( Sentencias del Tribunal Constitucional 31/1984, 48/1984, 70/1984, 48/1986, 155/1988 y 58/1989, entre otras muchas).

En el presente caso, el motivo de denegación del visado se ha concretado en los términos reseñados del acto recurrido. La parte articula como segundo motivo, y medios de prueba en tal sentido, que en ningún caso ha existido fraude en el motivo del visado solicitado. Por lo tanto, la parte conoce la razón de denegación y ha podido combatirla y articular prueba en tal sentido, por lo que no se le ha causado efectiva indefensión. Otra cuestión, que se resolverá con el fondo del asunto, es determinar si esa actuación administrativa debidamente motivada se ajusta o no a derecho.

Los artículos 46, 47, 48 y 49 del Real Decreto 445/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, disponen:

"Residencia temporal no lucrativa

Artículo 46 Requisitos

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

d) Contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta sección.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.

f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos.

Artículo 47 Medios económicos a acreditar para la obtención de una autorización de residencia temporal

1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de ingresos, para sí mismo y, en su caso, su familia, en las siguientes cuantías, que se establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del visado o de renovación de la autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.

b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida en el apartado a) anterior.

2. En ambos casos, la cuantía global de medios económicos habrá de suponer la disposición de la cuantía mensual calculada con base a lo establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de la autorización solicitada.

3. La disponibilidad de medios económicos suficientes se acreditará mediante la presentación de la documentación que permita verificar la percepción de ingresos periódicos y suficientes o la tenencia de un patrimonio que garantice dicha percepción de ingresos.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

Si los medios económicos proceden de acciones o participaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras radicadas en España, el interesado acreditará, mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido.

Artículo 48 Procedimiento

1. El extranjero que desee residir temporalmente en España sin realizar actividades laborales o profesionales deberá solicitar, personalmente, el correspondiente visado, según el modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular española de su demarcación de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar otra misión diplomática u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud.

La solicitud del visado conllevará la de la autorización de residencia temporal no lucrativa.

2. A la solicitud deberá acompañar:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de un año.

b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado b) del artículo 46.

c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 46.

d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado g) del artículo 46.

3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo a los requisitos que le corresponde valorar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, resolverá la concesión o denegación de la autorización de residencia, previa valoración del cumplimiento del requisito previsto en el apartado f) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.

A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente. La eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.

5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si en el plazo de un mes no se comunica, la misión diplomática u oficina consular notificará al interesado la resolución. Igualmente, la misión diplomática u oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.

6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión diplomática u oficina consular resolverá y expedirá el visado, previa valoración del cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en anteriores países de residencia del extranjero y el contemplado en el apartado h) respecto a la tasas por tramitación del procedimiento sobre la autorización.

El visado será denegado:

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 cuya valoración corresponda a la misión diplomática u oficina consular.

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, que en ningún caso será superior a tres meses.

Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes, ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal y será retirada por el extranjero".

Artículo 49 Efectos del visado y duración de la autorización inicial de residencia

1. El visado que se expida incorporará la autorización de residencia, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte a o título de viaje.

2. La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en su punto 3 que "la misión diplomática u oficina consular ante la que presente la solicitud de visado, si mediara una causa que los justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en sus puntos 3 y 4:

"3. La misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que lo justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud.

4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorización".

CUARTO.-Con carácter previo se ha de indicar que la normativa expuesta atribuye la valoración de los requisitos de capacidad económica de los solicitantes exclusivamente a la delegación diplomática competente.

Como esta Sala ya ha establecido de forma reiterada y uniforme en distintas sentencias, el literal del artículo 47 del mencionado RD 557/2011 exige al interesado, a fin de poder obtener un visado como el presente, cumplir uno de los dos requisitos recogidos en el mismo: contar con medios económicos suficientes en los términos igualmente definidos en dicha norma (letras a) y b) del primer apartado), o (se utiliza esa partícula disyuntiva después de una coma) acreditar una fuente periódica de ingresos en la misma forma regulada en tal precepto (apartado 3).

En el expediente administrativo consta en copia documentos de certificado de saldo y los movimientos en una cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 20 de enero de 2025 de 2.034.524 dinares argelinos o 14. 445, 12 euros al cambio.

Igualmente, en la misma forma certificado de saldo y los movimientos en otra cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la misma entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 16 de enero de 2025 de 60.419, 47 euros.

La suma de esos dos saldos dinerarios y disponibles en dichas cuentas (70.864, 59 euros) del único proveedor de la unidad familiar solicitante supone en principio que la misma cuenta con los medios económicos suficientes exigidos por el artículo 47 del RD 557/2011 para la obtención de una autorización como la presente. Así se deduce, como ya se ha dicho del literal de los dos primeros párrafos del apartado 1 de dicho precepto arriba expuesto. Reiterar, pues, que la prueba de una fuente de percepción periódica de ingresos es una condición que se exige también, pero de forma disyuntiva y no de forma cumulativa junto con aquella primera, dado que se utiliza la partícula "o": o una, u otra.

A todo lo cual se ha de añadir que la valoración que se han de hacer de esos medios, según los criterios del apartado 1 de dicho precepto, ha de ser partiendo de que de conformidad con el artículo 49 del reglamento la autorización de residencia temporal tendrá una duración de un año ( STS de 5 de mayo de 2014, rec. casación. 3450/2013).

Efectivamente, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2024 en España es de las siguientes cuantías en vigor:

IPREM diario: 20 euros por día

IPREM mensual: 600 euros por mes

IPREM anual: 7.200 euros por año

IPREM anual incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas: 8. 400 euros.

En este caso, los medios económicos acreditados que posee el solicitante, según la documentación contenida en el expediente, dado, se reitera, que la residencia temporal no lucrativa a conceder es de un año, supera el límite del 700 % exigido por la normativa arriba reseñada en el caso de cuatro personas; el límite de dicho IPREM ascendería a 50.400 € (anual sin pagas extraordinarias prorrateadas) o 58.800 € (anual con pagas extraordinarias prorrateadas). Se ha de considerar la primera cifra a tenor de la STS de 28 de marzo de 2023, rec. 3546/2022.

La resolución recurrida deniega la solicitud de visado esencialmente, y como se recoge de los razonamientos arriba transcritos, porque en primer lugar no se acredita que esos medios económicos de los que es titular la unidad familiar en los términos expuestos pueden ser disponibles. Sin embargo, se ha de destacar que el reglamento argelino 02/16 de 21 de abril de 2016 publicado en el boletín oficial de la república argelina de 26 de abril de 2016, nº 25, sobre la determinación de los límites a la importación/exportación de las monedas extranjeras de libre circulación para residentes y no residentes en Argelia, dispone que los viajeros no residentes podrán exportar un importe máximo equivalente a 7.500 euros extraídos de una cuenta en divisas abierta en Argel. Todo importe es cubierto por una autorización de cambio del Banco de Argelia. Esta Sala, en la línea de lo alegado en la demanda, considera que no procedía en este caso tal requerimiento como ya se ha dejado sentado en distintas sentencias de esta Sección en casos similares al presente (de 28 de febrero de 2022 en el PO 690/2021 entre otras). En la misma línea, la reciente sentencia dictada en el PO 432/2025.

No se discute por las partes la veracidad de ese saldo total a favor de las citadas cuentas bancarias de las que el primer recurrente es titular en Argelia. Esa posibilidad de que cada persona pueda sacar al extranjero hasta 7.500 euros en divisa determina que el recurrente pueda acudir varias veces a su país. Como se decía en la sentencia de esta Sección de fecha 14 de enero de 2022, recurso nº 639/2021, en un caso similar al presente (reseñada también en la sentencia dictada en el PO 690/2021 y en la del 14 de febrero de 2021 en el recurso nº 655/2021), "El Reglamento alude al término disponibilidad y es cierto que la misma puede estar sometida a restricciones según la normativa de salida de dinero del país de origen como es el que caso de autos atendiendo a la aportada por lo que resultará procedente analizar el alcance de dichas restricciones que, en el supuesto de autos, no lo es de carácter temporal por lo que nada impide, como se señala en demanda, que se puedan efectuar salidas de dinero durante la estancia en España".

Igualmente, se ha de rechazar los puntos de la resolución referidos a la certificación catastral de las propiedades de la unidad familiar y certificado de pago de impuestos de alquileres pues todo ello es ajeno a esos requisitos legalmente exigibles para obtener unos visados como los presentes.

Por todo lo razonado, y habiéndose cumplido por los recurrentes el requisito de medios económicos, y no discutido el otro principal y previo de no ejercer en España durante la residencia actividades profesionales o laborales, procede anular por no ser conforme a derecho la actuación recurrida ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y declarar el derecho respectivo del primer recurrente y demás miembros de su familia a obtener el visado solicitado de residencia temporal no lucrativa.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en este caso serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, de los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 500 € más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

A la vista de los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los recurrentes, matrimonio y dos hijos, uno de ellos, el segundo, menor de 18 años, todos nacidos en Argelia y residentes en dicho país, impugnan por medio de este recurso contencioso administrativo la resolución administrativa reseñada en el encabezamiento que le deniegan sus solicitudes de visado de residencia temporal no lucrativa (RES).

La citada resolución recurrida deniega los visados en los siguientes términos:

"Vista la solicitud de visado de residencia no lucrativa presentada por Domingo, en su propio nombre y en el de su familia, y que ha tenido entrada en esta oficina consular con fecha 27 de enero de 2025, formulada al amparo del artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social , y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: el/la interesado/a insta su solicitud como visado de residencia no lucrativa previsto en el artículo 31.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrollado por el capítulo primero, titulo cuarto del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Segundo: el/la solicitante aporta, entre otros documentos, como justificación de los medios económicos necesarios para su sostenimiento y el de su familia durante el periodo de residencia en España, certificados de las entidades Banque de L'Agriculture et du Developemment Rural, donde se indica que el/la interesado/a es titular de dos cuentas bancarias que, a fecha de 16/01/2025, cuenta un saldo de 74.969,85 euros, la mencionada entidad financiera está radicada en la república de Argelia.

Tercero: el artículo 46 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 establece que; "para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como el correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir, entre otros, el requisito de contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España. y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional...".

Cuarto: el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, dispone en el artículo 47 que, para su sostenimiento, los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa, deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan y, establece una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera y, para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida anteriormente. Así, también, en el punto tercero del mismo artículo, se puntualiza que la disponibilidad de dichos medios económicos debe ser acreditada de tal forma que se garantice su percepción.

En este punto se ha de aclarar que los medios económicos han de resultar disponibles de forma inmediata y efectiva para el interesado y, en su caso, para los miembros de su familia.

Quinto: al apreciarse, durante la valoración de la solicitud, falta de acreditación de requisitos consustanciales al 10 de febrero de 2025, para que aporte la siguiente documentación:

- Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado del CNAS o al CASNOS

Justificación documental del origen de sus ingresos. Si es empresario, empleado por cuenta ajena o profesional liberal deberá justificarlo presentando la siguiente documentación, según el caso que corresponda:

Empresaria, persona jurídica certificado, inscrito en el Registro Comercial, mediante el que se cede la administración y gerencia de la sociedad de la que es gerente/administrador a favor de otra persona.

Empleado por cuenta ajena: justificación documental, otorgada por su empleador, donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando. haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

Profesional liberal: justificación documental donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando, como profesional liberal, haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

- Ficha familiar

- Certificado de matrimonio

Certificado de antecedentes penales y certificado médico de toda la familia.

Certificado Catastral actualizada de todas sus propiedades.

Certificado pago de impuestos alquileres

Póliza de cobertura de seguros y asistencia médica legible

Sexto: con fecha de 19 de febrero de 2025, tiene entrada en esta oficina documentación aportada por el/la solicitante; la mencionada documentación, no satisface el requerimiento hecho por esta Administración puesto que:

Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado Catastral actualizado de todas sus propiedades.

- Certificado pago de impuestos alquileres

La falta de la documentación anteriormente mencionada impide una valoración objetiva de los medios de subsistencia aportados por el solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

ACUERDO:

Conforme a lo anterior DENEGAR lo solicitado al no presentar parte de la documentación solicitada por esta Administración".

SEGUNDO.-La parte actora opone, esencialmente, que en este caso la denegación del visado es inmotivada y se apoya en una mera conjetura pues existe documentación en autos, incluso tras los requerimientos, acreditativa de que la unidad familiar tiene los medios económicos exigidos legalmente para obtener los visados como los presentes que tienen como finalidad residir en España sin realizar actividades lucrativas o laborales.

La defensa del Estado se opone a la demanda argumentando que los actos impugnados se ajustan a derecho.

TERCERO.-Respecto al primer motivo de impugnación, hay que recordar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones. En el artículo 27.6 de dicha ley se dispone que la denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito.

La exigencia de motivación impone a la Administración el deber de manifestar las razones que sirven de fundamento a su decisión o, lo que es lo mismo, que se exprese suficientemente el proceso lógico y jurídico que ha llevado a la misma con el fin de que su destinatario pueda conocer las razones en las que se ha apoyado y, en su caso, pueda posteriormente defender su derecho frente al criterio administrativo, por lo que la motivación constituye un medio para conocer si la actuación merece calificarse, o no, de objetiva y ajustada a derecho, así como una garantía inherente al derecho de defensa del administrado, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, ya que en la eventual impugnación del acto, si éste está motivado, habrá posibilidad de criticar las bases en que se ha fundado; por lo tanto, el criterio de la Administración no puede limitarse a expresar la decisión adoptada sino que, en cada supuesto, debe exponer cuáles son las concretas circunstancias de hecho y de derecho que, a su juicio, determinan que la decisión deba inclinarse en el sentido por ella elegido y no por otro de los, en cada caso, posibles.

Sin embargo, ha de añadirse que, para que un defecto de motivación no subsanado determine la anulabilidad de la resolución administrativa, es preciso que haya dado lugar a la indefensión del interesado - artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 35 de dicha ley-, entendiéndose por tal la situación en que queda cuando se ve imposibilitado de obtener o ejercer los medios legales suficientes para su defensa por no haber podido conocer la ratio decidendi de la decisión administrativa.

Desde un punto de vista constitucional ( artículo 24 de la CE) la indefensión tiene un carácter material más que formal, de forma que únicamente concurre cuando el interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para instar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales supone el cercenamiento del derecho a la defensa, siempre con la consecuencia del daño real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias ( Sentencias del Tribunal Constitucional 31/1984, 48/1984, 70/1984, 48/1986, 155/1988 y 58/1989, entre otras muchas).

En el presente caso, el motivo de denegación del visado se ha concretado en los términos reseñados del acto recurrido. La parte articula como segundo motivo, y medios de prueba en tal sentido, que en ningún caso ha existido fraude en el motivo del visado solicitado. Por lo tanto, la parte conoce la razón de denegación y ha podido combatirla y articular prueba en tal sentido, por lo que no se le ha causado efectiva indefensión. Otra cuestión, que se resolverá con el fondo del asunto, es determinar si esa actuación administrativa debidamente motivada se ajusta o no a derecho.

Los artículos 46, 47, 48 y 49 del Real Decreto 445/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, disponen:

"Residencia temporal no lucrativa

Artículo 46 Requisitos

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

d) Contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta sección.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.

f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos.

Artículo 47 Medios económicos a acreditar para la obtención de una autorización de residencia temporal

1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de ingresos, para sí mismo y, en su caso, su familia, en las siguientes cuantías, que se establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del visado o de renovación de la autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.

b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida en el apartado a) anterior.

2. En ambos casos, la cuantía global de medios económicos habrá de suponer la disposición de la cuantía mensual calculada con base a lo establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de la autorización solicitada.

3. La disponibilidad de medios económicos suficientes se acreditará mediante la presentación de la documentación que permita verificar la percepción de ingresos periódicos y suficientes o la tenencia de un patrimonio que garantice dicha percepción de ingresos.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

Si los medios económicos proceden de acciones o participaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras radicadas en España, el interesado acreditará, mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido.

Artículo 48 Procedimiento

1. El extranjero que desee residir temporalmente en España sin realizar actividades laborales o profesionales deberá solicitar, personalmente, el correspondiente visado, según el modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular española de su demarcación de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar otra misión diplomática u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud.

La solicitud del visado conllevará la de la autorización de residencia temporal no lucrativa.

2. A la solicitud deberá acompañar:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de un año.

b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado b) del artículo 46.

c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 46.

d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado g) del artículo 46.

3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo a los requisitos que le corresponde valorar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, resolverá la concesión o denegación de la autorización de residencia, previa valoración del cumplimiento del requisito previsto en el apartado f) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.

A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente. La eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.

5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si en el plazo de un mes no se comunica, la misión diplomática u oficina consular notificará al interesado la resolución. Igualmente, la misión diplomática u oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.

6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión diplomática u oficina consular resolverá y expedirá el visado, previa valoración del cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en anteriores países de residencia del extranjero y el contemplado en el apartado h) respecto a la tasas por tramitación del procedimiento sobre la autorización.

El visado será denegado:

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 cuya valoración corresponda a la misión diplomática u oficina consular.

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, que en ningún caso será superior a tres meses.

Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes, ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal y será retirada por el extranjero".

Artículo 49 Efectos del visado y duración de la autorización inicial de residencia

1. El visado que se expida incorporará la autorización de residencia, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte a o título de viaje.

2. La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en su punto 3 que "la misión diplomática u oficina consular ante la que presente la solicitud de visado, si mediara una causa que los justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en sus puntos 3 y 4:

"3. La misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que lo justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud.

4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorización".

CUARTO.-Con carácter previo se ha de indicar que la normativa expuesta atribuye la valoración de los requisitos de capacidad económica de los solicitantes exclusivamente a la delegación diplomática competente.

Como esta Sala ya ha establecido de forma reiterada y uniforme en distintas sentencias, el literal del artículo 47 del mencionado RD 557/2011 exige al interesado, a fin de poder obtener un visado como el presente, cumplir uno de los dos requisitos recogidos en el mismo: contar con medios económicos suficientes en los términos igualmente definidos en dicha norma (letras a) y b) del primer apartado), o (se utiliza esa partícula disyuntiva después de una coma) acreditar una fuente periódica de ingresos en la misma forma regulada en tal precepto (apartado 3).

En el expediente administrativo consta en copia documentos de certificado de saldo y los movimientos en una cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 20 de enero de 2025 de 2.034.524 dinares argelinos o 14. 445, 12 euros al cambio.

Igualmente, en la misma forma certificado de saldo y los movimientos en otra cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la misma entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 16 de enero de 2025 de 60.419, 47 euros.

La suma de esos dos saldos dinerarios y disponibles en dichas cuentas (70.864, 59 euros) del único proveedor de la unidad familiar solicitante supone en principio que la misma cuenta con los medios económicos suficientes exigidos por el artículo 47 del RD 557/2011 para la obtención de una autorización como la presente. Así se deduce, como ya se ha dicho del literal de los dos primeros párrafos del apartado 1 de dicho precepto arriba expuesto. Reiterar, pues, que la prueba de una fuente de percepción periódica de ingresos es una condición que se exige también, pero de forma disyuntiva y no de forma cumulativa junto con aquella primera, dado que se utiliza la partícula "o": o una, u otra.

A todo lo cual se ha de añadir que la valoración que se han de hacer de esos medios, según los criterios del apartado 1 de dicho precepto, ha de ser partiendo de que de conformidad con el artículo 49 del reglamento la autorización de residencia temporal tendrá una duración de un año ( STS de 5 de mayo de 2014, rec. casación. 3450/2013).

Efectivamente, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2024 en España es de las siguientes cuantías en vigor:

IPREM diario: 20 euros por día

IPREM mensual: 600 euros por mes

IPREM anual: 7.200 euros por año

IPREM anual incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas: 8. 400 euros.

En este caso, los medios económicos acreditados que posee el solicitante, según la documentación contenida en el expediente, dado, se reitera, que la residencia temporal no lucrativa a conceder es de un año, supera el límite del 700 % exigido por la normativa arriba reseñada en el caso de cuatro personas; el límite de dicho IPREM ascendería a 50.400 € (anual sin pagas extraordinarias prorrateadas) o 58.800 € (anual con pagas extraordinarias prorrateadas). Se ha de considerar la primera cifra a tenor de la STS de 28 de marzo de 2023, rec. 3546/2022.

La resolución recurrida deniega la solicitud de visado esencialmente, y como se recoge de los razonamientos arriba transcritos, porque en primer lugar no se acredita que esos medios económicos de los que es titular la unidad familiar en los términos expuestos pueden ser disponibles. Sin embargo, se ha de destacar que el reglamento argelino 02/16 de 21 de abril de 2016 publicado en el boletín oficial de la república argelina de 26 de abril de 2016, nº 25, sobre la determinación de los límites a la importación/exportación de las monedas extranjeras de libre circulación para residentes y no residentes en Argelia, dispone que los viajeros no residentes podrán exportar un importe máximo equivalente a 7.500 euros extraídos de una cuenta en divisas abierta en Argel. Todo importe es cubierto por una autorización de cambio del Banco de Argelia. Esta Sala, en la línea de lo alegado en la demanda, considera que no procedía en este caso tal requerimiento como ya se ha dejado sentado en distintas sentencias de esta Sección en casos similares al presente (de 28 de febrero de 2022 en el PO 690/2021 entre otras). En la misma línea, la reciente sentencia dictada en el PO 432/2025.

No se discute por las partes la veracidad de ese saldo total a favor de las citadas cuentas bancarias de las que el primer recurrente es titular en Argelia. Esa posibilidad de que cada persona pueda sacar al extranjero hasta 7.500 euros en divisa determina que el recurrente pueda acudir varias veces a su país. Como se decía en la sentencia de esta Sección de fecha 14 de enero de 2022, recurso nº 639/2021, en un caso similar al presente (reseñada también en la sentencia dictada en el PO 690/2021 y en la del 14 de febrero de 2021 en el recurso nº 655/2021), "El Reglamento alude al término disponibilidad y es cierto que la misma puede estar sometida a restricciones según la normativa de salida de dinero del país de origen como es el que caso de autos atendiendo a la aportada por lo que resultará procedente analizar el alcance de dichas restricciones que, en el supuesto de autos, no lo es de carácter temporal por lo que nada impide, como se señala en demanda, que se puedan efectuar salidas de dinero durante la estancia en España".

Igualmente, se ha de rechazar los puntos de la resolución referidos a la certificación catastral de las propiedades de la unidad familiar y certificado de pago de impuestos de alquileres pues todo ello es ajeno a esos requisitos legalmente exigibles para obtener unos visados como los presentes.

Por todo lo razonado, y habiéndose cumplido por los recurrentes el requisito de medios económicos, y no discutido el otro principal y previo de no ejercer en España durante la residencia actividades profesionales o laborales, procede anular por no ser conforme a derecho la actuación recurrida ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y declarar el derecho respectivo del primer recurrente y demás miembros de su familia a obtener el visado solicitado de residencia temporal no lucrativa.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en este caso serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, de los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 500 € más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

A la vista de los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los recurrentes, matrimonio y dos hijos, uno de ellos, el segundo, menor de 18 años, todos nacidos en Argelia y residentes en dicho país, impugnan por medio de este recurso contencioso administrativo la resolución administrativa reseñada en el encabezamiento que le deniegan sus solicitudes de visado de residencia temporal no lucrativa (RES).

La citada resolución recurrida deniega los visados en los siguientes términos:

"Vista la solicitud de visado de residencia no lucrativa presentada por Domingo, en su propio nombre y en el de su familia, y que ha tenido entrada en esta oficina consular con fecha 27 de enero de 2025, formulada al amparo del artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social , y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: el/la interesado/a insta su solicitud como visado de residencia no lucrativa previsto en el artículo 31.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrollado por el capítulo primero, titulo cuarto del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.

Segundo: el/la solicitante aporta, entre otros documentos, como justificación de los medios económicos necesarios para su sostenimiento y el de su familia durante el periodo de residencia en España, certificados de las entidades Banque de L'Agriculture et du Developemment Rural, donde se indica que el/la interesado/a es titular de dos cuentas bancarias que, a fecha de 16/01/2025, cuenta un saldo de 74.969,85 euros, la mencionada entidad financiera está radicada en la república de Argelia.

Tercero: el artículo 46 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 establece que; "para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como el correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir, entre otros, el requisito de contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España. y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional...".

Cuarto: el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, dispone en el artículo 47 que, para su sostenimiento, los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa, deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan y, establece una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera y, para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida anteriormente. Así, también, en el punto tercero del mismo artículo, se puntualiza que la disponibilidad de dichos medios económicos debe ser acreditada de tal forma que se garantice su percepción.

En este punto se ha de aclarar que los medios económicos han de resultar disponibles de forma inmediata y efectiva para el interesado y, en su caso, para los miembros de su familia.

Quinto: al apreciarse, durante la valoración de la solicitud, falta de acreditación de requisitos consustanciales al 10 de febrero de 2025, para que aporte la siguiente documentación:

- Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado del CNAS o al CASNOS

Justificación documental del origen de sus ingresos. Si es empresario, empleado por cuenta ajena o profesional liberal deberá justificarlo presentando la siguiente documentación, según el caso que corresponda:

Empresaria, persona jurídica certificado, inscrito en el Registro Comercial, mediante el que se cede la administración y gerencia de la sociedad de la que es gerente/administrador a favor de otra persona.

Empleado por cuenta ajena: justificación documental, otorgada por su empleador, donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando. haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

Profesional liberal: justificación documental donde quede fehacientemente clara su intención de desvincularse del cargo o puesto que viene desempeñando, como profesional liberal, haciendo con ello posible una presencia continua en España y sin ejercicio de actividad laboral o profesional alguna.

- Ficha familiar

- Certificado de matrimonio

Certificado de antecedentes penales y certificado médico de toda la familia.

Certificado Catastral actualizada de todas sus propiedades.

Certificado pago de impuestos alquileres

Póliza de cobertura de seguros y asistencia médica legible

Sexto: con fecha de 19 de febrero de 2025, tiene entrada en esta oficina documentación aportada por el/la solicitante; la mencionada documentación, no satisface el requerimiento hecho por esta Administración puesto que:

Justificación documental de la disponibilidad en España de los fondos que tiene en bancos argelinos.

- Certificado Catastral actualizado de todas sus propiedades.

- Certificado pago de impuestos alquileres

La falta de la documentación anteriormente mencionada impide una valoración objetiva de los medios de subsistencia aportados por el solicitante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

ACUERDO:

Conforme a lo anterior DENEGAR lo solicitado al no presentar parte de la documentación solicitada por esta Administración".

SEGUNDO.-La parte actora opone, esencialmente, que en este caso la denegación del visado es inmotivada y se apoya en una mera conjetura pues existe documentación en autos, incluso tras los requerimientos, acreditativa de que la unidad familiar tiene los medios económicos exigidos legalmente para obtener los visados como los presentes que tienen como finalidad residir en España sin realizar actividades lucrativas o laborales.

La defensa del Estado se opone a la demanda argumentando que los actos impugnados se ajustan a derecho.

TERCERO.-Respecto al primer motivo de impugnación, hay que recordar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones. En el artículo 27.6 de dicha ley se dispone que la denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito.

La exigencia de motivación impone a la Administración el deber de manifestar las razones que sirven de fundamento a su decisión o, lo que es lo mismo, que se exprese suficientemente el proceso lógico y jurídico que ha llevado a la misma con el fin de que su destinatario pueda conocer las razones en las que se ha apoyado y, en su caso, pueda posteriormente defender su derecho frente al criterio administrativo, por lo que la motivación constituye un medio para conocer si la actuación merece calificarse, o no, de objetiva y ajustada a derecho, así como una garantía inherente al derecho de defensa del administrado, tanto en la vía administrativa como en la jurisdiccional, ya que en la eventual impugnación del acto, si éste está motivado, habrá posibilidad de criticar las bases en que se ha fundado; por lo tanto, el criterio de la Administración no puede limitarse a expresar la decisión adoptada sino que, en cada supuesto, debe exponer cuáles son las concretas circunstancias de hecho y de derecho que, a su juicio, determinan que la decisión deba inclinarse en el sentido por ella elegido y no por otro de los, en cada caso, posibles.

Sin embargo, ha de añadirse que, para que un defecto de motivación no subsanado determine la anulabilidad de la resolución administrativa, es preciso que haya dado lugar a la indefensión del interesado - artículo 48.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 35 de dicha ley-, entendiéndose por tal la situación en que queda cuando se ve imposibilitado de obtener o ejercer los medios legales suficientes para su defensa por no haber podido conocer la ratio decidendi de la decisión administrativa.

Desde un punto de vista constitucional ( artículo 24 de la CE) la indefensión tiene un carácter material más que formal, de forma que únicamente concurre cuando el interesado se ve, de forma injustificada, imposibilitado para instar la protección judicial de sus derechos e intereses legítimos o cuando la vulneración de las normas procesales o procedimentales supone el cercenamiento del derecho a la defensa, siempre con la consecuencia del daño real y efectivo para los intereses del afectado al quedar privado de su derecho a alegar, probar y, en su caso, para replicar las argumentaciones contrarias ( Sentencias del Tribunal Constitucional 31/1984, 48/1984, 70/1984, 48/1986, 155/1988 y 58/1989, entre otras muchas).

En el presente caso, el motivo de denegación del visado se ha concretado en los términos reseñados del acto recurrido. La parte articula como segundo motivo, y medios de prueba en tal sentido, que en ningún caso ha existido fraude en el motivo del visado solicitado. Por lo tanto, la parte conoce la razón de denegación y ha podido combatirla y articular prueba en tal sentido, por lo que no se le ha causado efectiva indefensión. Otra cuestión, que se resolverá con el fondo del asunto, es determinar si esa actuación administrativa debidamente motivada se ajusta o no a derecho.

Los artículos 46, 47, 48 y 49 del Real Decreto 445/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, disponen:

"Residencia temporal no lucrativa

Artículo 46 Requisitos

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales, así como del correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) No encontrarse irregularmente en territorio español.

b) En el caso de que el solicitante sea mayor de edad penal, carecer de antecedentes penales en España y en los países anteriores donde haya residido durante los últimos cinco años, por delitos previstos en el ordenamiento español.

c) No figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

d) Contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que se desee residir en España, y sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, de conformidad con lo dispuesto en esta sección.

e) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en España.

f) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar voluntariamente a su país de origen.

g) No padecer ninguna de las enfermedades que pueden tener repercusiones de salud pública graves de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Sanitario Internacional de 2005.

h) Haber abonado la tasa por tramitación de los procedimientos.

Artículo 47 Medios económicos a acreditar para la obtención de una autorización de residencia temporal

1. Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan, o acreditar una fuente de percepción periódica de ingresos, para sí mismo y, en su caso, su familia, en las siguientes cuantías, que se establecen con carácter de mínimas y referidas al momento de solicitud del visado o de renovación de la autorización:

a) Para su sostenimiento, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera.

b) Para el sostenimiento de cada uno de los familiares a su cargo, durante su residencia en España, una cantidad que represente mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera, cantidad a acreditar de forma adicional a la referida en el apartado a) anterior.

2. En ambos casos, la cuantía global de medios económicos habrá de suponer la disposición de la cuantía mensual calculada con base a lo establecido en el apartado anterior, en relación con el tiempo de vigencia de la autorización solicitada.

3. La disponibilidad de medios económicos suficientes se acreditará mediante la presentación de la documentación que permita verificar la percepción de ingresos periódicos y suficientes o la tenencia de un patrimonio que garantice dicha percepción de ingresos.

La disponibilidad se podrá acreditar por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluyendo la aportación de títulos de propiedad, cheques certificados o tarjetas de crédito, que deberán ir acompañados de una certificación bancaria que acredite la cantidad disponible como crédito de la citada tarjeta.

Si los medios económicos proceden de acciones o participaciones en empresas españolas, mixtas o extranjeras radicadas en España, el interesado acreditará, mediante certificación de las mismas, que no ejerce actividad laboral alguna en dichas empresas, y presentará declaración jurada en tal sentido.

Artículo 48 Procedimiento

1. El extranjero que desee residir temporalmente en España sin realizar actividades laborales o profesionales deberá solicitar, personalmente, el correspondiente visado, según el modelo oficial, en la misión diplomática u oficina consular española de su demarcación de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, si media causa que lo justifique, podrá determinar otra misión diplomática u oficina consular en la que corresponda presentar la solicitud.

La solicitud del visado conllevará la de la autorización de residencia temporal no lucrativa.

2. A la solicitud deberá acompañar:

a) Pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, con una vigencia mínima de un año.

b) Certificado de antecedentes penales, o documento equivalente, en el caso de solicitante mayor de edad penal, expedido por las autoridades del país de origen o del país o países en que haya residido durante los últimos cinco años, y que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado b) del artículo 46.

c) Los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados d) y e) del artículo 46.

d) Certificado médico que acredite el cumplimiento del requisito previsto en el apartado g) del artículo 46.

3. Presentada la solicitud, será grabada en el sistema de visados de la aplicación correspondiente, de forma que la Delegación o Subdelegación del Gobierno en cuya demarcación solicite la residencia el extranjero tenga constancia de la solicitud presentada, así como de la documentación que la acompaña en lo relativo a los requisitos que le corresponde valorar.

4. La Delegación o Subdelegación del Gobierno, en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, resolverá la concesión o denegación de la autorización de residencia, previa valoración del cumplimiento del requisito previsto en el apartado f) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en España.

A dichos efectos, recabará de oficio el informe de los servicios competentes de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil en materia de seguridad y orden público, así como el del Registro Central de Penados.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno grabará la resolución en la aplicación correspondiente, para su conocimiento por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por la oficina consular o misión diplomática correspondiente. La eficacia de la autorización quedará supeditada a la expedición, en su caso, del visado y a la efectiva entrada del extranjero en territorio nacional.

5. Si la resolución es desfavorable, y así se entenderá si en el plazo de un mes no se comunica, la misión diplomática u oficina consular notificará al interesado la resolución. Igualmente, la misión diplomática u oficina consular resolverá el archivo del procedimiento relativo al visado.

6. Concedida, en su caso, la autorización, la misión diplomática u oficina consular resolverá y expedirá el visado, previa valoración del cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados a), c), d), e) y g) del artículo 46, así como del previsto en su apartado b) en lo que respecta a la carencia de antecedentes penales en anteriores países de residencia del extranjero y el contemplado en el apartado h) respecto a la tasas por tramitación del procedimiento sobre la autorización.

El visado será denegado:

a) Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 46 cuya valoración corresponda a la misión diplomática u oficina consular.

b) Cuando, para fundamentar la petición de visado, se hayan presentado documentos falsos o formulado alegaciones inexactas, o medie mala fe.

c) Cuando concurra una causa prevista legalmente de inadmisión a trámite que no hubiera sido apreciada en el momento de la recepción de la solicitud.

7. Notificada, en su caso, la concesión del visado, el solicitante deberá recogerlo personalmente en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo así, se entenderá que el interesado ha renunciado al visado concedido, y se producirá el archivo del procedimiento.

8. Asimismo, una vez recogido el visado, el solicitante deberá entrar en el territorio español, de conformidad con lo establecido en el título I, en el plazo de vigencia del visado, que en ningún caso será superior a tres meses.

Una vez efectuada la entrada, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes, ante la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía correspondientes, la Tarjeta de Identidad de Extranjero. Dicha tarjeta será expedida por el plazo de validez de la autorización de residencia temporal y será retirada por el extranjero".

Artículo 49 Efectos del visado y duración de la autorización inicial de residencia

1. El visado que se expida incorporará la autorización de residencia, y la vigencia de ésta comenzará desde la fecha en que efectúe la entrada en España, la cual deberá hacerse constar obligatoriamente en el pasaporte a o título de viaje.

2. La autorización inicial de residencia temporal tendrá la duración de un año".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en su punto 3 que "la misión diplomática u oficina consular ante la que presente la solicitud de visado, si mediara una causa que los justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud".

La disposición adicional décima de dicho reglamento prescribe en sus puntos 3 y 4:

"3. La misión diplomática u oficina consular ante la que se presente la solicitud de visado, si mediara una causa que lo justifique, además de la documentación que sea preceptiva, podrá requerir los informes que resulten necesarios para resolver dicha solicitud.

4. Durante la sustanciación del trámite del visado, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando se estime necesario, mantener una entrevista personal para comprobar su identidad, la validez de la documentación aportada y la veracidad del motivo de solicitud del visado. La incomparecencia, salvo causa fundada debidamente acreditada ante el órgano competente, en el plazo fijado, que no podrá exceder de quince días, producirá el efecto de considerar al interesado desistido en el procedimiento.

Cuando se determine la celebración de la entrevista dentro de procedimientos regulados en el título IV de este Reglamento, en ella deberán estar presentes, al menos, dos representantes de la Administración española, además del intérprete, en caso necesario, y deberá quedar constancia de su contenido mediante un acta firmada por los presentes, de la que se entregará copia al interesado.

Si los representantes de la Administración llegaran al convencimiento de que no se acredita indubitadamente la identidad de las personas, la validez de los documentos, o la veracidad de los motivos alegados para solicitar el visado, se denegará su concesión. En caso de haberse celebrado una entrevista, se remitirá una copia del acta al órgano administrativo que, en su caso, hubiera otorgado inicialmente la autorización".

CUARTO.-Con carácter previo se ha de indicar que la normativa expuesta atribuye la valoración de los requisitos de capacidad económica de los solicitantes exclusivamente a la delegación diplomática competente.

Como esta Sala ya ha establecido de forma reiterada y uniforme en distintas sentencias, el literal del artículo 47 del mencionado RD 557/2011 exige al interesado, a fin de poder obtener un visado como el presente, cumplir uno de los dos requisitos recogidos en el mismo: contar con medios económicos suficientes en los términos igualmente definidos en dicha norma (letras a) y b) del primer apartado), o (se utiliza esa partícula disyuntiva después de una coma) acreditar una fuente periódica de ingresos en la misma forma regulada en tal precepto (apartado 3).

En el expediente administrativo consta en copia documentos de certificado de saldo y los movimientos en una cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 20 de enero de 2025 de 2.034.524 dinares argelinos o 14. 445, 12 euros al cambio.

Igualmente, en la misma forma certificado de saldo y los movimientos en otra cuenta corriente a nombre del marido y padre recurrente en la misma entidad Banque de L'Agriculture et de Developpement Rural, con saldo disponible el 16 de enero de 2025 de 60.419, 47 euros.

La suma de esos dos saldos dinerarios y disponibles en dichas cuentas (70.864, 59 euros) del único proveedor de la unidad familiar solicitante supone en principio que la misma cuenta con los medios económicos suficientes exigidos por el artículo 47 del RD 557/2011 para la obtención de una autorización como la presente. Así se deduce, como ya se ha dicho del literal de los dos primeros párrafos del apartado 1 de dicho precepto arriba expuesto. Reiterar, pues, que la prueba de una fuente de percepción periódica de ingresos es una condición que se exige también, pero de forma disyuntiva y no de forma cumulativa junto con aquella primera, dado que se utiliza la partícula "o": o una, u otra.

A todo lo cual se ha de añadir que la valoración que se han de hacer de esos medios, según los criterios del apartado 1 de dicho precepto, ha de ser partiendo de que de conformidad con el artículo 49 del reglamento la autorización de residencia temporal tendrá una duración de un año ( STS de 5 de mayo de 2014, rec. casación. 3450/2013).

Efectivamente, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el año 2024 en España es de las siguientes cuantías en vigor:

IPREM diario: 20 euros por día

IPREM mensual: 600 euros por mes

IPREM anual: 7.200 euros por año

IPREM anual incluyendo pagas extraordinarias prorrateadas: 8. 400 euros.

En este caso, los medios económicos acreditados que posee el solicitante, según la documentación contenida en el expediente, dado, se reitera, que la residencia temporal no lucrativa a conceder es de un año, supera el límite del 700 % exigido por la normativa arriba reseñada en el caso de cuatro personas; el límite de dicho IPREM ascendería a 50.400 € (anual sin pagas extraordinarias prorrateadas) o 58.800 € (anual con pagas extraordinarias prorrateadas). Se ha de considerar la primera cifra a tenor de la STS de 28 de marzo de 2023, rec. 3546/2022.

La resolución recurrida deniega la solicitud de visado esencialmente, y como se recoge de los razonamientos arriba transcritos, porque en primer lugar no se acredita que esos medios económicos de los que es titular la unidad familiar en los términos expuestos pueden ser disponibles. Sin embargo, se ha de destacar que el reglamento argelino 02/16 de 21 de abril de 2016 publicado en el boletín oficial de la república argelina de 26 de abril de 2016, nº 25, sobre la determinación de los límites a la importación/exportación de las monedas extranjeras de libre circulación para residentes y no residentes en Argelia, dispone que los viajeros no residentes podrán exportar un importe máximo equivalente a 7.500 euros extraídos de una cuenta en divisas abierta en Argel. Todo importe es cubierto por una autorización de cambio del Banco de Argelia. Esta Sala, en la línea de lo alegado en la demanda, considera que no procedía en este caso tal requerimiento como ya se ha dejado sentado en distintas sentencias de esta Sección en casos similares al presente (de 28 de febrero de 2022 en el PO 690/2021 entre otras). En la misma línea, la reciente sentencia dictada en el PO 432/2025.

No se discute por las partes la veracidad de ese saldo total a favor de las citadas cuentas bancarias de las que el primer recurrente es titular en Argelia. Esa posibilidad de que cada persona pueda sacar al extranjero hasta 7.500 euros en divisa determina que el recurrente pueda acudir varias veces a su país. Como se decía en la sentencia de esta Sección de fecha 14 de enero de 2022, recurso nº 639/2021, en un caso similar al presente (reseñada también en la sentencia dictada en el PO 690/2021 y en la del 14 de febrero de 2021 en el recurso nº 655/2021), "El Reglamento alude al término disponibilidad y es cierto que la misma puede estar sometida a restricciones según la normativa de salida de dinero del país de origen como es el que caso de autos atendiendo a la aportada por lo que resultará procedente analizar el alcance de dichas restricciones que, en el supuesto de autos, no lo es de carácter temporal por lo que nada impide, como se señala en demanda, que se puedan efectuar salidas de dinero durante la estancia en España".

Igualmente, se ha de rechazar los puntos de la resolución referidos a la certificación catastral de las propiedades de la unidad familiar y certificado de pago de impuestos de alquileres pues todo ello es ajeno a esos requisitos legalmente exigibles para obtener unos visados como los presentes.

Por todo lo razonado, y habiéndose cumplido por los recurrentes el requisito de medios económicos, y no discutido el otro principal y previo de no ejercer en España durante la residencia actividades profesionales o laborales, procede anular por no ser conforme a derecho la actuación recurrida ( artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y declarar el derecho respectivo del primer recurrente y demás miembros de su familia a obtener el visado solicitado de residencia temporal no lucrativa.

QUINTO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, y no apreciarse en este caso serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado cuarto de dicho artículo 139 la imposición de las costas podrá ser "a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima". La Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que, de los conceptos de honorarios de Abogado y derechos de Procurador, ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 500 € más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

A la vista de los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.