Sentencia Contencioso-Administrativo 2490/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 435/2022 de 28 de junio del 2024

PRIMERO. - Sobre el objeto del recurso.

Se recurren en este proceso las siguientes resoluciones:

-Resolución de 30 de noviembre de 2021,del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (en adelante TEARC), del recurso de anulación con núms NUM000, NUM001, NUM002, NUM003 desestimatoria del mismo.

-Resolución de 20 de abril de 2021,del TEARC, de las reclamaciones económico-administrativas NUM000, NUM001 confirmatorias del IRPF 2015 y las NUM002 y NUM003 de imposición de sanción resultante. Se estima parcialmente la reclamación y se anulan las sanciones impuestas.

Todo ello respecto los acuerdos desestimatorios, presunto y expreso del recurso de reposición presentado frente a la liquidación provisional practicada por la AEAT, y acuerdo sancionador derivado de la anterior, por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), ejercicio 2015.

Así las cosas, el recurso tendrá por objeto las resoluciones del TEARC que confirman la liquidación provisional por IRPF del ejercicio 2015, al haber quedado anulada la sanción. La regularización se centró en eliminar las partidas de gasto incluidas en la autoliquidación al negar la existencia de actividad económica -arquitecto- del Sr. Ignacio, por la ausencia continuada y repetida de ingresos desde el inicio de la actividad.

SEGUNDO. - Sobre las pretensiones de las partes y los motivos que las fundamentan.

1. La pretensión y los motivos del recurso que se contienen en la demanda.

En su demanda, el recurrente interesa de la Sala el dictado de sentencia que:

"... estimi aquesta demanda i, en conseqüència, es declari, de forma principal la prejudicialitat penal sol·licitada en el cos d'aquest escrit; i, de forma subsidiària, es procedeix a l'estimació del Recurs d'Anul·lació, segons els fets i fonaments jurídics al·legats en el cos d'aquest escrit, amb imposició de costes a l'Administració actuant, en cas d'oposició. "

Tras la exposición de los antecedentes de hecho que considera relevantes, fundamenta aquella pretensión anulatoria básicamente en que la liquidación practicada es improcedente por vicios procedimentales y materiales.

Los argumentos sostenidos en la demanda, recogidos de forma simplificada, son los siguientes:

1) Prejudicialidad penal. La Administración debiera haber puesto a disposición del órgano jurisdiccional penal o del Ministerio Fiscal la solicitud de prejudicialidad penal de los actores, para que se clarifique si concurre un ilícito penal. Art. 22 g) LPACAP 39/2015, 1 de octubre. Por ello, incumple su obligación legal y ello es extensible al TEARC. El procedimiento de comprobación y el económico-administrativo han continuado sin interrupción a pesar de su petición, cuando esta petición es incidental y de previo pronunciamiento. Por ello, el TEARC estaría totalmente carente de competencia objetiva, puesto que es el órgano jurisdiccional penal y/o el Ministerio Fiscal.

2) "Caducitat del procediment de comprovació limitada, per més inri en el sí d'un procediment d'autoliquidació finalitzat i caducat pel transcurs de sis mesos - art. 127 i 104 LGT . Inseguretat jurídica i indiefensión palmària - art. 9.3 I 24 CE ."LA AEAT en fecha de 9.11.2016 ejecutó el expediente de devolución por el IRPF de 2015 y devolvió a la parte actora la cantidad de 2.987,02 euros, finalizando el procedimiento que había comenzado con la autoliquidación presentada por los actores el 18 de junio de 2016. Finalizado el procedimiento de autoliquidación con la "ejecución de la cuota"del expediente de devolución, y caducado desde el 31.12.2016 por el transcurso de 6 meses, art. 104 LGT, no puede iniciarse un procedimiento de comprobación limitada - art. 136 y ss LGT- sin declarar la caducidad expresa del procedimiento de autoliquidación - art. 124 LGT-. Por ello, no puede tener ningún valor jurídico el requerimiento de información por extemporáneo practicado por la Administración de DIRECCION000. En cuanto a la caducidad del procedimiento de comprobación limitada se había producido el 25.12.2018.

3) "Recusació del Sr. Milován -Administrador DIRECCION000-, i del Sr. Saúl -Delegat de l'AEAT de Girona-. Improcedència del procediment de comprovació limitada reiterats des del 2008 al 2020, excepte al 2017 -el Model M-100 es presentà individidualment , tot i ser la situació exactament la mateixa". Se presentó recusación el 9.7.2018 al Sr. Milován por la obertura de procedimientos en el 2014 a 2016 y el 2018 que conlleva la suspensión de la tramitación del procedimiento -art. 74 LPACAP 39/2015-, por lo que el Sr. Milován debía abstenerse de intervenir en el mismo. El Sr. Milován es sustituido por el Sr. Saúl y en fecha 20.8.2018 se le recursó también, por lo que tampoco podía intervenir y el procedimiento queda suspendido. El 24.9.2018 se presentó escrito respecto a la vulneración de procedimiento por cuanto estaba pendiente de notificación la resolución respecto a la recusación del Sr. Saúl y se seguía negando el acceso al expediente. Escrito de 6.11.2018 solicitando nulidad de pleno derecho ante la Jefatura de la Delegación de Girona y otro de la Sra. Dayra relativo a la resolución de 8.10.2018 por la violación de DDFF de esa parte y de los menores representados. reiterando la vulneración del procedimiento. En fecha de 25.10.2018 se notificó la resolución del Sr. Saúl respecto a la recusación del Sr. Milován cuando aquel estaba recusado desde el 20.8.2018.

4) Falta de competencia de la Delegación AEAT de Girona. Art. 48 LGT. Solo puede ser competente la Administración de DIRECCION000 en atención a su domicilio fiscal.

5) Subsidiario; el TEARC estima total y absolutamente todos los recursos de los ahora actores contra los arbitrarios expedientes sancionadores.

6) Establecimiento de una cuantía a devolver -según "paralela"- sin ningún calculo al respecto. Se niega la tributación de unos ingresos de 3.742,12 euros en relación a la baja laboral de la actividad económica. La Oficina Gestora carece de competencia para negar la existencia de actividad económica en el seno de un procedimiento de comprobación limitada. Cita en apoyo la STS 18.2.2016.

7) La autoliquidación presentada por los recurrentes es correcta y obedece a su contabilidad - art. 105.1 y 106 LGT. La AEAT nada demuestra sobre las incidencias detectadas. La AEAT se limita a eliminar todos los gastos, mientras que tributan todos los ingresos. Se limita a denegar de manera sistemática, los derechos implícitos de la declaración conjunta - art. 82 y ss LIRPF- con resultado confiscatorio y contrario al 31.1 CE. Ingresos de la familia bajo el límite de la pobreza y tributa por el orden del 80% de los mismos. Procede el archivo del procedimiento de comprobación limitada y la devolución con intereses de la cantidad "confiscada" de 3.624,97 euros desde el 19.2.2019, puesto que ha presentado todos los modelos vigentes y ha contestado todas las notificaciones de la AEAT y el TEARC. Respecto al IRPF 2015, uno de los recurrentes esta dado de alta en la Seguridad Social -régimen de autónomos- , liquida puntualmente sus cuotas de arquitecto en su colegio profesional y los gastos aportados están directamente vinculados a la actividad, y son solo convenientes sino totalmente necesarios e imprescindibles. Tampoco son gastos excesivos puesto que representan menos de 1.000 euros al mes. El 22 % de ellos son relativos a Colegio Profesional; el 51% relativos a servicios -despacho, abogados, Procuradores y gestoría , gran parte por los mismos requerimientos de la AEAT, y el 27% son compras de libros y revistas de arquitectura y pequeño equipamiento para el despacho y amortización de los medios de producción.

2. Los argumentos sostenidos por el Abogado del Estado en la contestación.

La parte demandada contesta a la demanda con solicitud de dictado de sentencia por la que se "...desestime el recurso contencioso-administrativo".

La Abogacía del Estado se opone a la demanda y defiende:

a) Conformidad a Derecho de la Resolución del TEARC recurrida. Inexistencia de prejudicialidad penal. No forma parte de las competencias del TEARC. No existe procedimiento penal en curso que exija la suspensión de la tramitación del procedimiento penal.

b) El procedimiento de devolución no caducó. Art. 125 RGIT. Que se haya concedido una devolución no impide la comprobación posterior.

c) Inexistencia de caducidad del procedimiento. El procedimiento de comprobación limitada se inició por requerimiento el 26.6.2018 y concluyó por liquidación notificada el 21.1.2019, con dilaciones de 12 días por retraso en la notificación de la propuesta de notificación y primer intento de notificación el 7.1.2019 de la liquidación. De acuerdo con el art. 104.2 LGT, no hay caducidad del procedimiento, ni, por ende, prescripción.

d) Improcedencia de la recusación planteada por la recurrente.

e) Inexistencia de falta de competencia objetiva y territorial de la Delegación de Girona. Se produjo una avocación de competencias, art. 14 LRJSP, por ser ésta superior y directo de la Administración de DIRECCION000 por las graves circunstancias acaecidas, debidamente motivadas en el acuerdo de avocación. El acuerdo de avocación es firme.

f) No se formulan alegaciones en cuanto al fondo del asunto. Confirmación de la liquidación provisional del IRPF 2015.

TERCERO. - Decisión de la Sala. Procedencia de la iniciación de un procedimiento de comprobación limitada mediante requerimiento de información y documentación. STS 8.1.2024 . Caducidad del procedimiento de comprobación.

I/ Sobre la regularización en sede de IRPF 2015 practicada. La liquidación provisional operada para el ejercicio 2015 en sede de IRPF, hoy atacada mediante el presente recurso, se basó en los siguientes aspectos, según resolución del TEARC de 20.4.2021, confirmatoria de tal liquidación:

"PRIMERO.- Los interesados presentaron declaración-liquidación, en régimen de tributación conjunta, por el concepto y ejercicio de referencia, consignando entre otros datos, unos rendimientos de actividades económicas en estimación directa normal en el epígrafe 411 del IAE (Arquitecto) de -9.243,22 euros (ingresos de 65,97 euros y gastos de 9.309,29 euros), solicitando una devolución de 5.987,22 euros que se hizo efectiva por la Agencia Tributaria.

SEGUNDO.- Revisada dicha declaración, con fecha 11/06/2018 la Gestora remitió requerimiento solicitando la documentación que consta (libros registro de la actividad económica) y comunicando que, con la notificación del mismo, se inicia un procedimiento de gestión tributaria de comprobación limitada que puede finalizar con la práctica de una liquidación provisional. Notificado en fecha 26/06/2018, no consta en el expediente la presentación de ningún documento.

TERCERO.- Con fecha 30/08/2018, la Oficina Gestora emitió segundo requerimiento, reiterativo del anterior, que es notificado en fecha 21/09/2018. en fecha 24/09/2019 se presenta el escrito que consta.

CUARTO.- Con fecha 11/10/2018, la Oficina Gestora practicó propuesta de liquidación provisional en la que se realiza la regularización que consta, que deja en 0 euros el rendimiento neto de la actividad económica (mismos ingresos de 0 euros y gastos deducibles de 0 euros), resultando una cuota a ingresar de 3.357,68 euros. Notificada en fecha 06/11/2018, en su motivación se hace constar lo siguiente:

- Es modifiquen els rendiments d'activitats econòmiques en règim d'estimació directa, determinats segons disposen els articles 6.2.c., 27 a 30 de la Llei de l'impost, a conseqüència d'ingressos íntegres no declarats o declarats incorrectament.

- S'augmenta la base imposable general, perquè en la determinació del rendiment de la seva activitat econòmica, en règim d'estimació directa, s'han deduït despeses que no es consideren deduïbles, d'acord amb l'article 30.2 de la Llei de l'impost.

- Aquest expedient no ha caducat, segons disposa l' article 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (d'ara endavant, LGT ), ja que el procediment de comprovació limitada, a l'empara del que disposen els articles 136 i següents de la LGT, es va iniciar mitjançant la notificació d'un primer requeriment en data 26 de juny de 2018, de manera que no es va superar el termini de 6 mesos d'aquest article 104 .

El procediment a què es refereixen és el de devolució iniciat mitjançant l'autoliquidació, articles 124 i següents de la LGT, que va concloure amb l'acord de devolució de data 11 de novembre de 2018.

- La recusació contra l'administrador de l'AEAT DIRECCION000 va ser declarada improcedent perquè no va acreditar mínimament en quins aspectes el funcionari va actuar sense objectivitat. L'acord es va adoptar en data 20 de juliol de 2018 i es va notificar el 8 d'agost de 2018.

Com que s'ha substanciat el tràmit de la recusació amb la improcedència d'aquest, és procedent continuar amb la instrucció del procediment de comprovació limitada, ja que no existeix causa de paralització o suspensió d'aquest.

- Dayra i Ignacio van presentar en data 18 de juny de 2016 declaració de l'IRPF 2015 amb opció conjunta i una sol·licitud de devolució de 5.987,02 euros, la qual es va acordar en data 8 de juny de 2016.

En aquesta declaració va incloure, en l'apartat de rendiments d'activitats econòmiques en règim d'estimació directa normal, exercides pel cònjuge ( Ignacio), sota l'epígraf d'activitat 411, uns ingressos de 65,97 euros i un total de despeses de 9.309,29 euros, les quals es desglossen en 1.780,40 euros de consums de l'explotació, 3.518,16 euros de despeses de la Seguretat Social i 4.101,73 euros d'altres serveis exteriors. D'això resulta un rendiment net negatiu de l'activitat de -9.243,32 euros.

- Ignacio va comunicar l'inici de l'activitat i l'alta en el cens mitjançant la presentació en data 2 de març de 2006 del model 036 amb referència NUM004 (arquitecte, epígraf 411, professional). En data 27 de març de 2009 va presentar una variació de dades, model 036, amb referència NUM005, en què comunicava com a local on exercia l'activitat el situat al DIRECCION001.

- Des de 2006, data en què es va donar d'alta en l'activitat d'arquitecte, ha declarat els següents ingressos, despeses i rendiments d'aquesta activitat: 2006.- Renda individual, presentada el 26/5/2007, núm. de justificant NUM006. Ingressos de 1.455,52 euros, despeses de 6.929,15 euros i rendiments de -5.473,63 euros. 2007.- Renda individual, presentada el 27/6/2008, núm. de justificant NUM007. Ingressos de 8.482,23 euros, despeses de 9.821,86 euros i rendiments de -1.339,63 euros. 2008.- Renda individual, presentada el 5/6/2009, núm. de justificant NUM008. Ingressos de 344,83 euros, despeses de 7.997,38 euros i rendiments de -7.652,55 euros. 2009.- Renda conjunta, presentada el 3/6/2010, núm. de justificant NUM009. Ingressos de 0,00 euros, despeses d'11.056,95 euros i rendiments de -11.056,95 euros. 2010.- Renda conjunta, presentada el 22/6/2011, núm. de justificant NUM010. Ingressos de 9.333,69 euros, despeses de 14.584,17 euros i rendiments de -5.250,48 euros. 2011.- Renda conjunta, presentada el 13/6/2012, núm. de justificant NUM011. Ingressos de 0,00 euros, despeses de 18.231,29 euros i rendiments de -18.231,29 euros. 2012.- Renda conjunta, presentada l'1/7/2013, núm. de justificant NUM012. Ingressos de 200,00 euros, despeses de 13.704,97 euros i rendiments de -13.504,97 euros. 2013.- Renda conjunta, presentada el 25/6/2014, núm. de justificant NUM013. Ingressos de 931,15 euros, despeses de 23.239,22 euros i rendiments de -22.308,07 euros. 2014.- Renda conjunta, presentada l'11/6/2015, núm. de justificant NUM014. Ingressos de 454,55 euros, despeses de 8.973,40 euros i rendiments de -8.518,85 euros. 2015.- Renda conjunta, presentada el 18/6/2016, núm. de justificant NUM015. Ingressos de 65,97 euros, despeses de 9.309,29 euros i rendiments de -9.243,32 euros.

- L' article 27 de la Llei de l'IRPF defineix els rendiments d'activitats econòmiques com aquells que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d'un d'aquests factors, suposin per part del contribuent l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un dels dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

D'acord amb tota la normativa anteriorment esmentada, l'activitat econòmica com a font d'obtenció de renda susceptible de gravamen ha d'estar relacionada amb la voluntat del contribuent de produir béns o serveis els quals han de donar lloc a l'obtenció d'ingressos o rendiments econòmics. Per això els ingressos i les despeses en què pugui incórrer el contribuent solament tenen sentit econòmic en la mesura en què estiguin adreçats a l'obtenció d'un benefici o rendibilitat. Aquest mateix criteri s'ha mantingut en la jurisprudència espanyola que considera un requisit indispensable del caràcter d'empresari o comerciant "la dada real de l'activitat professional, amb habitualitat, constància, reiteració d'actes, exteriorització i ànim de lucre" ( STS de 17 de desembre de 1987 ). En el mateix sentit, la STS de 27 d'abril de 1989 assenyala que "la professió mercantil, com a dada social, implica en qui exerceix aquesta activitat una organització i un propòsit d'obtenció de lucre com a mitjà de vida". Quant a l'exercici 2016, cal destacar que no va aportar la documentació requerida en els dos requeriments notificats. En concret, en aquest cas, la manera d'acreditar les dades declarades és mitjançant l'aportació del llibre registre d'ingressos i cobraments, el llibre registre de compres i pagaments, el llibre registre de béns d'inversió i totes les factures o els documents que posseeixi i que consideri oportuns per tal de justificar els ingressos i les despeses declarats. En aquest sentit, l' article 68.5 del Reglament de l'IRPF assenyala que els contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment de les quals es determini en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar els llibres registre següents: a) Llibre registre d'ingressos. b) Llibre registre de despeses. c) Llibre registre de béns d'inversió. d) Llibre registre de provisions de fons i acomptes.

- D'altra banda, per al càlcul del rendiment net de les activitats econòmiques el règim de determinació de les quals és l'estimació directa, l'article 28.1 de la Llei 35/2006, fa una remissió genèrica a les normes de l'impost sobre societats. D'acord amb aquesta remissió, la deduïbilitat de les despeses està condicionada pel principi de correlació amb els ingressos, i s'ha d'acreditar que les despeses s'han ocasionat a l'exercici de l'activitat i que són necessàries per a l'obtenció dels ingressos. Per tant, perquè una despesa sigui fiscalment deduïble haurà d'existir una correlació d'ingressos i despeses, de manera que quan no hi hagi aquesta vinculació amb el desenvolupament de l'activitat i siguin necessàries per a l'obtenció dels ingressos, no es podran considerar deduïbles. D'això es deriva que perquè unes despeses siguin deduïbles és necessari que estiguin directament relacionades amb l'exercici per part del contribuent d'una activitat econòmica real l'última finalitat de la qual ha de ser l'obtenció d'un benefici.

En el cas que ens ocupa, no queda acreditada l'existència d'una activitat exercida pel contribuent. S'observa que hi ha, des de l'inici de l'activitat el 2006 fins ara, tal com queda constatat en les declaracions de l'IRPF, una absència d'ingressos o la declaració d'uns imports que, per l'escassa quantia, de cap manera no es poden considerar proporcionats als ingressos declarats, especialment des de l'exercici 2009, amb l'opció de tributació conjunta en les declaracions de renda. Manifestació en la sentència judicial, de l'òrgan que jutja, d'una conducta d'omissió per part del contribuent quant a treballs encarregats. Absència d'imputacions pel que fa a l'activitat declarada. Absència de consum d'energia al local que el contribuent mateix declara com a afecte a l'activitat. A més, l'alta d'una activitat econòmica (IAE) i el fet d'estar pagant el col·legi professional o les quotes de la Seguretat Social no justifica per si mateix la prestació efectiva de l'activitat.

- Quant al local en què Ignacio declara que exerceix l'activitat i, segons consta en les dades declarades en el model 159 dels exercicis 2010 a 2016 per l'empresa DIRECCION002, el consum facturat en tots els mesos d'aquests anys és de 0 kWh.

Quant als ingressos declarats en l'exercici 2010, cal destacar que 7.833,69 euros corresponen a l'import facturat al Sr. Adrián i la Sra. Zoe, segons la factura número NUM016. Ad i A. Pl. de data 10 de març de 2010.

Quant a aquesta factura, la sentència número NUM017 del Jutjat de 1a Instància núm. 1 d'Olot, aportada voluntàriament al tràmit d'audiència i la proposta d'al·legacions de l'IRPF, exercici 2010, com a suport documental a l'al·legació novena de l'escrit d'Esteve Ignacio i Dayra en data 13 de març de 2012 i amb número de registre RGE/ NUM018, desestima la pretensió d'Esteve Ignacio quant al cobrament d'aquest import als demandats Adrián i Zoe, sens perjudici del pagament de tramitació de certes diligències. Especialment, cal destacar la manifestació que conté el cinquè paràgraf del foli 9 d'aquesta sentència: "En definitiva, els demandats ( Adrián i Zoe) no podien esperar, atès el temps transcorregut i la conducta d'omissió de l'actor ( Ignacio), que aquest, desprès de, pràcticament, tres anys, presentés els treballs de projecte bàsic, d'execució i els altres que ara reclama".

- Quant a les imputacions, una vegada consultada la base de dades de l'Agència, no consten ni imputats ni declarats imports referents a l'exercici de l'activitat, a excepció d'imports declarats al Sr. Adrián i la Sra. Zoe en el model 347 de l'exercici 2011 pel mateix Ignacio i la imputació com a rendiment d'activitat professional l'any 2010 DIRECCION003 per un import de 1.300,00 euros.

- D'altra banda, no s'aporta cap projecte visat pel Col·legi d'Arquitectes de la Garrotxa-Ripollès. En aquest sentit, la pàgina web del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya indica que "els serveis de visat del Col·legi duen a terme la recepció i la gestió dels expedients presentats. El visat és un acte col·legial de control dels treballs professionals, reconegut i regulat per la llei, que fixa els casos en què és obligatori i aquells en què és voluntari". A més, el Sr. Jeremy, president del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya, explica que: "El Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost, regula el visat obligatori de treballs professionals, que es configura com a instrument d'un sistema, que garanteix la seguretat per a les persones i constata davant la societat l'habilitació del tècnic i la suficiència, la integritat documental i la coherència dels documents tècnics redactats.

Per tant, és un servei de transcendental importància prestat a la societat per la nostra organització professional que, d'altra banda, s'encarrega de regular l'exercici de la nostra professió.

Els documents el visat dels quals resulta obligatori segons aquest Reial decret:

Projecte d'execució, entès com el complet del document necessari per a l'efectiva materialització de l'obra, que inclou, naturalment, des dels primers plànols d'ubicació i emplaçament fins als que recullen les últimes modificacions materialitzades en obra; certificat de final d'obra amb els annexos determinats pel codi tècnic; els documents anteriors, no només per a les obres d'execució de nous edificis, sinó també per a totes les obres de rehabilitació i per a les d'adequació de locals a diferents usos.

Projecte d'execució d'edificació i certificat de final d'obra que s'hagin d'aportar en els procediments administratius de legalització d'obres d'edificació, d'acord amb la normativa urbanística aplicable.

Projecte de demolició d'edificacions que no requereixi l'ús d'explosius, d'acord amb el que preveu la normativa urbanística aplicable".

Tampoc no s'aporta justificació del Col·legi d'Arquitectes en què consti la col·legiació i el pagament de les quotes corresponents. Cal recordar que la col·legiació és un requisit obligatori per a l'exercici professional d'arquitecte. La Llei de col·legis professionals, després de la reforma derivada de la Llei 25/2009, "Llei Òmnibus", estableix en l'article 3.2 l'obligació de col·legiació per a l'exercici professional. Per tant, per exercir la professió d'arquitecte és obligatori estar col·legiat en el Col·legi Oficial d'Arquitectes corresponent al domicili professional. Si no s'està col·legiat, no és possible fer l'exercici lliure de la professió d'arquitecte en qualsevol dels seus aspectes, ja siguin treballas formalitzats i subjectes a visat col·legial (projectes d'obra o certificacions de final d'obra) o bé treballs que no requereixin el visat (instruments de planejament, informes, dictàmens, peritatges, etc.).

- En el cas que ens ocupa, no queda acreditada l'existència d'una activitat exercida pel contribuent.

S'observa que hi ha, des de l'inici de l'activitat el 2006 fins ara, tal com queda constatat en les declaracions de l'IRPF, una absència d'ingressos o la declaració d'uns imports que, per l'escassa quantia, de cap manera no es poden considerar proporcionats als ingressos declarats, especialment des de l'exercici 2009, amb l'opció de tributació conjunta en les declaracions de renda. Manifestació en la sentència judicial, de l'òrgan que jutja, d'una conducta d'omissió per part del contribuent quant a treballs encarregats. Absència d'imputacions pel que fa a l'activitat declarada. Absència de consum d'energia al local que el contribuent declara com a afecte a l'activitat, falta de visat de projectes per part del Col·legi d'Arquitectes i falta de col·legiació (aquest és un requisit obligatori, entre d'altres, per a l'exercici de la professió d'arquitecte). A més, l'alta d'una activitat econòmica (IAE) i el fet d'estar pagant el col·legi professional o les quotes de la Seguretat Social no justifica per si mateix la prestació efectiva de l'activitat.

-Per això, s'emet la següent proposta de liquidació de l'IRPF, corresponent a l'exercici 2016, en què es considera que Ignacio no ha exercit l'activitat econòmica d'arquitecte. Per això, s'anul·la l'apartat d'activitats econòmiques corresponent de la declaració de l'IRPF 2016 presentada amb opció de tributació conjunta per Ignacio i Dayra.

El TEARC resolvió en la indicada resolución:

1) Competencias en el ámbito fiscal exclusivamente.

2) No concurre vicio de falta de competencia objetiva y territorial. Justificación de la avocación de competencias en la Delegación de la AEAT de Girona. Con anterioridad ya se acordó y no se impugnó ante los Tribunales.

3) El Delegado especial de la AEAT desestimó el incidente de recusación contra el Sr. Saúl y se notificó a la actora el 25.10.2018.

4) No concurre caducidad del procedimiento de comprobación limitada.

5) Fondo del asunto: procedencia de la comprobación de las circunstancias de la actividad del obligado por cuanto los rendimientos son negativos continuadamente. Procede la Administración a eliminar el rendimiento negativo de actividades económicas declarado al no quedar acreditado el ejercicio de la actividad económica, debido a la ausencia de ingresos declarados y la ausencia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 27 LIRPF 35/2006. Los exiguos o nulos ingresos y constantes perdidas desde el inicio de la actividad (2.3.2006), conducen a presumir que no existe actividad económica alguna.

II/ Sobre la prejudicialidad penal alegada por la actora. Mantiene la actora que estamos en un supuesto de prejudicialidad penal pero no pone de manifiesto ante este Tribunal la pendencia de ningún procedimiento penal en curso respecto del cual pudiera apreciarse su prejudicialidad penal, es decir, que deba procederse a la suspensión o tanto del procedimiento administrativo -en su momento- o de esta vía jurisdiccional -si lo hubiera actualmente en tramitación-. Y todo ello atendiendo al hecho que la actora solicita -parece- ante la Administración la puesta en conocimiento y traslado a la Jurisdicción penal -Juez de Instrucción - o del Ministerio Fiscal de unos hechos - que refiere a la tramitación de un procedimiento de comprobación limitada que califica como improcedente e indebido y, determinante de un ilícito penal y que la Administración Tributaria ni el TEARC realizan tal traslado.

Lo cierto es que esta petición de traslado en ningún caso supone ningún supuesto de prejudicialidad penal puesto que no hay ningún procedimiento penal abierto y en tramitación del que pudiera resultar la fijación o esclarecimiento de datos de indudable relevancia para la vía administrativa aquí analizada. Y si la actora aprecia la concurrencia de algún supuesto de ilícito penal recogido en el Código Penal , lo que debe hacer es acudir ella misma a los órganos penales y/o al Ministerio Fiscal y ejercer las acciones en ese ámbito penal para que se esclarezcan. En las presentes actuaciones no consta que la actora haya acudido a la vía penal. La Administración está obligada a poner en conocimiento de la Jurisdiccion penal en caso de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública - art. 250 LGT- pero en caso que sea un particular el que aprecie la comisión de hechos delictivos por parte de personal o funcionarios públicos debe denunciar y ejercer la acción penal en su nombre y como perjudicado, en su caso. La Administración no está obligada a dar traslado o comunicación que pretende la actora, sino que es ella misma la que debe acudir y ejercer las acciones ante la Jurisdicción penal a los efectos de que la misma inicie , si es el caso, los procedimientos correspondientes.

Tampoco nos encontramos ante el supuesto del art. 58 y 58 del RD 520/2005 previsto para supuestos de planteamiento de colaboración interpretativa ante el TJUE y no en supuestos de prejudicialidad penal.

Se desestima este motivo.

III. Sobre la caducidad del procedimiento de comprobación limitada para la comprobación del IRPF del ejercicio 2015. Cabe señalar que en trámite de conclusiones la parte actora alega también prescripción de la acción de la Administración para liquidar. Así las cosas, considera la actora que el inicio del procedimiento de comprobación limitada es contrario a Derecho por no haber procedido a declarar la caducidad del procedimiento de autoliquidación (sic, devolución, art. 124 LGT) que dio lugar a la devolución solicitada derivada de la normativa del tributo por acuerdo de 3.11.2016y transferencia bancaria de 5.987,02 euros.

Pues bien, el procedimiento de comprobación limitada mediante requerimiento de documentación e información no requiere la declaración de caducidad del procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación -Modelo 100-. El art. 127 LGT determina las formas de terminación del procedimiento de devolución y una de ellas es la relativa al reconocimiento de la devolución solicitada, que fue así por acuerdo de 3.11.2016y objeto de transferencia bancaria a la actora, y, en todo caso -cosa que aquí no ocurrió- en el plazo del art. 104.3 en relación con el art. 104.1 LGT. Yerra la actora en su configuración como inválido por extemporáneo del requerimiento de información comunicado el 26.6.2018 puesto que la Administración Tributaria puede comprobar los extremos contenidos en la autoliquidación incluso dentro del plazo de 6 meses posteriores a la misma, aunque se haya solicitado devolución de ingresos derivada de la normativa del tributo.

Esta interpretación se sostiene con claridad en la muy reciente sentencia núm. 9/2024, del TS de 8.1.2024, rec casación 5204/2022, en la que, en un supuesto muy parecido al presente, otorga validez a un procedimiento de gestión -en aquel caso el inspector y aquí el de comprobación limitada- que se inicia sin necesidad de declarar ninguna caducidad expresa ni tampoco hacer mención siquiera al art. 127 LGT y art. 153 RGIT. Así dice:

"La respuesta a la cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que la comunicación de inicio del procedimiento inspector a efectos de dar por finalizado otro procedimiento de aplicación de los tributos, en este caso, el de devolución derivada de la normativa reguladora de cada tributo, deberá contener las indicaciones que se recogen en los artículos 87.3, 97 y 153 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, entre otras, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica.

Ahora bien, la falta de cita expresa del artículo 127 LGT y 153 RGAT en el acuerdo de inicio del procedimiento inspector no implica la falta de validez de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos, -en este caso de devolución derivada de la normativa reguladora de cada tributo-, toda vez que su finalización deriva de la propia ley."

En este sentido, el requerimiento de información no es inválido ni extemporáneo puesto que el procedimiento de devolución derivado de la autoliquidación del tributo -IRPF- había finalizado por ministerio de la Ley, sin necesidad de declaración alguna de caducidad expresa ni tampoco sin tener que realizar ejercicio alguno de procedimiento de lesividad, ya que será el procedimiento de comprobación el que determinará en su caso la corrección de la autoliquidación presentada y una liquidación provisional. Así se declara la potestad de la Administración de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el art. 115 LGT :

1.La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables.

...

2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación a que se refiere este artículo, la Administración Tributaria podrá calificar los hechos, actos, actividades, explotaciones y negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste último hubiera dado a los mismos y del ejercicio o periodo en el que la realizó, resultando de aplicación, en su caso, lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de esta Ley.

La calificación realizada por la Administración Tributaria en los procedimientos de comprobación e investigación en aplicación de lo dispuesto en este apartado extenderá sus efectos respecto de la obligación tributaria objeto de aquellos y, en su caso, respecto de aquellas otras respecto de las que no se hubiese producido la prescripción regulada en el artículo 66.a) de esta Ley."

Así como en el art. 136.1 LGT:

"1. En el procedimiento de comprobación limitada la Administración tributaria podrá comprobar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria. "

En cuanto a la caducidad del procedimiento de comprobación por transcurso del plazo de 6 meses previsto en el art. 104.1 LGT ,hay que decir que la actora únicamente discute que la notificación se llevó a cabo en fecha de 21.1.2019 ( y 28.1.2019) y no que el primer intento de notificación se produjo el 7.1.2019 y que, por lo tanto, es esta fecha la que cumple las previsiones del art. 104.2 LGT:

"2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución."

A continuación, la actora reprocha la atribución de dilación de 12 días no imputables a la Administración y manifiesta que acudió a la Oficina de Correos a recoger la notificación dentro del término del primer aviso, tal y como consta en el expediente del TEARC. La Gestora y el TEARC justifica la dilación de 12 días no imputable en que ha existido un retraso de 12 días para la notificación de la propuesta de liquidación (26.10.2018 a 6.11.2018). Sobre esta cuestión se motiva en el acuerdo de liquidación provisional:

"QUINTO.- Efectuado el trámite de audiencia, y presentadas las alegaciones que constan, la Oficina Gestora practicó en fecha 18/12/2018 liquidación provisional, confirmatoria de la propuesta, de la que resulta una deuda tributaria de 3.983,95 euros (comprensiva de una cuota de 3.811,27 euros e intereses de demora de 172,68 euros). Notificada por agente tributario en fecha 21/01/2019, pervios intentos de notificación realizados en fecha 07/01/2019 (motivo ausente) y fecha 08/01/2019 (motivo ausente), a la motivación de la propuesta se añade lo siguiente:

- De conformitat amb l'article 104.2 de la Llei general tributària i amb els articles 102 a 104 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs (Reial decret 1065/2007), s'aprecia que en el procediment s'han produït els següents períodes d'interrupció justificada i/o dilacions no imputables a l'Administració Tributària:

Causa ......................................................Data inici....... Data fi...... Nombre de dies

Retard en la notificació proposada........ 26.10.2018... 06.11.2018 .............12

En conseqüència, en el còmput del termini de resolució del procediment no s'ha d'incloure 12 dies.

(...)

"

Pues bien, del examen del expediente administrativo se observa que se le intentó notificar en el domicilio la propuesta el 25.10.2018 (jueves) a las 10.25 h y el resultado fue "ausente" y en el plazo de los 3 días hábiles siguientes, 30.10.2018 (martes) a las 17.00 horas con resultado de "ausente" y dejado aviso en el buzón. Consta que el recurrente acudió a la Oficina de Correos el 6.11.2018 a recoger la notificación administrativa. No se observa, por tanto, donde se han producido las atribuidas dilaciones. Por ello, cabe rechazarlas y no tenerlas en consideración.

Ahora bien, como la notificación de la liquidación provisional para el ejercicio 2016 se ha de entender producida el 7.1.2019 y ahí cabe entender producida la interrupción de la prescripción del derecho a liquidar la pertinente deuda tributaria , art. 66 a) LGT, y en esa fecha no se ha producido el transcurso del plazo de los años años desde el 25.6.2017, la caducidad del procedimiento de comprobación limitada no habrá de suponer la prescripción del derecho a liquidar la deuda por virtud de la liquidación practicada por la Oficina Gestora. Ello se desprende de lo previsto en el art. 104.5 LGT:

"5. Producida la caducidad, ésta será declarada, de oficio o a instancia del interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones.

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta ley."

A la vista de lo anterior, procede la estimación del recurso, sin analizar el resto de argumentos articulados, la anulación de las resoluciones del TEARC en la parte subsistente y la liquidación provisional de que trae causa por IRPF 2016, con los pronunciamientos que haya lugar. Todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 68.1 b) y art. 70.2 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción.

CUARTO. - Sobre las costas procesales.

Conforme a los artículos 68.2 y 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción, modificado este último por la Ley 37/2011, las costas procesales se impondrán en la primera o única instancia a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones en la sentencia, por lo que se impone las costas a la parte demandada si bien limitadas a 1.000 euros por todos los conceptos.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, y resolviendo dentro del límite de las pretensiones procesales deducidas por las partes en sus respectivas demanda y contestación a la demanda, en nombre de Su Majestad El Rey y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo y que nos confieren la Constitución y las leyes,