Sentencia Contencioso-Administrativo 1022/2025 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 266/2025 de 03 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Es objeto de impugnación en el presente recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva en el Procedimiento Ordinario 260/2023, de fecha 20 de enero de 2025, cuyo fallo acuerda estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil SIDEPOR S.L. contra la resolución presunta del Ayuntamiento de Ayamonte desestimatoria de la reclamación de pago de cantidades como consecuencia del contrato de explotación de la piscina municipal y responsabilidades por finalización de los contratos de los trabajadores de la misma una vez extinguida la relación contractual con el Ayuntamiento.

SEGUNDO.-La representación procesal de la mercantil SIDEPOR S.L. interesa de la Sala acuerde la estimación íntegra de los pedimentos expuestos en la demanda junto con los intereses ex artículo 199 LCSP, sí como con expresa imposición de costas a la entidad pública demandada.

Argumenta, muy en síntesis, como fundamento de su recurso de apelación:

- Vulneración de la carga de la prueba en el especial procedimiento de reclamación de cantidades a la administración del artículo 199 LCSP.

- Error patente en la interpretación del contrato. Defectuosa fundamentación de la sentencia sobre la procedencia de la reclamación de la restitución de los gastos asumidos en ejecución del contrato menor.

- Asunción por las administraciones públicas de los gastos extraordinarios asumidos por la Pandemia de Covid-19.

-Falta de acreditación de la Administración demandada de la inexistencia de la deuda o de pluspetición.

-Vulneración de la doctrina de los actos propios y su nula repercusión en la sentencia del Juzgado a quo.

-Vulneración en sentencia de la doctrina de los actos propios en cuanto a la reclamación relativa a las indemnizaciones por despido de los trabajadores.

-Error en la valoración/apreciación de la prueba aportada como documento nº1.

-Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Falta de motivación y error patente en la valoración. No se desestiman motivadamente los fundamentos de solicitud de que le sean restituidos los costes asumidos por el despido.

TERCERO.-La representación procesal del Ayuntamiento de Ayamonte se ha opuesto al recurso de apelación deducido de contrario, interesando su desestimación, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

Argumenta, también de forma muy resumida:

-Imposible aplicación de los artículos 198 y 199 LCSP, ya que se reclaman las facturas por suministros prestados al apelante por terceros, sufragados por el apelante, que pretende se abonen por el Ayuntamiento, reclamándose conceptos que en ningún caso pueden corresponder al Ayuntamiento.

- La apelante con su oferta renunció al abono de precio por el Ayuntamiento, de modo que se retribuiría exclusivamente con los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones. En el precio del contrato se consideran incluidos tributos, tasas, cánones de cualquier índole y gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

- La apelante introduce un nuevo motivo de impugnación no incluido en vía administrativa ni en la demanda, sobre el que no ha podido pronunciarse el Juzgado consistente en la aplicación del art. 34 RD 8/2020. En cualquier caso, los conceptos reclamados lo son por el período en que la piscina estuvo abierta y, además, la mayoría no puede incluirse en el el citado articulo 34.

- Insiste en que en el precio estaban incluidos los gastos y que en el contrato, de acuerdo con la oferta con la que resultó adjudicataria, se preveía que se retribuiría solo con los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones.

- No existe vulneración de la doctrina de los actos propios. El Ayuntamiento realizó una serie de abonos derivados de la suspensión del contrato, en aplicación del art. 34 RD 8/2020, lo que no implica que, alzada la suspensión, estuviese obligado al abono de lo que se le reclama.

-La juzgadora acierta cuando resuelve la pretensión de abono de las indemnizaciones por despido a que ha sido condenada la apelante en el orden social. Rechaza que pueda fundarse esta petición en lo que pudiera haber manifestado el Abogado del ayuntamiento en los juicios seguidos en dicha jurisdicción ni en el art. 34 RD 8/2020. Tampoco forman parte del precio del contratos.

-No concurre falta de motivación de la sentencia. Se aduce que no justifica los motivos por los que no aplica el ar. 34 RD 8/2020 cuando este motivo ha sido introducido ex novo en la apelación.

CUARTO.-Examinados los motivos que fundan el recurso de apelación en relación con la argumentación ofrecida en la sentencia y la decisión que en ella se toma, concluimos la procedencia de la desestimación del recurso y consiguiente confirmación de la resolución judicial impugnada.

Tras exponer las posiciones y pretensiones de las partes, desarrolla en el fundamento de derecho tercero la argumentación fáctica y jurídica que conduce a la estimación parcial del recurso. Argumenta:

TERCERO.- Los conceptos reclamados y discutidos responden a una distinta naturaleza aunque traigan causa, según la demandante, del contrato de servicios desarrollado entre las partes para explotación de la piscina municipal, y podemos a ta efecto diferenciar:

- importes que son gastos propios de la actividad

- los costes sociales que supuso la extinción del contrato

- restitución del aval prestado para responder de las instalaciones recepcionadas .

Gastos propios de la actividad.- Considera la demandante que deben abonarse ciertas partidas porque forman parte del precio concertado. El contrato recoge que en el precio se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

Y de ello deduce la actora que los gastos pueden facturarse aparte del precio.

El precio inicial del contrato se componía de la cantidad fija de 4.890,66 y 1.027,04 euros en concepto de IVA y podía ser mejorado a la baja. Como ocurrió y se adjudicó a la empresa Sidepor SL que presentó una oferta en virtud de la cual el contrato de servicio se retribuiría exclusivamente con los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones. Retribución exclusiva con tales ingresos que conlleva la conclusión de que no hay gastos que liquidar porque los gastos estaban incluídos. El sentido de las palabras es el que es y no cabe una interpretación distinta.

Respecto de los costes sociales expresa gráficamente el Abogado del Ayuntamiento en sus conclusiones que lo que pretende la demandante al solicitar la condena del Ayuntamiento al abono de las indemnizaciones, es la modificación del fallo de dos sentencias dictadas en el orden jurisdiccional social.

Lo cierto es que no justifica la actora el motivo por el que pueda repercutirse al Consistorio el coste de los despidos de trabajadores por los que fue ella la declarada responsable. No existe previsión ni compromiso alguno al respecto, lo que obliga a desestimar también esta pretensión. La práctica de subrogar los trabajadores en las contrataciones públicas se encuentra así con la circunstancia de que al asumir el propio Ayuntamiento la explotación pudiera no cumplirse esta expectativa pero, en cualquier caso no es una obligación derivada de norma o contrato que la parte actora haya acreditado y fundamentado pues ya la propia Sentencia de la jurisdicción social aportada por la actora consideró que el Ayuntamiento de Ayamonte no continuó con la prestación de ningún servicio análogo o similar al que venía prestando la codemandada Sideport SL y lo único que se ha instado por éste es un procedimiento administrativo para recuperar la posesión del inmueble e instalaciones correspondientes, previo cese de la adjudicación otorgada en su día a la referida empresa codemandada.

Debemos recordar que este procedimiento no ha versado sobre la continuidad de la actividad ni sobre la obligación del Ayuntamiento de responder a esos gastos por costes de despido más allá del ámbito del contrato suscrito.

Finalmente la restitución del aval sí era exigible de recepcionarse las instalaciones adecuadamente. Objeta la demandada que no fue satisfactoria tal recepción pero de la documentación que aporta y de las resoluciones recaídas se desprende que la extinción del contrato tuvo lugar por Resolución de 10/5/2021 y la recepción formal tuvo lugar en fecha 26/5/2021. Según la actora las instalaciones fueron recepcionadas por el Ayuntamiento en perfecto estado de conservación y con todo cuanto le era inherente y, según la parte demandada en el acta de recepción -que incluyó relación de los bienes que se recibían, e informe del estado de conservación-, se detectaron averías cuyo importe de reparación podría suponer un coste aproximado de 13.259,20 €.

Pues bien en dicha acta se hace constar, respecto del material, que <

Como norma general podemos decir que la mayoría de materiales se encuentra en condiciones intermedias, pues son materiales que lleva mucho tiempo en uso y sufren el deterioro propio del uso y del paso del tiempo>>

y en cuanto a las averías valoradas en 13.259,20 € se hace constar también en el acta que <>

Sin que se haya acreditado con prueba alguna que esos desperfectos sean debidos a un uso inadecuado de las instalaciones y no al deterioro normal del funcionamiento de las mismas, por lo que en este último punto sí cabe atender a la reclamación de la actora y condenar al devolución del depósito realizado por no acreditarse otros daños que no sean los inherentes al funcionamiento de la piscina durante el tiempo de prestación de los servicios.

Por todo lo que procede estimar parcialmente la demanda".

QUINTO.-Correctamente delimitadas las pretensiones de la parte actora en la reclamacion presentada ante el Ayuntamiento de Ayamonte, no se discute en apelación la estimación realizada de la tercera de ella, consistente en la devolución del aval prestado para responder de las instalaciones recepcionadas, pronunciamiento que ha quedado firme.

Lo que discute la parte actora, ahora apelante, es la desestimación de sus dos primeras pretensiones: reclamación de cantidad por conceptos que califica como gastos propios de la actividad y por costes sociales que supuso la extinción del contrato.

En relación con la respuesta ofrecida a estas dos peticiones debemos indicar que la sentencia ofrece una debida y correcta motivación, en relación con la prueba que le fue ofrecida en las actuaciones, sin que advirtamos ningún error o arbitrariedad en la valoración de la misma, realizando asimismo una correcta aplicación de la normativa vigente y todo ello en función de las alegaciones y argumentos sostenidos por cada una de las partes en apoyo de sus respectivas posturas.

Y aquí, debemos convenir con la parte apelada, que el recurso de apelación refiere e invoca en diversas ocasiones el Real Decreto 8/2020, que no fue alegado ni en la vía administrativa ni en la demanda rectora de los autos seguidos en el Juzgado, y lo hace para fundar su reclamación de gastos de la actividad, destacando que previamente mediante resolución de 26 de marzo de 2020 del ayuntamiento, se le había reconocido y pagado una cantidad para cubrir los costes de ejecución del contrato durante la pandemia, y alegando que los conceptos reclamados se corresponden con el supuesto de hecho que cita la norma - artículo 34 del Real Decreto 8/2020-, lo cual además le lleva a invocar la vulneración de la doctrina de los actos propios. Asimismo, imputa a la sentencia de instancia error en la valoración/apreciación de la prueba al no otorgar ningún valor probatorio a la prueba aportada como documento núm. uno, que no es sino la referida resolución de 26 de marzo de 2020 e incluso vulneración de del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación y error patente en la valoración.

Al respecto hemos de hacer las siguientes consideraciones: no resulta procedente imputar a la sentencia un defecto de motivación y de apreciación y o valoración de la prueba cuando la parte no ha sustentado su demanda -y anterior reclamación- en el artículo 34 del Real Decreto 8/2020. El que el Ayuntamiento, en aplicación de dicha norma excepcional, adoptada por la situación de pandemia derivada del covid-19, concediera a la contratista una cantidad indemnizatoria durante el tiempo en que el contrato estuvo suspendido -cierre de la piscina- como consecuencia de dicha situación de pandemia, de manera que resultaba imposible su cumplimiento, no es un hecho discutido, sino plenamente aceptado por las partes, y así se constata con la resolución que aportó junto a su demanda. Pero, sentado lo anterior, nada alegó, invocó o razonó la actora en relación con dicha norma excepcional para justificar o fundamentar su reclamación de cantidad tras la extinción del contrato, por lo que no puede articular ahora como falta de motivación lo que ella misma no motivó como fundamento de su pretensión.

No consideramos que la Magistrada a quo haya incurrido en error en la valoración de la prueba ni en ninguna de las infracciones procesales que invoca la apelante en cuanto a las normas reguladoras de la prueba y de distribución de la carga probatoria.

Resulta conveniente recordar que ha de respetarse la valoración de la prueba realizada por el "a quo" siempre que no sea manifiestamente ilógica, arbitraria o absurda, o conculque principios generales del Derecho ( Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de septiembre (RJ 1999, 7862) , 6 de octubre y 19 de noviembre de 1999 (RJ 2000, 1366) , y de 22 de enero y 5 de febrero de 2000 (RJ 2000, 2885) , entre muchas otras), sin que sea dable sustituir la lógica o la sana crítica del juzgador por la de la parte ( Sentencias del Tribunal Supremo, por todas, de 30 de enero (RJ 1999, 1336) , 27 de marzo , 17 de mayo (RJ 1999, 7252) , 19 de junio y 18 de octubre de 1999 (RJ 1999, 9659) , y de 22 de enero y de 5 de mayo de 2000 (RJ 2000, 6259) ), primando en la valoración de la prueba practicada en el proceso el criterio objetivo e imparcial del juzgador de instancia sobre el juicio hermenéutico, subjetivo y parcial de la parte apelante, de modo que es preciso acreditar una equivocación clara y evidente en el juicio valorativo del "a quo".

La Sentencia de instancia ofrece cumplida y razonada respuesta a las cuestiones que se suscitaron en el proceso, sin que incurra en modo alguno en error ni en omisión en la valoración de la prueba practicada en autos.

SEXTO.-Considera la apelante que infringe la sentencia la inversión de la carga de la prueba que impone el artículo 199 en relación con el artículo 198 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. Dispone este artículo 199, bajo la rúbrica "Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas":

"Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 4 del artículo 198 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro".

Pues bien, este precepto no supone ninguna alteración en las reglas de la valoración de la prueba en el proceso judicial; lo único que dispone es que el transcurso del plazo de un mes desde la reclamación de pago a la Administración sin que la Administración hubiera contestado supone el reconocimiento del vencimiento del plazo de pago y que el interesado puede acudir a la vía judicial contra la inactividad de la Administración. El resto del precepto viene referido a la medida cautelar.

Por lo tanto, lo único que se está contemplando es el efecto que tiene el que la Administración no conteste al contratista en el plazo de un mes cuando le reclama el cumplimiento de la obligación de pago; a saber, reconocimiento del vencimiento del plazo de pago; y posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa contra la inactividad de la Administración. Nada se legisla sobre la prueba en el proceso judicial ni impone en el mismo la inversión que pretende de la carga de la prueba.

SEPTIMO.-Por otra parte, el artículo transcrito remite al artículo anterior, 198, que dice:

"1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato. (...)".

Y es, precisamente, este precepto el que sirve de base para la desestimación de la pretensión actora, conviniendo la Sala con la sentencia en esta decisión desestimatoria. Efectivamente, como bien señala la misma, tanto en el contrato -cláusula segunda- como el pliego de cláusulas administrativas particulares, que obran en el expediente administrativo, se recoge expresamente:

"El precio inicial del contrato se componía de una cantidad inicial fija de 4.890,66 euros anuales y 1.027,04 euros en concepto de IVA, lo que hacía un total de 5.917,70 euros, pudiendo ser mejorado a la baja. No obstante, el adjudicatario presentó una oferta en virtud de la cual el contrato de servicio se retribuiría exclusivamente con los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones, de acuerdo con las tarifas que figuran en la correspondiente ordenanza municipal aprobadas por acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2016 y publicadas en el BOP de Huelva, nº 223, de fecha 23 de noviembre de 2016, conforme a la oferta presentada.

En el precio del contrato, se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier clase, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato".

Entendemos, con la sentencia de instancia, que el tenor literal del contrato y pliegos de cláusulas contractuales, es claro:

-por una parte, determina el precio inicial total del contrato: 5.917,70 euros; este precio incluye IVA, y demás tributos, tasas y cánones de cualquier clase de aplicación, "así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato";

- por otra parte, y no obstante ello, dado que así lo permitían los pliegos, la actora presentó oferta en que la retribución -precio- del contratista sería única y exclusivamente los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones de acuerdo con las tarifas vigentes y de acuerdo con ello, fue adjudicataria del contrato.

Siendo ello así, no puede pretender la actora, extinguido el contrato, que los gastos que reclama -por entender que son consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones contractuales- hayan de ser resarcidos por la Administración alegando que constituían precio del contrato, y aplicando el artículo 198 LCSP, reclamar su abono conforme al artículo 199 LCSP. Su oferta, acorde con los pliegos, y aceptada por la Administración que le adjudicó el contrato, y así lo recoge éste, no lo incluye en el precio. La retribución venía constituida únicamente por los ingresos derivados de la explotación de las instalaciones.

Así lo ha entendido correctamente la sentencia de instancia. Y a ello no obsta el que durante el tiempo en que estuvieron cerradas las instalaciones como consecuencia de la pandemia, el Ayuntamiento reconociera una cantidad resarcitoria a la contratista, conforme al RD 8/2020; antes al contrario, se cohonesta con el contrato celebrado entre las partes, pues durante este tiempo de cierre, la contratista no podía obtener ingresos derivados de la explotación de la piscina. No hay un actuar administrativo posterior contrario a los actos propios; todo lo contrario, el Ayuntamiento ha actuado de forma coherente y de acuerdo con la normativa vigente y los términos del contrato.

OCTAVO.-En relación con la reclamación de los costes sociales derivados de la extinción del contrato, convenimos igualmente con la Magistrada a quo, su improcedencia y consiguiente desestimación. En este sentido, en los procedimientos por despido seguidos el orden jurisdiccional social, fueron dictadas sentencias que absolvieron al Ayuntamiento de Ayamonte de su responsabilidad, acogiendo su falta de legitimación pasiva "habida cuenta que dicho consistorio -que es titular de las instalaciones que fueron explotadas por la empresa privada demandada, empleadora de la actora-, no ostenta responsabilidad alguna al no ser empleador de la trabajadora ni haberse invocado un fenómeno de cesión ilegal u otro interpositivo de mano de obra, ni otro ligamen que lleve aparejada responsabilidad para el Ayuntamiento por la decisión extintiva adoptada por Sidepor SL respecto al vínculo contractual que mantenía con la actora. Incluso, consta en las actuaciones que las instalaciones se encuentran cerradas desde mayo de 2021, sin que el Ayuntamiento haya reanudado la actividad, ni su explotación directa o indirecta, tal y como declaró don Alvaro, director deportivo que fue de Sidepor SL y que depuso a instancias de esta empresa, asegurando que el centro de trabajo aún permanece cerrado desde mayo de 2021, encontrándose en obras, lo cual descarta una eventual subrogación empresarial por sucesión sucesión alguna, que no ha operado"

Hemos de tener en cuenta que la cláusula décimo quinta del pliego de cláusulas administrativas particulares -ley del contrato- dispone:

"El adjudicatario por el mero hecho de serlo no adquirirá relación funcionarial ni laboral con el Ayuntamiento de Ayamonte, ni ostentará derecho adquirido alguno a alcanzar tal situación por virtud de la prestación del servicio.

El Ayuntamiento de Ayamonte queda totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el contratista y su personal.

El Ayuntamiento de Ayamonte no tendrá relación jurídica, ni laboral, ni de tipo alguno con el personal perteneciente a la empresa adjudicataria durante la vigencia del contrato ni a su terminación.

En ningún momento el Ayuntamiento de Ayamonte se subrogará en las relaciones contractuales entre el contratista y el personal de la entidad adjudicataria, ya sea por extinción de la sociedad, o de su personalidad jurídica, quiebra, suspensión de pagos, rescate o cualquier otra causa similar".

La propia cláusula revela el acierto de la decisión de la sentencia de instancia, en cuanto que resulta improcedente y contrario a lo estipulado la pretensión actora de resarcirse a través del Ayuntamiento del coste de los despidos de los trabajadores tras la extinción del contrato. No hay vulneración alguna de los actos propios, que exige precisamente un acto anterior de la Administración local, inexistente, sin que pueda considerarse tal una manifestación del Letrado de la corporación municipal en sede judicial social remitiéndose a la posibilidad de reclamación por la contratista al Ayuntamiento; resulta claro que ello no es un acto administrativo previo; y, siendo una posibilidad, reclamada al Ayuntamiento, son los propios pliegos contractuales los que fundamentan su desestimación.

Por otra parte, invoca nuevamente en apelación el artículo 34 del RD 8/2020, no invocado en la primera instancia, y que en cualquier caso, viene referido a los períodos de suspensión del contrato por efecto de las decisiones adoptadas como consecuencia de la pandemia, que obligaron al cierre de las instalaciones durante ese período, y que por lo tanto, no son de aplicación en período posterior, tras la extinción del contrato y por despido de los trabajadores.

En definitiva, y como adelantábamos, procede la íntegra desestimación del recurso de apelación y consiguiente confirmación de la sentencia impugnada.

NOVENO.-De conformidad con el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa imponemos las costas procesales habidas a la parte apelante, si bien hacemos uso de la facultad prevista en el número cuatro del mismo precepto y fijamos un límite de 1.000 euros.

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. el Rey,