Sentencia Contencioso-Administrativo 4483/2024 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 1905/2022 de 13 de diciembre del 2024

PRIMERO:Objeto del recurso contencioso-administrativo y posición de la parte demandante

1.1La representación de la parte actora, impugna en este proceso la resolución dictada por la Directora General d'Ordenació i Regulació Sanitària, por delegación del Conseller del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que resolvió -estimándolo- el recurso de alzada interpuesto por la Sra. Paloma, aquí codemandada, contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Col·legi de Farmacèutics de Lleida (o el Colegio), de 25 de febrero de 2021, estimándolo y autorizando la apertura de una nueva oficina de farmacia en el ABS de Lleida 6.

1.2Los demandantes justifican su legitimación activa en base a que, en poco más de 4 meses, desde el 7 de octubre de 2020 (fecha de la solicitud de autos) hasta el 28 de enero de 2021, en que el Colegio ultimó el expediente, existían 17 solicitudes presentadas por diversos farmacéuticos para la apertura de una nueva oficina de farmacia en el ABS Lleida 6, según documento 1, entre ellas, además de la de la codemandada, la presentada por los recurrentes, el 5 de noviembre de 2020. Todas estas solicitudes se presentaron por los peticionarios teniendo en cuenta que existían 4 oficinas de farmacia y con el objetivo de que el ABS Lleida 6 contaba con 18.000 habitantes. Por consiguiente, para que pudiera estimarse la solicitud de la demandante no era suficiente acreditar los 18.000 habitantes, sino que también era preciso que no se estimara la solicitud de la codemandada (en tal caso, continuarían existiendo solo 4 farmacias, como presupuesto para acreditar también 18.000 habitantes). Pone de relieve que el Colegio no tramitó de forma acumulada las 17 peticiones, por lo que las 16 restantes pasaban a tramitarse individualmente, lo que califica de ineficiente. La apertura de la nueva oficina de farmacia, en consecuencia, perjudica a las 16 solicitudes restantes.

Ambos demandantes tienen interés en este proceso porque su resultado afectaría a su solicitud, de 5 de noviembre de 2020 (STSJ 318/2006, de 6 de abril).

1.3Resumidamente, la demanda se sustenta en las siguientes cuestiones:

(i)La resolución impugnada yerra en el cómputo de los habitantes del ABS de Lleida 6;

(ii)La codemandada no ha acreditado el número de habitantes que tenía el ABS 6 de Lleida al tiempo de la solicitud (7 de octubre de 2020);

(iii)La codemandada aportó al expediente un certificado elaborado por el Negociado de Estadística, que acredita 16.706 habitantes, aunque consideró que era insuficiente para acreditar la población porque no tenía en cuenta el padrón continuo en la fecha concreta en que se solicita;

(iv)La codemandada acudió a otros Departamentos del Ayuntamiento ajenos a la gestión del padrón municipal;

(v)Niega que el certificado de 3 de diciembre de 2020, emitido por un funcionario del Ayuntamiento ajeno al Negociado de Estadística (en su condición de Coordinador Técnico de los Consejos de Zona, integrado en la Regidoría de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lleida y respecto al que no consta delegación del Secretario General) tenga efectos probatorios porque refiere la cifra de habitantes a la fecha en que se firmó el certificado. Además, el funcionario no tiene competencia para certificar los datos del padrón. El número de habitantes certificados fue de 16.795;

(vi)A mayor abundamiento, la certificación aportada es incompleta porque refiere que se acompaña de un "Excel" y un "PDF" que no fueron adjuntados con el certificado;

(vii)A la codemandada no le preocupó que el documento no certificase los datos a 7 de octubre de 2020, sino si las cifras se correspondían con el número de habitantes del ABS de Lleida 6, solicitando aclaración;

(viii)El Col·legi de Farmacèutics de Lleida solicitó confirmación sobre el certificado al Cap de Negociat de Estadística, de cuya respuesta resultó que había que estar a los datos facilitados por dicho negociado, porque los datos facilitados por el Coordinador del Barrio eran cifras "provisionals i orientatives, però no oficials";

(ix)El Col·legi de Farmacèuticsresolvió el expediente, por Acuerdo de 25 de febrero de 2021, computando sin aplicar los datos de la certificación de 3 de diciembre de 2020, sino que aplicó las cifras informadas por el Jefe del Servicio del Padrón, que obra en el folio 140 del Ea, del que resultaban 16.706habitantes, que sumando el cómputo de habitantes por segundas viviendas, hoteles, etc. ofrecían un resultado total de 17.940habitantes (inferior a 18.000). Tomó el dato del Negociado de Estadística por considerar que era la fuente oficial;

(x)La parte codemandada interpuso recurso de alzada adjuntando un certificado de rectificación anual del padrón, de 1 de marzo de 2021, conforme al que, a fecha 1 de enero de 2020, en el ABS Lleida 6 había 16.829habitantes. El actor manifiesta que la peticionaria no acreditó que dicho certificado se hubiera solicitado antes del 25 de febrero de 2020;

(xi)El Col·legi Oficial remitió un comunicado al Departament de Salut, poniendo de relieve el posible error cometido en el cómputo de habitantes;

(xii)Finalmente, el recurso de alzada fue estimado.

1.4En primer lugar, sostiene que la codemandada no ha justificado en el expediente, con la claridad, precisión y certeza necesarias, que el número de habitantes existente en el momento concreto de su solicitud fueran los exigidos por la Ley, por lo que no cumplió con la carga que le impone la norma de justificar el número de habitantes.

1.5En segundo lugar, alega que la codemandada no aportó de forma completa el certificado, de 3 de diciembre de 2020, porque no adjunto los documentos/anexos referidos en el mismo (un Excel y un PDF).

1.6En tercer lugar, manifiesta que el Departament de Salut no analizó que el certificado acreditase con claridad y precisión los datos en el momento preciso de la petición. El Departament incurrió en un error cuando tuvo en cuenta la cifra de 16.795 habitantes, vulnerando el art. 6.e) de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Catalunya.

1.7Cuestiona la defensa que hizo la codemandada en su recurso de alzada para mantener los efectos probatorios del certificado, de 3 de diciembre de 2020 (que fue expedido por una persona ajena al Departamento del Padrón y que se presentó sin acompañarlo del Excel y PDF). En el recurso de alzada adjuntó un nuevo certificado de habitantes del Secretario General del Ayuntamiento de Lleida, de 1 de marzo de 2021, del que resultaban 16.829 habitantes, a 1 de enero de 2020.

Este certificado, añade, no sería aplicable al caso porque es de fecha posterior a la resolución del Colegio y fue aportado extemporáneamente. El certificado acredita, a 1 de enero de 2020, 16.829 habitantes, pero la cifra es superior a la del certificado de 3 de diciembre de 2020 (16.795 habitantes), lo que acredita una cifra descendente de habitantes en 2020 (invoca nuestra sentencia 379/2019, de 22 de mayo).

Además: (i) el certificado ha de emitirse por el Secretario General o persona en quien delegue, que no es el caso porque no consta que haya existido delegación ( art. 53 y 61 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio); (ii) los datos fácticos han de quedar adecuadamente certificados ( SSTSJ de Catalunya 375/2019, de 22 de mayo; 346/2018, de 27 de abril; 213/2018, de 14 de marzo y 498/2013, de 12 de julio), sin perjuicio de que pone de relieve un descenso poblacional durante 2020 ( STS 375/2019, de 22 de mayo); (iii) el certificado, de 3 de diciembre de 2020, no es válido; (iv) la carga es del peticionario y, por esta misma razón, las facultades de la Administración de practicar de oficio pruebas no pueden suplir dicha carga ( STSJ de Catalunya 375/2019, de 22 de mayo.

En definitiva, con el certificado, de 3 de diciembre de 2020, la solicitante no cumplió con la carga que le imponía la norma porque, no se acredita con claridad, precisión y certeza los habitantes empadronados en fecha 7 de octubre de 2020. En consecuencia, ha de estarse al cómputo de los habitantes apreciado en el Acuerdo colegial.

Solicita que se estime el recurso anulando la resolución del Departament de Salut impugnada y se declare la desestimación de la solicitud formulada por la codemandada, en fecha 7 de octubre de 2020, para la nueva instalación de una nueva Oficina de Farmacia en el ABS Lleida -6.

SEGUNDO: Posición de las partes demandada y codemandada

2.1La Generalitat de Catalunya, tras exponer las circunstancias fácticas que considera conveniente y delimitar el acto del recurso, se opone a la demanda, defendiendo la legalidad de la resolución administrativa objeto del presente.

Centra la cuestión controvertida en determinar si para resolver la solicitud de autos ha de prevalecer la cifra de 16.706 o 16.795 habitantes. Si se atendiera a la primera cifra, no se alcanzarían los 18.000 que se requieren para la apertura de una nueva Oficina de Farmacia. A dichos efectos, examina todos certificados aportados por la codemandada en el expediente tramitado ante el Colegio.

Expone que los farmacéuticos comparecidos en el recurso de alzada interpuesto por la codemandada sostuvieron que el certificado que debía de tomarse en consideración era el de 3 de diciembre de 2020.

Señala que la problemática de autos ha sido examinada por la STSJ de Catalunya, de 27 de diciembre de 2017, que hace referencia al padrón continuo y determina que el certificado que ha de prevalecer ha de ser el más cercano a la fecha de la solicitud.

Además, destaca que, después de resolver la solicitud, el Colegio remitió una comunicación al Departament de Salut informando sobre la dicotomía que hubo en la resolución del expediente con datos diferentes sobre el número de habitantes (debido a la existencia de dos certificados, uno de 1 de enero de 2020, con los datos de año anterior, y otro con los datos de habitantes, con las altas y bajas computadas a fecha 7 de octubre de 2020). Ante las dudas, el Colegio cogió los datos del certificado anual de 1 de enero de 2020. Después de la resolución tuvo conocimiento, con posterioridad a dictar la resolución, de la STSJ de Catalunya 457/2011, de 22 de junio y advirtió que hubiera debido acoger el dato de 3 de diciembre de 2020.

Sobre la cuestión controvertida, califica de improcedentes las alegaciones de la actora porque el certificado aportado, de 3 de diciembre de 2020, da cumplimiento al art. 6.e) de la LOFC. A dichos efectos cita la STSJ de Catalunya, de 11 de julio de 2005 (rec. 260/2002) o la STSJ de esta Sección 491/2012, de 24 de julio (rec. 241/2009). Además, sí cabe inferir que la fecha a la que se refiere el certificado es el 7 de octubre de 2020, aunque se certifique el 3 de diciembre siguiente. La solución a este tipo de discordancias ha sido examinada por la STSJ de Catalunya 961/2017, de 27 de diciembre. También la controversia sobre el momento en que ha de cumplirse la carga probatoria viene resuelta por la STSJ 209/2017, de 22 de marzo, (rec. 245/2014), corroborado por la comunicación del Colegio, que cita la sentencia 457/2011, de 22 de junio.

En cuanto al certificado aportado por la interesada -aquí codemandada- en su recurso de alzada nos dice que estamos ante un documento nuevo del que no pudo tener conocimiento antes de que el Colegio dictase la resolución originaria ( art. 118 de la Ley 39/2015)(STSJ 3263/2021, del TSJ de Catalunya, de 30 de junio).

En consecuencia, solicita que se desestime el recurso.

2.2La representación de la parte codemandada se opone al recurso. En primer lugar, alega la falta de legitimación activa de los demandantes, por no tener la condición de interesados. Los actores, señala, perdieron su condición de "solicitantes" tras el archivo o falta de evacuación de requerimientos de documentación en las respectivas peticiones presentados.

Alega que los demandantes han actuado con mala fe y temeridad procesal porque han abocado al Departament a un litigio carente de objeto y sin verdadera pretensión de salvaguardar interés o derecho alguno. Además, los demandantes no comparecieron en el expediente iniciado por la codemandada ni en el recurso de alzada. Tampoco en el recurso contencioso que interpuso la codemandada contra la resolución presuntamente desestimatoria que perdió su objeto cuando se resolvió a su favor el recurso de alzada (rec. 233/2021).

La única noticia que tuvo la codemandada de los actores fue cuando, el 12 de mayo de 2021 solicitaron del Departament copia del recurso de alzada, pero sin personarse ni realizando alegación alguna y que les fue entregada a los únicos efectos informativos porque no habían comparecido en el recurso de alzada.

También alega la inadmisibilidad por extemporaneidad del recurso. Cuestiona que el plazo se iniciara el 10 de junio de 2022, por ser la fecha en que el COFL les remitiera copia de la resolución de 6 de abril de 2022, dando respuesta a su solicitud de 25 de mayo de 2022 (para que le fuera notificada la resolución), cuando dicha resolución fue notificada a los interesados entre los días 8 y 19 de abril de 2022. Al interponer el recurso contencioso-administrativo el 20 de abril de 2022, entiende que es extemporáneo.

Sostiene que si no se inadmitiera el presente recurso se llegaría al absurdo de que otra peticionante de Oficina de Farmacia presentara tiempo después (por ejemplo un año después o más) otra solicitud interesando copia de la resolución del recurso de alzada de autos y determinara como diez a quo para interponer el recurso contencioso-administrativo el día siguiente a recibir la copia de la resolución, con el efecto consiguiente de vulnerar la seguridad jurídica, por dilatarse la posibilidad de impugnar la resolución, de 6 de abril de 2022, en claro menosprecio de la buena fe y en detrimento de la codemandada y verdaderos interesados que se verían sometidos a una resolución no firme ad aeternum.

Respecto a la cuestión de fondo, hace una relación circunstanciada de los antecedentes de hecho relevantes para resolver el procedimiento, con especial referencia a la documentación aportada al expediente administrativo.

Pone de relieve que la falta de actualización del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Lleida la obligó a aportar documentación emitida por otros organismos (Secretaría Técnica de los Consejos de Zona de Lleida, integrante en la Concejalía de Participación Ciudadana). La Secretaría Técnica acreditó 16795 habitantes, supliendo la falta de actualización del padrón municipal, departamento en el que se encuentra delegado el control del padrón municipal, por parte del Secretario General (porque al extraer tres certificaciones no había habido variación desde el 1 de enero de 2020 (16.706 habitantes). La falta de actualización también se puso de manifiesto el 30 de noviembre de 2020 por el Jefe del Negociado. A fin de enmendar dicha carencia, la Secretaría solicitó del Negociado los datos reales del padrón que fueron remitidos vía interna (folio 188 del Ea) y que sirvieron para expedir el certificado de 3 de diciembre de 2020 (folios 137 y 185 a 186 del Ea). Además, a fin de reiterar la desactualización de la información del Negociado de Estadística, aportó informes de la Generalitat de Catalunya, disponibles para la ciudadanía en los correspondientes portales oficiales, que demostraban que el ABS constaba de más habitantes que los certificados por el Negociado, poniendo de relieve una evolución demográfica positiva que daba veracidad a los habitantes certificados por la Secretaría Técnica y en la misma línea, aportó un certificado emitido por el Colegio de Aparejadores, Arquitecto Técnico que expresaba el incremento de 74 nuevas residencias finalizadas en el ABS.

Destaca que el acuerdo del Colegio ponía de relieve contradicciones y contravino sus propios criterios, desestimando la solicitud. El 20 de marzo de 2021, presentó un certificado del Negociado de Estadística, de rectificación del padrón de 2020 y que permite apreciar que el padrón no se actualiza, y que el certificado de la Secretaría Técnica era correcto. Interpuso recurso de alzada que fue desestimado. El Colegio comunicó que advertía el error cometido en la valoración de los dos certificados aportados por la actora.

Manifiesta que el certificado del Coordinador Tècnic dels Consells de Zona de Lleida, de 3 de diciembre de 2020, cuestión central del recurso, era correcto porque (i) es posible aportar un certificado emitido por otro funcionario del Ayuntamiento para acreditar los habitantes de una ABS; (ii) es necesario acreditar los habitantes en el momento de solicitar la apertura de farmacia y no cuando se revisa el padrón y (iii) debe primar el certificado más cercano al momento de la solicitud.

En sus fundamentos basa su oposición en:

(i) La falta de legitimación activa porque los demandantes se autoexpulsaron del procedimiento de apertura de farmacia en el ABS Lleida 6 cuando no aportaron la información y documentación necesaria, extremo que conocían y con motivo del cual no realizaron alegaciones en ningún momento del procedimiento administrativo, por lo que el hecho de que la codemandada abra o no la farmacia no les reportaría ningún beneficio o perjuicio ( STSJ de Extremadura, de 16 de febrero de 2007 y SAN de 1 de julio de 2008).

(ii) Extemporaneidad del recurso contencioso-administrativo ( SAN de 1 de julio de 2008).

(iii) La codemandada defiende el valor probatorio de la certificación emitida por al Coordinador Tècnic dels Consells de Zona de Lleida y la posibilidad de que se pueda aportar un certificado emitido por otro funcionario del Ayuntamiento de Lleida ( STS de Catalunya, de 28 de marzo de 2012, rec. 250/2007 o la STSJ de Madrid, de 29 de octubre de 2014, rec. 366/2013).

Además, la certificación se aportó porque desde el Negociado de Estadística se respondió la falta de actualización del padrón y para acreditar los habitantes en el mes de octubre de 2020 no cabe acudir a la cifra de 10 meses antes, dada la exigencia legal ( STSJ de Catalunya, de 13 de junio de 2013, rec. 339/2013; de 22 de junio de 2011, rec. 6/2009 y de 30 de junio de 2021).

Invoca el principio "pro apertura", recogido en la STSJ de Catalunya, de 4 de diciembre de 2000, rec. 1102/1996.

Igualmente, alega los caracteres de la certificación de la Secretaría Técnica, adjuntando copia del correo electrónico con sus dos anexos (Excel y PDF) que expresa la totalidad de los habitantes en distintas ABS de Lleida. El funcionario deja claro: la procedencia de los datos (departamento de estadística); la fecha de la solicitud telefónica 7 de octubre de 2020 y los datos certificados que corresponden a los dos barrios que forman la ABS, de modo que se cumple con los caracteres que exige la STSJ de Catalunya de 27 de abril de 2018, rec. 351/2015.

Finalmente, defiende la posibilidad de aportar el certificado del Negociado de Estadística de 1 de marzo de 2020 a considerar en el recurso de alzada porque sirvió para corroborar los datos puestos de manifiesto con anterioridad. Esta posibilidad se desprende, a sensu contrario, del art. 118 de la Ley 39/2015 porque, aun siendo un documento de fecha posterior, tiene la finalidad de demostrar que los datos consignados por la Secretaría Técnica fueron ciertos y oficiales, poniendo de manifiesto incluso más habitantes que los declarados a 7 de octubre de 2020.

Por todo ello, solicita que se desestime el recurso interpuesto por los demandantes contra la Resolución del Departament de Salut, de 6 de abril de 2022.

TERCERO: Resolución de la controversia

3.1Sobre la alegada falta de legitimación activa por no ostentar los demandantes interés directo.

Pese a las alegaciones de la codemandada, debe rechazarse la falta de legitimación activa. Ha de tenerse en cuenta que el certificado aportado por la propia parte actora solo acredita que se presentaron las solicitudes y su estado en el momento concreto de la solicitud, pero no que realmente las solicitudes hubieran sido archivadas, ya que la codemandada solo solicitó prueba documental de tener por reproducido el expediente administrativo.

Resulta pues, indiscutible que, rigiéndose las autorizaciones de autos por el principio prior tempore potior iure,una eventual estimación del presente recurso contencioso-administrativo haría revivir aquellas solicitudes posteriores que no hubieran sido archivadas definitivamente. Lo mismo resulta de las sentencias invocadas que parcialmente transcribe en la contestación y que estimaron la falta de legitimación porque en el caso examinado no existía respecto al recurrente la obligación de notificarle el acto finalizador del procedimiento, requisito que no concurre en este caso.

No podemos dejar de advertir que es frecuente en este tipo de procedimientos que se presenten varias solicitudes de autorización de apertura de una nueva Oficina de Farmacia para una misma ABS. En aplicación del principio citado, las solicitudes posteriores esperan a que la primera se resuelva definitivamente, puesto que su resolución condicionará su propio procedimiento. Con mayor razón si tenemos en cuenta que uno de los requisitos más controvertidos es el poblacional que presenta oscilaciones continuas, incluso día a día en grandes poblaciones. En consecuencia, procede desestimar este motivo de oposición.

3.2Sobre la extemporaneidad del recurso.

La siguiente cuestión procesal que se plantea es la extemporaneidad del recurso. No puede negarse a los demandantes un interés directo en que se revise jurisdiccionalmente la resolución dictada en alzada porque una eventual estimación de este recurso podría beneficiar la tramitación de sus solicitudes posteriores. No tienen derecho a que se resuelva su solicitud en sentido favorable, pero sí derecho al procedimiento (adviértase que la resolución originaria era desestimatoria, por lo que se generaron expectativas de que pudiera reiniciarse la solicitud de 5 de noviembre posterior).

El art. 4 de la Ley 39/2015, ofrece un concepto de interesado lo suficientemente amplio como para considerar como interesados a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

El respeto al procedimiento garantizará también la seguridad jurídica de aquel que ha sido beneficiado por la decisión administrativa -adoptada en este caso en vía de recurso-.

3.3Sobre la cuestión de fondo.

3.3.a) No son hechos controvertidos que el ABS Lleida 6 viene delimitada por la Orden SLT/118/2017, de 13 de junio. Tampoco el ámbito territorial que comprende ni sus delimitaciones.

No existe discrepancia respecto a que, previamente a la resolución del Departament de Salut, el ABS contaba con cuatro oficinas de farmacia abiertas.

Del mismo modo, las partes admiten que estamos ante un área básica inframunicipal, que tiene la consideración de urbana, por lo que es de aplicación el art. 6 de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Catalunya (Ley 13/1991), en su redacción dada por la Ley 21/2001, de 28 de diciembre. Conforme a este precepto, su letra c) dispone:

"A les àrees bàsiques urbanes, el nombre d'oficines de farmàcia ha d'ésser, com a màxim, d'una per cada 4.000 habitants, per cada àrea bàsica, llevat que s'ultrapassi aquesta proporció en 2.000 habitants supòsit en el qual es pot instal·lar una oficina de farmàcia més en l'àrea bàsica de salut de què es tracti, o llevat que s'hagi d'aplicar el que estableix la lletra f)"(que no es el caso).

En este caso, la controversia se centra en la eficacia probatoria del certificado, de 3 de diciembre de 2020, aportado por la codemandada en el expediente administrativo iniciado por ésta mediante solicitud de 7 de octubre de 2020. Han quedado expuestos los términos de la solicitud que vienen cuestionados.

La carga para acreditar los requisitos que han de cumplir las solicitudes de nuevas Oficinas de Farmacia, corresponde a los solicitantes.

3.3.b) Con arreglo a la norma indicada, para que pudiera abrirse una nueva Oficina de Farmacia era preciso alcanzar los 18.000 habitantes (16.000 + 2.000).

La LOFC dispone en su art. 6.e) que:

"e) Per al còmput dels habitants, s'ha de tenir en compte, en tots els casos, la població de l'àrea bàsica resultant del nombre d'habitants inscrits en els padrons dels municipis que la integren al moment de presentar la sol·licitud, segons la certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments dels municipis corresponents, a la qual s'ha de sumar el 10% dels allotjaments turístics amb què compti l'àrea bàsica, entenent per allotjaments turístics els habitatges de segona residència a computar quatre places per habitatge, les places hoteleres i les places de càmping, degudament provats, en el primer cas, per qualsevol dels mitjans admesos en dret i, en els dos restants, per certificació del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. El mateix criteri s'ha de seguir en tots els supòsits en què aquesta Llei fa referència al còmput població, tant si es tracta de la referida a l'àrea bàsica com al municipi".

La codemandada ha acreditado que el padrón de habitantes no estaba actualizado por lo que no era posible que el Negociado de Estadística certificara la población con la que contaba el ABS de autos en la fecha de su solicitud.

Así resulta de los certificados del Negociado de Estadística de 5 de marzo, 4 de septiembre y 30 de noviembre de 2020 en los que la población era, invariablemente, de 16.706 habitantes. Se corrobora dicha circunstancia por el correo electrónico remitido por el Cap de Negociat Estadística, de 30 de noviembre de 2020, en el que se afirma que: "les dades són les mateixes durant tot l'any, independentment del dia que se sol·licita, sempre ho hem fet així".En consecuencia, la codemandada no podía presentar un certificado expedido por el Negociado de Estadística en el que constase cuál era "la població de l'àrea bàsica"y del que resultase el número de habitantes "inscrits en els padrons dels municipis que la integren al moment de presentar la sol·licitud".

La codemandada aportó al procedimiento el certificado de 3 de diciembre de 2020, emitido por un funcionario de la Secretaría Técnica dels Consells de la Zona de Lleida, del que resultan "les dades corresponents als barris de què ens demaneu informació"que arrojaba una población de 13.966 habitantes- en el barrio de Bordeta y de 2.829 habitantes en el barrio de Magraners, barrios que conforman el ABS Lleida 6. En total 16.795 habitantes.

También aportó un documento del Servei Català de la Salut que en el apartado referido a la población por áreas básicas de Salud constató 16.759 habitantes, es decir, superior a la población lineal anual que certificada el Negociado de Estadística (16.706 habitantes).

Los demandantes cuestionan que el certificado, de 3 de diciembre de 2020, sirviese para justificar cuál era la población inscrita a 7 de octubre de 2020, ya que debía entenderse que la población de 16.795 habitantes venía referida a la fecha de la expedición de la certificación, no a la fecha de la presentación de la solicitud. Del mismo modo, se cuestionó la competencia del funcionario que lo expidió para certificar el número de habitantes inscritos.

Estamos ante una certificación que se expide por un funcionario público en el ejercicio de su cargo y que, respecto a los hechos que constata, goza de presunción de legalidad y acierto mientras no se demuestre lo contrario. Además, el certificado pone de relieve que responde a la información facilitado por el Departamento de Estadística de la Paeria, es decir la propia Administración local (a la Secretaría Técnica que es la que emite el certificado).

Es cierto que la Ley hace referencia a que el requisito poblacional es el que ha de resultar "segons la certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments dels municipis corresponents",pero también lo es que, en este caso, ha quedado acreditado que dicho órgano no podía entregar certificación porque el Departamento de Estadística no actualizaba los datos hasta que no revisaba el padrón municipal, con independencia de que el padrón sufre cambios continuos (día a día).

La cifra de habitantes ha quedado corroborada y reforzada por la certificación del Secretario General del Ayuntamiento, de 1 de marzo de 2021, aportada por la actora después de resolverse la solicitud por el Colegio (10 de marzo de 2021), de la que resulta que "segons la rectificació anual del Padró Municipal d'Habitants a data 1 de gener de 2020 , aprovada pel RD 1147/2020, de 15 de desembre i publicat al BOE 340 de 30 de desembre de 2020, els habitants inscrits a les àrees Bàsiques de Salut són: A.B.S. Lleida-6 Bordeta-Magraners 16.829".Téngase en cuenta que, con la redacción anterior de la norma, se hacía referencia al padrón revisado anterior. Ahora, tras la modificación, lo que se pretende es ajustar al máximo los datos a fin de salvaguardar el interés público -la atención sanitaria en su vertiente de atención farmacéutica- que justifica la regulación.

Esta certificación solo corrobora unos hechos que ya estaban acreditados, porque la certificación de la Secretaría Técnica, había acreditado los habitantes a 7 de octubre de 2020. La certificación refiere la "consulta telefónica" efectuada a 7 de octubre de 2020. No resulta lógico pensar que se haga y solicite una certificación futura cuando se la solicitud a la que va a servir de prueba se presenta el 7 de octubre.

La no aportación de los documentos Excel y PDF que acompañaban a la certificación de 3 de diciembre de 2020, a los que se refieren los demandantes, carece de relevancia. Lo determinante aquí es la certeza de los datos que se constatan en la certificación; además, se trata de unos archivos adjuntos cuya aportación pudo haber solicitado como medio de prueba la actora (ha sido aportado junto con la contestación a la demanda).

En definitiva, entendemos que la certificación hace prueba precisa de la población inscrita en el padrón municipal en el ABS Lleida-6 al tiempo de presentarse la solicitud de autos. Este hecho fue certificado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y de una fuente fiable: la propia información remitida por el Negociado de Estadística a la Secretaría Técnica.

Precisamente, la sentencia de esta misma Sección nº 3225/2021, de 30 de junio (ECLI:ES:TSJCAT:2021:9101), abordó una problemática muy similar, pronunciándose como sigue:

«2) La cuestión así planeada ha sido abordada por esta Sala y Sección, entre otras, en las Sentencias dictadas en fechas 15 de diciembre de 2017, rec. 435/2014 , y 27 de diciembre de 2017, rec. 269/2014 . Se razonó en el FJ 6º de esta última lo siguiente:

"En último término, alega la recurrente que la certificación expedida el 28 de agosto de 2007, que se tuvo en cuenta para establecer el número de los habitantes empadronados en el municipio de Preixens, es errónea, puesto que no eran 512 sino 507, como resulta de una certificación posterior emitida casi un año después, el 6 de agosto de 2008.

La problemática derivada de las diferencias existentes entre distintas certificaciones referidas a una misma fecha, como consecuencia de las revisiones operadas en el padrón continuo, ha sido examinada en la sentencia de esta Sala y Sección de 22 de junio de 2011 , según la cual:

"El art. 6.e) de la citada Ley 31/1991 establece: "Per al còmput dels habitants, s'ha de tenir en compte, en tots els casos, la població de l'àrea bàsica resultant del nombre d'habitants inscrits en els padrons dels municipis que la integren al moment de presentar la sol licitud, segons la certificació lliurada pels secretaris dels ajuntaments dels municipis corresponents (...)".

Pues bien, ésas son las condiciones que cumple el certificado emitido el 1 de septiembre de 2006, dos días después de la fecha de la solicitud. Es esta la fecha que tiene en cuenta. Por el contrario, el certificado que sirve de base a la resolución impugnada se emite quince meses después de la fecha de la solicitud.

(...)

El principio de seguridad jurídica aconseja acudir al certificado que tiene en cuenta los datos municipales en el momento de la solicitud. Los datos "revisados", aparte de que pueden aparecer cuando ya los expedientes se han resuelto, como es el caso, dependen de imponderables, como que los Ayuntamientos cumplan con la obligación de comunicar todas las altas que se hayan producido durante el mes anterior en su padrón de habitantes y el tiempo de tramitación empleado para hacer las comprobaciones correspondientes y comunicar las bajas que procedan. Sin perjuicio, por otra parte, de que en el caso de autos las altas en otros municipios (y correspondientes bajas en el padrón de Parets del Vallès), que determinan la disminución de los habitantes censados, podría hipotéticamente haberse dado durante los días 29, 30 y 31 de agosto de 2006, después de presentar su solicitud".

Por último, no es ocioso recordar que la redacción original del art. 6.5 de la mencionada Ley 31/1991 establece que "per al còmput dels habitants, s'ha de tenir en compte, en tots els casos, la població de l'àrea bàsica que consti en l'última revisió del padró municipal vigent al moment de presentar la sol licitud (...)", mientras que en la redacción reformada --aplicable al caso-- se ha suprimido la referencia a la revisión, contrayéndose el certificado a verificar el número de habitantes inscritos en el momento de presentarse la solicitud ".

En consecuencia, en aplicación de este mismo criterio, debe concluirse que procede resolver la discrepancia existente entre los certificados emitidos el 28 de agosto de 2007 y el 6 de agosto de 2008 en favor del primero de ellos, por tratarse de la fecha más cercana a la solicitud del interesado, y descartando el segundo, que fue emitido casi un año después.»

Debemos pues desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los demandantes.

CUARTO:Costas

Teniendo en cuenta que estamos ante una cuestión controvertida, que presentaba serias dudas de hecho y de Derecho, no procede efectuar imposición de costas, al amparo del art. 139 de la LJCA.