Sentencia Contencioso-Administrativo 261/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 2374/2023 de 29 de enero del 2025

PRIMERO: Resolución judicial objeto del presente y crítica de la parte apelante

El Ayuntamiento de Granollers impugna la sentencia arriba indicada que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo, de 22 de septiembre de 2022, dictado por l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 22 de septiembre de 2022, por el cual se había desestimado el recurso de reposición interpuesto por la Administración apelante contra el Acuerdo de 20 de mayo de 2022, del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de modificación del Acuerdo de subvención otorgada (Núm. Exp. CLT040/20/000031).

El recurso de apelación se plantea por los motivos siguientes:

1.- Vulneración del procedimiento administrativo común. La resolución administrativa es nula de pleno derecho por haberse dictado sin practicar ninguna actuación previa, ni seguir ningún procedimiento de reintegro ni acudir a la vía de la revisión de oficio, es decir, por falta absoluta de procedimiento. Para excluir el procedimiento debe estar previsto en una norma con rango de ley y no es el caso de la gestión de las subvenciones. Considera inaceptables las razones ofrecidas por el Juzgado para desestimar es motivo de impugnación de la resolución recurrida.

2.- Vulneración del principio de audiencia. De nuevo, califica de inaceptable la respuesta dada por la Juez a quo. Añade que no es cierto que las bases no indiquen que se ha de seguir un procedimiento y que debería haberse seguido el procedimiento del art. 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones o el procedimiento de revisión de oficio ( arts. 36 de la LGS y arts. 102 y 103 de la Ley 39/2015).

3.- No se ha concedido trámite de audiencia, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015. Cuestiona el criterio del Juzgado de que como la beneficiaria es una Administración pública está obligada a relacionarse con la Generalitat electrónicamente. Tampoco está conforme en que se dén por buenos dos correos electrónicos y las llamadas telefónicas, que niega que se hubieran producido. Por consiguiente, no reconoce haber recibido, una comunicación requiriéndole para aportar documentación justificativa o concediéndole un trámite de audiencia. Y el correo que consta en el expediente administrativo ni siquiera consta recibido o contestado (folios 88-89 del EA).

El correo electrónico no es medio válido de notificaciones, sino que requiere la comparecencia ante la sede electrónica ( arts. 41 y 43 de la Ley 39/2015).

4.- La indefensión es también motivo de invalidez de los actos administrativos ( art. 48.2 de la Ley 39/2015).

Solicita que se anule la sentencia de instancia y se estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo de 22 de septiembre de 2022 que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior de 20 de mayo de 2022.

SEGUNDO: Oposición de la parte apelada

La Generalitat de Catalunya opone, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso de apelación por razón de la cuantía. En este caso, la cuantía del proceso es la de 670,71 euros.

En segundo lugar, manifiesta que la parte apelante se limita a reproducir las alegaciones de la demanda, sin criticar la sentencia impugnada.

Además, no se trata de una revocación o reintegro de la subvención, sino de una disminución del importe de la ayuda, que debe llevarse a cabo en los términos que establece la convocatoria.

Tampoco es preciso el trámite de audiencia porque las bases prevén cómo ha de reducirse la ayuda y, a pesar de cuestionar la validez de las comunicaciones entre las partes, el Ayuntamiento no niega que justificó un coste total de 21.943,02 euros, según certificación del propio Consistorio.

Solicita que se inadmita el recurso de apelación y, subsidiariamente, que se desestime el recurso, con condena en costas.

TERCERO: Sobre la admisión indebida del recurso de apelación

La Administración demandada alega la admisión indebida del recurso de apelación, por razón de la cuantía (670,71 euros).

Como pone de relieve la parte apelante, la indicación de los recursos al pie de una resolución no modifica el régimen de recursos establecido en la Ley que, por razones de orden público, es imperativo ( SSTC 107/1987 y 79/2004).

En este caso, estamos ante un pleito entre dos Administraciones públicas que actúan como tales y defienden los intereses generales en el marco de sus competencias de tal manera que es aplicable el art. 44 en relación con el art. 82.1 de la LJCA ( SSTS 980/2020, de 9 de julio, rec. cas 3314/2019, ECLI:ES:TS:2020:2337). Como nos dice el TS:

«Conforme a los razonamientos precedentes, esta Sala fija la siguiente doctrina jurisprudencial:

1.- El artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , que regula los presupuestos preprocesales de los litigios entre Administraciones Públicas, debe ser interpretado de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 24 de la Constitución española . Para no causar indefensión, la aplicación del referido artículo 44 LJCA no puede realizarse de forma rigorista, de modo que impida u obstaculice injustificadamente el derecho de acceso a la jurisdicción de una Administración Pública, en aquellos supuestos en que pretende entablar acciones contra otra Administración, y la Administración impugnante ha seguido diligentemente los trámites procedimentales indicados por la propia Administración, autora de la resolución administrativa.

2.- En el ámbito del régimen jurídico subvencional, el artículo 44 resulta plenamente aplicable en aquellos supuestos en que la relación jurídica establecida entre la Administración Pública otorgante de la subvención y la Administración Pública beneficiaria de la misma, ambas Administraciones Públicas actúan en calidad de Administración Pública, como acontece cuando el conjunto de obligaciones contraídas para la ejecución de la actividad subvencionada, y, específicamente, la acción de reintegro deriva de un Convenio de Colaboración firmado entre Administraciones Públicas, siendo improcedente, en estos casos, la interposición de recursos administrativos, en la medida que sólo cabe la formalización del requerimiento.

3.- El artículo 44 no resulta aplicable cuando una de las Administraciones asume en la relación jurídico-administrativa entablada entre la Administración otorgante de la subvención y la Administración beneficiaria, una posición semejante o asimilable a la de un particular, sin ostentar ninguna de las prerrogativas de poder público, por lo que en estos supuestos no resulta improcedente la interposición de recursos en vía administrativa si la normativa reguladora de la actividad subvencional lo excluye».

Pues bien, en este caso el recurso de apelación es admisible, conforme al art. 81.2 de la LJCA, que dispone que son siempre susceptibles de ser recurridas en apelación las sentencias que resuelvan pleitos entre administraciones públicas.

Es cierto que no estamos ante un supuesto de acceso a la jurisdicción, pero también lo es que, en materia de admisión de recursos, aún siendo más limitadas, tampoco cabe hacer una interpretación rigorista del régimen legal de recursos como señala el Tribunal Supremo en la Sentencia ya citada.

CUARTO: Resolución de la controversia planteada en esta segunda instancia

Asiste la razón a la Generalitat cuando afirma que la parte actora se ha limitado a dar por reproducidas las alegaciones ya examinadas en la instancia, sin articular argumentos de crítica contra la sentencia que permitan depurar, si fuere necesario, el resultado del procedimiento. No obstante, estamos en un proceso entre dos administraciones públicas.

4.1 Sobre la nulidad de pleno derecho por falta absoluta del procedimiento legalmente establecido ( art. 47.1.e) de la Ley 39/2015)

Reitera la Administración apelante que la resolución es nula de pleno derecho por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido. Concretamente entiende que debería haberse seguido el previsto en el art. 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones o el procedimiento de revisión de oficio ( arts. 36 de la LGS y arts. 102 y 103 de la Ley 39/2015).

La controversia de autos tiene su origen en la publicación en el DOGC, de 5 de octubre de 2020, de la resolución CLT/2410/2020, de 29 de septiembre, por la cual se dio publicidad al acuerdo "del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals per al bienni 2020-2021 (ref. BDNS 525956)"en la que participó el Ayuntamiento demandante al presentar su solicitud de subvención, el 21 de octubre de 2020, a la convocatoria de subvenciones de autos para la mejora de las infraestructuras en el Teatro Auditorio de Granollers.

En el seno del procedimiento, debemos destacar los siguientes trámites que resultan del expediente administrativo:

El 22 de diciembre de 2020, el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural concedió al Ayuntamiento de Granollers una subvención por importe de 9.750,00 euros para llevar a cabo las mejoras de las infraestructuras en el citado Teatro Auditorio.

El 15 de febrero de 2021, la Administración demandada efectuó un pago de 4.875,00 euros y el 17 de mayo de 2021 un pago de 2.925,00 euros, en concepto de anticipo.

Presentada por el Ayuntamiento la documentación justificativa, se observó que si bien el coste inicial presupuestado de la actividad era de 19.500,00 euros y el coste final de la actividad -según documentación justificativa aportada por el Ayuntamiento- había sido 10.358,59 euros, resultaba una desviación del 46,88%, y, por consiguiente, superior al 20% establecido en el punto 5.6 de les bases generales, la Administración autonómica consideró que debía reducir proporcionalmente la cuantía de la ayuda.

El 20 de mayo de 2022 el Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural acordó modificar el acuerdo, de 22 de diciembre de 2020, de concesión de la Subvención por un importe de (2.620,71 euros), quedando la subvención final en 7.129,29 euros.

El Ayuntamiento demandante, no conforme con dicha reducción, la impugnó vía reposición articulando los mismos motivos que se han hecho valor en el procedimiento.

En primer lugar, el Ayuntamiento cuestiona que no se haya seguido el procedimiento legalmente establecido para la revocación. Debe tenerse en cuenta que las bases son la ley del concurso y obligan a quienes participen en las mismas, sin impugnarlas.

En este caso, como pone de relieve la sentencia de instancia, no estamos ante un acto de revocación de la subvención sino de modificación de la resolución con reducción del pago en los casos que la propia base dispone.

Así, el art. 20 de las bases regula la revocación en los siguientes términos:

"20.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establert, ha de revocar totalment o parcialment els ajuts concedits amb l'obligació per a la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsits que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

20.2 És igualment causa de revocació l'incompliment dels requisits que estableix la normativa sectorial corresponent que s'explicitin a les bases específiques".

La revocación de actos viene regulada en el art. 109 de la Ley 39/2015, y en este caso no concurren los presupuestos del art. 20 de las bases porque el Ayuntamiento no ha venido obligado a devolver el importe recibido ni a pagar el interés de demora.

En cambio, en el art. 19.2 de las bases se regula un procedimiento ágil para ajustar la cuantía de la subvención en los casos que la norma recoge.

"19 Modificació de la resolució

19.1 L'òrgan concedent té la facultat de revisar els ajuts concedits i modificar l'acord de concessió en el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de l'ajut s'alterin o en cas d'obtenció concurrent d'altres subvencions o ajuts.

19.2 Llevat que les bases específiques estableixin una altra cosa, si la persona beneficiària porta a terme la totalitat de les activitats del projecte objecte de l'ajut i fa la despesa mínima que estableix la base 5.5, però el seu cost final efectiu és inferior al cost pressupostat, amb un decrement superior al 20% del pressupost de l'activitat, s'ha de fer una reducció proporcional de l'ajut. També cal reduir la quantia si se supera el límit que estableix la base 5.3".

La base 5 regula la cuantía, y los apartados a los que se remite disponen como sigue:

5.1 L'import de l'ajut és, per regla general, un percentatge o fracció de l'import de l'activitat o projecte. Si se subvenciona un subprojecte, partida o unitat que forma part d'un projecte global, s'ha de concretar en la proposta i en l'acord de concessió el seu objecte i finalitat, el seu cost i el percentatge subvencionat respecte al projecte global, així com la seva forma de justificació.

(...)

5.3 Si l'import de l'ajut és un percentatge o fracció del cost del projecte, l'ajut no pot superar el 50% del seu cost, tret que les bases específiques estableixin una altra cosa.

(...)

5.5 La despesa mínima, realitzada i justificada, de l'activitat objecte de l'ajut exigible per poder considerar acomplerts l'objecte i la finalitat de l'ajut és del 50% del cost de l'activitat. L'incompliment d'aquesta despesa mínima comporta la revocació total de l'ajut atorgat. Si es compleix la despesa mínima, però el cost final efectiu de l'activitat és inferior al cost inicialment pressupostat, s'ha de reduir, en la mateixa proporció, la

quantia de l'ajut.

(...)

5.7 Els criteris que s'han de tenir en compte preferentment per determinar la quantia dels ajuts són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, la puntuació obtinguda, si escau, pels criteris de valoració, i la disponibilitat pressupostària, sense perjudici que les bases específiques puguin establir criteris addicionals.

En cap cas, l'import dels ajuts concedits no pot ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar el beneficiari."

Por consiguiente, no ha habido una inobservancia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido, que es el requisito que el art. 47.1.e) de la ley procedimental exige para este motivo de invalidez radical del acto.

4.2 Por las mismas razones, procede desestimar la alegada vulneración del principio de audiencia en la medida en que se basa en que debería haberse seguido el procedimiento del art. 42 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones o el procedimiento de revisión de oficio ( arts. 36 de la LGS y arts. 102 y 103 de la Ley 39/2015), cuando no son procedimientos aplicables al caso.

4.3 Siguiendo con el trámite de audiencia, la actora afirma que se ha vulnerado el art. 82 de la Ley 39/2015 y la obligatoriedad, como administración pública, de comunicarse electrónicamente.

En relación con esta cuestión, critica que se den por buenos dos correos electrónicos de 16 de marzo de 2022 y dos llamadas telefónicas, que niega.

Es evidente que antes de examinar la cuestión hemos de valorar los correos que figuran en los folios 88 y 89 del Ea. El de 11 de julio es una comunicación interna. No obstante, los de 16 de marzo y 16 de junio de 2022 remitidos al dominio "****egranollers.cat" de los que resulta que se solicitó justificación "... en motiu de la Justificació CLT040/20/000031 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS. Un cop revisada la documentació caldrien les següents esmenes: -Confirmar que l'import de 14.584,43€ a la partida Baranes està correctament imputat? Ja que el màxim subvencionable per aquesta partida són 3000€.",y que no se había obtenido respuesta.

La Administración local está obligada por ley a relacionarse con la Administración demandada por medios electrónicos. El Consistorio se ha limitado a negar los correos, pero no ha aportado prueba alguna que permita destruir la prueba que ya figuraba en el expediente administrativo, habiendo renunciado a practicar prueba ni vista. Por consiguiente, este motivo también ha de ser rechazado.

Lo mismo sucede con la conversación telefónica a la que se refiere el correo de 11 de julio,. Resulta de los correos aportados y el Consistorio se ha limitado a negarlos, cuando hubiera debido tener que proponer cualquier prueba idónea en Derecho para desvirtuarlos.

4.4.- Por último, alega que el acuerdo sería anulable por indefensión ( art. 48.2 de la Ley 39/2015).

La misma falta de actividad probatoria nos ha de llevar a apreciar que el Ayuntamiento pudiera haber sufrido algún tipo de indefensión, ni formal ni material.

Es un hecho no discutido que el Ayuntamiento de Granollers presentó la documentación justificativa con un coste total de la actividad de 21.943,02 euros.

La base específica 5.1 establece que en el caso de la modalidad a) de la base 1.2, relativa a la ejecución de pequeñas obras de infraestructura y adquisición de material inventariable destinado a mejora de la accesibilidad en equipamientos escénicos y musicales son gastos subvencionables los derivados de la adquisición, ejecución o instalación de los equipamientos que describe con el presupuesto máximo subvencionable que se indica por actuación.

En el caso de las barandillas tipo tenedor, el presupuesto máximo subvencionable era de 3.000,00 euros. Al respecto:

"Des de l'Àrea de Justificació i Control de l'OSIC es va revisar la documentació justificativa presentada i van detectar que en l'actuació "baranes tipus forquilla" havien justificat un pressupost de 14.584,43 euros quan el màxim subvencionable per bases eren 3.000,00 euros,motiu pel qual es va descomptar del total justificat 11.584,43 euros i, per tant, l'import justificat va quedar en un total de 10.358,59 euros.

Això suposava una desviació del 46,88% respecte el pressupost inicial" (la negrita es nuestra).

En definitiva, el Consistorio ha podido desvirtuar las bases fácticas y jurídicas de la resolución en sede jurisdiccional y no lo ha hecho. La Administración demandada tenía la obligación de comprobar las justificaciones y la adecuación de la solicitud a las bases y así lo hizo observando el procedimiento establecido en las bases de la convocatoria para reducir el importe a reconocer, bases que no fueron impugnadas.

Debemos concluir que ha quedado justificada la minoración de la cuantía de la subvención a la que tenía derecho el Ayuntamiento, lo que nos ha de llevar a desestimar el recurso de apelación.

QUINTO: Costas

La desestimación del recurso de apelación comporta la imposición de costas a la parte apelante, al amparo del art. 139.2 de la LJCA, también es posible limitarla, por lo que, atendiendo a la cuantía del procedimiento debemos imponer al Ayuntamiento de Granollers la cantidad de 200 euros de costas (IVA incluido).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.