Sentencia Contencioso-Administrativo 74/2026 Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 194/2025 de 05 de febrero del 2026

PRIMERO.- La unión temporal de empresas formada por Fulton S.A. y Diseo Objetivos de Construcción S.L. cuestiona, en el proceso, la adecuación jurídica de la desestimación presunta (silencio negativo) de una petición de intereses de demora que la UTE actora presentó el 25 de septiembre de 2024 en el registro electrónico de la Generalitat:

"... durante los años 2023 y 2024, ha estado realizando para la (...) Conselleria de Sanidad diversos trabajos según lo contratado".

"... no ha abonado en el plazo de un mes, a la empresa que suscribe, las facturas detallas en el anexo adjunto (...) Total intereses de demora generado: 16.346,54 €. Importe indemnización costes de cobro: 40,00 €".

El escrito de demanda explica que (a)Las facturas recogidas en el anexo acompañado a la solicitud de 25/09/2024 tienen que ver con contrato de obra que tuvo como objeto la:

"... reforma y adecuación de espacios para realojar cinco resonancias magnéticas correspondientes al Plan Inveat (ampliación) en el Hospital Universitari i Politecnic La Fe de Valencia" (página 1).

Así como que la Conselleria de Sanidad en ningún momento ha opuesto que los trabajos de que se trata adolezcan de alguna deficiencia. O, en su caso, exista algún motivo que determine la reducción del precio establecido en el vínculo contractual:

"... y ello, pese a no haber manifestado objeción alguna al trabajo efectuado" (también de la página 1 de la demanda).

Luego, indica que (b)el momento de inicio de la deuda de intereses se produce una vez transcurridos treinta días desde la emisión de las certificaciones de obra:

"... El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en numerosas sentencias destacando que como diez a quo del cómputo de intereses debe tomarse (a los 30 o 60 días según la normativa aplicable al contrato en cuestión) desde la fecha de expedición por el director de la obra de las certificaciones parciales" (página 6).

En fin (c):

-pide el anatocismo, o intereses de demora desde el momento de la interpelación judicial. De la cantidad reclamada por intereses en el procedimiento ordinario 194/2025:

"... La Administración demandada deberá abonar a mi representada, intereses legales del art. 1.109 del Código Civil, desde la admisión a trámite del presente recurso contencioso administrativo hasta el completo pago de las cantidades adeudadas" (demanda, página 7);

-más 40 € por los costes de cobro de la deuda en la vía administrativa:

"... en concepto de indemnización por gastos de cobro" (demanda, suplico).

SEGUNDO.- Accedemos a las pretensiones de invalidez jurídica y de reconocimiento de una situación personal individualizada que se solicitan en el procedimiento ordinario 194/2025:

"... al pago a mi representada de la cantidad de 18.346,53 euros en concepto de intereses de demora, 40,00 euros en concepto de indemnización por gastos de cobro, y todo ello con los intereses legales correspondientes" (escrito de demanda, suplico).

La decisión del tribunal parte de estos datos:

1.- "... el importe a liquidar de intereses de demora asciende a 7.627,32 €" (escrito de contestación a la demanda, página 6).

No existe mayor discusión, en el litigio, acerca de la coincidencia con el ordenamiento legal aplicable de una parte de la petición de abono económico que la UTE formada por Fulton S.A. y Diseo Objetivos de Construcción S.L. ha presentado en el procedimiento ordinario 194/2025. Al haber asumido la representación procesal de la Comunidad Autónoma que el importe solicitado en el suplico del escrito de demanda (18.346,53€) es coincidente, en 7.627,32 €, con la realidad de la deuda que este ente público tiene vigente con la UTE actora.

Y ello es así en función del retraso en el debido cumplimiento de la prestación que el vínculo establecido imponía a la Generalitat Valenciana: la del pago del precio dentro del tiempo previsto en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Retraso que guarda relación con las certificaciones señaladas en el escrito de demanda que ha presentado la unión temporal de empresas recurrente:

"... contrato de reforma y adecuación espacios para realojar cinco resonancias magnéticas correspondientes al Plan Inveat (ampliación) en el Hospital Universitari i Politecnic La Fe de Valencia" (de su página 1).

2.- "... necesidad de que la Administración contratante compruebe la realidad y adecuación al contrato de la prestación" (escrito de contestación a la demanda, página 3).

a.- Alegación que la Sra. abogada de la Generalitat funda en lo dispuesto en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Puesto en relación con el artículo 4.2 de la Ley 3/2004, de Tutela de la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

Según el primero:

"4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados".

Y para el artículo 4.2 de la Ley 3/2004:

"2. Si legalmente en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días desde la fecha en que tiene lugar la aceptación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación".

Enunciados normativos que vincula con la doctrina jurisprudencial que la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha dictado en interpretación de los mismos.

En concreto, reitera una parte de la STS, 3ª, Sección Tercera, 1880/2024, de 26 de noviembre. Recurso de casación 6115/2021.

En ella se afirma, para lo que interesa en el procedimiento ordinario nº194/2025.

"... Reiteramos la doctrina jurisprudencial (...) en el sentido de que, con la presentación de la factura ante la Administración contratante se inicia el plazo de treinta días de comprobación y aprobación, y si una vez aprobada transcurren treinta días sin efectuar el pago, incurre en mora y se inicia el devengo de intereses, con independencia de que la Administración no hubiere formulado ninguna objeción en la fase de comprobación".

"... que revocamos parcialmente, en lo que concierne exclusivamente a la fijación de los intereses de demora, cuyo devengo ha de computarse no desde la fecha de presentación de las facturas en el registro del Concello de Lugo, sino teniendo en cuenta los términos secuenciales consecutivos de treinta días cada uno que dispuso la Administración para comprobación y aprobación de las certificaciones de obra y efectuar el pago".

b.- En el escrito de conclusiones, la representación procesal de Clece S.A. afirma que:

"... dicha jurisprudencia no puede sino interpretarse en el sentido de que, el cómputo de los 30 días deberá iniciarse con la presentación de la factura, cuando no exista una comprobación y aprobación de la obra por parte de la Administración o cuando la factura se presente en el registro correspondiente con posterioridad a dicha comprobación y aprobación" (de su página 3).

c.- Para la Sala:

-hasta ahora (mes de febrero del año 2026), la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunitat Valenciana mantenía que de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 octubre 2022, asunto C-585/20 (ECLI: EU: C: 202: 806), se derivaba la consecuencia de que los entes de derecho público que contraten la prestación de servicios de su titularidad, el suministro de bienes, la realización de obras a su favor, ... no cuentan con la posibilidad de adicionar, sin más y de forma automática,un plazo de treinta días para la comprobación de la correcta ejecución de esos servicios, suministros y/o obras. Si no que habían de atenerse, como tiempo máximo para la satisfacción del precio previsto en el contrato pactado con un tercero, al de treinta días;

-ante las conclusiones que se exhalan de la STJUE, citada, de 20/10/2022.

En lo relativo al momento de inicio de la mora;

-este criterio del tribunal no es variado. Al entender la Sala que:

- tanto la continuada reiteración de la postura sostenida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sección Tercera):

- como el exhaustivo análisis que, en las sentencias tomadas por el alto tribunal en el último trimestre del año 2025, se efectúa de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2022,

exigen mantener el resultado conclusivo que sostenemos;

-con esta perspectiva, reproducimos una parte de la STS, 3ª, Sección Tercera, 1.710/2025, de 22 de diciembre. Recurso de casación nº2.833/2023. ECLI: ES: TS: 2025: 5960.

Que dividimos en los siguientes puntos:

- reproducción, por esta sentencia del Tribunal Supremo de 22/12/2025, de los apartados más trascendentes contenidos en la STJUE de 20/10/2022. En lo que hace a la debida interpretación del artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7:

"... 3. Jurisprudencia .

Como resulta de lo que se lleva expuesto, resulta muy relevante lo que sobre la cuestión en debate ha expuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 20 de octubre de 2022 :

"[...]

44. A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 4, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/7 obliga a los Estados miembros a velar por que, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el plazo de pago no supere 30 días naturales calculados a partir del momento en que se produzcan las circunstancias de hecho enumeradas, en particular, en su inciso iv).

45. En segundo lugar, a tenor del artículo 4, apartado 3, letra a), inciso iv), de la Directiva 2011/7, «si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación», el plazo de pago máximo de 30 días naturales se calculará a partir de la fecha de aceptación o verificación.

46. El artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2011/7, en relación con el considerando 26 de esta, obliga a los Estados miembros a velar por que la duración máxima del procedimiento de aceptación o comprobación mencionado en el apartado 3, letra a), inciso iv), del mismo artículo no exceda de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de los bienes o servicios, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y en alguno de los documentos de licitación y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7 de la Directiva 2011/7 .

47. Así pues, de estas disposiciones combinadas resulta que, por una parte, la Directiva 2011/7 no concibe que el procedimiento de aceptación o de comprobación sea inherente a las operaciones comerciales entre los poderes públicos y las empresas. Por otra parte, cuando este procedimiento «[se establezca] legalmente o en el contrato», su plazo máximo es de 30 días naturales, y solo puede superarse excepcionalmente en las condiciones previstas en el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva.

48. En tercer lugar, del artículo 4, apartado 6, de la Directiva 2011/7, interpretado a la luz de su considerando 23, se desprende que, para que pueda ampliarse el plazo general de pago de 30 días, dicha ampliación deberá estipularse expresamente por contrato y estar objetivamente justificada por la naturaleza o las características particulares del contrato. Un plazo ampliado de este modo no podrá, en ningún caso, exceder de 60 días naturales.

49. Por otra parte, cuando un poder público realice actividades económicas de carácter industrial o mercantil consistentes en entregas de bienes o prestaciones de servicios, o preste servicios de asistencia sanitaria, los Estados miembros podrán, con arreglo al artículo 4, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), de dicha Directiva, ampliar el plazo de pago hasta un máximo de 60 días naturales.

50. Por lo tanto, como ha señalado el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, del artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 resulta que la aplicación a las operaciones comerciales entre las empresas y los poderes públicos de un plazo de pago de más de 30 días naturales, hasta un máximo de 60 días naturales, es excepcional y debe limitarse a determinados supuestos bien definidos, entre ellos en particular los mencionados expresamente en el artículo 4, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b) [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2020, Comisión/Italia (Directiva de lucha contra la morosidad), C-122/18 , EU:C:2020:41, apartado 44].

51. Esta interpretación literal y contextual del artículo 4 de la Directiva 2011/7 se ve confirmada por los objetivos perseguidos por esta Directiva, en particular el de imponer a los Estados miembros obligaciones reforzadas para los poderes públicos en lo que respecta a sus operaciones con las empresas. En efecto, como se desprende de la lectura combinada de los considerandos 3, 9 y 23 de dicha Directiva, los poderes públicos, que realizan un volumen considerable de pagos a las empresas, disponen de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas, pueden obtener financiación en unas condiciones más favorables que estas y dependen menos que ellas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Por otra parte, los amplios plazos de pago en beneficio de los poderes públicos, al igual que la morosidad, generan gastos injustificados para las empresas, que agravan sus problemas de liquidez y complican su gestión financiera además de influir negativamente en su competitividad y rentabilidad, ya que se ven obligadas a solicitar financiación externa debido a la morosidad [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2020, Comisión/Italia (Directiva de lucha contra la morosidad), C-122/18 , EU:C:2020:41, apartados 46 y 47].

52. A la luz de estas consideraciones, el artículo 4 de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que la fijación, por un Estado miembro, de un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturales en las operaciones entre empresas y poderes públicos solo está permitida en las condiciones y dentro de los límites establecidos en dicho artículo, y recordados en los apartados 47 a 49 de la presente sentencia."

Declarando en el apartado 2) de la parte dispositiva que:

"El artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturaleza, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un periodo inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un periodo adicional de 30 días para el pago del precio acordado.";

- examina la incidencia que tiene, en el derecho interno, tanto la Directiva 2011/7 como la doctrina jurisprudencial procedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

A este respecto, reproduce una sentencia anterior del Tribunal Supremo. Se trata de la STS 1.132/2025, de 19 de septiembre. ECLI: ES: TS: 2025: 4057:

"... 3. Incidencia de la Directiva 2011/7 de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Llegados a este punto, debemos reiterar aquí algunas consideraciones que expusimos en nuestra sentencia nº 1132/2025, de 19 de septiembre de 2025 (casación 4575/2022), a la que antes nos hemos referido, en cuanto a la incidencia de la Directiva 2011/7 y de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto llevamos expuesto.

En la Directiva 2011/7 se regula, entre otras cuestiones, el plazo de pago de las facturas correspondientes a los suministros de bienes o a la prestación de servicios en las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos porque se entiende que el retraso en el plazo previsto influye negativamente en la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior (considerando 3 de la Directiva). Atendiendo a esos criterios, la Directiva regula en su artículo 4 las "Operaciones entre empresas y poderes públicos" en los términos trascritos al exponer el marco jurídico de este recurso de casación, de los que resaltaremos lo siguiente:

En primer lugar, que el devengo de los intereses de demora se produce sin necesidad de aviso de vencimiento siempre que el acreedor haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales, así como que no haya recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor (apartado 1 del artículo 4).

Sin perjuicio de esta obligación para los Estados miembros, la Directiva impone otras obligaciones complementarias ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2020, Comisión/Italia, C-122/18 , ECLI:EU:C:2020:41, apartados 41 y 42).

Así, en segundo lugar, la de que los Estados miembros han de velar porque, en las operaciones comerciales en las que el deudor sea un poder público, el plazo de pago no supere ninguno de los plazos que se señalan y la fecha de recepción de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor (apartado 3 del artículo 4), imponiéndose así una obligación específica (sentencia Comisión/Italia, citada, apartado 43).

En tercer lugar, en relación con el plazo máximo para el pago, el mismo se fija en la Directiva atendiendo a las circunstancias que pueden concurrir: con carácter general, 30 días naturales, desde la fecha en la que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente; pero, si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente resulta dudosa, el plazo comienza 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios; si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios; y, finalmente, si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha [apartado 3, letra a) del artículo 4].

En cuarto lugar, respecto de estos plazos máximos, también se impone a los Estados miembros la obligación de velar porque la duración máxima del procedimiento de aceptación o verificación mencionado al final del párrafo anterior -el supuesto previsto en el apartado 3.a).iv) del artículo 4-, no exceda de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción de los bienes o servicios, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y en alguno de los documentos de licitación y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor (apartado 5 del artículo 4), de lo que se sigue que la Directiva no concibe que el procedimiento de aceptación o de comprobación sea inherente a las operaciones concernidas, sino que debe estar expresamente previsto legal o contractualmente y, en estos casos, sujeto a la limitación temporal señalada.

En quinto lugar, en cualquier ocasión, no cabe que en los contratos se fijen plazos de pago más largos que los indicados, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, excedan de 60 días naturales (apartado 6 del artículo 4).

Por último, debemos indicar que esas reglas admiten excepciones, pues los Estados miembros, cumpliendo algunos requisitos, podrán ampliar los plazos señalados, hasta un máximo de 60 días naturales, cuando se realicen determinadas actividades o se presten ciertos servicios, supuestos que aquí no interesan (apartado 4 del artículo 4).

En este contexto normativo hay que situar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de octubre de 2022 , citada, que declaró que se opone al Derecho de la Unión Europea: "Una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturales, incluso cuando ese plazo este compuesto por un plazo inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un periodo adicional de 30 días para el pago del precio acordado".

Ahora bien, no es posible determinar en qué medida la doctrina expuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede afectar a la resolución del caso que estamos examinando por cuanto hemos concluido que el régimen de pago aplicable a favor del contratista es el que se ha regulado y fijado por la voluntad de las partes contratantes en los términos recogidos expresamente en las cláusulas del contrato en el ejercicio de la libertad de pactos entre los contratantes, respetando los límites temporales fijados en la Directiva. En definitiva, en el caso que nos ocupa no se está aplicando el régimen de pago al contratista previsto en una disposición normativa nacional que, según se dice en la sentencia del Tribunal de Justicia, es la que puede ser contraria al Derecho de la Unión Europea cuando concurran en ella las circunstancias que indica";

- por último, fija la doctrina jurisprudencial:

"CUARTO.- Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de admisión del recurso de casación

De conformidad con lo expuesto anteriormente, y a fin de dar respuesta a la cuestión de interés casacional delimitada en el auto de admisión del presente recurso de casación, debemos reiterar lo declarado por esta Sala en sentencia de 19 de septiembre de 2025 (casación 4575/2022), en el sentido siguiente:

El artículo 216.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, permite a las partes de un contrato administrativo fijar en las cláusulas contractuales un régimen de pago al contratista diferente al previsto en el citado precepto siempre que no sea abusivo para el contratista ni tampoco contrario al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración, de transparencia y de eficiencia entendidos como principios esenciales de la contratación en el ámbito del sector público que actúan como límites en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes.

En ningún caso, la libertad de pactos permite a las partes de un contrato administrativo acordar cláusulas que supongan privar a la Administración de la potestad que tiene para realizar los ajustes y las comprobaciones necesarias en relación con los servicios prestados por el contratista antes de proceder a su pago ya que esa facultad supone una manifestación del principio de eficiencia en cuanto al uso óptimo de los recursos públicos en la medida en que pretende apreciar que los servicios prestados se adecuan efectivamente a la ejecución del contrato formalizado.

En relación con el ejercicio de esa potestad por parte de la Administración, las partes de un contrato administrativo únicamente pueden adoptar pactos que supongan reducir el plazo máximo de 30 días previsto en el artículo 216.4 antes citado";

-lo que hace que haya de considerarse inadecuada la tesis por la que aboga, en el procedimiento ordinario 194/2025, la Generalitat.

Y es que el Tribunal Supremo ha dicho, entre otras cosas, que:

"... En tercer lugar, en relación con el plazo máximo para el pago, el mismo se fija en la Directiva atendiendo a las circunstancias que pueden concurrir: con carácter general, 30 días naturales, desde la fecha en la que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente; pero, si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente resulta dudosa, el plazo comienza 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios; si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días naturales después de la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios; y, finalmente, si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha [apartado 3, letra a) del artículo 4]" ( sentencia 1132/2025, de 19 de septiembre. ECLI: ES: TS: 2025: 4057).

De estas afirmaciones, subrayamos la siguiente parte:

"... y, finalmente, si legalmente o en el contrato se establece un procedimiento de aceptación o de comprobación en virtud del cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente a más tardar en la fecha en que tiene lugar dicha aceptación o verificación, 30 días naturales después de dicha fecha [apartado 3, letra a) del artículo 4]";

-la Sra. letrada de la Generalitat no ha alegado siquiera la existencia de una previsión contractualen lo que respecta a la fijación de un determinado plazo (dentro de los treinta días legales máximos para la comprobación de las facturas que, en el marco de la relación contractual que ha dado lugar a la controversia, haya emitido la UTE solicitante de la tutela judicial) de comprobación de las facturas.

Tiempo de comprobación que no puede ser, sin más, el de 30 días desde la presentación de las mismas en el registro (en este caso, como se comprobará infra,desde la firma de las certificaciones de obra por parte del director facultativo de las mismas.

Si no que ha de acomodarse a las exigencias contractuales que, para el concreto vínculo de que se trate, precise el desarrollo de esa actividad.

En el POR 194/2025, y como acabamos de señalar, no hay ninguna cita sobre esta temática de parte del ente público demandado. Que se limita a dar por sentado que de la doctrina jurisprudencial emitida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se deriva que dispone de un plazo total de 60 días para efectuar el pago sin incurrir en demora:

"... La sentencia deja bien claro que la administración cuenta con un plazo de 30 días para comprobar y aprobar la factura y es a partir de esos 30 días, si la comprobación y aprobación no se ha producido antes, cuando se inicia el cómputo para efectuar el pago" (escrito de contestación a la demanda, página 4);

-sin embargo, esta conclusión:

- no se exhala de las sentencias del Tribunal Supremoque han sido mencionadas suprapor esta Sala. Cuando nos encontramos ante un supuesto fáctico como el que muestra el procedimiento ordinario 194/2025 : no hay pacto entre las partes acerca del tiempo al que llega la comprobación de las certificaciones de obra y/o facturas por el dueño del servicio prestado por la UTE formada por Fulton S.A. y Diseo Objetivos de Construcción S.L.;

- la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeaes terminante.

No cabe aplicar, sin otras consideraciones, un plazo añadido de treinta días para su comprobación. Plazo que se adicione, de modo automático (que es lo que se pretende, en el litigio, la Generalitat), a otro, posterior. Que es también de treinta días:

"El artículo 4, apartados 3 a 6, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con carácter general, respecto de todas las operaciones comerciales entre empresas y poderes públicos, un plazo de pago de una duración máxima de 60 días naturaleza, incluso cuando ese plazo esté compuesto por un periodo inicial de 30 días para el procedimiento de aceptación o de comprobación de la conformidad con el contrato de los bienes entregados o de los servicios prestados y por un periodo adicional de 30 días para el pago del precio acordado" ( sentencia del TJUE de 20/10/2022. Asunto C-585/20. ECLI: EU: C: 2022: 806);

- la circunstancia de que el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público no se haya variado,tras la publicación de la STJUE de 20 octubre 2022, no permite dejar de lado la prevalencia que han de otorgar los jueces nacionales a la doctrina emitida por el máximo intérprete del derecho europeo. Prevalencia frente al derecho interno (este artículo de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017).

3.- "... desde la fecha de expedición por el director de la obra de las certificaciones parciales" (escrito de demanda, página 6).

a.- En el escrito de contestación que se ha presentado en los autos 194/2025 se expresa un segundo motivo de oposición al inicio del cómputo de los treinta días con los que contaba la Generalitat para abonar las facturas vinculadas con un contrato de:

"... reforma y adecuación de espacios para realojar cinco resonancias magnéticas correspondientes al Plan Inveat (ampliación) en el Hospital Universitari i Politecnic La Fe de Valencia" (página 1).

Este motivo es el de que ese plazo de treinta días ha de iniciarse desde el día siguiente de la presentación de las facturas en FACe o en el correspondiente registro electrónico de la Generalitat. No, en cambio, en el momento señalado en la demanda. Que es el de aprobación de las correspondientes certificaciones de obra por parte de su director facultativo:

"... El Tribunal Supremo ha fijado doctrina en numerosas sentencias destacando que como diez a quo del cómputo de intereses debe tomarse (a los 30 o 60 días según la normativa aplicable al contrato en cuestión) desde la fecha de expedición por el director de la obra de las certificaciones parciales" (página 6).

Argumento que tampoco es estimado por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ante los términos legales vigentes en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. A tenor del que:

"4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra".

"... el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro electrónico correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio".

b.- Es decir, para los contratos de suministro y de prestación de servicios (y para el resto de los establecidos en la LCSP) es indispensable presentar la factura en FACe, a los efectos de que se inicie el plazo de pago con el que cuenta, para abonar la factura, el ente público contratante.

Éste no es, en cambio, el caso de los contratos de obra.

Donde el inicio de los treinta días señalados en el punto 2 de esta sentencia se produce a partir de la aprobación de las respectivas certificaciones de obra por el director facultativo de la misma:

"4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra" ( artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público) .

"1. A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo (...) cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta" (artículo 240 de esta norma).

Lo que hace que no accedamos al cálculo económico que recoge el informe acompañado al escrito de contestación a la demanda. El informe fue realizado el 25 de mayo de 2025 por el Sr. director general de Gestión Económica, Contratación e Infraestructuras de la Conselleria de Sanidad:

"... asciende a 7.627,32 € (...) El cómputo de los intereses de demora se ha efectuado tomando como fecha de inicio la fecha de registro de las facturas, en el Registro Único de Facturas de la Generalitat Valenciana, más 30 días y la fecha fin la de cobro aportada por la empresa, siguiendo los criterios fijados por el TSJCV".

4.- "... intereses legales (...) desde la admisión a trámite del presente recurso contencioso-administrativo" (escrito de demanda, página 9).

La fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora sobre los intereses reclamados en el suplico del escrito de demanda se puede situar, desde luego, en la fecha de presentación del recurso contencioso-administrativo.

Y es que la deuda de intereses dispone del preciso, ineludible, rasgo de liquidezen el momento de presentarse el recurso contencioso-administrativo. Circunstancia que permite hacer coincidir el momento de inicio del anatocismo - o generación de intereses sobre la propia cuantía inicial de aquellos (intereses) primeramente debidos a consecuencia del pago tardío de una serie de certificaciones por una obra vinculada a la Conselleria de Sanidad (Hospital la Fe), con la fecha de presentación del recurso contencioso-administrativo 194/2025.

5.- "... 40,00 euros en concepto de indemnización por gastos de cobro" (escrito de demanda, suplico).

Es certero que la UTE formada por Fulton S.A. y Diseo Objetivos de Construcción S.L. cuenta con el derecho a obtener este importe por los costes de cobro de la deuda en relación con la que se ha seguido la actual controversia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 Ley Jurisdiccional, se atribuye el pago de las costas procesales a la Generalitat. Su importe total es el de 1.200 €.