Sentencia Contencioso-Adm...e del 2025

Última revisión
18/03/2026

Sentencia Contencioso-Administrativo 4552/2025 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2530/2021 de 11 de diciembre del 2025

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Orden: Administrativo

Fecha: 11 de Diciembre de 2025

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda

Ponente: NESTOR PORTO RODRIGUEZ

Nº de sentencia: 4552/2025

Núm. Cendoj: 08019330022025100566

Núm. Ecli: ES:TSJCAT:2025:7250

Núm. Roj: STSJ CAT 7250:2025


Encabezamiento

-

Sala Contenciosa Administrativa Sección Segunda de Cataluña

Vía Laietana, 56, 2a planta - Barcelona - C.P.: 08003

TEL.: 933440020

FAX: 933440021

EMAIL:salacontenciosa2.tsj.barcelona@xij.gencat.cat

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0663000085025021

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sala Contenciosa Administrativa Sección Segunda de Cataluña

Concepto: 0663000085025021

N.I.G.: 0801933320210004703

N.º Sala TSJ: DEMAN - 2530/2021 - Procedimiento ordinario - 250/2021-D1

Materia: Urbanismo/Planeamiento

Parte recurrente/Solicitante/Ejecutante: Maite

Procurador/a: Antonio Cortada Garcia

Abogado/a:

Parte demandada/Ejecutado: CONSORCI PARC DE COLLSEROLA, DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Procurador/a: Angel Quemada Cuatrecasas

Abogado/a: Marta Borràs Ribó

Abogado/a de la Generalitat, Abogado/a de la Generalitat, Letrado/a de Corporación Municipal, Letrado/a de Corporación Municipal

SENTENCIA Nº 4552/2025

Magistrados/Magistradas:

Isabel Hernández Pascual Jordi Palomer Bou Montserrat Figuera Lluch Néstor Porto Rodríguez

Barcelona, a fecha de la última firma electrónica.

Ponente:Magistrado Néstor Porto Rodríguez

Antecedentes

PRIMERO.- Por el procurador D. ANTONIO CORTADA GARCÍA, se interpuso en nombre y representación DÑA. Maite contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Comisión de Territorio de Cataluña de fecha 22-12-2021 que aprobó la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el área del Parque natural de la sierra de Collserola, municipio de Esplugues de Llobregat, publicado en el DOGC núm. 8340 de fecha 12-2-21 (expediente: NUM000).

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derechos que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación del acto objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Se abrió la prueba mediante Auto y, verificada la misma según obra en autos, se continuó el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes y, finamente se señaló día y hora para votación y fallo que tuvo lugar en la fecha fijada.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto del recurso.

Por el procurador D. ANTONIO CORTADA GARCÍA, se interpuso en nombre y representación DÑA. Maite recurso contencioso- contra el Acuerdo de la Comisión de Territorio de Cataluña de fecha 22-12-2021 que aprobó la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el área del Parque natural de la sierra de Collserola, municipio de Esplugues de Llobregat, publicado en el DOGC núm. 8340 de fecha 12-2-21 (expediente: NUM000).

SEGUNDO.- La posición de las partes.

2.1.- la demanda.

La actora, considera que la resolución recurrida no es ajustada a derecho y ello con sustento en los siguientes motivos.

-Nulidad del planeamiento impugnado, por no haberse incorporado al expediente, ni tenido en cuenta por la Administración, al elaborar la disposición impugnada, el mapa de capacidad acústica de Sant Cugat del Valles, con infracción de lo prevenido en el artículo 9.7 de la ley del Ruido de Cataluña.

-Infracción de los artículos 9, apartados 1 y 3, y 103.1, todos ellos de la Constitución, por falta de motivación, falta de imparcialidad, quiebra de la seguridad jurídica y lesión de los intereses generales, al aprobar la Administración demandada el impugnado planeamiento estableciendo las previsiones urbanísticas siguientes, las cuales resultan arbitrarias, y cuya aplicación por el mismo planeamiento a la finca de autos, la priva de los usos de equipamientos, tanto vinculados como emplazados, entre ellos el de casino, así como de los usos de restaurante y hotel.

Las previsiones urbanísticas antedichas se refieren a la exclusión del uso de equipamiento, incluido el de casino; arbitraria exclusión del uso de restaurante; arbitrariedad de las exigencias de superficie y localización de las fincas destinadas a restaurante y equipamientos, evidenciada por el contraste de tales exigencias con la situación en el parque en las fincas catalogadas y la exclusión del uso hotelero del Casino y Gran Hotel.

-Infracción de principio de legalidad en la actuación administrativa, proclamado en los artículos 1, 9.1, 10, 103.1 y 106.1 de la Constitución, al existir disconformidad entre la impugnada MPGMCo y el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, lesionándose además el derecho de propiedad proclamado en el artículo 33 de la Carta Fundamental, incumpliéndose por el planeamiento, respecto la finca de autos, incluso las propias previsiones de la disposición general impugnada.

-Lesión del principio de no discriminación, proclamado en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en relación con el artículo primero del Primer Protocolo Adicional a dicho convenio, aprobado por el Convenio de París.

Por todo lo anterior, según el petitumde la demanda, la actora solicita que el Tribunal estime el recurso y declare la nulidad de la Modificación puntual del Plan general metropolitano en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Collserola, porque en la elaboración de la MPGM no se ha tenido en cuenta el mapa de capacidad acústica del municipio de Sant Cugat del Vallès. 16/2002 del ruido de Cataluña.

De forma subsidiaria,

- se anule la MPGM en cuanto a la exigencia de que las fincas catalogadas del parque natural de la Sierra de Collserola tengan "buen acceso a través del transporte público" o se encuentren situadas dentro de una zona amortiguadora de 400 metros a partir del borde exterior del parque natural para poder destinarla a los usos de equipamiento de titularidad privada o a uso de restaurante.

-se anule la MPGM en cuanto a la exigencia de que las fincas catalogadas deban tener 15 ha de superficie, para ser destinadas al uso de restaurante.

??-se anule la MPGM en cuanto a la exclusión del uso hotelero de todas las fincas catalogas del parque.

Asimismo, solicita como situación jurídica individualizada, en caso de estimarse las pretensiones anulatorias mencionadas, se declare el derecho de la actora a destinar la finca al uso urbanístico de equipamiento vinculados a restaurante, casino y hotel haciéndolo constar en la correspondiente ficha del catálogo.

2.2.- La oposición.

Se opone a la demanda la Generalitat de Catalunya, el Área metropolitana de Barcelona y el Consorci Parc de Collserola que, alegando extemporaneidad en la presentación del recurso, rechazan sus motivos e interesa la desestimación de la demanda, con condena en costas. El Ayuntamiento de Sant Cugat no contestó.

TERCERO.- Sobre la inadmisibilidad del recurso.

Con carácter previo, es preciso abordar la causa de inadmisibilidad alegada por los demandados consistente en la extemporaneidad del recurso interpuesto.

El objeto del presente recurso es el acuerdo de la Comisión Territorial de Cataluña 22 de diciembre de 2020 que se aprobó de forma definitiva la modificación puntual del Plan general metropolitano en el ámbito del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Este acuerdo fue publicado en el DOGC 8340, de 12 de febrero de 2021.

Conforme al artículo 46.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo es de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación o notificación. Por su parte, el artículo 69.e) de la misma Ley jurisdiccional establece que es inadmisible el recurso en que se hubiera presentado el escrito inicial fuera del plazo establecido.

La actora alega que se le notificó de forma individual por vía electrónica dicho acuerdo en fecha 7 de julio de 2021 e interpone el presente recurso en fecha 23 de julio de 2021, por tanto, dentro del plazo desde 2 meses que prevé el artículo 46 de la LRJCA.

Sin embargo, la Generalitat y el resto de codemandados, entienden que esta alegación no puede prosperar porque la MPGM es una disposición de carácter general y como tal debe ser publicada en el DOGC, por lo que no es necesaria la notificación individual. En consecuencia, consideran que es extemporáneo al haberse interpuesto el recurso pasados los dos meses desde su publicación.

Pues bien, analizadas las actuaciones, la Sala observa que el acto administrativo ahora recurrido fue, en efecto, notificado individualmente. Y en dicha notificación la propia administración dio pie de recurso, indicando al ahora recurrente: "Contra aquest acord, que es refereix a una disposició administrativa de carácter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de I endemà de la seva notificació o publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l article 112.3 de la Llei 39/2015, d 1 d octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la posibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu article 44 de la 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa."

Por consiguiente, alegar ahora la inadmisibilidad del recurso es rechazable y va en contra de sus propios actos. Y es que, como ya dijo nuestro Tribunal Supremo, (STS 13-7-12, Rec. 3567/2008 o STS 23-10-2012, Rec. 2741/2001) aunque la eficacia de las disposiciones generales no requiere de su notificación a los destinatarios, si la notificación se produjera, habrá de estarse a la fecha de la misma, en aplicación del principio de que los errores de la Administración no pueden causar perjuicio a los administrados.

CUARTO.- Sobre la cuestión de fondo.

4.1.- Sobre la vulneración de la Llei 16/2022, de 28 de juny de protección contra la contaminación acústica.

La actora solicita la nulidad de la MpPGM por no haber tenido en cuenta el mapa de la capacidad acústica de Sant Cugat del Vallés. Tal alegación no debe prosperar.

En primer lugar, la actora no ha indicado qué determinaciones o en qué modo la MPGM incide o perjudica la sensibilidad acústica. Lo anterior ya sería suficiente para rechazar el presente motivo.

Además, debemos tener en cuenta, por una parte, que la MPGM se muestra respetuosa con la ordenanza municipal de usos y olores de Sant Cugat. Por ello, la Modificación prevé que los usos de las fincas catalogadas con más perturbaciones se ubiquen hacia el borde externo del parque o bien cerca de infraestructuras de transporte colectivo de viajeros. Lo anterior coincide con la zona de sensibilidad moderada de la Ordenanza de Sant Cugat y busca el objetivo de concentrar los usos y evitar extender a la totalidad del parque las perturbaciones acústicas vinculadas a determinados usos como equipamientos o restaurantes, siendo ello coincidente con la zona de sensibilidad acústica alta de la ordenanza de Sant Cugat.

Por otra parte, como advirtió la Generalitat, consta informe -aportado con la contestación- de fecha 21 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Calidad Ambiental en relación al vector acústico, informando favorablemente en relación con la contaminación acústica y lumínica, con algunas prescripciones a tener en cuenta en relación al cumplimiento de la Ley 16/20 el Decreto 190/2015, de 25 de agosto, que establece los condicionantes y prescripciones que deben cumplir las instalaciones.

4.2.- Sobre las determinaciones de la MPGM y su posible disconformidad a derecho.

Como contexto, cabe destacar que la actora es propietaria de la finca registral NUM001 ( de superficie registral 7,33 ha) ubicada en la carretera de la Arrabassada, km 6,5 dentro del término municipal de Sant Cugat del Vallés. Dentro de la finca se encuentran los restos arquitectónicos del antiguo Casino y Gran Hotel de la Arrabassada. La finca forma parte del parque natural de la Sierra de Collserola aprobado por el Decreto 146/2010, de 19 de octubre.

La MPGM impugnada otorga a la finca la clave 29co-Sistema de Parque Forestal de

Collserola- y admite como único uso el de taller artístico y despacho profesional y excluye la posibilidad de ser destinada a centro de equipamientos, restaurante y hotel, así como casino, que sería el uso propio teniendo en cuenta la naturaleza, valores y características de la finca. La finca está incluida en el Catálogo de masías y casas rurales de la MPGM (ficha SCU.011) que consta en las páginas 272 a 275 del Catálogo de masías y casas rurales de la MPGM.

Pues bien, debemos comenzar señalando que no apreciamos que exista disconformidad entre la impugnada MPGM y el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, ni tampoco con las propias previsiones de la disposición general impugnada. En este sentido, no debemos perder de vista que solo se ha incluido una de las construcciones en el catálogo, al considerarse recuperable, mientras que las construcciones del antiguo Casino son actualmente ruinas sin que se puedan reconocer los volúmenes originales (como consta en la ficha correspondiente) y se encuentran afectadas por la servidumbre de carreteras, con las consecuencias que todo ello supone. Igualmente, debe tenerse presente que se trata de un ámbito declarado Parque Natural e identificado por el PTMB como un espacio de protección especial y muy próxima a la reserva natural parcial de la Font Groga. Ante tales circunstancias, las limitaciones resultan lógicas a fin de hacer compatibles las posibles actividades con la protección de los valores medioambientales.

La actora, entre otros motivos, alega que es arbitrario que la MPGM limite los usos de restaurante y equipamientos. Y también considera arbitrario que se excluya el uso hotelero en las fincas catalogadas del parque. En relación con lo anterior, la Sala no comparte los argumentos que han sido expuestos por la recurrente ni las conclusiones de su perito, que no han sido corroborados por una pericial judicial ni cuentan con la imparcialidad necesaria para poder desvirtuar los informes técnicos.

En cuanto a la superficie mínima de la finca exigida para el uso de restaurante, que es de 15 hectáreas, en primer lugar cabe decir que en la página 363 y ss de la Memoria de la MPGM existe un apartado titulado "Justificación de los criterios para la determinación de los usos en las construcciones del catálogo" en el que se enumeran usos en las construcciones del catálogo, con el fin de mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de forma compatible con la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos, el control de las perturbaciones y la gestión sostenible del uso social. Literalmente dice:

"Justificació dels criteris per a la determinació dels usos a les construccions del cataleg

Per a la determinació dels usos admesos en cadascuna de les edificacions s'han considerat diversos aspectes que obeeixen a la voluntat de mantenir i millorar el patrimoni arquitectonic, historic i cultural, de manera compatible amb l'assoliment dels objectius següents: la preservació de la biodiversitat, el manteniment dels processos ecològics i el control de les pertorbacions; el coneixement i la valorizació dels serveis ecosistèmics; l'establiment d'una gestió activa i adaptativa basada en models de col laboració público-privats; i la gestió sostenible de l'ús social i la promoció de l'acés al Parc a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la trama urbana.

Els aspectes considerats són els següents:

? ??Accessibilitat: s'ha tingut en compte la distancia fins a la xarxa viaria básica, atès que alguns dels usos, per l'afluència de persones que generen, requereixen disposar d'un bon accés rodat.

? ??Proximitat a zones sensibles: les zones sensibles considerades comprenen les reserves naturals parcials i la xarxa hídrica. La preservació i millora dels valors ecològics, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics d'aquestes zones requereix que es restringeixin els usos amb un major nivell de pertorbacions.

? ??Dimensió de finca: l'exigència d'una dimensió de finca mínima obeeix a dues consideracions complementaries. D'una banda, s'exigeix una finca mínima als usos que potencialment poden estendre's fora de l'edificació pel seu impacte sobre el medi natural.

Així, s'ha tingut en compte l'ocupació de l'entorn amb activitats i/o instal lacions vinculades a l'ús admès a l'edificació. D'altra banda, en coherència amb l'establiment d'una gestió activa basada en models de col laboració público-privats, s'ha vinculat l'admissió de l'ús amb una gestió de la finca que aporti valor al Parc.

La implantació dels usos que requereixin una dimensió de finca mínima comportaran l'aprovació d'un pla de gestió de la finca. Les úniques excepcions considerades són l'habitatge familiar, per la seva menor incidència en l'espai obert, i els equipaments vinculats, doncs es tracta d'equipaments que per la seva naturalesa ja aporten un valor contrastable al Parc.

? ??Interès arquitectònic i superfície construida: s'ha considerat també la superfície construida de l'edificació, així com la seva inclusió als catalegs de patrimoni municipal i a l'inventari de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per l'interès social de mantenir i rehabilitar aquestes edificacions i els seus valors.

? ??Ubicació a la vora externa del Parc: els usos que poden generar més afluència de visitants i un major impacte ambiental (restaurants, equipaments emplaçats i equipaments vinculats oberts al públic) requereixen estar situats a la vora externa del Parc, a prop dels teixits urbans circumdants, o bé tenir un bon accés a través del transport públic (parades del ferrocarril del Vallès) amb la finalitat de minimizar la mobilitat rodada i evitar la implantació de nous usos amb un impacte important als espais més sensibles situats a l'interior de la Serra.

? Especificitats segons l'ús: s'han considerat altres requeriments establerts per la normativa urbanística i sectorial, en relació amb 'ús d'habitatge i allotjament rural, així com els requeriments propis dels programes funcionals dels usos previstos.

En base a aquests aspectes s'han establert uns criteris per a cadascun dels usos admesos amb carácter general. Aquests criteris han permès assignar els usos a cadascuna de les edificacions incloses al catàleg. Tanmateix, a l'hora d'assignar els usos també s'ha tingut en compte: els usos admesos pel planejament derivat aprovat definitivament i els usos existents a les edificacions, amb la finalitat de compatibilitzar les propostes de la MPGM amb els plans especials vigents i la realitat existent consolidada; i d'altres circumstáncies particulars com, per exemple, la ubicació de l'edificació en un ambit d'interés per a la connectivitat ecològica o 'interès públic de destinar una edificació com a equipament al servei del Parc Natural.

A continuació s'enumeren i es justifiquen els criteris esmentats anteriorment per a cadascun dels usos admesos.

Habitatge familiar

S'admet l'ús d'habitatge en aquelles construccions que són o han estat habitatge familiar. El comput global d'edificacions on s'admet l'habitatge familiar ascendeix a 184, xifra que representa el 92% de les edificacions incloses en el cataleg de masies i cases rurals (veure diagrama 33).

Ús artesanal

S'admet l'ús artesanal en totes les edificacions incloses en el cataleg, en coherencia amb la regulació del sistema de parc forestal de Collserola (clau 29co) i d'acord amb l'objectiu de mantenir i adequar les activitats de producció de béns orgánics i fomentar l'economia verda, atès que es tracta d'un ús directament vinculat amb l'activitat rústica. Per tant, el comput global d'edificacions on s'admet aquest ús és de 199, xifra que representa el 100% de les edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals.

Activitats artístiques i professionals

S'admeten les activitats artístiques i profesionals en aquelles edificacions incloses en el cataleg amb unes característiques mínimes pel que fa a l'impacte en relació a les zones sensibles i la unitat de finca. Així, amb carácter general aquestes construccions han de trobar-se ubicades en finques superiors a les 3 hectárees, fora de les reserves naturals parcials i la seva zona d'influencia (calculada a partir d'un buffer de 100 metres). El comput global d'edificacions on s'admeten aquests usos ascendeixen a 88, xifra que representa el 44% de les edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals (veure diagrama 34).

Turisme rural

El turisme rural s'incorpora com a ús admès pel seu potencial en relació al coneixement i valorizació dels serveis ecosistèmics que ofereix el Parc. En aquest sentit, pren importància la dimensió mínima de la finca, ja que aquest ús es vincula a la conservació del medi ambient i el respecte per la natura i s'entén com un complement als ingressos de l'explotació agraria. S'ha acotat també la previsió d'aquest ús a aquelles edificacions que comptin amb més de 500 metres quadrats de superficie construida, donats els requeriments del seu programa funcional. Pel que fa a la ubicació en relació a les zones sensibles, s'apliquen els mateixos criteris generals que en les activitats artístiques i professionals. Les úniques diferències són la dimensió de la finca mínima, que es fixa en 10 hectarees, i altres especificitats regulades a la normativa sectorial, com la tipologia arquitectónica i l'antiguitat de l'edificació (anterior a 1950).

El comput global d'edificacions on s'admet l'allotjament rural ascendeix a 46, xifra que representa el 23% de les edificacions incloses en el cataleg de masies i cases rurals (veure diagrama 35).

Restauració

Donada la gran afluència de públic i la mobilitat que generen els restaurants, cal potenciar l'accés a aquestes dotacions a través del transport públic, a peu o en bicicleta des de la trama urbana.

Per aquest motiu, i per tal de reforçar la concentració de l'ús públic en determinats ambits, aquestes edificacions s'han de situar a la vora externa del Parc o han de ser accesibles amb transport públic (parades del ferrocarril del Vallès).

Pel que fa als accessos, de manera similar a tots els usos on es preveu l'assistencia d'un gran nombre de visitants, s'estableix que les construccions amb ús de restauració han de comptar amb un camí d'accés que tingui un recorregut inferior als 300 metres des de la xarxa viària básica.

Quant a les zones sensibles del Parc, atès l'impacte potencial d'aquest ús (que s'estén més enllà dels espais interiors per tal de gaudir dels beneficis que reporta un entorn natural) s'ha considerat la proximitat tant a les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència, com a la xarxa hídrica i la seva zona d'influència. Així mateix, es fixa la finca mínima en 15 hectárees per tal de concentrar aquest ús en les grans finques del Parc, assegurant la seva gestió i manteniment.

Excepcionalment, s'admet també l'ús de restauració en aquelles construccions de gran valor patrimonial que compleixen amb tots els criteris esmentats però que no compten amb una unitat de finca suficient. Es tracta de construccions on l'edificació principal compta amb més de 1.000 metres quadrats de superfície construida i que han estat incloses en el cataleg de bens a protegir del municipi. Aquesta excepció obeeix a la voluntat de posibilitar els objectius esmentats a l'inici de l'apartat, entenent que, en aquest cas, l'establiment d'una gestió activa basat en models de col laboració público-privats no faria referència a la gestió de la finca sinó a la de la pròpia edificació patrimonial.

El comput global d'edificacions on s'admet l'ús de restaurant, tant si es tracta d'un nou ús com del manteniment d'un restaurant existent, ascendeix a 22, xifra que representa el 11% de les edificacions incloses en el cataleg de masies i cases rurals (veure diagrama 36).

Equipaments i serveis comunitaris

Tal i com s'ha esmentat anteriorment, la MPGM distingeix entre els equipaments vinculats i els equipaments emplaçats; i entre els equipaments vinculats no oberts al públic (A) i els equipaments vinculats oberts al públic (B).

Els equipaments emplaçats són aquells que no aporten necesariament un valor directe al

Parc i que són generadors potencials d'una elevada mobilitat. Així doncs, de manera similar als restaurants, les edificacions on s'admet 'ús d'equipament emplaçat han de comptar amb un camí d'accés amb un recorregut inferior als 300 metres des de la xarxa viària básica; i han d'estar situades a la vora externa de la Serra o han de ser accessibles amb transport públic, amb la finalitat de disminuir les pertorbacions associades a la mobilitat rodada i potenciar l'accés a aquestes dotacions a través del transport públic. Pel que fa a les zones sensibles del Parc, s'han considerat les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència.

Quant a la dimensió de la finca, s'estableix una grandaria mínima de 10 hectárees.

Finalment, també s'exigeix que l'edificació tingui interès arquitectònic.

El comput global d'edificacions on s'admet l'ús d'equipament emplaçat ascendeix a 33, xifra que representa el 17% de les edificacions incloses en el catàleg de masies i cases rurals (veure diagrama 37).

Els equipaments vinculats oberts al públic (B), a diferència dels d'accés restringit, són també generadors potencials d'una elevada mobilitat. Així doncs, de manera similar als restaurants i els equipaments emplaçats, les edificacions on s'admet l'ús d'equipament vinculat tipus B han de comptar amb un cami d'accés amb un recorregut inferior als 300 metres des de la xarxa viaria basica; i han d'estar situades a la vora externa de la Serra o han de ser accesibles amb transport públic. Quant a les zones sensibles del Parc, s'han considerat les reserves naturals parcials i la seva zona d'influència. També s'exigeix que l'edificació tingui interès arquitectónic. Per últim, en relació amb la dimensió de la finca, no es fixa una dimensió mínima donada la naturalesa del seu programa funcional, intimament relacionat amb la preservació, millora i difusió dels valors de la Serra.

El comput global d'edificacions on s'admet l'ús d'equipament vinculat tipus B ascendeix a 69, xifra que representa el 35% de les edificacions incloses en el cataleg de masies i cases rurals (veure diagrama 38).

Els equipaments vinculats al Parc d'accés restringit (A), pel seu impacte menor en el global de l'espai protegit, aixi com el seu interès públic, social o comunitari, tenen uns requeriments menys exigents que no pas els restaurants o la resta d'equipaments. Per això, i tenint en compte que en l'ambit del Parc hi ha diverses edificacions de titularitat pública que podrien acollir equipaments propis de l'espai natural, aquest ús s'admet a totes les edificacions que reuneixen els criteris dels equipaments vinculats oberts al públic (B) més les edificacions de titularitat pública.

El comput global d'edificacions on s'admet l'ús d'equipament vinculat tipus A ascendeix a 92, xifra que representa el 46% de les edificacions incloses en el cataleg de masies i cases rurals (veure diagrama 38)."

En particular, respecto a la dimensión de la finca, en página 207 de la Memoria, se expone que esta exigencia obedece a dos consideraciones complementarias. Por una parte, se exige una finca mínima a los usos que potencialmente pueden extenderse fuera de la edificación por su impacto sobre el medio natural. Por otra parte, se ha vinculado la admisión de uso con una gestión de la finca que aporte valor al Parque.

En cuanto al uso de restaurante, en la página 210 de la Memoria, se expone que, dada la gran afluencia de público (muy concentrada en determinadas franjas horarias y días de la semana) y la movilidad que generan los restaurantes, se quiere potenciar el acceso a estas dotaciones a través del transporte público, a pie o en bicicleta. Por este motivo, y para reforzar la concentración del uso público en determinados ámbitos, estas edificaciones deben situarse en el borde externo del Parque (cerca de los tejidos urbanos circundantes) o deben ser accesibles en transporte público (paradas del ferrocarril del Valles).

En cuanto al tamaño de la finca, se ha establecido en proporción al impacto de las actividades permitidas. Con ello, la finca mínima de 15 hectáreas, se fija para concentrar este uso en las grandes fincas del Parque, asegurando su gestión y mantenimiento, y obtener una contrapartida de un uso que genera un impacto y se encuentra poco ligado a un Parque Natural.

Respecto al uso de turismo rural, la MPGM establece una exigencia de finca menor (10 hectáreas) porque se trata de un uso que genera muchas menos perturbaciones que el de restaurante, dado que está muy acotado por la legislación sectorial (número máximo de 15 plazas), a la vez que está más relacionado con un espacio natural y, por tanto, tiene un mayor encaje en el Parque. Por otra parte, el uso de turismo rural está vinculado a la conservación del medio ambiente, el respeto por la naturaleza y la educación ambiental, por lo que se permite desarrollar este uso en edificaciones que no necesariamente deben estar situadas en el borde externo del Parque.

En cuanto a la posibilidad de admitir el uso de restaurante en la edificación del antiguo Casino de la Arrabassada incluida en el catálogo de masías, no se considera adecuado dado que no se cumplen los siguientes criterios: la edificación no se encuentra en el borde externo del Parque o conectada requisito de finca igual o superior a 15 hectáreas.

En relación con la posibilidad de admitir el uso de equipamiento vinculado y emplazado en la edificación del antiguo Casino de la Arrabassada, incluida en el catálogo de masías, cabe decir que, al igual que con los restaurantes, se han establecido una serie de criterios para admitir este uso, que también tiene un fuerte impacto en su entorno cercano por la afluencia de público y la movilidad que genera y además porque se trata de un uso poco ligado a un Parque Natural. En este sentido, no se considera adecuado admitir este uso en la edificación mencionada dado que no se cumplen los siguientes criterios: la edificación no se encuentra en el borde externo del Parque o conectada con transporte público (paradas del ferrocarril del Vallès) y no cumple con el requisito de finca igual o superior a 10 hectáreas (en el caso del uso).

En consecuencia y por las razones expuestas debemos rechazar la arbitrariedad en los términos y respecto a las cuestiones que ha defendido la actora.

Finalmente, se defiende también en la demanda que existe discriminación respecto de otras fincas catalogadas a las que se les atribuye más usos. En relación con esta cuestión, debemos rechazar la existencia de discriminación alguna pues, aunque ciertamente existen otras fincas también catalogadas a las que se les atribuyen más usos, ello no supone per sediscriminación en la medida en que la actora no ha acreditado la existencia de una finca similar en cuanto a estado, ubicación y conservación a la que se le hayan atribuido más usos. Ello resulta capital pues solo podría admitirse tal discriminación si ante similar situación fáctica, se atribuyeran más o distintos usos. Además, no existe en el catálogo ninguna finca a la que se atribuyan los usos de casino u hotel.

Al no haberse estimado ninguno de los argumentos de la actora, no cabe el reconocimiento de situación jurídica individualizada alguna.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso interpuesto.

QUINTO.- Costas.

En cuanto a las costas, el artículo 139 LJCA establece que en primera o única instancia el órgano jurisdiccional al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, lo que no sucede en el caso que nos ocupa, si bien haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.4 LJCA y teniendo en cuenta las características y el contenido del presente pleito, se limitan las mismas a la cantidad de 3.000€ por todos los conceptos.

Fallo

1º.- RECHAZARla causa de inadmisibilidad.

2º.- DESESTIMARel recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal DÑA. Maite, contra el Acuerdo de la Comisión de Territorio de Cataluña de fecha 22-12-2021 que aprobó la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el área del Parque natural de la sierra de Collserola, municipio de Esplugues de Llobregat, publicado en el DOGC núm. 8340 de fecha 12-2-21 (expediente: NUM000).

3º.- IMPONERa la parte actora las costas causadas en la presente instancia, si bien limitadas a la cantidad de 3.000€ por todos los conceptos.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe deducir, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3ª, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 89.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las persones físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, a la que remite el art. 236 bis de la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, hago saber a las partes que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina judicial, donde se conservarán con carácter confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que tiene encomendada y bajo la salvaguarda y la responsabilidad de la misma y en donde serán tratados con la máxima diligencia.

Así se acuerda y firma.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que, como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

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