Sentencia Contencioso-Administrativo 570/2025 Tribunal Superior de Justicia de Murcia . Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 398/2022 de 11 de diciembre del 2025

PRIMERO. - Alega la mercantil actora que se opone a la resolución impugnada por los siguientes motivos:

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA DE MOTIVACIÓN.

La resolución del presente expediente no contiene motivación alguna, de la que se pueda deducir por qué se han desestimado las alegaciones del recurrente alegando esa paradójica frase de

"este tipo de infracciones daña muy considerablemente los recursos hídricos de la cuenca del Segura, y perjudica con su realización los derechos de terceros adquiridos válidamente en las concesiones y autorizaciones, por lo que al evidente beneficio económico del denunciado, se debe tener presente el grave perjuicio al interés general y a la protección del dominio público hidráulico, que conlleva estas actuaciones, ya que nuestra cuenca es muy deficitaria en recursos hídricos; la alarma social que crea las repetidas situaciones de sequía, la creación de nuevas zonas de regadío sin autorización, incrementando la demanda de agua y las detracciones sin autorización."

LA ADMINISTRACIÓN DEBE PROBAR EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE PARA EXIGIR UNA INDEMNIZACIÓN.

La indemnización aquí discutida se ciñe a "haber ocasionado daños al dominio público hidráulico cuantificados en 3.969,86 euros.

Sin embargo, olvida que la administración debe probar el daño al medio ambiente para exigir una indemnización, citando a estos efectos la SENTENCIA 1435/2022, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de 21 de abril de 2022 (STSJ CAT 7371/2022 - ECLI:ES: TSJCAT:2022:7371).

No puede presumirse el daño sino simple y llanamente ha de acreditarse

No resulta acreditado suficientemente que se hubiese perjudicado o se pueda perjudicar la calidad de las aguas del acuífero; debiendo tenerse en cuenta que el acuífero ya está perjudicado por sobreexplotación, desconociéndose todas las causas de esta sobreexplotación y en qué medida la concreta actuación de la sancionada ha contribuido a ello; y como los peritos en la materia (Sr Ruperto Jefe de la Sección Técnica), en relación a determinar si se ha perjudicado o se puede perjudicar, la calidad de las aguas del acuífero, ya que el Sr Ruperto se limita a un simple cálculo matemático sin prueba alguna ni informe alguno, en contra de estudios científicos que, en el caso de autos no se ha realizado

La Administración no puede limitarse a aplicar fórmulas para valorar cuantitativamente los daños concretos causados, porque faltaría el presupuesto previo de la prueba de un daño real, aún más cuando la CHS se limita a multiplicar dotación x superficie x tiempo, eludiendo la obligación de realizar un estudio de detalle que permitiera determinar en qué medida el exceso de extracción de agua por la sancionada provocaría un daño al dominio público.

FALTA DE HECHO PUNIBLE

En el hipotético caso de entenderse que este tipo de infracciones daña muy considerablemente los recursos hídricos de la cuenca del Segura, debería de valorarse que los caudales utilizados provenientes de aguas desaladas y reutilizadas al encontrarse dentro de la denominada Unidad de Demanda Agraria (UDA) nº 57 denominada: resto campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, depuradas y desalinizadas, no vendría hacer otra cosa que beneficiar a los acuíferos, ya que parte del agua utilizada es absorbida por la planta y otra parte por el contrario es filtrada al terreno y en consecuencia termina en los acuíferos mejorando, por tanto, cualitativamente como cuantitativamente a éste y en el caso de no llegar al acuífero por la profundidad de éste, lo que se mejora es el suelo evitando la erosión y desertización a la que tan acostumbrados estamos en el Sureste español.

La presunción de actuar conforme a la ley en la compra de volúmenes de agua provenientes de la Desaladora de ACUAMED (consta como doc. 21 del E.A. facturas de compra de caudales) y utilizarlos en el riego de las parcelas que además han se han puesto en conocimiento tanto de ACUAMED, como de la propia CHS en la tramitación de los expedientes concesionales, además de probar la buena fe del usuario, debe extinguir la posible responsabilidad administrativa usuario en virtud del principio de confianza legítima y de la institución legal del error invencible establecida en nuestro Código Penal ( Artículo 14 de Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Mi representado ha realizado en confianza absoluta en la legalidad del suministro unas inversiones muy cuantiosas desde el pago del derecho de acometida, la red secundaria de distribución y la adaptación de las fincas al uso agroalimentario con agua desalada. La Administración es responsable del funcionamiento anormal de los servicios públicos, así como el daño emergente y el lucro cesante, que pueden producirse por la transgresión de la buena fe contractual y la vulneración de tantos principios administrativos, que culminado con una orden del cese del suministro.

AUSENCIA DE TIPICIDAD

De la misma manera la siguiente cuestión a dilucidar, es la referida a la violación del principio de presunción de inocencia, debido a que primeramente ya ha quedado demostrada la INEXISTENCIA de daño al dominio público unido a la INEXISTENCIA de infracción, al entender que la conducta imputada al actor incurre en infracción o vulneración de la norma invocada por parte de la Administración. En efecto, el artículo 116.3.a) y g) de la Ley de Aguas, establece que:

a) Las acciones que causen daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas.

g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga.

No consta en el expediente administrativo ningún tipo de prueba objetiva, directa o indiciaria, que permita concluir a la Autoridad demandada que el actor hubiere primeramente causado daños al medio ambiente ante una captación ilegal o abusiva, este Organismo de Cuenca.

Limitándose la mínima comprobación, a un mero hecho de deducción contrario absolutamente al Principio de Presunción de Inocencia, y no siendo problema para la incoación de expediente sancionador la falta de rigor mencionada, incluyendo y obviando que la citada mercantil Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) y la propia Confederación Hidrográfica del Segura, pertenecen ambas al Ministerio de Medio Ambiente, siendo del todo ágil y rápido la consecuente comprobación por la propia Confederación de los hechos indicados y relacionados en el presente sancionador, tanto por el hecho de las debidas solicitudes a instancia de la citada mercantil recurrente ya fuere de autorizaciones administrativas concesionales (Expdte CSR), como aquellas denominadas Solicitudes de Autorización Temporal (Expdte ASV) en base al R.D. 365/2015, de 8 de mayo, prorrogado por el real Decreto 335/2016, de 23 de septiembre, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de recursos hídricos, en este caso procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco, todo ello cumpliendo el art. 6 del citado R.D. 365/2015, de 8 de mayo.

INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Nos encontramos con una sanción de 13.232,85 euros, además de 3.969,86 de daños al dominio público hidráulico, absolutamente desproporcionada a los hechos imputados. En primer lugar, porque la Administración impone una sanción sin tener en cuenta el artículo 117 de la Ley de Aguas que establece que las infracciones se calificarán atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, teniendo en cuenta que se trata de una parcela reconocida por la propia CHS como "regadíos caracterizados" e incluida como parcela con riego directo en el documento formalizado entre Acuamed y la actora.

Carece de trascendencia a la hora de ponderar la sanción impuesta, el extremo acreditado no reconocido en vía administrativa del suministro de caudales por parte de la Planta Desaladora de Valdelentisco "DESALADORA DE ACUAMED "mediante Concesión en régimen de servicio público art 62 Ley 1/2001. No existe malicia, participación o beneficio obtenido, y así queda debidamente acreditado ante la inexistencia de daño a dominio público y corroborado por lo aquí expuesto. El deterioro producido en la calidad del recurso es nulo, puesto que el agua no sufre ningún tipo de daño por vertidos o circunstancias similares. El riego de hortícolas no está encaminados a causar daños a los bienes de dominio público hidráulico y a las obras hidráulicas. "art 116.3. a) de dicho texto refundido".

Se debe fijar el importe exacto de la multa que se impone a la infracción cometida dentro de los límites, mínimo y máximo, de la sanción prevista (en el supuesto que nos ocupa, al tratarse de una MENOS GRAVE, es la de "de 10.000,01 hasta 50.000,00 euros" según aparece establecido en los arts. 117 de Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Por la INEXISTENCIA de daño al dominio público, debiere producirse primeramente la no imputación de los mismos y consecuentemente la disminución de la calificación -inicialmente como MENOS GRAVE art 316 a):

"Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves:

a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos esté comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros.",ha quedado acreditado la procedencia con las numerosas facturas por la compra de agua y rebajando la sanción impuesta, disminuyendo la calificación a LEVE ante la inexistencia de daño al dominio público hidráulico

DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

Debemos tener presente, las circunstancias particulares de la citada parcela, que motiva el presente sancionador, en tanto que, como ha sido indicado anteriormente se encuentra localizada en la denominada Unidad de Demanda Agraria (UDA) nº 57, derechos recuperados como regadíos mixtos de acuíferos, depuradas y desalinizadas; a su vez la situación catastral de la parcela objeto del presente procedimiento está catalogada como Regadío.

Basándonos, en que por las decisiones que se han adoptado, existe la creencia racional y fundada de absoluta legalidad al no poder discernir que tanto el convenio suscrito con la sociedad estatal perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, como la solicitud presentada en el año 2.015 a la propia Confederación Hidrográfica del Segura también dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, pudieren conllevar un incumplimiento. A sabiendas que, en esa creencia, se ha realizado unos gastos (entramado de riego, distribución de los caudales, arquetas, etc) y generado expectativas.

ESTAMOS ANTE UNA ACTIVIDAD DECLARADA DE INTERÉS GENERAL.

Las desaladoras de agua de mar de la cuenca del Segura están declaradas de interés general por la Disposición Adicional Vigesimotercera de la Ley 55/1999 de Medidas Fiscales Administrativas y de la Orden Social, como "aportación de nuevos recursos hidráulicos en el ámbito territorial C. H. Segura".

DE LOS ACTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN SANCIONADORA.

La Administración sancionadora ha tramitado los expedientes concesionales, según consta en el expediente, desde 2012. Por tanto, que se hayan superado con creces el plazo de 18 meses para la tramitación y no se haya otorgado concesión alguna, deja en situación de inseguridad jurídica a todos los usuarios de regadío, que además nadie es apto para obtener dicha concesión. El retraso en el otorgamiento de las concesiones se debe a varias causas y ninguna imputable al usuario.

LA ACTIVIDAD SANCIONADORA SUPONE UNA DESVIACIÓN DE PODER:

Aniquila el nuevo sistema de colaboración público-privada para la promoción de infraestructuras hidráulicas, puesto en marcha por el Gobierno de la nación, al arruinar la confianza de los usuarios en la "garantía del Estado", así como los objetivos de flexibilidad de gestión y presupuestarios de creación de las sociedades estatales.

Trata de reconducir por vía indirecta las competencias de la gestión directa de competencias hacia el modelo unívoco de la concesión ordinaria

Por su parte la Administración demandase opone a la demanda.

La parte actora sustenta dicha pretensión en los siguientes motivos de impugnación:

El presente recurso contencioso-administrativo se dirige frente a la Resolución del expediente sancionador NUM000 de la Confederación hidrográfica del Segura de fecha 26 de febrero de 2022, por la que se impone a Horacio una sanción de 13.232,85 € más daños y perjuicios de 3.969,86€ causados al dominio público hidráulico.

En síntesis, la parte demandante pretende la anulación de dicha resolución sancionadora. Sustenta dicha pretensión en los siguientes motivos de impugnación:

1) Ausencia de motivación suficiente de la resolución sancionadora

2) Falta de prueba del daño al medio ambiente.

3) Falta de hecho punible, de tipicidad y vulneración de la presunción de inocencia.

4) Vulneración del principio de proporcionalidad

5) Vulneración del principio de confianza legítima

Motivación suficiente

Consideramos que un expediente con casi 70 documentos, entre los que se incluyen actas de denuncia, informes exhaustivos, alegaciones del interesado y las resoluciones impugnadas de 14 y 13 páginas, respectivamente, cumplen sobradamente con estas exigencias de motivación. Pues el interesado puede conocer sin ninguna dificultad las razones esenciales de la decisión adoptada.

Daño al medio ambiente probado

El Informe del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, incorporado con fecha 18/10/2021 se concluye que:

"Respecto al expediente NUM001 sobre solicitud para concesión de aguas para riego de la desaladora Valdelentisco en la DIRECCION000 de Torre-Pacheco, decir que se encuentra inconcluso, siendo su último trámite una entrada de documentación el 10/04/2017. Respecto al expediente NUM002 se comprueba que existe la plica NUM003 a nombre de Horacio, la superficie solicitada en la mencionada plica incluye la DIRECCION000 del término municipal de Torre Pacheco, pero no incluye la DIRECCION001.

Respecto al expediente NUM002, la concesión de las aguas de la planta desalinizadora de Valdelentisco se tramita actualmente en este procedimiento, citado por el interesado en sus alegaciones. Dicho título tiene por objeto crear situaciones jurídicas estables en virtud de las cuales los interesados puedan aprovechar privativa y prolongadamente las mencionadas aguas, encontrándose en fase de estudio de los proyectos presentados en competencia de proyectos, en base a lo dispuesto en los artículos 105 y ss. del RDPH. No obstante, hoy en día todavía no se ha dictado Resolución al respecto.

Respecto a la inclusión de las parcelas en el perímetro de riego de la CR campo de Cartagena, decir que, efectivamente una parte de las parcelas están situadas dentro de tal perímetro; el objeto del sancionador propuesto es la superficie NO incluida.

En referencia a la captación de aguas pluviales [...] No se tiene constancia de que el titular haya presentado ninguna solicitud para el aprovechamiento de las aguas pluviales, conforme a lo establecido en el artículo 54.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y su marco normativo sectorial.

Respecto al convenio regulador suscrito con la empresa pública ACUAMED, hay que decir que según el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley de Aguas , el derecho al uso privativo se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa, en ningún caso puede obtenerse a través de convenios formalizados con otras entidades. En este mismo sentido, el artículo 59.1 del citado texto establece que todo uso privativo de aguas requiere de concesión administrativa. Por lo tanto, dicho convenio no da derecho al uso privativo de agua.

Yendo al hecho denunciado: Uso privativo de aguas sin autorización para el riego de una superficie de 18,50 has. en parte de las parcelas denunciadas, según informe-propuesta del Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico de fecha (ref. NUM004) y denuncia del Servicio de Policía de Aguas y Cauces de fecha 24/04/2020 (ref. NUM005), se constata que las parcelas denunciadas no disponen de derechos de riego reconocidos por este Organismo de Cuenca. Se adjunta plano donde se define la superficie la superficie denunciada y que NO dispone de derechos de riego."

En vista de este informe, se estima que se han empleado sin autorización aproximadamente 5.513,70 metros cúbicos de agua, que son los que necesita una superficie de 3,50 has de cítricos, como es la DIRECCION001. Y que los daños que genera tal uso sin autorización en el dominio público hidráulico son de 3.969,86€.

Tal estimación de daños se obtiene con base en un informe de 3 de diciembre de 2020 de la Confederación hidrográfica del Segura O.A. y se calcula según el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. De modo que tales daños constan perfectamente acreditados

Hecho punible acreditado, tipicidad y no vulneración de la presunción de inocencia

El hecho punible, consistente en el riego sin autorización ha quedado perfectamente acreditado por lo antes expuesto en nuestro anterior fundamento, como perfectamente se detalla en el informe del Área de Gestión del Dominio Público hidráulico de 18 de octubre de 2021.

En cuanto a su tipicidad, la conducta infractora que ha sido objeto de sanción consiste en el riego sin la debida concesión y/o autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS en adelante) por el actor en superficie de 3,50 has de cítricos de las parcelas DIRECCION001 y DIRECCION002 de Torre-Pacheco, Murcia.

La infracción sancionada que es objeto de recurso es, como explica la resolución sancionadora, la prevista en el artículo 116.3g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDLeg 1/2001), en relación con el artículo 59 de la misma y el art. 315i) RDPH:

Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción.

"3. Se considerarán infracciones administrativas: "g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga." Artículo 59. Concesión administrativa. "1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa."

De modo que el riego realizado sin la preceptiva autorización o concesión inscrita en el Registro de Aguas de la Confederación respectiva es constitutivo de una infracción, tipificada como leve en el artículo 315 i) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Sobre la vulneración de la presunción de inocencia, hemos de reiterar que la prueba de cargo consistente en los informes aportados al expediente y las denuncias del Servicio de Policía de Aguas y Cauces ya desvirtúa suficientemente la presunción de inocencia sin que las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado consigan desvirtuarla

Sobre la alegación de que las parcelas objeto de sanción son regadas con el agua que le suministra la desaladora de Valdelentisco, las autorizaciones o concesiones que ésta pueda tener no eximen al recurrente de obtener su preceptiva autorización del Organismo de cuenca competente. Así se ha pronunciado reiteradamente esta sala en recientes sentencias -entre otras, la nº 237/2017, de 10 de abril, la nº 257/2017, de 20 de abril, y en idéntico sentido la nº 157/2017, de 16 de marzo-, tal alegación en su caso no podría tener favorable acogida, manteniendo la imputación de hechos similares a los presentes.

Proporcionalidad de la sanción

Señala el actor que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad porque la CHS no ha respetado los parámetros del artículo 117 TRLA y del art. 29 L40/2015 en la imposición de la sanción. Recordamos en este punto que la infracción sancionada se ha tipificado como menos grave al amparo del art. 117 TRLA y 316 a) RDPH, según los cuales:

"Artículo 117. Calificación de las infracciones. 1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas: Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros

"Artículo 316. Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves: a) Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos esté comprendida entre 3.000.01 y 15.000.00 euros." De modo que se ha calificado la infracción de la forma más leve posible, aunque imponiendo la sanción en el tramo inferior de las posibilidades ofrecidas por la Ley, pero apreciando circunstancias que impiden establecerla en el mínimo legal.

Respeto al principio de confianza legítima.

Alega el actor que la finca sancionada se encuentra localizada en la Unidad de Demanda Agraria nº 57, que en el catastro se encuentra catalogada como de Regadío y que las aguas proceden de una desaladora estatal. De modo que si se ha cometido algún error en el riego de las fincas era invencible y no puede apreciarse ninguna responsabilidad del sujeto sancionado. También se invoca la tardanza en resolver un expediente de otorgamiento de la concesión y que los suministros se llevan efectuando desde 2009.

Sobre la inclusión de la finca en la UDA nº 57 o la obtención de aguas de la sociedad estatal, nos remitimos a lo anteriormente expuesto en nuestro fundamento TERCERO, pues no eximen de la obligación de obtener la preceptiva autorización.

El mismo argumento es extensible a la calificación catastral de la finca como de regadío, pues la calificación catastral es una consideración de carácter fiscal que no incide sobre el derecho al uso privativo de las aguas, que es el que aquí se sanciona y que sólo puede otorgarse por la CHS OA. Sobre el hecho de que los riegos se lleven efectuando desde 2009, podría llegar a calificarse como un uso consolidado de las parcelas en cuestión.

Son usos consolidados aquellos que puedan acreditar su existencia con anterioridad al 21 de agosto de 1998, al ser la fecha en la que entró en vigor el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprobaron los primeros planes hidrológicos de cuenca. Los regadíos que puedan acreditar su existencia en dicha fecha no tendrán la consideración de nuevos regadíos.

Apuntando igualmente que "Se promoverá la regularización concesional de estos aprovechamientos con base en los nuevos recursos externos, o en su defecto y en el caso de los regadíos históricos y de los vinculados a las Vegas del Segura, a los propios de la cuenca que en dicha fecha se venían utilizando".Pues bien, lo cierto y verdad es que tal hecho serviría en su caso para proceder a la concesión de tal título, pero que no invalida la inexistencia de este a fecha actual: esto es, la existencia de regadío con fecha anterior a 1998 es una circunstancia para considerar para su posible regularización, pero que en ningún caso le exime de la realización del tipo infractor como es usar aguas en parcelas que cuanto menos a fecha de formulación de la denuncia, carecen de recursos hídricos.

A mayor abundamiento, es necesario indicar que lo dispuesto por el propio art. 36 del actual Plan Hidrológico de cuenca, no se produce de forma automática, sino tras la tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, siendo ésta una circunstancia más a tener en consideración a efectos de proceder a la concesión de tal carácter, pero que en ningún caso le exime de la realización del tipo infractor habida cuenta que está ejecutando un uso privativo de aguas sin la preceptiva autorización de este Organismo. Sobre la inexistencia de elemento subjetivo, responsabilidad o culpabilidad, nos remitimos a lo expuesto en la resolución sancionadora:

"No pudiendo admitirse su falta de responsabilidad en los hechos, aun invocando el principio de confianza legítima, ya que cabe traer a colación lo dispuesto por la jurisprudencia en supuestos similares al que nos ocupa, como sucede en el asunto resuelto por Sentencia 1283/2013 de 12 de diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres , en la que se indica textualmente que "Aun admitiendo esas alegaciones, en modo alguno han de suponer que nos hallamos ante un error invencible, cuando la más mínima diligencia por su parte, acudiendo a la Confederación a informarse le hubiera permitido conocer la ilegalidad del pozo en cuestión".

SEGUNDO.- La SALA comparte en esencia el criterio de la administración ante las alegaciones de la actora propietaria de las parcelas puestas en regadío y por haber realizado un uso privativo de aguas para el riego de 18,50 has., en las parcelas DIRECCION001 y DIRECCION000 de Torre Pacheco.

Examinamos los motivos de oposición a la resolución sancionadora contenidas en la demanda:

NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA DE MOTIVACIÓN.

Se dice por CHS que la resolución del presente expediente no contiene motivación de la que se pueda deducir por qué se han desestimado las alegaciones del recurrente, alegato que en absoluto puede acogerse, pues se ha acreditado la existencia de pruebas de la infracción cometida, su perfecta tipificación y graduación, fundamentos que no resultan desvirtuados por las alegaciones efectuadas de contrario.

Dicha alegación de falta de motivación afecta al fondo del asunto, debiendo reiterarse que de acuerdo con el artículo 59 del TRLA "todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa"mientras que el artículo 52 del mismo cuerpo legal señala que "el derecho al uso privativo sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa".

La realidad del hecho denunciado, la utilización de agua sin título habilitante no presenta ninguna duda, no solo porque ha quedado acreditado por las denuncias del servicio de Policía de Aguas y Cauces, gozando dichos documentos de fuerza probatoria según el art 77.5 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, pues se trata de documentos realizados por funcionario público en el ejercicio de sus funciones y con los requisitos legales pertinentes.

LA ADMINISTRACIÓN DEBE PROBAR EL DAÑO AL MEDIO AMBIENTE PARA EXIGIR UNA INDEMNIZACIÓN.

La indemnización aquí discutida se ciñe a "haber ocasionado daños al dominio público hidráulico cuantificados en 3.969,86 euros".

Se alega que la administración debe probar el daño al medio ambiente para exigir una indemnización, citando a estos efectos la SENTENCIA 1435/2022, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de 21 de abril de 2022.

No obstante, el informe técnico correspondiente, se estima que se han empleado sin autorización aproximadamente 5.513,70 metros cúbicos de agua, que son los que necesita una superficie de 3,50 has de cítricos, como es la DIRECCION001 cifrando los daños que genera tal uso sin autorización en el dominio público hidráulico son de 3.969,86€.

La forma de estimación es objetiva, con referencia parámetros establecidos según el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico. De modo que tales daños constan perfectamente acreditados

FALTA DE HECHO PUNIBLE

Se alega que debe valorarse que los caudales utilizados provenientes de aguas desaladas y reutilizadas al encontrarse dentro de la denominada Unidad de Demanda Agraria (UDA) nº57 denominada: resto campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, depuradas y desalinizadas, no vendría hacer otra cosa que beneficiar a los acuíferos, ya que parte del agua utilizada es absorbida por la planta y otra parte por el contrario es filtrada al terreno y en consecuencia termina en los acuíferos mejorándolo.

En todo caso entiende que debería presumirse que la compra de volúmenes de agua provenientes de la Desaladora de ACUAMED (y utilizarlos en el riego de las parcelas que además han se han puesto en conocimiento tanto de ACUAMED, como con la tolerancia de la propia CHS en la tramitación de los expedientes concesionales, se han hecho de buena fe.

Sin embargo, la conducta infractora que ha sido objeto de sanción consiste en el riego sin la debida concesión y/o autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS en adelante) por el actor en sus parcelas.

La comisión de tal infracción ha sido plenamente acreditada en el expediente administrativo, que argumenta detalladamente las razones por las que no pueden acogerse las alegaciones del recurrente, con referencia a las concretas pruebas que conducen a este resultado.

El que las aguas se obtengan por suministro de aguas desaladas, no empecé en absoluto la existencia de una conducta infractora ni justifica el uso de las aguas. Tal relación contractual acredita la lícita obtención de las aguas, como se ha reconocido en el expediente administrativo. Pero no exime del deber de obtener autorización o concesión administrativa para emplearlas en los concretos terrenos que lo requieran, como exige el artículo 59 TRLA 1/2001. Hemos de partir de que se ha de entender por dominio público hidráulico según dispone el artículo 2 del Texto refundido de la Ley de Aguas, según el cual, lo componen no solo las aguas continentales, superficiales o subterráneas renovables, sino que confirme dispone la letra e) de dicho artículo, las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Es de interés citar lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley según el cual:

1. Con carácter general, la actividad de desalación de agua marina o salobre queda sometida al régimen general establecido en esta Ley para el uso privativo del dominio público hidráulico,sin perjuicio de las autorizaciones y concesiones demaniales que sean precisas de acuerdo con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas , y las demás que procedan conforme a la legislación sectorial aplicable.

2. Las obras e instalaciones de desalación declaradas de interés general del Estado podrán ser explotadas directamente por los órganos del Ministerio de Medio Ambiente, por las Confederaciones Hidrográficas o por las sociedades estatales a las que se refiere el capítulo II del título VIII de esta Ley. Igualmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125, las comunidades de usuarios o las juntas centrales de usuarios podrán, mediante la suscripción de un convenio específico con los entes mencionados en el inciso anterior, ser beneficiarios directos de las obras e instalaciones de desalación que les afecten.

3.Las concesiones de aguas desaladas se otorgarán por la Administración General del Estado en el caso de que dichas aguas se destinen a su uso en una demarcación hidrográfica intercomunitaria.

En el caso haberse suscrito el convenio específico al que se hace referencia en el último inciso del apartado 2, las concesiones de aguas desaladas se podrán otorgar directamente a las comunidades de usuarios o juntas centrales de usuarios.

4.En la forma que reglamentariamente se determine, se tramitarán en un solo expediente las autorizaciones y concesiones que deban otorgarse por dos o más órganos u organismos públicos de la Administración General del Estado.

5.En el supuesto de que el uso no vaya a ser directo y exclusivo del concesionario, la Administración concedente aprobará los valores máximos y mínimos de las tarifas, que habrán de incorporar las cuotas de amortización de las obras.

6. Los concesionarios de la actividad de desalación y de aguas desaladas que tengan inscritos sus derechos en el Registro de Aguas podrán participar en las operaciones de los centros de intercambio de derechos de uso del agua a los que se refiere el artículo 71 de esta Ley.

Queda claro pues que el agua desalada pertenece al dominio público hidráulico y por lo tanto para su uso privativo requiere concesión administrativa como establece el artículo 52,1 en relación con el 59.1:

1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa.

AUSENCIA DE TIPICIDAD

La infracción sancionada que es objeto de recurso es, como explica la resolución sancionadora, la prevista en el artículo 116.3 g) del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDLeg 1/2001), en relación con el artículo 59 de la misma y el art. 316 a) RDPH:

Artículo 116. Acciones constitutivas de infracción.

"3. Se considerarán infracciones administrativas:

"g) El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o la omisión de los actos a que obliga."

Artículo 59. Concesión administrativa.

"1. Todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa."

De modo que el riego realizado sin la preceptiva autorización o concesión inscrita en el Registro de Aguas de la Confederación respectiva es constitutivo de una infracción, tipificada en el artículo 316 a) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.

Calificada como menos grave la infracción en virtud de lo dispuesto en el artículo 316 a):

Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves:

a)Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público hidráulico, siempre que la valoración de aquéllos esté comprendida entre 3.000,01 y 15.000,00 euros.

Queda examinar la proporcionalidad de la multa impuesta en cuantía de 13.232,85€ y en este sentido ha sido impuesta en su grado mínimo (la multa prevista en el art. 318 b) RDPH oscila de entre 10.000,01 a 50.000€):

b)Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros

Se ha fundamentado en la resolución recurrida en atención a la extensión de parcelas regadas de 18,50 has, por lo que el conocimiento cabal de la antijuricidad de la conducta, (existencia de intencionalidad), justifican la de la multa impuesta correspondiente a la infracción menos grave.

DE LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA

Así las cosas, la discusión se centra en determinar si existen causas que exoneran la responsabilidad del recurrente.

Por lo expuesto, no solo la existencia y autoría de los hechos ha quedado acreditada, sino también la responsabilidad del recurrente pues según el artículo 130 LRJPAC "sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia".

ESTAMOS ANTE UNA ACTIVIDAD DECLARADA DE INTERÉS GENERAL.

El recurrente no ha acreditado que la finca objeto del procedimiento sancionador esté incluida dentro de la superficie de riego de ningún aprovechamiento inscrito en el Registro de Aguas de la cuenca ni anotado en el Catálogo de Aguas Privadas. Por lo que está procediendo al uso privativo de las aguas sin título que lo permita y, en consecuencia, incurriendo en la conducta infractora.

DE LOS ACTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN SANCIONADORA

Ningún acto administrativo de la CHS ha llevado al actor a la creencia de iba a ser regularizado el riego de las parcelas que lo estaban siendo por mera tolerancia mientras se resolvía sobre las concesiones solicitadas.

El titulo concesional podía concedérsele o no, por lo que ningún acto administrativo previo puede vincular contra la Ley, como antes se ha mencionado por mucho que el retraso en el otorgamiento de las concesiones se debe a varias causas y ninguna imputable al usuario.

LA ACTIVIDAD SANCIONADORA SUPONE UNA DESVIACIÓN DE PODER

Por último, se alega desviación de poder, en esta alegación solo puede citarse lo dispuesto en el artículo 59 del TRLA "todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa"mientras que el artículo 52 del mismo cuerpo legal señala que "el derecho al uso privativo sea o no consuntivo, del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa".

Por tanto, la administración demandada ha venido ejerciendo sus potestades para los fines queridos por el Ordenamiento Jurídico.

TERCERO.- Y procede por todo ello desestimar el recurso con expresa imposición de las costas a la parte actora de acuerdo con lo dispuesto por el art. 139 de la Ley Jurisdiccional, limitándolas a 500€ por todos los conceptos.

En atención a todo lo expuesto, Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,