Sentencia Contencioso-Administrativo 96/2026 Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 360/2022 de 16 de marzo del 2026

PRIMERO.- Controversia jurídica.

AGROPECUARIA VALLEFRIO NUEVA, S.L., fue sancionada por la comisión de una infracción muy grave en materia de conservación de la naturaleza, tipificada en el artículo 108.6 de la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

El hecho sancionado fue la muerte por electrocución de un ejemplar de Águila Imperial en la instalación eléctrica de su propiedad, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), encontrado el 25-11-2019.

Esta instalación era preexistente al RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y no había sido adaptado a las nuevas exigencias establecidas en la norma; se hizo poco después.

Se plantea la responsabilidad de la actora desde una doble perspectiva en relación con la obligación de adaptación de la instalación a las nuevas prescripciones técnicas: desde las exigencias específicas del RD 1432/2008 y el camino en él establecido para aquellas instalaciones que fueron autorizadas con anterioridad, y desde los condicionantes y requisitos medioambientales establecidos en:

Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

Igualmente ADENSVA pretende actuar en este procedimiento como parte actora frente a la resolución impugnada, además de como codemandada, solicitando que la sanción impuesta sea mayor.

SEGUNDO.- Sobre la posibilidad de admitir y otorgar a ADENSVA la condición de recurrente.

No la tiene. ADENSVA ostenta legitimación para intervenir en este recurso sólo con la condición de coadyuvante de la JCCM frente al recurso interpuesto por Agropecuaria Vallefrío Nueva SL contra la resolución impugnada, pero no como recurrente.

Existiendo acción pública en materia de medio ambiente ADENSVA sí pudo recurrir la resolución sancionadora que ahora se revisa; dicho recurso hubiera tenido autonomía propia, sin perjuicio de una hipotética acumulación al presente; pero no consta que así se haya actuado; lo que no es admisible es aprovechar el procedimiento iniciado por el sancionado para recurrir la misma resolución.

De hecho, en la tramitación de los presentes autos así lo ha entendido este Tribunal, considerando sus escritos en la única condición de codemandado, nunca como actor, pues de lo contrario se hubiera dado traslado a Agropecuaria Vallefrío Nueva SL y a la JCCM para contestar a esta pretendida demanda reconvencional; no lo hizo.

Alega ADENS VA que la Administración no proporciona la información que precisa para intervenir en los procedimientos administrativos sancionadores, y de este modo poder recurrir sus resoluciones, y que a tal fin interesó de esta Sala que se facilitara dicha información.

Es cierto; así se acordó por la Sala en Auto nº 166/2022 dictado en pieza de medidas cautelares 12/2022 dictado en el PO 128/2022 y se corroboró en la sentencia nº 134 de 18-9-2025, declarando:

"2.ºCondenamos a la Administración demandada a suministrar a ADENSVA la información ambiental interesada (preferentemente en archivo Excel) en su escrito de 30 de septiembre de 2021, sobre los datos de electrocuciones y 26 colisiones de avifauna (viva o muerta) en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, desde 2017 hasta la fecha actual, con indicación de la fecha de la electrocución, especie, municipio, coordenadas UTM (X e Y), numero de apoyo (si tiene identificación) y número de referencia clínica asignado en los Centros de Recuperación de Fauna, así como el resultado del informe forense respecto de la causa de la muerte, y del número de referencia del expediente en el supuesto de concurrir la apertura de un expediente sancionador o de un expediente de responsabilidad medioambiental por dichos motivos durante los citados periodos, a fin de poder personarse en dichos expedientes.

3.º Declaramos que ADENSVA tiene la condición de interesada en los procedimientos sancionadores y de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños y muerte de fauna silvestre que actualmente se estén tramitando, cuya información se debe trasladar conforme al punto anterior, y que sea suficiente a efectos de que le permita su participación y ejercicio de las potestades legalmente reconocidas".

De este pronunciamiento, firme, se derivaría la legitimación para poder recurrir las resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores.

Ahora bien, lo que no puede hacer es aprovechar el recurso interpuesto por un tercero, el sancionado, para recurrir el mismo acto administrativo.

En este sentido participamos plenamente del criterio que mantenía la Letrada inicialmente designada del Turno de Oficio por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Albacete, sobre la imposibilidad de pretender un incremento de la sanción impuesta por no existir la reconvención en el procedimiento administrativo; por esta discrepancia de la Letrada designada con ADENSVA, tuvo que ser designado nuevo Letrado que sí la formula, pero que, por las razones aludidas, rechazamos.

TERCERO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva de la normativa específica: Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los datos esenciales de los que partimos son los siguientes:

1-La instalación eléctrica propiedad Agropecuaria Vallefrío Nueva SL, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), es preexistentea la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

2-La Administración Autonómica, en la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 17-12-2009, publicada en el DOCM de 2-1-2010, no incluyó la instalación, como una de las que había de adaptarse a las nuevas prescripciones técnicas en aplicación del RD 1432/2008, de 29 de agosto.

3- Dicha inclusión se produjo por Resolución de 5-12-2019 de la Dirección General de Transición Energética, DOCM de fecha 24.12.2019 nº 252; siendo notificada la inclusión a la recurrente el 20-1-2021. (folios 858-861 del EA).

4-La electrocución del ave se produjo el 25-11-2019.

Con los datos anteriores el recurso habría de estimarse aplicando al caso la doctrina establecida por la Sala en las siguientes sentencias:

-Sentencia nº 391/2020 de 27-11-2020. Rec. nº 370/2019. ROJ: STSJ CLM 3016/2020.

- Sentencia nº 1/2023 de 9-1-2023. Rec. nº 545/2020. ROJ: STSJ CLM 41/2023.

-Sentencia nº 80/2023 de 20-3-2023. Rec. nº 837/2020. ROJ: STSJ CLM 825/2023.

La primer de las citadas no fue objeto de recurso de casación, a diferencia de las dos siguientes, que sí lo fueron y confirmadas por el TS en las siguientes sentencias:

Sentencia nº 108/2026 de 5-2-2026. Rec. 2422/2023. ROJ: STS 515/2026

- Sentencia nº 109/2026 de 5-2-2026. Rec. 5323/2023. ROJ: STS 268/2026.

Dado que las mismas partes aquí intervinientes como demandados lo fueron en los procedimientos en los que se dictaron las referidas sentencias, excusamos su trascripción para no extender innecesariamente esta resolución.

No obstante, sí queremos resaltar los siguientes aspectos:

1-En primer lugar, las ideas esenciales por la que por la que se estimaron los recursos en los casos anteriores descansaba en:

-El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, establecía un camino a seguir para la adaptación de líneas eléctricas preexistentes que la propia Administración no había seguido, obviando su responsabilidad.

-Esta normativa reglamentaria, más allá de la existencia de otra normativa más amplia tuitiva del medio ambiente, como la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, o la Ley 2672007 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental, o Directivas Comunitarias, era específica para esta situación, y por tanto no prescindible como pretendía la organización ecologista y también en cierto modo la resolución aquí impugnada.

-Estamos en derecho sancionador, y en este ámbito, el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que deriva de la normativa reglamentaria es excluyente del principio de culpa inherente a la comisión de la infracción.

2-Al TS, en los recursos de casación aludidos, se le planteó precisamente esta cuestión; así, en los Auto de admisión se decía:

"El auto de admisión del recurso nos pide que nos pronunciemos sobre la cuestión de determinar cómo se cohonestan las previsiones contenidas en el Real Decreto, 1432/2008, de 29 de agosto, en cuanto establecen las prescripciones técnicas a que han de ajustarse las líneas eléctricas aéreas situadas en las zonas de protección definidas en su artículo 4, con las obligaciones de protección ambiental de la avifauna contenidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental , en relación con la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador establecido en esta norma legal y ello aún en el caso de haberse observado tales previsiones de naturaleza reglamentaria."

Y la respuesta dada por el TS fue:

"La forma de cohonestarse ambas normativas se acaba de exponer supra. Ha sido el Gobierno el que, con mayor o menor acierto, ha concretado las obligaciones de protección de las aves que corresponden a las empresas del sector eléctrico en relación con los riesgos de colisión o electrocución en las líneas de alta tensión en el RD 1432/2008. Si pese a esta normativa pudieran existir espacios o supuestos de desprotección, esta circunstancia solo es imputable al Gobierno por no haberlo contemplado, de manera que no se puede hacer derivar responsabilidad para los administrados cuando estos han actuado en la confianza de la correcta actuación del poder público en el ejercicio de sus potestades de regulación.

En cuanto a la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, no procede hacer pronunciamiento alguno como respuesta a la cuestión casacional al no haberse aplicado dicho régimen en el presente supuesto".

3-ADENSVA siempre ha sido consciente del obstáculo que representaba el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tras conocer las sentencias de la Sala que estimaban los recursos contra las sanciones impuestas a las eléctricas.

Por esta razón intentó su modificación por la vía de la inactividad del art. 29.1 de la LJ, en el Rec. nº 329/2022 seguido en el TS; el Alto Tribunal dictó la Sentencia nº 1252/2023 de 16-10-2023. ROJ: STS 4308/2023; de ella destacamos:

"...

La demanda relata que la asociación recurrente solicitó del MITECORD y del Ministerio de Industria distintas actuaciones relacionadas con la protección de la avifauna, en concreto solicitó la promulgación de un Real Decreto de Valoración Económica de Fauna Silvestre. Pero, también, adicionalmente, que se proteja apropiadamente a la avifauna frente al riesgo de electrocución y colisión en los tendidos eléctricos, siendo necesario para esto último que se modifique la redacción actual, entre otros aspectos, de diversos artículos del Real Decreto 1432/2008, por los gravísimos efectos perniciosos que genera respecto de la protección de las aves, al contener evidentes contradicciones legales con normas de rango de Ley y crear manifiesta inseguridad jurídica que trae por consecuencia que no se garantice apropiadamente la protección de las mismas frente a dichos riesgos

...

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (en adelante "ADENSVA"), interpone recurso contencioso-administrativo contra inactividad del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el art. 29.1 de la LJ . La citada Asociación solicita una sentencia en la que se declare la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule el valor indemnizatorio y patrimonial de todas las especies de fauna silvestre que constan en el catálogo de especies amenazadas y en el listado que aprueba las de régimen de protección especial; así como las normas reglamentarias que regulen las condiciones de protección de las aves en condiciones de total inocuidad e indemnidad frente al riesgo de electrocución en cualquier parte del territorio nacional; y la normativa adecuada que elimine la inseguridad jurídica y carencias expuestas, ya fuera modificado la redacción actual del Real Decreto 1432/2008 y otros reglamentos conexos o promulgado otro completamente nuevo.

Así mismo, solicita la nulidad de pleno derecho de determinados preceptos del Real Decreto 1432/2008 y del art. 2.2 del Anexo del Reglamento del Real Decreto 223/2008.".

Y dice el TS:

"...

Bajo la alegación de inactividad reglamentaria se plantea, en realidad, una discrepancia con la regulación actual por entender que las medidas técnicas de electrocución de las aves resultan insuficientes solicitando una modificación de los reglamentos que incluyan las medidas propuestas por la Asociación. La acción entablada no pretende cubrir un vacío normativo exigido por una norma constitucional o legal, sino que la norma reglamentariamente existente se modifique en un sentido determinado. Lo que se pretende son unas medidas técnicas de protección de las aves determinadas cuando, lo cierto es que el Gobierno dispone de un amplio margen de regulación de las medidas que estime más adecuadas para alcanzar el objeto de la conservación de la naturaleza y las especies animales que establece la Constitución y la ley.".

Su petición fue desestimada.

CUARTO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva medioambiental: Obligatoriedad jurídica o no para la recurrente de adaptación de la instalación con anterioridad a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1432/2008, en virtud de previas declaraciones de impacto ambiental incluidas en Proyecto de transformación de la finca de secano a regadío.

Como ya indicamos en el FJ 1º, nos referimos a las siguientes resoluciones:

-Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

El análisis desde esta perspectiva es novedoso en relación con los casos anteriores.

Para la JCCM, tales resoluciones sustituyen al requerimiento que debe hacerse al propietario y que exige el RD 1432/2008, para que adapte la instalación. En concreto dice:

"No puede escudarse la recurrente en que no fue requerida por parte de la Administración, de su obligación de ajustarse a las prescripciones técnicas establecidas en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, pues para ella era el informe de impacto ambiental publicado mediante Resolución de 1/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada en el D.O.C.M. de fecha 19/12/2016, constituye de forma inequívoca y terminante el requerimiento específico de adecuación referido a la línea eléctrica controvertida.

Se sostiene de contrario que el aludido informe ambiental contenido en la resolución de 1/12/2016, habría perdido su vigencia y función al tiempo de producirse la electrocución del Águila imperial por el transcurso de tres años desde su publicación.

Esta alegación cae por su propio peso, pues la utilización misma de la línea eléctrica debiera haber seguido la misma suerte que el proyecto autorizado del que formaba parte,dejando de funcionar por estar caducado el mismo y hasta obtener una nueva autorización."

Esta misma idea está ampliamente expuesta en la resolución sancionadora y reiterada por ADENSVA.

Las evaluaciones de impacto ambiental forman parte inseparable de aquellos proyectos en los que, por su naturaleza, son exigibles, bien ordinaria, bien abreviada.

Las resoluciones que las aprueban tienen un periodo de vigencia determinado, que es de tres años, y así se establece en cada una de ellas; textualmente se dice:

"El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto,en su caso." (subrayado nuestro).

En el caso de que los Proyectos de los que formen parte no lleguen a autorizarse o aprobarse en el plazo de vigencia de la DIA, entonces caduca, siendo preciso una nueva EIA, pues las circunstancias ambientales pueden haber cambiado en ese periodo de manera que también deban modificarse los condicionantes; también puede solicitarse la ampliación del periodo de vigencia de la anterior, si no han cambiado las condiciones, que es precisamente lo ocurrido en este caso, pues el informe de evaluación de la resolución de 01/12/2016amplió su vigencia a petición de la interesada hasta el 3-6-2022.

Y es aquí donde está la clave del asunto; la petición de ampliación se llevó a cabo porque a la fecha de vigencia de la DIA anterior, aún no se había autorizado el Proyecto;recordemos que la DIA de la resolución de 17/07/2013, de la que deriva la posterior, por ampliación de la superficie del suelo a transformar, de 01/12/2016, era para el Proyecto siguiente:

"Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío(exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560]".

Es decir, constituía premisa esencial para la autorización del Proyecto que la CHJ autorizase la concesión de aguas subterráneas, petición de concesión que se hizo en el año 2010 (Ref. 6806/2010).

La autorización de la concesión de aguas subterráneas por la CHJ tuvo lugar por resolución de 24-1-2020(F. 538-546 EA), con posterioridad al siniestro.

Una vez aprobado el Proyecto, para lo que era necesario la autorización de la CHJ sobre la concesión de aguas pedida, entonces y sólo entonces, es cuando era exigible jurídicamente a la recurrente el cumplimiento de las condiciones de la DIA inherentes al Proyecto, y entre ellas las referidas a la adaptación de la línea a las nuevas prescripciones técnicas.

Ni en el EA, ni en escritos de alegaciones ni en fase de prueba, consta la Resolución de Autorización del Proyecto.

En definitiva y como conclusión, no le cabe duda al Tribunal de que Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. tenía perfecto conocimiento, ya desde el año 2013, de que la instalación eléctrica de su propiedad no se ajustaba a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1423/2008.

Ahora bien, de este conocimiento no resultaba un deber jurídico de actuar desde la perspectiva ambiental, sino tras la Autorización del Proyecto que incluía la EIA; en el caso de que la electrocución de la rapaz se hubiere producido en estas circunstancias, y no se ha acreditado que lo fuera, entonces la solución hubiere sido distinta: sería responsable, apreciando culpa, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la DIA de un Proyecto autorizado.

La estimación del recurso por las razones aludidas de fondo, que es la pretensión principal de la demanda, excusa el análisis de los demás motivos de impugnación, particularmente motivos formales referidos a la recusación del instructor o la indefensión en la admisión y práctica de la prueba, ligados a la petición subsidiaria de retroacción de actuaciones.

QUINTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional no se imponen costas; el presente asunto, por su especial complejidad, ha provocado dudas en el Tribunal; además no debemos olvidar las primeras resoluciones de la Sala en relación con estos asuntos, en sentido contrario; aunque hayamos modificado ese criterio, ponen de manifiesto el intenso debate jurídico sobre las distintas cuestiones que se plantean, e incluso la necesidad de que el TS sentara criterio.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.- Controversia jurídica.

AGROPECUARIA VALLEFRIO NUEVA, S.L., fue sancionada por la comisión de una infracción muy grave en materia de conservación de la naturaleza, tipificada en el artículo 108.6 de la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

El hecho sancionado fue la muerte por electrocución de un ejemplar de Águila Imperial en la instalación eléctrica de su propiedad, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), encontrado el 25-11-2019.

Esta instalación era preexistente al RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y no había sido adaptado a las nuevas exigencias establecidas en la norma; se hizo poco después.

Se plantea la responsabilidad de la actora desde una doble perspectiva en relación con la obligación de adaptación de la instalación a las nuevas prescripciones técnicas: desde las exigencias específicas del RD 1432/2008 y el camino en él establecido para aquellas instalaciones que fueron autorizadas con anterioridad, y desde los condicionantes y requisitos medioambientales establecidos en:

Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

Igualmente ADENSVA pretende actuar en este procedimiento como parte actora frente a la resolución impugnada, además de como codemandada, solicitando que la sanción impuesta sea mayor.

SEGUNDO.- Sobre la posibilidad de admitir y otorgar a ADENSVA la condición de recurrente.

No la tiene. ADENSVA ostenta legitimación para intervenir en este recurso sólo con la condición de coadyuvante de la JCCM frente al recurso interpuesto por Agropecuaria Vallefrío Nueva SL contra la resolución impugnada, pero no como recurrente.

Existiendo acción pública en materia de medio ambiente ADENSVA sí pudo recurrir la resolución sancionadora que ahora se revisa; dicho recurso hubiera tenido autonomía propia, sin perjuicio de una hipotética acumulación al presente; pero no consta que así se haya actuado; lo que no es admisible es aprovechar el procedimiento iniciado por el sancionado para recurrir la misma resolución.

De hecho, en la tramitación de los presentes autos así lo ha entendido este Tribunal, considerando sus escritos en la única condición de codemandado, nunca como actor, pues de lo contrario se hubiera dado traslado a Agropecuaria Vallefrío Nueva SL y a la JCCM para contestar a esta pretendida demanda reconvencional; no lo hizo.

Alega ADENS VA que la Administración no proporciona la información que precisa para intervenir en los procedimientos administrativos sancionadores, y de este modo poder recurrir sus resoluciones, y que a tal fin interesó de esta Sala que se facilitara dicha información.

Es cierto; así se acordó por la Sala en Auto nº 166/2022 dictado en pieza de medidas cautelares 12/2022 dictado en el PO 128/2022 y se corroboró en la sentencia nº 134 de 18-9-2025, declarando:

"2.ºCondenamos a la Administración demandada a suministrar a ADENSVA la información ambiental interesada (preferentemente en archivo Excel) en su escrito de 30 de septiembre de 2021, sobre los datos de electrocuciones y 26 colisiones de avifauna (viva o muerta) en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, desde 2017 hasta la fecha actual, con indicación de la fecha de la electrocución, especie, municipio, coordenadas UTM (X e Y), numero de apoyo (si tiene identificación) y número de referencia clínica asignado en los Centros de Recuperación de Fauna, así como el resultado del informe forense respecto de la causa de la muerte, y del número de referencia del expediente en el supuesto de concurrir la apertura de un expediente sancionador o de un expediente de responsabilidad medioambiental por dichos motivos durante los citados periodos, a fin de poder personarse en dichos expedientes.

3.º Declaramos que ADENSVA tiene la condición de interesada en los procedimientos sancionadores y de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños y muerte de fauna silvestre que actualmente se estén tramitando, cuya información se debe trasladar conforme al punto anterior, y que sea suficiente a efectos de que le permita su participación y ejercicio de las potestades legalmente reconocidas".

De este pronunciamiento, firme, se derivaría la legitimación para poder recurrir las resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores.

Ahora bien, lo que no puede hacer es aprovechar el recurso interpuesto por un tercero, el sancionado, para recurrir el mismo acto administrativo.

En este sentido participamos plenamente del criterio que mantenía la Letrada inicialmente designada del Turno de Oficio por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Albacete, sobre la imposibilidad de pretender un incremento de la sanción impuesta por no existir la reconvención en el procedimiento administrativo; por esta discrepancia de la Letrada designada con ADENSVA, tuvo que ser designado nuevo Letrado que sí la formula, pero que, por las razones aludidas, rechazamos.

TERCERO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva de la normativa específica: Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los datos esenciales de los que partimos son los siguientes:

1-La instalación eléctrica propiedad Agropecuaria Vallefrío Nueva SL, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), es preexistentea la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

2-La Administración Autonómica, en la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 17-12-2009, publicada en el DOCM de 2-1-2010, no incluyó la instalación, como una de las que había de adaptarse a las nuevas prescripciones técnicas en aplicación del RD 1432/2008, de 29 de agosto.

3- Dicha inclusión se produjo por Resolución de 5-12-2019 de la Dirección General de Transición Energética, DOCM de fecha 24.12.2019 nº 252; siendo notificada la inclusión a la recurrente el 20-1-2021. (folios 858-861 del EA).

4-La electrocución del ave se produjo el 25-11-2019.

Con los datos anteriores el recurso habría de estimarse aplicando al caso la doctrina establecida por la Sala en las siguientes sentencias:

-Sentencia nº 391/2020 de 27-11-2020. Rec. nº 370/2019. ROJ: STSJ CLM 3016/2020.

- Sentencia nº 1/2023 de 9-1-2023. Rec. nº 545/2020. ROJ: STSJ CLM 41/2023.

-Sentencia nº 80/2023 de 20-3-2023. Rec. nº 837/2020. ROJ: STSJ CLM 825/2023.

La primer de las citadas no fue objeto de recurso de casación, a diferencia de las dos siguientes, que sí lo fueron y confirmadas por el TS en las siguientes sentencias:

Sentencia nº 108/2026 de 5-2-2026. Rec. 2422/2023. ROJ: STS 515/2026

- Sentencia nº 109/2026 de 5-2-2026. Rec. 5323/2023. ROJ: STS 268/2026.

Dado que las mismas partes aquí intervinientes como demandados lo fueron en los procedimientos en los que se dictaron las referidas sentencias, excusamos su trascripción para no extender innecesariamente esta resolución.

No obstante, sí queremos resaltar los siguientes aspectos:

1-En primer lugar, las ideas esenciales por la que por la que se estimaron los recursos en los casos anteriores descansaba en:

-El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, establecía un camino a seguir para la adaptación de líneas eléctricas preexistentes que la propia Administración no había seguido, obviando su responsabilidad.

-Esta normativa reglamentaria, más allá de la existencia de otra normativa más amplia tuitiva del medio ambiente, como la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, o la Ley 2672007 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental, o Directivas Comunitarias, era específica para esta situación, y por tanto no prescindible como pretendía la organización ecologista y también en cierto modo la resolución aquí impugnada.

-Estamos en derecho sancionador, y en este ámbito, el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que deriva de la normativa reglamentaria es excluyente del principio de culpa inherente a la comisión de la infracción.

2-Al TS, en los recursos de casación aludidos, se le planteó precisamente esta cuestión; así, en los Auto de admisión se decía:

"El auto de admisión del recurso nos pide que nos pronunciemos sobre la cuestión de determinar cómo se cohonestan las previsiones contenidas en el Real Decreto, 1432/2008, de 29 de agosto, en cuanto establecen las prescripciones técnicas a que han de ajustarse las líneas eléctricas aéreas situadas en las zonas de protección definidas en su artículo 4, con las obligaciones de protección ambiental de la avifauna contenidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental , en relación con la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador establecido en esta norma legal y ello aún en el caso de haberse observado tales previsiones de naturaleza reglamentaria."

Y la respuesta dada por el TS fue:

"La forma de cohonestarse ambas normativas se acaba de exponer supra. Ha sido el Gobierno el que, con mayor o menor acierto, ha concretado las obligaciones de protección de las aves que corresponden a las empresas del sector eléctrico en relación con los riesgos de colisión o electrocución en las líneas de alta tensión en el RD 1432/2008. Si pese a esta normativa pudieran existir espacios o supuestos de desprotección, esta circunstancia solo es imputable al Gobierno por no haberlo contemplado, de manera que no se puede hacer derivar responsabilidad para los administrados cuando estos han actuado en la confianza de la correcta actuación del poder público en el ejercicio de sus potestades de regulación.

En cuanto a la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, no procede hacer pronunciamiento alguno como respuesta a la cuestión casacional al no haberse aplicado dicho régimen en el presente supuesto".

3-ADENSVA siempre ha sido consciente del obstáculo que representaba el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tras conocer las sentencias de la Sala que estimaban los recursos contra las sanciones impuestas a las eléctricas.

Por esta razón intentó su modificación por la vía de la inactividad del art. 29.1 de la LJ, en el Rec. nº 329/2022 seguido en el TS; el Alto Tribunal dictó la Sentencia nº 1252/2023 de 16-10-2023. ROJ: STS 4308/2023; de ella destacamos:

"...

La demanda relata que la asociación recurrente solicitó del MITECORD y del Ministerio de Industria distintas actuaciones relacionadas con la protección de la avifauna, en concreto solicitó la promulgación de un Real Decreto de Valoración Económica de Fauna Silvestre. Pero, también, adicionalmente, que se proteja apropiadamente a la avifauna frente al riesgo de electrocución y colisión en los tendidos eléctricos, siendo necesario para esto último que se modifique la redacción actual, entre otros aspectos, de diversos artículos del Real Decreto 1432/2008, por los gravísimos efectos perniciosos que genera respecto de la protección de las aves, al contener evidentes contradicciones legales con normas de rango de Ley y crear manifiesta inseguridad jurídica que trae por consecuencia que no se garantice apropiadamente la protección de las mismas frente a dichos riesgos

...

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (en adelante "ADENSVA"), interpone recurso contencioso-administrativo contra inactividad del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el art. 29.1 de la LJ . La citada Asociación solicita una sentencia en la que se declare la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule el valor indemnizatorio y patrimonial de todas las especies de fauna silvestre que constan en el catálogo de especies amenazadas y en el listado que aprueba las de régimen de protección especial; así como las normas reglamentarias que regulen las condiciones de protección de las aves en condiciones de total inocuidad e indemnidad frente al riesgo de electrocución en cualquier parte del territorio nacional; y la normativa adecuada que elimine la inseguridad jurídica y carencias expuestas, ya fuera modificado la redacción actual del Real Decreto 1432/2008 y otros reglamentos conexos o promulgado otro completamente nuevo.

Así mismo, solicita la nulidad de pleno derecho de determinados preceptos del Real Decreto 1432/2008 y del art. 2.2 del Anexo del Reglamento del Real Decreto 223/2008.".

Y dice el TS:

"...

Bajo la alegación de inactividad reglamentaria se plantea, en realidad, una discrepancia con la regulación actual por entender que las medidas técnicas de electrocución de las aves resultan insuficientes solicitando una modificación de los reglamentos que incluyan las medidas propuestas por la Asociación. La acción entablada no pretende cubrir un vacío normativo exigido por una norma constitucional o legal, sino que la norma reglamentariamente existente se modifique en un sentido determinado. Lo que se pretende son unas medidas técnicas de protección de las aves determinadas cuando, lo cierto es que el Gobierno dispone de un amplio margen de regulación de las medidas que estime más adecuadas para alcanzar el objeto de la conservación de la naturaleza y las especies animales que establece la Constitución y la ley.".

Su petición fue desestimada.

CUARTO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva medioambiental: Obligatoriedad jurídica o no para la recurrente de adaptación de la instalación con anterioridad a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1432/2008, en virtud de previas declaraciones de impacto ambiental incluidas en Proyecto de transformación de la finca de secano a regadío.

Como ya indicamos en el FJ 1º, nos referimos a las siguientes resoluciones:

-Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

El análisis desde esta perspectiva es novedoso en relación con los casos anteriores.

Para la JCCM, tales resoluciones sustituyen al requerimiento que debe hacerse al propietario y que exige el RD 1432/2008, para que adapte la instalación. En concreto dice:

"No puede escudarse la recurrente en que no fue requerida por parte de la Administración, de su obligación de ajustarse a las prescripciones técnicas establecidas en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, pues para ella era el informe de impacto ambiental publicado mediante Resolución de 1/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada en el D.O.C.M. de fecha 19/12/2016, constituye de forma inequívoca y terminante el requerimiento específico de adecuación referido a la línea eléctrica controvertida.

Se sostiene de contrario que el aludido informe ambiental contenido en la resolución de 1/12/2016, habría perdido su vigencia y función al tiempo de producirse la electrocución del Águila imperial por el transcurso de tres años desde su publicación.

Esta alegación cae por su propio peso, pues la utilización misma de la línea eléctrica debiera haber seguido la misma suerte que el proyecto autorizado del que formaba parte,dejando de funcionar por estar caducado el mismo y hasta obtener una nueva autorización."

Esta misma idea está ampliamente expuesta en la resolución sancionadora y reiterada por ADENSVA.

Las evaluaciones de impacto ambiental forman parte inseparable de aquellos proyectos en los que, por su naturaleza, son exigibles, bien ordinaria, bien abreviada.

Las resoluciones que las aprueban tienen un periodo de vigencia determinado, que es de tres años, y así se establece en cada una de ellas; textualmente se dice:

"El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto,en su caso." (subrayado nuestro).

En el caso de que los Proyectos de los que formen parte no lleguen a autorizarse o aprobarse en el plazo de vigencia de la DIA, entonces caduca, siendo preciso una nueva EIA, pues las circunstancias ambientales pueden haber cambiado en ese periodo de manera que también deban modificarse los condicionantes; también puede solicitarse la ampliación del periodo de vigencia de la anterior, si no han cambiado las condiciones, que es precisamente lo ocurrido en este caso, pues el informe de evaluación de la resolución de 01/12/2016amplió su vigencia a petición de la interesada hasta el 3-6-2022.

Y es aquí donde está la clave del asunto; la petición de ampliación se llevó a cabo porque a la fecha de vigencia de la DIA anterior, aún no se había autorizado el Proyecto;recordemos que la DIA de la resolución de 17/07/2013, de la que deriva la posterior, por ampliación de la superficie del suelo a transformar, de 01/12/2016, era para el Proyecto siguiente:

"Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío(exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560]".

Es decir, constituía premisa esencial para la autorización del Proyecto que la CHJ autorizase la concesión de aguas subterráneas, petición de concesión que se hizo en el año 2010 (Ref. 6806/2010).

La autorización de la concesión de aguas subterráneas por la CHJ tuvo lugar por resolución de 24-1-2020(F. 538-546 EA), con posterioridad al siniestro.

Una vez aprobado el Proyecto, para lo que era necesario la autorización de la CHJ sobre la concesión de aguas pedida, entonces y sólo entonces, es cuando era exigible jurídicamente a la recurrente el cumplimiento de las condiciones de la DIA inherentes al Proyecto, y entre ellas las referidas a la adaptación de la línea a las nuevas prescripciones técnicas.

Ni en el EA, ni en escritos de alegaciones ni en fase de prueba, consta la Resolución de Autorización del Proyecto.

En definitiva y como conclusión, no le cabe duda al Tribunal de que Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. tenía perfecto conocimiento, ya desde el año 2013, de que la instalación eléctrica de su propiedad no se ajustaba a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1423/2008.

Ahora bien, de este conocimiento no resultaba un deber jurídico de actuar desde la perspectiva ambiental, sino tras la Autorización del Proyecto que incluía la EIA; en el caso de que la electrocución de la rapaz se hubiere producido en estas circunstancias, y no se ha acreditado que lo fuera, entonces la solución hubiere sido distinta: sería responsable, apreciando culpa, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la DIA de un Proyecto autorizado.

La estimación del recurso por las razones aludidas de fondo, que es la pretensión principal de la demanda, excusa el análisis de los demás motivos de impugnación, particularmente motivos formales referidos a la recusación del instructor o la indefensión en la admisión y práctica de la prueba, ligados a la petición subsidiaria de retroacción de actuaciones.

QUINTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional no se imponen costas; el presente asunto, por su especial complejidad, ha provocado dudas en el Tribunal; además no debemos olvidar las primeras resoluciones de la Sala en relación con estos asuntos, en sentido contrario; aunque hayamos modificado ese criterio, ponen de manifiesto el intenso debate jurídico sobre las distintas cuestiones que se plantean, e incluso la necesidad de que el TS sentara criterio.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PRIMERO.- Controversia jurídica.

AGROPECUARIA VALLEFRIO NUEVA, S.L., fue sancionada por la comisión de una infracción muy grave en materia de conservación de la naturaleza, tipificada en el artículo 108.6 de la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

El hecho sancionado fue la muerte por electrocución de un ejemplar de Águila Imperial en la instalación eléctrica de su propiedad, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), encontrado el 25-11-2019.

Esta instalación era preexistente al RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y no había sido adaptado a las nuevas exigencias establecidas en la norma; se hizo poco después.

Se plantea la responsabilidad de la actora desde una doble perspectiva en relación con la obligación de adaptación de la instalación a las nuevas prescripciones técnicas: desde las exigencias específicas del RD 1432/2008 y el camino en él establecido para aquellas instalaciones que fueron autorizadas con anterioridad, y desde los condicionantes y requisitos medioambientales establecidos en:

Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

Igualmente ADENSVA pretende actuar en este procedimiento como parte actora frente a la resolución impugnada, además de como codemandada, solicitando que la sanción impuesta sea mayor.

SEGUNDO.- Sobre la posibilidad de admitir y otorgar a ADENSVA la condición de recurrente.

No la tiene. ADENSVA ostenta legitimación para intervenir en este recurso sólo con la condición de coadyuvante de la JCCM frente al recurso interpuesto por Agropecuaria Vallefrío Nueva SL contra la resolución impugnada, pero no como recurrente.

Existiendo acción pública en materia de medio ambiente ADENSVA sí pudo recurrir la resolución sancionadora que ahora se revisa; dicho recurso hubiera tenido autonomía propia, sin perjuicio de una hipotética acumulación al presente; pero no consta que así se haya actuado; lo que no es admisible es aprovechar el procedimiento iniciado por el sancionado para recurrir la misma resolución.

De hecho, en la tramitación de los presentes autos así lo ha entendido este Tribunal, considerando sus escritos en la única condición de codemandado, nunca como actor, pues de lo contrario se hubiera dado traslado a Agropecuaria Vallefrío Nueva SL y a la JCCM para contestar a esta pretendida demanda reconvencional; no lo hizo.

Alega ADENS VA que la Administración no proporciona la información que precisa para intervenir en los procedimientos administrativos sancionadores, y de este modo poder recurrir sus resoluciones, y que a tal fin interesó de esta Sala que se facilitara dicha información.

Es cierto; así se acordó por la Sala en Auto nº 166/2022 dictado en pieza de medidas cautelares 12/2022 dictado en el PO 128/2022 y se corroboró en la sentencia nº 134 de 18-9-2025, declarando:

"2.ºCondenamos a la Administración demandada a suministrar a ADENSVA la información ambiental interesada (preferentemente en archivo Excel) en su escrito de 30 de septiembre de 2021, sobre los datos de electrocuciones y 26 colisiones de avifauna (viva o muerta) en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, desde 2017 hasta la fecha actual, con indicación de la fecha de la electrocución, especie, municipio, coordenadas UTM (X e Y), numero de apoyo (si tiene identificación) y número de referencia clínica asignado en los Centros de Recuperación de Fauna, así como el resultado del informe forense respecto de la causa de la muerte, y del número de referencia del expediente en el supuesto de concurrir la apertura de un expediente sancionador o de un expediente de responsabilidad medioambiental por dichos motivos durante los citados periodos, a fin de poder personarse en dichos expedientes.

3.º Declaramos que ADENSVA tiene la condición de interesada en los procedimientos sancionadores y de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños y muerte de fauna silvestre que actualmente se estén tramitando, cuya información se debe trasladar conforme al punto anterior, y que sea suficiente a efectos de que le permita su participación y ejercicio de las potestades legalmente reconocidas".

De este pronunciamiento, firme, se derivaría la legitimación para poder recurrir las resoluciones dictadas en los procedimientos sancionadores.

Ahora bien, lo que no puede hacer es aprovechar el recurso interpuesto por un tercero, el sancionado, para recurrir el mismo acto administrativo.

En este sentido participamos plenamente del criterio que mantenía la Letrada inicialmente designada del Turno de Oficio por el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Albacete, sobre la imposibilidad de pretender un incremento de la sanción impuesta por no existir la reconvención en el procedimiento administrativo; por esta discrepancia de la Letrada designada con ADENSVA, tuvo que ser designado nuevo Letrado que sí la formula, pero que, por las razones aludidas, rechazamos.

TERCERO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva de la normativa específica: Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Los datos esenciales de los que partimos son los siguientes:

1-La instalación eléctrica propiedad Agropecuaria Vallefrío Nueva SL, concretamente en el apoyo del C.T. 02240203572 sito en las coordenadas UTM (ETRS89) X559404 Y4328511 (Pol.162 - Parc.1 de La Roda, en Albacete, paraje La Cantina), es preexistentea la entrada en vigor del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto.

2-La Administración Autonómica, en la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 17-12-2009, publicada en el DOCM de 2-1-2010, no incluyó la instalación, como una de las que había de adaptarse a las nuevas prescripciones técnicas en aplicación del RD 1432/2008, de 29 de agosto.

3- Dicha inclusión se produjo por Resolución de 5-12-2019 de la Dirección General de Transición Energética, DOCM de fecha 24.12.2019 nº 252; siendo notificada la inclusión a la recurrente el 20-1-2021. (folios 858-861 del EA).

4-La electrocución del ave se produjo el 25-11-2019.

Con los datos anteriores el recurso habría de estimarse aplicando al caso la doctrina establecida por la Sala en las siguientes sentencias:

-Sentencia nº 391/2020 de 27-11-2020. Rec. nº 370/2019. ROJ: STSJ CLM 3016/2020.

- Sentencia nº 1/2023 de 9-1-2023. Rec. nº 545/2020. ROJ: STSJ CLM 41/2023.

-Sentencia nº 80/2023 de 20-3-2023. Rec. nº 837/2020. ROJ: STSJ CLM 825/2023.

La primer de las citadas no fue objeto de recurso de casación, a diferencia de las dos siguientes, que sí lo fueron y confirmadas por el TS en las siguientes sentencias:

Sentencia nº 108/2026 de 5-2-2026. Rec. 2422/2023. ROJ: STS 515/2026

- Sentencia nº 109/2026 de 5-2-2026. Rec. 5323/2023. ROJ: STS 268/2026.

Dado que las mismas partes aquí intervinientes como demandados lo fueron en los procedimientos en los que se dictaron las referidas sentencias, excusamos su trascripción para no extender innecesariamente esta resolución.

No obstante, sí queremos resaltar los siguientes aspectos:

1-En primer lugar, las ideas esenciales por la que por la que se estimaron los recursos en los casos anteriores descansaba en:

-El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, establecía un camino a seguir para la adaptación de líneas eléctricas preexistentes que la propia Administración no había seguido, obviando su responsabilidad.

-Esta normativa reglamentaria, más allá de la existencia de otra normativa más amplia tuitiva del medio ambiente, como la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, o la Ley 2672007 de 23 de octubre de Responsabilidad Ambiental, o Directivas Comunitarias, era específica para esta situación, y por tanto no prescindible como pretendía la organización ecologista y también en cierto modo la resolución aquí impugnada.

-Estamos en derecho sancionador, y en este ámbito, el principio de confianza legítima y seguridad jurídica que deriva de la normativa reglamentaria es excluyente del principio de culpa inherente a la comisión de la infracción.

2-Al TS, en los recursos de casación aludidos, se le planteó precisamente esta cuestión; así, en los Auto de admisión se decía:

"El auto de admisión del recurso nos pide que nos pronunciemos sobre la cuestión de determinar cómo se cohonestan las previsiones contenidas en el Real Decreto, 1432/2008, de 29 de agosto, en cuanto establecen las prescripciones técnicas a que han de ajustarse las líneas eléctricas aéreas situadas en las zonas de protección definidas en su artículo 4, con las obligaciones de protección ambiental de la avifauna contenidas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental , en relación con la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador establecido en esta norma legal y ello aún en el caso de haberse observado tales previsiones de naturaleza reglamentaria."

Y la respuesta dada por el TS fue:

"La forma de cohonestarse ambas normativas se acaba de exponer supra. Ha sido el Gobierno el que, con mayor o menor acierto, ha concretado las obligaciones de protección de las aves que corresponden a las empresas del sector eléctrico en relación con los riesgos de colisión o electrocución en las líneas de alta tensión en el RD 1432/2008. Si pese a esta normativa pudieran existir espacios o supuestos de desprotección, esta circunstancia solo es imputable al Gobierno por no haberlo contemplado, de manera que no se puede hacer derivar responsabilidad para los administrados cuando estos han actuado en la confianza de la correcta actuación del poder público en el ejercicio de sus potestades de regulación.

En cuanto a la eventual aplicación a los titulares de dichas líneas eléctricas del régimen sancionador de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, no procede hacer pronunciamiento alguno como respuesta a la cuestión casacional al no haberse aplicado dicho régimen en el presente supuesto".

3-ADENSVA siempre ha sido consciente del obstáculo que representaba el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, tras conocer las sentencias de la Sala que estimaban los recursos contra las sanciones impuestas a las eléctricas.

Por esta razón intentó su modificación por la vía de la inactividad del art. 29.1 de la LJ, en el Rec. nº 329/2022 seguido en el TS; el Alto Tribunal dictó la Sentencia nº 1252/2023 de 16-10-2023. ROJ: STS 4308/2023; de ella destacamos:

"...

La demanda relata que la asociación recurrente solicitó del MITECORD y del Ministerio de Industria distintas actuaciones relacionadas con la protección de la avifauna, en concreto solicitó la promulgación de un Real Decreto de Valoración Económica de Fauna Silvestre. Pero, también, adicionalmente, que se proteja apropiadamente a la avifauna frente al riesgo de electrocución y colisión en los tendidos eléctricos, siendo necesario para esto último que se modifique la redacción actual, entre otros aspectos, de diversos artículos del Real Decreto 1432/2008, por los gravísimos efectos perniciosos que genera respecto de la protección de las aves, al contener evidentes contradicciones legales con normas de rango de Ley y crear manifiesta inseguridad jurídica que trae por consecuencia que no se garantice apropiadamente la protección de las mismas frente a dichos riesgos

...

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia (en adelante "ADENSVA"), interpone recurso contencioso-administrativo contra inactividad del Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el art. 29.1 de la LJ . La citada Asociación solicita una sentencia en la que se declare la obligación del Gobierno del Estado de elaborar, aprobar y promulgar la norma reglamentaria que regule el valor indemnizatorio y patrimonial de todas las especies de fauna silvestre que constan en el catálogo de especies amenazadas y en el listado que aprueba las de régimen de protección especial; así como las normas reglamentarias que regulen las condiciones de protección de las aves en condiciones de total inocuidad e indemnidad frente al riesgo de electrocución en cualquier parte del territorio nacional; y la normativa adecuada que elimine la inseguridad jurídica y carencias expuestas, ya fuera modificado la redacción actual del Real Decreto 1432/2008 y otros reglamentos conexos o promulgado otro completamente nuevo.

Así mismo, solicita la nulidad de pleno derecho de determinados preceptos del Real Decreto 1432/2008 y del art. 2.2 del Anexo del Reglamento del Real Decreto 223/2008.".

Y dice el TS:

"...

Bajo la alegación de inactividad reglamentaria se plantea, en realidad, una discrepancia con la regulación actual por entender que las medidas técnicas de electrocución de las aves resultan insuficientes solicitando una modificación de los reglamentos que incluyan las medidas propuestas por la Asociación. La acción entablada no pretende cubrir un vacío normativo exigido por una norma constitucional o legal, sino que la norma reglamentariamente existente se modifique en un sentido determinado. Lo que se pretende son unas medidas técnicas de protección de las aves determinadas cuando, lo cierto es que el Gobierno dispone de un amplio margen de regulación de las medidas que estime más adecuadas para alcanzar el objeto de la conservación de la naturaleza y las especies animales que establece la Constitución y la ley.".

Su petición fue desestimada.

CUARTO.- Análisis de la cuestión de fondo desde la perspectiva medioambiental: Obligatoriedad jurídica o no para la recurrente de adaptación de la instalación con anterioridad a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1432/2008, en virtud de previas declaraciones de impacto ambiental incluidas en Proyecto de transformación de la finca de secano a regadío.

Como ya indicamos en el FJ 1º, nos referimos a las siguientes resoluciones:

-Resolución de 17/07/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto: Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío (exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560].

- Resolución de 01/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Transformación de secano en regadío de 95,67 hectáreas y construcción de una nueva toma de agua con un volumen máximo anual de agua de 300000 m³ en la finca Dehesa de la Luna, expediente CHJ 6806/2010 (2010CP0290 UGH RO0310) (expediente PRO-AB-16-0669), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva SL. [2016/13509].

En las indicadas declaraciones e informes de impacto ambiental se recoge expresamente, a iniciativa del promotor del Proyecto que las presenta, la necesidad de cumplir con las exigencias del RD 1432/2008, como medida de protección de la avifauna contra la electrocución en líneas eléctricas. (Primera 1.3 D y Segunda 2.1 de la primera resolución, y Apartado Cuarto. 4.2 y Sexto A de la segunda resolución.).

El análisis desde esta perspectiva es novedoso en relación con los casos anteriores.

Para la JCCM, tales resoluciones sustituyen al requerimiento que debe hacerse al propietario y que exige el RD 1432/2008, para que adapte la instalación. En concreto dice:

"No puede escudarse la recurrente en que no fue requerida por parte de la Administración, de su obligación de ajustarse a las prescripciones técnicas establecidas en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, pues para ella era el informe de impacto ambiental publicado mediante Resolución de 1/12/2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, publicada en el D.O.C.M. de fecha 19/12/2016, constituye de forma inequívoca y terminante el requerimiento específico de adecuación referido a la línea eléctrica controvertida.

Se sostiene de contrario que el aludido informe ambiental contenido en la resolución de 1/12/2016, habría perdido su vigencia y función al tiempo de producirse la electrocución del Águila imperial por el transcurso de tres años desde su publicación.

Esta alegación cae por su propio peso, pues la utilización misma de la línea eléctrica debiera haber seguido la misma suerte que el proyecto autorizado del que formaba parte,dejando de funcionar por estar caducado el mismo y hasta obtener una nueva autorización."

Esta misma idea está ampliamente expuesta en la resolución sancionadora y reiterada por ADENSVA.

Las evaluaciones de impacto ambiental forman parte inseparable de aquellos proyectos en los que, por su naturaleza, son exigibles, bien ordinaria, bien abreviada.

Las resoluciones que las aprueban tienen un periodo de vigencia determinado, que es de tres años, y así se establece en cada una de ellas; textualmente se dice:

"El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto,en su caso." (subrayado nuestro).

En el caso de que los Proyectos de los que formen parte no lleguen a autorizarse o aprobarse en el plazo de vigencia de la DIA, entonces caduca, siendo preciso una nueva EIA, pues las circunstancias ambientales pueden haber cambiado en ese periodo de manera que también deban modificarse los condicionantes; también puede solicitarse la ampliación del periodo de vigencia de la anterior, si no han cambiado las condiciones, que es precisamente lo ocurrido en este caso, pues el informe de evaluación de la resolución de 01/12/2016amplió su vigencia a petición de la interesada hasta el 3-6-2022.

Y es aquí donde está la clave del asunto; la petición de ampliación se llevó a cabo porque a la fecha de vigencia de la DIA anterior, aún no se había autorizado el Proyecto;recordemos que la DIA de la resolución de 17/07/2013, de la que deriva la posterior, por ampliación de la superficie del suelo a transformar, de 01/12/2016, era para el Proyecto siguiente:

"Concesión aguas subterráneas para transformación de secano a regadío(exp. PRO-AB-12-0330), situado en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo promotor es Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. . [2013/9560]".

Es decir, constituía premisa esencial para la autorización del Proyecto que la CHJ autorizase la concesión de aguas subterráneas, petición de concesión que se hizo en el año 2010 (Ref. 6806/2010).

La autorización de la concesión de aguas subterráneas por la CHJ tuvo lugar por resolución de 24-1-2020(F. 538-546 EA), con posterioridad al siniestro.

Una vez aprobado el Proyecto, para lo que era necesario la autorización de la CHJ sobre la concesión de aguas pedida, entonces y sólo entonces, es cuando era exigible jurídicamente a la recurrente el cumplimiento de las condiciones de la DIA inherentes al Proyecto, y entre ellas las referidas a la adaptación de la línea a las nuevas prescripciones técnicas.

Ni en el EA, ni en escritos de alegaciones ni en fase de prueba, consta la Resolución de Autorización del Proyecto.

En definitiva y como conclusión, no le cabe duda al Tribunal de que Agropecuaria Vallefrío Nueva, S.L. tenía perfecto conocimiento, ya desde el año 2013, de que la instalación eléctrica de su propiedad no se ajustaba a las nuevas prescripciones técnicas del RD 1423/2008.

Ahora bien, de este conocimiento no resultaba un deber jurídico de actuar desde la perspectiva ambiental, sino tras la Autorización del Proyecto que incluía la EIA; en el caso de que la electrocución de la rapaz se hubiere producido en estas circunstancias, y no se ha acreditado que lo fuera, entonces la solución hubiere sido distinta: sería responsable, apreciando culpa, por incumplimiento de las condiciones establecidas en la DIA de un Proyecto autorizado.

La estimación del recurso por las razones aludidas de fondo, que es la pretensión principal de la demanda, excusa el análisis de los demás motivos de impugnación, particularmente motivos formales referidos a la recusación del instructor o la indefensión en la admisión y práctica de la prueba, ligados a la petición subsidiaria de retroacción de actuaciones.

QUINTO.-De conformidad con lo establecido en el art. 139 de la Ley Jurisdiccional no se imponen costas; el presente asunto, por su especial complejidad, ha provocado dudas en el Tribunal; además no debemos olvidar las primeras resoluciones de la Sala en relación con estos asuntos, en sentido contrario; aunque hayamos modificado ese criterio, ponen de manifiesto el intenso debate jurídico sobre las distintas cuestiones que se plantean, e incluso la necesidad de que el TS sentara criterio.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,